PALABRAS DEL PROFESOR ROQUE DÍAZ, ASISTENTE GENERAL DE LA OFICINA DEL COMISIONADO PARA LA VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE VENEZUELA

En nombre del Presidente de la República de Venezuela, Dr. Rafael Caldera, y del Comisionado Presidencial para la Vigilancia de la Administración Pública reciban los asistentes a este Simposium un entusiasta saludo con los mejores deseos de que las conclusiones de este evento resulten un significativo estímulo para nuestras Repúblicas y sus Funcionarios Públicos en la lucha por la probidad administrativa y contra la corrupción, hoy convertida en un flagelo extendido mundialmente, con penetración en el sector público y en el privado.

La corrupción encuentra un gran aliado en la impunidad, que ampara al Crimen Organizado para cometer las más diversas fechorías, afectando al Patrimonio Público con resultados nefastos en todas las áreas de los gobiernos democráticos. Por éstas y muchas otras razones ella se ha convertido en uno de los principales temas a ser analizados en los foros internacionales, así como la forma en que se debe combatir para atenuar sus efectos negativos dentro de las sociedades de cada país, y dentro de éstas la Familia, el Poder Público y la Persona humana, en el juego de sus valores en crisis.

Resulta altamente alentador las iniciativas que se están materializando para minimizar o reducir los actos que se cometen en contra de la cosa pública. En ese sentido el Gobierno Venezolano, encabezado por el Dr. Rafael Caldera, ha desarrollado actividades concretas para combatir la Corrupción, las cuales se corresponden dentro del cumplimiento de los acuerdos contenidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, discutida, aprobada y firmada en Caracas durante la Conferencia Especializada de la Organización de Estados Americanos (OEA), en marzo de 1996. Al respecto, hemos querido hacer un recuento de dichas actividades, por cuanto como es sabido por todos, el próximo mes de diciembre se realizarán las elecciones en nuestro País y el 2 de febrero del 1998 se entregará la Presidencia de la República a quien resulte favorecido por el pueblo.

En la Cumbre de las Américas realizada en Miami en diciembre de 1994 el Dr. Rafael Caldera dio un significativo aporte no sólo con su discurso, sino con ejemplos concretos, y al regresar al país crea el cargo de Comisionado Presidencial para la Vigilancia de la Administración Pública, como su órgano auxiliar de actuación autónoma e independiente que lo ayudara a vigilar a su propio gobierno, tratando de colaborar en un esfuerzo conjunto para lograr una administración pública lo más sana y eficiente posible. Su base Jurídica es, además de la Constitución Nacional, el Decreto Nº 529, de fecha 11/01/95, publicado en Gaceta Oficial No. 35.630, del 12/01/95, el cual establece lo siguiente:

El Comisionado se ocupará de velar por el correcto funcionamiento de la Administración Pública Nacional, Centralizada y Descentralizada, de investigar los hechos de corrupción tales como tráfico de influencias, cobro de Comisiones, uso indebido de bienes Públicos y demás irregularidades Administrativas así como de solicitar a los organismos competentes la aplicación de las sanciones pertinentes.

Informará al Presidente de la República de cualquier hecho de corrupción y le propondrá, además, los correctivos que estime pertinentes para sanear la Administración Pública y mejorar su eficiencia.

Tendrá las más amplias facultades para investigar los hechos irregulares.

Los Ministros y los Directores de los Ministerios, los Presidentes y Directores de Institutos autónomos y empresas del Estado, prestarán al Comisionado toda la colaboración que éste requiera y le suministrarán la documentación e informaciones que les exija.

Si de la investigación resultare comprobado algún hecho que amerite la aplicación de sanciones disciplinarias o administrativas, el Comisionado lo informará de inmediato a la máxima autoridad del organismo. Si aparecen pruebas que permitan presumir la comisión de hechos punibles hará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público o al Tribunal competente para conocer de esos hechos.

Cuando se tenga conocimiento de hechos de corrupción o de irregularidades administrativas ocurridos en organismos públicos que no formen parte de la Administración Pública Nacional hará la participación correspondiente a la máxima autoridad del organismo respectivo o al Ministerio Público o al Tribunal competente cuando los hechos revistan carácter penal.

Nuestra oficina podrá iniciar sus investigaciones de oficio o por denuncia y nos hemos ocupado de atender y proyectar la denuncia como un acto democrático y pedagógico, salvaguardando no sólo al denunciante sino también al denunciado hasta tanto no culminen las investigaciones y se establezcan responsabilidades, porque, como es conocido por todos, algunas denuncias tienen inspiración y propósitos malsanos, de allí que no aceptamos anónimos porque no lo permiten nuestras leyes, además no podemos estimular ese tipo de conducta, pero convencidos como estamos de que en muchos casos las personas se inhiben de consignar denuncias por temor a las represalias que en muchos casos ocurren, la aceptamos de manera confidencial, es decir, nos reservamos el nombre del denunciante, el cual no aparecerá en el expediente respectivo.

De igual manera se han desarrollado iniciativas dirigidas a la formación del ciudadano en una conciencia de rechazo a los hechos de corrupción trabajando en varios proyectos hoy hechos realidad, como son:

El PLAN NACIONAL COMPROMISO EDUCATIVO ANTICORRUPCION

Plan de Estado, por disposición del Presidente de la República y resolución del Ministerio de Educación No. 115, de fecha 15-01-97, publicada en Gaceta Oficial No. 36.128, del 17-01-97. Se está implantando en todo el sistema educativo: formal o escolar, preescolar hasta la universidad y postgrado; donde se aplicará un programa para todos los servicios educativos, con incidencia en los planes de estudio, asignaturas y textos; en lo informal o extra-escolar, donde participan los medios de comunicación social, la iglesia y demás instituciones y organizaciones que interactúan en el proceso educativo; con un programa de campaña masiva de educación ciudadana dirigido al rescate de la ética en lo público y privado; y a la debida preparación del ciudadano para el ejercicio de sus derechos y deberes, de la denuncia responsable y seria como valiosa figura de participación democrática, del conocimiento de los trámites administrativos elementales y deberes del funcionario público para evitar pagos o cobros indebidos.

Es un documento teórico-conceptual, con seis programas iniciales en su primer desarrollo:
1) Adiestramiento intensivo, especialmente para los Contralores Internos y gente que maneje recursos humanos.
2) Campaña masiva de educación ciudadana, fundamentalmente con los diversos medios de comunicación social (cine, televisión, radio, periódicos, etc.), hacia el rescate de la ética y la preparación del ciudadano para combatir la corrupción.
3) Acción en los servicios educativos formales, con incidencia en los planes, asignaturas y textos de estudios, con el concurso clave del Magisterio.
4) Colaboración para las sanciones ejemplarizantes.
5) Participación ciudadana con los voluntariados públicos contra la corrupción y las organizaciones no gubernamentales comprometidas en la lucha común.
6) Fortalecimiento y coordinación de las acciones contraloras, en la idea de hacerlas de ejercicio profesional, autónomas e independientes, no atadas al partidismo ni al clientelismo político.

El Plan Nacional Compromiso Educativo Anticorrupción es conocido por todos los Jefes de Estado o de Gobierno Iberoamericanos y en los Organismos Internacionales: O.E.A., O.N.U., entre otros.

CÓDIGO DE ÉTICA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO

Queremos agradecer a los Gobiernos de distintos Países que oportunamente nos enviaron materiales y contribuyeron a cristalizar definitivamente esta idea que hoy traemos a esta reunión como un hecho concreto en Venezuela. Estos Países son: Brasil, Cuba, Colombia, Perú, Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, España, Portugal, Gran Bretaña, Rumania, Estados Unidos de América y Nigeria.

Cuando el Profesor Adelso González Urdaneta asumió el cargo de Comisionado Presidencial para la Vigilancia de la Administración Pública se impuso un decálogo que denominó " Código Moral para el ejercicio del cargo", extensivo a todo su personal, el cual se puede considerar como la génesis del actual Código de Conducta de los Servidores Públicos y en él se establece entre otras cosas lo siguiente:

-No tener ataduras ni complacencias partidistas, familiares o amistosas.
-No deber favores ni personales ni políticos. En tal sentido, no aceptar homenajes, condecoraciones o placas de reconocimiento, invitaciones muy especiales, regalos, préstamos simbólicos o privilegiados y cualquier otra forma de atención que el Comisionado juzgue inaceptable.
-No hacer ninguna recomendación para cargo alguno en la Administración Pública ni para contratos con ésta.
-No realizar entrevistas fuera de la Oficina, con excepción de aquellas que el propio Comisionado considere justificadas.
-No procesar ni tramitar informaciones o denuncias, evidentemente infundadas.
-No recibir ni procesar anónimos.
-Aceptar toda cooperación que se ofrezca, preferentemente gratuita, en : aporte de estudios sobre la corrupción en Venezuela, denuncias o informes fundamentados, divulgación debida por los medios de comunicación social de casos en procesamientos y demás gestiones de sana colaboración.
-Mantenerse fiel a las leyes y al Estado de Derecho de la República.
-Actuar con objetividad, seriedad, firmeza, prudencia,sensatez,equidad y justicia sin prejuicio alguno ni predisposición a favor ni contra nadie.

Como complemento del Plan Educativo enmarcado dentro de la "Ley Modelo sobre la Corrupción" del Centro para la Prevención Internacional del Delito de la Organización de las Naciones Unidas", el Código de Conducta de los Servidores Públicos fue sancionado, como Instructivo Presidencial N° 1, por el Consejo de Ministros N° 250, del miércoles 17 de junio de 1998, y publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.496, del miércoles 15 de julio de 1998. A partir de esta fecha se inició la promoción, divulgación e implantación de dicho Código, por parte de todos los Altos Ejecutivos de la Administración Pública Nacional.

El Código, elaborado con la participación activa de la Comisión Presidencial Para la Reforma del Estado, es un instrumento auto-regulatorio, pedagógico y ético moral, que no contiene materia sancionatoria ni procedimental por ser ésta de reserva legal. Contiene principios rectores de la conducta del Funcionario Público, siendo éstos: la honestidad (siendo el eje fundamental), la equidad, el decoro, la lealtad, la vocación de servicio, la disciplina, la eficacia, la responsabilidad, la puntualidad, la transparencia y la pulcritud. Cada uno de éstos se desarrollan en el Código en cuanto a su alcance, práctica y apreciación.

El Código dispone también la creación de un Consejo Nacional de Etica Pública, el cual será el órgano rector de la vigilancia, el seguimiento y la evaluación de lo establecido en él trabajando en armonía con la Oficina Central de Personal y con nuestra propia Oficina.

VOLUNTARIADO PUBLICO CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Es una especie de asociación civil en cada Estado del país y en cada área clave de la administración pública, ajena al clientelismo político y al partidismo; en acción conjunta con las organizaciones no gubernamentales para vigilar y denunciar presuntas irregularidades administrativas.

Complemento de esta política cabe destacar el Convenio establecido con el Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL) para la implantación de los Buzones Anticorrupción, mecanismo por el cual los ciudadanos de las distintas comunidades pueden acudir para realizar denuncias sobre hechos de corrupción acaecidos dentro de la Administración Pública. Esta actividad está en su fase de iniciación.

Hemos apoyado la iniciativa de algunos estados en cuanto a la creación de las Escuelas Regionales de Gobierno. Esto ha traído como consecuencia el surgimiento del Proyecto de Escuela Nacional de Gobierno, que se está elaborando, como mecanismo capaz de organizar y sistematizar los esfuerzos obtenidos desde las regiones, teniendo por finalidad la formación tecnopolítica de Altos y medios funcionarios públicos y de líderes de las diferentes agrupaciones partidistas para dotarles de una mayor y mejor gobernabilidad, con eficacia gerencial y apta para enfrentar su rol competitivo ante los desafíos de la globalización y de la conflictividad social. El Comisionado ya le ha entregado al Presidente de la República el Proyecto de Decreto que designa a una comisión para su estudio e implantación.

Elaboración conjunta con el Ministerio de Educación el MANUAL DE ETICA para el Funcionario Público de ese Ministerio.
Firma De convenios de cooperación con la Alcaldía del Municipio Libertador, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y la Agrupación Pro Calidad de Vida, Organización no Gubernamental y representante en nuestro País de Transparencia Internacional.

Elaboración conjunta con el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) de un Módulo de Etica para ser impartido a nivel Nacional.

Realización de las Jornadas Nacionales de Reflexión sobre el Control Fiscal, auspiciadas por nuestra Oficina, la Universidad Central de Venezuela, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República. Elaboración con el asesoramiento de CORDIPLAN del proyecto Programa para la capacitación Etico Moral del Funcionario Público para Combatir la Corrupción, consignado ante la Organización de Estados Americanos en abril de 1998.

Organizamos la I, II, y III Asambleas Nacionales de Contralores Internos de la Administración Pública Nacional, culminando con la creación de la Asociación Venezolana de Contralores Internos de la Administración Pública Nacional.

En reiteradas oportunidades nos hemos reunido con los Consultores Jurídicos de la Administración Pública para analizar los avances del proceso de reestructuración de la Administración Pública.

Realización del Foro sobre "El Control Interno como Política de Estado", auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), con la presencia del Sindico de la República de Argentina y su Adjunto.

En los actuales momentos se trabaja en lo que se ha denominado provisionalmente Ley Anticorrupción, la cual desarrollará los principios contenidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la 0.E.A., en concordancia con la legislación de nuestro País.

Como podrán observar, el Gobierno de Venezuela, a través de la Oficina del Comisionado Presidencial para la Vigilancia de la Administración Pública, ha realizado verdaderos esfuerzos para desarrollar una política que nos permita combatir la Corrupción no sólo desde el punto de vista punitivo sino desde lo preventivo y formativo, partiendo de la raíz de este fenómeno, como es la Educación, para formar conciencia desde los niños para que en un futuro no muy lejano podamos contar con una sociedad más sana, productiva y solidaria.