PROMOCIÓN Y RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria celebrada el 4 de
junio de 2002)
LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO las resoluciones
AG/RES. 1270 (XXIV-O/94), AG/RES. 1335 (XXV-O/95), AG/RES. 1408 (XXVI-O/96), AG/RES. 1503
(XXVII-O/97), AG/RES. 1565 (XXVIII-O/98), AG/RES. 1619 (XXIX-O/99), AG/RES.
1706 (XXX-O/00) AG/RES. 1770 (XXXI-O/01) y AG/RES. 1771 (XXXI-O/01);
LAMENTANDO PROFUNDAMENTE los
ataques terroristas perpetrados contra personas inocentes de muchas naciones
que tuvieron lugar en el territorio de los Estados Unidos de América el 11
de septiembre de 2001;
LAMENTANDO PROFUNDAMENTE
TAMBIÉN los atentados terroristas cometidos en el territorio de diversos
Estados Miembros;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADA por
las persistentes violaciones del derecho internacional humanitario que
tienen lugar en el mundo y en particular por los ataques contra la
población civil, que en algunos casos se ve forzada a su desplazamiento o a
buscar refugio en otros países;
RECORDANDO que es obligación
de todos los Estados respetar y hacer respetar, en todas las circunstancias
en que resulten aplicables, las normas establecidas en los Convenios de
Ginebra de 1949 y, cuando corresponda, para aquellos Estados que son parte,
las normas contenidas en sus Protocolos Adicionales de 1977, y destacando
que este año se observa el XXV aniversario de su adopción;
Subrayando la
necesidad de fortalecer las normas del derecho internacional humanitario,
mediante su aceptación universal, su más amplia difusión y su
aplicación;
CONSCIENTE de la necesidad de
sancionar a los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad,
así como de otras violaciones graves del derecho internacional humanitario;
TENIENDO EN CUENTA la entrada
en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el 1º de julio de
2002, el cual ha sido ratificado o adherido por 12 países de este
Hemisferio;
RECONOCIENDO la importancia de
desarrollar el derecho internacional humanitario mediante la elaboración de
nuevas normas para mantenerlo actualizado frente a los desafíos
contemporáneos;
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN la
decisión de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas de
1980 sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas
Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos
Indiscriminados, en su decisión de ampliar el ámbito de aplicación de
esta Convención a todos los Protocolos existentes aplicables a conflictos
armados no internacionales de diciembre de 2001;
CONSIDERANDO la importancia de
la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el
Personal Asociado, que tiene por objeto proteger tanto a militares como a
civiles integrantes de las operaciones de las Naciones Unidas;
CONVENCIDA de que las
necesidades particulares de protección
y asistencia de las mujeres y niños en situaciones de conflicto armado
deben abordarse en forma eficaz, y acogiendo con beneplácito en este
sentido la adopción, en mayo de 2000, del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de
niños en los conflictos armados;
PREOCUPADA por la
desaparición de personas y la toma de rehenes especialmente durante los
conflictos armados, así como por el sufrimiento que esto causa a los
familiares y personas cercanas durante y después de haber finalizado el
conflicto;
CONSTERNADA por el impacto
negativo de la producción y el tráfico ilícitos de armas, municiones,
explosivos y materiales relacionados sobre la seguridad personal y la
estabilidad de nuestras sociedades, así como sobre conflictos internos y
procesos de paz;
RECONOCIENDO que el comercio
ilícito de armas pequeñas ligeras en todos sus aspectos, socava el respeto
por el derecho internacional humanitario y dificulta la asistencia
humanitaria a las víctimas de un conflicto armado;
CONVENCIDA
de que la lucha contra el terrorismo debe realizarse con pleno respeto a la
ley, a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y a las
instituciones democráticas para preservar el estado de derecho, las
libertades y los valores democráticos en el Hemisferio;
SUBRAYANDO una vez más los
esfuerzos permanentes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para
promover y difundir el conocimiento del derecho internacional humanitario y
las actividades que lleva a cabo en su condición de organización
imparcial, neutral e independiente en toda circunstancia;
RECONOCIENDO el importante
papel que desempeñan los comités o comisiones nacionales establecidos en
muchos países para la difusión y la aplicación del derecho internacional
humanitario, con el objeto de asegurar la incorporación de los Convenios de
Ginebra y, cuando corresponda, sus Protocolos Adicionales en la legislación
interna de los Estados Parte de dichos instrumentos, así como de los demás
instrumentos de derecho internacional humanitario, con el fin de velar por
su adecuado cumplimiento y difusión;
EXPRESANDO su satisfacción por la creciente cooperación entre la
Secretaría General de la Organización y el CICR, como resultado del
Acuerdo firmado el 10 de mayo de 1996, ejemplo de la cual son los logros
comunes tales como la Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre “La
Aplicación del Derecho Internacional Humanitario y Convenciones
Interamericanas Relacionadas”, celebrada en marzo de 2001 en San José,
Costa Rica;
EXPRESANDO asimismo su
satisfacción por la celebración en la sede de la Organización el día 6
de marzo de 2002, de una Sesión Especial de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos para la Promoción y el Respeto del Derecho
Internacional Humanitario, la cual contó con el apoyo entre otras
instituciones, del Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyas conclusiones
fueron elevadas a la consideración de la IV Reunión de Ministros de
Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas; y
VISTO el informe de la
Secretaría General relativo a la Promoción y Respeto del Derecho
Internacional Humanitario (CP/doc.3576/02),
RESUELVE:
1.
Tomar nota del incremento del número de Estados Miembros que, en el curso
del último año, han ratificado o adherido a varios instrumentos de Derecho
Internacional Humanitario, destacando el caso de la Convención sobre la
Prohibición del Empleo, el Almacenamiento, la Producción y la
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de
Ottawa), de 1997, y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
2.
Invitar a los Estados Miembros que aún no lo hubieren hecho a que
consideren ratificar o, en su caso, adherir a los Protocolos I y II de 1977
adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 y que consideren hacer la
declaración contemplada en el artículo 90 del Protocolo I.
3.
Exhortar asimismo a los Estados Miembros que aún no lo hubieren hecho a que
consideren ratificar o, en su caso, adherir al Estatuto de la Corte Penal
Internacional./
4.
Invitar igualmente a los Estados Miembros que aún no lo hubieren hecho a
que consideren ratificar o, en su caso, adherir a los siguientes
instrumentos relativos a las armas de naturaleza tal que puedan ser
excesivamente nocivas o tener efectos indiscriminados:
a.
La Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas
Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de
Efectos Indiscriminados, de 1980 y sus Protocolos;
b.
La Convención sobre la Prohibición del Empleo, el Almacenamiento, la
Producción y la Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su
Destrucción, de 1997.
5.
Invitar a los Estados Miembros que aún no lo hubieren hecho a que
consideren hacerse parte de la Convención de La Haya de 1954 para la
Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y su
Protocolo de 1954, así como del Segundo Protocolo, de 1999, sobre
protección reforzada.
6.
Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hubieren hecho a que
consideren hacerse parte de la Convención de 1989 sobre los Derechos del
Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en
conflictos armados, lo cual incluye la participación de niños en
hostilidades, así como su reclutamiento en fuerzas armadas y grupos
armados.
7.
Exhortar a los Estados Miembros que no lo hubieren hecho, a suscribir o
ratificar la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales
Relacionados (CIFTA).
8.
Instar a los Estados, según sea aplicable, a que presten, de conformidad
con las obligaciones jurídicas internacionales que han asumido tanto en
tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, especial atención a las
siguientes disposiciones:
a.
La mayor difusión posible del derecho internacional humanitario entre toda
la población, en particular entre las fuerzas armadas y las fuerzas de
seguridad, mediante su incorporación en los programas oficiales de
instrucción y en la formación de cuadros permanentes de las fuerzas
armadas (artículos 47, 48, 127 y 144 de los cuatro Convenios de Ginebra,
respectivamente, y los artículos 83 y 11 de los dos Protocolos Adicionales,
respectivamente);
b.
La promulgación de la legislación penal necesaria para sancionar a los
responsables de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y otras
violaciones graves del derecho internacional humanitario (artículos 49, 50,
129 y 146 de los cuatro Convenios de Ginebra, respectivamente, y el
artículo 85 del Protocolo Adicional I);
c.
La promulgación de la legislación para reglamentar la utilización de los
emblemas protegidos bajo el derecho internacional humanitario y sancionar
los abusos (artículos 54 y 45 del primer y segundo Convenio de Ginebra,
respectivamente, y artículo 38 del Protocolo Adicional I y su anexo, que
contiene el reglamento pertinente); y
d.
La obligación, al momento de estudiar, desarrollar, adquirir o adoptar una
nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra, de determinar si su empleo
sería contrario al derecho internacional humanitario, y en tal caso no
incorporarlos al uso de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, ni
fabricarlos para otros fines (artículo 36 del Protocolo Adicional I a los
Convenios de Ginebra).
9.
Instar a los Estados Miembros a que continúen apoyando el trabajo de los
comités o comisiones nacionales de asesoramiento u órganos similares
encargados de la difusión y aplicación del Derecho Internacional
Humanitario donde ya existen, y en los Estados donde no hubiere, a que
consideren la conveniencia de establecerlos con el apoyo del Comité
Internacional de la Cruz Roja.
10.
Instar a los Estados Miembros a que consideren adoptar las medidas
apropiadas a nivel nacional para abordar las graves consecuencias
humanitarias que representa la disponibilidad de armas sin control, de
conformidad con el Programa de Acción adoptado en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en
Todos sus Aspectos, celebrada en Nueva York, en julio de 2001.
11.
Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hubieren hecho, a que
consideren, ratificar, o en su caso, adherir a la Convención sobre la
Seguridad del Personal de las Naciones Unidas de 1994.
12.
Instar a los Estados Miembros y a todas las partes en conflicto armado a que
respeten la imparcialidad, independencia y neutralidad de la acción
humanitaria conforme a los principios rectores aprobados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución 46/182, del 19 de diciembre
de 1991, y aseguren la integridad del personal de las misiones humanitarias,
ya sean empleados por gobiernos, organizaciones internacionales,
organizaciones no gubernamentales o del Comité Internacional de la Cruz
Roja.
13. Invitar a los Estados Miembros
a que faciliten el trabajo de la CICR, en particular mediante el uso de sus
servicios de asesoramiento para apoyar los esfuerzos de los Estados
dirigidos a aplicar el derecho internacional humanitario, y además invitar
a los Estados Miembros y a las Partes de un conflicto armado a continuar
cooperando con la CICR en sus diversas esferas de responsabilidad.
14.
Instar a las partes en
conflicto armado a tomar medidas inmediatas para determinar la identidad y
situación de las personas reportadas como desaparecidas;
15.
Instar a los Estados miembros y a todas las partes en un conflicto armado a
observar sus obligaciones, conforme a los Convenios de Ginebra de 1949, en
especial aquella que se aplica a la protección de la población civil.
16.
Solicitar
a la Secretaría General que, a través de la Subsecretaría de Asuntos
Jurídicos, y en coordinación con el CICR, continúe con la organización
de conferencias gubernamentales similares a la que se celebró en San José,
Costa Rica, en marzo de 2001, para difundir y reforzar la implementación
del derecho internacional humanitario y de otras convenciones
interamericanas afines.
17.
Encomendar al Consejo Permanente a que, con el apoyo de la Secretaría
General y con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja
continúe organizando sesiones especiales, con objeto de reafirmar la
pertinencia y actualidad del derecho Internacional humanitario.
18.
Alentar a los Estados Miembros que adopten las medidas legislativas,
judiciales y administrativas apropiada para implementar internamente los
instrumentos del derecho internacional humanitario incorporando la
asistencia técnica, según corresponda, de las organizaciones
internacionales pertinentes, incluyendo el CICR.
19.
Invitar a los Estados Miembros que comuniquen al Consejo Permanente sobre
las acciones adoptadas de conformidad con la presente resolución.
20.
Solicitar al Secretario General que presente un informe a la Asamblea
General sobre el cumplimiento de esta resolución en su trigésimo tercer
período ordinario de sesiones.
