Respuesta al Cuestionario enviado por el
Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la
Convención Interamericana Contra la Corrupción
INTRODUCCIÓN
La República Dominicana (48,607 Km2) está ubicada en la
isla de Santo Domingo, la cual comparte con la República de Haití (27,000 Km2),
formando parte de las Antillas Mayores (Cuba, Jamaica y Puerto Rico), ubicadas
entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico.
Su territorio está compuesto por 31 provincias y un Distrito Nacional,
donde está ubicada la Capital, Santo Domingo de Guzmán.
En las provincias existe un Gobernador Civil, representante del
Presidente de la República, con escasas funciones gubernativas.
Las provincias se dividen en Municipios (125) y éstos en Distritos
Municipales, Secciones y Parajes.
1.
Breve
Descripción del Sistema Jurídico-Institucional de República Dominicana.
República Dominicana
es un Estado unitario, cuyo gobierno se divide en Poder Legislativo, Poder
Ejecutivo y Poder Judicial, siendo independientes en el ejercicio de sus
funciones.
El Poder Legislativo
se ejerce por un Congreso de la República, compuesto de un Senado y una Cámara
de Diputados, cuyos integrantes son elegidos por voto directo cada cuatro (4)
años, en elecciones generales con dos años de diferencia de las
presidenciales.
El Poder Ejecutivo
se ejerce por el Presidente de la República, elegido cada cuatro (4) años
por voto directo en elecciones generales separadas de las congresionales y
municipales, teniendo opción a la reelección por un único período.
Existe un Vicepresidente de la República elegido en la misma forma que
el Presidente.
El Presidente de la
República es el jefe de la Administración Pública, jefe supremo de las
Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales, designando a los integrantes del
Ministerio Público. Su autoridad
no está vinculada a ningún funcionario de la Rama Ejecutiva.
Los conflictos entre los funcionarios, los órganos públicos y entre
éstos y los particulares son resueltos por el Tribunal Superior
Administrativo.
El control de la Administración y de los Fondos Públicos es ejercido
internamente por la Contraloría General de la República, cuyo incumbente es
nombrado por el Presidente de la República.
El control externo es ejercido por la Cámara de Cuentas, la cual es
elegida por el Senado a propuesta del Presidente de la República, la cual
presenta al Congreso Nacional las cuentas de cada año.
El Congreso aprueba o desaprueba el estado de recaudación e inversión
de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo. Existe en el Congreso Nacional un proyecto de ley para crear
una Contraloría General Independiente; de igual manera la Cámara de Cuentas
está siendo sometida a un proceso de reforma y modernización.
El Poder Judicial
se ejerce por la Suprema Corte de Justicia, elegida por el Consejo Nacional de
la Magistratura, y por los demás tribunales del orden judicial (Cortes de
Apelación, Juzgado de Primera Instancia, Juzgado de Instrucción, Juzgados de
Paz, Tribunal de Tierras y otros tribunales especiales) creados por la
Constitución y las leyes, teniendo autonomía administrativa y
presupuestaria.
Existe la Carrera Judicial desde 1998.
Los Jueces, luego de seleccionados por la Suprema Corte de Justicia son
inamovibles, sin perjuicio de las acciones disciplinarias.
El Estado dominicano se compone, además, de los organismos
descentralizados y los autónomos. Dentro
de estos últimos están los Ayuntamientos o gobiernos locales de los
municipios, administrados por un Síndico o Alcalde, que aplica las
Resoluciones y Ordenanzas de la Sala Capitular o Concejo de Regidores, ambos
elegidos por voto directo cada cuatro (4) años.
Los órganos electorales están dirigidos por una Junta Central
Electoral (JCE) y por Juntas Municipales dependientes de ésta.
La Junta Central Electoral tiene funciones administrativas,
reglamentarias y jurisdiccionales, está compuesta de siete (7) miembros
designados cada cuatro (4) años por el Senado de la República.
Recientemente se instituyó por ley el Defensor del Pueblo, como órgano
independiente que vela por el correcto funcionamiento de la administración pública
y salvaguarda de las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos,
pero aún no ha sido seleccionado.
Los derechos individuales y sociales, civiles y políticos
fundamentales están garantizados en la Constitución, las leyes y por los
instrumentos internacionales aprobados por el Congreso Nacional.
La seguridad jurídica derivada de situaciones conforme a una legislación
anterior está garantizada por la Constitución.
De igual modo, no existe la retroactividad de las leyes, sino para
favorecer a los condenados y subjúdices.
El debido proceso está establecido en la Constitución y las leyes,
existiendo los diferentes recursos como mecanismos de defensa y garantía de
los derechos fundamentales, pudiendo cualquier persona interesada elevar por
ante la Suprema Corte de Justicia una Acción Directa de Inconstitucionalidad
contra cualquier ley, decreto o resolución, donde se fundamente que se opone
a la Constitución.
CAPITULO PRIMERO
MEDIDAS Y MECANISMOS EN MATERIA DE
NORMAS DE CONDUCTA PARA EL CORRECTO, HONORABLE Y ADECUADO CUMPLIMIENTO
DE LAS FUNCIONES PUBLICA (ARTICULO III, NUMERALES 1 Y 2, DE LA CONVENCION)
1.
Normas de conducta y mecanismos en
general
a.
¿Existen en su país normas de conducta para el correcto, honorable y
adecuado cumplimiento de las funciones públicas?. En caso afirmativo, descríbalas
brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en
las que estén previstas.
La
Constitución de la República en su artículo 102 prescribe que “Será
sancionado con las penas que la ley determinen, todo aquel que, para su
provecho personal substraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus
posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o
instituciones autónomas, obtenga provechos económicos.
Serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado
ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados.
Nadie podrá ser penalmente responsable por el hecho de otro ni en
estos casos ni en cualquier otro”.
La
ley No.672 de 1982 establece un código de conducta a los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, exigiéndoles oponerse a todos los actos
de corrupción e instándoles a perseguirlos.
La
ley 14-91 del 20 de marzo de 1991 sobre Servicio Civil y Carrera
Administrativa en su artículo 23 reclama de los servidores públicos
ajustarse a las normas de trabajo y principios éticos de la función pública.
El
Reglamento 81-94 del 29 de marzo de 1994 para el Servicio Civil y la Carrera
Administrativa; en sus artículos del 128 al 131, establece un régimen ético
de los servidores civiles donde contempla los deberes generales y las
prohibiciones. También las carreras especiales, a través de sus leyes y
reglamentos, disponen de normas de conducta al efecto.
El
Código de Etica del Servidor Público (Ley 120-01 del 20 de julio del 2001)
ha sido aprobado para completar y sistematizar las normas de conducta, como
expresa su artículo 2: “Este Código tiene como objetivo principal, normar
la conducta de los servidores públicos respecto a los principios éticos que
han de regir su desempeño en la administración pública, a fin de garantizar
y promover el más alto grado de honestidad y moralidad en el ejercicio de las
funciones del Estado (ver Código anexo).
Para
el caso de la Rama Judicial, el Reglamento de la Carrera Judicial del 1 de
noviembre del 2000 establece en el Capítulo VI un régimen de deberes,
derechos, prohibiciones e incompatibilidades.
b.
¿Existen en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de
dichas normas de conducta?. En caso afirmativo, descríbalos brevemente y
relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén
previstos.
La
Ley Orgánica de Secretarías de Estado No.4378 del 10 de febrero del 1956
establece en su artículo 6.a como un deber de cada Secretario de Estado
“Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y
acuerdos relativos a sus respectivas ramas”.
El
decreto 149-98 del 29 de abril de 1998 que crea una Comisión de Etica Pública
en cada dependencia de la Administración Pública, expresa en el acápite (a)
del artículo 1 sobre las funciones de estas Comisiones:
“Servir de ente promotor de la vigencia y el fortalecimiento de la ética
y la transparencia en la gestión administrativa en la entidad a la que
pertenece”.
La
ley 120-01 que crea el Código de Etica del Servidor Público, en su artículo
6 designa al Departamento de Prevención de la Corrupción “como órgano
responsable de velar por el fiel cumplimiento y aplicación de las
disposiciones éticas contenidas en el presente Código”.
El
Tribunal Disciplinario que crea el Código de Etica del Servidor Público,
conoce y aplica las sanciones disciplinarias por violación a las normas del
referido Código. Este tribunal
está en fase de instalación.
El
Reglamento de la Carrera Judicial en su artículo 44 al referirse a las
funciones de la Inspectoría Judicial cita, entre otros, “Comprobar el
cumplimiento de los deberes de los servidores judiciales contemplados en la
Ley de Organización Judicial, y en el régimen ético y disciplinario
previstos en la Ley de Carrera Judicial y este Reglamento”.
c.
Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la
aplicación de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos
pertinentes de los que disponga su país.
La
existencia de estas normas de conducta y los mecanismos de aplicación han
contribuido al incremento de una masa crítica o avanzada moral en las
instituciones públicas, que representan y reproducen la cultura de la
honestidad y el trabajo en las oficinas públicas.
Vía las Comisiones de Ética Pública o por iniciativa particular,
aumenta la preocupación por una actuación ética y transparente, llegando a
la postura de denunciar irregularidades y actos de corrupción.
Se trata de un esfuerzo incipiente frente a siglos de una cultura de
corrupción.
2. Conflictos de intereses
a.
¿Existen en su país normas de conducta orientadas a prevenir conflictos
de intereses en el desempeño de funciones públicas?. En caso afirmativo,
descríbalas brevemente, indicando aspectos tales como a quienes están
destinadas y en que concepto se inspiran, y relacione y adjunte copia de las
disposiciones y documentos en las
que estén previstas.
Las
normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses están
presentes en los siguientes instrumentos jurídicos:
·
El artículo 102 de la Constitución de la República, ya citado en el
punto 1.a. El artículo 100 de
nuestra Carta Magna condena todo privilegio en toda situación que tienda a
quebrantar la igualdad de todos los dominicanos.
·
El Reglamento No.395 del 26 de septiembre del 1966 sobre la adjudicación
de obras en proyectos de construcción por parte del Estado contiene en su artículo
3 acápite (f) la prohibición a personas al servicio del Estado, los
Ayuntamientos o de cualquier organismo oficial participar en concursos para
obras de construcción, así como a las empresas, compañías o grupos
organizados ligados directa o indirectamente a los funcionarios o empleados.
·
El Reglamento 262-98 de fecha 10 de julio del 1998 regula las compras y
contrataciones de bienes y servicios de la Administración Pública, prohibiéndole
ofertar en su artículo 27 a un conjunto de funcionarios, a las personas jurídicas
en cuyo capital social participe alguno de estos funcionarios, a los parientes
por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, a los cónyuges
y otras personas con vínculos semejantes, a las personas jurídicas donde
estos parientes sean titulares del 25% de su capital social, a los que hayan
intervenido como asesores en cualquier etapa del procedimiento de contratación,
a las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia definitiva por
prevaricación, a las empresas cuyos directores se encuentren procesados por
delitos comprendidos en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, o
la Convención de Viena de 1988.
·
Para
el caso de la supervisión del sector financiero la Ley General de Bancos
No.708-65 en el artículo No.5 estipula lo siguiente:
“El
Superintendente de Bancos deberá ser persona de reconocida habilidad y
experiencia en la contabilidad y práctica bancaria. Los inspectores de la Superintendencia de Bancos deberán ser
personas con conocimientos en la contabilidad o tener preferiblemente el grado
de contador público. El
Superintendente y sus subalternos no podrán ser directores, gerentes, socios,
accionistas, administradores o empleados en cualquier entidad sometida a
control de la Superintendencia, ni solicitar o aceptar préstamos de dichas
instituciones o empresas salvo previa autorización del Secretario de Estado
de Finanzas. Tampoco podrá
aceptar directa o indirectamente de las mencionadas instituciones o empresas o
de sus directores, socios, accionistas, gerentes, administradores o empleados
ninguna clase de promesa o gratificación.
La trasgresión de lo dispuesto en este artículo será sancionada con
la destitución, sin perjuicio de las demás sanciones legales”.
A
todo esto se le agrega la publicación de la “Guía Etica para Accionistas,
Directivos, Funcionarios y Empleados de la Instituciones Financieras”, la
cual fue emitida por la Superintendencia de Bancos en octubre de 1997, con el
objetivo de promover la práctica de normas esencialmente éticas, capaces de
perfeccionar el carácter y fortalecer la conducta de los agentes responsables
de proveer los servicios financieros en el país. (Ver modelo anexo).
El
artículo 10 del decreto 121-01 establece que los encargados de las Unidades
de Auditoría Gubernamental no podrán “ejercer profesiones liberales fuera
del cargo, salvo asuntos estrictamente personales, de su cónyuge,
ascendientes, descendientes y hermanos”, también les prohíbe “intervenir
en el trámite o en la resolución de asuntos sometidos a su competencia, en
los que directa o indirectamente tengan interés personal o cuando los
interesados sean sus parientes por consanguinidad o afinidad, en línea
directa o colateral, hasta el tercer grado inclusive”.
El
Código de Etica del Servidor Público en el artículo 8 sobre las
prohibiciones a los servidores públicos, establece en su literal (i) que
“Aceptar un empleo o relaciones contractuales de negocios con una persona,
negocio o empresa que haga negociación con la institución gubernamental para
la cual él trabaja, cuando el funcionario o empleado público participe, de
algún modo, en las decisiones de la institución o tenga facultad para
influenciar las actuaciones oficiales de la entidad que tenga relación con
dicha persona o negocio”, y en el literal (j): “Ser parte o tener algún
interés en las ganancias o beneficios producto de un contrato con cualquier
institución pública o privada”.
Para
la Rama Judicial, la Ley de Organización Judicial No.821 del 21 de noviembre
de 1927 y sus modificaciones contiene un sistema de incompatibilidad para los
jueces y empleados judiciales. Específicamente
en el artículo 5 se establece que “no pueden ser jueces en un mismo
tribunal los parientes y afines en línea directa y, en línea colateral, los
parientes hasta el cuarto grado inclusive, y los afines en el segundo”.
Esta incompatibilidad alcanza a los funcionarios del Ministerio Público,
a los Secretarios y a los Alguaciles.
En
el artículo 6 se señala que “ni los jueces, ni los funcionarios del
Ministerio Público ni ningún empleado judicial pueden ejercer la abogacía...”.
En ese mismo tenor, el artículo 8 de la ley 821 prohíbe a los jueces
y a los funcionarios del Ministerio Público dar consultas en asuntos jurídicos,
de carácter actualmente contencioso, o que puedan adquirir ese carácter.
El
artículo 175 del Código Penal castiga aquellos funcionarios o servidores públicos
que abiertamente o por simulación de actos, o por interposición de personas,
reciban un interés o recompensa no prevista por la ley.
b.
¿Existen en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de
las anteriores normas de conducta?. En caso afirmativo, descríbalos
brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en
las que estén previstos.
Entre los mecanismos principales que
facilitan el cumplimiento de estas normas de conducta están:
I) Aunque la Comisión de Aprovisionamiento del Gobierno,
adscrita a la Presidencia de la República, y la Dirección General de
Aprovisionamiento del Gobierno creadas por la ley 295 del 1966, esta última
como órgano ejecutivo de la Comisión para velar por la aplicación de normas
y procedimientos de compras, no están activadas, existe una Comisión de
Compras en cada institución pública, la cual debe aplicar las disposiciones vigentes sobre la materia;
II) El procedimiento de la licitación para las compra de
bienes y servicios establecida en
los artículos 12 al 15 del decreto 262-98. Existen tres tipos de
licitaciones: 1. Restringida,
donde se invita a cinco (5) oferentes, para compras de RD$50,000.00 a
RD$100,000.00, aproximadamente de US$3,000.00 a US$6,000.00;
2. Por Invitación, donde se invitan de 5 a 10 oferentes, para
compras de RD$100,000.00 a RD$3,000,000.00, aproximadamente de US$6,000.00 a
US$175,000.00; 3. Pública, publicándose por tres días en periódicos
nacionales la intención de compras que excedan los RD$3,000,000.00 o más de
US$175,000.00. Aunque es fácil conocer las compras por este volumen, no
existe un mecanismo para que se publique a quién o quiénes se ha
seleccionado para la compra. Por iniciativa propia algunas instituciones como
la Secretaría de Estado de Educación y el Instituto Dominicano de
Telecomunicaciones dan a conocer su intención de compra y reciben las ofertas
vía la Internet, conociéndose así las operaciones.
III) En caso de duda acerca de la injerencia de un
funcionario en un negocio de compra de bienes y servicios corresponde a la
Procuraduría General de la República resolver la misma, según lo
establece el artículo 29 del decreto 262-98.
IV) Como se expresó en el punto uno (1) de este capítulo,
las personas al servicio del Estado no pueden participar en concursos de obras
de construcción, sin embargo, pueden participar en la asignación por sorteo
de dichas obras, estableciendo el acápite
(f) del artículo 3 del Reglamento 395 que tan pronto le sea adjudicada una
obra por sorteo se consideran renunciante del puesto o función que desempeñen.
V) Para el caso del concurso de obras, la Comisión de
Concursos, que crea el reglamento 395 del 1966, queda erigida en organismo
vigilante del cumplimiento de todas las normas que contiene, y si algún
miembro de la Comisión estuviere ligado de alguna manera a los proponentes
debe inhibirse en el proceso de enjuiciamiento de las proposiciones.
VI) El
Reglamento 81-94 para la aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa, establece en su artículo 130 acápite (e) la prohibición a
los servidores públicos para “participar en actividades oficiales en las
que el empleado público resulte ser juez y parte a la vez”.
VII) Hace 4 meses el Departamento de Prevención de la
Corrupción (DPC) dispuso que toda institución que realice licitaciones públicas
deberá enviar una copia al mismo con los anexos correspondientes, y en la
actualidad funcionarios del DPC están asistiendo como observadores a las
sesiones de apertura de oferta y la adjudicación de varias instituciones.
VIII) El control interno y el control externo posterior
realizado por la Contraloría General de la República Dominicana y la Cámara
de Cuentas, dan el seguimiento a las acciones administrativas que se
desarrollan en cada entidad, constatando la correcta o incorrecta aplicación
procedimental de las tareas de gestión.
IX)
En cuanto al área financiera se siguen los estándares internacionales
validados legalmente en nuestro país, por lo que contamos con la cooperación
de organismos tales como: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo,
Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Fondo Monetario
Internacional, Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de
Seguros y otras instituciones financieras, Asociación de Supervisores
Bancarios de las Américas, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano y
Grupo de Acción Financiera del Caribe.
X)
La Superintendencia de Bancos para los fines de verificación del
cumplimiento de los legalmente estipulado, por parte de las entidades que están
bajo nuestra supervisión, realiza una (1) inspección general anual y las
inspecciones especiales que sean necesarias.
XI)
El Ministerio Público y los Tribunales de Derecho Común encargados de
encausar y juzgar a los servidores públicos que
han violado las normas descritas intencionalmente.
XII)
La labor de difusión y concieciación de las normas de conducta y deberes de
los servidores públicos llevada a cabo por el Departamento de Prevención de
la Corrupción.
c.
Mencione brevemente los resultados objetivos que
se han obtenido con la aplicación de las anteriores normas y
mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga
su país.
Aunque
no se dispone de estadísticas sobre este punto, en una consulta hecha por
el Departamento de Prevención de la Corrupción a las Comisiones de Ética Pública,
se menciona a las obras de construcción y a las compras de bienes y servicios
como dos de las principales fuentes de corrupción. Cuando se hacen concursos
públicos y licitaciones públicas los mismos oferentes se convierten en
vigilantes del proceso, y ha habido más transparencia y ahorros para los
recursos del Estado, como ha pasado en la Secretaría de Estado de Educación
en la compra de más de un (1) millón de raciones diarias para el desayuno
escolar y otras compras, en la Procuraduría General de la República en la
compra de vehículos, en la Tesorería Nacional en la adquisición de
timbres o sellos, entre otras instituciones. Sin embargo, las disposiciones
vigentes permiten muchas excepciones a las reglas, como el caso de las
contrataciones de obras que se pueden hacer de grado a grado, por concursos
especiales, por administración o por sorteo, en desmedro del concurso público
propiamente dicho. De igual modo, sólo para la compra de bienes mayores a
tres millones de pesos se hace la licitación pública, y esto hace menos
transparente la mayoría de las transacciones, y los conflictos de intereses
se hacen más difícil detectar.
Entendemos
que el mayor logro, que por demás es apreciable, ha sido el de mantener la
estabilidad del Sistema Financiero Nacional, mejorar sus niveles de
transparencia y robustecer su solidez.
3.
Preservación y uso adecuado de
los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus
funciones.
a.
¿Existen en su país normas de conducta orientadas a asegurar la
preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos
en el desempeño de sus funciones?. En caso afirmativo, descríbalas
brevemente, indicando aspectos tales como a quienes están destinadas y a que
recursos se refieren, y relacione y adjunte copia de las disposiciones
y documentos en las que estén previstas.
El Código de Etica del Servidor Público en
su artículo 4 literal (m) establece como un principio del servidor público
la pulcritud, la cual según este literal “Entraña el adecuado manejo y uso
de los bienes del Estado, la preocupación por el ambiente físico de trabajo,
y, en todo caso, el no aumentar o permitir por desidia, su deterioro”.
Del mismo modo el literal (o) del artículo 8
del referido Código, prohíbe “Utilizar en su provecho, o en provecho de
terceros, los bienes, equipos, valores y materiales del Estado, sobre todo
aquellos que están bajo su responsabilidad”.
El artículo 1 de la ley No.14 del 30 de
agosto de 1966 establece que “los vehículos de toda clase propiedad del
Estado, los ayuntamientos y de los organismos y empresas autónomas del
Estado, deberán utilizarse única y exclusivamente en actividades laborales y
asuntos propios del servicio. En
consecuencia, dichos vehículos no podrán dedicarse a usos particulares,
personales o familiares”. En
ese sentido, el decreto No.67 del 16 de julio de 1966 establece un sistema
para guardar estos vehículos en horas no laborables.
b.
¿Existen en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de
las anteriores normas de conducta?. En caso afirmativo, descríbalos
brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en
las que estén previstos.
El artículo 22 de la ley de Contraloría
No.3894 establece que “El Contralor y Auditor General podrán, cuando lo
juzguen conveniente, ordenar a cualesquiera de los empleados de su dependencia
la inspección de la oficina de cualquier funcionario del Gobierno,
responsable de fondos públicos o de propiedad pública o que los reciba o
maneje, y para este fin, el representante de dicho funcionario tendrá acceso
a los libros, expedientes, cheques, cuentas de banco y todos los demás
documentos correspondientes a la oficina del funcionario responsable.
Después de terminada cada inspección, el Contralor y Auditor General
enviará un informe escrito de la misma al jefe del departamento o de otra
dependencia del Gobierno donde, o a las órdenes del cual, tal funcionario
responsable preste servicios, y enviará una copia de tal informe al
Secretario de Estado del Tesoro y Crédito Público”.
De una manera precisa el artículo 14 de la
ley No.1832 sobre Bienes Nacionales, señala que “Será deber del Director
General de Bienes Nacionales velar por la conservación de los bienes muebles
del Estado, formar y mantener al día el inventario de dichos bienes, con las
excepciones que determinen los reglamentos y proceder a su venta, cuando sea
pertinente, en la forma que prescriban los reglamentos.
Para este fin, toda oficina pública deberá rendir un inventario de
dichos bienes dentro del mes de enero de cada año, en la forma que
establezcan los reglamentos”.
El artículo 3 en su literal (h) del decreto
No.322-97 que crea el Departamento de Prevención de la Corrupción
Administrativa, faculta a éste a realizar auditorías en las instituciones
que lo crea necesario, uno de cuyos propósitos es verificar la preservación
y uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el
desempeño de sus funciones.
c.
Mencione brevemente los resultados objetivos que
se han obtenido con la aplicación de las anteriores normas y
mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga
su país.
Las inspecciones contables que realiza la
Contraloría General de la República, y ahora también el Departamento de
Prevención de la Corrupción (DPC) son una garantía para la preservación de
muchos recursos. Sin embargo, la
extensión del Estado y las limitaciones operativas impide una cobertura total
y una rotación más periódica de las referidas inspecciones.
La Dirección General de Bienes Nacionales
realiza constantemente, en unos períodos más que en otros, dependiendo de la
voluntad de su Director General, saneamientos, titulación, recuperaciones,
relaciones de bienes muebles e inmuebles del Estado.
Pero no existe un catastro actualizado, tampoco se ha hecho una auditoría
patrimonial para determinar con qué cuenta el Estado dominicano. Existe una preocupación en la actual gestión para realizar
este estudio.
Una labor muy importante de recuperación de
tierras del Estado la ha venido realizando el Instituto Agrario Dominicano
(IAD).
El Departamento de Prevención de la Corrupción,
la Secretaría de Estado de Educación, la Oficina Técnica de Transporte
Terrestre, y otras dependencias recuperaron, a finales del 2000 e inicios del
2001, cientos de vehículos propiedad del Estado que estaban irregularmente en
manos de particulares.
4. Medidas y sistemas para
exigir a los funcionarios públicos informar a las
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública
de los que tengan conocimiento.
a.
¿Existen en su país normas de
conducta que establezcan medidas y sistemas que exijan a
los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre
los actos de corrupción en la función pública de los que tengan
conocimiento?. En caso afirmativo, descríbalas brevemente, indicando aspectos
tales como a quienes están destinadas y si
se prevén excepciones al respecto, y relacione y adjunte copia de las
disposiciones y documentos en las
que estén previstas.
El Código de Ética del
Servidor Público en su artículo 16 establece que “Será considerada como
una violación grave al presente Código, cualquier medida o represalia tomada
por un funcionario público en contra de algún subalterno, por este último
haber divulgado o denunciado ante cualquier autoridad la comisión de algún
acto considerado “delito o crimen contra la cosa pública”.
Los artículos 8, 9, 10
y 28 del Código de Procedimiento Criminal tratan sobre esta materia. Específicamente, el artículo 28 dispone: “Toda autoridad
constituida, todo funcionario o empleado público que, en el ejercicio de sus
funciones adquiera el conocimiento de que se ha cometido un crimen o un
delito, estará obligado a participarlo en el acto al fiscal del tribunal de
cuyo distrito judicial se hubiere cometido el crimen o delito, o de aquel
donde el procesado pueda ser aprehendido, así como a transmitir a dicho
funcionario todas las noticias, actos y actas que se relacionen con el
caso”. En este mismo sentido se
pronuncia la ley No.672 de 1982.
Sin perjuicio de la
facultad del Congreso Nacional de enjuiciar a los funcionarios electos que
cometen faltas graves en el ejercicio de sus funciones, el artículo 105 de la
Constitución señala que “el Presidente y el Vicepresidente de la República
electos o en funciones no podrán ser privados de su libertad antes o durante
el período de su ejercicio”.
Si enfocamos el espíritu
de la Ley Contra el Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y Otras
Infracciones Graves, No.72-02, promulgada el 07 de junio del 2002, notaremos
que todas las personas físicas o jurídicas son sujetos obligados.
En tal sentido, existe una norma conductual legal que obliga, no sólo
al funcionario público, sino a todo aquel que denote en un individuo o
empresa un comportamiento anormal en sus operaciones monetarias, a reportarlo
ante las autoridades competentes. El
hecho de que un individuo manifieste un cambio brusco en su conducta de
gastos, ahorro o inversión, sin justificación aparente, puede ser el indicio
de un previo acto de corrupción.
b.
¿Existen en su país mecanismos
para hacer efectivo el cumplimiento de las anteriores normas de conducta?. En
caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte copia de las
disposiciones y documentos en las que estén previstos.
En adición a las
prerrogativas de investigación de crímenes y delitos por parte del
Ministerio Público, sea que en la comisión de los mismos haya un estado de
flagrancia, denuncia, querella o clamor público, para el caso de la
Administración Pública, la ley 4378 sobre las Secretarías de Estado en su
artículo 6 señala como uno de los deberes del Secretario de Estado
“someter a la justicia a todo funcionario o empleado de su ramo que incurra
en crimen o delito cuando este se relacione con el servicio del ramo”.
El artículo 28 de la
ley 3894 expresa que “el Contralor y Auditor General informarán por la vía
del Secretario de Estado de Finanzas al Presidente de la República de todo
gasto o contrato hecho por cualquier departamento o dependencia en violación
a las disposiciones legales...”.
El Departamento de
Prevención de la Corrupción en coordinación con las Comisiones de Etica Pública
que funcionan en cada dependencia del Gobierno Central, ha instalado los “Buzones
de Prevención de la Corrupción”, a través de los
cuales los servidores públicos y ciudadanos en general pueden informar de los
actos de corrupción cometidos en sus instituciones.
Para el caso particular
de la Ley No.72-02, las instituciones que conforman el Comité Contra el
Lavado de Activos, a saber: Consejo
Nacional de Drogas, Dirección Nacional de Control de Drogas, Procuraduría
General de la República, Secretaría de Estado de Finanzas y Superintendencia
de Bancos, estamos trabajando en la estructuración del Reglamento de aplicación
de la referida Ley. Esto implica
la creación de la Unidad de Análisis Financiero, que será la parte
ejecutiva del comité y tendrá bajo su responsabilidad la aplicación de la
Ley y la vigilancia para su cumplimiento en todo el Sistema Económico
Nacional, público o privado.
c.
Mencione brevemente los resultados
objetivos que se han obtenido con
la aplicación de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos
estadísticos pertinentes de los que disponga su país.
En
algunos casos aislados antes del 16 de agosto del 2000, pero especialmente a
partir de esa fecha, el cumplimiento progresivo de estas disposiciones ha
permitido descubrir variados actos de corrupción, perseguir y encarcelar a
sus responsables. Suman más de
20 las denuncias de actos de corrupción hechas por servidores públicos y
recibidas por la Procuraduría General de la República y su Departamento de
Prevención de la Corrupción (DPC) en los dos últimos años.
En este mismo sentido vale citar más de 10 auditorías en las que se
han detectado anomalías contables y financieras que han sido enviadas al DPC
por la Contraloría General de la República y por el Consultor Jurídico del
Poder Ejecutivo.
No
se puede decir, sin embargo, que los Fiscales, como parte fundamental del
Ministerio Público, se han convertido en un mecanismo creíble o eficaz en la
recepción de denuncias de corrupción o de su persecución por iniciativa
propia. Esta es una de las
razones por las cuales se creó en República Dominicana el Departamento de
Prevención de la Corrupción Administrativa y que el actual Presidente de la
República sometiera en el año 2000 al Congreso Nacional un proyecto de ley
para crear la Fiscalía Nacional Anticorrupción.
Este proyecto perimió en el Congreso y se espera que sea reintroducido
nuevamente.
CAPITULO SEGUNDO
SISTEMAS DE DECLARACION DE INGRESOS, ACTIVOS
Y PASIVOS (ARTICULO III, NUMERAL 4)
a.
¿Existen en su país normas que establezcan sistemas para la declaración
de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan
funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación
de tales declaraciones cuando corresponda?. En caso afirmativo, descríbalas
brevemente, indicando aspectos tales como
a quienes están destinadas, ante quien y en que momentos debe
presentarse la declaración, cual es su contenido, los criterios de valoración
y como se verifica y se accede a la información en el suministrada y que
utilización se le da, y relacione y adjunte copia de las disposiciones y
documentos en las que están
previstas.
La
declaración de ingresos, activos y pasivos de los servidores públicos está
normada por la ley 82 del
16-12-1979, Gaceta Oficial 9518 del 29-12-1979.
El Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de modificación a esta ley.
Esta
ley está destinada al Presidente, Vicepresidente, funcionarios electos,
Secretarios y Sub-Secretarios de Estado; Gobernador y Vicegobernador del Banco
Central, Gerentes y Administradores de Bancos Estatales; Tesoreros
Municipales, todos los Jueces, miembros del Ministerio Público, Cámara de
Cuentas; Administradores y Sub-Administradores Generales; Directores y
Sub-Directores Generales, Gobernadores Provinciales, Contralor y Tesorero
Nacional, Colectores de Rentas Internas, Colectores de Aduanas.
La
declaración de ingresos debe presentarse dentro del mes de toma de posesión
y al cese de las funciones por ante el Tesorero Nacional, quien remitirá
copia de cada inventario al Procurador General de la República, el cual a su
vez la remite al Departamento de Prevención de la Corrupción.
Esta
declaración contendrá los bienes muebles e inmuebles de los declarantes, con
sus valores estimados por el declarante (la ley no contempla criterios económicos
y contables objetivos de valoración), así como los pasivos y activos.
El
Departamento de Prevención de la Corrupción, organismo experto en asuntos
relativos a la prevención de la corrupción, digita y entra las informaciones
en la red.
Los
técnicos del DPC están llamados a verificar la objetividad de estas
declaraciones y cotejarlas con la declaración del incumbente al cesar sus
funciones, pero aún no se ha hecho.
b.
Mencione brevemente los resultados objetivos que
se han obtenido con la aplicación de las anteriores normas
consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su
país.
Este
instrumento de prevención de la corrupción no ha podido ser efectivo en razón
de las deficiencias técnicas que tiene para la determinación real de los
activos y pasivos y su valoración. El
mecanismo de presión para el que no presenta la declaración jurada de bienes
es tan solo la amonestación y la retención del sueldo. El actual Presidente de la República al inicio de su gestión
en agosto del 2000 ordenó a la Tesorería Nacional la retención de los
sueldos a decenas de funcionarios que a varios meses de juramentarse no había
hecho sus declaraciones, teniéndose como resultado que el 100% de los
funcionarios del Gobierno Central que deben hacer la referida declaración la
hicieron como manda la ley. Lo
mismo hicieron los jueces. Sin
embargo, los legisladores tardan mucho para hacerla, y en la Rama Municipal
pasó en agosto el período 1998-2002 con cientos de Regidores que no hicieron
sus declaraciones. De igual modo,
cientos de funcionarios del gobierno anterior 1996-2000 no hicieron sus
declaraciones, pero en la actualidad ni uno sólo ha sido investigado al
amparo del párrafo del artículo 6 el cual dice: “Las adquisiciones de
bienes efectuadas por un funcionario que no hubiere hecho su inventario, serán
consideradas ilícitas con todas sus consecuencias, hasta prueba en
contrario”. Hay que resaltar
que si tal investigación se iniciara podría ser paralizada de inmediato con
la susodicha declaración, razón por la cual la ley debe ser mejorada, y al
efecto ya existe un proyecto depositado en el Congreso Nacional.
CAPITULO
TERCERO
ORGANOS
DE CONTROL SUPERIOR
a.
¿Existen en su país órganos de control superior que tengan a su
cargo el ejercicio de funciones atinentes al cumplimiento de las disposiciones
previstas en los numerales 1, 2, 4 y 11 del artículo III de la Convención?.
En caso afirmativo relaciónelos, describa
brevemente su naturaleza y características, y adjunte copia de las
normas y documentos que les sirvan de sustento.
Procuraduría General de la República: creada por la Ley 821 de Organización Judicial del 21 de noviembre de
1927, sus atribuciones son: Ejercer la dirección y supervigilancia del
Ministerio Público, a cuyos integrantes da requerimientos e instrucciones,
preparar los dictámenes de los expedientes que cursan ante la Suprema Corte
de Justicia, representar al Estado ante el Tribunal de lo Contencioso
Tributario, llevar acusación de los procesos que conocen las cortes de
Apelación, los Juzgados de Paz y de Primera Instancia contra las personas que
han cometido infracciones legales.
Cámara de Cuentas de la República
Dominicana: Ley 130 de fecha 2 de
diciembre del 1942, tendrá las funciones consultivas, fiscalizadoras y
jurisdiccionales, el conocimiento, revisión y aprobación de todas las
cuentas generales y particulares del Estado, del Distrito de Santo Domingo, de
las comunes, Juntas de Distritos, establecimientos públicos y de las
instituciones que reciban subsidios de los expresados organismos.
Contraloría General de la Republica: Ley 3894 de fecha 9/08/54, que
tiene a su cargo fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos de
los diversos departamentos de la administración pública, autónomos o no,
del Estado y de los municipios, la inspección contable y la revisión y
liquidación de cuentas. En la
Contraloría General de la República funciona la Oficina de Denuncias Sobre
Corrupción, creada de conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República, tiene a su cargo fiscalizar el
debido ingreso e inversión de los fondos públicos.
Departamento de Prevención de la Corrupción: creado mediante Decreto No.
322-97, dirigido por un Sub Procurador General de la República, especializado
en el manejo de todo lo relativo a la corrupción administrativa en la República
Dominicana.
Estos órganos reciben un apoyo político
importante de parte del Presidente de la República, el cual no interfiere en
sus labores, al contrario es reiterativo en la necesidad de castigar a los
corruptos.
En relación al numeral (11) no existe un
mecanismo de control superior que se ocupe de facilitar a la sociedad civil
sus roles frente a la gestión pública, sino que existen muchos órganos y
mecanismos que facilitan la participación de la sociedad civil, la cual es
muy diversa en los temas que trata y los sectores que la componen.
Hay varios proyectos de leyes elaborados por la Comisión Nacional para
la Reforma del Estado donde se contemplan órganos nacionales y superiores
relacionados con la sociedad civil.
b.
Mencione brevemente los
resultados que dichos órganos han obtenido en el cumplimiento de las
funciones antes aludidas consignando los datos estadísticos pertinentes de
los que disponga su país.
El Departamento de Prevención de la
Corrupción conjuntamente con la Procuraduría General de la República ha
reportado un total de 126 expedientes de casos de corrupción, 651
interrogatorios, 723 requerimientos de información mediante oficios, 21
investigaciones de campo para inspeccionar obras, 06 allanamientos, 26
expedientes concluidos recomendados para sometimiento judicial, 37 expedientes
concluidos desestimados y 27 personas sometidas a la justicia.
En los últimos dos (2) años se han
capacitado en cursos y talleres alrededor de mil (1,000) funcionarios públicos
en cuatro temas básicos: Servicio Civil y Carrera Administrativa; Etica,
Transparencia y Responsabilidad Penal del Servidor Público.
La Contraloría General de la República ha
practicado en los años 1999-2001 un total de 233 auditorias con sus
respectivos informes.
La Oficina de Denuncias Sobre Corrupción ha
recibido desde su creación a la fecha 60 denuncias sobre actos de corrupción
administrativa.
La Cámara de Cuentas presentó al Congreso
Nacional en el 2001 un total de 21 auditorías cuyos resultados no han sido
procesados. En lo que va del 2002
se han realizado nueve (9) auditorías a igual número de instituciones, y veintisiete (27) están en proceso.
Todo esto ha contribuido indudablemente a
contener los actos de corrupción.
CAPITULO CUARTO
PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL (ARTICULO
III, NUMERAL 11)
1. De los mecanismos de participación en
general
a.
¿Existen
en su país un marco jurídico y mecanismos para estimular la participación
de la sociedad civil y de las organizaciones no
gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción?.
En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte copia de las
disposiciones y documentos en las que estén previstos.
Entre
estos mecanismos se pueden citar los siguientes:
El
decreto 322-97 que crea el Departamento de Prevención de la Corrupción
Administrativa, y que tiene entre una de sus funciones en el acápite B:
Elaborar y desarrollar políticas tendentes a cambiar la actitud de la
ciudadanía en torno a la corrupción administrativa y la lucha contra ella.
En el Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción se integra a
la Sociedad Civil.
El
decreto 407-01 que crea el Consejo Nacional de Seguimiento a las Asociaciones
sin Fines de Lucro. En sus
diferentes artículos procura que la asignación de fondos vía el Presupuesto
Nacional se realice a partir de criterios profesionales y técnicos, como
mecanismo para que desaparezca el clientelismo en dichas asignaciones.
El
Decreto 783-01, que crea el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anti-Corrupción
de la Presidencia de la República, al cual pertenecen seis (6) organizaciones
de la Sociedad Civil.
Ley
124-01 que instituye el Fondo Patrimonial para el Desarrollo, tiene en su seno
al gremio de los empresarios y una representación de las centrales
sindicales.
El
Proyecto de Modernización del Congreso Nacional, auspiciado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, prevé la fiscalización de los ciudadanos y
ciudadanas en las acciones Congresionales.
Se
encuentra en el Congreso Nacional un proyecto de ley de Participación Social
a través del cual la ciudadanía tendrá la oportunidad de participar
activamente en el seguimiento a la gestión pública.
b.
Mencione
brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de
los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de
los que disponga su país.
Una de las grandes
debilidades de estos mecanismos ha sido la inoperancia de la mayoría de
estos, los cuales han avanzado poco en las funciones para las que fueron
creados, a pesar de haber realizado diversos encuentros y tener la mayoría
mas de un año de funcionamiento.
2.
De los mecanismos para el acceso a la información
a.
¿Existen
en su país mecanismos que regulen y faciliten el acceso de la sociedad civil
y de las organizaciones no gubernamentales a la información en poder o bajo
el control de las instituciones públicas?. En caso afirmativo, descríbalos
brevemente, indicando aspectos tales como ante que entidades pueden
ejercitarse tales mecanismos y bajo que criterios se evalúan las peticiones
formuladas al respecto, y relacione y adjunte copia de las disposiciones y
documentos en los que están previstos.-
La
sociedad civil dispone de un
conjunto de herramientas entre las que se encuentran:
a)
Las páginas Web de varias dependencias gubernamentales a través de las
cuales pueden informarse sobre
contrataciones y licitaciones.
b)
La publicación mensual de la ejecución del presupuesto de la nación, aunque
no especifica el gasto de todas las dependencias.
c)
Las publicaciones de informes y memorias de diferentes dependencias estatales.
d)
Boletín informativo del Departamento de Prevención de la corrupción.
e)
Líneas de teléfonos directas de acceso al publico para pedir y dar información
tales como la del DPCA, la Dirección
de Impuestos Internos
f)
Encuentros de intercambio y retroalimentación organizados por el DPCA con la
sociedad Civil.
g)
Evaluación del Plan Nacional de prevención con participación de la sociedad
civil.
h)
Participación en los medios de comunicación.
i)
Dentro del Proyecto de Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo se prevé
una red informatizada, la cual
todavía no está en funcionamiento.
j)
De igual forma, la Constitución de la República en el numeral 10 del
articulo 8 establece el acceso a la información.
k)
La ley 82 sobre inventario de bienes de los funcionarios públicos establece
que sus informaciones deben ser de libre acceso público.
l)
En el Congreso Nacional reposa un proyecto de Acceso a la Información Pública.
b.
Mencione
brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de
los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de
los que disponga su país.
El
acceso a las informaciones ha permitido a la sociedad civil la vigilancia de
operaciones importantes, llegándose a descubrir casos de corrupción, por los
datos que han aportado, como el caso del arreglo de viviendas por el Instituto
Nacional de la Vivienda (INVI).
3. De los mecanismos de
consulta.