AG/RES. 2022 (XXXIV-O/04)

EL ESFUERZO CONJUNTO DE LAS AMÉRICAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2004) 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

CONSIDERANDO: 

Que la democracia, la paz, el desarrollo y la solidaridad entre nuestros pueblos son valores e ideales fundamentales compartidos por todas las naciones del Hemisferio y constituyen el compromiso de convivencia de nuestros pueblos; 

Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar dicho sistema; 

Que la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, como lo estipula la Carta Democrática Interamericana; 

Que en la Convención Interamericana contra la Corrupción, los Estados de las Américas reiteraron que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones en la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social; y que en esta lucha es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad, siendo la cooperación entre ellos necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; 

Que en la Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana: Un nuevo compromiso de gobernabilidad para las Américas, se declara que la cooperación y asistencia recíproca contra la corrupción, de conformidad con los tratados y leyes pertinentes, son elementos fundamentales para promover la gobernabilidad democrática; 

Que en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada por la Conferencia Especial sobre Seguridad, celebrada en la ciudad de México, los Estados de las Américas reafirmaron que la cooperación, la asistencia jurídica mutua, la extradición y la acción concertada para combatir la corrupción son un imperativo político y moral; 

Que en el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se destaca que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella; 

Que en la Declaración de Nuevo León de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, los Jefes de Estado se comprometieron, entre otros, a cooperar en la extradición de los funcionarios corruptos, y a perfeccionar los mecanismos regionales de asistencia jurídica mutua en materia penal y su implementación; e igualmente, manifestaron su preocupación por prácticas corruptas, ilegales y fraudulentas en la administración de algunas empresas nacionales y transnacionales, que podrían afectar negativamente las economías, en particular las de los países en desarrollo, sus productores y consumidores; 

Que la tradición histórica de nuestro continente ha sido acoger con la mayor amplitud a los inmigrantes provenientes de todo el mundo; 

Que la acción de las Américas como colectividad de naciones del Hemisferio no sólo debe limitarse a declaraciones dirigidas a nuestros propios países, sino que debe expresar claramente la voluntad política y el aporte principista de nuestro continente frente a la comunidad internacional; y 

Que es necesario, en consonancia con los diversos documentos que hemos aprobado en el Hemisferio, expresar de manera colectiva y unitaria, la voluntad política de nuestros pueblos de insistir en el cumplimiento de los compromisos de la comunidad internacional sobre estos valores e ideales, 

RESUELVE: 

1.                   Reafirmar que la lucha contra la corrupción y la impunidad es un compromiso fundamental y un deber mutuo de los Estados de las Américas, como garantía del ejercicio de la democracia y la consolidación de sus instituciones, la gobernabilidad, el fortalecimiento del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, ya que la corrupción, pasiva y activa, constituye una amenaza a la seguridad de los Estados, socava las instituciones públicas y privadas y obstaculiza el desarrollo de los pueblos. 

2.                   Expresar, en el marco del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y en consonancia con los instrumentos y resoluciones previamente aprobados, su pleno respaldo a los esfuerzos que los Estados Miembros vienen desplegando para que quienes han cometido desde el poder político actos de corrupción en contra de esos Estados sean juzgados por sus tribunales nacionales y respondan ante ellos. 

3.                   Hacer un llamado a la comunidad internacional, de acuerdo con los tratados y leyes aplicables, para que se abstenga de dar santuario sin aceptar justificaciones basadas en el fraude a la ley o abuso del derecho y de los principios jurídicos, y proporcione amplia cooperación a los Estados del Hemisferio con el propósito de garantizar que aquellos funcionarios que han ejercido el poder político y, desde esa posición, han cometido delitos de corrupción, sean puestos a disposición de las autoridades correspondientes de los países donde se han cometido esos delitos para ser juzgados por sus tribunales nacionales. 

4.                   Solicitar al Comité Jurídico Interamericano que elabore un estudio sobre: 

a.                   Los efectos jurídicos de otorgar santuario en países regionales o extrarregionales a funcionarios públicos y personas acusados de delitos de corrupción después de haber ejercido el poder político; y 

b.                   Los casos en los que puede considerarse la figura del fraude a la ley o el abuso del derecho con relación al principio de la doble nacionalidad.