REPÚBLICA
DE PANAMÁ
MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESPUESTAS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ AL CUESTIONARIO APROBADO
EL 24 DE MAYO DE 2002 Y RELACIONADO CON LAS
DISPOSICIONES SELECCIONADAS POR EL COMITÉ DE
EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
PARA
SER ANALIZADAS EN EL MARCO DE LA PRIMERA RONDA
ORGANIZACIÓN
DE ESTADOS AMERICANOS
WASHINGTON,
D.C.
PANAMÁ,
AGOSTO DE 2002
CUESTIONARIO
RELATIVO A LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS POR EL COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
PARA SER ANALIZADAS
EN EL MARCO DE LA PRIMERA RONDA
I.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO – INSTITUCIONAL
PANAMEÑO:
Conforme a su
ordenamiento constitucional, dispuesto en la Constitución Política de 1972,
reformada por los Actos Reformatorios de 1978, el Acto Constitucional de 1983, y
los Actos Legislativos de 1994, la República de Panamá es el Estado soberano e
independiente en el que se encuentra organizada la Nación panameña.
Su Gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo (Art.
1, C.P.).
El Poder Público sólo
emana del pueblo panameño, y lo ejerce el Estado de acuerdo a lo que la
Constitución Política establece, por medio de los Órganos Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica
colaboración (Art. 2, C.P.).
El Gobierno de la República
de Panamá es una democracia constitucional desarrollada bajo un régimen
presidencialista, en donde el Presidente de la República, quien dirige el Órgano
Ejecutivo, es tanto Jefe de Estado como Jefe de Gobierno.
La función de expedir
las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las
funciones del Estado declarados en la Constitución Política es competencia del
Órgano Legislativo, constituido por una corporación unicameral denominada
Asamblea Legislativa. Sus miembros,
llamados Legisladores, son elegidos mediante postulación partidista y votación
popular directa. La elección de
los Legisladores es proporcional al número de habitantes de la correspondiente
circunscripción electoral, o Circuito Electoral, basada tanto en la división
política administrativa de Distritos de cada una de las nueve provincias de la
República como en el número de habitantes de las comarcas indígenas.
Los legisladores actúan en interés de la Nación y representan en la
Asamblea Legislativa a sus respectivos partidos políticos y a los electores de
su Circuito Electoral. El número actual de Legisladores es de 71, con dos suplentes
cada uno.
El Órgano Ejecutivo
está compuesto por el Presidente de la República y los Ministros de Estado,
trece en total, quienes son de libre nombramiento y remoción del Presidente y
cuyas carteras son creadas por Ley. Entre
otras funciones, el Órgano Ejecutivo coordina la labor de la administración y
los establecimientos públicos, vela por la conservación del orden público,
sanciona y promulga las Leyes, las obedece y vela por su exacto cumplimiento;
celebra contratos administrativos para la prestación de servicios y ejecución
de obras públicas, dirige las relaciones exteriores, decreta indultos por
delitos políticos, rebajas penas y concede libertad condicional a los reos de
delitos comunes y reglamenta las Leyes que lo requieran para su mejor
cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu.
La reunión del Presidente de la República con los dos Vicepresidentes
de la República y los Ministros de Estado se denomina Consejo de Gabinete, el
cual tiene las funciones que le asignan la Constitución Política y las Leyes.
El Presidente de la República,
sus dos Vicepresidentes, los Legisladores, los Alcaldes de Distrito y los
miembros de los Concejos Municipales, llamados Concejales o Representantes de
Corregimiento, y sus respectivos suplentes, son electos en elecciones generales
realizadas en una misma fecha cada cinco años por igual período.
Para garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular
existe el Tribunal Electoral, un órgano autónomo con patrimonio propio y
jurisdicción en toda la República, el cual interpreta y aplica privativamente
la legislación electoral.
Las garantías
fundamentales son reconocidas en la Constitución Política como parte de los
derechos y deberes individuales de las personas.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su
vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera que
se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción;
asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y
cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley (Art. 17, C.P.).
Los particulares sólo
son responsables ante las autoridades por infracción de las normas
constitucionales o de la Ley. Los
servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación
de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas (Art. 18, C.P.).
Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos
por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución.
El servidor público ante quien se presente una petición, consulta o
queja deberá resolver dentro del término de treinta días, so pena de las
sanciones correspondientes señaladas por la Ley (Art. 41, C.P.).
El sistema legal panameño
es de tipo civil, predominante en Centro y Sur América.
La Ley obliga tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes o
transeúntes en el territorio de la República, y una vez promulgada la
ignorancia de ella no sirve de excusa para su incumplimiento.
Ninguna ley tiene efectos retroactivos a menos que sea de orden público
o de interés social y en ella así se exprese, o que sea de materia criminal y
beneficie al reo (Art. 43, C.P.).
La administración de
justicia es gratuita, expedita e ininterrumpida (Art. 198, C.P.).
Corresponde principalmente al Organo Judicial, constituido por la Corte
Suprema de Justicia, los Tribunales y los Juzgados establecidos por la Ley.
Entre las atribuciones de la Corte Suprema destacan la de guarda de la
integridad de la Constitución Política, la del ejercicio de la jurisdicción
contencioso-administrativa, la de servir de instancia de casación y la de
nombrar los Magistrados de los Tribunales.
La labor del Órgano Judicial se desarrolla estrechamente con la del
Ministerio Público, el cual lo ejercen el Procurador General de la Nación, el
Procurador de la Administración, y los Fiscales, Personeros y otros
funcionarios establecidos por la Ley. El
Ministerio Público tiene como atribuciones, entre otras, la de defender los
intereses del Estado o del Municipio; promover el cumplimiento o ejecución de
las Leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas; vigilar la
conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen
cumplidamente sus deberes; perseguir los delitos y contravenciones de
disposiciones constitucionales o legales y servir de consejero jurídico de los
funcionarios administrativos (Art. 217, C.P.).
La fiscalización,
regulación y control de todos los actos de manejos de fondos y otros bienes públicos
corresponde a un organismo estatal independiente, la Contraloría General de la
República (Art. 275, C.P.). Entre
sus funciones están las de examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los
funcionarios públicos, entidades o personas que administren, manejen o
custodien fondos u otros bienes públicos; de realizar inspecciones e
investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las
operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentar las
denuncias respectivas y juzgar cuentas de agentes y empleados de manejo, cuando
surjan reparos por razón de supuestas irregularidades (Art. 276, C.P.).
II. CONTENIDO
DEL CUESTIONARIO.
CAPÍTULO
PRIMERO
MEDIDAS Y MECANISMOS EN MATERIA DE
NORMAS DE CONDUCTA PARA EL CORRECTO, HONORABLE Y ADECUADO CUMPLIMIENTO DE
LAS FUNCIONES PÚBLICAS (ARTÍCULO III, NUMERALES 1 Y 2, DE LA CONVENCIÓN)
1.
Normas de conducta y mecanismos en
general.
A. ¿Existen
en su país normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado
cumplimiento de las funciones públicas? En caso afirmativo, descríbalas
brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las
que estén previstas.
La República de Panamá
cuenta con una serie de normas de conducta que desarrollan los parámetros para
un correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.
A ese respecto, la Constitución Política de la República de Panamá se
ocupa en el Título XI de los Servidores Públicos, disponiendo en el artículo
295 que los mismos se regirán por un sistema de méritos y la estabilidad en
sus cargos, condicionada solo a su competencia, lealtad y moralidad en el
servicio. En este sentido, mediante Decreto Ejecutivo N° 13 de 24 de enero de
1991, se adoptan los principios éticos de los servidores públicos. Entre estos
principios se destacan la lealtad, vocación de servicio, probidad, honradez,
responsabilidad, competencia, efectividad y eficiencia, valor civil y
transparencia.
El Código
Administrativo, en su Libro II (“Régimen Político y Municipal”), Título
VI (“Administración Pública”), y en particular los Capítulos I y VIII,
enuncia las disposiciones generales que regulan la conducta de los servidores públicos,
a fin de garantizar el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las
funciones públicas.
Asimismo,
mediante Ley 9 de 20 de junio de 1994, la cual establece y regula la Carrera
Administrativa y que está reglamentada por el Decreto Ejecutivo 222 de 12 de
septiembre de 1997, se desarrolla la citada norma constitucional y consagra,
entre otras materias, los principios que fundamentan dicha carrera y en especial
la competencia, la lealtad, la honestidad y la moralidad del servidor público,
al igual que el incremento de la eficiencia de los servidores públicos.
En desarrollo de los
postulados Ley 9 de 1994, la Junta Técnica de Carrera Administrativa, mediante
Resolución No. 3 de 16 de abril de 1999, adoptó el Código de Ética del
Servidor Público. De la misma forma, en virtud de la aprobación de la Ley 6 de
22 de enero de 2002, “Que dicta normas para la Transparencia en la Gestión Pública,
establece la Acción de Habeas Data y dicta otras disposiciones”, y que es comúnmente
denominada “Ley de Transparencia”, se han adoptado los Códigos de Ética de
diversas instituciones públicas, incluyendo la Autoridad de la Región Interoceánica
(Resolución de Junta Directiva N° 078-02 de 25 de julio de 2002); la Comisión
de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (Resolución N° PC-317-02 de 22
de julio de 2002); la Comisión Nacional de Valores (Resolución N° CNV-259-02
de 11 de junio de 2002); el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Resolución
N° ADM-178 de 5 de julio de 2002); el Tribunal Electoral (Resolución N° 15 de
19 de julio de 2002); la Defensoría del Pueblo (Resolución N° 3 de 19 de
julio de 2002); el Municipio de Panamá (Acuerdo N° 107-A de 23 de julio de
2002) y el Cuerpo de Bomberos de Panamá, Zona 1.
Asimismo, a través de
la Resolución No. 2 de 7 de enero de 1999 la Junta Técnica de la Carrera
Administrativa aprobó el “Modelo de Reglamento Interno de las Instituciones
del Sector Público”. El
Reglamento Interno es igual para todas las instituciones del Gobierno Central y
para las entidades autónomas y semi-autónomas sujetas a la Carrera
Administrativa. Tanto el Código de
Ética como el Modelo de Reglamento se encuentran vigentes desde el 11 de
diciembre de 2000.
En lo que concierne a
la administración de justicia, el Artículo 447 del Código Judicial establece
las normas éticas de obligatorio cumplimiento que deben acatar los funcionarios
del Órgano Judicial y el Ministerio Público.
Los abogados, por disposición de la Ley (Art. 619 del Código Judicial)
son colaboradores de la Justicia y como tal están sujetos al Código de Ética
de la profesión.
En este orden de ideas,
el Gobierno Nacional está promoviendo el “Plan de Integridad Nacional”, en
cuyo desarrollo e implementación estarán participando representantes tanto del
sector público como de la sociedad civil con el apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
B. ¿Existen en su país mecanismos
para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta? En caso
afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte copia de las
disposiciones y documentos en las que estén previstos.
La República de Panamá
cuenta con un número plural de medios para el efectivo cumplimiento de estas
normas de conducta. Las
disposiciones legales que desarrollan las carreras en la función pública que
consagra el Art. 300 de la Constitución Política establecen mecanismos de
seguimiento, a fin de garantizar el apego de los servidores públicos a los
principios éticos que deben regir su conducta.
Para tal fin los Reglamentos Internos de cada institución disponen los
procedimientos a seguir en caso de infracción o falta a los deberes de los
servidores públicos adscritos a la carrera respectiva.
En la eventualidad de
que alguna institución no haya adoptado esos medios, la Ley 38 de 31 de julio
de 1998 (Arts. 80 al 88), que es de aplicación genérica y supletoria, regula
los mecanismos de investigación y exige la aplicación de las medidas
correctivas necesarias, incluyendo la sanción de las conductas referidas,
estableciendo los niveles de gravedad y su correlativa sanción administrativa,
cuando corresponda, o su remisión al Ministerio Público en caso de
infracciones de la norma penal. En
todo caso la investigación administrativa debe agotarse en un término no mayor
de dos (2) meses. Las normas no sólo se ocupan de actos de corrupción
propiamente, sino que incluyen conductas que riñen con el correcto desempeño
de sus funciones y que puedan afectar el servicio público.
Paralelo a estas
normas, el Decreto Ejecutivo 99 de 13 de septiembre de 1999 crea una de las
oficinas gubernamentales con mayor responsabilidad y competencia en materia de
corrupción, la denominada Dirección Nacional Contra la Corrupción.
Esta Dirección
funciona dentro del Ministerio de Economía y Finanzas desde el 16 de septiembre
de 1999, y fue instituida en desarrollo de la Convención Interamericana contra
la Corrupción con la función, entre otras, de establecer mecanismos modernos
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas dentro la
administración pública de la República de Panamá.
Asimismo, el Artículo
448 del Código Judicial dispone sobre la competencia, procedimiento y sanciones
por infracciones a la ética judicial.
En desarrollo de los
Artículos 137 y 138 de la Ley 9 de 1994 sobre la Carrera Administrativa, el
“Modelo de Reglamento Interno para las Instituciones del Sector Público” se
ocupa, en el Artículo 95, Título VI, de los derechos, deberes y prohibiciones
de los servidores públicos. Entre
estas últimas se destacan las de carácter político y las conductas que riñan
con los intereses institucionales. El
Título VIII del Modelo se refiere al régimen disciplinario que debe seguir el
servidor público, por infracciones a la Ley, sus reglamentos y el reglamento
interno de su institución.
La
Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República
asigna a esa entidad del Estado la función de fiscalizar, regular y
controlar todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de
que tales actos se realicen con corrección y en cumplimiento de las normas jurídicas
vigentes (Arts. 11, numerales 2 y 4, 29, 35, 36, 45, 48; 55, literales F y G).
En desarrollo de esta Ley se han adoptado las Normas de Auditoria
Gubernamental para la República de Panamá (Decreto N° 247 de 13 de diciembre
de 1996) y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de
Panamá (Decreto N° 214- DGA de 8 de octubre de 1999).
Estas
últimas son normas de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones que
conforman la administración pública, incluyendo las organizaciones no
gubernamentales que custodian o manejan fondos públicos. Asimismo, ha dictado
el Manual de Auditorias Especiales para la Determinación de Responsabilidades,
el cual fue aprobado en 1996.
El
Decreto de Gabinete 36 de 10 de febrero de 1990, vigente a partir del 20 de
febrero de ese mismo año, crea dentro de la Contraloría General de la República
la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.
Esta Dirección es la encargada de decidir mediante resoluciones la
responsabilidad patrimonial que frente al Estado le pueda corresponder a los
agentes y empleados de manejos de bienes y fondos públicos por razón de su
gestión.
El Gobierno de la República
de Panamá ha determinado que la lucha contra la corrupción debe contar con
mecanismos de prevención, como el examen de los procedimientos y el desempeño
y capacitación del personal. Por
tal motivo, las normas que desarrollan las carreras en la función pública
deben contemplar evaluaciones del servicio prestado y exigir el ofrecimiento de
oportunidades de formación profesional. (Arts. 112 a 123, Ley 9).
La Ley 7 de 5 de
febrero de 1997, por la cual se crea la Defensoría del Pueblo, en su Artículo
4, numerales 2 y 4, establece entre las atribuciones de esta entidad del Estado
el inquirir sobre actos, hechos u omisiones de la administración pública que
pudiesen haber sido realizados irregularmente y sobre los actos de las empresas
que brindan servicios públicos.
C. Mencione brevemente los resultados
objetivos que se han obtenido con la
aplicación de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos
pertinentes de los que disponga su país.
La aplicación de las
normas de conducta y los mecanismos correspondientes para su cumplimiento, a los
que nos referimos en este punto, ha sido satisfactoria en el sector público; no
obstante, la información estadística se encuentra dispersa en cada una de las
instituciones a las cuales pertenecen los servidores públicos a los que se
aplican las mismas.
2. Conflictos
de intereses.
A. ¿Existen
en su país normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses en
el desempeño de funciones públicas?. En caso afirmativo, descríbalas
brevemente, indicando aspectos tales cómo a quiénes están destinadas y en que
concepto se inspiran, y relacione y adjunte copia de las disposiciones
y documentos en las que estén previstas.
El ordenamiento jurídico
de la República de Panamá contempla disposiciones de rango constitucional,
legales y reglamentarias, que se refieren a los conflictos de intereses que
puedan surgir en la función pública, las cuales incluso existían antes de la
aprobación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
Entre estos conflictos se mencionan los regímenes de incompatibilidades,
impedimentos por parentesco, inhabilidades, prohibiciones a los servidores públicos
que les impiden, los inhabilitan, o hacen incompatible el ejercicio de la función
pública o el conocimiento de alguna materia en particular o la participación
en alguna actividad.
En
primer lugar se mencionan ciertos casos de funcionarios de alto nivel dentro de
los tres órganos del Estado:
1.
Órgano
Judicial y Ministerio Público:
a.
La prohibición a los Magistrados y Jueces Principales de desempeñar
otro cargo público, excepto el de profesor para la enseñanza del Derecho en
establecimientos de educación universitaria (Art. 205, CHA.).
b.
La incompatibilidad de los cargos del Órgano Judicial con toda
participación en la política, salvo la emisión del voto en las elecciones;
con el ejercicio de la abogacía o del comercio y con cualquier otro cargo
retribuido, excepto el de profesor universitario antes señalado (Art. 209,
C.P.); dicha prohibición es desarrollada mediante el Artículo 46 del Código
Judicial, al incluir al Ministerio Público y ampliar la incompatibilidad en el
ejercicio de cualquier otro cargo o actividad que no sea retribuido, o que
interfiera o sea contrario a los intereses públicos confiados al cargo.
c.
La prohibición a los funcionarios o empleados del Órgano Judicial de
desempeñar los cargos de partidores, depositarios de bienes que sean materia de
procedimiento judicial o administrativo, ni ningún otro carga cuyo nombramiento
corresponde hacer a los tribunales o a las partes en proceso (Art. 48, CHA.).
Entre otras prohibiciones se encuentran las de dirigir política; dar a las
partes felicitaciones por sus actos a entidades oficiales o particulares; tomar
participación en la o particulares opiniones, consejos o indicaciones con
relación a asuntos objeto de controversia; nombrar o contribuir al nombramiento
de parientes para cualquier cargo judicial o de auxiliar de la jurisdicción
(Art. 49, C.J.). Además, existe la
prohibición de postularse o ejercer cargos directivos en el Colegio Nacional de
Abogados durante el período que ejerce un cargo judicial excepto la emisión
del voto y la participación en Comisiones de trabajo no incompatibles en el
cargo (Art. 12, Acuerdo N° 46 de 27 de septiembre de 1991).
d.
El impedimento por parentesco para empleados subalternos del Ministerio Público
(Art. 345, C. J.).
e.
La prohibición de nombramiento de parientes en Juzgados de Circuito y
Juzgados Municipales de un mismo Distrito Judicial como titulares de despacho,
funcionarios subalternos o suplentes, o con parentesco con los Magistrados del
Tribunal Superior o Fiscales Superiores (Art. 53, C. J.). Igualmente, la
prohibición de que puedan ser nombrados parientes para cargos de agentes del
Ministerio Público, funcionarios subalternos o suplentes, en una misma agencia
o en otra del respectivo Distrito Judicial (Art. 53, párrafo 3, C. J.).
f.
La prohibición de ocupar más de una suplencia en el Órgano Judicial o
en el Ministerio Público (Art. 54, C. J.).
g.
Las causales de impedimentos y recusaciones de los Magistrados o Jueces y
agentes del Ministerio Público (Arts. 395, 760 a 763, C.J.) y de los
Magistrados y agentes del Ministerio Público para conocer de demandas de
inconstitucionalidad (Art. 2571, C.J.).
2.
Órgano
Legislativo:
a.
La prohibición de los Legisladores principales y suplentes, cuando estos
últimos estén ejerciendo el cargo, de aceptar cualquier empleo público
remunerado, salvo el de profesor o los cargos establecidos constitucionalmente
como excepción (Art. 150, C.P.).
b.
La prohibición de los Legisladores de celebrar contratos con el Estado o
con instituciones o empresas vinculadas a éste, o de ser apoderados para
gestionar negocios ante el Estado, salvo las excepciones establecidas (Art. 152,
C.P.).
3.
Órgano
Ejecutivo:
a.
La prohibición para ser elegido Presidente de la República, del
ciudadano que la hubiere ejercido en cualquier tiempo durante los tres años
inmediatamente anteriores al período para el cual se hace la elección; y para
los parientes del Presidente de la República que haya ejercido sus funciones en
el período inmediatamente anterior o del ciudadano señalado como primera
prohibición (Art. 187, CHA.). Similares prohibiciones se establecen para los
Vicepresidentes de la República (Art. 188, C.P.).
b.
La prohibición a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad del Presidente de la República para ser Ministro de
Estado o formar parte del mismo Consejo de Gabinete (Art. 192, C.P.).
4.
Servidores
Públicos en General:
a.
La prohibición a los servidores públicos de percibir dos o más sueldos
pagados por el Estado, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de
trabajo (Art. 298, C.P.).
b.
La prohibición a los servidores públicos para celebrar por sí mismos o
por interpuestas personas contratos lucrativos con las entidades u organismos
gubernamentales en que trabajen (Art. 304, C.P.).
c.
El impedimento a los servidores públicos, aún cuando estén en uso de
licencia o se encuentre por cualquier motivo separado temporalmente del puesto,
podrá ejercer poderes judiciales, administrativos ni policivos, ni gestionar en
asuntos de la misma índole, salvo las excepciones del Artículo 621 del Código
Judicial.
d.
La legislación nacional dispone de una serie de limitaciones que impiden
la designación de servidores públicos con grados de parentesco y les prohíbe
el ejercicio del comercio y profesiones liberales, en razón de las funciones
que desarrollan, en ese sentido, entre otras, la Ley 29 de 1 de febrero de 1996,
“Por la cual se dictan normas sobre la defensa de la competencia y se adoptan
otras medidas” (Arts. 108 y 109).
e.
La prohibición para ocupar puestos públicos de las personas que guardan
relaciones de parentesco con la autoridad nominadora de la misma institución
(Art. 44 de la Ley 9 de 20 de julio de 1994).
f.
Las prohibiciones a los servidores públicos en materia de contrataciones
públicas, de no poder celebrar contratos con las entidades públicas en las que
trabajan ni participar en actos de selección de contratistas ni de celebrar
contratos con el Estado cuando intervengan en la preparación, evaluación,
adjudicación o celebración del acto de celebración de contratista (Art. 12 de
la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, “Por la cual se regula la contratación
pública y se dictan otras disposiciones”).
g.
La prohibición a los servidores públicos de dar trato privilegiado a
los trámites de personas naturales o jurídicas de parientes suyos, en la
celebración de contratos con el Estado o en la solicitud o explotación de
concesiones administrativas, y de ser proveedores o contratistas del Estado (Ley
9 de 20 de julio de 1994).
h.
La prohibición a los empleados públicos de ejercer poderes, gestionar o
patrocinar directa e indirectamente reclamaciones que rocen con intereses
nacionales o seccionales, conforme al Artículo 843 del Código Administrativo.
i.
Incompatibilidades para ejercer cargos de elección popular de quienes
hayan sido servidores públicos, dentro de lo establecido en los Arts. 25 y 26,
181, 186, 187 del Código Electoral y el Artículo 131 de la Constitución Política.
5.
Otras instituciones:
A.
Contraloría
General de la República:
- Incompatibilidades de
los miembros de la Contraloría General de la República.
Art. 79 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984.
B.
Defensoría del Pueblo:
-
Incompatibilidades del Defensor del Pueblo (Art. 13, Ley 17 de 5 de febrero de
1997).
C.
Tribunal Electoral y Fiscalía Electoral:
-
Prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los Magistrados y Jueces de la
Corte Suprema de Justicia, en los Arts. 205 y 209 de la Constitución Política,
son aplicables a los Magistrados del Tribunal Electoral conforme al Artículo 5
de la Ley 4 de 10 de febrero de 1978, Orgánica del Tribunal Electoral y de la
Fiscalía Electoral.
-
Prohibición de ser funcionarios electorales de las corporaciones electorales, a
parientes dentro de los grados legales de los candidatos y funcionarios entre sí
en la circunscripción de que se trate, o los candidatos apuestos de elección
popular (Art. 126, C.E.).
D.
Consejo de Seguridad Pública:
- Prohibiciones a los
miembros del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional (Art. 2, Decreto
Ejecutivo N° 98 de 29 de mayo de 1991; Art. 16 del Decreto de Gabinete No. 38
de 10 de febrero de 1990).
E.
Autoridad
de la Región Interoceánica:
- Incompatibilidades de
los miembros de la Junta Directiva, Administrador General y demás funcionarios
ejecutivos (Art. 10, Ley 5 de 25 de febrero de 1993, “Por la cual se crea la
ARI y se adoptan medidas sobre los bienes revertidos”).
- Prohibición de
nombramiento de parientes del Administrador General y del Subadministrador
General, y de directores (Art. 16, tercer párrafo, Ley 5, modificado por la Ley
7 de 7 de mayo de 1995).
- Prohibición de
parentesco entre el Administrador General y el Subadministrador General y el
Presidente, Vicepresidentes o Ministros de Estado (Art. 17, Ley 5, modificado
por la Ley 7).
F.
Ministerio
de Gobierno y Justicia, Policía Nacional y Policía Técnica Judicial:
- Incompatibilidades
del Director y Subdirector de la Policía Nacional con el desempeño de otro
cargo público y ejercicios profesionales (Art. 43, Ley 18 de 3 de junio de
1997); incompatibilidades para ser nombrado Director de la Policía Nacional de
los parientes de altos funcionarios del Gobierno, según lo señalado en el Artículo
44 de la Ley 18 de 1997).
- Prohibiciones a los
miembros de la Policía Nacional de percibir más de un sueldo pagado por el
Estado, salvo excepciones legales para el ejercicio de la docencia, entre otras,
y de ejercer por sí o por interpuesta persona contratos con el Estado, ni
realizar actos de comercio relacionados con sus funciones, salvo las excepciones
legales (Art. 71, Ley 18).
- Incompatibilidad de
los miembros de la Policía Nacional con la política, ya que deberán actuar
con absoluta neutralidad (Art. 110, Ley 18; Art. 14 del Decreto Ejecutivo N°
204 de 3 de septiembre de 1997; Art. 15 del Decreto de Gabinete N° 38 de 10 de
febrero de 1990, adicionado y reformado por el Decreto de Gabinete N° 42 de 17
de febrero de 1990; Ley 16 de 9 de julio de 1991, Orgánica de la Policía Técnica
Judicial).
- Incompatibilidad de
los miembros de la Policía Nacional, ni por intermedio de interpuestas
personas, para ser directores, dignatarios, ni accionistas de las empresas
dedicadas a la importación, venta de armas, accesorios, municiones y artículos
defensivos no letales, ni ejercer la representación legal (Art. 4 del Decreto N°
2 de enero de 1991).
G.
Caja
de Seguro Social:
- Prohibición de
celebrar contratos con la Institución por parte de los miembros de la Junta
Directiva de la CSS y de gestionar por cuenta de terceros negocios ante la
misma; prohibición de los directores y suplentes de gestionar ante la institución
el empleo de parientes; y de intervenir individualmente en los asuntos propios
de la CSS; prohibición de nombrar miembros de la Junta Directiva a parientes
del Directo General, ni los que tengan los grados de parentesco establecidos en
la Ley (Arts. 12-A , párrafo segundo; 18-A, párrafo 2, y 20-A del Decreto Ley
14 de 27 de agosto de 1954, Orgánica de la Caja del Seguro Social, modificado y
adicionado por la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991).
H.
Notarios
Públicos:
- Incompatibilidad del
cargo con cualquier otro de los ramos administrativos o judiciales y con el
ejercicio de la abogacía, conforme al Artículo 2121 del Código
Administrativo).
- Prohibición
de que en un circuito haya más Notarios con los parentescos establecidos en la
Ley (Art. 2127, C.A.).
B. ¿Existen en su país mecanismos para hacer
efectivo el cumplimiento de las anteriores normas de conducta?
En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte copia
de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.
La legislación de la
República de Panamá cuenta con mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento
de dichas normas de conducta, entre ellas podemos señalar los siguientes:
En lo concerniente a
las limitaciones y prohibiciones para acceder cargos de elección popular el Artículo
25 del Código Electoral desarrolla el texto Constitucional, generándose
inhabilidad de cualquier postulación que viole la prohibición señalada (Art.
26 del Código Electoral).
El artículo 60 de la
Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, que regula la Contratación Pública,
sanciona con nulidad absoluta los actos públicos y contratos suscritos en
violación a la Constitución Política y la Ley.
El Código Judicial, en
el supuesto que un juez o magistrado no se declare impedido, a pesar de existir
un conflicto de intereses, en los casos bajo su conocimiento, instituye el
mecanismo de recusación. Dicha
disposición se hace extensiva a los Agentes de Instrucción.(Arts. 760 a 763 y
395 C.J.)
Asimismo, establece en
el artículo 448 y siguientes del Código Judicial, el procedimiento para la
investigación y sanción de violaciones a la Ética Judicial, entre las que
destacan los numerales 10, 12 y 18 que se ocupan d evitar el nepotismo y
favoritismo al momento de seleccionar auxiliares de la administración de
justicia (administradores y curadores), no dejarse influir por exigencias
partidistas; y no ocupar ninguna cargo privado que obstaculice o pueda
obstaculizar el buen desempeño de sus funciones judiciales.
El Capítulo III
(Corrupción de Servidores Públicos) del Título X (Delitos Contra la
Administración Pública) del Código Penal,
sanciona al funcionario que para beneficio propio o de un tercero retarde
u omita un acto propio de sus funciones ( Art. 332 del C.P.) así como para el
uso indebido de información de carácter reservado (Art. 335 del C.P.)
Los Reglamentos
Internos de las instituciones del Sector Público y las Reglamentaciones de las
Leyes Orgánicas de las Instituciones Autónomas establecen sanciones
administrativas para las conductas que impliquen conflicto de intereses.
Ley 32 de 8 de
noviembre de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República y
vigente desde el 20 de noviembre de 1984, reconoce a esa entidad la función de
fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y otros
bienes públicos, a fin de que tales actos se realicen con corrección y en
cumplimiento de las normas vigentes (Arts. 11, numerales 2 y 4).
C.
Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación
de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos
pertinentes de los que disponga su país.
En virtud a las
diferentes modalidades que pueden adquirir los conflictos de intereses, y las
características administrativas y judiciales de los mismos, no se cuenta con
datos estadísticos respecto a este tema.
3.
Preservación y uso adecuado de
los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus
funciones
A. ¿Existen
en su país normas de conducta orientadas a asegurar la preservación y el uso
adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos
en el desempeño de sus funciones? En
caso afirmativo, descríbalas brevemente, indicando aspectos tales cómo a quiénes
están destinadas y a qué recursos se refieren, y relacione y adjunte copia de
las disposiciones y documentos en
las que estén previstas.
La normativa panameña
asigna a todo servidor público, y en general a las personas que de una u otra
forma ejerzan algún grado de control, custodia o administración de bienes públicos,
la responsabilidad por su integridad.
Así las cosas, el Código
Fiscal enuncia en el Artículo 10 que “Las
personas que tengan a su cargo la administración de bienes nacionales serán
responsables por su valor monetario en casos de pérdida o de daños causados
por negligencia o uso indebido de tales bienes, aún cuando éstos
no hayan estado bajo el cuidado inmediato de la persona responsable al
producirse la pérdida o daño.” De
dicha responsabilidad no se exime ninguna persona aunque alegue haber actuado
acatando una orden superior; sin embargo, en este caso el superior será
solidariamente responsable.
Por
su parte, las Normas de Control Interno Gubernamental (Decreto 214-DGA de 14 de
octubre de 1999 de la Contraloría General de la República) se ocupan de
desarrollar los parámetros de evaluación de riesgos, actividades de control y
monitoreo, y en especial de los aspectos de administración financiera,
materiales y suministros, respecto al sistema informático, obras públicas y la
administración del recurso humano. Dicha normas son de obligatorio cumplimiento
para todas las instituciones que
conforman
la administración pública, al igual que las Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs) que custodien fondos públicos.
A ese respecto la Ley
32 de 1984 faculta a la Contraloría General de la República para auditar el
uso de fondos públicos que hayan sido entregados en subsidio a asociaciones o
entidades no gubernamentales. En
ese sentido también se cuentan con las Normas de Auditoria Gubernamental para
la República de Panamá (Decreto N° 247 de 13 de diciembre de 1996) y el
Manual de Auditorias Especiales para la Determinación de Responsabilidades,
aprobado en 1996.
Las leyes de carrera en
la función pública enuncian, entre las obligaciones de todos los servidores públicos,
el cuidar con la diligencia de un buen padre de familia los bienes y valores públicos
asignados a ellos o cuya custodia o administración le ha sido asignada (Artículo
137, numeral 12, Ley 9 de 1994).
Esta
exigencia se encuentra contenida en el Código de Ética del Servidor Público
(Resolución No. 3 de la Junta Técnica de la Carrera Administrativa de 16 de
abril de 1999). Los Reglamentos Internos de las instituciones del sector público
establecen normas respecto al uso adecuado de los recursos asignados (Capítulo
I y II del Título VIII, de la Resolución N°2 de la Junta Técnica de la
Carrera Administrativa de 7 de enero de 1999).
B. ¿Existen en su país mecanismos para hacer
efectivo el cumplimiento de las anteriores normas de conducta?
En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte copia
de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.
Las normas penales
descritas disponen sanciones que implican no sólo penas privativas de la
libertad, sino también penas de orden pecuniario, incluyendo días multas y
comiso, así como inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas.
Asimismo, las normas
contenidas en el Título X del Código Penal, el cual ha sido adicionado,
complementado, actualizado y reformado por la Ley 39 de 19 de junio de 2001,
"Que modifica y adiciona disposiciones al Código Penal y al Código
Judicial, y dicta normas para la prevención de la corrupción", hacen
expresa referencia a los delitos contra la Administración Pública y contra los
bienes, el patrimonio estatal y a los actos de corrupción que realicen los
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y en especial respecto
a las diferentes formas de peculado (Arts. 322, 323, 324, 325, 327 y 328, C.
Penal).
De igual forma el Código
Penal se ocupa de los delitos de malversación de bienes (Art. 326), concusión
(Art. 329), exacción (Art. 330), corrupción de servidores públicos (Arts.
331, 332, 333, 334 y 335), enriquecimiento ilícito (Art. 335), tráfico de
influencias (Art. 335-B) y fraudes en las subastas o licitaciones públicas
(Arts. 349 y 350).
Entre las normas
sancionadoras se encuentra la contenida en el Artículo 326, que dispone la pena
de seis meses a un año de prisión al servidor público que dé una función pública
distinta a aquélla a la que estuvieran destinados caudales o bienes confiados a
su administración, agravándose en caso que dicha conducta resulte en afectación
del servicio público o si busca un beneficio personal.
Por
otro lado, los Artículos 352 al 359 del Código Judicial describen las
facultades de las Fiscalías Superiores Delegadas de la Procuraduría General de
la República, actualmente denominadas Fiscalías Anticorrupción, a las que
corresponde privativamente la investigación, a nivel nacional, de los delitos
contra la Administración Pública.
La Dirección Nacional
de Investigaciones Especiales de la Contraloría General de la República
(Resolución N° 204 de 13 de julio de 1995),
tiene entre sus funciones el recibir denuncias sobre supuestas
irregularidades sobre el manejo, cuidado, administración y uso de fondos y
bienes públicos, quien deberá remitir a la Dirección de Responsabilidad
Patrimonial, los casos cuyo conocimiento corresponda en función a lo dispuesto
en el Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990. Cabe
indicar que entre las funciones de la DRP se encuentran la de determinar sobre
la responsabilidad patrimonial que frente el Estado le pueda corresponder a los
agentes y empleados de manejo y fiscalización de bienes y fondos públicos, por
razón de su gestión o cualquier persona que haya tenido acceso a dichos fondos
y se haya beneficiado indebidamente.
C.
Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la
aplicación de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos
pertinentes de los que disponga su país.
Adjuntamos en el Anexo 2
las estadísticas de las Fiscalías Primera y Segunda Delegadas de la Procuraduría
General de la Nación (hoy Fiscalías Anticorrupción) por los delitos contra la
Administración Pública, entre los cuales se cuentan los delitos de corrupción.
La información
correspondiente a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial se encuentra en
proceso de recolección, para su remisión oportuna.