COMITÉ
DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION
Las
siguientes son las respuestas del Gobierno de la República de Bolivia al
cuestionario aprobado por el
Comité de Expertos
La
Paz, agosto de 2002
Equipo
Responsable: Lic. Guadalupe Cajías, Unidad de Lucha contra la Corrupción,
Vicepresidencia de la República-Presidencia del Congreso
[email protected]
Tel. 591-2-2201044
Equipo
de Apoyo: Dra. Ana Michel, Subcontralora de Asuntos Legales, Contraloría
General de la República, telf. 591-2-2201414
Junto
a las respuestas al cuestionario se ha hecho entrega de la siguiente
documentación a la Organización de Estados Americanos (Jorge García):
Gaceta Oficial de Bolivia: Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público
Gaceta Oficial de Bolivia: Decreto Supremo 26115
Gaceta Oficial de Bolivia: Decreto Supremo 25749
Gaceta Oficial de Bolivia: Decreto Supremo 26237
Gaceta Oficial de Bolivia: Ley 26257
Gaceta Oficial de Bolivia: Ley 2341
Ley 1178 Ley SAFCO, Contraloría General de la República (y decretos)
Gaceta Oficial de Bolivia: Ley 2028
Gaceta Oficial de Bolivia: Superintendencia del Servicio Civil
Estatutos y Reglamentos del Mecanismo de Control Social creado por la Ley del
Diálogo
1.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO – INSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA DE BOLIVIA
Desde
su fundación Bolivia es una República unitaria. La Constitución señala que
la forma de gobierno es la democracia representativa y que el Estado se divide
en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
El
Presidente de la República es elegido por sufragio popular por un período de
cinco años juntamente con el Vicepresidente. Por disposición constitucional
ejerce la Presidencia conjuntamente los Ministros de Estado y rinde cuenta de
la Administración del Estado mediante informe ante el Congreso Nacional en la
primera sesión ordinaria de éste.
El
Congreso Nacional está compuesto de dos Cámaras, la de Senadores y la de
Diputados, que tienen un mandato también de cinco años. Entre las
atribuciones principales del Poder Legislativo, están: la consideración y
sanción de las Leyes de la República y la fiscalización de las
actividades que desarrolla el Poder Ejecutivo y otros órganos autónomos como
es el caso de Gobiernos Municipales así como amplias facultades para
solicitar información a todos las entidades públicas del Estado
El Poder Judicial está compuesto por la Corte Suprema de
Justicia (12 Ministros), el Tribunal Constitucional (5 Magistrados) y el
Consejo de la Judicatura (4 Consejeros). Todos estos funcionarios son elegidos
por el Congreso Nacional por un período de 10 años.
Bolivia
está dividida territorialmente en 9 departamentos, en los que el Poder
Ejecutivo está representado por los Prefectos Departamentales en un régimen
de descentralización administrativa. Las Prefecturas de Departamento están
conformadas además por un
Consejo Departamental que cuenta con representantes de propuestos por los
municipios para cada provincia, no necesitan pertenecer a un partido político
y muchos son notables de la provincia.
La
estructura estatal comprende a las alcaldías que en número de 314
administran las secciones de provincia. La Constitución reconoce el carácter
autónomo de los gobiernos municipales, que se constituyen por sufragio
popular. Los Gobiernos Municipales están conformados por un Alcalde y por un
Concejo Municipal, cuya composición está en función del número de
habitantes del municipio. Por
disposición constitucional, la autonomía municipal consiste en la potestad
normativa, ejecutiva y administrativa y técnica en el ámbito de la
jurisdicción y competencia territorial de cada municipio.
Además
de las señaladas precedentemente, la Constitución Política del Estado prevé
la existencia de otras instituciones que forman parte del Estado Boliviano
y que se mencionan a continuación:
-
Ministerio Público, que
tiene la finalidad de promover la acción de la justicia, defender la
legalidad, los intereses del Estado y la sociedad y tiene a su cargo la
dirección de las diligencias de Policía Judicial. Se ejerce por las
Comisiones designadas por las Cámaras Legislativas, por el Fiscal General y
demás funcionarios que conforman dicha entidad.
-
Defensoría del Pueblo,
cuya función principal es velar por la vigencia y el cumplimiento de los
derechos y garantías de las
personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público
y velar por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos.
-
Contraloría General de
la República, que es el ente fiscalizador máximo del Estado boliviano. El
Contralor General es designado por el Presidente de la República de una
terna presentada por el Senado. Su período de funciones es de 10 años y goza
de inamovilidad en el cargo. De acuerdo a la Constitución Política del
Estado la Contraloría es una oficina que integra el Poder Ejecutivo.
II.-
CONTENIDO DEL CUESTIONARIO
CAPITULO
PRIMERO
MEDIDAS
Y MECANISMOS EN MATERIA DE NORMAS DE CONDUCTA PARA EL CORRECTO, HONORABLE Y
ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
1.
Normas de conducta y
mecanismos en general
a)
¿Existen en su país normas de conducta para el
correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas?
Respuesta: La Constitución
Política del Estado establece en su artículo 43 que los servidores públicos,
son servidores exclusivos de los intereses de la colectividad y no de
parcialidad o partido político alguno y dispone la existencia del Estatuto
del Servidor Público que ha sido aprobado mediante Ley 2027; adicionalmente
es necesario mencionar el Reglamento aprobado mediante D.S. 25749. Dichas
normas regulan el conjunto de deberes y prohibiciones a los que están sujetos
los servidores públicos que prestan servicio en la administración del Estado
Este conjunto de
disposiciones contiene previsiones, entre otras,
sobre la obligación inexcusable de cumplir las normas vigentes,
la administración en términos de eficacia y eficiencia de los
recursos públicos y la obligación
de prestar declaración jurada de bienes y rentas.
También es necesario
destacar que el artículo 12 de la Ley del Estatuto del Servidor Público
establece el principio de que la actividad pública debe estar inspirada en
principios y valores éticos de integridad, imparcialidad, probidad,
transparencia, responsabilidad y eficiencia funcionaria. El artículo 13 señala
que las entidades públicas deben adoptar obligatoriamente un Código de Ética,
al que estarán sujetos todos sus servidores públicos.
Actualmente dicha disposición se encuentra en etapa de implementación.
b)
¿Existen
en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de
conducta?.
Respuesta: El
ordenamiento jurídico administrativo boliviano prevé la determinación de
responsabilidades por infracción del ordenamiento jurídico que regula la
conducta funcionaria. Es así que el artículo
28 de la Ley 1178, establece que todo servidor público responde por
los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y
atribuciones asignados a su cargo y el artículo 29 señala que existe
responsabilidad administrativa cuando la acción u omisión de los servidores
públicos contraviene las normas que regulan la conducta funcionaria. Esta
clase de responsabilidad se determina mediante proceso interno de cada entidad
y tiene como sanciones, según la gravedad de la falta, multa hasta un veinte
por ciento de la remuneración mensual, suspensión hasta un máximo de 30 días
o destitución. El procedimiento a seguir para la tramitación del proceso
interno está regulado en los Decretos Supremos N° 23318-A (Reglamento de la
Responsabilidad por la Función Pública, arts. 13 y siguientes), N° 26237
(modificatorio en parte del D.S: 23318-A) y N°
26319 (Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la
carrera administrativa).
c)
Mencione
brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con las aplicación de
las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos
pertinentes de los que disponga su país.
Respuesta: A la fecha no
están todavía disponibles estadísticas sobre la materia.
d)
No
corresponde
2.
Conflictos de intereses
a)
¿Existen en su
país normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses
en el desempeño de funciones públicas?
Respuesta: Todavía no
existen suficientes normas sobre la materia; sin embargo se puede mencionar la
Constitución Política del Estado que regula en sus artículos 50 y 89, el régimen
de incompatibilidades de los representantes nacionales y
Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente. Por otra
parte, la Ley del Estatuto del Servidor Público regula las incompatibilidades
a las que están sujetos los servidores públicos en general. Asimismo
mediante Resolución Administrativa N° SSC-002/2002 de la Superintendencia de
Servicio Civil se ha regulado el procedimiento a seguir para autorizar
excepcionalmente el ejercicio de funciones en caso de incompatibilidad por
parentesco o matrimonio.
b)
¿Existen
en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de
conducta?
Respuesta: Sí, el
ordenamiento jurídico administrativo boliviano prevé la determinación de
responsabilidades por infracción del ordenamiento jurídico que regula la
conducta funcionaria, conforme se detalló en la respuesta al inciso b) de la
pregunta 1. Este régimen
disciplinario es aplicable a los servidores públicos que contratan o designan
a personas que se encuentran en casos de incompatibilidad y a estos últimos
por incurrir en las causales señaladas por Ley,.
c)
Mencione
brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con las aplicación de
las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos
pertinentes de los que disponga su país.
Respuesta: A la fecha no
están todavía disponibles estadísticas sobre la materia.
d)
No corresponde
3.-
Preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos
en el desempeño de sus funciones
a)
¿Existen en su país normas de conducta orientadas
a asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los
funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones
Respuesta:
La Ley 1178 establece en su artículo primero que los Sistemas de Administración
y Control que deben ser aplicados por
las entidades del sector público, tienen, entre otros, la finalidad de lograr
que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena
responsabilidad por sus actos,
rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos
sin también la forma y resultados de su aplicación. Con fundamento en la
citada norma se han emitido las Normas Básicas que regulan
los Sistemas de Organización Administrativa, Presupuesto, Administración
de Personal, Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público,
Contabilidad y Control Gubernamental.
Adicionalmente
existen disposiciones relativas a restricción del gasto público contenidas
en Leyes Financiales de cada gestión, normas de ejecución presupuestarias y
normas que regulan la restricción del gasto público.
b)
¿Existen
en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de
conducta?
Respuesta: El
ordenamiento jurídico administrativo boliviano prevé la determinación de
responsabilidades por infracción del ordenamiento jurídico que regula la
conducta funcionaria. Es así que el artículo
28 de la Ley 1178, establece que todo servidor público responde por
los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y
atribuciones asignados a su cargo Dicha
norma establece cuatro clases de responsabilidades emergentes del ejercicio de
la función pública: responsabilidad civil, responsabilidad penal,
responsabilidad administrativa y responsabilidad ejecutiva. Con relación a
esta última clase de responsabilidad es necesario aclarar que tiene como
sujetos a los máximos ejecutivos y
surge como consecuencia de la evaluación de la gestión
de las entidades públicas.
c)
Mencione
brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con las aplicación de
las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos
pertinentes de los que disponga su país.
Respuesta: A la fecha no
están todavía disponibles estadísticas sobre la materia.
d)
No corresponde
3.
Medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a
las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública
de los que tengan conocimiento
a)
¿Existen en su país normas de conducta que
establezcan medidas y sistemas que exijan a los servidores públicos informar
a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública
de los que tengan conocimiento?
Respuesta:
No existe una disposición que específicamente se refiera a actos de corrupción, sin embargo por disposición del artículo 35 de
la Ley 1178, los servidores públicos están obligados a denunciar al
Ministerio Público, todos los casos que fueran de su conocimiento en los que
existan indicios de la comisión de delitos. Asimismo la omisión de denuncia
es tipificada como delito en el artículo 178 del Código Penal.
b)
¿Existen en su país mecanismos para hacer
efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta?
Respuesta:
No existen mecanismos para verificar el cumplimiento de la obligación
de denuncia por parte de los servidores públicos, salvo en los casos que como
consecuencia de una investigación penal se estableciera
la omisión de denuncia, lo que daría lugar a la tramitación de un
proceso penal.
c)
Mencione brevemente los resultados objetivos que se
han obtenido con la aplicación de las anteriores normas y mecanismos,
consignado los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país.
Respuesta:
Todavía no están disponibles las estadísticas sobre la materia.
d)
No corresponde
CAPITULO
SEGUNDO
SISTEMAS
DE DECLARACION DE INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS
a)
¿Existen en su país normas que establezcan
sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de
las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca
la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda?
Respuesta:
Sí, la Ley del Estatuto del Servidor Público, sobre la base de lo dispuesto
en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado, establece la obligación de todos los servidores públicos sin distinción,
de prestar declaración expresa de sus bienes y rentas. Las declaraciones de
bienes y rentas están sujetas a los principios de universalidad,
obligatoriedad, periodicidad y transparencia. El Organo Rector del Sistema de
Declaración Jurada de Bienes y Rentas, es la Contraloría General de la República.
Mediante Decreto Supremo N° 26257 se ha reglamentado dicho Sistema, estableciéndose
dos categorías de servidores públicos; la categoría A en la que se
encuentran los funcionarios electos, designados y de libre nombramiento, máximos
ejecutivos de las entidades públicas, directivos de primer nivel y todos los
servidores públicos de algunas entidades públicas, entre las que citamos
Contraloría General de la República, Ministerio Público, Ministerio de
Hacienda, Policía Nacional, etc., y la categoría B que incluye al resto de
los servidores públicos. Por disposición del artículo 8 de dicho decreto,
las declaraciones de la categoría A son publicadas en resumen por medios
informáticos, concretamente en la página Web de la Contraloría General de
la República, cuya dirección es: www.cgr.gov.bo
La
declaración jurada de bienes debe ser prestada antes de tomar posesión del
cargo, a la conclusión de la relación laboral, periódicamente, a solicitud
de la Contraloría y voluntariamente. Con relación al contenido nos remitidos
al artículo 12 del Decreto Supremo N° 26257.
b)
Mencione brevemente los resultados objetivos que se
han obtenido con la aplicación de las anteriores normas consignando los datos
estadísticos pertinentes de los que disponga su país.
Respuesta:
A la fecha han presentado su declaración jurada de bienes, 67.892
servidores públicos, de los cuales 48.392 corresponden a la categoría B y
19.500 a la categoría A (Fuente: Contraloría General de la República). El número
de la categoría A corresponde a casi la totalidad de esos funcionarios, que
son cerca de 20.000 en toda la república; ellos juraron su declaración en el
primer semestre de este año. El número de la categoría B corresponde a la
tercera parte, aproximadamente, del total de los funcionarios que entran en
esta categoría; tienen plazo hasta el mes de octubre para cumplir con esta
obligación.
La
publicación en Internet y la posibilidad de que los ciudadanos accedan al
total de las respuestas juradas, es un adelanto en la transparencia para que
todos conozcan los bienes y rentas con los que cuentan los funcionarios públicos
al ingresar y al salir de un puesto de trabajo, o durante su permanencia en el
cargo.
CAPITULO
TERCERO
ORGANOS
DE CONTROL SUPERIOR
a)
¿Existen en su país órganos de control superior
que tengan a su cargo el ejercicio de las funciones atinentes al cumplimiento
de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2 y 11 del artículo III de
la Convención?
Respuesta:
La Superintendencia de Servicio Civil tiene a su cargo el ejercicio de las
funciones atinentes al cumplimiento de los numerales 1 y 2 del artículo III.
Esta institución ha sido creada por la Ley del Estatuto del Funcionario Público
y tiene como objetivo supervisar el régimen y gestión de la carrera
administrativa en las entidades públicas comprendidas en el campo de aplicación
del Estatuto. Entre sus funciones se encuentra la de
promover la adopción de Códigos de Etica. Todavía no existe un órgano
de control superior que tenga a su cargo la aplicación del numeral 11.
b)
Mencione brevemente los resultados que dichos órganos
han obtenido en el cumplimiento de las funciones antes aludidas consignando
los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país.
Respuesta:
Todavía no están disponibles estadísticas sobre la materia.
c)
En caso de que no existan los órganos de control
superior aludidos anteriormente, indique brevemente cómo ha considerado su país
dar aplicabilidad al artículo III párrafo 9 de la Convención.
Respuesta:
Actualmente la Vicepresidencia de la República está analizando los
mecanismos a establecerse para la lucha anticorrupción y/o las tareas para fortalecer a las
instituciones especializadas con competencia legal para prevenir, investigar,
acusar y juzgar hechos ilícitos de los funcionarios públicos.
CAPITULO
CUARTO
PARTICIPACIÓN
DE LA SOCIEDAD CIVIL
1.
De los mecanismos de participación en general
a)
¿Existe en su país un marco jurídico y
mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las
organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la
corrupción?
Respuesta:
La Ley de Municipalidades aprobada mediante Ley
2028,. establece como forma de control social, los Comités de
Vigilancia como instancia social
representante de la sociedad civil organizada ante los Gobiernos Municipales.
Dichos Comités tienen facultades para controlar la ejecución del presupuesto
municipal y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno
Municipal.
La
Ley del Diálogo reconoce al Mecanismo de Control Social, compuesto por
representantes de la sociedad organizada, su capacidad para controlar los
gastos provenientes de los recursos HIPC (Se adjuntan sus estatutos y
reglamentos).
b)
Mencione brevemente los resultados que dichos órganos
han obtenido en el cumplimiento de las funciones antes aludidas consignando
los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país.
Respuesta:
Todavía no están disponibles estadísticas sobre la materia. Sin
embargo, existen evaluaciones iniciales sobre el escaso trabajo efectivo de
los Comités de Vigilancia porque fueron copados por partidos o por los
propios alcaldes que debían controlar.
c)
En caso de que no existan los órganos de control
superior aludidos anteriormente, indique brevemente cómo ha considerado su país
dar aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a
crear, mantener y fortalecer mecanismos
para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones
no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
Respuesta:
Actualmente la Vicepresidencia de la República está analizando los
mecanismos a establecerse para la lucha anticorrupción y sistemas que amplíen la participación
de instituciones y de personas de la sociedad organizada.
2.
De los mecanismos para el acceso a la información
a)
¿Existen en su país
mecanismos que regulen y faciliten el acceso de la sociedad civil y de
las organizaciones no gubernamentales a la información en poder o bajo el
control de las instituciones públicas?
Respuesta:
El artículo 5 del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
23318-A, regula el principio de transparencia de los actos de los servidores públicos,
en virtud del cual las entidades
públicas están obligadas a proporcionar información ya procesada a toda
persona individual o colectiva que la solicite y demuestre su legítimo interés.
También establece que toda limitación o reserva a la transparencia
debe ser específica para cada clase de información y no general y estar
expresamente establecida por ley.
Hay
dos proyectos de ley para facilitar el acceso a la información, pero todavía
no fueron aprobados y su discusión no abarcó a la sociedad civil.
b)
Mencione brevemente los resultados que dichos órganos
han obtenido en el cumplimiento de las funciones antes aludidas consignando
los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país.
Respuesta:
Todavía no están disponibles estadísticas sobre la materia.
3.
De los mecanismos de consulta
a)
¿Existen en su país mecanismos para que quienes
desempeñan funciones públicas efectúen consultas a la sociedad civil y a
las organizaciones no gubernamentales sobre asuntos relacionados con las
actividades de su competencia, que puedan ser utilizados para los propósitos
de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción pública?
Respuesta:
No existen mecanismos para los fines señalados.
b)
No corresponde
4.
De los mecanismos para estimular una participación activa en el
seguimiento de la gestión pública
a)
¿Existen en su país mecanismos para facilitar,
promover y obtener una activa participación de la sociedad civil y las
organizaciones no gubernamentales en el proceso de adopción de políticas y
decisiones públicas, con el fin de lograr los propósitos de prevenir,
detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción pública?
Respuesta:
Actualmente la Vicepresidencia cuenta con una unidad de lucha contra la
corrupción que tiene entre sus funciones establecer mecanismos de participación
de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales en tareas de lucha
contra la corrupción.
b)
No corresponde
5.
De los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública
a)
¿Existen en su país mecanismos que permitan la
participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales
en el seguimiento de la gestión pública con el fin de lograr los propósitos
de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción pública.
Respuesta:
Además de los Comités de
Vigilancia ya mencionados en la respuesta 1. , no existe ningún otro
mecanismo de participación de la sociedad civil y organizaciones no
gubernamentales. El Mecanismo de Control Social tiene un área de acción
limitada y todavía no ha presentado resultados de su trabajo.
b)
No corresponde por la situación ya descrita. Pero vale la pena nombrar la Ley
del Diálogo y los mecanismos que ésta contempla para que la sociedad
participe en el seguimiento de políticas públicas y en la formulación de
planes y proyectos.
CAPITULO
QUINTO
ASISTENCIA Y COOPERACION (ARTICULO XIV)
1.
Asistencia Recíproca
a)
Describa brevemente el marco jurídico, en caso de
que exista, que consagre en su país mecanismos de asistencia recíproca para
dar curso a las solicitudes emanadas de las autoridades de los otros Estados
partes que, de acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la
investigación o juzgamiento de actos de corrupción pública, a los fines de
la obtención de pruebas y la realización de otros actos necesarios para
facilitar los procesos o actuaciones referentes a la investigación o
juzgamiento de los actos de corrupción. Relacione y adjunte copia de las
disposiciones que contienen tales mecanismos.
Respuesta:
No existe un marco jurídico específico, pero ala creación de la Unidad de
Investigaciones financieras, UIF, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha
ayudado a encontrar cuentas bancarias fraudulentas de funcionarios corruptos
de países vecinos.
b)
¿Ha formulado o ha recibido su gobierno
solicitudes relativas a la asistencia recíproca a que se refiere la Convención?
Respuesta:
No se tiene algún registro al respecto.
c)
En caso de que no existan los mecanismos aludidos,
indique brevemente cómo va a dar
su país aplicabilidad al compromiso previsto en el numeral 1 del artículo
XIV de la Convención.
Respuesta:
No se tiene una respuesta definitiva.
2.
Cooperación técnica mutua
a)
¿Existen en su país mecanismos para permitir una
amplia cooperación técnica mutua con otros Estados partes sobre las formas y
los métodos más efectivos para prevenir detectar, investigar y sancionar los
actos de corrupción pública, que incluyan el intercambio de experiencias por
medio de acuerdos y reuniones entre los órganos e instituciones competentes y
el intercambio de conocimientos sobre formas y métodos de participación
ciudadana en la lucha contra la corrupción?
Respuesta:
No existen mecanismos formales, pero se han iniciado contactos para conocer
experiencias a través de acuerdos, como entre el Programa de
Institucionalidad y la oficina anticorrupción de Argentina. La Unidad Técnica
de Lucha contra la Corrupción, dependiente de la Vicepresidencia de la República,
ha iniciado contactos para establecer una red de intercambio de experiencias.
b)
¿Ha formulado su gobierno a otros Estados partes o
ha recibido de otros Estados Partes, solicitudes relativas a la cooperación técnica
mutua a que se refiere la Convención?
Respuesta:
No existen indicios de ello.
c)
En caso de que no existan los mecanismos aludidos,
indique brevemente cómo va a dar su país aplicabilidad al compromiso
previsto en el numeral 2 del artículo XIV de la Convención.
Respuesta:
No existe una respuesta definitiva al respecto.
d)
¿Se han desarrollado en su país programas o
proyectos de cooperación técnica sobre
los
aspectos a los que se refiere la convención, con el apoyo de agencias de
cooperación u organismos internacionales? En caso afirmativo, menciónelos y
refiérase brevemente a aspectos tales como las materias sobre las que versan
y los resultados obtenidos.
Respuesta.-
El Plan de Integridad ha desarrollado algunos aspectos para fortalecer la
institucionalidad de los funcionarios públicos desde la cuarta categoría.
Una evaluación del PRI fue hecha a inicios del año, pero la transición de
gobierno mostró algunos vacíos que deben ser nuevamente evaluados. Para
mayor información ingresar a la página web de la Vicepresidencia de la República
de Bolivia, [email protected]
Se ha trabajado con Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desarrollo, PNUD y la cooperación holandesa y danesa.
CAPITULO SEXTO
AUTORIDADES CENTRALES (ARTICULO XVIII)
1.
Designación de autoridades centrales
Bolivia
no ha designado la autoridad central para los propósitos de canalizar la
asistencia mutua y la cooperación técnica mutua prevista en el marco de la
Convención.
2.
Operatividad de las autoridades centrales
No
corresponde
III
INFORMACION SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE
CUSTIONARIO
a)
Bolivia
b)
Guadalupe Cajías
c)
Responsable Unidad Técnica de Lucha contra la Corrupción
d)
Vicepresidencia de la República-Presidencia nata del Congreso Nacional
e)
591-2-2201044
f)
[email protected]