LEY 80 DE 1993

(Octubre 28)

Diario Oficial No. 41.094, del 28 de octubre de 1993

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

NOTAS DE VIGENCIA:

43. Causal de incumplimiento de los contratos y de aplicación de la cláusula excepcional de caducidad administrativa originada en la mora en el pago de las obligaciones parafiscales con el Sistema de Seguridad Social Integral, el Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, establecida por el Artículo 1o. de la Ley 828 de 2003, "Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social", publicada originalmente en el Diario Oficial No. 45.248 de 14 de julio de 2003 y posteriormente en el Diario Oficial No. 45.253, de 19 de julio de 2003.

El Artículo 1o. mencionado modificó el Parágrafo 2o. del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Inhabilidad para contratar prevista en el Artículo 5o. Inciso 3o. de la Ley 828 de 2003.

42. Complementos establecidos por la Ley 816 de 2003, "Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública", publicada en el Diario Oficial No. 45.241, de 8 de julio de 2003.

41. Causal de terminación unilateral del contrato adicionada tácitamente al Artículo 17, por el Artículo 50 Parágrafo 2o. de la Ley 789 de 2002, "por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo", publicada en el Diario Oficial No 45.046 de 27 de diciembre de 2002.

El Artículo 50 trata sobre el control a la evasión de los recursos parafiscales.

El Artículo 1o. de la Ley 828 de 2003, publicada originalmente en el Diario Oficial No. 45.248 de 14 de julio de 2003, modificó el Parágrafo 2o. del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El nuevo texto sanciona con multas y caducidad administrativa el incumplimiento de las obligaciones parafiscales con el Sistema de Seguridad Social Integral, el Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.

40. Excepción establecida por la Ley 708 de 2001, artículo 11, publicada en el Diario Oficial No 44.632, de 1 de diciembre de 2001, "Por la cual se establecen normas relacionadas con el subsidio Familiar para vivienda de interés social y se dictan otras disposiciones"

39. Modificada por la Ley 678 de 2001, publicada en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de agosto de 2001, "por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición".

38. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 651 de 2001, publicada en el Diario Oficial No. 44.416, de 9 de mayo de 2001, "por medio de la cual se autoriza la constitución de un patrimonio autónomo para el pago del valor del cálculo ac tuarial por pensiones a cargo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, se señalan algunos aspectos relacionados con su constitución y régimen y se conceden unas facultades extraordinarias al Gobierno Nacional"

37. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 643 de 2001, publicada en el Diario Oficial No 44.294, de 17 de enero de 2001, "Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar"

36. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 633 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.275, de 29 de diciembre de 2000, "Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial"

Ver entre otros los artículos 60 y 134

35. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 626 de 2000, publicada en el Diario Oficial No 44.271, de 26 de diciembre de 2000, "Por la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto de rentas y recursos de capital y en la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 2000"

Ver entre otros los artículos 6 y 7

34. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000, "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional"

Ver entre otros los artículos 66 y 67

33. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 610 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.133, de 18 de agosto de 2000, "Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías"

32. Modificada por la Ley 599 de 2000, "Por la cual se expide el Código Penal", publicada en el Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000.

Establecen los Artículos 474 y 476 de la Ley 599 de 2000:

"ARTICULO 474. DEROGATORIA. Deróganse el Decreto 100 de 1980 y demás normas que lo modifican y complementan, en lo que tiene que ver con la consagración de prohibiciones y mandatos penales".

"ARTICULO 476. VIGENCIA. Este Código entrará a regir un (1) año después de su promulgación".

Ver entre otros los Artículos 408, 409 y 410

31. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 598 de 2000, publicada en el Diario Oficial No 44.092 de 19 de julio del 2000, "Por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia de la contratación Estatal, SICE, el Catálogo Unico de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Unico de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones"

30. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 594 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.093, de 20 de julio de 2000, "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones"

29. Complementos establecidos por la Ley 590 de 2000, "Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa", publicada en el Diario Oficial No. 44.078 de 12 de julio 2000.

28. Modificada por el Decreto 266 de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 43.906 del 22 de febrero de 2000, "Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las regulaciones, trámites y procedimientos".

El Decreto 266 fue 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1316-00 del 26 de septiembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria. A partir de su promulgación.

27. Complementos y excepciones establecidos por la Ley 550 de 1999, publicada en los Diarios Oficiales Nos. 43.836 y 43.940, respectivamente del 30 de diciembre de 1999 y del 19 de marzo de 2000, "Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley".

Ver entre otros los artículos 15, 57 parágrafo 3o., 58 y 60.

26. Modificada por el Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622 del 29 de junio de 1999, "Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe".

El Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-923-99 del 18 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

25. Modificada por la Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 43.464 del 30 de diciembre de 1998.

24. El inciso 1o. del artículo 68 de esta ley y los artículos 69, 70, 71 y 72, fueron incorporados en el Decreto Extraordinario 1818 de 1998, "por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos", publicado en el Diario Oficial No. 43.380 del 7 de septiembre de 1998.

23. Complementada por la Ley 472 de 1998, "por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 43.357 del 6 de agosto de 1998.

22. Complementada por la Ley 446 de 1998, "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia", publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

21. Excepción establecida por el artículo 4o. de la Ley 422 de 1998, "por la cual se modifica parcialmente la Ley 37 de 1993, y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 43.216 del 16 de enero de 1998, en lo referente a la reversión en contratos de concesión de servicios de telecomunicaciones.

20. Complementada por la Ley 418 de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 43.201 del 26 de diciembre de 1997, en los temas relacionados, entre otros, con: sanciones a contratistas que pueden ser decretadas por el Gobierno Nacional (artículos 90 y 91), cláusulas exorbitantes (artículo 94), anticipo de impuestos y regalías (artículos 117 y 118), contribución especial en contratos de obra pública (artículo 120), descuento de la contribución de los anticipos (artículo 121) y otros. El artículo 131 de la Ley 418 estableció como vigencia de esta Ley dos (2) años a partir de su promulgación.

19. Excepción establecida por la Ley 388 de 1997, artículo 36, inciso 5o., publicada en el Diario Oficial No. 43.091, del 24 de julio de 1997.

18. Modificada por el Decreto legislativo 252 de 1997, publicado en el Diario Oficial No. 42.976 del 7 de febrero de 1997. El Decreto 252 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-137-97 del 19 de marzo de 1997. La Corte menciona que la providencia surte efectos a partir del día siguiente a la notificación de la Sentencia C-122-97 del 12 de marzo de 1997, por medio de la cual se declaró INEXEQUIBLE el Decreto 80 de 1997, "Por el cual se declara el estado de emergencia económica y social".

17. Modificada por el Decreto legislativo 165 de 1997, artículo 2o. publicado en el Diario Oficial No. 42.967 del 27 de enero de 1997. El Decreto 165 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-132-97 del 13 de marzo de 1997. La Corte menciona que la providencia surte efectos a partir del día de su notificación.

16. Modificada por la Ley 315 de 1996, artículo 4o, publicada en el Diario Oficial No. 42.878, del 16 de septiembre de 1996, "Por la cual se regula el arbitraje internacional y se dictan otras disposiciones".

15. Excepción establecida por la Ley 281 de 1996, artículo 5o., publicada en el Diario Oficial No. 42.796, de 29 de mayo de 1996, "Por medio de la cual se redefinen las funciones del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social Y Reforma Urbana, Inurbe, y se autoriza al gobierno la organización de una unidad administrativa especial."

14. Excepción establecida por la Ley 270 de 1996, artículo 99, publicada en el Diario Oficial No. 42.745, de 15 de marzo de 1996 "

13. Modificada por el Decreto 62 de 1996 (modificatorio del Decreto extraordinario 2150 de 1995), artículo 1o., publicado en el Diario Oficial No. 42.690 del 17 de enero de 1996.

12. Complementada por la Ley 226 de 1995, "Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones".

El artículo 2o. de la Ley 226 expresamente establece: "Todas las personas naturales o jurídicas, podrán tener acceso a la propiedad accionaria que el Estado enajene. ... La Ley 80 de 1993 no es aplicable a estos procesos de enajenación accionaria".

El artículo 20 de la misma Ley establece una excepción a lo indicado en el artículo 2o., sobre las reglas de contratación aplicables cuando se trata de la enajenación accionaria entre órganos estatales. El artículo 20 en adición expresamente indica que "... la venta de activos estatales distintos de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones sólo se sujetará a las reglas generales de contratación".

11. Modificada por la Ley 223 de 1995, artículo 285, publicada en el Diario Oficial No. 42.160 del 22 de diciembre de 1995.

10. Modificada por el Decreto extraordinario No. 2150 de 1995, artículos 37 y 38, publicado en el Diario Oficial No. 42.137 del 6 de diciembre de 1995.

9. Modificada por la Ley 200 de 1995 -Código Único Disciplinario-, artículo 177, publicada en el Diario Oficial No. 41.946 del 31 de julio de 1995.

8. Complementada por la Ley 190 de 1995, "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa", publicada en el Diario Oficial No. 41.878 del 6 de junio de 1995.

7. Complementada por la Ley 143 de 1994, "Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética", publicada en el Diario Oficial No. 41.434 del 12 de julio de 1994.

6. Complementada por la Ley 142 de 1994, "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 41.433 del 11 de julio de 1994.

Entre otros aspectos debe observarse la definición de servicios públicos contenida en el artículo 14, y el régimen de actos y contratos contenido en el Título II de la Ley.

5. Complementada por la Ley 105 de 1993, "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones", artículo 30, parágrafo 2o., y otros, publicada en el Diario Oficial No. 41.158 del 30 de diciembre de 1993.

4. Complementada por la Ley 104 de 1993, publicada en el Diario Oficial No. 41.158 del 31 de diciembre de 1993, en los temas relacionados, entre otros, con: sanciones a contratistas que pueden ser decretadas por el Gobierno Nacional, descuentos, anticipos y otros. El artículo 134 de la Ley 104 estableció como vigencia de esta Ley dos (2) años a partir de su promulgación.

La Ley 241 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.719 del 14 de febrero de 1996, modificó y prorrogó durante dos (2) años (artículo 61) la vigencia de algunos artículos de la Ley 104 de 1993.

Las Leyes 104 de 1993 y 241 de 1995 fueron derogadas expresamente por el artículo 131 de la Ley 418 de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 43.201 del 26 de diciembre de 1997.

3. Ver excepción establecida por la Ley 44 de 1993, artículo 1o., "Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944", publicada en el Diario Oficial No. 40.740.

2. Ver los artículos 85 y 86 de la Ley 42 de 1993 "Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen", publicada en el Diario Oficial No. 40.732 del 26 de enero de 1993.

1. Ver la Ley 40 de 1993 (Estatuto Nacional Contra el Secuestro), publicada en el Diario Oficial No. 40.726, en los temas relacionados con sanciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1o. DEL OBJETO. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.

Ley 397 de 1997; Art. 9, parágrafo 2o.; Art. 23; Art. 26; Art. 50

Ley 226 de 1995; Art. 2

Ley 190 de 1995; Art. 59

Ley 143 de 1994; Art. 76

Ley 142 de 1994; Art. 31; Art. 32; Art. 132

Ley 136 de 1994; Art. 141

Ley 80 de 1993; Art. 3; Art. 13; Art. 23; Art. 25; Art. 26; Art. 27; Art. 28; Art. 32

Ley 31 de 1992; Art. 3; Art. 52

Decreto 111 de 1996; Art. 42

Decreto 1440 de 1995; Art. 18

Decreto 1591 de 1994; Art. 6

Decreto 679 de 1994; Art. 8; Art. 27

Decreto 2251 de 1993; Art. 1

Decreto 1900 de 1990; Art. 4

ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley:

1o. Se denominan entidades estatales:

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

- En criterio del editor, para la interpretación de este literal debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley 489 de 1998, que hace parte del capítulo "EJERCICIO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTICULARES", publicada en el Diario Oficial No. 43.464 del 30 de diciembre de 1998.

El texto referido es el siguiente:

"ARTÍCULO 112. REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS. La celebración del convenio y el consiguiente ejercicio de funciones administrativas no modifica la naturaleza ni el régimen aplicable a la entidad o persona privada que recibe el encargo de ejercer funciones administrativas. No obstante, los actos unilaterales están sujetos en cuanto a su expedición, y requisitos externos e internos, a los procedimientos de comunicación e impugnación a las disposiciones propias de los actos administrativos. Igualmente si se celebran contratos por cuenta de las entidades privadas, los mismos se sujetarán a las normas de contratación de las entidades estatales."

- En criterio del editor, para la interpretación de este literal debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.464 del 30 de diciembre de 1998.

El texto referido es el siguiente:

"ARTÍCULO 93. REGIMEN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS. Los actos que expidan las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales."

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-629-03 de 29 de julio de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Expediente No. 13123 de 2001/03/08, Dra. Maria Elena Giraldo Gómez

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - Están sometidas al régimen de Derecho Privado y a la Jurisdicción Ordinaria / ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO - Sociedad comercial anónima.

DIAN Radicación No. 690178

DIAN Radicación No. 51176

Consejo de Estado

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Consulta No. 1297 2000/12/14 Autorizada su publicación 2001/01/18 Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

Gobernador indígena / Naturaleza del cargo / Gobernadores y miembros de Cabildos Indígenas. Inhabilidades e incompatibilidades

b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.

- El artículo 49 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 08 de julio de 1998, modificatorio del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, trata de la "REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS DE DERECHO PUBLICO" y establece en sus parágrafos:

"PARÁGRAFO 1o. En materia contractual, intervendrá en representación de las dependencias a que se refiere el artículo 2o., numeral 1, literal b) de la Ley 80 de 1993, el servidor público de mayor jerarquía en éstas".

"PARÁGRAFO 2o. Cuando el contrato haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de ésta se ejerce por él o por su delegado."

Corte Constitucional

- Literal b) numeral 1o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-374-94 de 25 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Dr.Jorge Arango Mejía.

Constitución Política; Art. 69; Art. 113; Art. 210; Art. 269; Art. 286; Art. 287; Art. 298; Art. 311; Art. 319; Art. 321

Ley 816 de 2003; Art. 1o.

Ley 397 de 1997; Art. 46; Art. 66

Ley 179 de 1994; Art. 51

Ley 104 de 1993; Art. 88

Ley 100 de 1993; Art. 194; Art. 195

Ley 80 de 1993; Art. 13; Art. 32, numeral 1o.; Art. 50; Art. 62; Art. 63; Art. 65; Art. 66; Art. 67

Ley 30 de 1992; Art. 57; Art. 93

Decreto 1440 de 1995; Art. 5

Decreto 855 de 1994; Art. 7; Art. 14

Decreto 1421 de 1993; Art. 94

Decreto 1333 de 1986; Art. 273

Decreto 1222 de 1986; Art. 211

Corte Constitucional:

- Sentencia No. C-547-94 de 94/12/01, Dr. Carlos Gaviria Díaz

Colaboración económica de las entidades territoriales al bienestar universitario

Consejo de Estado:

Sección Primera

- Sentencia de 95/03/03

Expediente No. 2692, Santafé de Bogotá, D.C.: Normatividad especial aplicable

Sección Tercera

- Sentencia de 94/11/16, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8449, Empresas industriales y comerciales del Estado / Poderes exorbitantes con los que cuentan

- Sentencia de 94/02/18, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 9182, Empresas industriales y comerciales del Estado / Jurisdicción Competente

2o. Se denominan servidores públicos:

a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de aquéllas.

Corte Constitucional

- Aparte en cursiva declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949-01 de 5 de septiembre de 2001, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-230-95 de 25 de mayo de 1995, Magistrado Ponente Dr.Antonio Barrera Carbonell.

Corte Constitucional:

- Sentencia No. C-230-95 de 95/05/25, Dr. Antonio Barrera Carbonell

Servidores públicos / Noción general y para efectos de la contratación pública Asociaciones y fundaciones / Legalidad de la asimilación de sus representantes y delegados a servidores públicos

b) Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar contratos en representación de éstas.

Corte Constitucional

- literal b) declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949-01 de 5 de septiembre de 2001, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Constitución Política; Art. 123; Art. 124; Art. 127

Ley 200 de 1995; Art. 20

Ley 190 de 1995; Art. 18; Art. 59

Ley 80 de 1993; Art. 6; Art. 26; Art. 51; Art. 54; Art. 58; Art. 62; Art. 63; Art. 65; Art. 66; Art. 67

Decreto 2272 de 1995; Art. 1

Decreto 2232 de 1995; Art. 1

Decreto 1900 de 1990; Art. 4

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 94/09/26, Dr. Juan de Dios Montes

Expediente No. 7689, Incompatibilidad de contratistas / Sanción

- Sentencia de 94/02/18, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 9182, Empresas industriales y comerciales del Estado / Jurisdicción Competente

- Sentencia de 93/10/08, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 7852, Alcaldes / Competencia y requisitos para contratar

3o. Se denominan servicios públicos:

Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.

PARÁGRAFO. Para los solos efectos de esta ley, también se denominan entidades estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, las cuales estarán sujetas a las disposiciones del presente estatuto, especialmente cuando en desarrollo de convenios interadministrativos celebren contratos por cuenta de dichas entidades.

Corte Constitucional:

- Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-040-00 del 26 de enero de 2000, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

Constitución Política; Art. 2; Art. 150, numeral 3o.; Art. 189; Art. 365; Art. 366; Art. 367; Art. 368; Art. 369; Art. 370

Código Sustantivo del Trabajo; Art. 430; Art. 464

Ley 812 de 2003; Art. 55

Ley 143 de 1994; Art. 5

Ley 142 de 1994; Art. 14

Ley 104 de 1993; Art. 39; Art. 40; Art. 42

Ley 80 de 1993; Art. 3; Art. 25

Decreto 2170 de 2002; Art. 14

Corte Constitucional:

- Sentencia No. C-400-99 de 99/06/02 Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

Descriptores / Restrictores tesis Relatoría Corte Constitucional: Licitación pública / Proceso licitatorio / Evaluación de propuestas / Factores de escogencia / Pliego de condiciones / Principio de selección objetiva

- Sentencia No. T-571-93 de 93/12/09, Dr. Fabio Morón Díaz

Servicio público domiciliario / Improcedencia de la acción de tutela

- Sentencia No. T-507-93 de 93/11/05, Dr. Alejandro Martínez Caballero

Servicio público / Particulares que pueden ser destinatarios de la acción de tutela

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 1996/12/12, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 9264, Acción de nulidad / Contenido de la demanda / Estatuto general de la contratación pública / Entidades a las que les es aplicable

- Sentencia de 94/09/26, Dr. Juan de Dios Montes

Expediente No. 7689, Servicios público

ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 94/04/08, Dr. Julio Cesar Uribe Acosta

Expediente No. 7466, Ejecución de contratos / Violación de la igualdad de las cargas públicas

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.

Constitución Política; Art. 2; Art. 113; Art. 123; Art. 150; Art. 189; Art. 365; Art. 366; Art. 370

Código Contencioso Administrativo; Art. 2; Art. 3

Ley 80 de 1993; Art. 1; Art. 2; Art. 4; Art. 5; Art. 14, numeral 1; Art. 23; Art. 24; Art. 25; Art. 26; Art. 27; Art. 28; Art. 40; Art. 62

Decreto 111 de 1996; Art. 42

Decreto 1591 de 1994; Art. 6

Decreto 1440 de 1995; Art. 18

Consejo de Estado:

Sección tercera

- Expediente No. 13682 de 2001/02/22, Dr. Ricardo Hoyos Duque

LIQUIDACION DEL CONTRATO. Competencia

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Concepto de 96/07/26, Dr. Luis Camilo Osorio

Radicación No. 849, Copropiedad entre entidades públicas

ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.

2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.

Decreto 266 de 2000; Art. 23

Decreto 1591 de 1994; Art. 5, numeral 26

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 99/02/18, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 12179, Adjudicación del contrato / Nulidad / Factores Probatorios / Pliego de condiciones su contenido es de obligatorio cumplimiento/

- Sentencia de 94/06/02, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 8826, Póliza de estabilidad / Cobro por ocurrencia del siniestro

3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 2000/07/13, Dra. María Elena Giraldo Gómez

Expediente No. 12513, Caducidad de la acción contractual / Evolución legislativa / Momento desde el cual se cuenta el término / Liquidación del contrato / Término para realizarla / Transito legislativo / Anticipo/Concepto / Finalidad / Derechos y obligaciones a cargo de las partes / Generalidades / Aspectos regulados en el contrato / Incumplimiento de la administración por entrega tardía del anticipo / Equilibrio económico del contrato / Momento en que nace / Alteración / Eventos / Revisión de los precios / Casos en que procede / Requisitos /

- Sentencia de 94/11/30, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 9510, Reajuste del valor del contrato

- Sentencia de 94/10/24, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 9446, Indexación

- Sentencia de 94/09/29, Dr. Julio Cesar Uribe Acosta

Expediente No. 6580, Equilibrio financiero

- Sentencia de 93/05/06, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 7147, Equilibrio financiero

- Sentencia de 92/03/13, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 6759, Equilibrio financiero

4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes sumistrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías.

Decreto 1447 de 1995; Art. 2

5o. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

Decreto 679 de 1994; Art. 2

6o. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 93/07/01, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 7676, Incumplimiento del contrato por parte del contratista

7o. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual.

Corte Constitucional:

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este numeral por las razones expuestas en la sentencia, mediante Sentencia C-965-03 de 21 de octubre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

Código de Procedimiento Civil; Art. 57

Ley 80 de 1993; Art. 2; Art. 51; Art. 52

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 92/02/11, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 8034, Llamamiento en garantía

8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios.

Corte Constitucional:

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-965-03 de 21 de octubre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre los de este inciso en letra itálica por las razones expuestas en la sentencia, mediante Sentencia C-965-03 de 21 de octubre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.

Corte Constitucional:

- Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-965-03 de 21 de octubre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

Código Civil; Art. 1617; Art. 2060, numeral 2

Ley 598 de 2000; Art. 6o. Parágrafo

Ley 80 de 1993; Art. 39

Ley 45 de 1990; Art. 65; Art. 66; Art. 67; Art. 69

Decreto 855 de 1994; Art. 20

Decreto 679 de 1994; Art. 1

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Expediente No. 20945 de 2002/09/26, Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

INTERESES MORATORIOS - Por giro tardío de los dineros de la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación deben ser liquidados analógicamente según el artículo 4° de la Ley 80 de 1993

- Expediente No. 14852 de 2001/11/22, Dr. Ricardo Hoyos Duque.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR LA ADMINISTRACION - Pago con cheque sin fondos. Acciones procedentes / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. Incumplimiento del contrato por la administración / CHEQUE - Medio de pago.

- Expediente No. 13635 de 2001/05/17, Ricardo Hoyos Duque

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR LA ADMINISTRACION - En el pago oportuno del valor de las obras o servicios trae como consecuencia el pago de intereses moratorios / INTERESES MORATORIOS EN LA CONTRATACION ESTATAL - Las partes pueden pactarlos, sin incurrir en el interés de usura, pero ante la ausencia de pacto se aplicará el interés del 12 o/o anual sobre el valor histórico / INDEXACION O CORRECCION MONETARIA - No concurre con la liquidación de intereses comerciales simples o de mora

- Expediente No. 12231 de 2001/03/15, Dr. Alier E. Hernández Enríquez

La obligación indemnizatoria sólo se extingue con el pago, el cual debe cubrir el valor real del perjuicio -que aumenta, nominalmente, conforme disminuye el poder adquisitivo de la moneda-. Por ello, para el restablecimiento del derecho que consiste en una suma fija, se calculará la corrección monetaria de la indemnización hasta la fecha en que efectivamente sea cancelada, y no sólo hasta el día en que se profiere el fallo, pues con él no se extingue la obligación del deudor ni se satisface el derecho del perjudicado.

- Expediente No. 11689 de 2001/02/16, Dr. Alier E. Hernández Enríquez

REVISION DE PRECIOS. Requisitos

- Expediente No. 12383 de 2001/02/08, Dr. Alier E. Hernández Enríquez

INTERESES. Monto para devolución de sumas de dineros pagados para casos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 80 de 1993

- Sentencia de 2000/05/24, Dr. Ricardo Hoyos Duque

Expediente No. 17456, Obligaciones dinerarias / Intereses / Acuerdo / Límites / Contrato estatal / Intereses / Cuando se pactan los estipulados en el Código Civil procede la indexación / Consejo de Estado / Competencia para conocer de Procesos ejecutivos derivados de contrato estatal /

- Sentencia de 99/02/18, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 12179, Adjudicación del contrato / Nulidad / Factores Probatorios / Pliego de condiciones su contenido es de obligatorio cumplimiento/

- Sentencia de 95/05/08, Juan de Dios Montes

Expediente No. 8118, Obras adicionales / Contrato adicional

- Sentencia de 94/12/07, Julio Cesar Uribe Acosta

Expediente No. 10103, Equilibrio financiero

- Sentencia de 94/11/30, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 9510, Reajuste del valor del contrato

- Sentencia de 94/11/25, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 9648, Inhabilidad / Causal de nulidad absoluta

- Sentencia de 94/10/24, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 9446, Intereses de mora / Actualización e indexación

- Sentencia de 94/09/12, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8677, Incumplimiento de Contratos / Responsabilidad de los municipios

- Sentencia de 93/05/06, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 7147, Equilibrio financiero

- Sentencia de 92/09/24, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 6868, Intereses de mora

- Sentencia de 92/09/17, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 7146, Intereses moratorios / Aplicación de las normas del código de comercio

- Sentencia de 92/08/13, Dr. Julio Cesar Uribe Acosta

Expediente No. 6580, Equilibrio financiero

- Sentencia de 92/06/05, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 6785, Ajustes contractuales derivados de mora en los pagos mensuales / Cumplimiento

- Sentencia de 92/03/13, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 6759, Equilibrio financiero

9o. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

Constitución Política; Art. 78; Art. 90; Art. 365

Código Contencioso Administrativo; Art. 84; Art. 85; Art. 86; Art. 87

Ley 190 de 1995; Art. 59; Art. 61; Art. 62

Ley 80 de 1993; Art. 3; Art. 14, numeral 1; Art. 23; Art. 24; Art. 25; Art. 26; Art. 27; Art. 28; Art. 29; Art. 30; Art. 42; Art. 43; Art. 50; Art. 54; Art. 62; Art. 63; Art. 64; Art. 65; Art. 66; Art. 67; Art. 68; Art. 69

Decreto 162 de 1997; Art. 1

Decreto 2150 de 1995; Art. 2; Art. 4

Decreto 1447 de 1995; Art. 2

Decreto 1591 de 1994; Art. 1

Decreto 679 de 1994; Art. 1; Art. 2

Decreto 777 de 1992; Art. 6

Corte Constitucional:

- Sentencia No. C-555-93 de 93/12/02, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

Obligaciones a cargo del Estado / Término para demandarlas

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Expediente No. 13682 de 2001/02/22, Dr. Ricardo Hoyos Duque

LIQUIDACION DEL CONTRATO. Competencia

- Sentencia de 94/12/16, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 9041, Contrato de transacción

- Sentencia de 94/12/07, Dr. Julio Cesar Uribe Acosta

Expediente No. 10103, Equilibrio financiero

- Sentencia de 94/10/10, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8333, Periodo precontractual / Responsabilidad

- Sentencia de 94/09/30, Dr. Juan de Dios Montes Hernández

Expediente No. 7275, Incumplimiento de Contratos

- Sentencia de 94/07/21, Dr. Juan de Dios Montes

Expediente No. 6952, Solución de controversias contractuales a través de negociación directa

- Sentencia de 93/05/06, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 7147, Equilibrio financiero

- Sentencia de 93/02/05, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 7633, Conciliación

- Sentencia de 92/10/01, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 6631, Multas

- Sentencia de 92/06/05, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 6785, Mora / Ajustes contractuales en los pagos mensuales

- Sentencia de 92/05/11, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 6434, Multas estipuladas contractualmente

- Sentencia de 92/03/13, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 6759, Equilibrio financiero

ARTÍCULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas:

1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.

En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.

Corte Constitucional:

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el aparte subratado de este inciso por las razones expuestas en la sentencia, mediante Sentencia C-965-03 de 21 de octubre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 2000/07/13, Dra. María Elena Giraldo Gómez

- Sentencia de 94/09/29, Dr. Julio Cesar Uribe Acosta

Expediente No. 6580, Equilibrio financiero

- Sentencia de 93/05/06, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 7147, Equilibrio financiero

- Sentencia de 92/03/13, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 6759, Equilibrio financiero

2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 92/06/05, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 6785, Buena fe contractual / Cumplimiento

3o. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren.

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 94/09/30, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8129, Suspensión del contrato por incumplimiento de la entidad contratante

- Sentencia de 94/09/30, Dr. Juan de Dios Montes Hernández

Expediente No. 7275, Incumplimiento del contrato

- Sentencia de 94/09/12, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8677, Responsabilidad de los municipios por incumplimiento de contrato

- Sentencia de 93/05/06, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 7147, Incumplimiento del contrato / Equilibrio financiero

- Sentencia de 92/06/05, Dr. Julio Cesar Uribe Acosta

Expediente No. 5268, Incumplimiento del contrato

Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o concursos ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste.

Ley 816 de 2003

4o. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.

5o. No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.

Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato.

Constitución Política; Art. 2; Art. 6; Art. 25; Art. 83; Art. 88

Ley 550 de 1999; Art. 15

Ley 190 de 1995; Art. 1; Art. 17; Art. 18; Art. 24; Art. 25; Art. 27; Art. 30

Ley 104 de 1993; Art. 82; Art. 84; Art. 85; Art. 86; Art. 123; Art. 124

Ley 80 de 1993; Art. 3; Art. 6; Art. 8; Art. 9; Art. 10; Art. 21; Art. 22; Art. 23; Art. 24; Art. 25; Art. 26; Art. 27; Art. 28; Art. 29; Art. 30; Art. 44; Art. 52; Art. 54; Art. 56; Art. 58; Art. 59; Art. 62; Art. 64; Art. 68; Art. 69

Ley 40 de 1993; Art. 25

Decreto 679 de 1994; Art. 2

Decreto 1447 de 1995; Art. 2

Corte Constitucional:

- Sentencia No. T-571-93 de 93/12/09, Dr. Fabio Morón Díaz

Derecho de petición / Necesidad de prueba

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Expediente No. 13682 de 2001/02/22, Dr. Ricardo Hoyos Duque

LIQUIDACION DEL CONTRATO. Competencia

- Sentencia de 2000/09/14, Dra. María Elena Giraldo Gómez

Expediente No. 12962, Acción de nulidad y restablecimiento del derecho / Generalidades / Características / Legitimación por activa / Selección del contratista / Procedimiento / Propuestas de parte de los contratistas Deben someterse al pliego de condiciones / Pliego de condiciones / No puede ser desconocido o transgredido por la propuesta del contratista/ Propuestas alternativa / Concepto / Propuesta con excepciones o desviaciones / Concepto / Contrato estatal / Condicionamientos / Prohibición /

- Sentencia de 99/03/11, Dr. Gemán Rodríguez

Expediente No. 11618, Contrato estatal accesorio / Incumplimiento por la entidad / No pago del anticipo / Suspensión.

- Sentencia de 99/02/18, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 12179, Adjudicación del contrato / Nulidad / Factores Probatorios / Pliego de condiciones su contenido es de obligatorio cumplimiento/

- Sentencia de 99/01/21, Dr. Ricardo Hoyas Duque.

Expediente No. 15111, Contratista / Prueba de perjuicio por declaración de caducidad.

- Sentencia de 94/10/10, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8333, Periodo precontractual / Responsabilidad

- Sentencia de 94/09/30, Dr. Juan de Dios Montes Hernández

Expediente No. 7275, Incumplimiento de Contratos

ARTÍCULO 6o. DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales.

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949-01 de 5 de septiembre de 2001, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.

Constitución Política; Art. 14

Código Civil; Art. 73; Art. 74; Art. 633; Art. 1502; Art. 1503; Art. 1504

Código de Comercio; Art. 98; Art. 99; Art. 196; Art. 469; Art. 471; Art. 832

Ley 816 de 2003; Art. 3o.

Ley 142 de 1994; Art. 15

Ley 80 de 1993; Art. 5; Art. 7; Art. 8; Art. 9; Art. 10; Art. 22, numeral 4; Art. 22, numeral 6; Art. 41; Art. 44; Art. 52; Art. 59

Decreto 679 de 1994; Art. 3

Decreto 2699 de 1991; Art. 22, numeral 16; Art. 151

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Concepto de 99/03/03, Dr. César Hoyos Salazar

Radicación No. 1172, Licitación pública / Adjudicación del contrato / adjudicatarios / Pliego de condiciones / Promesa de constituir sociedad.

ARTÍCULO 7o. DE LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. Para los efectos de esta ley se entiende por:

1o. Consorcio:

Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 95/04/03, Dr. Juan de Dios Montes Hernández

Expediente No. 8183, Representante legal de los consorcios

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Concepto No. 1346 de 2001/05/17, Dr. César Hoyos Salazar

CONSORCIO – Responsabilidad de sus miembros / DECLARATORIA DE CADUCIDAD – Responsabilidad de consorcio / RESPONSABILIDAD DE CONSORCIO / PROMESA DE CONTRATO DE SOCIEDAD – Responsabilidad de los socios

- Concepto de 99/03/03, Dr. César Hoyos Salazar

Radicación No. 1172, Licitación pública / Adjudicación del contrato / adjudicatarios / Pliego de condiciones / Promesa de constituir sociedad.

DIAN:

- Concepto No. 20245 de 99/03/11

Consorcios - Obligaciones tributarias / Uniones temporales - Obligaciones tributarias.

2o. Unión Temporal:

Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Concepto No. 1391 de 2002/04/25, Dr. César Hoyos Salazar

Prórroga de contrato de fiducia suscrito en 1990.

DIAN:

- Concepto No. 20245 de 99/03/11

Consorcios - Obligaciones tributarias / Uniones temporales - Obligaciones tributarias.

PARÁGRAFO 1o. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.

Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo derogado por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995>.

- Parágrafo derogado expresamente por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.160 del 22 de diciembre de 1995.

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949-01 de 5 de septiembre de 2001, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Parágrafo 2o. del texto original declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-414-94 de 22 de septiembre de 1994, Magistrado Ponente Dr.Antonio Barrera Carbonell, según la parte motiva de la sentencia. Aclara la Corte Constitucional:

"Se acusó inicialmente el parágrafo 2o. del artículo 7o. de la ley 80 de 1993 de transgredir el artículo 158 de la Carta, en cuanto reguló en un estatuto sobre contratación del Estado, un tema tributario, que rompe, por lo mismo, con el principio de unidad de materia legislativa, defendido particularmente por el Constituyente.

La noción de "unidad de materia" es un tema de suyo complejo, que la Corte logró someter a términos relativamente concretos que permiten superar el tratamiento del tema mediante divagaciones inconvenientes en la solución de los problemas de constitucionalidad que frecuentemente se plantean sobre el particular. En relación con el tema señaló la Corporación lo siguiente:

"La interpretación del principio de unidad de materia no puede rebasar su finalidad y terminar por anular el principio democrático, significativamente de mayor entidad como valor fundante del Estado Colombiano. Solamente aquéllos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistemática con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley. Anótase que el término "materia" para estos efectos, se toma en una acepción amplia comprensiva de varios asuntos que tienen en ella su necesario referente".

Cuando la Constitución expresa que todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia, proscribe una práctica viciosa que ha consistido en introducir durante la discusión del respectivo proyecto, temas ajenos al de su contenido para satisfacer intereses que no se avienen con la materia de la futura ley.

Un tema no se aviene con la materia de un proyecto de ley, cuando al examinarse dentro del contexto global de aquél, resulta como una especie de "cuerpo extraño" que invade sin explicación su contenido, es decir, el asunto específico en regulación. No tienen esa connotación, por lo mismo, aquellos temas, que sin ser esenciales de la cuestión principal objeto de regulación por el proyecto, establecen cierta relación o conexidad con la materia del proyecto en discusión.

Conforme con los criterios expuestos, para la Corte sí existe conexidad suficiente entre la materia de la ley 80 de 1993 y el contenido del parágrafo acusado, porque el asunto tributario es un tema que permite moldear integralmente la cuestión de la contratación con el Estado, en lo que tiene que ver con la generación de rentas y la responsabilidad impositiva deducida de esa circunstancia, aunque deja en claro que el fragmento acusado no se refiere propiamente a una materia impositiva, dado que no regula todos los elementos a que alude el art. 338. Por estos aspectos la norma acusada se ajusta a la Constitución."

<Legislación anterior>

Texto original parágrafo 2o. de la Ley 80 de 1993:

PARÁGRAFO 2o. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicará el régimen previsto en el Estatuto Tributario para las sociedades pero, en ningún caso, estarán sujetos a doble tributación.

PARÁGRAFO 3o. En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en esta ley para los consorcios.

Constitución Política; Art. 38

Código de Comercio; Art. 98; Art. 196; Art. 498; Art. 832

Ley 80 de 1993; Art. 6; Art. 30; Art. 32, Parágrafo 2o. inciso 4o.; Art. 38; Art. 50

Decreto 2326 de 1995; Art. 4, numeral 4

Decreto 1898 DE 1994; Art. 2

Decreto 856 de 1994; Art. 4

Decreto 2061 de 1993; Art. 5

Decreto 453 de 1993; Art. 3

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Concepto de 99/03/03, Dr. César Hoyos Salazar

Radicación No. 1172, Licitación pública / Adjudicación del contrato / adjudicatarios / Pliego de condiciones / Promesa de constituir sociedad.

- Concepto de 97/12/10, M.P. Dr. Augusto Trejos Jaramillo

Radicación No. 1013, Contrato estatal / Concepto / Contrato de servicios

públicos / Contratistas / Contratos de asociación / Contrato llave enmano / Concepto / Relación con el contrato de obra / Plan Vallejo / Principio de reciprocidad / Proponentes extranjeros y nacionales / Principio de preferencia / Proponentes nacionales / Desagregacióntecnológica / Concepto / Selección objetiva

ARTÍCULO 8o. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.

1o. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales:

a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes.

Ley 828 de 2003; Art. 5o. Inciso 3o.

b) Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados.

Corte Constitucional:

- Sentencia No. C-532 de 2000, Dr.Fabio Moron Díaz

Concesión del servicio de televisión / Inhabilidad en el concesionario/ Pena privativa de la libertad

c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad.

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 98/09/24, Dr. Ricardo Hoyos Duque

Expediente No. 14821, Caducidad del contrato / Declaratoria / Última medida que debe tomar la entidad estatal / No es un acto administrativo intempestivo / Debe respetar el derecho de defensa / Carácter sancionatorio al contratista incumplido / Procedimientos administrativos en contratos estatales / Aplicabilidad de las normas que rigen la función administrativa / Debe darse al interesado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa /

- Sentencia de 94/11/25, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 9648, Inhabilidad para contratar / Nulidad absoluta del contrato

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Concepto de 99/03/03, Dr. César Hoyos Salazar

Radicación No. 1172, Licitación pública / Adjudicación del contrato / adjudicatarios / Pliego de condiciones / Promesa de constituir sociedad .

d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución.

Corte Constitucional

- Literal d) declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia C-489-96 de 26 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr.Antonio Barrera Carbonell, la Corte Constitucional declaró en esta misma Sentencia estése a lo resuelto en la Sentencia C-178-96.

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-178-96 de 29 de abril de 1996, Magistrado Ponente Dr.Antonio Barrera Carbonell.

e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado.

f) Los servidores públicos.

Ley 489 de 1998; Art. 113

Ley 80 de 1993; Art. 2; Art. 57

Ley 44 de 1993; Art. 1

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 95/02/03, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 9932, Incompatibilidad para contratar

- Sentencia de 94/09/26, Dr. Juan de Dios Montes

Expediente No. 7689, Incompatibilidad de contratistas / Sanción

Consejo de Estado:

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

- Concepto No. 1360 de 2001/07/19, Dr. Augusto Trejos Jaramillo

Bien inmueble de propiedad estatal. Celebración de contrato de arrendamiento - Participación de servidor público en oferta de arrendamiento de bien estatal. Celebración de contrato de arrendamiento en igualdad de condiciones no configura inhabilidad / Contrato estatal. Inhabilidades servidor publico – excepciones

g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación o concurso.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-054-01 de 24 de enero de 2001, Magistrado Ponente Dr.Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-415-94.

- Literal g) declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-415-94 de 22 de septiembre de 1994, Magistrado Ponente Dr.Eduardo Cifuentes Muñoz.

Decreto 679 de 1994; Art. 4

h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitación o concurso.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-054-01 de 24 de enero de 2001, Magistrado Ponente Dr.Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-415-94.

- Literal h) declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-415-94 de 22 de septiembre de 1994, Magistrado Ponente Dr.Eduardo Cifuentes Muñoz.

Decreto 679 de 1994; Art. 4; Art. 5

i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.

Ley 80 de 1993; Art. 2

Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución; las previstas en los literales b) y e), se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la licitación o concurso, o de la de celebración del contrato, o de la de expiración del plazo para su firma.

Corte Constitucional:

- Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-489-96 de 26 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr.Antonio Barrera Carbonell.

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Expediente No. 10641 de 99/08/19, Dr. Ricardo Hoyos Duque.

Inhabilidades para contratar con el estado / Declaratoria de caducidad de un socio afecta a la sociedad de la cual forma parte / Levantamiento el velo corporativo /

Consejo de Estado

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Concepto No. 1346 de 2001/05/17, Dr. César Hoyos Salazar

DECLARATORIA DE CADUCIDAD – Genera inhabilidad frente a sociedad cualquiera sea su clase.

2o. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva:

a) Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la entidad contratante. Esta incompatibilidad sólo comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha del retiro.

Ley 489 de 1998; Art. 113

Ley 80 de 1993; Art. 2

b) Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante.

- Literal b) declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-429-97 del 4 de septiembre de 1997, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Ley 80 de 1993; Art. 2

c) El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal.

Ley 80 de 1993; Art. 2

d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo.

Ley 80 de 1993; Art. 2

e) Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo se predica respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada.

PARÁGRAFO 1o. La inhabilidad prevista en el literal d) del ordinal 2o. de este artículo no se aplicará en relación con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades allí mencionadas, cuando por disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles referidos debe desempeñar en ellas cargos de dirección o manejo.

Ley 80 de 1993; Art. 2

PARÁGRAFO 2o. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno Nacional determinará que debe entenderse por sociedades anónimas abiertas.

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 70, de la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.188 del 9 de octubre de 2000.

El texto referido es el siguiente:

"ARTÍCULO 70. DE LA CONTRATACIÓN. No podrá contratar con ninguna entidad estatal quien aparezca como deudor en mora en las bases de datos de la Dian y en aquellas que las entidades territoriales establezcan a través de sus organizaciones gremiales".

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 42 de 1993, publicada en el Diario Oficial No. 40.732 del 26 de enero de 1993:

El texto referido es el siguiente:

ARTÍCULO 85. Los representantes legales así como los nominadores y demás funcionarios competentes deberán abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

Constitución Política; Art. 127; Art. 179, numeral 3; Art. 180, numeral 4; Art. 181

Ley 789 de 2002; Art. 50

Ley 617 de 2000; Art. 31; Art. 32; Art. 34; Art. 35; Art. 36; Art. 38; Art. 39; Art. 41; Art. 42; Art. 43; Art. 44; Art. 45; Art. 46; Art. 47

Ley 200 de 1995; Art. 30; Art. 42; Art. 44; Art. 45

Ley 136 de 1994; Art. 45, numeral 4; Art. 95, numeral 5; Art. 96, numerales 1 y 3; Art. 126, numeral 2

Ley 80 de 1993; Art. 1; Art. 6; Art. 7; Art. 22, numeral 6; Art. 26, numeral 7; Art. 40, numeral 1; Art. 58, numerales 3 y 6

Ley 31 de 1992; Art. 30; Art. 31

Ley 5 de 1992; Art. 280, numeral 3; Art. 282, numeral 2; Art. 284; Art. 296, numeral 1, numeral 2, numeral 3

Ley 14 de 1991; Art. 36

Decreto 2326 de 1995; Art. 14

Decreto 1447 de 1995; Art. 8, numeral 2

Decreto 679 de 1994; Art. 4; Art. 5

Decreto 1421 de 1993; Art. 28, numeral 3o.; Art. 29, numeral 1o.; Art. 37; Art. 66, numeral 4o.; Art. 146

Decreto 777 de 1992; Art. 9

Decreto 2699 de 1991; Art. 140

Decreto 1333 de 1986; Art. 273

Decreto 3130 de 1968; Art. 8; Art. 28; Art. 29

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 99/08/19, Dr. Ricardo Hoyos Duque

Expediente No. 10641, Proceso licitatorio / Adjudicación / Criterios de selección / Registro de proponentes

- Sentencia de 94/11/25, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 9648, Inhabilidad para contratar / Nulidad Absoluta

- Sentencia de 94/09/26, Dr. Juan de Dios Montes

Expediente No. 7689, Contratistas / Incompatibilidades / Sanciones

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Consulta No. 1297 2000/12/14 Autorizada su publicación 2001/01/18 Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

Gobernadores y miembros de Cabildos Indígenas. Inhabilidades e incompatibilidades`para contratar

- Concepto No. 939 de 18/03/1997 leventada reserva 3 de mayo 2001. Dr. Luis Camilo Osorio Isaza.

SINDICATO OFICIAL - Celebración de contratos con entidad estatal. Límites / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - Prohibición frente a sindicato oficial / INHABILIDAD DE SINDICATO - Contratación estatal. PENSIONADOS - No están incursos en incompatibilidad o inhabilidad para contratar con el estado

- Concepto No. 1346 de 2001/05/17, Dr. César Hoyos Salazar

CONSORCIO – Inhabilidad de sus miembros / DECLARATORIA DE CADUCIDAD – Inhabilidad de consorcio / SOCIEDAD ANÓNIMA – Por declaratoria de caducidad accionistas no quedan inhabilitados / INHABILIDAD DE CONSORCIO – Declaratoria de caducidad / PROMESA DE CONTRATO DE SOCIEDAD - Inhabilidad de los socios

- Concepto No. 1344 de 2001/05/10, Dr, Flavio Augusto Rodríguez Arce

INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR - No se configura frente a contratista de prestación de servicios

- Concepto de 99/03/03, Dr. César Hoyos Salazar

Radicación No. 1172, Licitación pública / Adjudicación del contrato / adjudicatarios / Pliego de condiciones / Promesa de constituir sociedad.

ARTÍCULO 9o. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de una licitación o concurso, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-221-96 de 16 de mayo de 1996, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

Código de Comercio; Art. 887; Art. 888; Art. 889; Art. 890; Art. 891; Art. 892; Art. 893; Art. 894; Art. 895; Art. 896

Ley 80 de 1993; Art. 7

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Concepto No. 1346 de 2001/05/17, Dr. César Hoyos Salazar

Inhabilidad sobreviniente de contratista.

ARTÍCULO 10. DE LAS EXCEPCIONES A LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política.

Constitución Política; Art. 60; Art. 182, numeral 4

Código Civil; Art. 1853; Art. 1854

Ley 80 de 1993; Art. 8; Art. 9

Ley 44 de 1993; Art. 1

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Consulta No. 1360 de 2001/07/19, Dr. Augusto Trejos Jaramillo

¿Es viable que un servidor público del Departamento de Cundinamarca o de cualquier otra entidad pública celebre contratos con la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa para adquirir o tomar en arriendo los bienes inmuebles de propiedad de la Beneficencia, en virtud del convenio interadministrativo celebrado entre estos dos organismos, sin que dichos servidores vulneren la prohibición consagrada en el artículo 127 de la Constitución Política o se encuentren incursos en la incompatibilidad prevista en el artículo 44 numeral 3 de la Ley 200 de 1995?.

ARTÍCULO 11. DE LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR LICITACIONES O CONCURSOS Y PARA CELEBRAR CONTRATOS ESTATALES. En las entidades estatales a que se refiere el artículo 2o.:

1o. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso.

Corte Constituciona

- Numeral 1o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-374-94 de 25 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Dr.Jorge Arango Mejía.

Decreto 1591 de 1994; Art. 5, numeral 7

2o. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, el Presidente de la República.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-178-96 de 29 de abril de 1996, Magistrado Ponente Dr.Antonio Barrera Carbonell, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-374-94.

- Numeral 2o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-374-94 de 25 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Dr.Jorge Arango Mejía.

Decreto 162 de 1997; Art. 1

Decreto 679 de 1994; Art. 6

3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva:

a) Los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, los Presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, y el Registrador Nacional del Estado Civil.

Corte Constitucional

- Literal a) del numeral 3o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-374-94 de 25 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Dr.Jorge Arango Mejía.

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Concepto No. 718 de 1995/09/14 , Dr. Cesar Hoyos Salazar

¿Está vigente el artículo 149 del Decreto 01 de 1984, en cuanto atribuye la representación de la Nación –Congreso de la República– al Ministro de Gobierno, hoy del Interior?.

b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades.

Corte Constitucional

- Literal b) del numeral 3o. declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia C-178-96 de 29 de abril de 1996, Magistrado Ponente Dr.Antonio Barrera Carbonell, salvo la expresión subrayada la cual fue declarada INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-374-94.

En auto No. 035 de 1996, se presenta una aclaración y correción de la sentencia C-178-96, por error mecanográfico.

"Que por error mecanográfico se dijo que dicha expresión había sido declarada inexequible por la sentencia C-374/94, cuando lo cierto es que ella se declaró exequible.

Que en vista de lo anterior, debe enmendarse el referido error y por lo tanto,

RESUELVE:

Corregir el ordinal segundo, literal b) de la parte resolutiva de la sentencia No. C-178-96 de abril veintinueve (29) de mil novecientos noventa y seis (1996), el cual queda así:

b) El literal b) del numeral 3o del art. 11, salvo la expresión "los contralores departamentales, distritales y municipales", que fue declarada exequible en la sentencia C-374-94."

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-374-94 de 25 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Dr.Jorge Arango Mejía.

c) Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los órdenes y niveles.

Corte Constitucional

- Literal c) del numeral 3o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-178-96 de 29 de abril de 1996, Magistrado Ponente Dr.Antonio Barrera Carbonell.

- En criterio del editor para la interpretación de este Artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 49 de la Ley 446 de 1998, "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia", publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

El texto original del Artículo 49 establece:

"ARTÍCULO 49. REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO. El artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

"Artículo 149. Representación de las personas de derecho público. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos Contencioso Administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este Código si las circunstancias lo ameritan.

"En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

"El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso. La Nación-Rama Judicial estará representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

"En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las entidades públicas la tendrán el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el acto.

"PARAGRAFO 1o. En materia contractual, intervendrá en representación de las dependencias a que se refiere el artículo 2o., numeral 1, literal b) de la Ley 80 de 1993, el servidor público de mayor jerarquía en éstas.

"PARAGRAFO 2o. Cuando el contrato haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de ésta se ejerce por él o por su delegado."

- En criterio del editor, para la interpretación de este Artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 352 de la Constitución Política y por el Artículo 110 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, publicado en el Diario Oficial No. 42.962 del 18 de enero de 1996.

Los textos referidos en su versión original son los siguientes:

"ARTÍCULO 352. <ASUNTOS QUE REGULA LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO>. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar".

"ARTÍCULO 110. <AUTONOMÍA PRESUPUESTAL>. Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cuál hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes.

"En la sección correspondiente a la rama legislativa estas capacidades se ejercerán en la forma arriba indicada y de manera independiente por el Senado y la Cámara de Representantes; igualmente, en la sección correspondiente a la rama judicial serán ejercidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

"En los mismos términos y condiciones tendrán estas capacidades las superintendencias, unidades administrativas especiales, las entidades territoriales, asambleas y concejos, las contralorías y personerías territoriales y todos los demás órganos estatales de cualquier nivel que tengan personería jurídica.

"En todo caso, el Presidente de la República podrá celebrar contratos a nombre de la Nación (Ley 38/89, artículo 91. Ley 179/94, artículo 51)."

Constitución Política; Art. 150, numeral 9, numeral 14; Art. 189, numeral 23; Art. 208; Art. 209; Art. 286; Art. 300, numeral 9; Art. 302; Art. 303; Art. 313, numeral 3; Art. 314

Código Civil; Art. 633; Art. 639

Ley 179 de 1994; Art. 51

Ley 136 de 1994; Art. 91, literal d., numeral 5.

Ley 80 de 1993; Art. 2; Art. 10; Art. 12; Art. 26, numeral 5o.; Art. 32, numeral 5o.; Art. 49; Art. 58

Ley 42 de 1993; Art. 57

Decreto 162 de 1997; Art. 1

Decreto 297 de 1996; Art. 1; Art. 2

Decreto 1440 de 1995; Art. 8, numeral 7o.; Art. 12, numeral 7o.

Decreto 1591 de 1994; Art. 5, numeral 7

Decreto 679 de 1994; Art. 6

Decreto 94 de 1994; Art. 1

Decreto 1333 de 1986; Art. 278; Art. 334

Decreto 1050 de 1968; Art. 12, literal f.; Art. 27, literal a.

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 98/10/08, Dr. Jusús María Carrillo.

Expediente No. 15071, Contrato estatal de concesión / Régimen Laboral aplicable / Competencia para dirigir licitaciones y concursos / Entidades que manejan loterías, apuestas permanentes y Juegos de azar

- Sentencia de 93/10/08, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 7852, Alcaldes / Competencia y requisitos para contratar

ARTÍCULO 12. DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR. <Ver Notas del Editor> Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los artículos 9o., 10, 12 y 61 literal f), de la Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario oficial No. 43.464 del 20 de diciembre de 1998.

Los textos referidos son los siguientes:

"ARTÍCULO 9o. DELEGACIÓN. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley.

PARÁGRAFO. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos.

ARTÍCULO 10. REQUISITOS DE LA DELEGACIÓN. En el acto de delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren.

El Presidente de la República, los ministros, los directores de departamento administrativo y los representantes legales de entidades descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas.

ARTÍCULO 12. RÉGIMEN DE LOS ACTOS DEL DELEGATARIO. Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente principal.

ARTÍCULO 61. FUNCIONES DE LOS MINISTROS. Son funciones de los ministros, además de las que les señalan la Constitución Política y las disposiciones legales especiales, las siguientes:

...

f) Suscribir en nombre de la Nación y de conformidad con el Estatuto General de Contratación y la Ley Orgánica de Presupuesto, los contratos relativos a asuntos propios del Ministerio previa delegación del Presidente de la República;

..."

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 37 del Capítulo "ACTUACIONES GENERALES" del Decreto extraordinario 2150 de 1995, publicado en el Diario oficial No. 42.137 del 6 de diciembre de 1995 que trata igualmente "DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR".

El texto referido es el siguiente:

"ARTÍCULO 37. DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para la realización de licitaciones o concursos o para la celebración de contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes."

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-374-94 de 25 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Dr.Jorge Arango Mejía.

Constitución Política; Art. 209; Art. 211

Ley 489 de 1998; Art. 9; Art. 10; Art. 11; Art. 12

Ley 136 de 1994; Art. 92, literal b.

Ley 80 de 1993; Art. 2; Art. 11; Art. 25, numeral 10o.; Art. 30, numeral 10o.

Ley 60 de 1993; Art. 7

Decreto 111 de 1996; Art. 110

Decreto 162 de 1997; Art. 1

Decreto 2150 de 1995; Art. 37; Art. 112

Decreto 2046 de 1995; Art. 1

Decreto 1985 de 1994; Art. 1

Decreto 1591 de 1994; Art. 2; Art. 4

Decreto 855 de 1994; Art. 2

Decreto 679 de 1994; Art. 7; Art. 14

Decreto 94 de 1994; Art. 1; Art. 2; Art. 3

Decreto 590 de 1993; Art. 2; Art. 4

Decreto 2699 de 1991; Art. 151

Decreto 1050 de 1968; Art. 21

ARTÍCULO 13. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley.

Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia.

Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera.

Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes.

Código Civil; Art. 20; Art. 21; Art. 22; Art. 1609

Código de Comercio; Art. 469; Art. 470

Ley 80 de 1993; Art. 2; Art. 6; Art. 20; Art. 22; Art. 23; Art. 28; Art. 32, parágrafo 1; Art. 40; Art. 44; Art. 69; Art. 75; Art. 77

Ley 56 de 1985; Art. 27

Ley 153 de 1887; Art. 38; Art. 39

Ley 226 de 1995; Art. 2

Ley 185 de 1995; Art. 12

Ley 136 de 1994; Art. 141

Decreto 2170 de 2002; Art. 15

Decreto 2046 de 1995; Art. 1

Decreto 1721 de 1995; Art. 1

Decreto 1448 de 1995; Art. 4; Art. 6

Decreto 1447 de 1995; Art. 2

Decreto 1440 de 1995; Art. 18

Decreto 2618 de 1994; Art. 1

Decreto 1591 de 1994; Art. 5, numeral 11; Art. 6

Decreto 679 de 1994; Art. 7; Art. 8

Decreto 2681 de 1993; Art. 33; Art. 34; Art. 39

Decreto 1421 de 1993; Art. 144

Decreto 453 de 1993; Art. 1; Art. 3

Decreto 2699 de 1991; Art. 150; Art. 155

Decreto 1333 de 1986; Art. 273

Decreto 1222 de 1986; Art. 212

Corte Constitucional:

- Sentencia No. C-415-94 de 94/09/22, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

Contratación estatal, materia de orden público

Consejo de Estado:

Sección Primera

- Sentencia de 95/03/03

Expediente No. 2692, Santafé de Bogotá, D.C.: Normatividad especial aplicable

Sección Tercera

- Sentencia de 95/05/08, Dr. Juan de Dios Montes

Expediente No. 8118, Reglas generales del derecho

- Sentencia de 94/11/18, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8495, Incremento implícito de las cuantías de contratación / Decreto 347 de 1987

- Sentencia de 94/10/24, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 9446, Intereses de mora

- Sentencia de 93/05/13, Dr. Julio Cesar Uribe Acosta

Expediente No. 7031, Legislación aplicable / Nulidad de los actos administrativos

- Sentencia de 92/09/24, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 6868, Intereses de mora

- Sentencia de 92/09/17, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 7146, Aplicación de las normas del código de comercio / Intereses de mora

- Sentencia de 92/05/21, Dr. Julio Cesar Uribe Acosta

Expediente No. 6435, Terminación del contrato por mutuo acuerdo

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Concepto de 96/07/26, Dr. Luis Camilo Osorio

Radicación No. 849, Copropiedad entre entidades públicas

- Concepto 95/11/01, M.P. Dr.JAVIER HENAO HIDRON

Radicación No. 742, Contratación de empréstitos / Ley del contrato / Empresas prestadoras de servicios públicos

ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial.

Corte Constitucional:

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el aparte subrayado de este inciso por las razones expuestas en la sentencia, mediante Sentencia C-965-03 de 21 de octubre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Expediente No. 19583 de 2001/07/07. Dra. Maria Elena Giraldo Gómez

Caducidad de acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Acto que declara desierta la licitación.

- Expediente No. 13682 de 2001/02/22, Dr. Ricardo Hoyos Duque

Caducidad de la accion contractual. Inexistencia / LIQUIDACION DEL CONTRATO. Competencia

- Sentencia de 99/02/04, Dr. Germán Rogríguez

Expediente No. 15296, Licitación pública / Declaratoria de desierta / Impugnación del acto que la declara desierta.

- Sentencia de 98/10/08, Dr. Jusús María Carrillo.

Expediente No. 15071, Contrato estatal de concesión / Régimen Laboral aplicable.

- Sentencia de 94/12/07, Dr. Julio Cesar Uribe Acosta

Expediente No. 10103, Bases para cuantificar el desequilibrio financiero

- Sentencia de 94/11/16, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8449, Empresas industriales y comerciales del Estado / Poderes exorbitantes con los que cuentan

- Sentencia de 94/10/05, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8223, Interpretación unilateral / Modificación unilateral

- Sentencia de 94/09/29, Dr. Julio Cesar Uribe Acosta

Expediente No. 6580, Equilibrio financiero

- Sentencia de 93/05/06, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 7147, Incumplimiento del contrato / Equilibrio financiero

- Sentencia de 92/03/13, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 6759, Equilibrio financiero

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta ley.

2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión.

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios.

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aún cuando no se consignen expresamente.

Decreto 1421 de 1993; Art. 149

Resolución CRA 136 de 2000; Art. 17

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 99/03/04, Dr. Juan de Dios Montes

Expediente No. 11141, Responsabilidad contractual del Estado / Fallas en la ejecución de obras públicas / Indemnización de perjuicios.

- Sentencia de 99/03/11, Dr. Gemán Rodríguez

Expediente No. 11618, Contrato estatal accesorio / Incumplimiento por la entidad / No pago del anticipo / Suspensión.

Sección Cuarta

- Sentencia de 99/03/04, Dr. Julio E. Correa

Expediente No. 9268, Obras estatales / Obligaciones de la administración

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Concepto de 99/05/05, Dr. Javier Henao Hidrón

Radicación No. 1190, Instituto de Fomento Industrial / Concesión para la explotación y administración de las salinas de la Nación

DIAN:

- Concepto No. 14485 de 99/02/24

Contrato de prestación de servicios / Retención por entidades públicas / Impuesto de timbre / Impuesto sobre las ventas.

PARÁGRAFO. En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales.

Constitución Política; Art. 209; Art. 223; Art. 336; Art. 365

Código Contencioso Administrativo; Art. 49; Art. 50; Art. 51; Art. 52; Art. 53; Art. 54; Art. 55; Art. 87

Ley 828 de 2003; Art. 1

Ley 789 de 2002; Art. 50 Parágrafo 2

Ley 104 de 1993; Art. 39; Art. 40; Art. 42

Ley 80 de 1993; Art. 2; Art. 4; Art. 14; Art. 15; Art. 16; Art. 17; Art. 18; Art. 19; Art. 20; Art. 24; Art. 25; Art. 26; Art. 27; Art. 32; Art. 40; Art. 65; Art. 77

Decreto 856 de 1994; Art. 6

Decreto 1333 de 1986; Art. 273

Decreto 753 de 1956; Art. 1

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Expediente No. 19870 de 2001/07/12, Dra. María Elena Giraldo Gómez

Contrato de arrendamiento. Plazo en los contratos interadministrativos. Obligación de restitución del inmueble

- Expediente No. 13352 de 2001/03/15, Dr. Ricardo Hoyos Duque

ARRENDAMIENTO de bien inmueble. Extinción de las obligaciones y vencimiento del plazo; CADUCIDAD DEL CONTRATO - la administración no pierde la facultad de declarar la caducidad del contrato de arrendamiento mientras subsista el incumplimiento del contratista arrendatario, sea porque no paga el canon pactado o porque se rehúsa a restituir el inmueble aún cuando haya vencido el plazo del contrato. TERMINACION DEL CONTRATO - No se da necesariamente por el vencimiento del plazo contractual .

- Sentencia de 99/06/21, Dr. Daniel Suárez Hernández

Expediente No. 14943, Contrato estatal de suministro / Concepto /

Tratamiento doctrinal Contrato estatal de arrendamiento / Características

- Sentencia de 99/02/04, Dr. Ricardo Hoyos Duque

Expediente No. 15157, Contrato estatal / Adición / Caducidad / Cláusula compromisoria / Cláusula penal pecuniaria / Incumplimiento / Modificaciones / Plazos.

- Sentencia de 98/12/14, Dr. Jesús María Carrillo

Expediente No. 14504, Acto administrativo / Obligatoriedad / Impugnación / Presunción de legalidad

- Sentencia de 94/12/16, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 7879, Cláusulas exorbitantes

Consejo de Estado:

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

- Concepto No. 1360 de 2001/07/19, Dr. Augusto Trejos Jaramillo

ARTÍCULO 15. DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL. Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia.

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 550 de 1999, "Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley", publicada en segunda oportunidad en el Diario Oficial No. 43.940 del 19 de marzo de 2000.

El texto referido es el siguiente:

"ARTÍCULO 15. CONTINUIDAD DE CONTRATOS. Por el hecho de la promoción o iniciación de la negociación de un acuerdo de reestructuración, no podrá decretarse la caducidad administrativa de los contratos celebrados entre el Estado y el empresario; y se tendrá por no escrita la cláusula en que se pacte que dicha promoción o iniciación sea causal de terminación de los contratos de tracto sucesivo.

Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las estipulaciones que formen parte de cualquier acto o contrato y que tengan por objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente la promoción, la negociación o la celebración de un acuerdo de reestructuración, mediante la terminación anticipada de contratos, la aceleración de obligaciones, la imposición de restricciones y, en general, a través de cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de efectos desfavorables para el empresario que negocie o celebre un acuerdo de los previstos en esta ley.

Las discrepancias sobre la ineficacia de una estipulación en el supuesto previsto en el presente artículo, serán decididas a solicitud del empresario o de cualquier acreedor por la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, mediante el procedimiento verbal sumario. De verificarse la ocurrencia de la ineficacia, el pago de los créditos a favor del correspondiente acreedor quedará legalmente postergado a la atención previa de todos los demás créditos, y la Superintendencia ordenará la cancelación inmediata de todas las garantías que hayan sido otorgadas por el empresario o por terceros para caucionarlos".

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1514-00 del 8 de noviembre de 2000, Magistrado Ponente (E) Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez.

Código Contencioso Administrativo; Art. 35; Art. 83; Art. 87

Ley 105 de 1993; Art. 32

Ley 80 de 1993; Art. 14; Art. 27; Art. 40; Art. 68; Art. 77

Decreto 1591 de 1994; Art. 5, numeral 13

Decreto 1421 de 1993; Art. 149

Decreto 777 de 1992; Art. 1

Decreto 1333 de 1986; Art. 273

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 98/12/14, Dr. Jesús María Carrillo

Expediente No. 14504, Acto administrativo / Obligatoriedad / Impugnación / Presunción de legalidad

- Sentencia de 94/12/16, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 7879, Contratos privados / Facultad de imponer multas / Cláusulas exorbitantes

- Sentencia de 94/11/16, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8449, Empresas industriales y comerciales del estado / Poderes exorbitantes con los que cuentan

- Sentencia de 94/10/05, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8223, Interpretación unilateral / Alcances

ARTÍCULO 16. DE LA MODIFICACIÓN UNILATERAL. Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios.

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo.

El texto referido es el siguiente:

Corte Constitucional

- Aparte subrayada declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949-01 de 5 de septiembre de 2001, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Código Contencioso Administrativo; Art. 35; Art. 83; Art. 87

Ley 80 de 1993; Art. 14; Art. 40; Art. 60; Art. 61; Art. 68; Art. 69; Art. 70; Art. 71; Art. 77

Ley 105 de 1993; Art. 32

Decreto 1591 de 1994; Art. 5, numeral 13

Decreto 1421 de 1993; Art. 149

Decreto 777 de 1992; Art. 1

Decreto 1333 de 1986; Art. 273

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 98/12/14, Dr. Jesús María Carrillo

Expediente No. 14504, Acto administrativo / Obligatoriedad / Impugnación / Presunción de legalidad

- Sentencia de 94/12/16, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 7879, Contratos privados / Facultad de imponer multas / Cláusulas exorbitantes

- Sentencia de 94/11/16, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8449, Empresas industriales y comerciales del estado / Poderes exorbitantes con los que cuentan

- Sentencia de 94/10/05, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8223, Modificación unilateral / Alcances

ARTÍCULO 17. DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL. La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos:

1o. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.

2o. <Aparte subrayado del numeral 2o. CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista.

Ley 361 de 1997; Art. 26

Corte Constitucional:

- Aparte subrayado del numeral 2o. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia No. C-454-94 del 20 de octubre de 1994, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz, "... en la medida en que la incapacidad física permanente impida de manera absoluta el cumplimiento de las obligaciones específicamente contractuales, cuando ellas dependan de las habilidades físicas del contratista".

3o. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista.

4o. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2o. y 3o. de este artículo podrá continuarse la ejecución con el garante de la obligación.

La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor en concordato. La entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio.

- El Parágrafo 2o. del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 fue modificado por el Artículo 1o. de la Ley 828 de 2003, publicada originalmente en el Diario Oficial No. 45.248 de 14 de julio de 2003 y posteriormente en el Diario Oficial No. 45.253 de 19 de julio de 2003.

El nuevo texto no menciona la causal de terminación unilateral originalmente contemplada en la Ley 789 de 2002, establece multas y la caducidad administrativa por el incumplimiento de las obligaciones parafiscales con el Sistema de Seguridad Social Integral, el Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.

- En criterio del editor el Parágrafo 2o. del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 adicionó una causal para la terminación unilateral de los contratos.

La Ley 789 de 2002, "por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo", fue publicada en el Diario Oficial No 45.046 de 27 de diciembre de 2002.

El Parágrafo 2o. del Artículo 50 mencionado esteblece en su versión original:

"ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES.

"...

"PARÁGRAFO 2o. Será causal de terminación unilateral de los contratos que celebren las Entidades públicas con personas jurídicas particulares, cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

"Se podrá enervar la causal, mediante el pago de los recursos dejados de cubrir, incrementados con los correspondientes intereses de mora dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación."

El texto referido en su versión original es el siguiente:

"Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las estipulaciones que formen parte de cualquier acto o contrato y que tengan por objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente la promoción, la negociación o la celebración de un acuerdo de reestructuración, mediante la terminación anticipada de contratos, la aceleración de obligaciones, la imposición de restricciones y, en general, a través de cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de efectos desfavorables para el empresario que negocie o celebre un acuerdo de los previstos en esta ley.

"Las discrepancias sobre la ineficacia de una estipulación en el supuesto previsto en el presente artículo, serán decididas a solicitud del empresario o de cualquier acreedor por la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, mediante el procedimiento verbal sumario. De verificarse la ocurrencia de la ineficacia, el pago de los créditos a favor del correspondiente acreedor quedará legalmente postergado a la atención previa de todos los demás créditos, y la Superintendencia ordenará la cancelación inmediata de todas las garantías que hayan sido otorgadas por el empresario o por terceros para caucionarlos".

Constitución Política; Art. 213

Código Civil; Art. 2124

Código de Comercio; Art. 218

Código Contencioso Administrativo; Art. 35; Art. 83; Art. 87

Ley 335 de 1996; Art. 10

Ley 241 de 1995; Art. 1

Ley 105 de 1993; Art. 32

Ley 104 de 1993; Art. 82; Art. 85; Art. 86

Ley 80 de 1993; Art. 14; Art. 27; Art. 60; Art. 69; Art. 70; Art. 71; Art. 77

Ley 56 de 1985; Art. 16; Art. 17

Decreto 162 de 1997; Art. 1

Decreto 2343 de 1996; Art. 9

Decreto 1591 de 1994; Art. 5, numeral 13

Decreto 1421 de 1993; Art. 149

Decreto 777 de 1992; Art. 1

Decreto 1333 de 1986; Art. 273

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 98/12/14, Dr. Jesús María Carrillo

Expediente No. 14504, Acto administrativo / Obligatoriedad / Impugnación / Presunción de legalidad

- Sentencia de 95/05/08, Dr. Juan de Dios Montes Hernández

Expediente No. 10108, Terminación de contratos / No puede ocurrir en forma intempestiva y arbitraria

- Sentencia de 94/12/16, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 7879, Contratos privados / Facultad de imponer multas / Cláusulas exorbitantes

- Sentencia de 94/11/16, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8449, Empresas industriales y comerciales del estado / Poderes exorbitantes con los que cuentan

- Sentencia de 94/04/21, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 8772, terminación unilateral / Obligación de la administración de pagar perjuicios

- Sentencia de 92/09/17, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 6789, Terminación unilateral / Debe declararse cuando existen razones de orden público que lo ameriten

ARTÍCULO 18. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar.

Corte Constitucional

- Aparte en cursiva declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949-01 de 5 de septiembre de 2001, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

- En criterio del editor para la interpretación de este Artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Parágrafo 2o. del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 tal como fue modificado por el Artículo 1o. de la Ley 828 de 2003, "Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social", publicada originalmente en el Diario Oficial No. 45.248 de 14 de julio de 2003 y posteriormente en el Diario Oficial No. 45.253 de 19 de julio de 2003.

El texto mencionado en la versión original de la Ley 828 de 2003 establece:

"ARTÍCULO 1o. ...

"PARÁGRAFO 2o. Será obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos que celebren, como obligación contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, <sic> parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora.

"Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento, <sic> por cuatro (4) meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa.

"PARÁGRAFO. En los contratos vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se incluirá una cláusula que incorpore esta obligación hacia futuro."

- En criterio de editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 610 de 2000, "Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías", publicada en el Diario Oficial No. 44.133 de 18 de agosto de 2000.

El texto referido es el siguiente:

ARTICULO 61. CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL. Cuando en un proceso de responsabilidad fiscal un contratista sea declarado responsable, las contralorías solicitarán a la autoridad administrativa correspondiente que declare la caducidad del contrato, siempre que no haya expirado el plazo para su ejecución y no se encuentre liquidado.

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 550 de 1999, "Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley", publicada en segunda oportunidad en el Diario Oficial No. 43.940 del 19 de marzo de 2000.

El texto referido es el siguiente:

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 42 de 1993, publicada en el Diario Oficial No. 40.732 del 26 de enero de 1993:

El texto referido es el siguiente:

"ARTÍCULO 86. Cuando en un proceso fiscal un contratista resultara responsable, los organismos de control fiscal solicitarán a la autoridad administrativa correspondiente la imposición de la sanción respectiva. Para estos efectos la sanción será causal de caducidad del contrato".

Ley 828 de 2003; Art. 1

Ley 789 de 2003; Art. 50 Parágrafo 2o. Inciso 2o.

Ley 782 de 2002; Art. 31

Ley 610 de 2000; Art. 61

Ley 418 de 1997; Art. 90

Ley 335 de 1996; Art. 25

Ley 104 de 1993; Art. 82; Art. 83; Art. 84

Ley 80 de 1993; Art. 5, numeral 5o. inciso final; Art. 14, numeral 2o.; Art. 80, numeral 1o. literal c; Art. 19; Art. 27; Art. 31; Art. 58; Art. 59; Art. 60; Art. 61

Ley 42 de 1993; Art. 86

Ley 40 de 1993; Art. 25

Decreto 162 de 1997; Art. 1

Decreto 2343 de 1996; Art. 7

Decreto 1591 de 1994; Art. 5, numeral 13

Decreto 679 de 1994; Art. 2

Decreto 1421 de 1993; Art. 149

Decreto 741 de 1993; Art. 43

Decreto 777 de 1992; Art. 1

Decreto 1333 de 1986; Art. 273

Decreto 3130 de 1968; Art. 8; Art. 32; Art. 34

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Expediente No. 13352 de 2001/03/15, Dr. Ricardo Hoyos Duque

- Expediente No. 12848 de 2001/02/08, Dra. Maria Elena Giraldo Gómez

Caducidad del contrato

- Sentencia de 2000/06/22, Dra. María Elena Giraldo Gómez

Expediente No. 12723, Incumplimiento de contrato / Normatividad aplicable es la vigente al momento del incumplimiento y no la vigente al momento de la liquidación / Privilegio de la decisión previa /Concepto / Privilegio de la ejecución de oficio / Concepto / Liquidación unilateral del contrato estatal / Evolución legislativa / Caducidad de un contrato estatal / Declaración / Evolución legislativa / Liquidación unilateral del contrato estatal / Debe estar ejecutoriado el acto declaratorio de caducidad del contrato / Debe hacerse en caso de no ser posible la bilateral / Demanda ante juez del contrato / Definición de prestaciones mutuas entre los contratantes / Liquidación del contrato estatal / Término para realizarla / Consagración jurisprudencial / Incumplimiento de términos / Consecuencias / Consagración y evolución jurisprudencial / Acta de liquidación / Unicamente debe contener sumas y sanciones de carácter contractual /

- Sentencia de 99/03/11, Dr. Gemán Rodríguez

Expediente No. 11618, Contrato estatal accesorio / Incumplimiento por la entidad / No pago del anticipo / Suspensión.

- Sentencia de 99/01/21, Dr. Ricardo Hoyas Duque.

Expediente No. 15111, Contratista / Prueba de perjuicio por declaración de caducidad.

- Sentencia de 98/09/24, Dr. Ricardo Hoyos Duque

- Sentencia de 98/12/14, Dr. Jesús María Carrillo

Expediente No. 14504, Acto administrativo / Obligatoriedad / Impugnación / Presunción de legalidad

- Sentencia de 93/05/13, Dr. Julio Cesar Uribe Acosta

Expediente No. 7031, Caducidad

- Sentencia de 93/07/06, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 7327, Caducidad de la acción contractual

- Sentencia de 94/09/30, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 9280, Declaración de incumplimiento / extemporaneidad

- Sentencia de 94/11/16, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8449, Empresas industriales y comerciales del estado / Poderes exorbitantes con los que cuentan

- Sentencia de 94/12/16, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 7879, Contratos privados / Facultad de imponer multas / Cláusulas exorbitantes

- Sentencia de 95/05/19, Dr. Juan de Dios Montes Hernández

Expediente No. 7580, Caducidad / Declaración extemporanea

- Sentencia de 95/06/01, Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros

Expediente No. 7326, Caducidad

- Sentencia de 96/03/22, Dr. Juan de Dios Montes Hernández

Expediente No. 9562, Caducidad / Efectividad de las pólizas de garantía

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 99/03/26, Dr. Ricardo Hoyos Duque.

Expediente No. 14000, Empresas de servicios públicos domiciliarios / Contratación.

ARTÍCULO 19. DE LA REVERSIÓN. En los contratos de explotación o concesión de bienes estatales se pactará que, al finalizar el término de la explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar compensación alguna.

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 4o. de la Ley 422 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.216 del 16 de enero de 1998.

El texto referido es el siguiente:

"ARTÍCULO 4o. En los contratos de concesión de servicios de telecomunicaciones, la reversión sólo implicará que revertirán al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas para la prestación del servicio concedido. La reversión de frecuencias no requerirá de ningún acto administrativo especial."

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-250-96 del 6 de junio de 1996, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.

Ley 422 de 1998; Art. 4

Ley 143 de 1994; Art. 65

Ley 142 de 1994; Art. 39

Ley 80 de 1993; Art. 14, numeral 2o.; Art. 23, numeral 4o.; Art. 32; Art. 76

Decreto 1591 de 1994; Art. 1, numeral 7o.

Decreto 1421 de 1993; Art. 149

Decreto 777 de 1992; Art. 1

Decreto 1333 de 1986; Art. 273

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Expediente No. 12039 de 2001/09/06, Dr. Alier E. Hernández Enríquez

CONTRATO DE CONCESION MINERA - Reversión de bienes destinados a la explotación minera / REVERSION DE BIENES EN LOS CONTRATOS DE CONCESION MINERA - Legislación aplicable. CONTRATO DE CONCESION MINERA - Procedencia de la reversión de bienes / REVERSION DE BIENES - En contratos de concesión minera

- Sentencia de 94/12/16, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 7879, Contratos privados / Facultad de imponer multas / Cláusulas exorbitantes

- Sentencia de 94/11/16, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 8449, Empresas industriales y comerciales del estado / Poderes exorbitantes con los que cuentan

ARTÍCULO 20. DE LA RECIPROCIDAD. En los procesos de contratación estatal se concederá al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad.

Se entiende por principio de reciprocidad, el compromiso adquirido por otro país, mediante acuerdo, tratado o convenio celebrado con Colombia, en el sentido de que a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.

PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional, en los acuerdos, tratados o convenios que celebre para estos efectos, deberá establecer todos los mecanismos necesarios para hacer cumplir el tratamiento igualitario entre el nacional y el extranjero tanto en Colombia como en el territorio del país con quien se celebre el mencionado acuerdo, convenio o tratado.

PARÁGRAFO 2o. Cuando para los efectos previstos en este artículo no se hubiere celebrado acuerdo, tratado o convenio, los proponentes de bienes y servicios de origen extranjero podrán participar en los procesos de contratación en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales colombianos, siempre y cuando en sus respectivos paises los proponentes de bienes y servicios de origen colombiano gocen de iguales oportunidades. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos para asegurar el cumplimiento de la reciprocidad prevista en este parágrafo.

Constitución Política; Art. 100; Art. 226; Art. 227

Código Civil; Art. 18

Ley 191 de 1995; Art. 45

Ley 80 de 1993; Art. 4, numeral 5; Art. 21; Art. 22; Art. 30, parágrafo; Art. 44, numeral 5

Decreto 679 de 1994; Art. 9

Decreto 313 de 1994; Art. 1

ARTÍCULO 21. DEL TRATAMIENTO Y PREFERENCIA DE LAS OFERTAS NACIONALES. <Ver Notas del Editor> Las entidades estatales garantizarán la participación de los oferentes de bienes y servicios de origen nacional, en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del procedimiento de selección objetiva que se utilice y siempre y cuando exista oferta de origen nacional.

Ley 43 de 1993; Art. 1; Art. 2; Art. 3; Art. 4

Cuando se trate de la ejecución de proyectos de inversión se dispondrá la desagregación tecnológica.

En los contratos de empréstito y demás formas de financiamiento, distintos de los créditos de proveedores, se buscará que no se exija el empleo o la adquisición de bienes o la prestación de servicios de procedencia extranjera específica, o que a ello se condicione el otorgamiento. Así mismo, se buscará incorporar condiciones que garanticen la participación de oferentes de bienes y servicios de origen nacional.

En igualdad de condiciones para contratar, se preferirá la oferta de bienes y servicios de origen nacional.

Para los oferentes extranjeros que se encuentren en igualdad de condiciones, se preferirá aquel que contenga mayor incorporación de recursos humanos nacionales, mayor componente nacional y mejores condiciones para la transferencia tecnológica.

El Consejo Superior de Comercio Exterior determinará el régimen vigente para las importaciones de las entidades estatales.

PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional determinará qué debe entenderse por bienes y servicios de origen nacional y de origen extranjero y por desagregación tecnológica. Corresponde también al Gobierno Nacional diseñar mecanismos que faciliten el conocimiento oportuno tanto de la oferta de bienes y servicios de origen nacional, como de la demanda de las entidades estatales.

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional reglamentará el componente nacional al que deben someterse las entidades estatales, para garantizar la participación de las ofertas de bienes y servicios de origen nacional.

- En criterio del editor para la interpretación de este Artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los Artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. de la Ley 816 de 2003, "Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública", publicada en el Diario Oficial No. 45.241, de 8 de julio de 2003.

Dichos Artículos en su versión original establecen:

"ARTÍCULO 1o. Las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional.

"Para los efectos de esta ley, se entenderá por entidades de la Administración Pública todas aquellas que la integran, de acuerdo con la Ley 489 de 1998, sin que la existencia de regímenes especiales pueda ser obstáculo para su aplicación. Se exceptúan las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que se regirán por las normas de Derecho Privado de conformidad con lo preceptuado en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001.

"PARÁGRAFO. Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de l os países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. Este último caso se demostrará con informe de la respectiva Misión Diplomática Colombiana, que se acompañará a la documentación que se presente.

"ARTÍCULO 2o. Las entidades de que trata el artículo 1o. asignarán, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, un puntaje comprendido entre el diez (10) y el veinte por ciento (20%), para estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales.

"Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecerá un puntaje comprendido entre el cinco (5) y el quince por ciento (15%), para incentivar la incorporación de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos.

"Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional.

"ARTÍCULO 3o. El oferente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país.

"ARTÍCULO 4o. La presente ley se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia."

- En criterio del editor para la interpretación de este Artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley 590 de 2000, "Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa", publicada en el Diario Oficial No. 44.078 de 12 de julio 2000.

El Artículo mencionado en su versión original establece:

ARTÍCULO 12. CONCURRENCIA DE LAS MIPYMES A LOS MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS QUE CREA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO. Con el fin de promover la concurrencia de las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados de bienes y servicios que crea el funcionamiento del Estado, las entidades indicadas en el artículo 2o. de la Ley 80 de 1993, consultando lo previsto en esa ley y en los convenios y acuerdos internacionales:

1. Desarrollarán programas de aplicación de las normas sobre contratación administrativa y las concordantes de ciencia y tecnología, en lo atinente a preferencia de las ofertas nacionales, desagregación tecnológica y componente nacional en la adquisición pública de bienes y servicios.

2. Promoverán e incrementarán, conforme a su respectivo presupuesto, la participación de micro, pequeñas y medianas empresas como proveedoras de los bienes y servicios que aquéllas demanden.

3. Establecerán, en observancia de lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley, procedimientos administrativos que faciliten a micro, pequeñas y medianas empresas, el cumplimento de los requisitos y trámites relativos a pedidos, recepción de bienes o servicios, condiciones de pago y acceso a la información, por medios idóneos, sobre sus programas de inversión y de gasto.

4. Las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, preferirán en condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicio a las Mipymes nacionales.

PARÁGRAFO. El incumplimiento de los deberes de que trata el presente artículo por parte de los servidores públicos constituirá causal de mala conducta.

Ley 80 de 1993; Art. 2; Art. 20; Art. 22; Art. 24; Art. 29; Art. 41, Parágrafo 2; Art. 44, Numeral 5

Decreto 679 de 1994; Art. 10; Art. 11; Art. 12

Decreto 313 de 1994; Art. 2; Art. 3; Art. 4

Decreto 1421 de 1993; Art. 149

Decreto 453 de 1993; Art. 3

Consejo de Estado:

Sección Tercera:

- Sentencia de 99/02/18, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 12179, Adjudicación del contrato / Nulidad / Factores Probatorios / Pliego de condiciones su contenido es de obligatorio cumplimiento/

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Concepto de 97/12/10, M.P. Dr. Augusto Trejos Jaramillo

Radicación No. 1013, Contrato estatal / Concepto / Contrato de servicios

ARTÍCULO 22. DE LOS REGISTROS DE PROPONENTES. Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo.

El Gobierno Nacional adoptará un formulario único y determinará los documentos estrictamente indispensables que las Cámaras de Comercio podrán exigir para realizar la inscripción. Así mismo, adoptará el formato de certificación que deberán utilizar las Cámaras de Comercio.

Con base en los formularios y en los documentos presentados, las Cámaras de Comercio conformarán un registro especial de inscritos clasificados por especialidades, grupos o clases de acuerdo con la naturaleza de los bienes o servicios ofrecidos, y expedirán las certificaciones o informaciones que en relación con el mismo se les solicite.

La certificación servirá de prueba de la existencia y representación del contratista y de las facultades de su representante legal e incluirá la información relacionada con la clasificación y calificación del inscrito.

En relación con los contratos ejecutados incluirá la cuantía, expresada en términos de valor actualizado, y los respectivos plazos y adiciones. En la certificación constarán, igualmente, los datos e informaciones sobre cumplimiento en contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa, relación de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas y el término de su duración.

No se requerirá de este registro, ni de calificación ni clasificación, en los casos de contratación de urgencia a que se refiere el artículo 42 de esta ley; contratación de menor cuantía a que se refiere el artículo 24 de esta ley; contratación para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas; contratos de prestación de servicios y contratos de concesión de cualquier índole y cuando se trate de adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno Nacional.

Corte Constitucional

- Inciso 6o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949-01 de 5 de septiembre de 2001, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

El registro de proponentes será público y por tanto cualquier persona puede solicitar que se le expidan certificaciones sobre las inscripciones, calificaciones y clasificaciones que contenga.

Constitución Política; Art. 74Código Civil; Art. 73; Art. 663Código de Comercio; Art. 19; Art. 26; Art. 30; Art. 78; Art. 86; Art. 477Código Penal; Art. 218; Art. 219; Art. 220; Art. 221; Art. 222; Art. 223; Art. 224; Art. 225; Art. 226

Ley 828 de 2003; Art. 9

Ley 789 de 2002; Art. 50

Ley 190 de 1995; Art. 1; Art. 59

Ley 80 de 1993; Art. 2; Art. 6; Art. 24, numeral 1, literales; Art. 32; Art. 33; Art. 34; Art. 35; Art. 37; Art. 38; Art. 45; Art. 58, numeral 5; Art. 79; Art. 81

Decreto 1584 de 1994; Art. 1; Art. 2; Art. 3; Art. 4; Art. 5; Art. 6; Art. 7; Art. 9; Art. 10; Art. 11

Decreto 1665 de 1997; Art. 1

Decreto 430 de 1997; Art. 1

Decreto 174 de 1996; Art. 1

Decreto 2326 de 1995; Art. 18

Decreto 2150 de 1995; Art. 38; Art. 43; Art. 44

Decreto 457 de 1995; Art. 1; Art. 2; Art. 3; Art. 4

Decreto 194 de 1995; Art. 1; Art. 2; Art. 3; Art. 4

Decreto 856 de 1994; Art. 1; Art. 2; Art. 3; Art. 4; Art. 5; Art. 9; Art. 10; Art. 11

Decreto 855 de 1994; Art. 13

Decreto 2551 de 1993; Art. 1

Decreto 741 de 1993

Decreto 453 de 1993; Art. 3, Parágrafo; Art. 31

Resolución SIyC 403 de 1995; Art. 1; Art. 2

Resolución SIyC 2125 de 1994; Art. 1; Art. 2; Art. 3; Art. 4

Corte Constitucional:

- Sentencia No. C-166-95 de 95/04/20, Dr. Hernando Herrera Vergara

Cámaras de Comercio: Naturaleza jurídica, cumplimiento de funciones administrativas / Registro de proponentes: función de las Cámaras de Comercio, buena fe, observaciones a la inscripción

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Expediente No. 18059 de 2001/02/02, Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Intermediarios de seguros / Capacidad técnica. Evaluación.

- Sentencia de 99/03/04, Dr. Juan de Dios Montes

Expediente No. 11141, Responsabilidad contractual del Estado / Fallas en la ejecución de obras públicas / Indemnización de perjuicios.

- Sentencia de 92/07/17, Dr. Juan de Dios Montes

Expediente No. 7472, Cancelación de la inscripción en el registro de proponentes

DIAN:

- Concepto No. 14485 de 99/02/24

Contrato de prestación de servicios / Retención por entidades públicas / Impuesto de timbre / Impuesto sobre las ventas.

22.1 DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES DE LOS INSCRITOS. Las entidades estatales enviarán, semestralmente a la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, la información concerniente a los contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de los mismos y las multas y sanciones que en relación con ellos se hubieren impuesto. El servidor público que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta.

Código de Comercio; Art. 26; Art. 27; Art. 28; Art. 30

Ley 80 de 1993; Art. 5; Art. 22; Art. 25, numeral 17; Art. 31; Art. 58; Art. 59; Art. 79

Decreto 856 de 1994; Art. 12

Resolución 2125 de 1994; Art. 31; Art. 32; Art. 35

22.2 DE LA RENOVACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN. La inscripción en la Cámara de Comercio se renovará anualmente, para lo cual los inscritos deberán diligenciar y presentar el formulario que para el efecto determine el Gobierno Nacional, junto con los documentos actualizados que en él se indique. En dicho formulario los inscritos informarán sobre las variaciones referentes a su actividad a fin de que se tome nota de ellas en el correspondiente registro.

Las personas inscritas podrán solicitar a la Cámara de Comercio la actualización, modificación o cancelación de su inscripción cada vez que lo estimen conveniente, mediante la utilización de los formularios que el Gobierno Nacional establezca para el efecto.

Código de Comercio; Art. 33

Código Contencioso Administrativo; Art. 4; Art. 9; Art. 10; Art. 11; Art. 12; Art. 13; Art. 14; Art. 15; Art. 16

Ley 80 de 1993; Art. 22; Art. 79

Decreto 1584 DE 1994; Art. 5; Art. 8

Decreto 856 DE 1994; Art. 7; Art. 8

Resolución 2125 de 1994; Art. 10; Art. 15; Art. 44

Consejo de Estado:

Sección Tercera - Sentencia de 92/07/17, Dr. Juan de Dios Montes

Expediente No. 7472, Cancelación de la inscripción en el registro de proponentes

22.3 DE LA CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS INSCRITOS. La clasificación y calificación la efectuarán las mismas personas naturales o jurídicas interesadas en contratar con las entidades estatales, ciñéndose estrictamente a la reglamentación que expida el gobierno nacional en aplicación de criterios de experiencia, capacidad financiera, técnica, organización, disponibilidad de equipos, y se presentará a la respectiva Cámara de Comercio simultáneamente con la solicitud de inscripción. La entidad contratante se reservará la facultad de verificar la información contenida en el certificado expedido por la Cámara de Comercio y en el formulario de clasificación y calificación.

La capacidad financiera del inscrito se establecerá con base en la última declaración de renta y en el último balance comercial con sus anexos para las personas nacionales y en los documentos equivalentes a los anteriores, para las personas extranjeras.

La calificación determinará la capacidad máxima de contratación del inscrito y será válida ante todas las entidades estatales de todos los órdenes y niveles.

Código Contencioso Administrativo; Art. 4

Ley 80 de 1993; Art. 2; Art. 22; Art. 22; Art. 22; Art. 25; Art. 29; Art. 81

Decreto 1665 de 1997; Art. 1

Decreto 430 de 1997; Art. 1

Decreto 174 de 1996; Art. 1

Decreto 2326 de 1995; Art. 18

Decreto 194 DE 1995; Art. 1; Art. 2; Art. 3; Art. 4

Decreto 1584 DE 1994; Art. 2; Art. 3; Art. 4; Art. 6; Art. 7; Art. 8; Art. 9; Art. 10; Art. 11; Art. 12; Art. 13; Art. 14; Art. 15; Art. 16; Art. 17; Art. 18; Art. 19; Art. 20; Art. 21; Art. 22; Art. 23; Art. 24; Art. 25; Art. 26

Decreto 856 DE 1994; Art. 5

22.4 DEL REGISTRO DE PERSONAS EXTRANJERAS. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, que pretendan presentar propuestas o celebrar contratos para los cuales se requiera presentar el registro previsto en esta ley, se les exigirá el documento que acredite la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio principal, así como los documentos que acrediten su existencia y su representación legal, cuando a esto último hubiere lugar. En defecto de dicho documento de inscripción deberán presentar la certificación de inscripción en el registro establecido en esta ley. Adicionalmente, deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarlas judicial y extrajudicialmente.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio del deber a cargo de la entidad estatal respectiva de exigir a dichas personas documentos o informaciones que acrediten su experiencia, capacidad e idoneidad.

Constitución política; Art. 100

Código de Comercio; Art. 469; Art. 470; Art. 471; Art. 477

Ley 80 de 1993; Art. 6; Art. 13; Art. 20; Art. 21

Decreto 856 DE 1994; Art. 3

Corte Constitucional:

- Sentencia SU-219-03 de 13 de marzo de 2003, Magistrada Ponente Dra Clara Inés Vargas Hernández.

INVIAS - COMMSA S.A. Declaratoria de caducidad de contrato de concesión. Representación judicial de las sociedades extranjeras.

22.5 DE LA IMPUGNACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN. Cualquier persona inconforme con la calificación y clasificación de los inscritos, podrá impugnarlas ante la respectiva Cámara de Comercio. El acto administrativo de la Cámara de Comercio que decida la impugnación podrá ser objeto del recurso de reposición y de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos del Código Contencioso Administrativo. Para que la impugnación sea admisible deberá prestarse caución bancaria o de compañía de seguros para garantizar los perjuicios que se puedan causar al inscrito. Las entidades estatales deberán impugnar la clasificación y calificación de cualquier inscrito cuando adviertan irregularidades o graves inconsistencias. El Gobierno reglamentará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-508-95 de 9 de noviembre de 1995, Magistrado Ponente Dr.Antonio Barrera Carbonell, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-166-95.

- Numeral 22.5. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-166-95 de 20 de mayo de 1995, Magistrado Ponente Dr.Hernando Herrera Vergara.

Código Contencioso Administrativo; Art. 50; Art. 51; Art. 52; Art. 53; Art. 54; Art. 55; Art. 83tivos; Art. 85; Art. 140

Ley 80 de 1993; Art. 2; Art. 8; Art. 22; Art. 22; Art. 22; Art. 77

Decreto 856 DE 1994; Art. 13; Art. 14; Art. 15; Art. 16; Art. 17; Art. 18; Art. 19

Resolución 2125 de 1994; Art. 29; Art. 30

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 92/07/17, Dr. Juan de Dios Montes

Expediente No. 7472, Cancelación de la inscripción en el registro de proponentes

22.6 DE LAS SANCIONES. Cuando se demuestre que el inscrito de mala fe presentó documentos o informaciones para la inscripción, calificación o clasificación que no correspondan a la realidad, se ordenará, previa audiencia del afectado, la cancelación del registro, quedando en tal caso inhabilitado para contratar con las entidades estatales por el término de diez (10) años sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-508-95 de 9 de noviembre de 1995, Magistrado Ponente Dr.Antonio Barrera Carbonell, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-166-95.

- Numeral 22.6. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-166-95 de 20 de mayo de 1995, Magistrado Ponente Dr.Hernando Herrera Vergara.

Constitución Política; Art. 29

Código Penal; Art. 218; Art. 219; Art. 220; Art. 221; Art. 222; Art. 223; Art. 224; Art. 225; Art. 226

Ley 80 de 1993; Art. 8; Art. 31; Art. 58; Art. 64; Art. 66

Decreto 3130 DE 1968; Art. 8

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 92/07/17, Dr. Juan de Dios Montes

Expediente No. 7472, Cancelación de la inscripción en el registro de proponentes

22.7 DE LOS BOLETINES DE INFORMACIÓN DE LICITACIONES. Las entidades estatales deberán remitir a las Cámaras de Comercio de su jurisdicción, la información general de cada licitación o concurso que pretendan abrir en la forma y dentro de los plazos que fije el reglamento.

Con base en esta información las Cámaras de Comercio elaborarán y publicarán un boletín mensual, que será público, sin perjuicio de lo establecido en el numeral tercero del artículo 30 de esta ley.

El servidor público responsable de esta tarea que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta.

Ley 200 de 1995; Art. 38

Ley 80 de 1993; Art. 4; Art. 10; Art. 11; Art. 12; Art. 26; Art. 30, numerales 3o. y 4o.; Art. 58; Art. 59

Decreto 2170 de 2002; Art. 21

Decreto 856 DE 1994; Art. 12

Resolución 2125 de 1994; Art. 33; Art. 34; Art. 35; Art. 37; Art. 38

22.8. DE LA FIJACIÓN DE TARIFAS. El Gobierno Nacional fijará el monto de las tarifas que deban sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio por concepto de la inscripción en el registro de proponentes, así como por su renovación y actualización y por las certificaciones que se les solicite en relación con dicho registro. Igualmente fijará el costo de la publicación del boletín de información y del trámite de impugnación de la calificación y clasificación. Para estos efectos, el Gobierno deberá tener en cuenta el costo de la operación de registro, en que incurran las Cámaras de Comercio, así como de la expedición de certificados, de publicación del boletín de información y del trámite de impugnación.

- Numeral 22.8 modificado por el artículo 122 del Decreto 266 de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 43.906 del 22 de febrero de 2000.

- Artículo subrogado por el artículo 247 del Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622 del 29 de junio de 1999.

Corte Constitucional:

- El Decreto 266 fue 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1316-00 del 26 de septiembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria. A partir de su promulgación.

- El Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-923-99 del 18 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

Código de Comercio; Art. 45

Ley 80 de 1993; Art. 22; Art. 22; Art. 22; Art. 22; Art. 79

Decreto 457 de 1995; Art. 1; Art. 2; Art. 3; Art. 4

Decreto 856 de 1994; Art. 20

<Legislación anterior>

Texto de la Ley 80 de 1993 modificado por el Decreto 266 de 2000, declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional:

22.8. Derechos de las Cámaras de Comercio por los servicios que presta. El Gobierno Nacional fijará el monto de los derechos que a favor de las Cámaras de Comercio deban sufragarse por la prestación de los servicios relacionados con la inscripción en el registro de proponentes, su renovación y actualización y por las certificaciones que se le soliciten en relación con dicho registro. Igualmente fijará el costo de la publicación del boletín de información y del trámite de impugnación de la calificación y clasificación. Para estos efectos, el Gobierno deberá tener en cuenta el costo de la operación de registro, en que incurran las Cámaras de Comercio, así como de la expedición de los certificados, de publicación del boletín de información y del trámite de impugnación.

Texto de la Ley 80 de 1993 modificado por el Decreto 1122 de 1999, el cual fue declarado INEXEQUIBLE:

22.8. DERECHOS DE LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA. El Gobierno Nacional fijará el monto de los derechos que a favor de las Cámaras de Comercio deban sufragarse por la prestación de los servicios relacionados con la inscripción en el registro de proponentes, su renovación y actualización y por las certificaciones que se le soliciten en relación con dicho registro. Igualmente fijará el costo de la publicación del boletín de información y del trámite de impugnación de la calificación y clasificación. Para estos efectos, el Gobierno deberá tener en cuenta el costo de la operación de registro, en que incurran las Cámaras de Comercio, así como de la expedición de los certificados, de publicación del boletín de información y del trámite de impugnación.

22.9 DE LA VIGENCIA DEL REGISTRO. El registro, calificación y clasificación a que se refiere este artículo, regirá un año después de la promulgación de la presente ley. Los registros actualmente existentes, así como el régimen de renovación de inscripciones, continuarán hasta que entre en vigencia el registro de proponentes de que trata este artículo.

Ley 80 de 1993; Art. 22; Art. 22; Art. 22; Art. 79; Art. 81

Ley 4 de 1913; Art. 52; Art. 53

Corte Constitucional:

- Sentencia No. C-400-99 de 99/06/02 Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Concepto de 99/05/05, Dr. Javier Henao Hidrón

Radicación No. 1190, Instituto de Fomento Industrial / Concesión para la explotación y administración de las salinas de la Nación

II. DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL

ARTÍCULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

Constitución Política; Art. 209; Art. 230

Código Civil; Art. 1618; Art. 1619; Art. 1620; Art. 1621; Art. 1622; Art. 1623; Art. 1624

Código Contencioso Administrativo; Art. 2; Art. 3

Ley 80 de 1993; Art. 1; Art. 24; Art. 25; Art. 26; Art. 28; Art. 41; Art. 44; Art. 45; Art. 50; Art. 51; Art. 52; Art. 53; Art. 54; Art. 55; Art. 56; Art. 57; Art. 58; Art. 59; Art. 77

Decreto 1447 de 1995; Art. 2

Decreto 1898 de 1994; Art. 1

Decreto 1591 de 1994; Art. 6

Decreto 679 de 1994; Art. 8

ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio:

1o. La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso públicos, salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar directamente:

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-949-01 de 5 de septiembre de 2001, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el numeral 1o. de este artículo

- Los apartes subrayados del numeral 1o. fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-400-99 del 2 de junio de 1999, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

Ley 816 de 2003

Decreto 2170 de 2002; Art. 16

Consejo de Estado:

Sección Tercera:

- Sentencia de 99/02/18, Dr. Daniel Suarez Hernández

Expediente No. 12179, Adjudicación del contrato / Nulidad / Factores Probatorios / Pliego de condiciones su contenido es de obligatorio cumplimiento/

- Sentencia de 99/02/04, Dr. Germán Rogríguez

Expediente No. 15296, Licitación pública / Declaratoria de desierta / Impugnación del acto que la declara desierta.

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

- Concepto No. 1267, de 2000/03/09, Dr. Cesar Hoyos Salazar

Contratación directa / Registraduría Nacional del estado Civil / Realización de elecciones / Derogación tácita / Derogaciónexpresa / Concepto / Eventos / Diferencias

a) Menor cuantía para la contratación. <Corregido por el artículo 1o. del Decreto 62 de 1996. El texto corregido es el siguiente:> Para efectos de la contratación pública se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas, expresados en salarios mínimos legales mensuales:

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1'200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales;

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1'000.000 e inferior a 1'200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 800 salarios mínimos legales mensuales;

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 500.000 e inferior a 1'000.000 de salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 600 salarios mínimos legales mensuales;

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 250.000 e inferior a 500.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 400 salarios mínimos legales mensuales;

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 e inferior a 250.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 300 salarios mínimos legales mensuales;

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 12.000 e inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 250 salarios mínimos legales mensuales;

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 12.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 125 salarios mínimos legales mensuales.

- Corregido por el artículo 1o. del Decreto 62 de enero 5 de 1996 publicado en el Diario Oficial No. 42.690 de enero 17 de 1996.

- Modificado por el artículo 38 del Decreto extraordinario 2150 de diciembre 5 de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 42.137 de diciembre 6 de 1995.

Corte Constitucional

- El artículo 38 del Decreto extraordinario 2150 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-633-96 del 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, "... únicamente en cuanto la materia en él tratada <entiéndase artículo 38> no exigía trámite de ley estatutaria".

Ley 715 de 2001; Art. 112

Decreto 2170 de 2002; Art. 1; Art. 2; Art. 11

<Legislación anterior>

Texto original del artículo 24, numeral 1o., literal a) de la Ley 80 de 1993:

a) MENOR CUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN. Para efectos de la contratación pública se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas, expresados en salarios mínimos legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1'200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales;

las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1'000.000 e inferior a 1'200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 800 salarios mínimos legales mensuales;

las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 500.000 e inferior a 1'000.000 de salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 600 salarios mínimos legales mensuales;

las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 250.000 e inferior a 500.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 400 salarios mínimos legales mensuales;

las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 e inferior 250.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 300 salarios mínimos legales mensuales;

las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 12.000 e inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 250 salarios mínimos legales mensuales;

las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 6.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 12.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 100 salarios mínimos legales mensuales y

las que tengan un presupuesto anual inferior a 6.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 25 salarios mínimos legales mensuales.

Texto subrogado por el artículo 38 del Decreto Extraordinario 2150 de 1995:

ARTÍCULO 38. MENOR CUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN. Para efectos de la contratación pública se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas, expresados en salarios mínimos legales mensuales:

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1'200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales;

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1'000.000 e inferior a 1'200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 800 salarios mínimos legales mensuales;

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 500.000 e inferior a 1'000.000 de salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 600 salarios mínimos legales mensuales;

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 250.000 e inferior a 500.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 400 salarios mínimos legales mensuales;

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 e inferior a 250.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 300 salarios mínimos legales mensuales;

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 50.000 e inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 250 salarios mínimos legales mensuales;

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 50.000 salarios mínimos legales mensuales la menor cuantía será de 125 salarios legales mensuales.

b) Empréstitos.

c) Interadministrativos, con excepción del contrato de seguro.

Ley 104 de 1993; Art. 26; Art. 39; Art. 40; Art. 42

Decreto 2170 de 2002; Art. 14

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Expediente No. 9840 de 2001/03/22, Dr. Alier E. Hernández Enríquez

DECRETO REGLAMENTARIO 855 DEL 28 DE ABRIL DE 1994 - Naturaleza jurídica / POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO NACIONAL - No tiene límites temporales / Negada la nulidad del artículo 9° / CONTRATO DE CORRETAJE DE SEGUROS. DECRETO 855 fue modificado por el Decreto 1898 de 1994 y derogado por Decreto 1436 de 1998 / Procedencia de pronunciamiento judicial sobre su validez.

d) Para la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas.

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-645-00 del 31 de mayo de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre la parte subrayada de este literal, por ausencia real de cargos de constitucionalidad.

Ley 819 de 2003; Art. 13

Ley 80 de 1993; Art. 32, numeral 3o.

Decreto 2170 de 2002; Art. 13

e) Arrendamiento o adquisición de inmuebles.

Decreto 2150 de 1995; Art. 27

Ley 100 de 1993; Art. 286

Ley 09 de 1989; Art. 11; Art. 12; Art. 13; Art. 14; Art. 15; Art. 16; Art. 17; Art. 18; Art. 19

f) Urgencia manifiesta.

Decreto 267 de 2000; Art. 51.23

Ley 80 de 1993; Art. 43

g) Declaratoria de desierta de la licitación o concurso.

Decreto 2170 de 2002; Art. 2; Art. 16

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 2000/06/15, Dr. Ricardo Hoyos Duque

Expediente No. 10963, Selección del contratista / Régimen legal / Evolución / Concurso de méritos / Procedimiento en legislación anterior /Concepto / Diferencias con la licitación / Concurso de méritos / Negociación del contrato con el primero del orden de elegibilidad / Perdida de la oportunidad / Primero en orden de elegibilidad / Concurso de méritos declarado desierto / Tasación de perjuicios / Derecho a recibir parte de la utilidad esperada / Precio del contrato / Componentes / A.I.U. / Componentes / Contrato de consultoría / Honorarios / Determinación / Costumbre /

- Sentencia de 93/07/06, Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Expediente No. 7327, Contratación directa después de que se ha declarado desierta la licitación

h) Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al pliego de condiciones, o términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad de participación.

Decreto 2170 de 2002; Art. 2

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Sentencia de 2000/06/15, Dr. Ricardo Hoyos Duque

i) Bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional.

j) Cuando no exista pluralidad de oferentes.

Decreto 2170 de 2002; Art. 17

k) Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas.

l) Los contratos que celebren las entidades estatales para la prestación de servicios de salud. El reglamento interno correspondiente fijará las garantías a cargo de los contratistas. Los pagos correspondientes se podrán hacer mediante encargos fiduciarios.

Decreto 2170 de 2002; Art. 20

m) Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta, con excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el artículo 32 de esta ley.

El texto referido es el siguiente:

Ley 489 de 1998; Art. 93; Art. 94

Ley 190 de 1995; Art. 1

Ley 142 de 1994; Art. 35

Ley 80 de 1993; Art. 3; Art. 4; Art. 5; Art. 8; Art. 23; Art. 25, numeral 18; Art. 26; Art. 28; Art. 29; Art. 32, numeral 5o.; Art. 40; Art. 41, Parágrafo 2o.; Art. 42; Art. 50; Art. 51; Art. 52; Art. 53; Art. 54; Art. 55; Art. 58; Art. 62; Art. 63; Art. 64; Art. 65; Art. 66

Decreto 287 de 1996; Art. 6

Decreto 62 de 1996; Art. 1

Decreto 2150 de 1995; Art. 38

Decreto 1447 de 1995; Art. 2; Art. 9

Decreto 1898 de 1994; Art. 1

Decreto 679 de 1994; Art. 13

Decreto 2699 de 1991; Art. 152, numerales 1o.

Decreto 2551 de 1993; Art. 1

Decreto 1421 de 1993; Art. 12, numeral 14.

Decreto 741 de 1993; Art. 38

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Expediente No. 13123 de 2001/03/08, Dra. Maria Elena Giraldo Gómez

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - Están sometidas al régimen de Derecho Privado y a la Jurisdicción Ordinaria / ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO - Sociedad comercial anónima.

2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones.

Constitución política; Art. 23; Art. 209

Código Contencioso Administrativo; Art. 3; Art. 14; Art. 15; Art. 16; Art. 17; Art. 18; Art. 19; Art. 20; Art. 21; Art. 22; Art. 23; Art. 24

Ley 80 de 1993; Art. 3; Art. 4; Art. 5; Art. 8; Art. 22; Art. 23; Art. 25; Art. 26; Art. 28; Art. 29; Art. 30; Art. 40; Art. 50; Art. 51; Art. 52; Art. 53; Art. 54; Art.