D. 73.
XXXIV.
Duhalde, Mario Alfredo c/Organización Panamericana de
la Salud –Organización Mundial de la Salud- Oficina Sanitaria
Panamericana s/ accidente- ley 9688.
Corte Suprema
de Justicia de la Nación
Buenos Aires, 31 de agosto de
1999.-
Vistos los autos: “Duhalde,
Mario Alfredo c/ Organización Panamericana de la salud –Organización
Mundial de la Salud‑ Oficina Sanitaria Panamericana s/ accidente‑ley
9688”.
Considerando:
l°) Que la Sala VIII de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo, al confirmar lo resuelto en la
instancia anterior, rechazó la excepción de incompetencia deducida
por la demandada con sustento en el privilegio de inmunidad de
jurisdicción. Contra tal pronunciamiento se interpuso el recurso
extraordinario concedido a fs. 317.
2°) Que para así decidir el
tribunal tuvo en cuenta ‑con remisión a lo dictaminado por el
Procurador General del Trabajo‑ que la presente causa era
sustancialmente análoga a la causa “Manauta”, en la que la Corte
Suprema ‑adhiriendo a la teoría restringida en materia de
inmunidad de jurisdicción‑ decidió excluir de dicha
prerrogativa todo lo relativo al cumplimiento de obligaciones
laborales y previsionales.
3°) Que el recurrente sostiene,
en síntesis, que la doctrina judicial emanada de la sentencia
“Manauta” (Fallos:
3l7:l880} no es aplicable al caso de autos, por ser propia de un
Estado extranjero y no de organismos internacionales y por existir a
disposición de la actora vías alternativas adecuadas para la
resolución de su reclamo.
4°) Que la resolución
cuestionada es equiparable a definitiva a los fines del art. 14 de la
ley 48, puesto que por su índole y sus consecuencias, puede llegar a
frustrar el derecho federal invocado, acarreando perjuicios de
imposible o tardía reparación ulterior. Este último criterio
resulta aplicable al caso pues tal decisión importa privar a la
apelante de la inmunidad que alega en virtud de revestir el carácter
de una organización internacional.
5°) Que el recurso extraordinario
es formalmente admisible pues se halla en tela de juicio el
reconocimiento del privilegio de inmunidad de jurisdicción de una
organización internacional, lo cual entraña la interpretación de
normas federales y la decisión ha sido contraria a los derechos que
en ellas ha fundado el apelante ‑art. 14, inc. 3°, ley
48‑ (Fallos: 305:2139 y otros).
6°) Que no se controvierte en
autos que el actor reviste categoría de funcionario de la organización
demandada, ni que ésta es un organismo especializado de los
comprendidos en la convención adoptada por la resolución 179 de la
Asamblea de las Naciones Unidas sobre Prerrogativas e Inmunidades de
los Organismos Especializados, de la que es parte la República
Argentina, en virtud de su aprobación por el decreto‑ley 7672
del 13 de septiembre de 1963. Lo que se discute, en cambio, es si cabe
hacer extensiva la interpretación restringida de1 derecho a la
inmunidad de jurisdicción ‑de conformidad
con la doctrina de la causa “Manauta”‑ a organismos
internacionales como la demandada.
7°) Que este Tribunal ha
expresado que la distinción entre actos iure imperii y actos iure
qestionis, base de la teoría restringida en materia de inmunidad
de jurisdicción de los estados soberanos, no tiene sentido razonable
cuando se consideran los actos realizados por una organización
internacional, los que, sin perjuicio de la finalidad pública
perseguida por cada Estado parte del tratado constitutivo, no
conforman una manifestación inmediata y directa de la soberanía de
un Estado(causa M.ll09 XXIX “Maruba S.C.A. Empresa de Navegación
Marítima c/ Itaipú s/ daños y perjuicios”, resuelta el 5 de
febrero de 1998). En efecto, la capacidad de una entidad
internacional pera tener derechos y obligaciones frente a otros
sujetos depende de la voluntad común de los estados que la han creado
y, por lo tanto, gozan o no de la inmunidad de jurisdicción, según
lo que establezcan los respectivos tratados constitutivos y, en su
caso, los acuerdos de sede.
8°) Que a diferencia de los
estados soberanos, la limitación al juzgamiento compulsivo de las
organizaciones internacionales, no tiene por fundamento el derecho de
gentes, sino la voluntad
común de los estados parte del tratado constitutivo y por ello la
entidad goza de dicho privilegio con e1 alcance definido en el
instrumento internaciona1 de creación o, con relación al Estado
receptor, en el respectivo acuerdo de sede.
9°) Que la Organización
Panamericana de la Salud -Organización Mundial de la Salud, así como
sus funcionarios, gozan en el territorio de sus estados miembros,
incluyendo la República
Argentina, de inmunidad contra cualquier tipo de proceso judicial o
administrativo, salvo en e1 caso de que esa inmunidad sea expresamente
renunciada, según lo dispone la Convención sobre Prerrogativas e
Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas,
aprobada por la República Argentina por el decreto‑ley 7672.
Específicamente esa inmunidad esta reconocida en el Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina la Oficina Sanitaria Panamericana
referente al establecimiento de una oficina de zona en 1a ciudad de
Buenos Aires, de fecha 21 de agosto de 1951, y que fue reiterada en el
Convenio Básico entre el Gobierno de la República Argentina y
la Organización Panamericana de la Salud ‑ Organización
Mundial de la Salud sobre Relaciones Institucionales y Privilegios e
Inmunidades, del 9 de agosto de 1984, que aún no ha entrado en
vigencia.
10) Que estos acuerdos, como todo
tratado, deben adecuarse a los principios del derecho público
contenidos en la Constitución Nacional (art. 27 de la Ley
Fundamental) y muy especialmente, en lo que interesa en esta causa, al
derecho a la justiciabilidad de toda controversia (art. 18 de la
Constitución Nacional). En efecto, habida cuenta de que los estados
no podrían pactar en favor de la organización una inmunidad de
jurisdicción absoluta, que comportase una privación de justicia en
perjuicio del justiciable, resulta imprescindible ‑y ello hace a
la validez de la cláusula del tratado que establece la inmunidad (doctrina
de Fallos: 305:2150)‑ que la organización internacional cuente
con tribunales propios o jurisdicción arbitral o internacional, con
garantías suficientes para administrar justicia en los posibles
pleitos. Recientemente, este Tribunal ha afirmado que la existencia de
un mecanismo alternativo satisfactorio de solución de controversias,
es condición para el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción
que compete a los organismos internacionales (Fallos: 316.1669).
11) Que, en este sentido, la
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos
Especializados a que se refiere la resolución 179 de la Asamblea de
las Naciones Unidas, contiene categóricas estipulaciones respecto a
la necesidad de establecer procedimientos apropiados para la resolución
de controversias a que den lugar los contratos u otras controversias
de derecho privado en las cuales sea parte el organismo especializado.
12) Que el Reglamento y el Estatuto del Personal de la
Organización Panamericana de la Salud ‑Organización Mundial de
la Salud prevé procedimientos para resolver los reclamos que se
deriven de la relación de empleo con 1a organización. A ese fin, se
ha establecido un procedimiento interno que incluye la revisión de la
medida objeto del reclamo por un cuerpo administrativo. La decisión
de este órgano puede ser apelada ante el Tribunal Administrativo de
la Organización Internacional del Trabajo, instancia externa cuya
jurisdicción ha sido reconocida por diversos organismos internacionales,
incluyendo la demandada, y cuyas decisiones son de
cumplimiento obligatorio para ambas partes.
13) Que, en consecuencia, no puede
alegarse válidamente un supuesto de privación de justicia ya que
existe un procedimiento para la solución de controversias que ‑cabe
poner de relieve‑ fue expresamente aceptado por el actor en
oportunidad de presentarse ante la Junta de Apelación, reconociendo,
por ende, la jurisdicción de dicho tribunal para resolver los
litigios de naturaleza laboral que pudiera tener con la organización.
14) Que. dentro de este contexto,
no resulta razonable el cuestionamiento que efectúan los jueces de
la causa a la idoneidad de los procedimientos previstos para dirimir
las controversias que pudieran suscitarse, en la medida en que no sólo
no se demostró su ineficacia o inexistencia en la práctica, sino que
la actora lo consideró apto para hacer valer eficazmente sus derechos.
15) Que en razón de los
diferentes fundamentos que sustentan el otorgamiento de la excepción
de inmunidad de jurisdicción a los estados extranjeros soberanos y a
las organizaciones internacionales, así como a las distintas vais de
protecci6n de loa derechos del justiciable en uno u otro caso, no
corresponde extender al segundo supuesto la solución que el
legislador nacional ha dictado para el primero –ley 24.480‑,
sobre la base de la evolución del derecho internacional general
respecto del principio absoluto de inmunidad de los estados (doctrina
de Fallos: 317:1880). De otro modo, por vía analógica, se modificaría
unilateralmente la inmunidad que tienen las organizaciones
internacionales en virtud de los tratados que obligan a la República
Argentina, con las posibles consecuencias sancionatorias de la
comunidad internacional.
Por ello, y habiendo dictaminado
el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario,
se revoca la sentencia apelada y se admite el privilegio de inmunidad
de jurisdicción. Costas por su orden en atención a la dificultad jurídica
que plantea la cuestión. Notifíquese y devuélvanse los autos.
