Resoluciones Asamblea General


DISCURSO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ING. ALBERTO FUJIMORI, EN LA II REUNIÓN DE MINISTROS DE JUSTICIA Y PROCURADORES GENERALES DE LAS AMÉRICAS

-Señores Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas
-Doctor César Gaviria Trujillo, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA)
-Señoras y señores:

Expreso, en primer término, el reconocimiento y agradecimiento del Gobierno del Perú al secretario general de la OEA, doctor César Gaviria, por esta convocatoria a la II Reunión de Ministros de Justicia de las Américas. Ello no sólo permitirá dar continuidad a las recomendaciones acordadas durante la primera reunión, sino, fundamentalmente, a las tareas tendientes a la modernización y fortalecimiento de los sistemas de justicia en las Américas.

Uno de los grandes desafíos de hoy lo constituye la necesidad de contar con instituciones judiciales eficientes, modernas y responsables, capaces de responder rápidamente a las demandas existentes y de combatir de manera eficaz flagelos comunes que vienen afectando de manera creciente a nuestras sociedades.

Y esta II Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas, a la que doy afectuosa bienvenida en nombre del pueblo peruano, es una nueva respuesta a ese desafío.

Se menciona a menudo, y a veces en un tono de áspera crítica, que en América Latina, y respecto de otros aspectos de la vida nacional, la reforma de los sistemas de justicia no va al ritmo de otras reformas. Esto es cierto en el caso del Perú y no vamos a negarlo. Pareciera que los defectos y rezagos de un sistema que hunde sus raíces en el orden colonial, todavía florecen.

Pero se olvida, a menudo, que este sistema ha podido sobrevivir a todos los regímenes democráticos de la era republicana. Incluso entre los críticos de la actual reforma hay hasta ex-ministros de justicia, funcionarios y expertos que en otros tiempos intentaron, sin éxitos concretos, transformaciones substanciales. Todo lo cual no quiere decir que estemos capitulando o buscando justificaciones frente a errores o limitaciones.

Seguimos pensando lo mismo: No habrá desarrollo estable en América, en el Perú, ni en ninguna parte, mientras éste no proyecte la suficiente confiabilidad para que toda la sociedad sienta que tiene asegurado el acceso a la justicia para hacer valer sus derechos.

Que no haya, por eso, dudas que todos los países tenemos la firme voluntad política de alcanzar este objetivo. Sin embargo, es necesario toda una cultura democrática, que parta desde abajo y que acompañe de manera sostenida también este esfuerzo.

Independencia del Poder Judicial significa, no interferencia de éste por otro poder del Estado, obviamente, sino también, igualmente, que no pueda ser manipulado por intereses privados.

Así como la pobreza económica es producto de décadas de experimentos populistas, derroche fiscal y corrupción en la hacienda pública, las deficiencias judiciales, desde siempre, han sido, en parte, producto de los manejos de sectores minoritarios.

Aquí en el Perú, leguleyadas históricas, grandes injusticias, han sido en el pasado cosa de todos los días. Así se esquilmaba a las comunidades campesinas, así se hicieron grandes fortunas con negocios inmobiliarios, con la consolidación de la deuda externa e interna.

Un sistema de justicia moderno y eficiente no es un objetivo inalcanzable, pero existe, repito, un requisito básico para lograrlo: una cultura ciudadana que apunte a la defensa férrea de los derechos fundamentales del hombre y de todos los ciudadanos.

Aquí en el Perú existen millones de peruanos que han migrado a Lima desde los Andes, invadido luego terrenos eriazos y construido precaria vivienda.

Hoy, después de décadas, cientos de miles de esos ciudadanos comienzan a tener títulos de propiedad inmobiliaria, de igual valor que los que poseen propiedades en barrios exclusivos. Esto también es justicia. También esos peruanos de barrios marginales hoy cuenta con la infraestructura urbana básica, con que ayer no contaban. Les falta aún muchas cosas, sin duda, pero entre ellas, el derecho a la justicia.

Es decir, cuando hablamos de sistemas de justicia, no sólo nos referimos a la aplicación de la ley, sino también, valga la redundancia, a la aplicación de la justicia en toda la extensión de la palabra, es decir en su dimensión económica y social.

Y por ello, la preocupación por el acceso universal a la justicia, que será un tema central de esta importante reunión, es una aspiración que compartimos plenamente. Que el humilde poblador pueda hacer valer sus derechos ante cualquier otro ciudadano, no importa lo económicamente poderoso que sea.

Todavía hay mucho por hacer, para que el ciudadano humilde, el niño desamparado y la mujer que es objeto de la violencia doméstica, puedan proteger debidamente sus derechos, al igual que quién tiene grandes apellidos y recursos.

En el marco del "Programa de Mejoramiento de Acceso a la Justicia" en el Perú ahora se empieza a construir 83 módulos básicos de justicia a nivel nacional y en zonas urbanomarginales y de frontera.

Hay siempre quienes trafican con algunas realidades y conceptos. Se dice, por ejemplo, que en 1992, cuando se dieron medidas excepcionales para enfrentar la lucha antiterrorista se caminó en sentido contrario a la Ley y la juridicidad. Hay que recordar, una vez más, que entonces el sistema de administración de justicia era solamente una fachada, detrás de él habían jueces y funcionarios amenazados por el terrorismo, incapaces en la práctica de ejercer regularmente su función.

Eran Sendero Luminoso y el MRTA los que aplicaban "su Ley", a través de un control coactivo del sistema. 750 inculpados terroristas fueron puestos en libertad por, dicen que "falta de pruebas". Entre quienes se liberó estuvo nada menos que Abimael Guzmán, cabeza de Sendero Luminoso y un gran genocida.

La realidad nos obligó a dictar una legislación de emergencia para salvar a la democracia. Si no hubiéramos hecho aquello, hoy el territorio peruano estaría tomado por el narcoterrorismo y la II Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores de las Américas no estarían reuniéndose aquí en este salón.

No se trata de quebrar el Estado de Derecho, sino de adecuarlo a circunstancias de emergencia. Hace dos años el incremento de la criminalidad urbana, impuso como realidad una legislación provisional que nos ayudara a preservar un clima de tranquilidad para todos los ciudadanos, y de confianza para los inversionistas.

Evidentemente no hemos logrado hacerlo todo, pero el balance no es negativo. Hoy en el Perú hay una justicia más descentralizada, hay cárceles modernas y donde es posible la rehabilitación del recluso. Existe, en suma, un mayor acceso a la justicia para las mayorías.

Celebramos por todo ello el que la Organización de los Estados Americanos haya asumido el serio compromiso de impulsar la cooperación jurídica y judicial y el intercambio de experiencias en cuanto se refiere al combate contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional, incluyendo modalidades inimaginables en otros tiempos, como el que acaba de mencionarse, el delito cibernético.

Señoras y señores:

El Gobierno del Perú, así como lo expresáramos todos los Jefes de Estado y de Gobierno en la II Cumbre de las Américas de Santiago, tenemos una gran expectativa en el diálogo y el intercambio de información que se llevará adelante en esta II Reunión de Ministros de Justicia.

Apoyamos firmemente el que éste proceso continúe en el marco de la OEA, para beneficio de nuestros pueblos.

Con ese espíritu, nuevamente expresando nuestra bienvenida, declaro inaugurada la II Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas.

Muchas gracias