CUESTIONARIO
EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS POR EL COMITÉ DE EXPERTOS
DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN PARA SER ANALIZADAS EN EL MARCO DE LA
PRIMERA RONDA
I. BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO-INSTITUCIONAL
Describa
brevemente el sistema jurídico-institucional de su país, de acuerdo con su
ordenamiento constitucional.
El
máximo ordenamiento jurídico de nuestro país es la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con ella, México se encuentra
constituido en una República representativa, democrática, federal, compuesta
de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior,
pero unidos en una Federación establecida según los principios de la propia
Constitución. Los estados tienen
como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa al municipio libre.
Por
lo que respecta al orden federal, el Supremo Poder de la Federación se divide
para su ejercicio en:
Ø
Poder Legislativo, a cargo de un Congreso
bicameral. En lo que toca a los temas concernientes a este cuestionario, hay
que subrayar la existencia de la Auditoría Superior de la Federación, órgano
de control de la gestión pública dependiente de la Cámara de Diputados.
Ø
Poder Ejecutivo, a cargo del presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, quien ejerce los negocios del orden administrativo
de la Federación y para ello cuenta con las secretarías de Estado y otros
departamentos administrativos —que
conforman la Administración Pública Centralizada— así como con la
Administración Pública Federal Paraestatal, integrada por organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y
fideicomisos públicos. Cabe subrayar, para efectos de este ejercicio, la
existencia de la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), que es la secretaría de Estado especializada en la prevención,
detección, determinación y sanción de actos de corrupción al interior de
la administración pública federal.
Ø
Poder Judicial, a cargo de una Suprema Corte de
Justicia, de un Tribunal Electoral, de Tribunales Colegiados y Unitarios de
Circuito y de Juzgados de Distrito, cuya función es dirimir controversias en
los términos previstos por la propia Constitución, así como interpretar las
leyes emanadas del Congreso de la Unión para tales efectos.
El
Estado Mexicano cuenta asimismo con organismos públicos que por virtud de la
función que realizan han sido dotados de autonomía por la Constitución
Federal. Estos no forman parte de los Poderes de la Unión, aunque por su
naturaleza pública están sujetos al marco jurídico aplicable a ellos. Tal
es el caso del Instituto Federal Electoral y de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
En
lo que respecta al marco normativo, el Gobierno de la República realiza un
trabajo permanente para mantener actualizados los mecanismos que aseguren la
prevención y el combate a la corrupción a través de reformas pertinentes a
nuestras leyes. Destaca en este sentido la reciente publicación de la nueva
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
cuyo propósito fundamental es fortalecer la prevención de infracciones
administrativas por medio del establecimiento de disposiciones jurídicas
adicionales a las previstas en la Ley Federal de Responsabilidades anterior,
las cuales precisan o determinan nuevos deberes a cargo de los servidores públicos.
Asimismo, se provee a las autoridades de nuevos elementos jurídicos que les
permitirán ejercer de manera eficaz su potestad disciplinaria.
Hay
que destacar que México ya cuenta con una Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Su principal objetivo es
implementar una herramienta poderosa de combate a la corrupción al fortalecer
el sistema de responsabilidades públicas, ya que con ella se contrarresta el
anonimato en el ejercicio de las funciones estatales y permite identificar los
actos con sus actores.
II. CONTENIDO DEL CUESTIONARIO
CAPÍTULO
PRIMERO
MEDIDAS
Y MECANISMOS EN MATERIA DE NORMAS DE CONDUCTA PARA EL CORRECTO, HONORABLE Y
ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO III, NUMERALES 1 Y 2
DE LA CONVENCIÓN)
1.-
Normas de conducta y mecanismos en general.
a)
¿Existen en su país normas de conducta para el correcto, honorable y
adecuado cumplimiento de la función pública? En caso afirmativo descríbalas
brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en
las que estén previstas.
Sí.
México cuenta con normas legales para prevenir, detectar y sancionar
conductas indebidas de los funcionarios públicos.
En la Constitución mexicana se definen, en
su Título Cuarto, las responsabilidades de los servidores públicos, su
naturaleza —política, administrativa, civil o penal—, las bases de la
responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito, el procedimiento para
determinar las responsabilidades políticas y administrativas y sus plazos de
prescripción. (Anexo 1). Este título constitucional es reglamentado por la nueva
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
(LFRASP) —entró en vigor el 14
de marzo de 2002 y deroga la expedida en 1983, así como todas aquellas
disposiciones que se opongan a lo establecido en dicha ley—, la cual
incorpora nuevas obligaciones de los funcionarios públicos con el fin de dar
transparencia a la gestión pública federal, definir reglas éticas en la
Administración Pública y clarificar la forma en que puede presentarse el
conflicto de intereses en la función pública. También especifica las
obligaciones, responsabilidades y sanciones administrativas, las autoridades
competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones, así como el
registro patrimonial de los servidores públicos. (Anexo
2). Entre sus innovaciones,
destacan las siguientes:
Ø
La obligación de los servidores públicos de rendir
cuentas sobre el ejercicio de sus funciones y en general sobre la gestión pública
federal, a cuyo efecto proporcionarán la documentación e información que
les sean requeridas en los términos de la Ley.
Ø
La obligación de los servidores públicos para
abstenerse de adquirir para sí o para sus cónyuges, parientes consanguíneos
o por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles, o terceros con los
que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, o socios o
sociedades de las que los propios servidores públicos o las citadas personas
formen o hayan formado parte, bienes inmuebles que puedan incrementar su valor
o que mejoren sus condiciones, derivado de la realización de obras o
inversiones públicas que hubieren autorizado o tenido conocimiento en el
desempeño de sus funciones.
Ø
Se aclara la forma en la que puede presentarse el
conflicto de intereses en la función pública, y se precisan las abstenciones
que deberán observar los servidores públicos durante un año después de
haber concluido sus funciones, a efecto de no incurrir en intereses en
conflicto.
Ø
Se amplían los plazos de prescripción de las
facultades de las autoridades para imponer sanciones administrativas,
estableciéndose el de cinco años para las infracciones graves, y el de tres
años para las infracciones que no lo sean.
Ø
Se crea un registro de servidores públicos, de carácter
público, que en el ámbito del poder ejecutivo federal llevará la Secretaría
de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), por medio del cual podrá
conocerse la información relativa a la situación patrimonial de éstos,
cuando se cuente para ello con la autorización previa y específica del
servidor público, así como en su caso, los procedimientos administrativos
seguidos en su contra y las sanciones que les hubieren sido impuestas.
Ø
Se dota de facultades expresas a la SECODAM para
auditar la situación patrimonial de los servidores públicos del gobierno
federal y para iniciar una investigación
cuando se presuma enriquecimiento ilícito.
El
31 de julio de este año se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el
Código de Ética para la Administración Pública Federal, el cual
contiene reglas claras para que en el desempeño de la función pública
impere invariablemente una conducta digna que responda a las necesidades de la
sociedad y que oriente la actuación de los servidores públicos (Anexo
3). De conformidad con las líneas
estratégicas que prevé el Programa
Nacional de Combate a la Corrupción y de Fomento para la Transparencia y el
Desarrollo Administrativo 2001-2006, cada una de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, con base en el Código de Ética,
deberán elaborar y emitir un Código de Conducta específico que delimite la
actuación que deben observar sus servidores públicos en situaciones
concretas, atendiendo a las funciones y actividades propias de cada institución.
La SECODAM cuenta con un Código de Conducta
basado en los principios de ética que ha promovido el actual gobierno y que
descansa sobre los valores de transparencia, integridad, rendición de cuentas
y responsabilidad que los servidores públicos de la Secretaría deben
observar en el desempeño de sus labores.
(Anexo 4)
Con independencia de lo anterior, las leyes
específicas que regulan la actividad de la Administración Pública Federal
establecen determinadas obligaciones a cargo de los servidores públicos,
disposiciones que por su naturaleza deben observarse en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión. A continuación se enuncian algunos de estos
ordenamientos, los cuales se abordarán con mayor detalle
en las respuestas subsecuentes y se incluyen como anexos del presente
cuestionario para su análisis y estudio:
Ø
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Anexo
5)
Ø
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal y su Reglamento. (Anexos 6 y 7)
Ø
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental. (Anexo 8)
Ø
Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. (Anexo
9)
Ø
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su
Reglamento. (Anexo 10)
Ø
Ley de Planeación. (Anexo 11)
Ø
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (Anexo
12)
Ø
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y su Reglamento. (Anexo
22)
Ø
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento. (Anexo 23)
Ø
Código Penal Federal. (Anexo13)
Ø
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. (Anexo
14)
Ø
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento
a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006. (Anexo
15)
b)
¿Existen en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas
normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y
adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.
Sí. Estos son los siguientes:
Quejas y denuncias. El artículo
8 de la LFRASP prevé que ante las dudas fundadas que se susciten por razón
de las órdenes que reciban los servidores públicos y que pudiesen implicar
violaciones a las disposiciones jurídicas o administrativas, deberán
comunicarse por escrito al titular de la dependencia o entidad, a efecto de
que éste dicte las medidas que procedan conforme a derecho. (Anexo
2)
Verificación. En el
artículo 20 de esa Ley se
dispone que la SECODAM o el contralor interno de la dependencia en cuestión
podrán comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos
a través de operativos específicos de verificación, en los que participen,
en su caso, los particulares que reúnan los requisitos que aquélla
establezca.
Auditorías. La
SECODAM y los órganos internos de control en las dependencias llevan a cabo
auditorías para verificar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la
confiabilidad de la información financiera y operacional y el debido
cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas aplicables.
Auditorías
externas. Con el objeto de obtener la opinión de un tercero
profesional independiente para garantizar la credibilidad de las cifras que
las entidades presentan en sus estados financieros y el cumplimiento de las
disposiciones fiscales, la SECODAM designa auditores externos que realizan
auditorías para dictaminar los estados financieros al cierre del ejercicio
anual y otros trabajos especializados de revisión aplicables a las entidades
paraestatales de la Administración Pública Federal.
Comités
internos. Cada dependencia cuenta con un Comité de Control y Auditoría
que analiza y evalúa la información concerniente a las auditorías y a la
efectividad de los sistemas de control interno.
Visitadurías.
La SECODAM cuenta con una Coordinación de Visitadurías de
Atención Ciudadana, Responsabilidades e Inconformidades que tiene como función
principal realizar inspecciones para verificar la debida atención de las
quejas, denuncias y peticiones de la ciudadanía, así como en materia de
responsabilidades administrativas y de inconformidades en los órganos
internos de control de las dependencias y la debida actuación de quienes
tengan a su cargo dichas atribuciones, de conformidad con el artículo 46 de
su Reglamento Interior. (Anexo
29).
Quejas
y denuncias de la ciudadanía.
En las dependencias y entidades del gobierno federal
se han establecido unidades específicas, a las que el público tiene fácil
acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.
Participación
ciudadana.
Como mecanismo para
hacer efectivo el cumplimiento de las normas de conducta antes referidas, el
tercer párrafo del artículo 26 de la Constitución prevé el establecimiento
de procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional
de planeación democrática. (Anexo
16). En este sentido, el artículo 20 de la Ley de Planeación establece
la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito
de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización
y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de sus programas sectoriales. (Anexo 11)
Sanciones administrativas. El
incumplimiento de las disposiciones contempladas en el artículo 8 de la
citada Ley o de cualquier otra
disposición legal, da lugar a las sanciones establecidas en el artículo 13
del ordenamiento en cita, consistentes en amonestación privada o pública;
suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del puesto; sanción
económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público, las cuales se determinan mediante el
procedimiento administrativo disciplinario previsto en el artículo 21 de la
propia Ley. (Anexo 2)
Sanciones penales. El Título
Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal tipifica los delitos
cometidos por servidores públicos, cuyas sanciones consisten en privación de
la libertad, multa, destitución o inhabilitación. (Anexo 13)
Sanciones políticas. De
conformidad con el artículo 109 de la Constitución, incurren en
responsabilidad política los servidores públicos señalados en su artículo
110 (véase anexo 1) cuando
en el ejercicio de sus funciones cometan actos u omisiones que redunden en
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Las
sanciones que se impondrán por tal motivo son la destitución y la
inhabilitación del funcionario para desempeñar empleos, cargos o comisiones
de cualquier naturaleza en el servicio público.
Mecanismos interinstitucionales. La
Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción
en la Administración Pública Federal tiene por objeto coordinar las políticas
y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la transparencia
en el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades, así como
dar seguimiento a los programas y acciones que éstas deban llevar a cabo
anualmente en las materias señaladas. (Anexo 17)
Responsabilidades resarcitorias. Se
cuenta con diversos procedimientos establecidos en las leyes reglamentarias
como es la elaboración de pliegos de responsabilidades, previsto en la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; los lineamientos y
procedimiento para el control, seguimiento y cobro de las sanciones económicas,
multas y pliegos de responsabilidades, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de enero de 1998; así como los demás convenios de
colaboración y coordinación entre dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y las entidades federativas.
Control
externo. Como órgano de control externo, conforme a lo dispuesto en
el artículo 79 de la Constitución y de la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación se encuentra la entidad denominada Auditoría Superior de la Federación que es un órgano de la Cámara
de Diputados y sobre la cual se abundará en el capítulo tercero de este
cuestionario.
c)
Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la
aplicación de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos
pertinentes de los que disponga su país.
La
SECODAM a través de sus órganos internos de control
y sus áreas centrales, ha recibido, tramitado y resuelto, expedientes
integrados con motivo de actos u omisiones irregulares cometidos por
servidores públicos. A continuación se señalan los datos estadísticos
correspondientes a la Administración Pública Federal del periodo del 1 de
enero de 1998 a junio
de 2002 con datos reales y con cifras estimadas a agosto del mismo año,
excepto las sanciones económicas que se refieren al mes de julio:
|
TIPO
DE SANCION |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
TOTAL |
|
APERCIBIMIENTO |
4032 |
4078 |
5651 |
2035 |
203 |
22581 |
|
AMONESTACION |
1603 |
1463 |
2075 |
1846 |
920 |
9153 |
|
SUSPENSION |
1800 |
1308 |
1345 |
1254 |
817 |
7874 |
|
DESTITUCION |
1008 |
778 |
957 |
864 |
366 |
4872 |
|
INHABILITACION |
1356 |
1510 |
1939 |
1952 |
953 |
8684 |
|
ECONOMICAS |
1027 |
961 |
1201 |
1095 |
569 |
5701 |
|
TOTAL |
10826 |
10098 |
13168 |
9046 |
3828 |
58865 |
En la gráfica que se muestra, se puede
observar el decremento de la aplicación de sanciones administrativas de 2000
a 2001, lo que refleja efectividad en la implementación de medidas
preventivas y en consecuencia la observancia de las normas de conducta en la
función pública. La estadística del año 2002 no es definitiva, pues aún
hay procedimientos en trámite.
La
SECODAM orientó sus líneas de acción a fortalecer los mecanismos necesarios
para prevenir, detectar y erradicar actos de corrupción. En esta materia,
durante 2001 se realizaron 7,278 auditorías en la Administración Pública
Federal, mientras que al mes de julio de 2002 se han efectuado 9,709, es
decir, un 26% más que el periodo anterior.
|
Año |
Auditorías
de SECODAM |
Auditorías
Externas |
Auditorías
de los OIC* |
Total |
|
1998 |
512 |
374 |
7723 |
8609 |
|
1999 |
368 |
374 |
7444 |
8186 |
|
2000 |
275 |
637 |
6317 |
7229 |
|
2001 |
81 |
348 |
6849 |
7278 |
|
2002** |
32 |
348 |
9329 |
9709 |
Por
lo que respecta a las auditorías realizadas por la SECODAM, en el periodo de
enero a junio de 2002 se han realizado 26 auditorías especiales (aquellas
cuyo propósito es precisar los hechos de una queja o denuncia que por su
importancia requieren ser investigados directamente por la SECODAM) que dieron
origen a 221 observaciones y se detectaron 7 casos de presunta responsabilidad
por 252 millones de pesos, y 6 auditorías al desempeño de los órganos
internos de control (aquellas que tienen por objeto verificar y comprobar que
las instancias de control cumplan con las normas generales de auditoría pública
y con los lineamientos, políticas y procedimientos emitidos por la SECODAM).
*Organos
Internos de Control.
** Cifras al mes de julio.
Por lo que respecta a las acciones
emprendidas por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate
a la Corrupción en la Administración Pública Federal, los resultados estadísticos
son los siguientes:
Ø
En el ejercicio 2001 se trabajó con 33 programas
operativos para la transparencia y combate a la corrupción, con una cobertura
para 117 instituciones de la Administración Pública Federal donde se
identificaron 1339 áreas críticas, así como un total de 1,891 probables
conductas irregulares, por lo que en estos programas se integraron y
ejecutaron 2,878 acciones de mejora enfocadas a 349 procesos críticos.
Ø
Para el ejercicio 2002, se amplió la cobertura de los
programas operativos a 148 instituciones de la Administración Pública
Federal, 27% más de lo alcanzado en 2001, cubriéndose 301 procesos críticos
en 717 áreas críticas en donde se detectaron 983 potenciales conductas
irregulares; comprometiéndose 2771 acciones de mejora (3.7 % menos que el año
anterior). Reducción que se explica como efecto del control preventivo
realizado y de la mayor precisión en el enfoque de las acciones de mejora.
Ø
Las acciones de mejora comprometidas
impactan en un 19.6% en Desarrollo Administrativo y Mejora de la Gestión Pública;
28.3% en Mecanismos de Supervisión y Control; 9.7% en Rendición de Cuentas e
Información Pública; 21.4% en Recursos Humanos y Ética Pública; 6.4% en
Tecnología y Desarrollo de Sistemas; 5.8% en Mejora Regulatoria y 8.8% en
Participación Ciudadana.
Ø
Se generó el “Reporte a la Sociedad. Primeras
acciones en materia de transparencia y combate a la corrupción en la
Administración Pública Federal” que contiene 178 acciones llevadas a cabo
por las secretarías de Estado, la Procuraduría General de la República y 10
entidades paraestatales durante el primer año de funciones de la Comisión.
Dicho informe está disponible en la página electrónica
www.programaanticorrupcion.gob.mx
.
Ø
Se desarrolló el “Primer catálogo de buenas prácticas
en materia de transparencia y combate a la corrupción en la Administración Pública
Federal” que constituye un esfuerzo por documentar y dar a conocer prácticas
que obtuvieron buenos resultados en las instituciones gubernamentales en que
fueron implementadas. Este primer catálogo incluye prácticas que ya se
aplican en otras instituciones, se está reforzando con la documentación de
otras prácticas, y se hace público en la misma página de internet citada en
el párrafo anterior.
2.-
Conflicto de intereses.
a)
¿Existen en su país normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de
intereses en el desempeño de funciones públicas? En caso afirmativo descríbalas
brevemente, indicando aspectos tales como a quienes están destinadas y en que
concepto se inspiran y relacione y adjunte copia de las disposiciones y
documentos en las que estén previstas.
Sí. El artículo 8 de la LFRASP establece
normas de conducta para evitar conflictos de intereses (Anexo
2). Algunas
conductas indebidas podrían ser interpretadas en figuras delictivas previstas
por el Código Penal Federal en sus artículos 217, 220 y 223. (Anexo
13)
b)
¿Existen en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las
anteriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y
relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén
previstos.
Sí. Los mecanismos para que la autoridad
detecte un posible conflicto de interés pueden ser la queja o denuncia
ciudadana, o bien, la auditoría o visita de inspección. Estos podrán
derivar en una investigación de las conductas atribuidas a los servidores o
ex servidores públicos y, en su caso, en la instauración de un procedimiento
administrativo disciplinario regulado en la LFRASP, la cual también prevé
las sanciones a imponerse en caso de acreditarse la irregularidad. (Anexo
2)
En el artículo 8 de la LFRASP se establece
que el servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre
la atención, trámite o resolución de los asuntos en que tenga interés
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o
por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para
sociedades de las que el servidor público o las personas antes citadas formen
o hayan formado parte, a efecto de excusarse para intervenir en ellos, o en su
caso, observar las instrucciones que por escrito le dé el jefe inmediato
cuando el servidor público no pueda abstenerse de dicha intervención y
prevenir con ello que su conducta sea contraria a la ley.
c)
Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la
aplicación de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos
pertinentes de los que disponga su país.
En
virtud de que las sanciones administrativas impuestas a servidores públicos
por incumplir este tipo de normas se determinan mediante el procedimiento
administrativo disciplinario previsto en la LFRASP, la información estadística
correspondiente se encuentra en los datos relativos a actos u omisiones
irregulares cometidos por servidores públicos, proporcionados en el inciso c)
del numeral 1 de este Capítulo.
3.-
Preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos
en el desempeño de sus funciones.
a)
¿Existen en su país normas de conducta orientadas a asegurar la preservación
y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el
desempeño de sus funciones? En caso afirmativo, descríbalas brevemente,
indicando aspectos tales como a quienes están destinadas y a que recursos se
refieren y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las
que estén previstas.
Sí. La sustracción o uso indebido de
recursos públicos puede dar origen a la responsabilidad política,
administrativa o penal. La Constitución establece en su artículo 134 que los
recursos económicos del gobierno federal se administrarán con eficiencia,
eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados (Anexo 20). El artículo 8 de la LFRASP establece la obligación del servidor público
de utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo,
cargo o comisión, exclusivamente para los fines a los que están destinados,
así como rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones y colaborar en la
rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la
documentación e información que le sea requerida. (Anexo
2)
De igual forma, la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal establece las normas que regulan el
ejercicio del gasto público de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, regulando también la responsabilidad en que
pueden incurrir los servidores públicos involucrados en el manejo de los
recursos del Estado (Anexo
6). Por otra parte, la Ley del Servicio de Tesorería
de la Federación prevé normas orientadas a asegurar la preservación y uso
adecuado de los fondos y valores gubernamentales, por parte de las instancias
públicas que los custodien, manejen, vigilen o recauden
(artículos 89, 99, 101, 109 y 117).
(Anexo 9)
Con independencia de lo anterior, diversos
ordenamientos establecen normas y mecanismos para asegurar la preservación y
el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el
desempeño de sus funciones. A continuación se
mencionan algunos de estos, los cuales se abordarán con mayor detalle en la
siguiente respuesta:
Ø
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal del año 2002. (Anexo 21)
Ø
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público. (Anexo 22)
Ø
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. (Anexo 23)
Ø
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública Federal. (Anexo 24)
Ø
Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la
Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2002. (Anexo 25)
Ø
Acuerdo por el que se expide el clasificador por objeto
del gasto para la Administración Pública Federal. (Anexo 26)
Ø
Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles
de las dependencias de la Administración Pública Federal. (Anexo 27)
Ø
Manual de Percepciones de la Administración Pública
Federal. (Anexo 28)
b)
¿Existen en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las
anteriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y
relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén
previstos.
Sí.
El incumplimiento de las normas de conducta orientadas a la preservación y
buen uso de los recursos públicos da lugar a las sanciones establecidas en el
artículo 13 de la LFRASP, consistentes en amonestación privada o pública;
suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del puesto; sanción
económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público. (Anexo
2). De igual manera, esta Ley prevé en su artículo 16 que en caso de que
los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que
oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio de la SECODAM, se solicitará
a la Tesorería de la Federación se proceda al embargo precautorio de esos
bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren
a imponerse con motivo de la infracción cometida. Adicionalmente, en el
segundo párrafo de su artículo 20 establece la facultad de la SECODAM o del
Contralor Interno para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los
servidores públicos a través de operativos específicos de verificación en
los que participen, en su caso, los particulares que reúnan los requisitos
que aquélla determine. En este sentido, la SECODAM y los órganos internos de control en las
dependencias y entidades realizan auditorías para verificar la eficacia y
eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera
y operacional y el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas
aplicables.
Por otro lado,
la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal señala en su artículo
37 que quienes efectúen gasto público federal estarán obligados a
proporcionar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría
y Desarrollo Administrativo la información que les soliciten y a permitirle a
su personal la práctica de visitas y auditorías para la comprobación del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la propia Ley y de las
disposiciones expedidas con base en ella. (Anexo
6)
El artículo 45 de esta ley establece la
facultad de la SECODAM para dictar las medidas administrativas sobre las
responsabilidades que afecten a la Hacienda Pública Federal y al patrimonio
de las entidades paraestatales (Anexo
30)
derivadas del incumplimiento de las disposiciones vigentes. Por su parte, el
artículo 46 establece tres tipos de responsabilidad: a) directa, sobre los
funcionarios por cualquier daño o perjuicio estimable en dinero que sufra la
Hacienda Pública Federal por actos u omisiones que les sean imputables o por
incumplimiento o inobservancia de sus obligaciones; b) subsidiaria, sobre los
funcionarios que por la índole de sus funciones hayan omitido la revisión o
autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por
parte de los mismos, y c) solidaria, sobre los funcionarios o los particulares
en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. El artículo
49 dispone que la SECODAM tiene facultades para imponer multa a los
particulares que en forma dolosa participen en los actos que originen las
responsabilidades que hubieren causado daño o perjuicio a la Hacienda Pública
Federal.
Cabe subrayar que el Reglamento de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal regula en sus artículos
134 al 150 las auditorías al gasto público federal, como un mecanismo
adicional para controlar y evaluar las operaciones que realicen las
dependencias de la Administración Pública Federal. (Anexo
7). Asimismo, los artículos 156 al 186
prevén las responsabilidades en que incurren los funcionarios que
recauden, manejen o custodien recursos presupuestarios, por sus actos u
omisiones de los que resulte un daño o perjuicio estimable en dinero que
sufra la Hacienda Pública o el patrimonio de las entidades paraestatales. Las
irregularidades a que den origen se consignan en un documento denominado pliego
de responsabilidad en el que se determina en cantidad líquida el daño
causado, el o los sujetos responsables, así como las clases de
responsabilidades en que hubieren incurrido.
De igual forma, la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
establece en sus artículos 10, 93, 94, 103 y 108 diversos mecanismos para
este propósito. (Anexo 9)
El Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002 prevé en su artículo 25 la
posibilidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal de suscribir convenios o bases de desempeño con el objeto de
establecer compromisos de resultados y medidas presupuestarias que promuevan
un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público, así como una
efectiva rendición de cuentas. (Anexo
21) Asimismo, establece en su artículo 76 que los
Poderes Legislativo y Judicial, los entes públicos federales y las
dependencias y entidades difundirán periódicamente por medio de sus páginas
electrónicas la información relativa a sus programas y proyectos aprobados
en este presupuesto, incluyendo el avance en el cumplimiento de los
respectivos objetivos y metas. De igual forma, establece en su artículo 13 la
prohibición a las dependencias y entidades federales de contraer obligaciones
que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales, así
como celebrar contratos, otorgar concesiones, permisos, licencias y
autorizaciones o cualquier otro acto de naturaleza análoga que impliquen algún
gasto contingente o adquirir obligaciones futuras, si para ello no cuentan con
la autorización de la Secretaría de Hacienda
y en su caso, del órgano de gobierno y estén debidamente
justificadas.
Por lo que se refiere al ejercicio del gasto
público por virtud de adquisiciones, arrendamientos, servicios del sector público,
obra pública y servicios relacionados con la misma, deberá realizarse a través
de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente
se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado que será abierto públicamente
a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes, de conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la
Constitución. (Anexo
20)
A
este respecto, las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas regulan las acciones relativas a la planeación, programación,
presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como las obras públicas y los
servicios relacionados con las mismas, respectivamente, en la Administración
Pública Federal, Procuraduría General de la República y en entidades
federativas con cargo total o parcial a fondos federales. (Anexos
22 y 23)
Se cuenta con un Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, el cual tiene como
propósito establecer lineamientos generales para el ejercicio del gasto público
y que es de observancia obligatoria en todas las dependencias y entidades, (Anexo
24). De
igual forma, anualmente se emiten disposiciones de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestaria tanto en la Administración Pública Federal, como
en los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los entes públicos
federales, las cuales tienen por objeto establecer las disposiciones
administrativas para racionalizar y reducir en términos reales el gasto
destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el
cumplimiento de las metas de los programas, con el fin de promover un uso
eficiente y eficaz de los recursos públicos. (Anexo
25)
Asimismo, con