La Convención y el MESICIC

Convención Interamericana

Mecanismo de Seguimiento (MESICIC)

  Documentos
 

Cooperación Jurídica
 

Herramientas por Tema

Leyes Modelo

Planes de Acción Nacionales

Conferencias Hemisféricas

Encuentro Regional sobre Responsabilidad del Sector Privado

Capacitación

Recuperación de Activos

Colaboración con Otros Organismos Internacionales

III Cumbre de las Américas

El III Cumbre de las Américas, celebrado en Quebec, Canadá, en 2001, culminó en la Declaración de Quebec y la adopción del correspondiente Plan de Acción.  A continuación se encontrará los extractos de cada documento relacionados con la lucha contra la corrupción:

Declaración de Quebec (extracto)

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas elegidos democráticamente, reunidos en la ciudad de Quebec en nuestra Tercera Cumbre, renovamos nuestro compromiso con la integración hemisférica y la responsabilidad nacional y colectiva a fin de mejorar el bienestar económico y la seguridad de nuestros pueblos. Hemos adoptado un Plan de Acción para fortalecer la democracia representativa, promover una eficiente gestión de gobierno y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.* Buscamos crear mayor prosperidad e incrementar las oportunidades económicas y, al mismo tiempo, fomentar la justicia social y desarrollar el potencial humano…

…Reconociendo que la corrupción menoscaba valores democráticos básicos, representa un desafío a la estabilidad política y al crecimiento económico y, por tanto, amenaza los intereses vitales de nuestro hemisferio, reforzaremos nuestra lucha contra la corrupción. Reconocemos, asimismo, la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad humana en el Hemisferio…

Plan de Acción (extracto)

Para fortalecer la democracia, crear la prosperidad y desarrollar el potencial humano, nuestros Gobiernos:

1. HACIA UNA DEMOCRACIA MÁS EFICAZ

Lucha contra la corrupción

Reconociendo que la corrupción afecta gravemente las instituciones políticas democráticas y privadas, debilita el crecimiento económico y atenta contra las necesidades y los intereses fundamentales de los grupos más desfavorecidos de un país, y que la responsabilidad de la prevención y control de este problema depende tanto de los gobiernos como de los cuerpos legislativos y poderes judiciales: 

Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, de acuerdo con sus respectivos marcos legales, y fomentarán la aplicación efectiva de la Convención, a través, entre otros, del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción y los programas e iniciativas de cooperación técnica conexos, incluyendo aquellos de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales competentes en materia de buena gestión pública y lucha contra la corrupción, así como los  programas que cada país diseñe e implemente, de acuerdo con sus leyes nacionales, y por sus propios organismos competentes, cuando éstos puedan requerir asistencia;

Apoyarán, en el menor plazo posible y tomando en consideración la recomendación de la OEA,  el establecimiento de un mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, por los Estados Parte de dicho instrumento;

Apoyarán el fortalecimiento de la Red Interamericana de Cooperación Contra la Corrupción, en el marco de la OEA, así como las iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación entre los funcionarios gubernamentales encargados de ética y representantes de la sociedad civil;

Fortalecerán, en cooperación con las organizaciones multilaterales y los bancos de desarrollo multilaterales, cuando sea apropiado, la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, a través de iniciativas que estimulen la organización, capacitación y vinculación de ciudadanos para trabajar en el contexto de proyectos concretos que promuevan la transparencia en la gestión pública y en la rendición de cuentas públicas;

Continuarán promoviendo políticas, procesos y mecanismos que permitan la protección del interés público, y el uso de mecanismos de declaración patrimonial de los funcionarios públicos, a fin de evitar posibles conflictos de interés e incompatibilidades, así como otras medidas que incrementen la transparencia;

 

Información General
 

Preguntas Frecuentes

 

Eventos  

Boletín Informativo

Publicaciones

                                                     Acerca                   Contáctenos               Twitter