TERCERA REUNIÓN DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AMÉRICAS

1 al 3 de marzo de 2000       San José, Costa Rica 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA

Muy buenos días.

Es para los costarricenses un verdadero honor ser la sede de esta tercera reunión de Ministros de Justicia y Procuradores de las Américas, y contar con la distinguida presencia de amigas y amigos provenientes de más de treinta países de la Organización de Estados Americanos. Esta ocasión, confío, fomentará aún más los lazos de cooperación y amistad entre nuestros países en materia de justicia, en momentos en el que el debate gira en torno a la revisión de nuestras instituciones judiciales.

En prácticamente todos los países de América la administración de la justicia vive la crítica de los destinatarios del servicio, ya bien por problemas de lentitud originados en el crecimiento de la litigiosidad como por el desfase entre las necesidades de un mundo global y digitalizado y el regazo de las normativas y los poderes judiciales que no se han actualizado para responder a las nuevas necesidades.

El reto está en adecuar el servicio de justicia a estas nuevas necesidades. Y con ese propósito están ustedes hoy aquí. Están aquí con el fin de consolidar una alianza para luchar contra la corrupción, mejorar nuestros sistemas de justicia, humanizar los sistemas penitenciarios y promover la resolución alternativa de conflictos. Están aquí para desarrollar una estrategia de acción que nos permita adecuar nuestros sistemas a las recientes modalidades de delitos que han surgido en esta era de las tecnologías de la información.

Este es un proceso que debe y tiene que darse en el interior de todos los países, empleando para esto la experiencia de los sistemas de justicia de nuestra América, y poder así, emprender acciones en conjunto, mediante la cooperación y la asistencia técnica, que nos permitan detener los nuevos males y flagelos que atacan a nuestras sociedades.

Desde nuestra independencia, con la primera Constitución Política conocida como Pacto de Concordia, los costarricenses nos empeñamos en vivir y construir un Estado Democrático y Social de Derecho. De forma previsora, optamos por el gobierno de las leyes sobre las arbitrariedades mediante la asignación de competencias, la división de poderes, la seguridad del debido proceso y la revisión de las actuaciones administrativas.

Para nuestro desarrollo humano ha sido fundamental la existencia del Poder Judicial. Un Poder que se fortalece continuamente y se moderniza para mejorar la administración de justicia, haciéndola más ágil, transparente y humana. Esa tradición de respeto y defensa de los derechos y libertades se plasma en nuestro marco legal y en nuestras instituciones democráticas.

Como baluartes de nuestra democracia, de la paz política y social que disfrutamos todos y cada uno de los costarricenses, destacan el papel de la Corte Suprema de Justicia, de las otras instituciones que componen el Poder Judicial, del ministerio de Justicia y de la Procuraduría General de la República. Instituciones todas que se han sometido a un proceso de modernización y perfeccionamiento y que han asumido, con gran entereza, la tarea de perfeccionar y profundizar aún más nuestro Estado Democrático y Social de Derecho.

El Estado de Derecho depende en gran medida de un Poder Judicial cuya esencia, afirmó Alexis de Tocqueville hace ya más de 150 años,

"Es ocuparse de intereses particulares y dirigir complacidamente sus miradas sobre los pequeños objetos que se presentan a su vista; es también de la esencia de ese poder, si no acudir por sí mismo en auxilio de aquellos que son oprimidos, estar sin desmayo a la disposición del más humilde de ellos".

Partiendo entonces de este dictado, es deber del Poder Judicial garantizar una justicia eficaz y accesible, ausente de dilaciones y efectiva en la tutela judicial de los derechos y que facilite su disfrute a todos, con independencia de su condición social o económica.

Porque creemos que todos los ciudadanos merecen ser tratados con dignidad, y siendo fieles a nuestra tradición democrática, de respeto a los derechos humanos y de vida como Estado de Derecho, hemos requerido solucionar uno de los problemas más graves por los que atravesamos la mayoría de los países: el hacinamiento en nuestras cárceles.

Todos sabemos cuán delicado es el temas del hacinamiento, y cuán peligroso puede ser, en términos de salud, seguridad y atención. Y, aunque el problema del SIDA en las cárceles costarricenses presente el índice más bajo de Latinoamérica, nos hemos propuesto solventar este problema con la construcción de nuevas cárceles y modernización de las existentes, para reubicar a los privados de libertad, de manera que no sólo protejamos su salud física, sino también su integridad moral y psicológica.

En los dos primeros años de mi Gobierno estamos completando inversiones por 2700 millones de colones en obras de infraestructura para nuestro Sistema Penitenciario. Con esto será posible mejorar la clasificación de la población penal a partir de sus necesidades, oportunidades o niveles de contención, de manera que podremos alcanzar un proceso de reincorporación social más efectivo y humano.

Y en cuanto respecta a los derechos humanos, nuestro país es pionero y activo en su defensa y promoción. Por eso, no está de más que aproveche esta ocasión en la que están reunidos los Ministros de Justicia, para exhortar a los pueblos americanos aquí representados, para que apoyen la propuesta de Costa Rica que pretender fortalecer el Sistema Interamericano de derechos Humanos, para que suscriban todos los estados la Convención Americana de Derechos Humanos de San José y acepten la competencia de la Corte Interamericana, y se transforme el sistema tal como lo hemos propuesto a fin de garantizar el acceso a él, su eficiencia y procesos.

Por otra parte, y conscientes de que la lentitud de la justicia es considerada como un factor que facilita la impunidad, otro de nuestros retos ha sido el de asegurarle a los costarricenses una efectiva administración de la justicia, es decir, que los diferendos se decidan con prontitud, y que no se produzcan acumulaciones de casos rezagados, lo que origina una justicia lente y por lenta, injusta.

En este campo es de gran importancia la reforma procesal para universalizar la oralidad que está elaborando la Corte Suprema de Justicia. Pero además, se requieren nuevos mecanismos para que los ciudadanos resuelvan sus diferencias mediante la conciliación y el arbitraje. Con la resolución alternativa de conflictos no será necesario esperar hasta quince años para resolver un conflicto contractual, bancario o financiero, ni acudir siempre a un tribunal de justicia para resolver las discrepancias familiares o laborales, porque con este nuevo instrumento, un caso puede ser solucionado en poco al menor costo, al amparo de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz social.

Pero quizás no exista una máxima más universal que la mejor forma de lograr una resolución activa de conflictos es cultivando la concordia y la fraternidad. Se reseña en el Evangelio de Mateo que Jesús nos enseñó que "si tu hermano te ofende, ve y hácelo ver, a solas entre los dos. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que toda la cuestión quede zanjada…" (Mateo 17: 15,16).

Sin lugar a dudas, la resolución alternativa de conflictos se basa en los principios más elementales de convivencia, en la fraternidad, en la solidaridad, en la concordia y en el respeto al otro, tanto en nuestras comunidades como entre nuestros países.

Con la globalización, el mundo se ha convertido en múltiples pequeñas aldeas globales íntimamente conectadas y que enfrentan una criminalidad también internacionalizada y tecnificada.

Estamos hablando de organizaciones multinacionales que producen la droga en un país, la procesan en otro, y la transportan por aire, tierra o droga en un país, la procesan en otro, y la transportan por aire, tierra o mar para comercializarla en los países del primer mundo. Este es un problema que afrontamos los americanos y sobre el cual, debemos apostar a la cooperación internacional, y establecer convenios para combatirlo, tal como los de extradición para reducir la impunidad.

Otra de las manifestaciones de la globalización que ha encontrado a nuestros sistemas judiciales y a nuestro marco jurídico desprevenidos, es el uso de Internet para cometer delitos cibernéticos están amparados en la impunidad tanto al interior como al exterior de nuestros países. Desde Costa Rica, uno de estos modernos delincuentes puede accesar cuentas bancarias en Canadá, o destruir una red en una universidad en Venezuela. Por ello, es preciso tipificar estos nuevos delitos, establecer mecanismos de colaboración internacional administrativa y judicial frente a ellos, y reforzar y uniformar las normas para la extradición.

No puede estar ausente de esta reunión el compromiso de todas las naciones de luchar en pro de la ética en la función pública. En nuestro gobierno estamos impulsando un proyecto de reforma al Código Penal que incorpore nuevos delitos funcionariales en pleno cumplimiento con la convención Interamericana contra la Corrupción, pudiéndose mencionar entre otras figuras novedosas, el tráfico de influencias. Además, está presentado ante la Asamblea Legislativa un "Código de Deberes y Normas de Conducta del Funcionario Público", como un importante instrumento normativo dirigido a definir ese ámbito de la ética de la función pública, fiscales igualmente especializados en el Ministerio Público y para dar competencia a la Procuraduría General de la República en la acción contra los delitos de corrupción, fiscales y de mal uso de los fondos públicos.

Si bien esta son solo algunas de muchas acciones para asegurar la ética en la función pública, nuestro propósito más general es defender la legitimidad del sistema democrático, para asegurar la vigencia del Estado de Derecho, pues la corrupción y la credibilidad pueden menoscabar la legitimidad del sistema. Estas son situaciones que debemos evitar a toda costa, y a las que debemos prestar mucha atención.

Ante todo, debemos declararle la guerra a la arbitrariedad. Ante las nuevas circunstancias mundiales, la atención de la justicia debe estar centrada en su modernización y desarrollo, sobre todo en momentos de cambio y de fuertes críticas. Y para eso están ustedes aquí reunidos para reforzar uno de los aspectos esenciales del buen gobierno: servir a los habitantes en el dictado de la justicia.

Muchas gracias y éxitos en esta actividad.