MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, CESAR GAVIRIA, A LA CONFERENCIA SOBRE “LA ADECUACION DE LA LEGISLACION PENAL DOMINICANA A LA CONVENCION CONTRA LA CORRUPCIÓN” 

Santo Domingo, República Dominicana, 30 de Agosto de  2002 

Constituye para mi un honor hacerles llegar este mensaje con ocasión de esta Conferencia sobre la Legislación Penal Dominicana y la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

Deseo comenzar por agradecer a la Procuraduría General de la República y, en especial, a su Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, así como a la Fundación Institucionalidad y Justicia por el apoyo decidido y el auspicio brindado a esta iniciativa. Nuestro reconocimiento también a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por su respaldo académico. 

Esta reunión tiene para nosotros un gran significado e importancia. Por eso quisiera aprovechar esta oportunidad, primero, para relevar por qué consideramos en la OEA que la lucha contra la corrupción es una prioridad en las Américas; segundo, para referir algunos de los avances que hemos dado en el marco de nuestra Organización y, finalmente, para destacar la importancia de esta reunión como parte de ese proceso. 

Por qué consideramos en la OEA que es importante luchar contra la corrupción en las Américas? Permítanme destacar tres razones.

La primera de ellas tiene que ver con algo que es de la esencia del Sistema Interamericano: la preservación y el fortalecimiento de la democracia. Así lo ratificaron todos los Estados del Hemisferio hace cerca de un año, en Lima, al adoptar la “Carta Democrática Interamericana”, el mismo día de los atroces actos terroristas ocurridos en los Estados Unidos de América.   

En ella expresaron que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública y la libertad de expresión y de prensa. 

Es evidente que la corrupción es un terrible cancer que mina la legitimidad de las instituciones y el Estado de Derecho y que, en este campo, aún es mucho el camino que tenemos por recorrer en las Américas. Así lo reveló el anterior Informe de Progreso Económico y Social del BID, según el cual apenas el 35% de los latinoamericanos está satisfecho con la democracia; entre el 85% y el 93% considera que la corrupción está empeorando en vez de mejorar o mantenerse estable y muchos de ellos la consideran como el problema nacional más grave.  

Afortunadamente, el estudio también revela que la "baja satisfacción" con la democracia no implica necesariamente un débil respaldo a los principios democráticos.  Por el contrario, muestra que la inmensa mayoría de los latinoamericanos prefieren la democracia a cualquier otra alternativa.  No obstante, esos bajos niveles de satisfacción con la democracia y de confianza en las instituciones políticas constituyen, sin lugar a dudas, un desafío de primer orden en la región. 

La segunda razón  por la cual  tenemos que combatir la corrupción en este Hemisferio tiene que ver con los enormes costos sociales de este problema.  La pobreza ha aumentado en América Latina y ésta se ha constituido en la región con mayores disparidades entre pobres y ricos. Y en este campo,  diversos estudios han comprobado que las principales víctimas de la corrupción son los pobres. Por eso, en la OEA consideramos que la lucha contra la currupción es una causa de justicia social. 

La tercera razón tiene que ver con los efectos que tiene este problema sobre el comercio, el crecimiento y el desarrollo económico.  Numerosos estudios han confirmado que entre mayor sea la corrupción en un país, menor será la inversión y el crecimiento económico. Luego, tenemos que atacar la corrupción si en verdad queremos crecer y avanzar por la senda del desarrollo económico. 

Por esto, la lucha contra la corrupción ha sido una preocupación constante en las Américas.  En el marco de la OEA, fuimos pioneros y adoptamos la primera Convención en la materia, en tiempos en que aún se discutía si el combate contra este fenómeno podía ser objeto de un tratado internacional.  

La Convención de la OEA no sólo fue la primera, sino que sigue siendo la que expresa una concepción más integral y completa sobre la forma como se debe abordar este problema. 

De acuerdo con ella, la corrupción debe entenderse, en primer lugar, como un problema de sistemas y no simplemente de personas corruptas. En este sentido, no basta con fortalecer la cooperación para poner en la carcel a algunos corruptos sin solucionar las causas estructurales que generan la corrupción, pues muy pronto otros vendrán a reemplazarlos. Por eso, nuestra Convención contiene disposiciones para fortalecer la cooperación judicial en áreas como extradición, intercambio de pruebas, secreto bancario y medidas para recuperar el producto de los actos de corrupción. Pero, de igual forma, dispone medidas que los Estados se comprometen a implementar para prevenir y evitar la ocurrencia de actos de corrupción. 

En segundo lugar, la Covención expresa que el combate contra la corrupción debe ser un proceso permanente y no el simple resultado de acciones aisladas u ocasionales. De acuerdo con esta concepción, así como no se puede precisar un solo instante o acción en que la corrupción haya surgido o se haya consolidado, tampoco es posible pensar que ella se va a acabar en un solo instante, con un solo acto o decisión. Por eso, de ella se infiere que se requieren muchas decisiones, en diferentes niveles y con diferentes orientaciones. 

En tercer lugar, la Convención entiende el combate contra este problema como un proceso en el que todos tenemos responsabilidades: los estados, el  sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional. Cada uno a su nivel y con diferentes orientaciones y alcances, pero todos respondiendo al mismo propósito y estrategia de acabar con la corrupción. 

Teniendo en cuenta esta concepción, desde un comienzo fue claro que la Convención no era un punto de llegada sino el primer gran paso para enfrentar colectivamente este mal. Por eso, en el marco de la OEA hemos seguido trabajando en este campo.  

De hecho, como parte de ese esfuerzo colectivo, los Estados Parte en la Convención crearon recientemente y han puesto en funcionamiento un Mecanismo mediante el cual han aceptado el análisis recíproco de sus avances pero también de los pasos que aún deben dar para implementar y aplicar efectivamente la Convención. En el Comité de Expertos de este Mecanismo ha venido participando activamente República Dominicana, lo cual ha sido reconocido por los otros Estados que eligieron, en la última reunión, a su representante como Vicepresidente de dicho Comité. 

Esta Conferencia hace parte de ese esfuerzo colectivo dentro del propósito de apoyar a los Estados Americanos en el proceso de implementación de la Convención que ellos han adoptado para luchar contra la corrupción. 

Como ustedes saben, República Dominicana es uno de los veintisiete (27) Estados que ha firmado y ratificado la Convención. Este hecho, sin lugar a dudas, es un paso fundamental y constituye una demostración de la voluntad política de aplicar este instrumento jurídico internacional en aquellos casos en que sea necesario.   

Sin embargo, ello es muy importante pero no suficiente.  Para asegurar que este tratado se pueda aplicar en casos concretos de cooperación judicial internacional, también se requiere que la legislación penal nacional esté de acuerdo con las disposiciones del mismo. Si ello no es asi, corremos el riesgo de que los fiscales y jueces al buscar aplicar la Convención en un caso específico no puedan hacerlo por limitaciones en la legislación nacional. 

Por eso es tan importante esta iniciativa. Porque permite completar el ciclo necesario para la aplicación efectiva de este tratado. 

En el caso de República Dominicana, contamos con un estudio muy completo elaborado por el doctora Semiramis Olivo de Pichardo. Este documento, sin lugar a dudas, es una muy buena base para las deliberaciones de los participantes en esta reunión.

Nuestro papel en este proceso es de facilitadores y nuestro interés, por supuesto, es que la voluntad de los Estados de que este tratado sea un instrumento efectivo para luchar contra la corrupción, se convierta en una realidad.  

Las definiciones específicas sobre las reformas que se deben adoptar aquí, desde luego, les corresponde tomarlas únicamente a los Dominicanos al estudiar y comparar la Convención con la legislación vigente.  

Nuestra esperanza es que al final de esta reunión surjan unas propuestas específicas sobre las reformas que se deben adoptar en la legislación penal para adecuarla a la Convención y que ellas encuentren acogida en las autoridades políticas llamadas a adoptarlas para que se puedan convertir en leyes de este país. 

Estoy seguro que esta será una jornada de trabajo muy productiva. 

En la OEA,  como lo expresa la propia Convención, concebimos la lucha contra la corrupción como un proceso y una política integral. En ese sentido, no pensamos que las leyes sean suficientes para acabar con la corrupción, pero si creemos que son un instrumento importante para avanzar en la búsqueda de este propósito. 

La corrupción, como lo he dicho en otras ocasiones, no es un camino sin regreso. Por eso, tengo la certeza que los resultados de esta reunión nos permitirán dar pasos firmes para confirmar esta convicción que,  estoy seguro, comparten todos los presentes. 

Les deseo mucho éxito en sus deliberaciones.

Muchas gracias.