Informe Bolivia 2003

Los días 12 y 13 de Febrero de 2003, Bolivia vivió un momento trágico de su historia, así como uno de los más determinantes y definitivos para su futuro. El país sufrió un grave quebrantamiento del cumplimiento de la función del Estado de garantizar a los ciudadanos seguridad, respeto a sus derechos y protección para su vida; enfrentamientos armados entre la Policía y las Fuerzas Armadas; cerca de treinta personas muertas, vandalismo y saqueos en las calles; civiles, soldados y policías heridos y muertos; incendios provocados de oficinas públicas, privadas y de partidos políticos, fueron los hechos dominantes de unas jornadas de miedo, violencia y anarquía generalizados.

En comunicación dirigida al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 14 de febrero de 2003, el Canciller de la República de Bolivia solicitó la urgente cooperación de la OEA ante los “... hechos de violencia en mi país, muchos de los cuales han estado dirigidos a desestabilizar el proceso democrático en Bolivia. El hecho más preocupante ha sido la actuación de francotiradores no identificados, que han disparado contra la población civil provocando varias muertes... La gravedad de la situación y la necesidad de contar con una investigación imparcial y objetiva que permita aclarar estos hechos de terrorismo, que afectan la seguridad de la población y al propio estado de derecho, han llevado al gobierno de Bolivia a solicitar que la Secretaría General de la OEA envíe, a la brevedad posible, una comisión investigadora que coopere en el esclarecimiento de estos atentados terroristas que han causado la pérdida de vidas humanas”.

En la misma fecha, el Consejo Permanente de la OEA, luego de oír al señor Canciller, emitió la Resolución CP/RES. 838 (1355/03) que determinó:

“1. Expresar su pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional del Presidente de la República de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y a las instituciones democráticas.

2. Condenar la utilización de la violencia y demás actos no democráticos que afectan la democracia y la gobernabilidad de Bolivia.

3. Reafirmar que la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad, son componentes fundamentales de la democracia.

4. Ratificar la firme determinación de los Estados Miembros para aplicar los mecanismos previstos por la Carta Democrática Interamericana para la preservación de la democracia.

5. Instar a todos los sectores de la sociedad boliviana a reforzar los canales de diálogo y la tolerancia y a que se abstengan de estimular la violencia política.

6. Reiterar que la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.

7. Apoyar los esfuerzos que realice el Gobierno de la República de Bolivia para lograr, con la urgencia que el caso requiere, acuerdos con las instituciones financieras internacionales, que contribuyan a la estabilidad democrática, social y financiera en ese país”.

Con el propósito de cumplir con la solicitud del Gobierno Boliviano, se realizó una reunión de trabajo el 6 de Marzo en La Paz, Bolivia, entre el Presidente de la República de Bolivia y sus principales colaboradores, el Fiscal General de la República y el Secretario General de la OEA, en la cual se definió el marco de referencia de las labores de la Organización.

En aquella sesión se concluyó que la OEA colaboraría en dos tareas específicas:

a. Con la Fiscalía General de la República en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, mediante cooperación técnica, a través de expertos internacionales en áreas afines a la investigación criminal, quienes apoyarían a los fiscales del proceso en la investigación de los hechos ocurridos el 12 y 13 de febrero de 2003. Se acordó, igualmente, que el apoyo de la OEA a la Fiscalía en nada podría menoscabar la autonomía del Ministerio Público en Bolivia, ni suplantarla en sus funciones constitucionales.

b. Con el Gobierno Nacional, en la elaboración y presentación de un informe para dar una versión de los hechos ocurridos el 12 y 13 de febrero, que permitiera avanzar en la discusión sobre las fallas institucionales durante esos sucesos y que recomendara al Gobierno y al país posibles acciones para fortalecer la democracia, así como para tomar decisiones sobre responsabilidades políticas, mas allá del proceso de resolver los problemas que se interponen en la investigación judicial.

Este Informe no compromete al Ministerio Público, ni a la Fiscalía General de la República, ni al poder judicial en sus funciones jurisdiccionales, ni expresa la opinión de los organismos competentes sobre la investigación. Como quiera que a la OEA no le asisten funciones jurisdiccionales, tampoco corresponde a este informe señalar a persona alguna que pudiese haber intervenido en la comisión de delitos, por lo que se limitará a describir los hechos ocurridos, a dar sus conclusiones al respecto y a ayudar al poder ejecutivo a establecer responsabilidades políticas sobre sus funcionarios y, finalmente, a realizar recomendaciones para evitar la recurrencia de hechos de esta naturaleza.

La OEA reconoce muy especialmente la ingente labor que está realizando el Ministerio Público, así como las enormes dificultades y retos, sin precedentes para una investigación de esta naturaleza, lo cual la hace especial y diferente de todas cuantas se hayan realizado en el país.

Los bajos niveles de crecimiento económico, desde fines de la década de los noventa, han sido uno de los más mayores desafíos para la democracia en el Hemisferio, y el caso de Bolivia no constituye una excepción. Sin duda fue excesivo el optimismo que se generó en ese país y a todo lo ancho de América sobre las posibilidades de crecimiento económico una vez concluido el enfrentamiento bipolar y adoptadas las medidas de cambio estructural, y desde luego, ello ha tenido un efecto directo sobre la gobernabilidad democrática del hemisferio.

Situaciones externas como el hecho de que en los últimos siete años Bolivia ha tenido que afrontar tres crisis de orden global que han afectado de manera severa su tasa de crecimiento por el denominado “efecto contagio”, han sido causas importantes de su situación difícil. Bolivia pudo superar, en realidad sin gran traumatismo, la crisis mexicana. No ocurrió lo mismo con la siguiente crisis de inestabilidad que comenzó en Rusia y luego pasó a numerosos países asiáticos, la cual se extendió a muchas economías latinoamericanas, pero en especial a aquellas de la región Andina y Brasil, importante socio comercial de Bolivia. Tampoco hay duda en que la última crisis originada en Argentina, que ha tenido un impacto significativo en los países suramericanos, ha puesto una enorme presión sobre la economía y el sistema político boliviano.

En muchos países latinoamericanos, incluido Bolivia, se encuentran también múltiples razones de orden interno que acentuaron y facilitaron dichas crisis, tales como una inadecuada gestión económica, inapropiado desempeño de las instituciones públicas y deterioro de los sistemas políticos de la región, que a su vez han socavado la confianza pública y han perturbado la estabilidad social y política, el respeto al estado de derecho y el imperio de la ley.

Aunque en Bolivia se dan algunos de estos fenómenos, existe el reconocimiento de que a lo largo de la última década se ha realizado una eficaz gestión macroeconómica[1]. Los resultados del proceso de reformas estructurales de los 90’s fueron relativamente positivos. La tasa de crecimiento medio fue del 4%, el PIB per cápita de Bolivia tendió a incrementarse leve pero sostenidamente y las tasas de inflación presentaron un descenso progresivo mientras que el déficit público se mantuvo controlado[2]. Avances en la universalización educativa, así como en la expectativa de vida, fueron las notas predominantes de las últimas décadas.

Pero un crecimiento económico, sin embargo, jalonado por una inversión pública que depende en gran medida de los recursos externos, está expuesto a que, en coyunturas como la actual, esos recursos no estén disponibles. Además de ello, los niveles de pobreza y desigualdad no han disminuido en los últimos años y la concentración del ingreso ha empeorado.

Es posible afirmar que una buena parte de los sectores menos favorecidos de la sociedad boliviana no han podido beneficiarse de los frutos del crecimiento o han salido damnificados por el bajo crecimiento.

La situación actual de la economía boliviana presenta una contracción en la demanda agregada (el consumo de hogares el cual representa un 75% del PIB, consumo público, inversión e importaciones netas) y una reducción del crédito en el sector financiero.

Es probable que tal resultado sea una consecuencia de una serie de factores tales como la lucha contra las drogas y la reducción de la inversión extranjera directa de finales de los 90s que han afectado la demanda agregada, las bajas tasas de crecimiento del último quinquenio y del sesgo que tiene la mayor incorporación a la economía mundial con la enorme disparidad de salarios que se crea a favor de la mano de obra calificada.

El proyecto de presupuesto presentado inicialmente por el gobierno ante el Congreso buscaba cerrar una brecha entre ingresos y gastos de la Administración de alrededor de US$240 millones. La reducción drástica del gasto público y la congelación de los salarios no era suficiente para ese efecto; el gobierno no quería reducir la inversión pública, ni disponer un alza en el precio de los hidrocarburos que hubiera afectado a los sectores más vulnerables de la sociedad, y por lo tanto se decide por proponer al Congreso, de manera simultánea con la presentación del presupuesto, un incremento de la carga impositiva a los asalariados por encima de dos salarios mínimos. Tal propuesta, aún cuando apenas era presentada al Congreso para su negociación y trámite, facilitó la organización de la protesta gremial de la Policía, bajo la bandera de reivindicaciones laborales para todos los bolivianos .

En otro sentido, la democracia boliviana, desde 1982 y luego de un largo período de regímenes dictatoriales, ha avanzado, sin duda, en un proceso importante de democratización y de construcción institucional. Las cinco elecciones nacionales que han tenido lugar han resultado en un cambio pacífico y constitucional de gobierno. En Bolivia, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países de la región, la política es, esencialmente, una política de partidos. El país tiene una combinación de partidos tradicionales y no tradicionales que utilizan mecanismos institucionales firmemente establecidos para elegir a sus respectivos candidatos.

En los últimos veinte años la gobernabilidad del sistema político se ha edificado sobre pactos políticos celebrados para tomar decisiones que han permitido tener de manera permanente un significativo apoyo en el Congreso y en especial aprobar las reformas que afectaron las estructuras económicas e institucionales, en las cuales Bolivia fue pionera y que son un ejemplo, como fueron las reformas económicas de primera y segunda generación.

La irrupción de nuevos actores en el escenario político -nuevos partidos así como organizaciones sociales que son expresión legítima de una sociedad civil actuante- es un elemento positivo que demuestra que la sociedad boliviana, en toda su diversidad étnica y social, cree en su mayoría en la posibilidad de cambio social a través de sus instituciones políticas. El nuevo liderazgo político indígena, que cuenta con cerca de cuarenta representantes en el parlamento, es evidencia de la participación de un sector de la sociedad boliviana que hasta ahora estaba prácticamente aislado del proceso político. Así mismo, con la creación de la Defensoría del Pueblo se ha avanzado la promoción y protección de los derechos humanos.

El gran problema del balance democrático, luego de veinte años de vigencia, es que si bien ha logrado un avance importante en el fortalecimiento de las Instituciones –la mayor prueba de ellas es la institucionalización democrática de las Fuerzas Militares que se puso a prueba en los hechos de Febrero- el sistema político no ha sido capaz aún de resolver muchas de las demandas sociales de los bolivianos, lo cual no es ajeno a las democracias latinoamericanas, ni tampoco ha abierto los suficientes canales de participación para todos los sectores de la sociedad. Como consecuencia de esto, y a pesar de la convicción democrática de la gran mayoría de la población, existe un continuo descontento con el ejercicio de la democracia boliviana. Se presenta una polarización radicalizada entre partidos “sistémicos” y “asistémicos”, lo que crea un ambiente de permanente confrontación.

La presente relación de los hechos del mes de febrero fue realizada con la colaboración de expertos y técnicos de Brasil, Colombia y Estados Unidos, provenientes de organismos de reconocida solvencia como son el Instituto Nacional de Criminalística de la Policía Federal del Brasil, la Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Federal Bureau of Investigation (FBI) de los Estados Unidos. Dichos técnicos, así como el personal de la OEA, realizaron entrevistas, trabajo de campo, evaluaciones y peritajes entre el 5 y el 21 de marzo, del 31 de marzo al 4 de abril y entre el 21 y el 24 de Abril de 2003. A la Fiscalía le corresponde valorar ese trabajo a la luz del sistema judicial boliviano y, eventualmente, cotejarlo en relación con otros testimonios o pruebas.

Los efectivos policiales del Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía Nacional (PN), que se encontraban amotinados desde el día anterior, aproximadamente a las 06:00 a.m., empiezan a recibir policías de diversas unidades que se congregan en su sede. El GES es una unidad policial de control de motines cuya misión consiste en responder rápidamente cuando los mismas se produzcan. Es importante resaltar que la sede del cuartel del GES se encuentra a media cuadra de la Plaza Murillo, donde está ubicado el Palacio Presidencial.

Otros policías uniformados y vestidos de civil comienzan a congregarse cerca de la Plaza Murillo y en la sede del GES. Los policías uniformados se encuentran armados con armas de puño, fusiles de asalto, escopetas, lanzagranadas de gas de 37 mm, carabinas de calibre .30 y lanzagranadas de gas de calibre .12. Horas después, durante la mañana, se ve a un Policía parado en el tejado de un edificio con una ametralladora.

Aproximadamente a las 09:00 a.m. llegan autobuses de la Academia de la PN con los que al parecer son cadetes de tercer año (según filmaciones). Se ignora si también llegan cadetes de policía de menor o mayor graduación.

Efectivos de la PN de civil y uniformados, así como algunos jubilados, se reúnen y comienzan a marchar en torno a la Plaza denunciando el plan gubernamental sobre el impuesto a la renta y la falta de salarios adecuados. La manifestación dio vuelta a la Plaza sin incidentes mientras la Escolta Presidencial del Ejército boliviano mantenía posiciones de seguridad en torno al Palacio Presidencial.

A esa altura había un gran contingente de efectivos de la PN de diversas unidades, incluidos bomberos. Algunos miembros de la PN se posicionaron en el tejado de la sede del GES y en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), inmediatamente adyacente al del GES. El edificio del MRE está ubicado en la esquina Norte de la Plaza. El frente del edificio está en ángulo recto con el Palacio Presidencial y el edificio del Congreso. El cambio de elevación de la Plaza hace que el edificio del MRE esté ubicado en un nivel más alto que el Palacio Presidencial, lo que ofrece una ventaja táctica a cualquier persona que se encuentre en el tejado de dicho ministerio.

Entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m., alumnos del Colegio Ayacucho salieron de su unidad educativa para dirigirse a la Plaza con el propósito de protestar, pero fueron repelidos por unidades de control de la PN (Academia de Policía). El choque entre la PN y los estudiantes se produjo cerca de la esquina de las calles Ayacucho y Comercio, al tiempo que los miembros de la PN utilizaron gas lacrimógeno. Los estudiantes volvieron a reunirse para marchar una vez más contra el Palacio Presidencial.

Aproximadamente a las 11:00 a.m., los estudiantes se abrieron paso hasta la Plaza y avanzaron hacia el Palacio Presidencial, aprovechando que los policías que los contenían se replegaron a instalaciones del Palacio Legislativo. Ante ésta situación, un número reducido de soldados con escudos, salieron a intentar dispersar a los estudiantes. Efectivos de la PN lanzan gases lacrimógenos a los soldados, los que los obligó a replegarse al interior del Palacio Presidencial, asegurando las puertas de ingreso, dado que carecían de máscaras antigas.

Al no existir custodia en la calle del frente y del costado del Palacio, los estudiantes comenzaron a arrojar contra Palacio piedras que tenían presumiblemente en sus mochilas, rompiendo ventanas de la planta baja, y del primer y segundo piso. Las filmaciones realizadas sugieren la existencia de por lo menos cuatro disparos de armas de fuego que impactaron contra el primer y segundo piso del Palacio. A todas estas, los estudiantes seguían atacando el Palacio al grito de "Ayacucho". Los policías efectuaron disparos profusos de gases a Palacio.

Pocos minutos después apareció personal militar en los balcones del Palacio arrojando granadas de mano de gas lacrimógeno para dispersar a los estudiantes. Cuando éstos se retiraron, el Ejército arrojó más gas lacrimógeno desde los mismos balcones, pero en esta oportunidad utilizando lanzagranadas apuntadas hacia la Plaza. Los estudiantes se retiraron ubicándose junto a los miembros de la PN estacionados frente al edificio del MRE.

El personal militar retoma posición en las calles delantera y lateral del Palacio Presidencial. Llegan unidades adicionales de la Policía Militar (PM) del Ejército y toman posición frente al edificio del Congreso y a la Catedral (este y oeste, respectivamente), que está ubicada a la derecha del Palacio y junto a éste.

Siguen arribando refuerzos de la PM, que toman posición cerca de la intersección de las calles Socabaya y Comercio, y Comercio y Ayacucho. Las unidades militares están equipadas con escudos antimotines, máscaras antigás (no todos los soldados las tienen), fusiles de asalto FAL y lanzagranadas de gas.

Mientras llegan unidades adicionales del Ejército y toman posición cerca del Palacio y de la Plaza, miembros de la PN les arrojan gas lacrimógeno. Otra unidad del Ejército se desplaza y toma posición en la esquina de las calles Comercio y Socabaya, cerca de la Catedral. Sus efectivos son confrontados por miembros de la PN, que están aproximadamente a 30 metros al frente y gritan e insultan a los militares. Las unidades del Ejército se mantienen en formación y conservan su posición sin avanzar.

Efectivos uniformados y de civil de la PN, así como civiles, se congregan en diferentes intersecciones en la Plaza o en sus proximidades, y se escucha que gritan palabras obscenas y despectivas hacia las unidades del Ejército. Las unidades del Ejército no responden y mantienen sus formaciones. Cuando una de las unidades del Ejército avanza hacia el Norte por la calle Bolívar hacia la calle Ballivián, en la que estaba reunida una multitud de manifestantes, las unidades del Ejército reciben gas lacrimógeno disparado por miembros de la PN que se aproximan desde el lado norte de la calle Ballivián. La unidad del Ejército se retiró hacia el Sur y disparó gas lacrimógeno al desplazarse, tomando posiciones defensivas cerca del edificio del Congreso.

Se ignora cuándo ocurrió, pero un bombero de la PN que utilizaba una máscara antigás y que estaba junto a otros miembros de la PN y bomberos armados con pistolas ametralladoras de 9 mm, recibió un disparo en el rostro o en un ojo, causado por una bala aparentemente de goma disparada por un soldado ubicado cerca del edificio del Congreso. La Policía y los bomberos habían venido disparando gas lacrimógeno desde una intersección sobre la calle Bolívar. El bombero herido en el rostro puede alejarse a pie, pero sangrando profusamente.

El Mayor David Vargas de la PN, funcionario de MUCOPOL que se había instalado en el GES es entrevistado por la prensa local y declara públicamente que la PN está ejecutando el “Plan Rojo”, advirtiendo a los ciudadanos que permanezcan en sus hogares. Luego de la declaración, continúan llegando a la Plaza policías de diversa graduación.

El Jefe de la Casa Militar y General de Brigada Hugo Tellería, se reunió con el Mayor David Vargas de la PN acompañado por el señor Sacha Llorenti de la Asamblea de Derechos Humanos, para analizar la posibilidad de un cese del fuego. Con posterioridad se reinició el diálogo con el Ministro de Defensa Freddy Teodovich. Habiéndose acordado el repliegue de los miembros de la PN, se establece que las unidades del Ejército retrocedan hasta el borde de la Plaza frente a Palacio y que la policía no realice ninguna acción, lo cual garantizaba la ausencia de manifestantes y de tal manera se facilitaba el diálogo.

Al iniciarse el repligue militar, continúan llegando al lugar unidades de la Policía, que toman posiciones en diversas intersecciones de la zona que rodea a las unidades militares en el Palacio Presidencial y en la Plaza.

Es en ese momento en que un contingente de integrantes de la PN llega en varios vehículos con el rótulo “Radio Patrulla 110” desde el Este, por la calle Comercio, con sonido de sirenas, e inmediatamente sacan y empuñan sus armas al bajar de sus vehículos, enfrentando a unidades del Ejército ubicadas en la misma calle. Los soldados no efectúan disparos, sino que se retiran dando vuelta a la esquina y penetrando en la calle Ayacucho, pero lanzan gas lacrimógeno a las unidades policiales. Se producen disparos.

Unidades policiales posicionadas en el MRE comenzaron a disparar gas lacrimógeno y a efectuar disparos con armas de fuego a unidades militares ubicadas directamente en frente de ellas, en la calle Socabaya y Comercio. Los militares responden con gas lacrimógeno y con armas de fuego (no se sabe si en esta oportunidad utilizaron balas de goma o munición letal). Prosigue el intercambio de disparos y un efectivo de la PN que caminaba frente al MRE es alcanzado por un disparo en la pierna. Al proseguir los disparos, miembros de la PN se retiran dando vuelta a la esquina y penetran en la sede del GES, y comienzan a disparar con armas cortas y fusiles de asalto al personal militar que está en la Plaza.

El Mayor Vargas se quejó de las muchas bajas sufridas por la PN. Se escuchó que Vargas, al acercarse a otras unidades de la PN formuló expresiones despectivas contra los militares, y dijo que no se rendiría tan fácilmente.

Miembros de la PN son vistos en el techo de la caseta de la guardia ubicada a la entrada de la sede del GES, disparando con fusiles de asalto contra los militares. Momentos después un efectivo de la PN que está parado dentro de la caseta es herido de bala en la cabeza y muere instantáneamente.

Integrantes del Grupo de Acción Inmediata (GAI) de la PN llegan a la sede del GES. El GAI es reconocible por su uniforme característico, sus emblemas y sus fusiles (M4). Extraen de un vehículo dos cajas de plástico negro largas y angostas, de aproximadamente ocho pulgadas de ancho, y una es llevada al interior de un edificio perteneciente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia, (las dimensiones y características de las cajas coinciden con las utilizadas para guardar y proteger fusiles de precisión). Se observa a un grupo de efectivos del GAI que entra en el edificio del INRA en tanto que otro grupo se abre paso hacia el tejado del GES, desde donde hay fácil acceso al tejado del edificio del MRE.

Integrantes de la PN hicieron una incursión en la sede de la Justicia Militar Regional de Bolivia, ubicada en la calle Bolívar. Miembros de la PN y personas que vestían de civil irrumpieron en un lugar de estacionamiento, empujando los autos hasta la calle y prendiendo fuego al edificio y a los vehículos.

En una revisión posterior del edificio del INRA, los fiscales encargados de la investigación encontraron varias vainas servidas de munición de 5.56 mm y 7.62 mm, vidrios rotos, utensilios de plástico utilizados y una bandeja con comida, así como una caja vacía de munición de 7.62, en una sala de los ascensores ubicada en el tejado del edificio. Dicha sala tiene una ventana que da a la Plaza y desde la que se ve sin obstáculos el Palacio Presidencial, incluidos la puerta delantera y el tejado del piso superior. Dos orificios encontrados en el marco de metal de la ventana de la sala de los ascensores parecen haber sido causados por el disparo de una o más armas de fuego.

Integrantes de la PN no identificados se abrieron paso por la fuerza al interior del edificio conocido como Radio Nueva América (RNA) y lograron penetrar en apartamentos y/o oficinas ubicadas entre los pisos 6º y 10º del edificio. Equipos de televisión que acompañaban a los miembros de la PN no tienen registros de filmación cuando disparaban desde esa posición, pero filmaron a unidades militares que eran blanco de disparos cuando se retiraban y penetraban en el Palacio. Durante una de las retiradas se ve que un soldado es alcanzado por disparos de armas de fuego antes de ingresar en el Palacio y debe ser ayudado por otros cuando es blanco del ataque.

Testimonios indican que aproximadamente a horas 14:15 el Presidente de la República, en una vagoneta blindada, abandona el Palacio Presidencial por la calle Ayacucho, dirigiéndose a su residencia en la zona de Obrajes, a objeto de precautelar su seguridad.

A las 17:00 aproximadamente, un capitán de infantería que se encontraba en el techo del Palacio recibe un impacto de bala, a pesar de que se encontraba refugiado detrás de una pared, el cual le produce su muerte. Un soldado que trata de ayudarlo llevándolo al comedor que se encuentra ubicado en el techo del Palacio es muerto también por un disparo en la cabeza.

Tras los hechos de la Plaza Murillo de la tarde del 12 de febrero fueron saqueadas y/o quemadas por la noche en la ciudad de La Paz varias tiendas y oficinas públicas, las sedes de los tres partidos políticos que conforman la coalición de gobierno, y las oficinas de la Vicepresidencia de la República, así como en la ciudad del Alto, la Alcaldía y otras oficinas públicas y privadas.

En las primeras horas de la mañana y durante la tarde continuaron los motines y saqueos en todas partes de La Paz y El Alto. Otras ciudades afectadas por saqueos fueron Cochabamba y Santa Cruz. Dos incidentes adicionales en La Paz y sus alrededores provocaron la muerte de personas que se encontraban en la turba.

También en la mañana, civiles y saqueadores atacaron la planta de Coca Cola ubicada en El Alto (en las afueras de La Paz). Una fuerza de seguridad de aproximadamente ocho efectivos de la PN y varios empleados de la compañía trataron de repelerlos, pero los saqueadores lograron derribar las paredes de ladrillo ubicadas en la entrada delantera de la planta. Un helicóptero llevó a la fábrica a miembros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en dos vuelos. Tiempo después tropas de la FAB, cuyo número se desconoce, llegaron a la fábrica en camión. Esas tropas dispararon contra algunos de los saqueadores, matando a cuatro e hiriendo a otros varios (se desconoce el número de heridos).

Los saqueadores también atacaron a la estación de la guardia de seguridad del Servicio de Aduanas de Bolivia, avasallando a los guardias y saqueando oficinas y contenedores y camiones llenos de mercancías. Un individuo no identificado disparó y mató a una persona.

En La Paz fueron convocadas manifestaciones antigubernamentales por algunos líderes que pedían la renuncia del Presidente y del Vicepresidente, pero la convocatoria fue mínima y los manifestantes fueron mantenidos a distancia de la Plaza Murillo. Se desplegaron unidades militares con gran número de efectivos en toda la capital para mantener el control, ya que los policías mantenían la huelga.

En la tarde del 13 de febrero de 2003, en un video casero presentado por representantes de la Asamblea de Derechos Humanos, aparece una pequeña unidad de efectivos del Ejército boliviano, tomando posición en la esquina de las calles intersección de Genaro Sanjinés y Comercio. La unidad está formada por aproximadamente seis o siete soldados y oficiales y aparece disparando gas lacrimógeno y efectuando disparos con sus fusiles de asalto contra una multitud reunida a unos 150 metros al Sur, en calle Mercado.

Un hombre que se esconde detrás de una cabina telefónica a unos 20 o 30 metros de la intersección es herido de bala en la pierna.

Momentos más tarde los soldados identifican a un hombre ubicado en el tejado de un edificio, en la calle Mercado y Sanjinés, y se escucha a los soldados decir: “esta armado.” Un soldado no identificado dispara contra él y lo hiere; el hombre resulta ser un obrero de la construcción que al parecer estaba arreglando tejas con una pistola de adhesivo. Dentro del mismo edificio, una estudiante de enfermería que acude a socorrerlo recibe un impacto de bala que entra por una ventana que da al Norte (hacia donde se encuentran los soldados) y más tarde muere como consecuencia de las heridas. Una doctora en medicina trata de asistir al obrero de la construcción y abrir un panel que da al tejado. La doctora también es herida, en la mandíbula, pero sobrevive a las heridas.

En horas de la tarde, y luego de la firma de un acuerdo entre la PN y autoridades de gobierno, unidades de la PN vuelven al trabajo y comienzan desplegarse por la ciudad de La Paz y zonas circundantes, intentando recuperar el control y sofocar los saqueos.

El presente informe, y en forma más general la labor de apoyo de la OEA está destinada a ayudar a la Fiscalía General de la República, con la realización de una investigación de alguna manera independiente de los hechos ocurridos durante esos dos días, y ha extraido las conclusiones y formulando las recomendaciones que ha considerado apropiadas.

El Informe se respalda no sólo en la solicitud del Gobierno y del Fiscal a la OEA para apoyar la investigación, sino en el hecho mismo de que es necesario contar con elementos de juicio para que tanto el Gobierno como el Congreso tomen decisiones que puedan corregir pronto algunas fallas graves en el funcionamiento del Estado, y asegurar así la prevalencia del estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, tan seriamente amenazadas por los hechos del 12 y 13 de febrero de 2003.

La información técnica balística que se ha recopilado hasta la fecha muestra que el Palacio Presidencial fue objeto de múltiples impactos por proyectil de arma de fuego: en el despacho presidencial hay varios impactos provenientes de la esquina de la casa Kodak, otros de la esquina del Hotel Paris, otros desde la Cancillería y otros de la calle Comercio; en la antesala del comedor, un impacto proveniente del edificio INRA; en el comedor presidencial, un impacto desde la esquina de la Cancillería; en la antesala del dormitorio, un impacto desde el techo del edificio de la Cancillería; en el Salón Rojo hay fuego cruzado con el techo del edificio de la Cancillería; y en el Salón de los Espejos hay un impacto originado desde la calle a la altura del DP-2. El techo del Palacio Presidencial recibió varios impactos desde el edificio INRA y desde el techo del Edificio de la Cancillería, hubo fuego cruzado con el DP-2, se disparó hacia la Caja de Salud, a la Cancillería y demás esquinas de la plaza. Al parecer desde el edificio INRA se dispara contra el capitán del Ejército que es muerto en el techo del edificio Presidencial y contra el soldado que lo auxilia que igualmente fallece.

Sin duda, los disparos realizados contra el Palacio Presidencial han estado dirigidos a los lugares o ambientes en los cuales el Presidente realiza la mayor parte de sus funciones (Despacho Presidencial, Sala de Reuniones, Antesala del dormitorio). Si bien es evidente que la vida del Primer Mandatario estuvo amenazada, no existen por el momento suficientes evidencias para afirmar de manera categórica que dichos disparos respondieron a un plan preestablecido para asesinar al Presidente de la República de Bolivia.

Lo cual es, de cualquier modo, muy grave. No solo tales actos pudieron generar muertos y heridos, sino que los disparos cuando menos reflejan una gravísima apelación a la violencia y actos de abuso de poder de parte de algunos integrantes de la PN. Preocupa seriamente el desprecio de las instituciones democráticas bolivianas, y en particular de la institución presidencial por miembros de la PN, obligados a respetar las leyes y a las autoridades como el resto de los ciudadanos.

Lo que hemos señalado no quiere decir que la vida del Sr. Presidente no corriera peligro. Es precisamente el profesionalismo y la lealtad con las instituciones y con la democracia del cuerpo de seguridad del Presidente, que a su vez son miembros de la PN, y que con seguridad tenían una enorme presión de la propia PN, el que pudo evitar una catástrofe de mayores dimensiones. La vida del Presidente de la República si corrió peligro, así como la estabilidad de las instituciones bolivianas y la democracia en este país.

Este hecho debe llamar la atención de los ciudadanos Bolivianos y de la comunidad internacional respecto a la seguridad del Presidente, el Vicepresidente, sus ministros y de otros altos funcionarios del estado, elemento primordial para el mantenimiento de la institucionalidad democrática.

Finalmente, a nuestro juicio, en esos días no hubo una insurrección generalizada en Bolivia. Hubo marchas, estuvieron presentes un número significativo de personas desafiando el orden constitucional, se presentaron escaramuzas, pero no una insurrección. Por el contrario, la inmensa mayoría de bolivianos permaneció atónita frente al desarrollo de estos hechos, temió por la suerte del país y de sus instituciones democráticas y no respaldó salidas inconstitucionales.

El 12 y 13 de Febrero de 2003 las Fuerzas Militares actuaron en defensa de la democracia y del estado de derecho ante el ataque policial, y actuaron de forma contenida y proporcional, así se haya dado tan alto número de víctimas. En este aspecto, sin embargo, es urgente hacer una pronta revisión de los procedimientos a usar particularmente en lo que tiene que ver con el control de situaciones de protesta que puedan derivar en hechos graves de orden público, ya que ellas se han vuelto de común ocurrencia en Bolivia.

Sin embargo, las conductas de algunos uniformados y su participación en algunos hechos del 13 de febrero, deben ser investigadas y aclaradas para, en caso de existir conductas antijurídicas, aplicar las sanciones correspondientes.

Este Informe considera que lo ocurrido el 12 y 13 de Febrero es una insubordinación de miembros de la Policía contra la Constitución y las leyes bolivianas. Una insubordinación que amenazó las instituciones políticas bolivianas y la Carta Democrática Interamericana que establece inequívocamente, en su Artículo 4:

"La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia".

Lo que es aún más grave, en la Constitución boliviana están consignados las normas y principios aplicables, en particular el Art. 215 de la Constitución Política del Estado, que dice:

“I. La Policía Nacional, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional. Ejerce la función policial de manera integral y bajo mando único, en conformidad con su Ley Orgánica y las Leyes de la República.

II. Como institución no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos de acuerdo a ley”.

La no deliberación de la fuerza pública es un principio inequívoco de la democracia. Una sociedad abierta, libre y democrática es incompatible con fuerzas uniformadas que emiten juicios políticos y que tienen las armas para respaldarlas. La disposición del uso de la fuerza está depositada por voluntad de los ciudadanos, en su Presidente, electo popularmente, y no en las fuerzas uniformadas. A estas les corresponde la conducción operativa, táctica, logística de las fuerzas, pero la decisión política sobre su uso es una prerrogativa, en una democracia, del primer mandatario. Y este no tiene que hacer un juicio penal para determinar la existencia del delito de insubordinación. Es una evaluación política inmediata inherente a su investidura.

Las conductas de miembros de la PN y su participación en algunos hechos del 12 y 13 de febrero, deben ser investigadas y aclaradas para, en caso de existir conductas antijurídicas, aplicar las sanciones correspondientes.

Es fundamental para la democracia boliviana, con miras a su consolidación y fortalecimiento, asegurar que los hechos trágicos del 12 y 13 de Febrero sean investigados exhaustivamente por los poderes públicos que correspondan. En su momento la autoridad judicial competente debe establecer las responsabilidades penales a que hubiere lugar y el Ejecutivo debe tomar las decisiones de carácter administrativo. El Congreso debe hacer un debate sobre lo ocurrido y derivar enseñanzas sobre las fallas en las instituciones del estado, así como poner en conocimiento oportuno de la Fiscalía General la información que posea.

Somos contundentes en afirmar que los efectivos de la PN que participaron de los hechos narrados tuvieron la capacidad y el poder de decidir el curso de acción que tomarían, lo que los obliga a asumir la responsabilidad por sus decisiones, en forma independiente de los contextos históricos del país.

A este respecto, los hechos del 12 y el 13 de febrero, en que perdieron las vidas civiles, militares y policías, justifican una escrupulosa atención. El asesinato y las lesiones sufridas en este caso por ciudadanos inocentes, han afectado agudamente a la sociedad boliviana. En consecuencia, la investigación y el eventual esclarecimiento de esos hechos merece una acción detenida y meticulosa por parte de las autoridades de la Fiscalía General y de la justicia boliviana, sean ellas de la justicia civil o militar. También merece la más ferviente determinación y apoyo de sus ciudadanos. Bolivia no debe aceptar nada menos.

El objetivo del presente Informe no es otro que el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Bolivia y la prevalencia del estado de derecho en el país.

El centro de gravedad política del hemisferio americano es la democracia. Como lo expresa la Carta Democrática de las Américas, los ciudadanos del hemisferio no sólo viven bajo un sistema político que garantiza sus derechos y libertades, sino que les asiste a ellos un derecho a la democracia. La democracia es hoy una condición necesaria, aunque no suficiente, para enfrentar los complejos problemas y desafíos en los terrenos económico, social y político, y para lograr el desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras naciones

Por eso las soluciones que se demanden para evitar que vuelvan a ocurrir hechos como los del 12 y 13 de Febrero deben darse dentro del sistema democrático y solo aplicando soluciones previstas en la Constitución y las leyes pueden encontrarse salidas democráticas y justas. Es probable que sea necesario seguir un difícil camino para asegurar que todos los poderes públicos hagan lo que les corresponde en Bolivia y que funcionen los contrapesos esenciales en una democracia. Y es esencial que todos los protagonistas de la vida pública Boliviana se comprometan a no usar la violencia para obtener fines políticos y no se salgan del Estado de derecho para tramitar sus reivindicaciones sociales o políticas.

Frente a la evidente dificultad para preservar la vida de los bolivianos tal como aconteció ese 12 y 13 de Febrero, y ante el hecho de que algunas instituciones del estado, a las cuales ya nos hemos referido, les correspondía cumplir una función pública y no lo hicieron en forma cabal, la OEA presenta al país una serie de recomendaciones para el fortalecimiento de las instituciones en Bolivia, así:

a. A todos los actores políticos, sociales, religiosos y económicos de Bolivia

Cuando la realidad política de un país así lo hace necesario, los partidos políticos y actores sociales pueden suscribir acuerdos explícitos sobre las reglas de juego mínimas para participar en forma transparente de la democracia, que comprometan la acción política y social de todas las organizaciones con vocación pública, sin excepción alguna, así su propósito sea el ejercer el derecho a la oposición y crítica al sistema democrático mismo. Para que sea posible el crecimiento, el bienestar, el cumplimiento de las funciones esenciales del estado debe haber un acuerdo sobre lo fundamental.

Es cierto que Bolivia es pionera, y le sobran ejemplos, en cuanto a pactos de gobernabilidad democrática. Pero quizás los tiempos han cambiado. Una primera generación de acuerdos políticos, para efectos de gobernabilidad, se daba exclusivamente entre partidos políticos y sus pares. Una segunda generación, relativa a decisiones de políticas públicas, fue más allá y cobijó partidos políticos y organizaciones sociales.

Es evidente que Bolivia requiere hoy de una tercera generación de acuerdos que vuelva a la raíz, y no solo busque acuerdos y transacciones sobre lo que separa a los miembros de una coalición, sino que defina los principios que unen a todos los actores políticos y sociales, y que inclusive pueda tener alguna participación internacional. No hay duda de que los consensos básicos se están rompiendo y ese es un punto desde el cual hay que buscar un retorno. La Iglesia y otras organizaciones sociales han propuesto un pacto social o un acuerdo nacional.

Un ejemplo que puede ser útil es el caso peruano, con la firma del "Acuerdo Nacional de Gobernabilidad" del 22 de Julio de 2002, vinculante para los signatarios hasta el 28 de Julio del 2021, es decir por cerca de veinte años. En él, los principales sectores de la vida pública peruana acordaron una serie de políticas dirigidas a alcanzar cuatro grandes objetivos: 1. Democracia y Estado de Derecho; 2. Equidad y Justicia Social; 3. Competitividad del país; y 4. Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.

A manera de referencia, dichas organizaciones políticas, religiosas, de la sociedad civil y del gobierno, sin perjuicio de sus legítimas diferencias, acordaron en el tema democracia y estado de derecho: “1.4 Preservar el orden público y la seguridad ciudadana, garantizando que la expresión de nuestras diferencias no afecte la tranquilidad, justicia, integridad, libertad de las personas y el respeto de la propiedad pública y privada”.

1. Creemos que la responsabilidad del proceso va más allá de los investigadores de la Policía Técnica Judicial, los técnicos del Instituto de Investigaciones Forenses o los Fiscales asignados al caso. Se trata de funcionarios competentes. La OEA apoya lo que se han venido realizando, cada uno en su campo, y de ello también han dejado testimonio los expertos internacionales.

Pero hay graves problemas de fondo que pueden resultar más adelante en una investigación fracasada o en la impunidad de quienes son responsables de estos hechos, por lo cual es imprescindible tomar decisiones inmediatas por parte de las autoridades competentes.

La primera acción de fondo tiene que ver con que la Fiscalía General de la República, debe remitir en función a los casos específicos, los asuntos que deban ser conocidos por la jurisdicción ordinaria y los que deban ser tratados en la jurisdicción militar.

Por otro lado, mientras exista un problema de interpretación y adecuación entre la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Nuevo Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica de la Policía Nacional, con respecto a la dirección de las investigaciones y a las autoridades a quienes reportan los funcionarios de la PTJ, IDIF y Fiscalía, la investigación podría fracasar por procedimientos o por enfrentamientos internos.

A nuestro juicio, el papel más delicado tiene que ver con el rol de los funcionarios investigadores de la PTJ, todos ellos con enorme capacidad y compromiso. Pero es riesgoso y poco razonable pedir que, como miembros de la Policía que son, procesen e incriminen a miembros de su propia institución –a sus compañeros de curso, a quienes determinan sus ascensos profesionales, a quienes deben obediencia por su autoridad y mando-, en particular en un cuerpo uniformado, jerarquizado, con valores y principios institucionales muy fuertes.

El país, ojalá más temprano que tarde, debe separar las labores de policía de seguridad de las funciones de investigación, y en ese sentido tiene que hacerse realidad que las funciones de policía judicial, con sus recursos humanos, técnicos y presupuéstales, pasen en su totalidad al Ministerio Público. De manera transitoria, y con miras al propósito de la investigación, debería implementarse el mecanismo para que la Fiscalía General de la República pueda contratar, amparada en su Ley Orgánica, asesores o investigadores especializados, lo que le permita contar con un cuerpo de investigadores que dependan orgánica, funcional y operativamente de esa sola institución. Para que ello sea una realidad, el apoyo político y financiero del Ejecutivo es indispensable.

Entre tanto es así, los actuales investigadores deberán continuar en sus labores, protegidos por las autoridades nacionales y la comunidad internacional para que puedan ejercer sin presiones su trabajo.

Por último, la OEA no puede sino coincidir con el Fiscal General de la Nación cuando expuso ante la Cámara de Diputados que en “…el esclarecimiento de estos hechos requiere el compromiso de no sólo el Ministerio Público de la Nación, sino también de las entidades que cuentan con los medios humanos y financieros, así como los mecanismos que les permiten recabar información fidedigna. Por cuanto las investigaciones de hechos criminales, más aún si estos tienen la magnitud y complejidad de los que este informe trata, deben ser realizadas bajo la égida de un verdadero sistema integrador y asociativo de esfuerzos, controlado por el Ministerio Público de la Nación, capaz de lograr resultados responsables y conducentes al establecimiento de la verdadera seguridad jurídica. Esa seguridad está siendo reclamada por la sociedad de manera permanente, y ahora sí incalculable, como componente esencial del Estado de Derecho”.

2. Considera la OEA que por las particularidades del caso en cuestión, y porque existe una enorme sensibilidad nacional alrededor de él, es necesario que el Estado indemnice y repare a las víctimas. Excepcionalmente y sólo para éste caso particular, el Poder Ejecutivo debe constituir una Instancia que realizará una evaluación de todos los daños personales sufridos como consecuencia directa de la violencia del 12 y 13 de Febrero de 2003.

La víctima o sus sucesores, en caso de aceptar la indemnización ofrecida por el Gobierno, renuncian a las acciones judiciales sobre este aspecto y, en caso de no aceptarla, tienen abierta la vía judicial para la reclamación

Las autoridades bolivianas cooperarán y prestarán total ayuda y apoyo a esa Instancia en su labor. La Instancia presentará un informe al Gobierno con anterioridad al 6 de Agosto de 2003, con recomendaciones sobre indemnizaciones a individuos o herederos por los daños personales como resultado directo de la violencia del 12 y 13 de Febrero de 2002.

3. Por otro lado, la OEA considera que, mientras no se tomen medidas ejemplares frente a quienes lideraron los hechos del 12 y 13 de Febrero para que respondan por sus actos, Bolivia permanecerá sometida a una extorsión colectiva por quienes abusan de la fuerza.

El amotinamiento de febrero, si bien es el más reciente y el más significativo por el impacto colectivo y sobre las instituciones públicas, no es el único y, por el contrario, es parte de una cadena sistemática y progresiva del uso indebido de la fuerza por parte de la institución policial. La insubordinación de miembros del GES el 8 de Abril del 2000 reclamando aumento salarial del 50%, mejoras en el bono de alimentación, dotación de uniformes y materiales de trabajo, es el antecedente más inmediato del que se tenga conocimiento, pero algunas investigaciones hablan de cerca de 30 situaciones de hecho desde 1982[3].

A juicio de la OEA, la separación inmediata de funciones de mando en la Policía a quienes lideraron el amotinamiento del 12 y 13 de febrero por violación del Art. 215 de la Constitución Política del Estado, mientras se llega a la conclusión de la investigación penal correspondiente, es una condición necesaria para el fortalecimiento no sólo de la institución policial, sino también para la credibilidad en la justicia.

No basta con el hecho de que exista un “convenio” surgido al calor de los hechos del 12 y 13 de Febrero, que algunos alegan como eximente de responsabilidad[4]. Un pacto como este no puede colocarse por encima de la Constitución o la ley. Por lo demás, el hecho mismo que sea convenido en medio de la amenaza o uso de la fuerza de una de las partes, vicia de plano el consentimiento de la otra.

4. El manejo del estado siempre va a ser un delicado equilibrio entre consenso y coerción. El consenso puro es sólo utópico y tiende al inmovilismo. La sola fuerza es autoritarismo. Entre más consensuado sea el uso de la fuerza, más legitimo será su uso. De ahí que el Gobierno debe avocar con urgencia la creación de una Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, que sea una política de estado y no sólo de la actual administración.

Un buen principio de ello es la presentación por el Gobierno del Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad, con 100 acciones básicas, todas ellas bien encaminadas.

La Estrategia que se propone es, si se quiere, menos ambiciosa pero de más largo aliento. Bien sea dentro del marco del Acuerdo arriba mencionado, o a través de mesas de trabajo en las alcaldías y prefecturas durante un tiempo determinado, la participación ciudadana es una condición necesaria. Dicha Estrategia puede establecer políticas estatales en los siguientes campos[5]:

a. Estado y participación ciudadana: Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana; descentralización y participación de autoridades locales; prevención del delito; métodos de sanción de los pueblos tradicionales.

c. Reforma de la Policía: organización y estructura de mando; no-deliberación ni participación política; estructura salarial y de ascensos; policía comunitaria; separación de la policía de investigaciones de la policía de prevención; sistemas de vigilancia y de información; Código de Policía.

5. Por último, y como se lo expresó en diversas oportunidades el Primer Mandatario a la OEA, existe el compromiso del Gobierno de apoyar decididamente la investigación de la Fiscalía. A esta organización no le asalta duda sobre la intención del Ejecutivo. Por lo tanto espera que esa voluntad política se mantenga.

Hablar de democracia, especialmente de democracia representativa en el contexto de las Américas, es necesariamente una discusión sobre los partidos políticos. Es fundamental que ellos tengan la estructura y los recursos humanos y financieros que les permitan articular las necesidades y aspiraciones de la sociedad boliviana.

La Carta Democrática Interamericana, reconoce la importancia fundamental de mantener un régimen plural de partidos políticos y la necesidad de su fortalecimiento. Es necesario asegurar que los partidos políticos bolivianos no solo sean capaces de expresar diferentes intereses sociales económicos o políticos, sino que también sean capaces de canalizarlos, articularlos y proponer para su atención políticas apropiadas, viables desde el punto de vista jurídico, económico y de conciliación con las posiciones o políticas de los demás partidos o movimientos.

En el caso de Bolivia, y por la particular diversidad de su sociedad, es necesario estimular mecanismos que permitan la articulación de intereses de distintos grupos de una población diversa como la boliviana, sin perder de vista el bienestar general. Es fundamental que en Bolivia se logre remontar la opinión que se ha ido consolidando a todo lo ancho de América, en el sentido de que en el espectro de protagonistas públicos, los partidos políticos son los que tienen la peor imagen[6]. Tal opinión quebranta seriamente los valores democráticos.

Bolivia, en su carácter de país signatario de la Carta Democrática Interamericana y de su participación en el proceso de Cumbres de las Américas, se ha comprometido a fortalecer los partidos políticos como elemento necesario del mejoramiento de la democracia. La Organización de Estados Americanos, el BID, la CAF y muchas otras instituciones hemisféricas deben cooperar con el gobierno de Bolivia para acometer esta tarea en toda su magnitud, que implica aspectos tales como el registro de partidos políticos, el acceso de los partidos políticos al financiamiento y a los medios de comunicación, el financiamiento de campañas electorales, la fiscalización y difusión de los resultados electorales y las relaciones de los partidos políticos con otros sectores de la sociedad. La tarea de una reforma política en el marco del Acuerdo de Gobernabilidad es particularmente importante para el futuro de Bolivia.

En Bolivia es particularmente importante el tema de la participación de las poblaciones indígenas en el proceso político, en consonancia con el esfuerzo hemisférico por conseguir que esa participación sé de una manera permanente, ética y responsable y en el marco constitucional, y en línea con el articulo noveno de la Carta Democrática Interamericana que habla de “la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”.

Por eso es necesario conseguir un pacto social o acuerdo nacional que permita lograr convergencia en temas nacionales. De esa manera se le haría bien a la democracia boliviana. Es necesario reconocer que un instrumento como este puede ser poco útil para dirimir las diferencias y grandes desacuerdos que han surgido entre el Gobierno y la oposición, por ejemplo tanto MAS como NFR, sobre el modelo económico o la política antidrogas. Pero en cambio es importante para establecer los consensos nacionales; para abrir los canales de participación y para buscar los instrumentos que permitan realizar una reforma política en el país y establecer acuerdos sobre temas económicos que faciliten sacar a Bolivia de su actual situación.

Lo ocurrido en Bolivia ha tenido un gran impacto regional y está en gran medida originado en particulares circunstancias regionales de inestabilidad política, conmoción social y un entorno internacional adverso, como ya se ha mencionado. En consecuencia, resulta pertinente e importante enmarcar los hechos ocurridos en un contexto internacional más amplio, con miras a su cabal comprensión para que la comunidad internacional tome las providencias que aseguren la cooperación y la solidaridad que Bolivia demanda en estas circunstancias. Para este propósito, hemos puesto de relieve los eventos económicos más relevantes para Bolivia en el contexto de la globalización y de la volatilidad de capitales, así como las dificultades que tiene el país para insertarse en la economía mundial por los problemas de transporte, infraestructura y falta de un sector privado vigoroso.

Los problemas de Bolivia son de diversa índole y todos ellos de enorme magnitud, y el país, como le consta a la OEA, tiene un especial agradecimiento por la participación de la comunidad internacional en sus soluciones. Ya hemos visto como es de crítico el tema de la financiación externa para financiar el gasto y la inversión publica. Es fundamental que la comunidad internacional mantenga un elevado grado de compromiso con Bolivia que pasa por un momento difícil en el que son urgentes los recursos concesionales y no concesionales. Es urgente también apoyar a Bolivia para que mantenga la confianza en sus instituciones democráticas con programas que aseguren que los menos favorecidos reciban beneficios palpables de la acción del estado, con el apoyo de la comunidad internacional.

Es muy importante también señalar que, como lo ha puesto de presente el Gobierno con el apoyo de la Comunidad Financiera Internacional, es preciso apoyar al sector productivo y bancario, sensiblemente debilitados por el débil crecimiento económico de los últimos cuatro años. Es necesario tomar las medidas legislativas y regulatorias que garanticen su crecimiento y rentabilidad. Es necesario también fortalecer el sector de las exportaciones y en particular aprovechar mejor los beneficios del ATPDEA. Bolivia ha iniciado un plan para aprovechar las posibilidades de ese acceso preferencial al mercado norteamericano pero aún no existen resultados.

Es bueno también señalar que la estrategia de desarrollo del país para asegurar que se logren niveles de crecimiento que aseguren una reducción sustancial de la pobreza y mejoren los índices de desarrollo humano de nuevo, hace indispensable que se tome una decisión oportuna para el desarrollo de los proyectos dirigidos a explotar las vastas reservas de gas y petróleo, particularmente el proyecto LNG, basada en criterios económicos y financieros razonables. Tal proceso, sin embargo, dado el elevado grado de cuestionamiento al que esta sometido, debe estar regido por un intenso proceso de consultas y participación ciudadana, debe ser muy transparente y debe contar para su decisión con mucha persuasión y con un alto grado de apoyo ciudadano.

Para apoyar a Bolivia en la presente circunstancia es muy importante conseguir un apoyo suficiente y oportuno del Fondo Monetario Internacional. En esta ocasión los problemas no fueron solo sobre condicionalidad sino sobre oportunidad. La negociación con el FMI tendiente a lograr un acuerdo trianual en el marco del PRGF fue excesivamente prolongado, que inclusive llegó a considerar una matriz con 39 exigencias previas que a todas luces resultaban excesivos. Prueba de ellos es que los hechos del 12 y 13 cambiaron los términos del acuerdo. La aprobación hace pocas semanas de un acuerdo “stand-by” por US$118 millones es esperanzador para el país.

Pero los hechos del 12 y 13 deben abrir los ojos también de la cooperación internacional en otras materias. Un programa de fortalecimiento de la justicia y del Ministerio Público en particular es absolutamente prioritario en Bolivia. También lo es la creación de un Programa Nacional de Protección y Promoción de Derechos Humanos con el apoyo de la CIDH y financiación internacional. Es imperativo, igualmente, trasladar a Bolivia el “know how” que existe hoy en el mundo y en las Américas sobre solución de conflictos locales. Otro aspecto de la mayor trascendencia es ofrecer a Bolivia asesoría y apoyo para iniciar una vasta tarea de Reforma de la Policía que la prepare para el sinnúmero de nuevas tareas, responsabilidades y problemas que debe enfrentar el país

Este informe se enmarca en una nueva relación de la OEA con los gobiernos o los estados y que se basa en que, sin menoscabo del respeto al principio de no-intervención, los países pueden solicitar a la Organización y a sus cuerpos políticos la asesoría y el apoyo necesarios para defender la democracia cuando determinadas situaciones las puedan poner en peligro.

La OEA participa en este proceso con el ánimo de fortalecer la democracia boliviana, inspirado en el compromiso de este país con los principios y valores consagrados en la Carta Democrática Interamericana.

En ese ejercicio nos hemos encontrado con un nuevo rol que nos enriquece y que al mismo tiempo nos da muchas responsabilidades. En el caso que nos ocupa, nos hemos encontrado que el país está regresando a cierta forma de determinismo y de pesimismo histórico, según la cual la situación del país pareciera siempre peor, más lúgubre, más injusta. Sin duda existe un entorno internacional muy adverso que ha acentuado las dificultades propias de la tarea del desarrollo. También nos ha traído la globalización la volatilidad de capitales pero más allá de eso, temores, asechanzas, peligros por un entorno internacional mucho más competitivo, en el cual en ocasiones se no da acceso preferencial a los mercados pero las mas de las veces se nos cierran los mercados.

Bolivia depende hoy mucho más de la situación latinoamericana, particularmente porque al menor signo de dificultades en países cercanos de inmediato se dan extraordinarias fugas de capital.

Igualmente, ha sido muy difícil para el sistema judicial y para las autoridades de policía enfrentar organizaciones criminales mucho más poderosas y mejor organizadas, especialmente en lo que hace relación al narcotráfico.

Durante nuestra estadía en este país, con un gran potencial humano, con una riqueza indiscutible que se desprende de su diversidad y su multiculturalidad, hemos encontrado autocríticas que rayan en la flagelación. Somos de la opinión de que el país tiene una gran capacidad para dar la vuelta y elevarse sobre la actual coyuntura adversa para dar un salto adelante en su desarrollo y lograr un mayor bienestar para todos. Estamos seguros de que a pesar de que la experiencia boliviana es única e irrepetible, no lo es menos el hecho de que en estos tiempos de mucha mayor interdependencia Bolivia encontrará en las experiencias de otros países del sistema interamericano enseñanzas útiles y una gran solidaridad tanto hemisférica como del resto de la comunidad de naciones.

Existen medios de comunicaciones libres, pluralistas e independientes, fundamentales para la preservación del estado de derecho. Cuando otros países han tendido a la concentración y monopolización de los medios, o en otros casos a intervenciones arbitrarias del gobierno en ellos, Bolivia cuenta con órganos informativos propios de una verdadera sociedad abierta.

La OEA destaca la importancia de que Bolivia posea una riquísima y abundante literatura sobre los problemas del país y sus soluciones, desde distintas ópticas y conocimientos, indicativos de una sociedad que le está dando la debida prioridad a los asuntos públicos y colectivos.

El hecho de confiar en instituciones multilaterales como la OEA, el BID, el Banco Mundial, la CAF para una situación tan delicada como la que aquí se ha analizado; el compromiso de la comunidad internacional para apoyar al país en estos momentos de dificultades; la participación activa de Bolivia en el concierto internacional; así como la enorme voluntad política para buscar alternativas creativas a crisis que son generalizadas en la región, abren una enorme esperanza para el país.

Para ello hay una enorme responsabilidad de todos los actores de la sociedad boliviana, sin distingos de raza, género o clase social. Como lo expresó en forma muy clara un reciente editorial, “el país vive una especie de esquizofrenia colectiva que debe ser atendida con espíritu de grandeza y a través de los marcos establecidos por el sistema democrático. Cualquier otro rumbo, hay que estar seguros, tendrá un desemboque autoritario, en el que no sólo se acentúan los problemas que ahora existen, sino que, además, se deteriorara la situación de derechos humanos. La historia del país –y de América Latina- es muy ilustrativa al respecto, y sería imperdonable que las élites vuelvan a hacer en el error de optar por un camino diferente al constitucional”[7]

Finalmente, la OEA no pretende hallar las soluciones por encima de los bolivianos. Sólo a ellos corresponde encontrarlas. Este Informe busca facilitar ese proceso, a través de un documento que recoge varias iniciativas de bolivianos para bolivianos.

Este documento debe ser analizado como un vehículo para robustecer la gobernabilidad del país y espera que sea debatido, discutido e inclusive polemizado, siempre y cuando ello sirva para que, a partir de la pluralidad natural de opiniones, se encuentre un camino común para todos los bolivianos.

[1] J. A. Morales, “Economic Vulnerability in Bolivia”, en L. Whitehead y J. Crabtree (directores de la publicación), Towards Democratic Viability: The Bolivian Experience (Oxford, 2001).

[2] UNDP, 2002, Informe de Desarrollo Humano en Bolivia, La Paz, p.18

[3] Informe de la Semana, “La Policía tiene líos desde 1982 y hoy hay dos grupos de rebeldes”, p. A8-A12, Diario La Razón, Domingo 16 de Marzo de 2003

[4] Entrevista con el Comandante de la Policía Nacional, Edgar Pardo, en el Diario La Razón, domingo 16 de Marzo de 2003

[5] Un extenso análisis puede verse en el Informe del Defensor del Pueblo sobre Seguridad Ciudadana en Bolivia, La Paz, Bolivia, 2002

[6] The Economist, 15 agosto 2002

[7] Editorial del Diario La Razón, Lunes 17 de Marzo de 2003