COMITE
DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACION DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CUESTIONARIO
DEL ESTADO DE NICARAGUA EN
RELACION CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS POR EL COMITÉ DE EXPERTOS PARA SER
ANALIZADAS EN EL MARCO DE LA PRIMERA
RONDA
Introducción
Nicaragua está realizando
grandes esfuerzos para crear un Estado de Derecho, y superar la fragilidad de
sus instituciones. Esto hace necesario que unos de sus pilares fundamentales, la
Administración pública, cuente con un régimen jurídico conveniente, ya que
para lograr el Estado de derecho se requiere que se materialicen en leyes los
postulados delineados en la Constitución Política, muchos de ellos aún
pendientes de desarrollar y articular.
En este sentido, el Estado
ha dado pasos importantes con la elaboración y entrada en vigencia de una serie
de leyes que implican una nueva estructura administrativa para el país como,
por ejemplo, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, Ley de Contrataciones del Estado, Ley Orgánica del Ministerio Público;
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; la Ley de Organización,
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y su Reglamento, también, y
como resultado del trabajo del Comité Nacional de Integridad (CNI), las Normas
de Ética del Servidor Público del Poder Ejecutivo, la Reforma y Adición al Código
Penal, en lo concerniente a la tipificación de nuevas figuras delictivas o
actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y particulares en
contra de la administración pública (enriquecimiento ilícito, tráfico de
influencia, soborno transnacional, peculado, fraude, entre otros). También, y
como Proyectos de Ley, se encuentran para su discusión y aprobación en la
Asamblea Nacional los Proyectos de Ley del Servicio Civil y de la Carrera
Administrativa, la Ley de Participación Ciudadana. El Anteproyecto de la Ley de
Acceso a la Información está en proceso de consulta del Poder Ejecutivo y la
Sociedad civil.
El
país se encuentra pues, en un ambicioso proceso de transformación de sus
instituciones democráticas. Este proceso tiene como finalidad la estructuración
y organización de un Estado de Derecho constitucional, cuya razón y fin sea
fijar a las personas y a los poderes públicos a la Constitución y a las leyes.
También establecer y garantizar un sistema de derechos sociales, económicos,
políticos y de libertades públicas, bajo la primacía de la dignidad humana,
buscando corregir, conforme a derecho, las desigualdades de toda naturaleza.
Todo esto es el resultado de una serie de acontecimientos históricos y de la
participación ciudadana, que exigen con determinación un nuevo orden
construido en torno a la no confrontación, cuyo objetivo final es alcanzar la
democratización, la pacificación, la transformación de instituciones democráticas,
la transparencia de la gestión pública, así como también la
modernización económica, racionalización del espacio estatal con justicia
para el mayor número de personas.
I.
SUMARIO DE LA INFORMACION RECIBIDA
Los siguientes documentos
se usaron para el análisis de la implementación de las disposiciones
seleccionadas de la Convención por el Comité de Expertos del mecanismo de
seguimiento de la Implementación de la Convención interamericana contra la
Corrupción.
1.
Constitución Política de Nicaragua. Publicada en La Gaceta,
Diario Oficial, No. 5 del 9 de enero de 1987. Sus reformas fueron publicadas en
La Gaceta, Diario Oficial, Nos. 46 del 6 de marzo de 1990; 125 del 5 de julio de
1995 y 13 del 19 de enero de 2000.
2.
Ley No. 411, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 244 del 24 de noviembre de 2001.
3.
Decreto-Ley No. 86, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 16 del 22 de septiembre de 1979.
Sus reformas son las siguientes: Decretos-Ley Nos. 612, Reforma a la Ley Creadora de la
Contraloría General de la República. Publicado en La Gaceta, Diario
Oficial, No. 6 del 10 de enero de 1981; 743, Reforma a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República. Publicado en La Gaceta, Diario
Oficial, No. 149 del 7 de julio de 1981; 1490, Reforma a la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República. Publicado en La Gaceta, Diario
Oficial, No. 161 del 22 de agosto de 1984; y 417, Reforma a la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República del Sistema de Control de la
Administración Pública y del Área Propiedad del Pueblo. Publicado en La
Gaceta, Diario Oficial, No. 240 del 29 de diciembre de 1988.
4.
Normas Técnicas de Control Interno para el Control Público. Publicación
de la Contraloría General de la República
del 15 de junio de 1995.
5.
Normas de Auditoria
Gubernamental de Nicaragua. Publicación de la Contraloría General de República
del 20 abril de 2002.
6.
Decreto No. 83-99, De creación
de los Comités de Seguimiento y Evaluación. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 143, del 28 de
julio de 1999.
7.
Decreto-Ley No. 297, Código
Penal de la República de Nicaragua. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No.
96 del 3 de mayo de 1974. Sus reformas son las siguientes: Leyes Nos. 259, Reforma de los Capítulos
Octavo y Noveno y los Artículos 386, 389, 395 y 397 del Capítulo Décimo del Título
VIII, Delitos contra las Personas. Publicada
en La Gaceta, Diario Oficial, No. 222 del 5 de octubre de 1973; 67, Ley de Reforma al Artículo
494 del Código Penal. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 245 del 27
de diciembre de 1989; 150, Ley de Reformas al Código Penal. Publicada
en La Gaceta, Diario Oficial, No. 174 del 9 de septiembre de 1992; 230, Ley de Reformas y Adiciones al
Código Penal. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 191 del 9
de octubre de 1996; 419, Ley de Reforma y Adición al Código Penal de la República
de Nicaragua. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 121 del 8 de junio
de 2002.
8.
Ley No. 419, Reforma al Código
Penal de la República de Nicaragua. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 121 del 28 de
junio de 2002.
9.
Ley que Reforma el Decreto
No. 579, Ley No. 11. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 217 del 12 de
noviembre de 1985.
10.
Ley No. 438, Ley de Probidad
de los Servidores Públicos. Publicada
en La Gaceta, Diario Oficial, No. 147 del 7 de agosto de 2002.
11.
Decreto No. 124-99, Normas
de Ética del Servidor Público del Poder Ejecutivo. Publicado en La Gaceta,
Diario Oficial, No. 236 del 10 de diciembre de 1999.
12.
Decreto No. 67-2002,
Creación de la Oficina de Ética Pública. Publicado en La Gaceta, Diario
Oficial, No. 142 del 30 de julio de 2002.
13.
Ley No. 290, Ley de
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y su Reglamento.
Publicada en La Gaceta, Diario
Oficial, No. 102 del 3 de junio de 1998.
14.
Ley No. 323, Ley de
Contrataciones del Estado. Publicada
en La Gaceta, Diario Oficial, Nos. 1 y 2 del 3 y 4 de enero de 2000.
15.
Ley No. 435, Ley de
Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2002. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 147 del 7
de agosto de 2002.
16.
Normas y Procedimientos de
Ejecución y Control Presupuestario 2002. Publicada por la Dirección General de Presupuesto
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
el 7 de enero de 2002.
17.
Decreto Ejecutivo No.
70-2000, Tratado de Extradición entre la República de Nicaragua y el Reino de
España. Publicado en La Gaceta,
Diario Oficial, No. 161 del 25 de agosto de 2000.
18.
Decreto A.N. No. 1888,
Tratado de Extradición entre la República de Nicaragua y los Estados Unidos
mexicanos. Publicado en La Gaceta,
Diario Oficial, No. 64 del 2 de abril de 1998.
19.
Decreto A.N. No. 1884,
Tratado de Extradición entre la República de Nicaragua y la República de
Chile. Publicado en La Gaceta, Diario
Oficial, No. 63 del 1 de abril de 1998.
20.
Decreto A.N. No. 1902,
Aprobación del Tratado de asistencia lega mutua en asuntos penales entre las
repúblicas de Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Publicado en La Gaceta, Diario
Oficial, No. 116 de junio de 1998.
21.
Ley No. 177, Ley de
Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Controladas. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 138 del 25
de julio de 1994. Su reforma se hizo por medio de la Ley No. 285, Ley de
Reforma y Adiciones a la Ley No.177, Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y
Sustancias Controladas. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nos. 69 y 70
del 15 y 16 de abril de 1999, respectivamente.
22.
Ley No. 261, Ley de
Municipios. Publicada en La Gaceta,
Diario Oficial, No. 162 de agosto de 1997.
23.
Decreto Ejecutivo No. 52-97,
Reglamento de la Ley de Municipios. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 171 del 8 de
septiembre de 1997. Sus reformas son las siguientes: Decretos Nos. 34-2000,
publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 81 del 2 de mayo de 2000; 48-2000,
publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 107 del 7 de junio de 2000.
24.
Decreto Ejecutivo No. 15-99,
Creación del Consejo Nacional de Planificación Económico y Social. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 34 del 18
de febrero de 1999.
25.
Decreto No. 17-2001, Creación de la Comisión Nacional de Participación
Ciudadana. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 23 del 1 de febrero de
2001.
26.
Ley de Iniciativa Ciudadana
de Leyes. Publicada en La Gaceta,
Diario Oficial, No. 218 del 14 de noviembre de 1997.
II.
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS POR EL
ESTADO PARTE
1.
Normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento (
Articulo III párrafo 1 y 2)
CAPITULO PRIMERO
MEDIDAS Y MECANISMOS
EN MATERIA DE NORMAS DE CONDUCTA PARA EL CORRECTO, HONORBLE Y ADECUADO
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PUBLICA (ARTICULO III, NUMERALES 1 Y 2, DE LA
CONVENCIÓN)
La Convención
Interamericana Contra la Corrupción en su artículo III, numeral 1 y 2 rezan:
- Normas
de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las
funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir
conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los
recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus
funciones. Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los
funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los
actos de corrupción en la función publica de los que tengan conocimiento.
Tales medidas ayudaran a preservar la confianza en la integridad de los
funcionarios públicos y en la gestión publica.
- Mecanismos
para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.
Articulo
III: Medidas Preventivas
1.
Normas de conducta y mecanismos en general
a)
Existen en su país normas de conducta para el
correcto, honorable, y a adecuado cumplimiento de las funciones públicas?. En
caso afirmativo, descríbalas brevemente y relacione y adjunte copias de las
disposiciones y documentos en las que estén previstos.
La Constitución Política
establece que «la función pública se debe ejercer a favor de los intereses
del pueblo» y expresa que los funcionarios de los cuatro poderes del Estado
responden ante el pueblo por el «correcto desempeño de sus funciones y deben
de informarle de su trabajo y actividades oficiales…(y)…que deben atender y
escuchar sus problemas y procurar resolverlos» (art. 131, Constitución Política).
También el Estado asume la responsabilidad «patrimonial» de las lesiones que
sufran «los particulares en sus bienes, derechos e intereses» como
consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios en el ejercicio de
su cargo. En este sentido, la Constitución advierte que los funcionarios o
empleados públicos «son personalmente responsables por la violación de la
Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito
o falta cometida en el desempeño de sus funciones» y responsables ante el
Estado de «los perjuicios de causaren por abuso, negligencia y omisión en el
ejercicio del cargo» (art. 131 Constitución Política).
Producto de éste diseño constitucional
respecto, a la naturaleza y responsabilidad de la función pública, existen en
el orden jurídico nacional normas de conducta para el correcto, honorable, y
adecuado cumplimiento de las funciones públicas. En esta línea de pensamiento,
la Constitución Política establece que «ningún cargo concede, a quien lo
ejerce, más funciones que las que le confiere la Constitución y las leyes»
(art. 130) y que además, todo funcionario del Estado debe «rendir cuenta de
sus bienes antes de asumir su cargo y después de entregarlo». (art. 130).
Para evitar conflictos de intereses, la
Constitución Política, expresa que los funcionarios públicos de cualquier
Poder del Estado, no pueden «obtener concesión alguna del Estado» y tampoco
se les permite actuar como «apoderados o gestores de empresas públicas,
privadas, nacionales o extranjeras en contrataciones de estos con el Estado».
La sanción que establece la Constitución, por la infracción de este precepto,
se manifiesta en dos sentidos. Primero, «anula las concesiones o ventajas
obtenidas» y, segundo, la «pérdida
de la representación y el cargo». (art. 130, Constitución Política; Ley de
Probidad, arts. 8, 14 y 15). En este mismo sentido, la Constitución Política
prohíbe «hacer recaer nombramientos en personas que tengan parentesco cercano
con la autoridad» y establece la prohibición para los funcionarios principales
de hacer nombramientos a personas en el «cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad» (art. 130).
El Poder Ejecutivo emitió
un Decreto (124/1999) referido a las Normas Éticas del Servidor Público del
Poder Ejecutivo. Este decreto tiene por objeto establecer las normas de ética
del servidor público de los diferentes Ministerios del Estado, Entes
descentralizados y desconcentrados y en general todos aquellos a los que hace
referencia la Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder
Ejecutivo (Ley 290/1999). Este Decreto también establece el régimen de
restricciones a la función pública, deberes y prohibiciones e
incompatibilidades para el ejercicio del cargo.
Los servidores públicos deben
actuar de acuerdo a los principios de probidad, transparencia,
responsabilidad, imparcialidad y decoro. Deberán
sujetarse a cumplir y hacer cumplir con el ordenamiento jurídico que
corresponda a la naturaleza de sus funciones, actuar diligentemente con el
servicio que se le ha confiado, utilizar de manera racional los recursos en el
desempeño de sus labores, ejercer sus funciones inspirados en el bien común y
del bienestar de los intereses de los ciudadanos, resolver de conformidad a la
Ley las peticiones y demandas de los ciudadanos, proteger los valores
encomendados. Denunciar las conductas delictivas y faltas de que tuviera
conocimiento a la autoridad competente, presentar declaración de probidad en
los casos que corresponda y recibir únicamente la asignación que provenga de
fondos públicos.
(arts. 2, 6, 7 Ley de Probidad; arts. 1, 2, 4, 5, 6, Normas
de Ética del Servidor Publico del Poder Ejecutivo)
Establece que los servidores públicos deberán
de abstenerse de recibir dádivas, regalías, comisiones en dinero o especie por
parte de cualquier persona que tenga interés en el resultado de su gestión. Así
mismo deberán de inhibirse en utilizar la función publica en beneficio de
cualquier partido político. Se prohíbe a los servidores públicos involucrar a
terceros en el ejercicio regular de sus funciones así como adquirir por si o
por interpósita persona bienes que se vendan por su institución o hacer
gestiones para que terceros lo adquieran; o prestar por sí o por medio de
terceros servicios de asesoría en
asuntos relacionados a su cargo (arts. 8, 13, 14 y 15, Ley de Probidad; arts.
173, 175, 176, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; art.
395, Código Penal; arts. 13 y 19, Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República)
El Decreto no tiene fuerza
coercitiva, no establece sanciones ante el quebrantamiento de sus normas, su carácter
es preventivo, proporciona al servidor público un marco de disposiciones que le
advierten cómo debe actuar en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la
infracción de una norma ética, puede, según su naturaleza y contenido,
constituir delito. Así mismo, aquellas conductas de las que se deriva
responsabilidad civil o administrativa.
b)
Existen en su país mecanismos
para hacer efectivo el cumplimiento de
dichas normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalas brevemente y
relacione y adjunte copias de las disposiciones y documentos en las que estén
previstos.
La Contraloría General de
la República (Organo Rector) vigila el cumplimiento de la Ley de Probidad de
los Servidores Públicos, las leyes
generales y normas reglamentarias que rijan su constitución, operación,
funcionamiento, transformación y disolución. (arts. 24, 25, 26, 27, Ley de
Probidad). El mecanismo que la Contraloría utiliza como forma de control de
hacer efectivo el cumplimiento de las normas de conducta, son las auditorías.
Establece un modelo único de contabilidad que debe ejercer el Estado (arts. 1,
2, 3, 4, 5, 10, 43, Ley Orgánica de la Contraloría).
En este caso, la Contraloría
General de la República determina (cuando la hubiere) responsabilidad directa
al Funcionario que tenga a su cargo sistemas de administración financiera o
tenga en custodia los recursos materiales financieros. Las responsabilidades que
la Ley faculta determinar al Órgano de Control a los Funcionarios Públicos
investigados por actos que perjudiquen el patrimonio del Estado son, a saber,
responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, y dictaminar si existe o
no «presunción penal». Además tiene la facultad de remitir lo actuado a los
Tribunales de Justicia para que sea éste el que determine la existencia o no de
responsabilidad penal (arts. 173, 175 y 176, Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República; art. 156, Código Penal; arts. 13, 14 y 15, Ley de
Probidad). La Contraloría, expresa la Constitución Política,» deberá hacer
públicos (principio de publicidad) los resultados de sus investigaciones, y
cuando de los mismos se presumieran responsabilidades penales, deberá enviar su
investigación a los tribunales de justicia, bajo el apercibimiento de
encubridor, si no lo hiciera, de los delitos que posteriormente se determinara
cometieron los investigados» (art. 156).
La Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República contempla
el procedimiento a seguir en las investigaciones que sobre actos de corrupción
realice la Contraloría así como los recursos que se pueden utilizar por las
partes una vez que esta ha dado su resolución.
Recientemente
el Poder Ejecutivo creó la Oficina de Ética Pública para promover la
transparencia y efectividad en la administración de los bienes y recursos del
poder ejecutivo. Para combatir la corrupción, fomentando honestidad, civismo y
ética mediante la educación, divulgación y sensibilización, de las normas de
conducta de los funcionarios públicos. Tiene por objeto, regular la integridad,
diligencia efectiva e influencia de poder de los funcionarios civiles o
militares en el desempeño de sus cargo, a fin de que los bienes del Estado,
sean destinados ordenadamente a los fines del Gobierno de la República.
(Decreto No. 67-2002, Creación de la Oficina de Ética Pública)
c)
Mencione brevemente los
resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de las anteriores
normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que
disponga su país.
En los datos
proporcionados por la Contraloría General de la República (Anexo I) puede
observarse que en el año 2000, se recibieron por parte de las instituciones del
estado 104 solicitudes de licitaciones con exoneración del
procedimiento de la Ley de Contrataciones,
fueron autorizadas 66 solicitudes, 33 denegadas, 4 recursos por nulidad y
una denuncia de nulidad. En el año 2001, se
recibieron 82 solicitudes
de licitaciones para contratación directa
obviando el procedimiento de la Ley de Contrataciones de las cuales
57 solicitudes fueron autorizadas, 19 denegadas, 9 recursos de nulidad, y
3 denuncia de nulidad. En el año 2002, se recibieron 64 solicitudes de las cuales, fueron autorizadas 48, 12
denegadas, 1 recurso de nulidad, 3 denuncia de nulidad. De total de
328 auditorías practicadas la Contraloría aplicó 35 sanciones (multas
y destitución del cargo).
2. Conflicto de intereses
a)
Existen en su país normas de
conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses en el desempeño de
funciones publicas?. En caso afirmativo, descríbalas brevemente, indicando
aspectos tales como a quienes están destinadas y en que concepto se inspiran, y
relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén
previstas.
La Constitución Política propone normas
orientadas a prevenir conflictos de intereses en el ejercicio de las funciones públicas.
Así, la Primera Norma, expresa que los funcionarios públicos de cualquier
Poder del Estado, no pueden «obtener concesión alguna del Estado» y tampoco
se les permite actuar como «apoderados o gestores de empresas públicas,
privadas, nacionales o extranjeras en contrataciones de estos con el Estado».
La sanción que establece la Constitución, por la infracción de este precepto,
se manifiesta en dos sentidos. Primero, «anula las concesiones o ventajas
obtenidas» y, segundo, la «pérdida
de la representación y el cargo». (art. 130; art. 8, 14 y 15, Ley de
Probidad). En este mismo sentido, la Constitución Política prohíbe «hacer
recaer nombramientos en personas que tengan parentesco cercano con la autoridad»
y establece la prohibición para los funcionarios principales de hacer
nombramientos a personas en el «cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad» (art. 130).
En la legislación
secundaria, La Ley de Contrataciones y Adquisiciones de Bienes del Estado,
articula y desarrolla las normas constitucionales para prevenir los conflictos
indicados. Esta Ley tiene por objeto establecer normas generales y
procedimientos que regulen la adquisición de bienes, contrataciones para las
consultorías y de cualquier otro servicio que efectúen los órganos o en
entidades del sector Público. El ámbito de aplicación es el del sector público,
entes autónomos y descentralizados, los municipios, universidades que reciban
fondos estatales, así como aquellas Empresas en la que el Estado es accionista.
La Ley contempla los principios básicos que deben seguir las contrataciones,
como son principios de eficiencia, de publicidad y transparencia, de igualdad y
libre competencia, determina el procedimiento de adquisición de bienes a través
de licitación (arts. 3, 12 y 13, Ley de Contrataciones del Estado; arts. 173,
175 y 176, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; art.
130,Constitución Política; arts. 13, 14 y 15,
Ley de Probidad).
b)
Existen en su país mecanismos
para hacer efectivo el cumplimiento de
las anteriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalas brevemente y
relacione y adjunte copias de las disposiciones y documentos en las que estén
previstos.
Los mecanismos para
hacer efectivo el cumplimiento de las anteriores normas de conducta se
establecen en la Ley de Contrataciones del Estado. Esta Ley expresa que no podrán
ser oferentes del Estado los funcionarios públicos
que tengan un interés comercial, personal, los que hayan participado en
el diseño de las licitaciones, sus familiares hasta en el tercer grado de
consanguinidad y sus cónyuges. De igual forma los funcionarios públicos son
responsables de vigilar y salvaguardar los bienes del Estado, se les prohíbe
utilizar sus cargos para su propio beneficio o a favor
de terceros (art. 12 y 13, Ley de Contrataciones
del Estado; arts. 2, 5, 7 y 8, Ley de Probidad de los Servidores Públicos).
La Ley de
Contrataciones del Estado y la Ley de Probidad de los Servidores Públicos
contienen para los funcionarios públicos (y particulares) sanciones para la
infracción de estos mecanismos particularmente de carácter administrativa, sin
perjuicio de las civiles y penales que de la misma se deriven (arts. 84, 85, 86,
87, 88, 89 y 90, Ley de Contrataciones del Estado; arts. 13, 14 y 15, Ley de
Probidad de los Servidores Públicos; arts. 173, 174 y 175, Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República).
c)
Mencione brevemente los
resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de las anteriores
normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que
disponga su país.
Puede observarse en
los datos proporcionados por Contraloría General de la República (Anexo I) que
en el año 2000 se realizaron 158 auditorías de las cuales 87 fueron
financieras y de cumplimiento, 61 auditorías
especiales, 10 de evaluación de control interno. De estas 158 Auditorías,
81 fueron ejecutadas con fondos propios y 77 por firmas privadas; estableciendo
27 responsabilidades administrativas, 8 presunción
responsabilidades penales, 25 responsabilidades civiles.
En el año 2001 se
practicaron 170 Auditorías, 71 fueron financieras y de cumplimiento, 87 auditorías
especiales, 12 de evaluación de control interno; 106 fueron ejecutadas con
fondos propios y 64 por firmas privadas; se determinaron 39 responsabilidades
administrativas, 16 responsabilidades penales, 16 responsabilidad civil, para un
total de 169 funcionarios afectados; se emitieron 5 sanciones, 2 sanciones no
fueron aplicadas, 6 multas y destituciones del cargo 4.
Para el 2002 se han determinado 19
responsabilidades administrativas, 13 responsabilidades penales, 13
responsabilidades civiles, para un total de personas afectadas de 184 y se han
emitidos 13 sanciones, 5 no aplicadas, 10 multas, y 1 destitución del
cargo.
3. Preservación
y uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño
de sus funciones
a)
Existen en su país normas de
conducta orientadas a asegurar la
preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos
en el desempeño de sus funciones?. En caso afirmativo, descríbalas brevemente,
indicando aspectos tales como a quienes están destinadas y en que concepto se
inspiran, y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las
que estén previstas.
Las normas de
conducta orientadas a asegurar la
preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos
en el desempeño de sus funciones están a cargo de la Contraloría General de
la República. En su normativa establece que cada institución del Estado es
responsable de crear políticas propias de control interno, sin perjuicio de la
facultad que la Contraloría tiene para emitir las normas técnicas de control interno y normas técnicas de auditoria
gubernamental (art. 38, 40, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 76, 80, 85,
86, Ley Orgánica de la Contraloría).
Las Normas Técnicas de Control Interno
establecen criterios profesionales para ser observados en las diferentes áreas
de administración financiera, operacionales, de programas y proyectos, son las
guías básicas de aplicación general con carácter obligatorio, tienen el propósito
de establecer una separación apropiada de las funciones de los servidores públicos
de cada institución. Cada entidad es responsable de establecer y mantener una
estructura de control interno, que proporcione una seguridad razonable en las
normas y procedimientos formalmente establecidos en las transacciones de cada
institución, tales como el activo,
el pasivo, ingreso,
gastos, compra de bienes y servicios, emisión de cheques, control de
caja, control de inventarios, entre otras. ( Normas Técnicas de Control
Interno; art. 3, 5, 7,9, 10, 35 Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República).
La Auditoría Gubernamental se realiza en
base a las Normas de Auditoria Gubernamental y consiste en un examen objetivo,
sistemático de las operaciones financieras y administrativas de cada entidad y
organismos del sector público, con el propósito de verificar
y comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales referentes a los
recursos materiales y financieros
para que se administren en forma correcta, a fin de asegurar un control
posterior efectivo (art. 38, 40,
43, 45, 49, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República).
El control gubernamental
efectuado por la Contraloría General de la República tiene como objetivos
dinamizar las actividades administrativas de las entidades y organismos
sujetos de control, establecer control interno confiable, propiciar a los
servidores públicos un ambiente adecuado que fortalezca su moralidad e
integridad, aumentar la productividad, salvaguardar los recursos públicos,
aumentar la eficiencia, efectividad y economía en las operaciones
gubernamentales y el uso de sus recursos, fomentar el cumplimiento de las
disposiciones legales, normas y políticas pertinentes, facilitar el logro de
las metas y objetivos programadas. (art. 3, 5, 7, 9, 10 y 35, Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República; art. 130, Constitución Política;
art. 3, 5, 8, 13,14,15 Ley de Probidad de los Servidores Públicos; art.
5, 6, 7, Ley de Contrataciones del
Estado).
Las Normas y Procedimientos de Ejecución y
Control Presupuestario son emitidas cada año, por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico. Quedan sometidas a las disposiciones de estas normas todas las
dependencias del Estado que conforman el Gobierno Central. Establece las
responsabilidades del control de la ejecución del presupuesto. (
Normas y Procedimientos de Ejecución y Control Presupuestario 2002).
Por su parte, corresponde a las Direcciones
Generales de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico supervisar,
controlar y evaluar la ejecución presupuestaria de los organismos, en función
del cumplimiento de las presentes normas. (art. 3, 5, 7,9, 10, 35, Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República; art. 130 Constitución Pública).
Es responsabilidad de las
instituciones a través de las divisiones administrativas financieras, la
custodia y conservación de los activos fijos que se le hayan asignados para el
desempeño de sus funciones y por los cuales rendirán cuentas. Además son
responsables de llevar un registro auxiliar de todos los activos fijos de su
institución. Las direcciones administrativas financieras remitirán
mensualmente a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental un informe de
movimientos altas y bajas de los inventarios con los códigos de los activos
involucrados. (art. 3, 5, 7,9, 10, 35, Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República; art. 130 Constitución Política;
Normas y Procedimientos de Ejecución y Control Presupuestario 2002; art.
3, 5, 8, 13, 14, 15, Ley de Probidad; art. 5, 6, 7, Ley de Contrataciones del
Estado).
b)
Existen en su país mecanismos
para hacer efectivo el cumplimiento de
las anteriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalas brevemente y
relacione y adjunte copias de las disposiciones y documentos en las que estén
previstos.
Existen en Nicaragua
mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento
de las anteriores normas de conducta, las cuales están a cargo de la
Contraloría General de la Republica y de las unidades de Auditoría Interna de
cada institución.
Cada institución
debe de establecer un control interno propio utilizando como guía las Normas Técnicas
de Control Interno para el Control Público emitidas por la Contraloría General
de la República, en las que dan
orientaciones para establecer métodos para salvaguardar los recursos y su veracidad de su información
financiera, técnica y administrativa. Es de carácter obligatorio el
establecimiento del mismo. (Normas Técnicas de Control Interno para el Control
Público)
El plan de
organización del control interno debe de tener procedimientos que hagan posible
el registro del control financiero
y administrativo sobre los recursos, obligaciones, ingresos, gastos, patrimonio
así como los proyectos de obras públicas, practicas sanas para el cumplimiento
de las funciones de cada unidad y servidor publico. Las instituciones del Estado
deben de establecer la unidad de Auditoria Interna. (Ley Orgánica del Contraloría
General de la República 38,39,40,41,42,43).
La unidad de Auditoria Interna es responsable
del control posterior interno ante la máxima autoridad de la institución. Es
organizada según las necesidades y recursos que haya que administrar, deberá
de estar de acuerdo con la complejidad y volumen de las transacciones
respectivas. Las auditorias realizadas por esta unidad serán efectuadas de
acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría
General de la República. La
Auditoría interna está sujeta a evaluación periódica de la Contraloría
General de la República. Esta unidad tiene
un grado máximo de independencia
por lo que no puede participar en los procesos administrativos, emite informes
que son dirigidos a la autoridad máxima de la institución. ( Ley Orgánica del
Contraloría General de la República 53,54,55,56,57,58)
c)
Mencione brevemente los
resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de las anteriores
normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que
disponga su país.
No disponemos de información.
4.
Medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a
las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública
de los que tengan conocimiento
a)
Existen en su país normas de conducta que
establezcan medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar
a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función
publica de los que tengan conocimiento?. En caso afirmativo, descríbalas
brevemente, indicando aspectos tales come a quienes están destinadas y si se
prevén excepciones al respecto y relacione y adjunte copia de las disposiciones
y documentos en las que estén previstas.
Existen normas de conducta que establecen
medidas y sistemas que exigen a los funcionarios públicos informar a las
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función publica de
los que tengan conocimiento, lo cual está a cargo de
la Contraloría General de la República.
El funcionario
obligado a informar sobre los actos de corrupción es el Auditor Interno de cada
institución del Estado. Las auditorías efectuadas
por el Auditor Interno estarán de
acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y a las políticas y
normas técnicas de Auditoría Gubernamental expedidas por el Contralor General.
(arts. 56 y 59, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República),
Las auditorías se efectúan de acuerdo a las
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y a las políticas y normas técnicas
de Auditoría Gubernamental expedidas por el Contralor General. Los informes de
Auditoría y exámenes especiales serán firmados por el auditor interno. Los
auditores internos cuando lo consideren necesario comunicarán directamente a la
Contraloría General cualquier asunto de importancia que deba ser conocido por
ella (art. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y63, Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República).
Cuando del examen practicado por las unidades
de auditoría interna aparecieren hechos que puedan generar la responsabilidad
administrativa, se dejará constancia de ello en el pertinente informe, de
manera que posibilite al titular o a su máxima autoridad la aplicación de las
sanciones pertinentes (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,
arts. 38, 40, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 76, 80, 85 y 86).
Cuando se evidencien hechos delictivos que
perjudiquen los intereses económicos, que atenten contra la probidad del manejo
de los mismos, el auditor hará conocer inmediatamente a la autoridad máxima y
a la Contraloría General y
procederá a recopilar todas las pruebas a su alcance para concretar las
evidencias, y contará con el apoyo de la autoridad máxima, puede hacer
comparecer testigos y exigir declaraciones
juradas tal como la presentación de documentos. La persona que se
rehusara será compelida con apremio corporal (art. 2520, 2521, 2526 del Código
Civil; arts. 38, 40, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 76, 80, 85 y 86,
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República)
b)
Existen en su país mecanismos
para hacer efectivo el cumplimiento de las anteriores normas de conducta?. En
caso afirmativo, descríbalas brevemente y relacione y adjunte copias de las
disposiciones y documentos en las que estén previstos.
El mecanismo para hacer efectivo el
cumplimiento de estas normas de conducta están bajo la responsabilidad de la
Contraloría General de la República, por medio de Auditorías. Estas se
clasifican en 5 tipos, a saber: Auditorías financieras, operacionales,
especiales, selectivas e internas.
·
· Las Auditorías internas son realizadas por las autoridades de las
instituciones a través de su unidad de Auditoría interna. (art. 38, 39, 40,
41, 42 y 48, La ley Orgánica de la Contraloría)
·
· Las Auditorías operacionales consiste en el examen y evaluación para
establecer el grado de eficiencia, efectividad y economía en su planificación,
organización, dirección, control interno y uso de sus recursos, verificar la
observancia de las disposiciones pertinentes (art. 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 49,
Ley Orgánica de la Contraloría)
·
· Las Auditorías financieras consisten en el examen de los registros,
comprobantes, documentos y otros que sustentan los estados financieros, para
formular el dictamen con respecto a la racionalidad con que se presentan los
resultados de las operaciones financieras en el patrimonio, para determinar el
cumplimiento de las disposiciones legales. (art. 38,39,40,41,42,43,.50, La ley
Orgánica de la Contraloría).
·
· Las especiales consisten en la verificación, estudio y evaluación de
las operaciones y transacciones financieras o administrativas con posterioridad
a su ejecución aplicando las técnicas y procedimientos de la auditoría de la
ingeniería o afines o de las disciplinas especificas de acuerdo con la materia
del examen (arts. 38, 39, 40, 41,
42, 43 y 51, Ley Orgánica de la Contraloría).
Las Auditorías de revisión selectiva
permite al auditor que si de la evaluación del control interno y del examen
selectivo de las operaciones, llega a tener evidencias suficiente y pertinente
sobre la confiabilidad de las mismas, a su discreción podrá limitar el examen
a una parte de ellas. (art. 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 52, Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República).
c)
Mencione brevemente los
resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de las anteriores
normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que
disponga su país.
Los datos proporcionados por la Contraloría
General de la República, Anexo I, se observa que las denuncias ciudadanas son
las dan origen a las auditorías por actos de corrupción. Del año 2000 al mes
de junio de 2002 se han recibido 184 denuncias, de las cuales solamente 11 han
generado auditorías.
2. Sistema
para la declaración de los ingresos, activos y pasivos ( Articulo II, Párrafo
4)
CAPITULO SEGUNDO
SISTEMAS DE DECLARACIÓN DE INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS ( ARTICULO III,
NUMERAL 4)
a)
Existen en su país normas de conducta que
establezcan sistemas para la declaración
de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan
funciones públicas en los cargos que establezca la ley
y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda?. En
caso afirmativo, descríbalas brevemente, indicando aspectos tales come a
quienes están destinadas, ante quien y en qué momentos debe presentarse la
declaración, cual es su contenido, los criterios de valoración y cómo se
verifica y se accede a la información suministrada y que utilización se le da,
y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén
previstas.
Estas normas se encuentran en la Ley de
Probidad de los Servidores Públicos. Esta Ley tiene por objeto regular la
probidad de los funcionarios públicos para la observancia de los principios de
dignidad, probidad, igualdad, capacidad y responsabilidad. Establece como deben
de cumplir con sus obligaciones de vigilar los recursos del Estado, así como de
presentar su declaración de probidad ante la Contraloría General de la República
así como colaborar con ella cuando esta lo requiera (arts. 1, 5, 7, 8, 12, 13,
14 y 15, Ley de Probidad). Las declaraciones deben de
contener los bienes que integran su patrimonio personal, activos y
pasivos, el de su cónyuge, acompañante de unión de echo, hijos que estén
bajo su responsabilidad. Al finalizar la declaración contendrá promesa del
declarante de que lo dicho es verdad y que los bienes declarados son los únicos
declarados en Nicaragua y en el extranjero. La Contraloría tiene la facultad de
verificar la declaración de probidad, solicitando al servidor documentos que
soporten lo declarado (arts. 21 y 23, Ley de Probidad)