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SOCIEDAD CIVIL Y JUSTICIA: ALGUNAS EXPERIENCIAS
Marcela Cárdenas Rojas
INTRODUCCION
Durante la última década la Sociedad Civil ha tomado un papel cada vez más activo en los procesos de reforma judicial en diversos países de América Latina. En este artículo, se resume la experiencia de organizaciones civiles de diversas características en siete países de la región. Más que una presentación institucional, se resaltan enfoques novedosos de cada experiencia así como algunas lecciones aprendidas y logros alcanzados que pueden ser de interés para otras entidades en la región. El espectro de organizaciones incluye algunas que son totalmente privadas y financiadas localmente, otras que reciben diferentes grados de financiación internacional, una organización de funcionarios de la rama judicial, así como una entidad que apoya directamente a la Corte Suprema de Justicia. Como característica general, son organizaciones independientes, sin injerencia de los partidos políticos. Entre las organizaciones de base, hay varias dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer, los niños, los indígenas y otros grupos vulnerables de la población. Es interesante constatar el compromiso decidido del sector empresarial con los procesos de reforma judicial. Aunque la mayoría de las organizaciones presentadas realiza diversas actividades de capacitación, no tienen relación formal con el sector educativo. También, cabe resaltar el papel estratégico de los medios de comunicación en este tipo de experiencias.
Este documento es un esfuerzo de síntesis de las presentaciones realizadas en la mesa redonda de sociedad civil y justicia, en el marco de la conferencia internacional Reformas Judiciales en América Latina: Avances y Obstáculos para el Nuevo Siglo, en Santafé de Bogotá, Colombia. En los párrafos que siguen, el lector encontrará un resumen de cada intervención, que en lo posible intenta ser fiel a las palabras y opiniones expuestas por cada representante. Al comienzo de la presentación de cada entidad, a manera de introducción, se incluyen los comentarios de Rafael Santos, quien fuera el coordinador de la mesa redonda.
CARACTERÍSTICAS DE DIFERENTES ENTIDADES
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas
"La experiencia de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas demuestra la capacidad de organización interna de la rama judicial para participar activamente en el mejoramiento de la justicia provincial, contribuyendo así a la reforma del poder judicial"
Motivados por la necesidad de resolver problemas comunes y evitar la superposición de esfuerzos, a finales de 1992 un grupo de miembros de las cortes provinciales de Argentina constituyó una comision provisional para crear una institución que estaría al servicio de las Cortes, a manera de brazo común entre éstas. En 1994, como fruto de varias reuniones de la comisión provisional, se conformó la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, con personería jurídica, de tal manera que los miembros de la Junta son los jueces y los ministros de las Cortes. Actualmente, 21 provincias de Argentina participan en la Junta con sede en Buenos Aires, la Capital Federal. Allí, además de un ámbito de reunión, se tiene una biblioteca sobre temas del poder judicial, la legislación provincial, los códigos provinciales, el boletín oficial, jurisprudencia de las cortes provinciales, etc. Cada corte miembro aporta una cuota mensual (US$500 en 1994) para el sostenimiento de la sede.
La Junta Federal de Cortes ha realizado una tarea de consolidación de la independencia del poder judicial provincial, fijando además políticas comunes y definiendo límites de competencia frente a la justicia federal.
En cuanto a la formación permanente de sus miembros, la Junta adelanta una amplia campaña de difusión de la jurisprudencia de las Cortes Supremas, mediante su publicación. Así mismo, se organizan reuniones de intercambio de experiencias, a nivel de ministros, de funcionarios y administradores de las cortes. A través de la Junta Federal, se organizó un menú de oferta de capacitación a las distintas cortes, creándose 16 escuelas judiciales que comparten la misma filosofía. Adicionalmente, se instituyó el "Premio Junta Federal de Cortes", el cual tiene un tema diferente cada año (administración del poder judicial, ética). En esta misma línea, se adelanta una experiencia en derecho comparado internacional, organizando visitas de distintas delegaciones de jueces a otros países (Estados Unidos, España, Luxemburgo). A raíz de estas visitas, se creó el Código de Etica para jueces, funcionarios y magistrados, con una comisión que evacua consultas en esta materia.
Conjuntamente con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, se ha desarrollado un directorio en el cual figuran todos los jueces y otros funcionarios judiciales de la Argentina, de fuero nacional o provincial.
En 1997, se firmó un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, mediante el cual la Junta Federal de Cortes participa en uno de los nueve programas de reforma a la justicia Argentina. Así, se creó el Instituto para el Mejoramiento de la Justicia Provincial, dependiente de la Junta Federal, encargado de financiar programas de investigación y reforma en la justicia provincial en los próximos tres años.
Fundación Paz Ciudadana, Chile"La experiencia de Paz Ciudadana muestra la manera como un esfuerzo ciudadano con vocación técnica trabaja conjuntamente con los medios de comunicación, formando opinión pública y promoviendo reformas en el sistema de justicia chileno. Esta fundación es además un ejemplo de cómo se puede vencer el obstáculo de la desconfianza existente entre la rama judicial, el sector privado y la sociedad civil. La dimensión pedagógica de su trabajo es otra lección del trabajo de esta entidad" .
La Fundación Paz Ciudadana es una institución privada de la Sociedad Civil, dedicada a reducir la delincuencia en Chile y fomentar la paz social. Esta entidad nació del compromiso de un empresario destacado en Chile, dueño del principal medio de comunicación en el país, El Mercurio. La Fundación congrega un grupo de personas de muy diversas tendencias y contempla en su directorio, personas tanto del mundo empresarial como político. El público objetivo de Paz Ciudadana son los grupos dirigentes del país. Así, su trabajo de difusión va dirigido a los 100 ó 150 empresarios más grandes, a todas las autoridades políticas y a los centros de estudio chilenos.
Su enfoque consiste en trabajar en todos los aspectos necesarios para tratar de reducir la delincuencia, buscando el equilibrio entre la prevención del delito y los mecanismos de control, desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos, pero también de eficiencia de las instituciones. El éxito de la Fundación se debe, en primer lugar, a su solidez técnica. Su estrategia principal es acercarse a las autoridades con ánimo de colaboración para emprender cambios donde se detectan problemas, conformando equipos de trabajo mixto y minimizando los problemas de desconfianza que puedan surgir entre representantes de las instituciones públicas y de la Fundación.
Una segunda fuente de fortaleza para Paz Ciudadana es haber nacido bajo el alero de un medio de comunicación poderoso en Chile. Adicionalmente, la Fundación se ha dedicado a construir una relación muy cercana con otros medios de comunicación, enviándoles correspondencia, visitándolos para explicarles el proyecto de la Fundación y apoyando el trabajo de los periodistas sin buscar protagonismo, siempre resaltando la vocación técnica de la organización. Es así como la televisión, la radio, la prensa le consultan diariamente en diversas materias relacionadas con delincuencia y justicia. El resultado de este trabajo es que, a pesar de no ser una institución asistencial, Paz Ciudadana es probablemente la entidad cuyos proyectos y opiniones tienen mayor difusión en Chile. En cada tema de interés, se hace un esfuerzo de dirigir las ideas a sectores específicos de la sociedad utilizando los canales de comunicación que fundamentalmente leen los actores, buscando los interlocutores necesarios.
La Fundación es financiada completamente por la empresa privada chilena. Con el fin de mantener independencia, no tiene financiamiento internacional, ni gubernamental. Partiendo de una amplia base de empresas, se logran compromisos permanentes mediante cuotas periódicas ajustadas a las posibilidades de cada compañía. Como resultado, la Fundación recibe anualmente, dentro de límites especificados por su directorio, fondos libres que no están asignados a ningún proyecto. Mediante una exacta rendición de cuentas periódica a los aportantes, se les mantiene informados sobre la forma en que se está potenciando su donación. En la Fundación están presentes los 20 empresarios más grandes del país, algunos de los cuales solo asisten a dos o tres reuniones en el año, mientras que otros participan más activamente en las actividades de la organización.
Un área importante de trabajo es el manejo y la difusión de información. La base de datos estadística de la Fundación es una de las más grandes de Chile. Esta nació con la publicación de un anuario que contenía todas las estadísticas de delincuencia publicadas por los institutos oficiales. Como estaban desactualizadas o incompletas, los propios institutos ofrecieron información más completa y exacta y desde entonces, anualmente, la policía y el poder judicial le entregan su información a la Fundación. Esta ordena y depura los datos antes de publicarlos. Adicionalmente, Paz Ciudadana realiza encuestas de victimización y trabaja con los municipios haciendo mapas digitales de delincuencia y aplicando encuestas de optimización en las comunas para ayudarle a los alcaldes a detectar sus problemas. Así mismo, ofrece cursos de análisis de información para la Policía.
Entre los logros más importantes de la Fundación está el de haber liderado el cambio del sistema de justicia criminal. En ese proyecto han trabajado cerca de 100 profesionales de distinta índole.
Actualmente y por primera vez desde su creación, Paz Ciudadana adelanta un proyecto de educación de niños para la prevención del delito. "Don Graf" es el personaje infantil adaptado de los Estados Unidos encargado de "darle un mordisco a la delincuencia". Además de programas de capacitación para profesores, se está diseñando una revista de tiras cómicas y juegos infantiles. Este proyecto cuenta con el apoyo de los medios de comunicación que donan anualmente espacios importantes en televisión, prensa, revistas, radio y vía pública.
Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, Ecuador"En el caso de la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, se destaca el trabajo simultáneo en la definición del alcance y en la ambientación de las reformas a la justicia, sobre todo aprovechando la capacidad propositiva de la Sociedad Civil organizada para presentar esas reformas a las instituciones debidas, acompañarlas y llevarlas a buen éxito. De esta experiencia también se rescata un esquema de llamar a cuentas a la rama judicial por su gestión, acompañado de una veeduría ciudadana organizada. El tema de la reforma cultural de la sociedad frente a estos temas se vuelve prioritario en la medida en que eso permite ambientar todo lo demás. Adicionalmente, CLD hace énfasis en la necesidad de asegurar las sostenibilidad en el tiempo de estos esfuerzos, dándoles proyección en el mediano y largo plazo" .
La Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, CLD, es una organización de carácter privado sin fines de lucro, sin vinculación político partidista, creada con la misión de contribuir al fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho. CLD lleva aproximadamente 10 años trabajando en el tema de la reforma judicial en Ecuador y cooperando con otros países de América Latina. Su papel es apoyar al Estado en su función de líder y coordinador de todo el proceso de reforma judicial. La Corporación se ha dedicado a desarrollar propuestas basadas en un análisis propositivo, ofreciendo alternativas de solución, promoviendo su debate y haciendo lobby, tema en el cual se ha especializado. Trabaja mediante alianzas estratégicas con todos los sectores, concentrándose en la evaluación y el seguimiento de impacto.
A diferencia de otras ONG, esta entidad no está organizada por proyectos. Eso significa que prácticamente el 60% de lo que CLD hace durante el año, no está previamente planificado, ya que consiste en hacer seguimiento a todo lo que pase en Ecuador que afecta la misión institucional. Por ejemplo, durante la Asamblea Constitucional que se realizó entre noviembre de 1997 y abril de 1998, CLD dispuso dos asesores de tiempo completo en forma gratuita, ofreciendo asesoría en los temas de su competencia.
La reforma judicial en el Ecuador se inició en 1990 con una etapa de diagnóstico que culminó en 1996, periodo durante el cual también se desarrolló una estrategia de reforma, así como una estrategia de posicionamiento del tema en la comunidad. El papel de la sociedad civil organizada al comienzo del proceso fue impulsarlo, informar sobre el tema, catalizar la opinión pública, generar consensos, desarrollar propuestas y hacer lobby. CLD contribuyó de manera importante en la conceptualización de la reforma, organizando visitas de expertos extranjeros al Ecuador y de ecuatorianos al exterior para conocer otros sistemas judiciales. En la etapa inicial, se aclaró el significado de la independencia judicial, la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de los jueces, el papel de la Corte Suprema de Justicia dentro de la administración de justicia, entre otros.
La Corporación Latinoamericana para el Desarrollo ejerce la secretaría ejecutiva del grupo de trabajo interinstitucional que desarrolló la estrategia de reforma judicial y el plan de acción correspondiente. Igualmente, ha promovido la participación de otros sectores como los medios de comunicación, las cámaras de la producción, en general del sector privado y de los otros donantes nacionales que no estaban involucrados en la reforma.
Un avance importante del proceso en Ecuador es el incremento del interés público y la reforma cultural alrededor del tema de la justicia. En 1993, los medios de comunicación publicaron menos de 1.000 artículos en temas de justicia. Para el año 1995, en el mes de agosto había más de 8.000 artículos publicados. No solo se multiplicó por seis el espacio que los medios de comunicación le dedicaban al tema, sino que se logró una mejoría en la calidad de tratamiento del tema, pasando de ser una prensa amarillista a discutir los temas de fondo de la reforma. Así mismo, hace diez años en Ecuador hablar de la designación de jueces por concurso público, con participación de la sociedad, era imposible. Hoy en día, a nivel constitucional, la carrera judicial requiere concurso y participación de la comunidad.CLD considera que es básico asegurar que se desarrolle un equipo profesional dentro del sector justicia con la capacidad administrativa y técnica para asegurar la sostenibilidad del proceso una vez que se terminen los fondos internacionales. A la Corporación le preocupa el manejo actual del proceso de reforma que implica la existencia de una unidad externa a la función judicial, con técnicos contratados, pero con salarios que eventualmente se van a terminar cuando se terminen los fondos internacionales. En suma, CLD considera que no se ha consolidado el liderazgo dentro del Estado y que es prioritario trabajar más de cerca con la cúpula del sector justicia. Igualmente, hay preocupación por mejorar el conocimiento ciudadano del proceso.
Projusticia, Ecuador"Projusticia es una organización creada por el gobierno ecuatoriano para que promueva el diálogo y coordine el trabajo del ejecutivo, el Congreso, la sociedad civil y el sector justicia. Aunque tiene representación legal propia, Projusticia esta adscrita a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia" .
"El Estado en su concepción mayormente aceptada es la sociedad política y jurídicamente organizada, lo que significa que en su génesis y en su definición hay un compromiso de fondo respecto de la sociedad, porque el Estado es la sociedad y la sociedad está representada en el quehacer estatal, en las diversas funciones del Estado. Si hablamos del Congreso, es el ciudadano el que está ahí presente a través de la representación política, si hablamos de la función ejecutiva, es el ciudadano el que ha delegado su poder en la Presidencia de la República, pero respecto de la función judicial, los canales de participación no han estado del todo consolidados" .
En Ecuador, se ha dictado legislación que consolida la importancia de la Sociedad Civil. Así, la ley especial de descentralización del Estado y de participación social le permite tener personería jurídica a las asociaciones y federaciones barriales y a ciertas asociaciones comunitarias. De otro lado, consolida institucionalmente la asistencia hacia los pueblos indígenas y negros, reconociendo una planificación especializada para ese sector, a través de un consejo nacional de planificación de pueblos indígenas y negros. En cuanto a la consolidación de la participación social, el concepto de la mediación comunitaria se establece en la ley de arbitraje y mediación. Adicionalmente, a partir de 1996, se dice que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos, como mandato constitucional y dejando un lado todas aquellas actividades que definían las funciones primordiales del Estado.
En este contexto, el gobierno creó a Projusticia para coordinar todo el proceso de modernización del sector justicia. Esta entidad, adscrita a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, pero con representación legal propia, es la encargada de la ejecución de todos los proyectos con asistencia externa. El apoyo desde el punto de vista financiero proviene básicamente del Banco Mundial y está por consolidarse el del Banco Interamericano de Desarrollo. Projusticia tiene también convenios con Unicef para la legislación de menores.
El programa de derecho y justicia de Projusticia tiene un componente que se dedica a capacitar y ofrecer servicio legal a la mujer indigente y a sus hijos, incluyendo un servicio integral de Trabajo Social.
El Fondo de Derecho y de Justicia, otorgado por el Banco Mundial, fue creado para estimular la participación de la Sociedad Civil en la presentación de propuestas orientadas hacia facilitar el acceso a la justicia, difundir y capacitar en materia de derechos de las personas, proyectos de reforma orientados a mejorar el sector justicia. Projustica administra el Fondo y presta servicios de asesoría al ciudadano o entidad que desee plantear una propuesta pertinente. El Fondo llega hasta 100 mil dólares, dependiendo de la dimensión del proyecto. El financiamiento dura hasta 2 años con énfasis en que los proyectos que se financien, puedan autosolventarse cuando cese el financiamiento de Projusticia.
La Sociedad Civil y la Justicia en el Perú"La experiencia peruana pone de presente el poder de la participación ciudadana con una amplia descripción del trabajo de las ONG en diferentes frentes en un país con un altísimo componente indígena y una gran diversidad cultural. Estas organizaciones ciudadanas han logrado cambios de fondo y de forma en la administración de justicia" .
La participación de las instituciones privadas, llámense ONG o asociaciones civiles sin fines de lucro, ha sido muy importante para el desarrollo de la administración de justicia en el Perú. Entre los grupos de instituciones privadas, los colegios de abogados juegan un papel importante en la canalización de la opinión pública.
Las asociaciones sin fines de lucro se pueden dividir en ejes temáticos. Entre las que tienen que ver con derechos humanos y con administración de justicia en general, se destaca la Comisión Episcopal de Acción Social, que depende de la Iglesia Católica, la Comisión Andina de Juristas, el Instituto de Defensa Legal, la Asociación pro Derechos Humanos y Fedepaz. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos aglutina todas las entidades anteriores. Estas organizaciones ofrecen servicios diversos, incluyendo el análisis de política gubernamental en temas de administración de justicia, la asesoría jurídica a personas involucradas en procesos judiciales, la capacitación a Magistrados y a la sociedad civil, entre otros.
Actualmente, muchas personas que trabajaron en ONG de Derechos Humanos, trabajan en la Defensoría del Pueblo. Este hecho muestra un paso muy interesante de personas que han trabajado intensamente desde la sociedad civil, a ocupar cargos públicos.
En el tema de mujer, organizaciones como Demus, Flora Tristan y Manuela Ramos, entre otras, impulsaron la creación de las comisarías de defensa de la mujer en el año 89. Desde entonces, incluso la policía nacional ha creado más comisarías de la mujer. A nivel gubernamental se recogió el tema de violencia doméstica propuesto desde las ONG hasta lograr una ley de violencia familiar que ya esta reglamentada.
En lo que se refiere a niños adolescentes, instituciones como Rada Barner, Centro de Estudios de acción para la paz, impulsaron desde la Sociedad Civil la creación de defensorías en todos los municipios distritales y provinciales del país, con el fin de proteger niños maltratados o niños desamparados. Actualmente, la organización Rada Barner coordina todas estas demunas en donde participan estudiantes de Derecho de los últimos ciclos o participa la propia municipalidad, a veces con personal rentado, a veces con personal que da su apoyo gratuitamente con un gran impacto.
En el tema de indígenas, se encuentran el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAP- que trabaja en la zona de selva, el Centro Peruano de Estudios Sociales, que trabaja en las zonas de Costa y Sierra, el CIPA, Centro de Investigación y Promoción Amazónica. Estas organizaciones han contribuido en lo que se refiere a la discusión del derecho consuetudinario, en la propuesta de modificación del Código Civil actual, en dilucidar cómo se debe concebir a las comunidades campesinas y a las comunidades nativas. Igualmente, han participado en la capacitación a pobladores y a magistrados en el tratamiento distinto que reciben personas que pertenecen a grupos culturales diversos en cuanto a las sanciones previstas en los códigos.
En el tema de conciliación y arbitraje, instituciones como APENAC, IPRECOM y la Cámara de Comercio impulsaron la creación de la ley de conciliación recientemente aprobada y reglamentada. En lo que se refiere a otro tipo de instituciones, el Instituto Apoyo tiene interesantes investigaciones relacionadas con el tema económico, los costos de la administración de justicia y costos de los procesos penales.
El poder judicial peruano hoy en día tiene el 50% más del presupuesto que anteriormente y ha contratado varias consultorías con la Sociedad Civil. Aunque las organizaciones no gubernamentales han sufrido cada vez más recortes en sus presupuestos, se están generando nuevas formas de trabajo al interior de las instituciones públicas con personas con perfiles de investigación o de preocuparse por una obtención de solución de conflictos, realmente equitativa y justa.
Fundación Institucionalidad y Justicia, República Dominicana"La Fundación Institucionalidad y Justicia -Finjus- esta orientada a la consolidación de un estado de derecho y un clima de seguridad jurídica para los inversionistas. Se resalta el trabajo de convencer a los dominicanos de que los grupos de presión son legales y son legítimos y que es una manera de transformar el sistema. Una experiencia importante es cómo aprovecharon la reforma constitucional que transformó el modo de selección de los jueces y lo hicieron desde arriba, con empresarios, con asociaciones de abogados, logrando apuntalar un proceso transparente de selección de los jueces" .
"La justicia ésta en el centro de la agenda pública como un eje indispensable del desarrollo y de la democratización de nuestras sociedades. El diseño y adopción de estrategias efectivas en el proceso de reforma institucional y funcional de la justicia ha dependido en mucho de la participación de la sociedad civil que, sin lugar a dudas, ha sido un elemento clave para avanzar la agenda relativa a la reforma judicial" .
La mayoría de los estudios sobre el sector justicia en la República Dominicana coincidían en señalar la falta de eficiencia, de seguridad, de accesibilidad y de independencia como las carencias más notables que tradicionalmente le han afectado y funcionalmente . En el pasado reciente la administración de justicia en la República Dominicana acusó un progresivo deterioro, al extremo de que la caracterización del órgano encargado de dicha función como la cenicienta de los poderes públicos adquiriese un dramático realismo.
Si bien el papel de los políticos es esencial para el éxito de la reforma, es evidente que los partidos no deben adueñarse del proceso de reforma, pues es necesaria la participación de todos los sectores a quienes concierne la justicia. De ahí que la conceptualización de la reforma judicial como un asunto "interno" de la justicia o un asunto que sólo concierne a los políticos conduce necesariamente al fracaso en las reformas pues pasa por alto a los sectores sociales usuarios y destinatarios de la justicia.
Es vital entonces convocar la participación activa de los actores sociales en el proceso de reforma judicial. Es preciso motivar que el ciudadano común, pasivo y desorganizado, "descubra" el tema judicial y no se limite meramente a soportar impotentemente los males de la justicia. Los esfuerzos deben estar dirigidos a convertir los ciudadanos de víctimas en agentes decisivos del cambio. Esos esfuerzos encuentran múltiples dificultades debido a que el malestar de la ciudadanía con respecto a la justicia no se traduce en una demanda política, en una demanda del electorado, estando el ciudadano a merced del sistema de judicial, sin poder influir para modificarlo. Todo se complica por la incomprensibilidad del proceso judicial y por su carácter individual. El caso particular, a menos que se convierta en un escándalo, no concita la atención de la prensa ni la movilización popular, por lo que las víctimas no lograrán convertirse en actores protagónicos que demanden la reforma del sistema judicial. La ausencia ciudadana es causa directa del mantenimiento del status quo judicial y sólo es posible combatirla mediante un esfuerzo de adecuación ciudadana que produzca un conocimiento masivo de los derechos y deberes de los individuos frente a la justicia.
En 1990, un grupo de juristas y empresarios preocupados por la falta de institucionalidad estatal, los elevados niveles de dependencia, corrupción, ineficiencia, inaccesibilidad e inseguridad que evidenciaba el Poder Judicial, decidieron formar una organización destinada a impulsar cambios institucionales en el país, en especial en la administración de justicia. La Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS), fue creada como una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, apartidista, cuya misión básica es fomentar y propiciar actividades intelectuales en el campo de las ciencias jurídicas y realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr la independencia y eficiencia del poder judicial en la República Dominicana, promover las reformas legislativas e institucionales apropiadas para la consolidación del Estado de Derecho y asegurar un adecuado nivel de seguridad jurídica y certidumbre institucional que fuese propicio para la inversión y los negocios. A partir del momento en que comenzó la lucha por la reforma judicial, Finjus aclaró que era un grupo de presión, representando los intereses de gente que quería una reforma judicial y un poder judicial independiente.
Finjus tiene aproximadamente 108 miembros en un país de 7 millones de habitantes. Con el fin de incluir al mayor número de personas, se establecieron cuotas anuales diferenciales según la categoría del miembro (corporativa o individual), desde 50 dólares hasta 800 dólares. Los miembros reciben servicios que incluyen descuentos en las publicaciones y en la inscripción a seminarios. Los fondos aportados por los miembros van directamente a las actividades operativas de la institución. Adicionalmente, se esta consolidando un fondo patrimonial para sostener la institución a largo plazo. En general, Finjus recibe poco financiamiento internacional, aunque ha recibido apoyo para proyectos específicos.
Desde su formación, la FINJUS, ha coordinado esfuerzos con los actores del sistema, el sector privado, las academias y asociaciones profesionales de juristas, dirigidos a sistematizar y adoptar una estrategia para el mejoramiento de la administración de justicia. La Fundación fue escogida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para desarrollar el Programa de Estrategias para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, dado el hecho de que, según los técnicos del BID, la Suprema Corte de Justicia en aquel entonces no resultaba ser una interlocutora válida para impulsar la reforma judicial.
El conjunto de reformas y modificaciones sustantivas y adjetivas aprobadas bajo la impronta de la sociedad civil en esta última década comprenden los siguientes aspectos: el establecimiento del autogobierno judicial, la autonomía presupuestaria y administrativa del Poder Judicial, la inamovilidad judicial, la creación de un Consejo Nacional de la Magistratura, la creación de la jurisdicción contencioso tributaria, la jurisdicción de menores, la modernización de las jurisdicciones laborales, la tipificación y sanción de la violencia de género e intrafamiliar y una serie de disposiciones tendientes a explicar la aplicación de los Tratados y Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos.
Un ejemplo ilustrativo del impacto de la participación ciudadana en el proceso de reforma judicial en la República Dominicana fue la campaña de concientización emprendida por una coalición de organizaciones no gubernamentales compuestas por la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarias, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana y la Asociación Dominicana de Abogados Empresariales. Durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del año 1997, las mencionadas organizaciones condujeron una campaña publicitaria y de medios respecto a las necesidades de hacer más transparente el proceso de designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y que la ciudadanía participase promoviendo los candidatos a jueces de su preferencia. Esta coalición inició una campaña pública, con los siguientes mensajes:
· La justicia es un tema que interesa a todos, por lo tanto no te quedes afuera.
· Los políticos no pueden ser jueces, porque llevamos 150 años de jueces políticos y esto es lo que ha producido una justicia ineficiente, corrupta, etc.Finjus sostiene que si bien la justicia es un asunto político y que la selección de un Tribunal Supremo en cualquier país del mundo es un asunto político, los criterios que deben primar son los criterios de la ideología del Juez, de su trayectoria y de su opinión sobre la reforma de la justicia. La coalición logró el establecimiento de criterios de selección de los jueces y la divulgación del perfil del Juez. La Gaceta Judicial hizo una precalificación de algunos de los candidatos con base en esos perfiles y en la información que venía del Curriculum y resumen biográfico de los candidatos. 250 organizaciones sometieron candidatos, a tal extremo que había 800 candidatos a la Suprema Corte de Justicia.
Por iniciativa de Finjus, se celebraron dos programas de televisión de tres horas cada uno, donde participaron los candidatos a jueces más nominados por la sociedad civil y donde el público televidente participó masivamente en sondeos sobre la problemática judicial. Como resultado, el público comenzó a descartar y a precalificar los candidatos. El efecto de la campaña fue notorio: el tema de designación de los jueces pasó a ocupar un primer plano en los medios de comunicación y el Consejo Nacional de la Magistratura fue sensibilizado acerca de la necesidad de designar una Corte apartidista mediante un proceso transparente.
El Consejo se vio obligado a retirar de la lista de candidatos a las personas mas objetadas y a privilegiar en la designación aquellos candidatos preferidos por su capacidad, apartadismo, honestidad y vocación de servicio. Por vez primera en la historia dominicana, la ciudadanía participaba, aunque de modo informal, en la designación de los jueces.Al poco tiempo, el Consejo de la Magistratura realizó audiencias televisadas y la votación para seleccionar los jueces fue pública. La mayoría de los jueces fueron seleccionados en un proceso transparente y por votación unánime. Como resultado, la Suprema Corte de Justicia llenó las expectativas, se convirtió en la interlocutora válida de la sociedad e inmediatamente asumió el reto de impulsar la reforma judicial.
Es importante indicar el creciente apoyo en la comunidad empresarial dominicana al proceso de reforma judicial. Este apoyo nace no sólo del convencimiento firme de que la seguridad jurídica propiciada por la reforma judicial es una garantía de reglas de juego claras para las inversiones y negocios presentes y futuros, sino además porque el sistema judicial ha llegado al punto máximo de crisis, evidente en los altos costos impuestos en los tribunales por los retrasos y la acumulación de expedientes. Cada día resulta más costoso para las empresas locales acceder a la justicia, lo cual se evidencia en una reducción de la demanda de los servicios jurídicos y el empleo de modos informales o extrajudiciales de solución de conflictos.
Tras su designación, la nueva Suprema Corte de Justicia se ha avocado a un proceso de evaluación y sustitución paulatina y provisional de los demás jueces del país. En evaluaciones orales y públicas de los aspirantes, ha recibido críticas minoritarias que demuestran hasta qué punto la cultura jurídica de un país puede convertirse en un obstáculo a la reforma judicial. En la opinión de Finjus, esta es una crítica infundada pues las evaluaciones que realiza la Suprema Corte marcan un hito no solo a nivel de la República Dominicana sino también de Latinoamérica, por una razón muy sencilla: es la primera vez que de modo público y transparente se evalúa a los candidatos a puestos en la judicatura permitiéndose así que la ciudadanía por sus propios ojos, oídos pueda conocer los candidatos, lo que piensan y el nivel de sus conocimientos, o por lo menos, la manera en que articulan y expresan oralmente dicho conocimiento.
Independientemente de que el liderazgo de la reforma judicial corresponde formalmente a la Suprema Corte de Justicia, la contribución que ha prestado y debe seguir prestando la sociedad civil no es nada despreciable. Finjus considera que su responsabilidad:
"... mantenernos vigilantes, consolidar y profundizar la reforma judicial de modo que aquellos sectores minoritarios que conspiran permanentemente contra los avances institucionales y operativos del Poder Judicial no encuentre la oportunidad para revertirlos, sin colocar en riesgo un alto costo político. A sabiendas de los sobresaltos a que nos tienen acostumbrados los enemigos de la reforma judicial, no podemos permitir que inamovilidad judicial sea negociada, ya que la misma es una premisa fundamental de la independencia de los jueces y una garantía de imparcialidad para los ciudadanos. En la sociedad civil asumimos los retos que implica la participación, ya que nadie duda que la democracia siempre ha tenido y tendrá sus enemigos, pero mientras la vocación ciudadana de defender, ampliar y profundizar los derechos y libertades conquistadas se mantenga, no habrá oportunidades para el pasado, el poder futuro pertenece a la imaginación y a la creatividad de las comunidades organizadas" .
Alianza Social por la Justicia, Venezuela
"La experiencia de la Alianza Social por la Justicia subraya el progreso obtenido en el despertar de la Sociedad Civil en Venezuela y la consolidación de un espacio de coordinación, una alianza temática en relación con la reforma del sector justicia, donde la Sociedad Civil tiene un importante nivel de interlocución con el sector justicia. Se hace énfasis en el problema de confianza entre las partes y en el hecho que se invita a la participación de la Sociedad Civil en el asunto público, pero no se va más allá en describir los mecanismos para hacerlo. También menciona la fragilidad de los procesos de formulación de políticas públicas en temas de justicia y que tiende a sesgarse el proceso con un liderazgo demasiado personal y muy poco institucional. Entre las lecciones aprendidas, se menciona el mejor entendimiento de la justicia, la necesidad de que las iniciativas en reforma tengan un importante componente cultural, la necesidad de trabajar la dimensión educativa, la importancia en las estrategias de comunicación y la más importante según Adriana Lander, que la Sociedad Civil no puede ser el postre de las reformas políticas" .
En Venezuela no solamente se ha abordado el tema de la reforma del sector justicia desde el punto de vista del acceso a la justicia y de la eficiencia con que debe cumplir la función judicial el Estado. Se habla también de la necesaria independencia del poder judicial con respecto a los demás poderes del Estado y también en relación con la estabilidad y la autonomía de los jueces. El proceso de reforma del sector justicia que esta en marcha en Venezuela, involucra una serie de reformas institucionales en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. Así mismo, contempla reformas organizacionales y procesos de formación de los operadores del sector justicia, específicamente en los tribunales penales con ocasión de la implantación del código orgánico procesal penal, recientemente aprobado en Venezuela.La participación social es necesaria en diferentes ámbitos de la vida pública como en la política, la participación vecinal y local, pero no se da por decreto Desde el punto de vista de los pactos y convenios internacionales, el derecho de participar es el derecho de todo individuo a influir en la toma de decisiones de los asuntos públicos del Estado. Académicamente esta noción de participación ha sido identificada como la actividad de los individuos a influir en la distribución de los bienes públicos. Al relacionar participación y justicia, una cosa es participar en la producción de la justicia y otra diferente es participar en la distribución del bien público justicia. Los nuevos espacios creados por la reforma judicial en Venezuela permiten que la gente participe en la producción de la justicia mediante los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la justicia de paz y el arbitraje comercial , así como reforma de la justicia penal .
Diferentes organizaciones venezolanas venían trabajando en torno a la reforma del sector justicia. Sin embargo, en 1996, una de las organizaciones más importantes de derechos humanos en Venezuela, PROVEA, produjo un informe en relación con el proyecto de apoyo de infraestructura del poder judicial, financiado por el Banco Mundial y ejecutado por el Consejo de la Judicatura. Este informe señalaba que ni el Banco, ni las autoridades judiciales en Venezuela tomaban en cuenta las opiniones que sobre el diseño del proyecto se venían realizando desde diferentes organizaciones de la Sociedad Civil.
Producto de este informe, se realizó un encuentro entre el Consejo de la Judicatura y un grupo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de reforma del sistema de justicia para discutir los alcances y el impacto del Proyecto de Infraestructura de Apoyo al Poder Judicial. Como conclusión del evento, las ONGs suscribieron el documento "Participación para Democratizar la Justicia". En éste, señalaban: "Expresamos nuestra disposición a colaborar en la consecución del éxito del Proyecto de Reforma Judicial... Expresamos nuestra disposición a contribuir a divulgar los alcances del Proyecto en los sectores en los cuales trabajamos, y a promover procesos de consultas para acercar el proyecto a la población... Expresamos nuestro interés en ejercer control social y seguimiento sobre el desarrollo del proyecto... Manifestamos nuestra voluntad de aportar a la construcción de una alianza de representantes judiciales y de la sociedad civil...".
Posteriormente estas mismas organizaciones se reunieron para elaborar unos criterios y principios orientadores de la reforma del sector justicia. Producto de esas reuniones, se tiene el documento Así queremos la reforma judicial. Así, se logró darle contenido a la necesidad urgente de contar con una justicia: participativa, única, autónoma, independiente, respetuosa, continua, idónea, equitativa, responsable, transparente, pronta, accesible, confiable e imparcial a través de un proceso de reforma integral del sistema de administración de justicia.Como resultado, se constituyó la "Alianza Social por la Justicia". En un acto sin precedentes, más de 45 organizaciones sociales, empresariales, académicas y corporativas se reunieron el 4 de septiembre de 1997 con el Presidente de la República para presentarle los objetivos y las estrategias que crearían las condiciones de parte de la sociedad civil para facilitar el proceso de reforma de este sector. En este evento, el Presidente de la República se comprometió públicamente a apoyar el proceso de reforma y reconoció que después de muchos intentos, la vía para garantizar la transformación del sistema de justicia era una decidida participación de la sociedad civil. Posteriormente, el 17 de septiembre de 1997, la Alianza Social por la Justicia sostuvo una reunión con la Directiva de la Corte Suprema de Justicia en la cual su Presidenta, reconoció la importancia de la organización y de la presión de la sociedad civil en la reforma judicial.
La Alianza está capitalizando la necesidad de una reforma integral del sistema de justicia y el hecho que una reforma de esa magnitud sólo es posible en la medida en que exista presión social organizada. Si bien es cierto que cada una de las organizaciones miembros ha desarrollado actividades destinadas a la formación y capacitación de funcionarios policiales y del sistema penitenciario, así como actividades de difusión de la reforma judicial e investigaciones y publicaciones al respecto, la fortaleza de la Alianza radica en la articulación de un grupo de entidades que venían trabajando en torno a la reforma del sistema de justicia, de manera coordinada, en un frente común.
La Alianza Social por la Justicia se ha planteado constituirse en un espacio para articular la unión de la mayor cantidad de grupos y organizaciones en torno a la necesidad de la reforma judicial, el control social y la transformación de las instituciones de justicia en Venezuela, con los siguientes objetivos: i) apoyar y vigilar la continuidad, la transparencia y el buen desarrollo de los procesos parciales de reforma, tanto institucionales como legislativos y, ii) la elaboración de un proyecto de reforma del Título Séptimo de la Constitución de la República de Venezuela referente al Poder Judicial y el Ministerio Público.
Como productos concretos, podemos mencionar los siguientes: i) coordinación de espacios de participación ciudadana en el Consejo de la Judicatura y en la Corte Suprema de Justicia, específicamente, en los proyectos de modernización de cada una de estas instituciones; ii) elaboración de un programa mínimo para la reforma del sistema de justicia, el cual viene siendo discutido en talleres de trabajo con diferentes sectores públicos y privados de la sociedad, con el objeto de ser presentado a los futuros gobernantes del país, el cual ya fue acogido como la propuesta de reforma judicial en la Agenda Nacional de Derechos Humanos; iii) elaboración de un proyecto de reforma constitucional relativa al Título del Poder Judicial y del Ministerio Público; iv) participación activa en la Comisión de Implantación del Código Orgánico Procesal Penal, a la que se presentó un diseño organizacional de la Oficina Nacional de Participación Ciudadana prevista en el referido Código, cuyos objetivos fundamentales son sensibilizar a la y formar los ciudadanos para su participación en el proceso penal como jurados y escabinos; y, v) talleres y reuniones con universidades agencias publicitarias, anunciantes y medios de comunicación social, tanto públicos como privados, a fin de desarrollar una campaña institucional sobre la reforma judicial y la participación ciudadana.
Las debilidades de esta alianza están relacionadas fundamentalmente con el aspecto de la organización del movimiento, con la necesidad de contar con una infraestructura permanente desde la que se centralice y coordinen las actividades y la falta de financiamiento o el financiamiento condicionado para este tipo de actividades, así como el apoyo puntual y temporal que brindan las organizaciones vinculadas al sector productivo, el cual se basa en evaluaciones de costo- beneficio tangibles e inmediatos, que en algunos casos es difícil de demostrar.
En cuanto a las fortalezas de la Alianza Social por la Justicia, es importante señalar que se trata de una coordinación de organizaciones, no de una organización más. El equipo de trabajo está constituido por personas provenientes de las organizaciones no gubernamentales, mientras que las organizaciones vinculadas al sector productivo han prestado su apoyo moral y en algunos casos económico.
Entre los obstáculos, cabe anotar en primer lugar, la ausencia de una cultura de confianza entre las instituciones del Estado y la sociedad civil. Esta situación se evidencia especialmente en relación con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos: frente al activismo y la denuncia de estas organizaciones, a través de informes en los que ha quedado reflejada la situación de los derechos humanos en Venezuela, la crisis del Poder Judicial y el destino del proceso de reforma judicial, ciertos sectores del Estado han mostrado una actitud de intolerancia . Sin embargo, cabe destacar que las personas que han asumido los espacios de coordinación con la sociedad civil desde los proyectos de modernización del Consejo de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia, son reconocidos líderes del movimiento de derechos humanos en Venezuela, lo que demuestra cierta apertura desde el Estado y específicamente del Poder Judicial para trabajar conjuntamente con estos grupos y organizaciones. Además, hay que recordar que el mismo Presidente de la República a través del Ministro de Estado para las Relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, convoca a estas organizaciones no gubernamentales para escuchar sus opiniones al respecto.
En segundo lugar, se hace referencia a la participación ciudadana, sin idear las condiciones o mecanismos que la garanticen. Una justicia participativa pasa por el acceso a la información, a la incidencia en la toma de decisiones y su seguimiento político. Sin embargo, obtener información sobre el rendimiento del sector justicia en Venezuela es una tarea compleja debido a que, al igual que sucede con el resto de la Administración Pública, en este sector se aprecia una carencia de datos. No existe un departamento de estadísticas que centralice la información todas las instituciones del sector justicia, por lo que la misma se encuentra dispersa, incompleta y contradictoria de un departamento a otro. Adicionalmente, no hay tecnología moderna para la recolección y el procesamiento de información, procesos que se hacen manualmente. Como consecuencia, se resta importancia a la calidad de la información, lo cual está a su vez relacionado con la tradición de no rendición de cuentas del sector justicia frente a la sociedad. No obstante, los proyectos de modernización que presentan actualmente cada una de las instituciones del sector justicia, pretenden solucionar y mejorar estos aspectos.
En tercer lugar, no hay procesos de formulación de políticas públicas sobre el sector justicia. No hay duda respecto del liderazgo jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, como máxima representación del sistema judicial. Sin embargo, ha existido una dualidad en cuanto a la conducción del Poder Judicial, que se ha traducido a su vez, en la ausencia de gobierno del Poder Judicial. Al respecto, insistimos en la necesidad de la voluntad política de los representantes de estas instituciones por realizar un esfuerzo conjunto en función de un programa y un plan conjunto acerca de la visión y de la misión que debe cumplir este sector en nuestro país.
Un cuarto obstáculo que enfrenta el trabajo de la Alianza Social por la Justicia es la prevalencia de los liderazgos personales y no institucionales. Así, las negociaciones dependen de individuos y no de instituciones. En cuanto a la cultura institucional venezolana, hay que señalar la interferencia de vínculos personales en las relaciones institucionales, lo cual se ve reforzado con la inexistencia de reglas claras de juego que orienten las decisiones de los dirigentes de este sector, mediante criterios previamente establecidos, que limiten los márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad en que pudiesen incurrir. Así, por ejemplo, las alianzas del Consejo de la Judicatura con las organizaciones no gubernamentales para la implantación del Código Orgánico Procesal Penal y para la coordinación de espacios de participación con la sociedad civil en el proyecto de modernización de esta institución, fueron posibles debido a los criterios de acción de la actual Presidenta del Consejo de la Judicatura y no de unas políticas de acción previamente definidas por esta institución.
Desde la "Alianza Social por la Justicia" se han dibujado ciertos criterios orientadores respecto a la participación de las organizaciones no gubernamentales en la reforma del Poder Judicial, que a continuación se describen brevemente:· Cooperación activa y crítica. Lo cual implica estar presente en las distintas instancias o escenarios en los que se esté discutiendo y decidiendo sobre el diseño e implantación de los proyectos de reforma del sistema de justicia.
· Participación eficiente. Esto es, como agentes de cooperación con el Estado, siempre y cuando no se trate de actividades que sean de estricta responsabilidad del mismo.
· Participación coherente. En cuanto a que las distintas propuestas que se promuevan sean partes articuladas de una visión integral de la reforma.
· Participación valorativa. Si bien los principios que orientan la reforma deben considerarse inmodificables, debe haber una actitud flexible en cuanto al diseño de las propuestas.
· Participación política. Si bien las propuestas promovidas deben tener racionalidad técnica o académica, deben reflejar además, su impacto y viabilidad política.En cuanto a las lecciones aprendidas por este grupo, se destacan las siguientes:
1. Por el desprestigio del sistema de partidos políticos como instancia de intermediación entre la sociedad civil y el Estado, se tiende a identificar lo político con lo cuestionable, con lo partidista, con lo clientelar, con lo populista, al extremo de que se ha llegado a criticar que en la conducción del sistema judicial intervenga el elemento político. Más allá de estas críticas, se ha comprendido la necesidad de entender a la justicia como una de las funciones políticas del Estado.
2. Cualquier intento de reformar el sistema de justicia debe partir de una constatación de índole cultural. La aceptación de esta premisa va mucho más allá de "tolerar" la diversidad y comprende la aceptación del otro o de los otros con el propósito de detectar aquellos puntos comunes a partir de los cuales se pueda dar inicio a la construcción de instituciones con valores compartidos por todos como sociedad. Esta afirmación cobra mayor relevancia al constatar la falta de motivación de la sociedad en general acerca del tema justicia. En efecto, la población en general no considera la reforma del poder judicial como un elemento relevante en el contexto de su vida cotidiana. En tal sentido, a pesar de que el tema de la reforma judicial ha ido adquiriendo importantes espacios en los medios de comunicación, pareciera que no existe aún una visión compartida sobre cual es el significado y el impacto que podría tener dicha reforma. Al revisar las encuestas realizadas tanto a la población en general, como a grupos organizados, se evidencia un consenso acerca del mal funcionamiento del sistema de administración de justicia. Sin embargo, ninguna de estas manifestaciones ha expresado, de manera clara, una visión consciente del verdadero papel que debe jugar un sistema de justicia en una sociedad democrática.
3. Uno de los principales desafíos que enfrenta Venezuela es la formación integral de los ciudadanos. Al respecto, ciertas investigaciones indican que la falta de información es el principal obstáculo para que las personas utilicen y controlen las actuaciones del sector justicia, específicamente, para aquellos estratos de la población que se encuentran en mayor desventaja social. Por ello, urge la focalización de recursos financieros en el desarrollo de procesos informativos de alto impacto, dirigidos a la población. Así mismo, se hace necesario el desarrollo de programas que incorporen la educación en valores y el conocimiento sobre destrezas específicas para manejar y solucionar conflictos, a través de la negociación, la mediación y la conciliación, sobrepasando así la formación estrictamente formal y académica, con el fin de prevenir la violencia y promover la participación ciudadana y la formación de instituciones como objetivos de un sistema integral de educación para la justicia y la paz.
La participación ciudadana debe ser vista como un aspecto transversal en el tema de la reforma del sector justicia y la participación ciudadana definitivamente no puede ser el postre político de la reforma del sector justicia. La Asociación Civil Primero Justicia considera que necesariamente la sociedad civil debe ser la otra cara de la moneda del sector justicia y constituirse en el contrapeso de la función judicial del Estado.Corporación Excelencia en la Justicia, Colombia
Colombia en la década de los años 90, incluso desde fines de la década de los 80, ha comenzado un proceso de transformaciones estructurales, tanto en su economía como en la sociedad. Parte de esas transformaciones se reflejan en la reforma constitucional de 1991; pero igualmente se reflejan en una serie de reformas económicas. Tal vez la más destacable es el intento de buscar una internacionalización de la economía colombiana, una creciente integración de Colombia a la economía mundial, particularmente buscando estrechar nuestros vínculos con el Pacto Andino, con México, con los Estados Unidos, con Mercosur, y otras economías en un agresivo proceso de integración que naturalmente plantea una serie de retos de estandarización del sistema jurídico y de fortalecimiento de las reglas de juego que tiene Colombia, para canalizar recursos y tecnologías que le permitan participar de este nuevo ambiente competitivo internacional.En ese contexto, así como de insatisfactorios resultados en la operación de la justicia, un grupo pequeño de entidades del sector privado incluyendo la Fundación Corona, la Fundación Social, la Casa Editorial El Tiempo, La Fundación Suramericana y la Cámara de Comercio de Bogotá, se dedicó a recorrer el país para crear la conciencia sobre la importancia de tener una organización de la Sociedad Civil en el tema de justicia. Eran conscientes de la percepción negativa que despertaba la justicia colombiana como mecanismo de solución de conflictos , conscientes del deber que tiene la sociedad civil de acompañar los procesos de transformación del Estado y las reformas económicas y tenían pleno convencimiento que la justicia no es un problema de los jueces ni de los fiscales, sino que es un problema de todos los colombianos. El amplio apoyo ciudadano a esta iniciativa se refleja en los 85 fundadores de la Corporación Excelencia en la Justicia, entre los cuales se encuentran universidades, centros de investigación, empresarios y fundaciones del sector privado, grupos de profesionales, abogados y economistas interesados en colaborar con esta iniciativa, gremios de la producción y medios de comunicación, no solamente de Bogotá, sino de otras ciudades del país. La CEJ tiene en este momento un año y medio efectivo de funcionamiento.
La misión de la Corporación es promover la excelencia en la justicia, mediante acciones sistemáticas que mejoren su cobertura, su eficiencia y eficacia para lograr mejores resultados en la administración del servicio y comprometer a los ciudadanos con el tema de la justicia en Colombia. La CEJ tiene como filosofía, más que ejecutar, facilitar y promover procesos a partir de diagnósticos. Con un grupo pequeño de profesionales, la Corporación se apoya en aliados estratégicos que tienen ventajas comparativas en trabajar ciertos temas y que tienen la posibilidad de ser ejecutoras. Así mismo, cada proyecto debe tener su propia financiación.
La Corporación recibió un capital semilla de sus 85 fundadores, cuya capitalización ha permitido tener un equipo de cuatro profesionales de tiempo completo: una abogada, un economista, una ingeniero de sistemas y una periodista. En ese contexto de una estructura administrativa delgada, se están racionalizando sus recursos para permitirle funcionar los primeros años. Al mismo tiempo, para proyectar su acción hacia el futuro, la CEJ está consiguiendo el apoyo adicional de organizaciones internacionales y de empresas del sector privado. No se acude al sector público a pedir donaciones, sino que la Corporación entra a competir con propuestas como consultora.
La Corporación tiene en este momento cinco áreas de trabajo en proyectos concretos de acción para mejorar la Administración de Justicia y fortalecer las soluciones alternativas. En materia de formación de opinión, hay una serie de publicaciones mensuales y trimestrales, las cuales son resultados de foros con expertos sobre temas de sensibilidad nacional, analizados en estudios e investigaciones.
En materia de educación en justicia, la Corporación participa estrechamente en proyectos como el de educación a la comunidad con los jueces de Itagüí, Antioquia. Allí, los jueces de la República se vinculan como educadores para que los ciudadanos aprendan a utilizar el sistema de justicia en su entorno. Actualmente se esta comenzando un proyecto de educación cívica para menores, con énfasis en formación de valores en justicia.
En sistemas alternativos de solución de conflictos, se tiene una alianza con varias universidades para fortalecer la conciliación en los consultorios jurídicos universitarios , apoyando el desarrollo profesional y personal de los recursos humanos, promoviendo el mejoramiento de la gerencia de esos centros de conciliación y la calidad del servicio. En el área de familia se ha realizado un trabajo conjunto con comisarios, defensores y jueces, para fortalecer la conciliación bajo un enfoque sistémico, considerando que la problemática de la violencia intrafamiliar en Colombia es un tema que requiere especial atención de todo es Estado y la sociedad civil.
En el área de apoyo legislativo, la Corporación cuenta desde hace más de un año, con un comité de abogados que hace seguimiento a proyectos de ley relacionados con la justicia. Actualmente, el comité de apoyo a legislativo esta estudiando el proyecto de ley de jueces de paz, con el fin de presentar propuestas alternativas al Congreso.
En el área de gestión y modernización la CEJ impulsa el conocimiento y fortalecimiento de proyectos piloto. A raíz de una solicitud de la CEJ, el Banco Mundial apoyó la evaluación de los resultados del proceso de modernización de los juzgados de Itagüí, después de sus primeros nueve años de trabajo. El resultado es un documento público que muestra resultados muy satisfactorios y replicables de ese esfuerzo piloto de modernización de juzgados.
Finalmente, en el tema de la congestión judicial la CEJ impulsa proyectos focalizados. Actualmente se está trabajando con un grupo de jueces de Bogotá, Medellín e Itagüi, para determinar donde están los principales problemas que explican el atraso en los juicios ejecutivos. Con el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura que se ha vinculado a esta iniciativa, se presentarán propuestas al país y eventualmente proyectos de ley y de desjudicialización de este proceso para definitivamente encontrar soluciones al problema más grave de congestión de la jurisdicción civil en Colombia.
En cuanto a la dimensión regional de la Corporación, la CEJ tiene un primer Capítulo fundado en la ciudad de Ibagué. Su estructura es muy similar a la del capítulo nacional, contando con el apoyo permanente de los directivos de Coruniversitaria, del diario El Nuevo Día, la Cámara de Comercio de Ibagué, un grupo de empresarios del sector agropecuario y del sector industrial. El capítulo regional ha promovido la creación de un centro de conciliación, de un consultorio jurídico popular y de una casa de justicia en alianza con entidades públicas y privadas. En el tema de gestión y modernización de justicia, se está promoviendo en Ibagué la adopción de programas similares a los de Itagüi. En este caso, la Corporación actúa como facilitadora, estimulando la transferencia de tecnologías y conocimientos de gestión judicial de otras ciudades. Se divulgan permanentemente temas de justicia y en el área de educación se está impulsando la organización de la carrera para formación de tecnólogos judiciales. Próximamente, se crearán los Capítulos de Medellín, Santa Marta y Neiva.
El proyecto de futuro más importante de la Corporación es la Misión Justicia para el Nuevo Siglo, en la búsqueda de un mejor servicio de justicia para Colombia. Se pretende adecuar la administración judicial y el derecho colombiano a los problemas y conflictos del desarrollo nacional y superar el rezago frente al contexto internacional. Se esta desarrollando la visión de una justicia eficaz para el año 2015, sin congestión, con un ciudadano que respete a su juez, le exija y lo acompañe en los procesos de administración de justicia. Además, la Misión pretende enriquecer la justicia con visiones culturales interdisciplinarias, acercando la justicia a educadores, a sociólogos, a economistas y a otras personas diferentes a los abogados. La Misión Justicia, liderada por ciudadanos, se esta construyendo con la Rama Judicial, con jueces, fiscales y presidentes de las altas cortes. Muchos funcionarios y expertos han participado en largas horas de reflexión para proponer mejoras a los procesos judiciales, ampliar la solución alternativa de conflictos y lograr mejoras en la gestión de la justicia. Esta Misión se ha basado en el extraordinario apoyo del Consejo Asesor, un grupo de ciudadanos que ayuda a orientarla , incluyendo empresarios, académicos, economistas, ingenieros, abogados y personas que han participado en la tarea de la magistratura.
"La Corporación Excelencia en la Justicia ha sido una experiencia de permanente aprendizaje. Interesar y despertar el compromiso de la sociedad civil en temas relacionados con una de las columnas vertebrales de nuestra democracia ha implicado largas horas de paciente trabajo para conseguir acercarnos sin prevenciones de ninguna clase al intricado terreno de la Administración de Justicia. Ese proceso requiere mucho más que las críticas simplistas y fáciles con que abordamos de manera cómoda la grave situación de nuestro sistema de justicia. Cierto es que hay dificultades. Y aunque desde la sociedad civil las necesidades de la Rama se ven inmensurables, agobiantes, casi imposibles de atender, pasar de largo equivaldría a una rendición en una guerra de muchas batallas sin haber dado siquiera la pelea.
En la CEJ, tenemos la certeza de que sí es posible lograr todo lo que nos propusimos desde un comienzo. Y que desde el magistrado de la más alta Corte hasta el juez en el más retirado rincón del país quiere trabajar en la cualificación de su oficio, en una mejor gestión en su juzgado y en ganar el reconocimiento de la sociedad a su ingrata labor. Esa es la gran oportunidad para la Corporación: aprovechar la sed que hay para dar de beber, y al mismo tiempo hacerles ver a quienes desde el sector privado tanto criticamos a nuestros jueces, que la indiferencia y la inacción sólo alimentan la desesperanza y el pesimismo" .
