CP/doc.3671/02

Los párrafos 9 a 16 se refieren a las obligaciones asumidas por la Misión Especial, la OEA y la comunidad internacional en más amplio sentido, incluidas las siguientes: (a) suministro de asistencia técnica al Gobierno de Haití; (b) normalización de las relaciones económicas con las instituciones financieras internacionales, y (c) respaldo, seguimiento e información sobre la aplicación de la Resolución.

Un componente esencial de la Resolución es la creación de un Consejo Electoral Provisional creíble, neutral e independiente. La base para el enfoque referente a esa institución consiste en la creencia de que uno nueva, establecida de acuerdo con la fórmula enunciada en el Proyecto de Acuerdo Inicial, ofrecería la oportunidad de superar las graves fallas que llevaron a poner en tela de juicio la credibilidad de las elecciones legislativas de 2000.

Las amplias consultas referentes a la formación del CEP desde la aprobación de la Resolución 822 suscitaron coincidencia de opiniones en cuanto a la importancia de constituir la institución y la necesidad de adoptar medidas sobre varios ámbitos clave, referentes a seguridad, que facilitarían la consecución de este objetivo. No obstante, en la práctica hasta el 4 de noviembre el Gobierno había centrado la mayor parte de la atención desde la adopción de la Resolución 822 en la creación del CEP y la cuestión de las reparaciones, y no en sus obligaciones conforme a otras disposiciones clave de la Resolución, como la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Investigadora, inclusive en los casos en que ésta proporcionó la base jurídica o estableció algún fundamento probatorio para seguir avanzando.

En el presente informe se reseña el estado de aplicación de la Resolución 822 en el período comprendido entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre de 2002. Las partes en cursiva son citas de los párrafos y disposiciones de la Resolución. El documento comprende los siguiente anexos:

Anexo A: Carta fechada el 29 de octubre, del Primer Ministro a la Misión Especial, y respuesta de la Misión del 31 de octubre, referente al suministro de asistencia técnica a Haití en todos los ámbitos del mandato de la Misión Especial.

Anexo B: Carta fechada el 4 de noviembre, del Ministro de Relaciones Exteriores de Haití al Jefe de la Misión Especial, en que se transmite un informe transmitiendo el documento titulado “Ejecución de las Resoluciones CP/RES. 806 (1303/02) y CP/RES. 822 (1331/02) de la OEA”.

Anexo C: Carta fechada el 4 de noviembre, dirigida al Jefe de la Misión Especial por los líderes de Convergencia Democrática, en que evalúan el estado de aplicación, por parte del Gobierno, de la Resolución 822.

Anexo D: Carta fechada el 4 de noviembre, en que se solicita al Presidente de Haití una prórroga de 15 días del plazo para el nombramiento del Consejo Electoral Provisional, remitida por cinco de las entidades que deben designar miembros de ese consejo conforme al Proyecto de Acuerdo Inicial (Revisión 9, fechada el 12 de junio de 2002).

OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL GOBIERNO DE HAITÍ

En la Resolución se reseñan muy específicamente varios compromisos y obligaciones fundamentales asumidos por el Gobierno de Haití.

Párrafo 3 Acoger con beneplácito el compromiso expreso del Gobierno de Haití de implementar las recomendaciones de la Comisión Investigadora, así como las recomendaciones del Consejo Consultivo de Indemnizaciones, según consta en el Acuerdo firmado por el Ministro de Justicia, los reclamantes y sus representantes el 9 de julio de 2002, y exhortar al Gobierno de Haití a hacerlo efectivo a la brevedad posible.

La Comisión Investigadora presentó un informe el 20 de junio de 2002. En las secciones específicas siguientes se analiza cada uno de sus componentes.

Reparaciones: En función del acuerdo del 9 de julio entre el Ministro de Justicia y los Demandantes y sus Representantes se han pagado reparaciones al Sr. Reynold Georges, jefe de ALAH, ex miembro de la coalición del MPSN (organización integrante de Convergencia Democrática) y le fueron ofrecidas a Evans Paul, líder de KID, socio de la coalición de Espacio de Concertación (otra entidad miembro de CD). Además se efectuó un pago parcial al Sr. Luc Mésadieu y al Pastor Sylvio Dieudonné, líderes de MOCHRENA (una tercera entidad-miembro de CD). El Gobierno había hecho saber extraoficialmente a la Misión que estaba manteniendo un diálogo con ese partido sobre una serie de reclamaciones adicionales. La misma fuente gubernamental informó a la Misión que se habían completado las negociaciones con Victor Benoit, jefe de KONAKOM (una cuarta entidad-miembro de CD) para liquidar reclamaciones en relación con pérdidas sufridas por él mismo y por su partido.

El Gobierno informa que al 4 de noviembre se habían asignado 34 millones de gourdes (aproximadamente US$963,719.00[2]^/) para satisfacer las reclamaciones de cuatro de los cinco partidos políticos y sus líderes, todos ellos signatarios del acuerdo del 9 de julio con el Ministro de Justicia, y que se dispone de US$150.000 para el Instituto Francés de Haití.

Un hecho desalentador, sin embargo, es que la cuestión no está totalmente resuelta. Las negociaciones con OPL aún no han concluido; esa organización ha presentado una reclamación en nombre de todas las víctimas afiliadas al mismo de todo el país. También parece, al 4 de noviembre, que aún no han culminado plenamente las cuestiones pendientes con KONAKOM. Por otra parte, los casos de unas treinta personas más que figuran en el Informe del Consejo Consultivo de Indemnizaciones aparentemente aún no han recibido mucha atención.

El 4 de noviembre, el Gobierno propuso, en términos que no se han dado a conocer, la creación de un Fondo para las víctimas. Para garantizar mayor transparencia y evitar toda imputación de manipulación del proceso para obtener provecho político, la Misión Especial ha sugerido al Gobierno que establezca un mecanismo que permita manejar el asunto en forma neutral y con independencia, por ejemplo asignándolo a una empresa de contabilidad internacional de buena reputación para que liquide las reclamaciones sobre la base de las recomendaciones del Consejo Consultivo de Indemnizaciones, dentro de un plazo breve que se daría a conocer.

Párrafo 4.a Publicar, dentro de los 60 días siguientes a la recepción del informe de la Comisión Investigadora, un informe del Ministerio de Justicia sobre las medidas tomadas respecto de las personas que se haya comprobado que estuvieron involucradas en los hechos del 17 de diciembre de 2001 y días siguientes;

El 11 de septiembre de 2002 el Gobierno de Haití publicó un informe del Ministerio de Justicia caracterizado como “preliminar”. En él se demostraba que el Gobierno había hecho muy poco para cumplir sus obligaciones. La Misión Especial hizo saber al Presidente de Haití el 3 de octubre que el Informe era inadecuado. El Presidente hizo hincapié en que se trataba de un documento preliminar y en que el Gobierno se proponía realizar pronto su seguimiento. La Misión destacó al Presidente la importancia de que se adoptaran medidas en este frente, por su valor intrínseco y por su pertinencia para el establecimiento de un CEP creíble.

A principios de noviembre el Ministerio de Justicia publicó otro informe (véase el Anexo B) en que demostraba que, entre tanto, se habían adoptado algunas medidas adicionales en Puerto Príncipe. En conjunto, las actividades realizadas en esta esfera han sido lentas y átonas, especialmente fuera de Puerto Príncipe, y no se había concluido ningún caso.

Párrafo 4.b Reforzar sus políticas y programas de desarme y, en este sentido, invitar a una cooperación activa de la comunidad internacional, por intermedio de la Misión Especial de la OEA, en la elaboración y puesta en práctica de un programa exhaustivo de desarme;

El 3 de octubre de 2002 la Misión Especial, aunque reconociendo que la responsabilidad fundamental del desarme recaía sobre el Gobierno, propuso al Presidente la creación de un equipo mixto (Gobierno/Misión Especial) para diseñar un Plan Nacional de Desarme y ejecutar el consiguiente programa nacional de desarme.

Desde entonces se han realizado esfuerzos tendientes a facilitar un diálogo entre el Gobierno y otros sectores de la sociedad haitiana para hacer frente a este problema clave. La Misión Especial realizó un seminario sobre desarme los días 28 y 29 de octubre de 2002 en Puerto Príncipe, con la cooperación y asistencia del PNUD, para crear conciencia sobre los efectos de la proliferación de armas en Haití y el hecho de que el consiguiente aumento de la violencia promovía la inseguridad y la ilegalidad en el país. El evento brindó también la oportunidad de que los haitianos escucharan la reseña de las enseñanzas acumuladas y las experiencias de expertos internacionales que han manejado programas de desarme en otros países, como Brasil, Bosnia, Albania y El Salvador. De los debates emanaron algunas recomendaciones que serán consideradas cuando se elabore el Plan Nacional de Desarme para Haití.

En el Informe del Gobierno del 4 de noviembre (Anexo B) se reseñan las medidas adoptadas por el Gobierno en sus campañas contra las armas ilegales y el narcotráfico. Como la fecha de recibo de ese documento coincidió con el final del período del informe, la Misión no ha podido realizar una verificación independiente de la información que aparece en el documento en relación con la recolección de armas, incluidas las abruptas variaciones de las cifras declaradas. El informe referente a cuestiones relativas a drogas coincide con la información con que cuenta la Misión.

Párrafo 4.c Implementar, en toda la extensión de su autoridad legal, todas las recomendaciones sobre derechos humanos y sobre la prensa consignadas en el informe de la Comisión Investigadora de los hechos del 17 de diciembre de 2001 y las demás recomendaciones del informe que, en todo o en parte, estén dirigidas al gobierno de Haití.

El Gobierno aún no ha cumplido las amplias obligaciones que le impone esa disposición.

Entre tanto, el panorama de los derechos humanos, en el período en cuestión, ha sido heterogéneo. Por un lado, el 19 de septiembre tuvieron lugar manifestaciones estudiantiles con respecto a la gestión realizada en la Universidad del Estado, sin incidentes y con apropiado acompañamiento policial, a diferencia de lo ocurrido en intentos anteriores. Hubo varios signos de mayor respaldo gubernamental para el sistema carcelario, inclusive en cuanto a la apremiante cuestión de los detenidos a la espera del juicio.

Por otra parte hubo un preocupante número de desapariciones no explicadas hasta ahora por la Policía, inclusive de dirigentes locales en Martissant en septiembre; dos miembros de un partido político de la oposición en octubre y un alto oficial de Policía del destacamento de seguridad del Palacio a fines de octubre, entre otras personas. También hubo casos muy publicitados de dificultades para el ejercicio del recurso constitucional de habeas corpus: por ejemplo los del ex Presidente Prosper Avril y de Rosemond Jean (portavoz de las víctimas del colapso financiero que afecta a las cooperativas de ahorro y préstamo); ambas personas permanecieron en prisión hasta el 4 de noviembre, no obstante las protestas referentes a su detención y los recursos judiciales interpuestos en su favor.

La preocupación por la situación de la libertad de prensa continuó en el período del informe. Una de las principales estaciones radiales de Puerto Príncipe, Radio Kiskeya, estuvo cerrada a fines de septiembre durante varios días, en virtud de lo que se describió como información sumamente fidedigna de que la estación sería atacada. Hubo una gran movilización de apoyo, incluidas visitas de autoridades públicas, y las amenazas no se concretaron. Otras radioemisoras también fueron amenazadas en ese período. Al mismo tiempo hubo un debate con participación del Presidente de Haití y otras personas, sobre la función y la responsabilidad de los periodistas. La Misión Especial se pronunció en varias ocasiones en defensa de la libertad de expresión, tal como lo había hecho el Relator Especial de la OEA el 4 de septiembre tras visitar el país, en agosto.

Párrafo 5.a El restablecimiento de un clima de seguridad;

Expresa o implícitamente, este compromiso ha sido un elemento esencial de todas las Resoluciones adoptadas sobre Haití a partir de agosto de 2000. No obstante, la situación global de seguridad no ha cambiado significativamente en los últimos meses, ni siquiera tras la aprobación de la Resolución 822. Por ejemplo, las cifras policiales con que cuenta la Misión indican que en el período comprendido entre junio y septiembre de 2002 el total de casos manejados siguió siendo bastante estable (variando entre 480 y 580 por mes); los asesinatos tendieron a aumentar (llegando a 38 en septiembre); otras agresiones y secuestros disminuyeron, pero el número de asaltos a mano armada se mantuvo estable.

Los problemas en cuestión provienen de: (a) las actividades de bandas y grupos armados, funcionarios e individuos privados, en algunos casos pertenecientes a grupos políticos; (b) el incremento del número de agentes de seguridad privados, debido a la percepción generalizada de que el Gobierno no está en condiciones de garantizar la seguridad y protección de todos sus ciudadanos; el alto nivel de delincuencia provocado por la situación socioeconómica imperante; (d) la impunidad atribuible a fallas del sistema judicial; (e) fallas de la Policía Nacional Haitiana, atribuidas a vacíos de liderazgo y gestión, insuficiencia e inadecuada capacitación de su personal, supuesta manipulación política y corrupción, y falta de material y equipos.

En los últimos meses se produjeron en Puerto Príncipe y sus suburbios, así como en otras ciudades y pueblos, numerosos y graves incidentes. Las quemas de cubiertas y los enfrentamientos locales – que suscitan muertes y otras perturbaciones-- son suficientemente frecuentes como para causar una comprensible preocupación a las personas comunes. En Gonaives, Cité Soleil y Martissant hubo confrontaciones en gran escala. Ha habido desapariciones de personas o amenazas. La Policía no ha recapturado a Amiot Métayer ni a la mayor parte de quienes huyeron con él de la cárcel el 2 de agosto (véase el tema de la impunidad en el párrafo 6, infra).

5b. El enjuiciamiento efectivo, y, cuando proceda, la destitución, de las personas, autores o cómplices, cuya participación en la violencia del 17 de diciembre de 2001 y días siguientes se haya comprobado;

Tal como surge del párrafo 4 (a), que antecede, no es mucho lo que se ha hecho en virtud de esa disposición. La fiscalía pública de Puerto Príncipe ha tratado de obtener información adicional del juez de instrucción. El informe del Gobierno del 4 de noviembre podría inducir a creer que los vacíos en el manejo de este asunto pueden causar demoras adicionales en el futuro. Salvo en lo referente a Puerto Príncipe, no hay informaciones dignas de mención en el período objeto del informe.

La Misión no tiene noticias de que, tras la adopción de la Resolución 822 y hasta la fecha, se hayan realizado arrestos o procesamientos efectivos de las personas mencionadas en el informe de la Comisión Investigadora por haber tomado parte en los actos de violencia del 17 de diciembre de 2001 y días subsiguientes.

Párrafo 5.c La conclusión de una investigación rigurosa de todos los crímenes políticamente motivados;

En el caso de Brignol Lindor se han tomado algunas medidas: culminó la etapa de investigación de los procedimientos y diez personas fueron acusadas por la comisión del delito. No obstante, representantes de Lindor han impugnado el auto de acusación del juez de instrucción. Si el progreso logrado hasta ahora sirve de indicio, el caso parece distar mucho de haber sido resuelto.

El Juez de Instrucción, Bernard St-Vil, actualmente encargado del caso de Jean Dominique y Jean Claude Louissaint, ha realizado algunas actuaciones judiciales a partir del 4 de septiembre, y conforme a lo establecido en el informe del Gobierno del 4 de noviembre, se propone completar su investigación en 2002. En consecuencia, el caso sigue sin resolverse dos años y medio después del asesinato del periodista..[3]^/

Salvo en el caso de Marc Ander Diogenes (ex Diputado de Fanmi Lavalas de la circunscripción de Gonaives), en que al parecer el juez de instrucción realizó ciertas actuaciones, no se ha comprobado la realización de ninguna medida concreta desde la adopción de la Resolución 822 con respecto a casi todos los casos similares de esa categoría, como los de la lista no exhaustiva siguiente que los líderes de la oposición presentaron al Presidente Aristide en una reunión que mantuvieron el 15 de junio de 2002 en la residencia del Nuncio Apostólico: Remy Darant, Mireille Durocher Bertin, el Pastor Antoine Leroy, Jacques Florival, Diputado Jean Gubert Feuillé, Senador Yvon Toussaint, Padre Jean Pierre-Louis, Coronel Jean Lamy, Coronel Max Mayard. La lista fue derivada al Ministerio de Justicia el 17 de junio de 2002.

Párrafo 5.d La pronta indemnización a las organizaciones y personas que hayan sufrido daños como resultado directo de la violencia del 17 de diciembre de 2001.

Este tema ha sido tratado en relación con el párrafo resolutivo 3, que antecede.

Párrafo 6 Instar al Gobierno de Haití a que, con objeto de establecer las condiciones para las elecciones que han de llevarse a cabo en 2003, renueve sus esfuerzos para asegurar un clima de seguridad y confianza, dentro de los parámetros trazados en el punto resolutivo 5 de la resolución AG/RES. 1841 (XXXII-O/02), teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer la policía y las instituciones judiciales independientes como parte del esfuerzo renovado por combatir la impunidad, de acuerdo con lo estipulado en el punto 6 de la resolución AG/RES. 1841 (XXXII-O/02).

Con respecto al clima de seguridad, véase la Sección 5.a.

Policía: Con respecto a la Policía, véase también la Sección 5.a. La Misión Especial está realizando un aporte sustancial para la capacitación de la décimo cuarta promoción de nuevos reclutas, que agregaría más de 800 nuevos oficiales a los efectivos de la Policía Nacional de Haití. No obstante, es mucho más lo que se requiere para mejorar la institución de modo de enfrentar un clima de inseguridad que ha sido agravado por la violencia, vinculada en parte con actividad de bandas delictivas, tráfico de drogas y matonismo y criminalidad políticamente inspirada. Algunos de esos problemas han salido a luz en las últimas semanas en Martissant, Cité Soleil, Gonaives, Cap-Haitien y otras partes del país.

Las fallas de la Policía han quedado de manifiesto una vez más por el hecho de que la misma no ha podido resolver la desaparición de algunas personas o por lo menos ofrecer alguna explicación al respecto, lo que causa viva inquietud en la población.

Poder Judicial: El Ministro de Justicia renunció el 25 de septiembre, aparentemente debido a diversas dificultades. No obstante un promisorio plan de reforma preparado por el último Ministro de Justicia, no se han mitigado los frecuentemente mencionados problemas que afectan a la judicatura, tales como falta de independencia del Poder Judicial, impunidad, escaso acceso al sistema judicial, inadecuada capacitación y falta de recursos.

Impunidad: La incidencia de la impunidad ha sido mencionada como una grave falla en la administración de justicia en Haití, en especial en cuanto guarda relación con algunos asesinatos muy notorios, aparentemente motivados por razones políticas, ocurridos en los últimos años [cf. la lista no exhaustiva que figura en el párrafo 5 (c), que antecede]. La cuestión se ha visto agravada por la violenta fuga de Amiot Metayer de la prisión de Gonaives en agosto de 2002. La Comisión Investigadora concluyó que Metayer era el autor principal de los actos de violencia del 17 de diciembre de 2001. Al parecer vive callada pero abiertamente en Gonaives, lo que refuerza la impresión de que la Policía padece fallas estructurales, agravadas por indicios de tolerancia para con criminales sumamente notorios.

Párrafo 7.a La formación de un CEP autónomo, independiente, creíble y neutral, dentro de los dos meses siguientes a la adopción de esta resolución;

Conforme a lo dispuesto en la Parte IV del Proyecto de Acuerdo Provisional (PAP), incorporado por vía de referencia a la Resolución 822, nueve entidades haitianas debían proponer al Presidente de la República sendos candidatos al Consejo.

Aparentemente dos de esas entidades --el partido de Gobierno, Fanmi Lavalas, y el Poder Judicial-- habían remitido nombres al Presidente, de personas que no eran cuestionadas dentro de sus filas. El principal partido de oposición, Convergencia Democrática, sostuvo el 4 de noviembre que el Gobierno no había cumplido la obligación que le imponía la Resolución 822, y por lo tanto no presentó su candidato.

Los restantes partidos políticos, que no pertenecen a Fanmi Lavalas ni a Convergencia Democrática --entre 60 y 80 partidos políticos-- están muy divididos: un subgrupo ha enviado un nombre; otro subgrupo se proclama como único representante calificado, pero dice que no ha llegado el momento. Un tercer grupo impugna la legitimidad del segundo, y pueden existir otras divisiones.

Las otras cinco entidades que en general han trabajado juntas en las últimas semanas son tres entidades religiosas --católica, episcopal y protestante--, un conglomerado de organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos coordinada por Justicia y Paz, y la comunidad empresarial coordinada por la Cámara de Comercio e Industria de Haití (CCIH). Esas entidades insistieron inicialmente en que el Gobierno pidiera asistencia técnica a la Organización de los Estados Americanos a fin de establecer un entorno de seguridad para las elecciones y para el desarme. El Gobierno efectuó esa solicitud el 29 de octubre y la Misión Especial respondió positivamente en nombre de la Organización, pero las cinco referidas entidades están tratando de obtener información y detalles adicionales del Gobierno antes de suministrar los nombres de las personas que, según manifestaron, ya han sido elegidas. A esos efectos, siendo inminente la fecha límite del 4 de noviembre de 2002 propusieron, en una carta fechada el 4 de noviembre de 2002 (véase el Anexo D). Al 4 de noviembre se preveían nuevas deliberaciones.

Párrafo 7.b El establecimiento por el CEP, conforme a los parámetros de la legislación haitiana y dentro de los 30 días siguientes a la formación del CEP, de una Comisión de Garantías Electorales que estará integrada, inter alia, por representantes de un órgano de coordinación nacional constituido con base en la experiencia en coordinación de la observación electoral en Haití y de organizaciones de la sociedad civil, y testimoniado por representantes de las misiones de observación electoral y la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití;

A la espera de la formación del CEP.

Párrafo 7.c El seguimiento por parte del CEP de las actividades de la policía relacionadas con el proceso electoral.

A la espera de la formación del CEP.

Párrafo 8 Reconocer, asimismo, la urgencia que reviste la constitución del CEP, de acuerdo con el proceso propuesto por la OEA en el Proyecto de Acuerdo Inicial (Rev. 9) del 12 de junio de 2002, a más tardar dos meses después de la adopción de esta resolución.

Este párrafo debe leerse en conjunción con el párrafo 9.

En el período comprendido entre el 3 y el 21 de octubre de 2002 el Jefe y el Subjefe de la Misión Especial mantuvieron reuniones con el Presidente Aristide (3 de octubre), representantes de Convergencia Democrática (7 de octubre), el Sr. Maurice Lafortune, Presidente de la Cámara de Industria y Comercio (10 de octubre), el Pastor Edouard Paultre, la Federación Protestante de Haití (11 de octubre), Monseñor Jean Zaché Duracin, Jefe de las Iglesias anglicanas (11 de octubre) y el Magistrado Boniface Alexandre, Presidente de la Corte de Casación (14 de octubre), el Padre Jean Hanssens, de Justicia y Paz (organización de derechos humanos) (16 de octubre) y de los otros partidos políticos (21 de octubre). El objeto de esas reuniones consistió en analizar el papel de esas instituciones en la formación del nuevo CEP, en observancia de la fórmula acordada en el Proyecto de Acuerdo Inicial (Rev. 9).

La delegación hizo hincapié ante los representantes en la importancia de establecer un CEP creíble que se encargue de la gestión del proceso electoral. Hizo saber que la función principal en materia de ejecución de la Resolución 822 había sido asignada al Gobierno, pero en relación con el CEP las nueve instituciones --las iglesias, FL, CD, etc.-- debían cumplir un papel importante, y que la Misión Especial solicitaba sus buenos oficios como facilitadores para realizar consultas y ayudarlos a medida que llevaban adelante sus procesos internos, a los efectos de que cumplieran el papel decisivo que les estaba asignado.

La Misión siguió reuniéndose con diversos actores e instituciones hasta el 4 de noviembre.

OBLIGACIONES DE LA OEA

Párrafo 9 Ofrecer al Gobierno de Haití, a los partidos políticos y a la sociedad civil el respaldo y la asistencia técnica de la Organización de los Estados Americanos que se necesite para facilitar el proceso de constitución del CEP y la preparación y celebración de esas elecciones.

Todas las instituciones que según el Proyecto de Acuerdo Inicial habían de designar candidatos para la formación del CEP, con excepción de Fanmi Lavalas y del Poder Judicial, expresaron grave preocupación ante el clima de inseguridad reinante en el país y sus consecuencias a los efectos de la campaña electoral.

Esas inquietudes fueron planteadas en cartas fechadas el 10 de octubre de 2002 y el 26 de octubre de 2002, dirigidas al Presidente de Haití y al Jefe de la Misión Especial, respectivamente, por las cinco instituciones mencionadas en el párrafo 7 (a).

Las instituciones indicaron que habían seleccionado a sus candidatos para el Consejo Electoral, pero que antes de presentarlos oficialmente solicitaron al Gobierno que pidiera la asistencia técnica de la OEA para ayudar a aplicar las disposiciones de las Resoluciones 806 y 822. Hicieron saber que esa solicitud era necesaria para tener garantías de obtener asistencia internacional a los efectos de la seguridad de las elecciones y del desarme.

Tras los debates iniciados mucho antes entre el Gobierno y la Misión Especial a los efectos de superar el problema del lento avance en la cooperación prevista cuando se estableció la Misión Especial, en abril de 2002, por carta fechada el 29 de octubre de 2002 el Primer Ministro solicitó oficialmente asistencia técnica para el Gobierno de Haití en todos los ámbitos a los que se referían las Resoluciones: elecciones, incluida la seguridad de las mismas; profesionalización de la Policía; desarme; justicia; derechos humanos, y gobernabilidad. En su respuesta del 31 de octubre de 2002, el Jefe de la Misión Especial accedió a proporcionar esa asistencia. Esas cartas se adjuntan como Anexo A al presente informe. Se está llevando a cabo una labor tendiente a preparar los términos de referencia para la asistencia técnica en cada ámbito y para establecer comités conjuntos que realicen esa labor.

Párrafo 10 Instar a todas las partes haitianas a participar en todos los aspectos pertinentes de esas elecciones y en el proceso electoral conducente a ellas.

La Misión Especial ha instado repetidamente a todas las partes interesadas, en público y en privado, que cumplieran plenamente sus cometidos. Ha hecho hincapié en que nadie está excluido y que todos deben participar a fin de lograr un proceso creíble.

A fines de octubre, el Grupo de Amigos del Secretario General de la OEA para Haití se reunió con el Presidente Aristide para hacer hincapié en su preocupación de que se adopten los pasos necesarios tendientes al cumplimiento de sus obligaciones por parte del Gobierno conforme a la Resolución 822, para facilitar la formación de un CEP creíble a más tardar el 4 de noviembre, sentando así las bases para la realización de elecciones satisfactorias en 2003. El Presidente aprovechó la oportunidad para subrayar la importancia de que se reanude la asistencia internacional para Haití, para ayudar al país a cumplir esas obligaciones conforme a la Resolución 822.

11. Respaldar la normalización de la cooperación económica entre el Gobierno de Haití y las instituciones financieras internacionales e instarlos a que superen los obstáculos técnicos y financieros que impiden dicha normalización.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo 11 de la Resolución 822 se realizaron deliberaciones entre Haití y, en especial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que envió una misión a Haití; el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco Mundial. El Banco Mundial ha programado la realización de consultas extraoficiales entre donantes el 9 de diciembre de 2002, en Washington, D.C.

El Gobierno de Haití ha formulado críticas a la comunidad internacional porque, a su juicio, no está atendiendo más activamente o con suficiente celeridad las necesidades de Haití. Debe señalarse que existen graves problemas de capacidad de absorción, y existen y deben atenderse las preocupaciones de los donantes sobre el uso y la aplicación de los recursos. La Resolución 822 insta a todos los interesados a resolver estos problemas, por lo cual es imperioso que las IFI trabajen más enérgicamente con el Gobierno de Haití para encontrar mecanismos innovadores de superación de obstáculos técnicos y permitir la reanudación de la afluencia de recursos multilaterales.

El 30 de septiembre de 2002, la delegación haitiana a las Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial se reunieron con el Vicepresidente para América Latina y el Caribe y el Director del País o de la región del Caribe. En la reunión, el Banco informó a las delegaciones que la reanudación de las donaciones y préstamos de la AIF estaría condicionada a la eliminación de los atrasos. El Banco instó al Gobierno a llegar a un acuerdo con el FMI con respecto a un programa controlado por el personal. A solicitud del Gobierno, el Banco Mundial accedió a enviar una misión a Haití, en una fecha pendiente de determinación, para analizar las prioridades de desarrollo del Gobierno, realizar consultas con las autoridades sobre la Estrategia de Respaldo Transicional propuesta por el Banco y analizar opciones para la eliminación de atrasos.

El Banco Mundial ha mantenido un debate con el FMI y el BID para evaluar alternativas de un plan coordinado y general de eliminación de atrasos. El Banco Mundial presidirá una reunión extraoficial de donantes en Washington D.C. a principios de diciembre de 2002. Se prevé que en esa reunión los donantes analizarán la evolución en Haití y la factibilidad de organizar una reunión del Grupo Consultivo a principios de 2003.

En virtud de la información proporcionada en CP/doc. 3643/02 corr.1, del 28 de agosto de 2002, referente al Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco ha hecho saber que en función de lo dispuesto por la Resolución 822, ha recibido instrucciones de su Directorio de llevar adelante la labor técnica necesaria, con el Gobierno de Haití, a los efectos de reactivar el suministro de crédito. A la fecha de preparación de este informe se estaba preparando la segunda misión técnica a Haití, prevista para la tercera semana de noviembre de 2002.

Párrafo 12 Reafirmar los mandatos del Secretario General y de la Misión Especial de la OEA de conformidad con las resoluciones AG/RES. 1841 (XXXII-O/02), AG/RES. 1831 (XXXI-O/01) y CP/RES. 806 (1303/02) corr. 1 y encomendar al Secretario General que refuerce aún más la Misión Especial de la OEA en Haití, a fin de que respalde, controle e informe acerca de la implementación de todas las resoluciones pertinentes de la OEA y los compromisos del Gobierno de Haití, conforme a lo estipulado en esas resoluciones y en el acuerdo entre el Gobierno de Haití y la OEA sobre la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití. Estos compromisos comprenden:

a. el fortalecimiento de las instituciones democráticas, incluidos los partidos políticos, a fin de garantizar la existencia de un sistema pluralista de partidos políticos;

b. la formación de un nuevo Consejo Electoral Provisional (CEP) de acuerdo con el proceso propuesto por la OEA en el Proyecto de Acuerdo Inicial (Rev. 9) del 12 de junio de 2002 y todas las actividades del CEP;

c. el establecimiento por el CEP de una Comisión de Garantías Electorales (CGE);

d. el desarrollo y puesta en práctica de un programa exhaustivo de desarme;

e. la promoción de un diálogo nacional y formación de un consenso entre el Gobierno de Haití, todos los partidos políticos y la sociedad civil haitiana;

f. el desarrollo profesional de una institución policial independiente, la formulación de un plan de seguridad y la creación de un clima de seguridad para las elecciones de 2003.

La Secretaría General de la OEA ha elaborado un programa de trabajo para la Misión Especial, que incluye una reseña de sus necesidades de recursos hasta principios del otoño boreal de 2003, tras la presunta realización de elecciones y a la luz de las Resoluciones 806 y 822. El documento facilitará la tarea del Secretario General tendiente a reforzar la misión, para que pueda cumplir más eficazmente los cometidos que le encomienda la Resolución 806 y reforzar su capacidad de asumir y cumplir los compromisos adicionales en las esferas sustanciales agregadas por la Resolución 822, así como la responsabilidad de efectuar la coordinación, el seguimiento y la información sobre las elecciones según lo estipulado en el párrafo resolutivo 13, que se transcribe a continuación.

Párrafo 13 La Misión Especial de la OEA también:

a. apoyará, supervisará e informará acerca de la prestación, por parte de la comunidad internacional y la OEA, de asistencia técnica electoral antes y después de las elecciones de 2003 y el despliegue de una misión de observación electoral para observar todos los aspectos del proceso electoral;

b. coordinará los esfuerzos de la comunidad internacional para prestar asistencia electoral técnica y financiera, que comprenda planificación electoral, asistencia técnica, seguridad y observación de las elecciones de 2003.

En preparación de las elecciones, la Misión Especial consultó, entre otras entidades, al PNUD, en Nueva York y Puerto Príncipe; a la Unidad para la Promoción de la Democracia, en la Sede de la OEA, y a entidades no gubernamentales, como la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, el Instituto Nacional Democrático, etc. Se prevé que una vez constituido el CEP, un equipo de expertos se unirá a la Misión Especial a fin de trabajar con Haití para evaluar las necesidades de asistencia técnica y financiera y observación electoral.

La Misión está preparando, además una serie de informes resumidos y sugerencias para presentarlas al CEP, cuando éste se constituya, para ayudarlo a cumplir expeditivamente sus amplios cometidos referentes a la adopción de decisiones.

Párrafo 14 Instar al Secretario General a que continúe participando en los esfuerzos para resolver la crisis política en Haití, siga la evolución de la situación y presente al Consejo Permanente cada dos meses informes pormenorizados sobre la aplicación de esta resolución.

El Secretario General y el Secretario General Adjunto han realizado un estrecho seguimiento de la situación en Haití y han colaborado donde y cuando resulte apropiado. El informe se presenta en cumplimiento de los cometidos del Secretario General en el marco de esta disposición.

Tanto el Secretario General como el Secretario General Adjunto se han mantenido en contacto regular con la Misión Permanente de Haití ante la OEA y, a través de la Misión Especial de la OEA, han emprendido un diálogo con actores clave en Haití, en procura de una solución a las dificultades políticas que vive el país y en relación con los temas que se mencionan en las secciones anteriores del presente informe. Además han seguido manteniendo diálogos periódicos con miembros del Grupo de Amigos del Secretario General sobre Haití, en Washington, D.C. Por otra parte, el Secretario General Adjunto ha mantenido actividades de extensión con la diáspora haitiana en la región de Washington, D.C., en ocasión de eventos de emisión de mensajes públicos, y se ha mantenido contacto regular con la Sección de Asuntos Políticos de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre la evolución de la situación en Haití.

OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN MÁS AMPLIO SENTIDO

Párrafo 15 Instar a la comunidad internacional a que, con carácter urgente, suministre fondos adicionales a la Misión Especial de la OEA a fin de ayudar a financiar sus programas económicos, sociales y de fortalecimiento institucional en Haití, con miras a que pueda cumplir las obligaciones adicionales dispuestas en esta resolución.

Tras la adopción de la Resolución 822, Estados Unidos efectuó un aporte de US$1.000.000 a la Misión Especial, a fin de facilitar su labor en la esfera de la seguridad, y ha comprometido la suma adicional de US$1.000.000.

El documento sobre recursos mencionado en el párrafo 2 de la resolución servirá de base para realizar un llamamiento a los Estados miembros y Observadores tendiente a obtener fondos adicionales para alcanzar los objetivos arriba mencionados.

Párrafo 16 Instar asimismo a la comunidad internacional a prestar apoyo técnico y financiero para las elecciones de 2003, particularmente mediante la observación de la formación y el funcionamiento preelectoral del CEP, de las operaciones postelectorales y de las propias elecciones.

La Misión Especial ha iniciado un proceso de consultas en cumplimiento de la función de coordinación prevista en este párrafo. Los hechos comprobados y las conclusiones del equipo de evaluación mencionados en el párrafo resolutivo 13 sustanciarán el llamamiento a la comunidad internacional en procura de apoyo para el cumplimiento de este mandato.

CONCLUSIÓN

Dadas las graves sospechas mutuas entre los diversos protagonistas políticos haitianos, la Resolución 822 les ofrece la oportunidad de superar la crisis política, inter alia trabajando juntos para la creación del nuevo Consejo Electoral Provisional. Ello sería de por sí un importante logro y contribuiría a reforzar la democracia en Haití. Se prevé que los protagonistas clave lleven adelante ese proceso superando posiciones personales hondamente arraigadas a fin de desarrollar la cooperación y estabilizar la situación política mediante la creación de condiciones que permitan poner fin a la fragmentación y a la parálisis política que asedian a Haití desde hace tan largo tiempo. Es alentador comprobar que prosiguen activamente los contactos entre diversos interesados, sobre el terreno, y ciertamente cabe esperar que ellos permitan la formación de un CEP creíble dentro del plazo de prórroga de 15 días.

Si se procediera conforme a la solicitud formulada el 29 de octubre por el Primer Ministro a la Misión Especial, tendiente a obtener asistencia técnica de la OEA en todos los ámbitos preceptivos de la labor de la Misión Especial, incluidos los del desarme y la seguridad para las elecciones, se abriría cauce para acelerar el ritmo de avance y ayudar a crear mayor confianza pública en el período conducente a las elecciones.

El Gobierno de Haití ha formulado críticas a la comunidad internacional por no haber respondido más activa o rápidamente, según su parecer, a las necesidades del país. No obstante, existen y deben atenderse graves problemas referentes a la capacidad de absorción del país y a la preocupación de los donantes sobre el uso y la aplicación de recursos. Al mismo tiempo la Resolución 822 instó a todos los interesados a resolver esos problemas, y las IFI deberían trabajar más duramente con el Gobierno para encontrar mecanismos innovadores que permitan superar los obstáculos técnicos y permitir la reanudación de la afluencia de recursos financieros multilaterales.

La seguridad es la clave para avanzar y, en especial, es una condición sine qua non para la celebración de elecciones creíbles el año próximo. Es mucho lo que se requiere para reforzar a la Policía Nacional de Haití y ayudarla a convertirse en un pilar profesional e imparcial del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas de Haití. La creación y aplicación de un programa nacional de desarme, con algunas medidas tempranas de creación de confianza, contribuirán a la creación de un entorno seguro y habilitante para la realización de elecciones creíbles y el desarrollo, social, económico y político. Suponiendo que se logre un avance apropiado en la ejecución de otras partes de la Resolución 822, la comunidad internacional tendría que atender muy rápidamente las importantes necesidades de recursos para las elecciones y la seguridad a lo largo de 2003.

INTRODUCCIÓN: LA PERSISTENCIA DE LA CRISIS

Con una larga tradición de presidencia imperial ante un telón de fondo de dictadura a veces brutal, en ocasiones maquillada, Haití se encuentra hoy en una encrucijada. El país proclamó solemnemente su adhesión al nuevo evangelio democrático basado en el estado de derecho, lo que implica el respeto de la voluntad popular expresada libremente a través de elecciones creíbles y sinceras.

Pero las tradiciones no mueren fácilmente, y no resulta sencillo pasar de la noche a la mañana de la antigua práctica de elecciones trucadas y golpes de estado a la límpida transparencia de elecciones libres, sinceras y honestas. La experiencia lo ha demostrado: transcurridos ocho meses de la elección del señor Jean-Bertrand Aristide en 1990, éste se vio obligado a abandonar la presidencia.

Tras haber comprendido esta situación, la comunidad internacional se embarcó en la gran cruzada a favor del respeto al derecho al voto organizando un ejército de más de 20.000 hombres para ayudar a restaurar la democracia en Haití. A pesar de todo este esfuerzo y del tiempo relativamente largo que ha transcurrido, nuestros hábitos políticos no han cambiado mucho. Los técnicos se afanan para poner en marcha todo lo necesario para perpetrar golpes de estado por vías distintas de la de las armas.

Ello explica los tratos que se urden cada vez que se intenta constituir el aparato electoral. El juego consiste, evidentemente, en tener control del mismo. A fuerza de tantas barreras y medidas de seguridad, el mecanismo llega a un punto de completo estancamiento. A título ilustrativo, durante las elecciones de 1997 se presentaron tantas irregularidades y escándalos que los resultados no pudieron proclamarse, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Especial creada para tal fin. Los responsables del fracaso de dichas elecciones atacaron de nuevo al orquestar los disturbios que bien conocemos en torno a las elecciones senatoriales del 21 de mayo de 2000. Las elecciones de 1997 eran justamente elecciones al Senado.

Es por todos reconocido que la justicia adolece de grandes carencias en nuestro país. Es cierto que, independientemente de la voluntad de los dirigentes, la justicia de un país no puede ir más allá de lo que le permiten sus medios. Y la cancelación de todos los créditos y subvenciones que le habían sido acordados no es precisamente la vía para reformarla y hacerla más eficiente. El acceso a la justicia y su distribución tienen un costo, y ese costo es elevado.

Los sucesos del 17 de diciembre de 2001, al igual que los hechos del 28 de julio del mismo año, se inscriben en la serie de crisis recurrentes que forman la trama de la vida política haitiana.

Sin pretender justificar la inestabilidad crónica en la que se debate Haití desde su independencia, es preciso reconocer que no basta con proclamar la voluntad de instaurar el estado de derecho para que desaparezcan de un día para otro las secuelas de dos siglos de violencia. De los 36 jefes de Estado que han gobernado al país, sólo seis lograron terminar sus mandatos. Estas circunstancias históricas explican los titubeos de la democracia en su andar ahora irreversible.

Cualquiera sea la perspectiva desde la cual se examine la cuestión, la instauración del estado de derecho es un imperativo que Haití no puede darse el lujo de evadir. Ello comporta, por una parte, el respeto al voto del ciudadano, independientemente de su condición socioeconómica y, por otra, la prohibición de buscar el acceso al poder mediante procedimientos no democráticos. El rechazo de estas dos condiciones explica los acontecimientos del 28 de julio y el 17 de diciembre de 2001. Las dificultades que enfrenta hoy en día el gobierno de Jean-Bertrand Aristide para fomentar la democracia deben entenderse como un sendero que debe recorrerse obligatoriamente para llegar al estado de derecho. En este contexto se inscribe la reacción del gobierno antes los hechos del 28 de julio y el 17 de diciembre de 2001.

Al día siguiente del 28 de julio de 2001, se creó una Comisión Investigadora ampliada de alto nivel para investigar a cabalidad los acontecimientos. Por medio de la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Port-au-Prince, se inició un acción pública contra los presuntos autores del golpe. Lo mismo se hizo en relación con el ataque perpetrado contra el Palacio Nacional el 17 de diciembre de 2001.

La resolución 822, que es paralela a la resolución 806 del Consejo Permanente de la OEA, lejos de entenderse como una obligación a la cual el gobierno haitiano se habría plegado contra su voluntad, refleja las medidas que éste debería haber puesto en marcha por iniciativa propia para resolver la crisis política aportando una solución duradera y satisfactoria para todas las partes.

Es evidente que el gobierno no esperó las recomendaciones del Consejo Permanente de la OEA para integrar en su política y sus acciones los elementos principales que se recogen en aquéllas, a saber:

1. Realizar una investigación responsable de los actos de violencia directamente relacionados con el 28 de julio y el 17 de diciembre de 2001

2. El asesinato del periodista Brignol Lindor en Petit-Goâve

3. El asesinato de Jean Dominique

4. Las indemnizaciones y trámites relacionados con los acontecimientos del 17 de diciembre

5. El desarme y la lucha contra las drogas.

1. Proceso de implementación de las resoluciones 806 y 822

Mucho antes del 4 de septiembre de 2002, se dio inicio a una investigación sobre los hechos del 17 de diciembre de 2001, los cuales están indudablemente ligados a los sucesos del 28 de julio del mismo año y sobre los que ya se había emprendido una investigación preliminar.

La acción pública iniciada contra aquellos que habían sido denunciados por el clamor popular como autores y cómplices del asesinato del periodista Brignol Lindor siguió su curso normal. Indudablemente, la explotación del hecho por parte de los medios de comunicación retrasó la evolución del caso, pero el expediente se mantuvo activo.

En relación con las indemnizaciones por los hechos del 17 de diciembre, fue el gobierno mismo que tuvo la iniciativa del Acuerdo concluido en julio pasado entre el MJSP y los partidos políticos afectados, dos meses antes de la resolución 822.

La lucha contra las drogas siempre ha ocupado un lugar central entre las preocupaciones del gobierno de Haití. Lo mismo cabría decir con respecto a la activa campaña emprendida en contra de la posesión ilegal de armas de fuego. En materia de impunidad, de más está decir que este concepto es incompatible con el funcionamiento de un estado de derecho.

Las recomendaciones del Consejo Permanente de la OEA, contenidas en su resolución 822, reflejan, en lo esencial, la línea de acción el gobierno, el cual se esfuerza sobre todo por garantizar un clima de seguridad y la consolidación de un verdadero estado de derecho en Haití.

La misma OEA, por lo demás, afirma explícitamente “que es posible poner en práctica algunos elementos [de la resolución 822] con mayor rapidez que otros”. Los retrasos o vacilaciones que se han vivido con el desarrollo de ciertos expedientes se deben ora a la precariedad de los recursos de que dispone el Estado haitiano, ora a las dificultades inherentes a la naturaleza misma de los expedientes, ora a las debilidades estructurales del aparato judicial del país.

No obstante las obligaciones que ha debido enfrentar, el gobierno no ha escatimado esfuerzos por avanzar en todos los frentes mencionados.

En este contexto, el Presidente de la República aceptó dialogar con los sectores interesados sobre las vías y medios para salir de la crisis en aras del interés de la nación. La OEA inicialmente, y luego la OEA y la CARICOM, fueron invitadas a desempeñar el papel de mediadores entre las partes haitianas. Luego de varias rondas de conversaciones, parecía vislumbrarse el inicio de un primer acuerdo a mediados de julio de 2001. Esta puerta a medio abrir se vio abruptamente cerrada por la violencia armada que, en dos ocasiones y en un intervalo de cinco meses –el 28 de julio y el 17 de diciembre de 2001– conmovió el paisaje político del país y cubrió de luto a la Policía Nacional de Haití (PNH) y a la población en general.

El Gobierno de la República, en su voluntad de crear un clima propicio para la reconciliación y favorecer la resolución de la crisis, se decidió de inmediato a reparar los locales de los partidos políticos que habían sido saqueados, así como las residencias privadas de sus miembros. Dado que en una sociedad organizada nadie tiene el derecho a tomar la justicia en sus propias manos, se puso en marcha una acción pública en contra de los autores de estos actos. El ramo de olivo fue, una vez más, rechazado.

Luego del ataque del 17 de diciembre de 2001, se inició una acción pública de conformidad con los artículos 63 y siguientes del Código Penal, a saber, los artículos 68, 69, 71, 73 y 77 del mismo código. Las personas arrestadas en el marco de estas acciones hicieron revelaciones que fueron consignadas en las actas y que están a la disposición de todo aquel que quiera consultarlas. Las víctimas de este ataque son numerosas tanto entre los miembros de la PNH como en la población civil.

No obstante, en cuanto a las acciones civiles, el 9 de julio de 2002 se concluyó y firmó un acuerdo entre los abogados de los partidos políticos afectados, las víctimas de la Policía Nacional, la población civil y el Estado haitiano, con miras a llegar a una solución amistosa a partir de un proceso bien definido, en aras del interés nacional.

1.1. Programa de indemnización de las víctimas

Los sucesos del 17 de diciembre de 2001, que se produjeron menos de seis meses después de los hechos no menos sangrientos del 28 de julio del mismo año, responden a la tradición de nuestras luchas y nuestra turbulencia políticas. Las armas hurtadas y utilizadas durante el ataque a la Academia de Policía y a la comisaría de la policía en Pétion-Ville y Belladère reaparecieron en el Palacio Nacional –llevadas allí por los asaltantes– la noche del 17 de diciembre. Hemos de admitir entonces que existe una correlación directa entre estas dos acciones. No obstante lo obvio que resultan estos hechos, que ameritan sanciones penales, el gobierno optó por privilegiar la vía del diálogo a fin de no comprometer las negociaciones políticas en curso. Es bajo esta perspectiva que se firmó, el 9 de julio de 2002, el acuerdo que consagra las indemnizaciones que trata, precisamente, la resolución 822 de la OEA.

Estas indemnizaciones abarcan indistintamente a todas las categorías de víctimas, independientemente de su filiación política. Los primeros fondos disponibles fueron entregados prioritariamente a los partidos políticos y organizaciones de la oposición, en el ánimo de preservar el pluralismo político. Hasta la fecha, se han facilitado 34 millones de gourdes, y se continúan las conversaciones con la OPL y el CHRESFED, organizaciones a las que se propuso indemnizaciones que llegan a 35 millones de gourdes. Adicionalmente, se negoció un monto equivalente a US$150.000 para el Instituto Francés de Haití, monto que será entregado dentro de muy poco tiempo.

Con estas acciones, el gobierno no pretende sustraerse de sus compromisos para con las otras categorías de víctimas, a saber, las de la Policía Nacional de Haití, de Fanmi Lavalas y de la población. Es por ello que el gobierno ha dado inicio al proceso de constitución de un Fondo en beneficio de las víctimas.

Este programa de indemnizaciones no debe, bajo ningún concepto, interpretarse como un reconocimiento de culpa de parte del gobierno.

1.2. Procesamiento judicial

En Port-au-Prince.-

Se celebró una audiencia con las siguientes personas en calidad de testigos:

Richardson Pierre, 17 de diciembre de 2001 y 4 de enero de 2002
Patrick Robinson, 18 de diciembre de 2001
Raphaël Bertin, 18 de diciembre de 2001
Désir Smith (USP), 19 de diciembre de 2001
Byron Jean Ferdinand, 25 de enero de 2002
Techlet Elien, 29 de enero de 2002
Miracia Pierre, 29 de enero de 2002
Marie Rose Célimé, 29 de enero de 2002
Fantzo Lahens, 29 de enero de 2002
Jean Petit-Frère, 29 de enero de 2002
Jean Joseph Calixte Adelson, 29 de enero de 2002
Célestin Hébert Moïse, 29 de enero de 2002
Brevil Jean Roma, 1 de febrero de 2002
Astrel Jean Guy, 1 de febrero de 2002
Paul Denis, 21 de febrero de 2002
Jean Raymond Philippe, 6 de marzo de 2002
Michelet Bonhomme, marzo de 2002
Nazaire Jacques Anthony, 8 de marzo de 202
Victor Benoît, 12 de marzo de 2002
Edgard Leblanc Fils, 15 de marzo de 2002
Germain Jean Colson, 15 de marzo de 2002
Victor Benoît, 15 de marzo de 2002
Edgard Leblanc Fils, 19 de marzo de 2002
Onel Jean, 28 de marzo de 2002
Frantz Gabriel, 28 de marzo de 2002
Evantz Paul, 9 de abril de 2002
Jean Dady Siméon, 18 de abril de 2002
André Jean, 16 de mayo de 2002
Jean Claude Dieuveu, 16 de mayo de 2002
Olys Céguy, 16 de mayo de 2002
Moricette Ednor, 3 de julio de 2002
Duck Jack Ulh, 4 de julio de 2002
Guyler Delva y Telson Fleurismé, 10 de junio de 2002
Guyler Delva y Telson Fleurismé, 24 de junio de 2002
Guyler Delva, 28 de junio de 2002
Telson Fleurismé, 28 de junio de 2002
Prince Sonson Pierre, 27 de junio de 2002
Raphael Gérôme, 23 de mayo de 2002
Merzine Gracia, 14 de mayo de 2002

Fueron atendidos en audiencia los demandantes siguientes:

Raynold Georges, 27 de marzo de 2002
Evans Paul, 4 y 9 de abril de 2002
Paul Denis, 5 de marzo de 2002
Victor Benoît, 15 de marzo de 2002
Edgard Leblanc Fils, 9 de abril de 2002

Se celebró una audiencia con los siguientes inculpados:

Richardson Pierre, 4 de enero de 2002
Saati Antoine, 11 de enero de 2002
Guy André François, 11 de enero de 2002
Jean Dumel, 3 de enero de 2002
Jean Max Louis, 3 de enero de 2002
Préval Enéus, 3 de enero de 2002
Jean Baptiste Etienne, 16 de enero de 2002

Se emitieron órdenes de comparecencia a nombre de:

Gardy Registre, 3 de junio de 2002
Désir Micanol, 15 de febrero de 2002
Jean Joseph Lacroix, 15 de febrero de 2002
Grandin Daryl, 15 de febrero de 2002
Salomon Ravick, 15 de febrero de 2002
Edmond Jean Decir, 15 de febrero de 2002
Gabriel Linaly, 15 de febrero de 2002
Dérivière Jean Leccy, 15 de enero de 2002
André Wigline, 15 de enero de 2002
Stanley Prophète, 15 de enero de 2002

Se emitieron autos de detención preventiva contra las siguientes personas, entre otras:

Saati Antoine, 11 de enero de 2002
Guy André François, 11 de enero de 2002
Richardson Pierre, 4 de enero de 2002

El expediente fue remitido a la Fiscalía para una acusación definitiva en fecha 29 de julio de 2002. La Fiscalía devolvió el expediente al despacho de instrucción el 25 de septiembre de 2002 con un pedimento supletorio de la opinión de la Fiscalía:

· Bel Chrisnor y Jean Dieugrand, dos policías que fueron atendidos en Cuba, deben comparecer ante el Despacho de Instrucción Penal.

· La señora Micheline Compère, quien introdujo una demanda recientemente, debe también ser escuchada por el Despacho de Instrucción Penal.

El juez a cargo de la causa, con el fin de lograr que se manifieste la verdad, decidió proceder de la siguiente manera:

· Careo entre los abogados Reynold Georges y Gardy Registre

· Careo entre los abogados Reynold Georges e Immacula Joseph

· Careo / Confrontación entre el senador Prince Pierre Sonson y el profesor Victor Benoît

El expediente sigue su curso.

En Les Cayes.-

Demanda del señor Joseph Robert Jeune, incoada el 15 de abril de 2002, contra :

– Jean Lamour

– Djimmy, único nombre que se le conoce

– Lucien Orgella, alias Tipistol

– Claude Cadet, alias Ti Chif

– Castel, único nombre que se le conoce

– Romain Hilaire

– Joel Pilorge

– Patrick Laguerre

– Jean Robert Marcellin

– Saint-Jean Louis Martial

– Ronald Félix

– Varnel Dulcé

– Bout Tonton

– Jojo, único nombre que se le conoce

Pospuesto el inicio de la acción pública por la no presentación de la cédula de identificación tributaria del demandante, el señor Joseph Robert Jeune.

Demanda de los señores Orélien Rémy, Petit-Frère André, Sergent Sony, Etienne Jean Loucène, Cadet Sorel, Pierrot Lindor, Sylius Jude Ketler y Léon Moïse, incoada el 30 de abril de 2002, contra:

– Joel Pilorge

– Lucien Orgella

– Sergo Métellus

– Norma Forté

– Jean Lamour

– JeanRobert Marcelin

– Romain Hilaire

Medida de dar por terminado el caso y de no continuación de la demanda mencionada adoptada por la Fiscalía de Les Cayes, el 3 de mayo de 2002 (véanse documentos anexos).

En Petit-Goâve.-

- Demanda de Déus Jean-François, incoada el 18 de diciembre de 2001, contra:

– Yves Jolifis, alias Jojo

– Ti Yanyan, único nombre que se le conoce

– Harry, único nombre que se le conoce

– Mackenzy, único nombre que se le conoce

– Franzi Samedi

– Valano, único nombre que se le conoce

– Ogou Lindor, único nombre que se le conoce

– Axel Jean-Louis

– Tataille James

Expediente referido al despacho de instrucción, por pedimento de información de la Fiscalía de Petit-Goâve, el 22 de enero de 2002.

Atestado de audiencia de Déus Jean-François, el 18 de abril de 2002.

– Demanda del señor Jean M. Jasmin contra Jolifils y Emmanuel Pascal, el 5 de enero de 2002.

Expediente referido al despacho de instrucción, por pedimento de información de la Fiscalía de Petit-Goâve, el 10 de enero de 2002.

Atestado del señor Jean M. Jasmin, el 24 de enero de 2002.

– Demanda de la señora Marie-Rose Coicou, el 7 de enero de 2002, contra:

– Joseph Frantz,

– Joseph Raymond

– Michel Antoine

– Pascal Emmanuel

– Augou, único nombre que se le conoce

– Renald, único nombre que se le conoce

– Jojo, único nombre que se le conoce

Despacho de instrucción retenido por la Fiscalía de Petit-Goâve, el 19 de marzo de 2002.

Atestado de audiencia de Marie-Rose Coicou, el 18 de abril de 2002, por parte del despacho de instrucción de Petit-Goâve.

Demanda de Jean Ednor Cossogu, el 22 de diciembre de 2001, contra:

Pascal Emmanuel

Ti Yanyan, único nombre que se le conoce.

Expediente referido al despacho de instrucción por pedimento de la Fiscalía de Petit-Goâve, el 22 de enero de 2002.

Atestado de audiencia de Jean Ednor Cossogu por parte del despacho de instrucción.

Demanda de la señora Denise Osias, el 21 de enero de 2002, contra Joseph Raymond y cómplices

Expediente referido al despacho de instrucción por pedimento de información de la Fiscalía, el 24 de enero de 2002.

Demanda de Constael Adrien, el 23 de enero de 2002, contra X.

Expediente referido al despacho de instrucción, el 4 de febrero de 2002, por la fiscalía de Petit-Goâve.

Atestado de audiencia del señor Constael Adrien, el 18 de abril de 2002.

Demanda de la señora Lanette Dérisier contra X, el 29 de diciembre de 2001.

Expediente referido al despacho de instrucción, el 22 de enero de 2002, por la Fiscalía de Petit-Goâve.

La instrucción del conjunto de expedientes mencionados permanece abierta.

En la zona de Gonaïves

Encarcelado por otra causa, Amiot Métayer (alias Cubain), estaba a disposición de la justicia cuando, el viernes 2 de agosto de 2001 la prisión de Gonaïves fue atacada por un grupo de manifestantes que provocó la evasión de 159 detenidos y reos, entre ellos Jean Totoune, condenado a cadena perpetua en noviembre de 2000 en el juicio de la masacre de Raboteau, y el mismo Amiot Métayer.

Al tiempo que evita recurrir a acciones perjudiciales para la población de Raboteau, aún traumatizada por los sangrientos sucesos del 22 de abril de 1994, la justicia haitiana adopta todas las medidas legales pertinentes para que el fugitivo regrese a su celda y responda antes sus jueces por los hechos y actos de que se le acusa.

El despacho de instrucción de la zona de Gonaïves recibió una demanda relacionada con los hechos del 17 de diciembre de 2001.

LOS ACONTECIMIENTOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2001

Luego de los pedimentos de información de la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Port-au-Prince, de fecha 21 de diciembre de 2001, el juez de instrucción de dicho tribunal, Bernard St-Vil, dio inicio a una investigación dirigida a identificar y traer ante la jurisdicción pertinente, de conformidad con la ley, a todas las personas implicadas en los actos de violencia del 17 de diciembre de 2001 y contra las cuales se hubiesen presentado suficientes cargos, sin distingos de afiliación a organizaciones o grupos políticos.

Durante la conducción de esta investigación judicial, varias personas fueron detenidas como medida preventiva, mientras que otras siguen siendo activamente buscadas.

En este proceso fue arrestado Gardy Registre, presunto autor del incendio del local del partido político ALAH del abogado Reynold Georges. Se emitieron dos órdenes de arresto contra dos delegados municipales del partido Fanmi Lavalas: Anolex Obas e Immacula Joseph, inculpados igualmente de haber incendiado, conjuntamente con Registre, el local del abogado Reynold Georges.

El senador Prince Sonson Pierre fue recibido en audiencia ante el despacho de instrucción en el marco del expediente sobre el incendio de la residencia del señor Gérard Pierre Charles de la OPL.

Los Comisarios de Policía Raymond Jean Philippe, del Servicio de Investigación contra Pandillas, y Byron Jean Ferdina, responsable de la Comisaría de Thomazeau, comparecieron como testigos.

Las víctimas tanto de la oposición política como de la policía y las autoridades tuvieron igualmente una audiencia ante el despacho de instrucción. Fue así que los señores Reynold Georges del partido ALAH, Evans Paul del KID, Victor Benoît, Paul Denis y otras personas debieron comparecer ante el despacho de instrucción.

El juez celebró una audiencia para escuchar a Jean Nazaire, Durk Jacques ULH, Moriette Ednor, Jean Dieugrand y Bel Christnor, todos funcionarios de la policía y víctimas de los actos de violencia del 17 de diciembre de 2001.

También se escuchó el testimonio del funcionario policial Technet Elien, quien fuera herido de bala. El policía Breville Jean Roma, a quien debió amputarse un brazo, además de Astrel Jean Guy, miembro del CASEC de Thomazeau, Frantzo Lahens, Miracia Pierre, Dieuveut Jean y Seguy Holly, todos heridos de bala durante los sucesos, presentaron sus testimonios.

En el mes de julio de 2002, el expediente fue referido a la Fiscalía del Tribunal Civil de Port-au-Prince para una acusación definitiva con miras a poner fin a la investigación. Pero el 25 de septiembre de 2002, el expediente fue devuelto al despacho de instrucción junto con un pedimento supletorio del Comisionado de Gobierno, en el cual solicitaba una audiencia para varias personas que él mismo había identificado. A tal efecto, se emitieron citaciones y órdenes de comparecencia para estas personas, quienes ya han comparecido o deberán comparecer ante el despacho de instrucción a los fines que dicta la ley.

En virtud de lo anterior, según el juez Bernard St-Vil, quien conoce de la causa, entre la presente fecha y el mes de diciembre de 2002, el expediente será concluido y las personas inculpadas serán llevadas a la justicia.

2. DESARME Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS

Desde los años 1986-87, se ha observado cierta proliferación peligrosa de armas de fuego en el país. Al amparo del artículo 268.1 de la Constitución, que dispone de forma imperativa que “Toda persona tiene derecho a la defensa propia con armas en los límites de su domicilio”, muchas personas han adquirido armas de fuego. Sin preocuparse por las engorrosas formalidades estipuladas por la ley sobre porte de armas, estas personas han entrado en posesión no sólo de armas de defensa, sino también de armas de toda índole, la mayoría de ellas prohibidas.

El gobierno está consciente de esta situación, que no ha generado y que constituye un delito permanente y, como tal, una violación de la ley, por lo cual ya ha adoptado todas las disposiciones necesarias para normalizar la situación en el marco del respeto de la ley y la Constitución. En este espíritu, se ha implementado un programa compuesto por distintos elementos:

· Campaña de concientización mediante anuncios publicitarios en los medios de comunicación del país. Esta actividad ya está en marcha.

· Programa de compra de armas. El gobierno aceptó pagar el doble del precio de compra con el objeto de incitar a los propietarios de armas ilegales a deshacerse de ellas. Desafortunadamente, concluyó el plazo previsto para esta operación sin que se hayan alcanzado resultados concluyentes.

· Cacheos sistemáticos e indagaciones domiciliarias. Estas actividades se realizan periódicamente con la intención de recuperar las armas de posesión ilegal, así como aquellas que no entran dentro de la categoría prevista en el artículo 268.1 de la Constitución. Los cuadros siguientes permiten presentar los primeros resultados obtenidos, si bien es cierto que queda aún queda mucho por hacer.

Balance de las armas incautadas al:

9 de julio de 2002

Lugar

Armas clásicas

Armes caseras

CM-PAP

CM- Delmas

CM-Cité Soleil

CM-Carrefour

CM-Pétion-Ville

Total

12 de agosto de 2002

Tipo T65 Gallile UZ1 Fusil 12 9 MM

Total 720 980 432 68 300

Resumen estadístico de armas incautadas en el marco de la Operación Huracán II

Actividades

Cocaína

Barcos

Casas

Vehículos

Personas

Armas

Decomisado(a)s

Inspeccionados

Investigado(a)s

Interpeladas

Arrestadas

526

1480

Balance de armas incautadas en el marco de la Operación “Huracán II” por Departamento

Actividades

DDO

DDNO

DDN

DDA

DDNE

DDS

DDC

DDSE

DDGA

c.d

M.d

P.A

P.I

B.I

B.C

1059

137

Abreviaturas

C.S = Cocaína decomisada

M.S = Marihuana decomisada

P.A = Personas arrestadas

P.I = Personas interpeladas

B.I = Barcos inspeccionados

V.I = Vehículos inspeccionados

V.C = Vehículos confiscados

R.I = Residencias investigadas

A.C = Armas confiscadas

Cuadro general de armas incautadas por la PNH en el Departamento del Oeste, en el transcurso del mes de octubre de 2002.

Lugar Armas clásicas Armas caseras

Comisaría de Port-au-Prince 6 2

Comisaría de Delmas 14 11

Comisaría de Cité Soleil 10 6

Comisaría de Carrefour 1 -

Comisaría de Pétion-Ville 1 -

Total Com/DDO 32 19

Total DDO 2 -

Total DCPJ 5 -

Huracán

Total 39 19

Fuentes: Dirección del Departamento del Oeste y Dirección Central de la Policía Judicial de la PNH.

Hemos de destacar que el mes de octubre fue decisivo para las autoridades policiales: se realizaron cacheos en las zonas suburbanas de alto riesgo. Se recuperaron 22 armas de guerra de todo calibre en Cité Soleil el 18 de octubre pasado; numerosas personas fueron arrestadas.

El 22 de octubre se ejecutó una operación similar en la Saline, durante la cual se incautaron 15 armas de fuego. Las personas arrestadas fueron entregadas a la justicia para los trámites legales de rigor.

· Reforzamiento del marco legal. Se ha previsto la elaboración de un proyecto de ley destinado a normar las actividades de las empresas privadas de seguridad.

· Definición de un nuevo plan de desarme en el marco de una asistencia técnica de la OEA. El gobierno, con el objeto de continuar la campaña de desarme, solicitó una asistencia técnica a la OEA. Altos funcionarios del gobierno y la policía nacional participaron en un seminario de formación sobre desarme organizado por la Misión Especial de la OEA los días 28 y 29 de octubre de 2002 en Port-au-Prince. Durante el seminario, numerosos expertos internacionales en desarme compartieron sus experiencias en otros países.

Conviene destacar que, tanto en el país como en el exterior, por lo general las armas sirven de cobertura para los traficantes de estupefacientes. Con frecuencia los traficantes, que tienen mucha movilidad en Haití, se aprovechan de la configuración geográfica del país y de la debilidad numérica y de equipos de la PNH para generar un clima de inseguridad propicio para sus fechorías. Ante esta situación, en 1997, el gobierno de entonces había concluido un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos, acuerdo que tiene actualmente una aplicación limitada.

Los sectores implicados en las actividades delictivas están interesados, como bien ha de comprenderse, en mantener una atmósfera favorable a la ejecución de tales actos. Intentan por todos los medios, hasta los más tortuosos, hacer fracasar la acción de la PNH. No obstante, a pesar de las posibilidades relativamente limitadas de que dispone en razón, como bien es sabido, de las múltiples restricciones que afectan al país, la policía logra cumplir, cada vez en mayor medida, el control del tráfico de drogas de todo tipo. El cuadro siguiente revela los resultados obtenidos entre enero de 2002 y el 28 de octubre pasado.

#	Fecha y lugar de la incautación	Personas arrestadas	Cantidad de estupefacientes incautada
1	15 de enero de 2002, Gonaïves	- Belony Ernst - Daniel Zamor - Erick Jérome	1 kilo de polvo que resultó negativo a la prueba de cocaína
2	29 de enero de 2002, Aquin	N/D	98,6 kilos de marihuana
3	20 de enero de 2002, Port-au-Prince	Chiron Wesnel	1 kilo de polvo que resultó negativo a la prueba de cocaína
4	24 de febrero de 2002, Port-au-Prince	- Marcelus Jean Wilson - Jérome Julien	4,5 kilos de cocaína
5	10 de marzo de 2002, aeropuerto de Port-au-Prince	- Crislow Carlène	5, 22 kilos de cocaína
6	18 de marzo de 2002, aeropuerto de Port-au-Prince	- Astrude Salomon	1 kilo de cocaína
7	22 de marzo de 2002, Cayes	N/D	50,45 kilos de cocaína
8	02 de abril de 2002, aeropuerto de Port-au-Prince	MarieLithorne Lezin Dessous Carole Lezin	03 kilos de cocaína
9	17 de abril de 2002, aeropuerto de Port-au-Prince	Adolphe Pierre Chancy, haitiano	12 kilos de cocaína
10	25 de mayo de 2002, aeropuerto de Port-au-Prince	Devra Louise Flowers	06 kilos de cocaína
11	26 de mayo de 2002, , aeropuerto de Port-au-Prince	Jerome Marie Medgine	1 kilo de cocaína
12	28 de mayo de 2002, aeropuerto de Port-au-Prince	Michel Dorsainvil	3,63 kilos de cocaína
13	1 de junio de 2002, aeropuerto de Port-au-Prince	Dorothy Louis	01 kilo de cocaína
14	1 de julio de 2002, Saint-Marc	N/A	04 kilos de cocaína
15	23 de julio de 2002, Delmas 31	Salim Jean Batrony, haitiano xxxxxxxxxxxxxx, haitiana xxxxxxxxxxxxxx, haitiana xxxxxxxxxxxxxx, haitiana	58 kilos de cocaína
16	14 de agosto de 2002, APN	N-D	165 kilos de cocaína
17	16 de octubre de 2002, aeropuerto de Port-au-Prince	Aballard Carl Junior	04 libras de cocaína
18	28 de octubre de 2002, aeropuerto de Port-au-Prince	Petit-Homme Félix, haitiano	3,6 kilos de cocaína

Fuentes: Oficina de BLTS de la PNH

Huelga decir que los esfuerzos desplegados por el gobierno para ejercer un control cada vez más eficaz tanto sobre la proliferación de armas de fuego como sobre la práctica del tráfico de estupefacientes han contribuido a un mejoramiento verdaderamente considerable del clima de seguridad en el país. También ha hecho un gran aporte el esfuerzo de la PNH en el transcurso de los últimos meses para ejercer una mejor vigilancia de las calles y barrios de alto riesgo. Las agresiones, los asaltos a mano armada y los secuestros han acusado una disminución importante, para la evidente satisfacción de los ciudadanos, los comerciantes, la policía, las autoridades y los visitantes.

3.1. EXPEDIENTE DE BRIGNOL LINDOR

El juez Fritzner Duclair, encargado de instruir el expediente de Brignol Lindor por el pedimento de información de la Fiscalía de Petit-Goâve de fecha 21 de diciembre de 2001, realizó su trabajo de conformidad con la ley. Había acusado a 28 personas y escuchado a varios testigos en el transcurso de la instrucción del caso.

En una ordenanza emitida con fecha 16 de septiembre de 2002, el magistrado instructor de la causa levantó las acusaciones contra 18 de los inculpados y conservó cargos e indicios suficientes contra los otros 10, a saber:

– Joubert Saint-Juste,

– Maxi Zéphyr,

– Fritznel Doudoute, también llamado Nenèl Doudoute,

– Bernard Dessamo,

– Simon Cétoute,

– Tiresias, alias Terray,

– Fritzner Duverger,

– Makenzy, único nombre que se le conoce,

– Jean Rémy, único nombre que se le conoce

– Bellony, único nombre que se le conoce.

Estos acusados fueron remitidos ante la jurisdicción correspondiente para ser juzgados.

Es importante destacar que se realizaron dos impugnaciones contra la ordenanza del juez de instrucción los días 1 y 3 de octubre de 2002, respectivamente, por el señor Joseph Guyler C. Delva, Secretario General de la Asociación de Periodistas de Haití (AJH), representante especial de la familia Lindor representada por el señor Moreno Lindor, hermano de la víctima, y Denis Laguerre, en su calidad de representante especial de los señores Belosier Lindor y Moreno Lindor, padre y hermano del periodista asesinado.

Con la apelación en suspenso, el Tribunal de Primera Instancia de Petit-Goâve espera el fallo del Tribunal de Apelaciones de Port-au-Prince para decidir la orientación del procedimiento, luego de que se confirme o invalide la ordenanza del juez de instrucción. Y cabe señalar que la decisión del Tribunal de Apelación puede también implicar la apertura de un recurso de casación de conformidad con la ley de Haití.

Conviene mencionar que dos de los diez acusados están actualmente encarcelados, mientras que los ocho que están prófugos son activamente buscados por la policía.

Siendo la justicia un poder independiente, el gobierno no puede obligar a las autoridades judiciales a obviar el procedimiento estipulado por las leyes. Sin embargo, convendría llamar la atención de todas las partes interesadas al hecho de que el expediente se mantiene abierto y activo y sigue su curso normal.

3.2 EXPEDIENTE DE JEAN DOMINIQUE/JEAN-CLAUDE LOUISSAINT

El expediente de Jean Dominique/Jean-Claude Louissaint sufre cierto retardo que puede imputarse, por una parte, a la precipitación con que se ha buscado una solución rápida y hasta espectacular y, por la otra, la inmensa cobertura en los medios nacionales e internacionales que se ha generado por la relevancia de la figura misma de Jean Dominique, director de medios de comunicación dedicado a la causa democrática en Haití. Pero una instrucción penal toma siempre cierto tiempo. Se trata incluso de una exigencia del proceso, para evitar que las pasiones ejerzan una influencia nefasta sobre la serenidad tanto de los jueces como de los miembros del jurado, pues se trata de un asesinato. El Presidente de la República en aquel entonces, señor René Préval, no escatimó la colaboración del Estado para hacer avanzar este expediente. El entonces presidente aceptó poner a la disposición del juez instructor encargado de la investigación medios no acostumbrados y desproporcionados en comparación con los otros jueces y los otros casos sometidos a juicio.

Cabría recordar, por lo demás, que ciertos hechos obstaculizaron el desarrollo normal de la instrucción. En las horas siguientes al atentado perpetuado contra Jean Dominique y Jean-Claude Louissaint, los oficiales de la Policía Judicial, en particular el Juez de Paz y el Comisionado del Gobierno, en lugar de desplazarse al lugar de los hechos para constatar el drama y recoger las declaraciones de los testigos, se precipitaron todos al hospital al cual habían sido transportadas las víctimas. No fue sino mucho después que se inició la investigación, lo cual ha debido privar al juez de instrucción de una serie de elementos que le habrían resultado indispensables para tomar una decisión juiciosa sobre las pistas que debía explorar.

Además de estas negligencias iniciales, debe tenerse igualmente presente que el expediente pasó del juez Jean Sénat Fleury al juez Claudy Gassant, quien dio al mismo un trato signado por la cobertura de los medios de comunicación. Estando en el extranjero, el juez estimó que no era oportuno retomar su cargo, no obstante haber sido renovado su mandato al mes de enero de 2002. De esta forma, la instrucción del expediente fue asignada a un nuevo juez, Bernard St-Vil.

Desde la primera semana de este drama, las autoridades judiciales adoptaron todas las disposiciones necesarias para encontrar al culpable o los culpables y de castigarlos conforme a la ley. Es por ello que desde el mes de abril de 2000, fecha del asesinato, hasta la fecha, se han desplegado esfuerzos para permitir a los distintos jueces que se han sucedido en el procesamiento del expediente concluir la investigación.

El último juez de instrucción, a cargo del expediente desde julio de 2002, es el juez Bernard St-Vil. El juez ha realizado una serie de audiencias y careo de testigos.

Ante el juez han comparecido la señora Michelle Montas Dominique, en calidad de parte civil, el senador Dany Toussaint y los señores Willy Lubin y Mario Joseph. El juez escuchó nuevamente a los acusados Ralph Léger, Ralph Joseph, Freud Junior Démaratre, Philippe Markenton y Dominique Fritzner, igualmente en prisión en razón de la investigación

El juez St-Vil prevé también escuchar al antiguo alcalde adjunto de Port-au-Prince, señor Harold Sévère, al inspector general de la policía en funciones, señor Jean Robert Ester, a Gadner Belfot, ex-director de la policía judicial, y al señor Mario Andrésol, actualmente fuera del país.

El juez de instrucción, Bernard St-Vil, dio a entender que, con toda probabilidad, el expediente podría concluirse y remitirse en el transcurso del mes de diciembre de este año a la Fiscalía a los fines de una acusación definitiva, en vista de la ordenanza de conclusión de la policía.

Expediente de Jean Dominique / Jean-Claude Louissaint (continuación)

Las siguientes personas comparecieron en audiencia:

– Audiencia del testigo Cadner Belfort en el despacho del juez de instrucción Bernard Saint-Vil, el 4 de septiembre de 2002;

– Interrogatorio del acusado Freud Junior Desmarattes en el despacho del juez de instrucción Pierre Josiard Agnant, el martes 12 de marzo de 2002;

– Interrogatorio del acusado Freud Junior Desmarattes en el despacho del juez de instrucción Bernard Saint-Vil, el martes 27 de agosto de 2002;

– Interrogatorio del acusado Jeudi Jean Daniel en el despacho del juez de instrucción Pierre Josiard Agnant el 26 de marzo de 2002;

– Interrogatorio del acusado Jeudi Jean Daniel en el despacho del juez de instrucción Bernard Saint-Vil, el miércoles 21 de agosto de 2002;

– Interrogatorio del acusado Dymsley Millien en el despacho del juez de instrucción Bernard Saint-Vil, el 21 de agosto de 2001;

– Audiencia del señor Mario Joseph en el despacho del juez de instrucción Bernard Saint-Vil, el 18 de octubre de 2002;

– Audiencia el señor Willy Lubin en el despacho del juez de instrucción Bernard Saint-Vil, el 13 de septiembre de 2002;

– Interrogatorio del acusado Philippe Markington el 5 de septiembre de 2002;

– Careo entre el abogado Willy Lubin y los acusados Dymsley Millien y Jeudi Jean Daniel, el 24 de octubre de 2002 ;

– Audiencia de la viuda Michèle Montas Dominique en el despacho del juez de instrucción Pierre Josiard Agnant, el lunes 25 de febrero de 2002;

– Audiencia de la viuda Michèle Montas Dominique en el despacho del juez de instrucción Bernard Saint-Vil, el lunes 19 de agosto de 2002;

– Interrogatorio del acusado Ralph Joseph en el despacho del juez de instrucción Pierre Josiard Agnant, el 12 de marzo de 2002;

– Interrogatorio del acusado Ralph Joseph en el despacho del juez de instrucción Bernard Saint-Vil, el 3 de septiembre de 2002;

– Interrogatorio del acusado Ralph Léger en el despacho del juez de instrucción Pierre Josiard Agnant, el 13 de marzo de 2002;

– Interrogatorio del acusado Ralph Léger en el despacho del juez de instrucción Bernard Saint-Vil, el 29 de agosto de 2002;

– Interrogatorio del acusado Dany Toussaint en el despacho del juez de instrucción Pierre Josiard Agnant, el 27 de febrero de 2002;

– Interrogatorio del acusado Dany Toussaint en el despacho del juez de instrucción Bernard Saint-Vil, el 22 de agosto de 2002.

DERECHOS HUMANOS

4. Implementación de un programa de rehabilitación de prisioneros

El mes de octubre del año en curso fue decretado el “mes de los prisioneros”. Se organizaron actividades especiales para conmemorar el Día Internacional de los Detenidos, el 27 de octubre.

En dicha ocasión, el Presidente de la República se trasladó hasta la Penitenciaría Nacional con el objeto de constatar las condiciones de detención del centro penitenciario más grande del país.

Además de los esfuerzos desplegados desde hace ya varios meses para mejorar las condiciones de los detenidos (alimentación, condiciones de higiene, actividades de recreación, etc.), se han puesto en marcha actividades de rehabilitación propiamente dicha: inicio de un programa de alfabetización, inauguración de un centro de informática, un taller de ebanistería, herrería, pintura, etc.). Las relaciones humanas entre agentes y detenidos fueron calificadas de respetuosas por estos últimos.

Al concluir su visita, el Jefe del Estado prometió a los detenidos mejorar aún más sus condiciones. Anunció la implementación expedita de un programa de procesamiento acelerado de los expedientes. Al día siguiente, el Ministro de Justicia creó una comisión especial integrada por comisionados del gobierno y jueces de instrucción con el mandato de actuar para reducir en la medida de lo posible el número de personas sometidas a una detención preventiva prolongada.

Al 30 de octubre, es decir, dos días después de su formación, la comisión ya había procedido a liberar a 24 detenidos. Bajo la misma tónica, pronto habrán de celebrarse audiencias correccionales y penales extraordinarias, sin la asistencia de jurado, al igual que en las jurisdicciones de provincia donde se han tomado las mismas medidas en ocasión de las fechas indicadas.

5. FORMACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL PROVISIONAL

En el marco de la resolución 822 de la Organización de los Estados Americanos, el Presidente Jean-Bertrand Aristide realizó diversos trámites tendientes a la formación del Consejo Electoral Provisional. Seguidamente se hace un resumen de tales pasos:

1. El Presiente de la República se comunicó telefónicamente con varios representantes de partidos políticos de la oposición, en particular con Gérard Pierre Charles y Michard Gaillard, de la Convergencia Democrática.

2. El Presidente de la República organizó varias reuniones de trabajo con los principales sectores interesados en la cuestión electoral: la Conferencia Episcopal Haitiana, la Iglesia Episcopal de Haití, la Federación Protestante de Haití, Justicia y Paz, los organismos de defensa de los derechos humanos, la Cámara de Comercio e Industria de Haití, varios otros partidos políticos, así como otros sectores de la iglesia protestante, el partido Fanmi Lavalas y el poder judicial.

3. Las cinco primeras instituciones citadas en el punto (2), tras haber realizado el proceso de designación en su sector, remitieron el 5 de octubre de 2002 una carta dirigida al Presidente de la República en la cual solicitaban al gobierno que, antes de comunicar el nombre de su representante ante el CEP, se solicitase a la OEA una asistencia técnica para la PNH para la elaboración de un plan de seguridad de cara a las próximas elecciones.

4. El 29 de octubre de 2002, el gobierno remitió una solicitud formal de asistencia técnica de la OEA en materia de seguridad electoral. Este trámite busca satisfacer las exigencias de las instituciones que participan en el establecimiento del CEP.

5. El 31 de octubre de 2002, el Jefe de la Misión Especial de la OEA en Haití, Embajador David Lee, respondió favorablemente a la solicitud del gobierno.

6. El 28 de octubre de 2002, y conforme a las instrucciones del Presidente de la República, el Canciller de Haití, Excelentísimo señor Joseph Philippe ANTONIO, envió una carta a los distintos sectores en la cual los invita a designar a sus respectivos representantes que han de formar parte del CEP.

1. En el proceso de las negociaciones el equipo de mediación de la OEA adoptó un método de dos fases para resolver la crisis: un acuerdo inicial sobre algunos temas clave, que debía ser seguido, más tarde por un acuerdo global sobre una gama más amplia de asuntos. Se logró convenir la mayor parte de los elementos del Proyecto de Acuerdo Inicial, pero no hubo consenso sobre otros cuando el proceso llegó a su fin, en julio de 2002.

2. Según datos en http://www/oanda/com/convert/classic el 26 de noviembre de 2002.

3. Aunque se comprende que la práctica en Haití consiste en garantizar la confidencialidad de estas actuaciones, el Gobierno decidió incluir el informe de investigación del magistrado instructor anterior, entregado el 8 de junio de 2001, en el Informe dado a publicidad el 4 de noviembre.

4. To Para consultar los anexos mencionados en este documento, véase CP/doc.3666/02.