PONENCIA DEL LIC. JUSTO PEDRO CASTELLANOS, SUB-PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Señores Miembros de la Mesa Presidencial;
Señoras y Señores:
Buenos días.

Doy inicio a estas palabras agradeciendo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al gobierno de la República Chile, la oportunidad que brindan a mi país de compartir con un público tan importante, algunas de las ideas, propósitos y planes del gobierno dominicano en materia de lucha contra la corrupción administrativa.
En este sentido, debo decir que este gobierno ha definido y está implementando una política de lucha contra la corrupción, cuya sola existencia es trascendente por cuanto ningún gobierno anterior había llevado el tema de la corrupción administrativa a la categoría de política pública.

La República Dominicana, en efecto, ha vivido una situación radicalmente nueva, y ello desde el mismo acto inaugural de gobierno del Presidente Leonel Fernández, nombrando al Procurador General de la República y encargándolo de la coordinación y dirección del Programa Nacional de Lucha Contra la Corrupción.

Cumpliendo con ese encargo presidencial, en la Procuraduría General de la República Dominicana llegamos a la conclusión de que era absolutamente necesario diseñar y establecer una estructura que operara no de una forma casual sino cotidiana y permanente.

EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE LA CORRUPCION (DPC): OBJETIVOS, ESTRUCTURA, FUNCIONES, ATRIBUCIONES.

Así, mediante el Decreto No. 322-97 del 24 de julio de 1997, quedó creado formalmente el Departamento de Prevención de la Corrupción, el cual constituye un hito de nuestra historia, puesto que en ella no se conoce la existencia de una entidad igual o siquiera parecida.

Ubicado dentro de la estructura del Ministerio Público y al más alto nivel de este, el Departamento es una entidad "especializada en el manejo de todo lo relativo a la corrupción administrativa en la República Dominicana", y ello tanto en el ámbito preventivo como en el ámbito correctivo.

El referido decreto establece que además "de todas las atribuciones que les son propias como parte e instancia superior del Ministerio Público", el Departamento de Prevención de la Corrupción tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

- "Elaborar y desarrollar todo tipo de políticas tendentes a evitar la comisión de actos de corrupción en la administración pública;
- "Elaborar y desarrollar políticas tendentes a cambiar la actitud de la ciudadanía en torno a la corrupción administrativa y a la lucha contra ella;
- "Investigar todos los hechos de corrupción de que tenga noticias...;
- "Realizar auditorías en las instituciones en que lo crea necesario, para lo cual podrá contar con un cuerpo propio de auditores con calidad para ello, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República;
- "Desarrollar jornadas de orientación y proselitismo en todas las dependencias públicas...;
- "Preparar estudios, estadísticos o de otro tipo, que permitan conocer cada vez mejor la problemática de la corrupción en la República Dominicana".

Así, el Departamento desarrolla un trabajo necesariamente multifacético a través de una estructura diseñada para esos fines que está compuesta por tres Divisiones: Educación, Investigaciones y Operaciones.

Las Divisiones de Investigaciones y de Operaciones trabajan de manera muy estrecha e interrelacionada. Ambas cumplen objetivos tanto en el ámbito preventivo, mediante la ejecución de controles y el monitoreo de informaciones de diversa índole; como en el ámbito correctivo, para contribuir a la mejor investigación de las denuncias, aportando para ello sus medios materiales y su experiencia profesional en la búsqueda y en el análisis de informaciones. A estos fines, la División de Investigaciones está formada por Contadores Públicos Autorizados, uno de los cuales la dirige, mientras que la División de Operaciones está dirigida por un Oficial Superior de las Fuerzas Armadas Dominicanas.

La División de Educación carga buena parte del trabajo en el ámbito preventivo, promoviendo una nueva y arraigada conciencia ciudadana caracterizada por los mejores valores morales y humanos.

EL "PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DE PREVENCION DE LA CORRUPCION".

Con esa estructura, el Departamento de Prevención de la Corrupción está desarrollando el "Plan Estratégico Nacional de Prevención de la Corrupción", aprobado el 30 de noviembre del 1997 en la "Conferencia Nacional" convocada por nosotros, conjuntamente con diez personalidades independientes, provenientes de distintas áreas del quehacer nacional, todas ellas con un gran prestigio e influencia en la opinión pública.

Es la primera vez que los dominicanos contamos con un documento como ese, cuyo proyecto fue presentado por el Departamento de Prevención de la Corrupción en dicha Conferencia, y fue amplia y democráticamente debatido en grupos de trabajo que sesionaron al efecto y aprobado unánimemente por más de seiscientos representantes de organizaciones e instituciones no gubernamentales de diversa índole, así como entidades gubernamentales, todos ellos provenientes de ochentiocho de los ciento doce municipios del país, lo que sin duda constituyó una buena representación nacional.

Nunca antes en nuestra historia se había desarrollado un evento similar a ese. Nunca antes se había realizado un esfuerzo de esa naturaleza, dirigido a enfrentar los males de la corrupción, integrando iniciativas oficiales gubernamentales con la voluntad política de la sociedad civil, bajo la visión del propio Gobierno, de convocarles a constituirse en fuerza que, operando con absoluta independencia del Gobierno, garantice la continuidad del proceso.

Ese "Plan Estratégico Nacional...", que es el documento que contiene la política del gobierno dominicano en materia de lucha contra la corrupción, tiene entre sus fundamentos más importantes los siguientes:

1ero.: Actuar sobre los sistemas, en el entendido de que el problema no es detectar personas culpables sino los sistemas culpables, y actuar sobre ellos, sin perjuicio de la actuación frente a los casos específicos que normalmente se presentan.
2do.: Actuar preventivamente, a partir de la idea de que esta es una forma más fácil, eficiente y menos costosa de enfrentar el problema, conociendo y atacando la enfermedad en sus orígenes.
3ero.: Actuar integralmente, que es, por una parte, actuar en el ámbito preventivo y correctivo al mismo tiempo, tratando de evitar que el hecho de corrupción ocurra, y en el caso de que no se pudiera evitar, colocándonos -los auditores, investigadores, fiscales y jueces- en las mejores condiciones para el desarrollo de las investigaciones y la aplicación de las sanciones correspondientes; y por otra parte, promoviendo el compromiso y el esfuerzo de toda la Nación dominicana, no sólo del gobierno, que como administrador del erario público tiene la responsabilidad central de enfrentar el problema, sino también de la ciudadanía, que tiene la responsabilidad de fiscalizar y aportar a las ejecutorias de los gobernantes.

Es por ello que hemos estado promoviendo una relación franca, honesta e independiente con la sociedad civil, muestra de lo cual constituyen, entre otras actividades, la señalada "Conferencia Nacional..." y, más recientemente, los Encuentros Regionales de Prevención de la Corrupción realizados en nueve regiones diferentes que nos permitieron trabajar con representantes de todas las provincias del país, al final de los cuales han quedado constituídos treintinueve Comités Gestores, treinta de Voluntariados Provinciales y nueve de Voluntariados Regionales de Prevención de la Corrupción, todos ellos constituídos y escogidos por ciudadanos independientes de cada una de esas provincias.

Por otra parte, los objetivos generales del Plan Estratégico son los siguientes:

Primero: Reducir sustancialmente la incidencia de la corrupción en la Administración Pública dominicana.
Segundo: Propiciar la transparencia en las actividades de las instituciones públicas, en el entendido de la actuación gubernamental debe estar apegada al ordenamiento jurídico institucional vigente en el país, y de que los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino de los fondos públicos y la administración que se hace de los mismos.
Tercero: Enfrentar la cultura de la corrupción, desarrollando una cultura fundamentada en la honradez, el trabajo, la vocación de servicio y el respeto a la ley.

Desde julio del 1997, y especialmente desde noviembre de ese año, el Departamento ha venido desarrollando múltiples actividades.

Así, por ejemplo, con el objetivo de mejorar el marco legal vigente, hemos promovido ante el Congreso Nacional la ratificación de la "Convención Interamericana Contra la Corrupción", la cual fue enviada al Senado por el Presidente de la República en noviembre de 1996, y en estos días acaba de ser aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados.
Asimismo, hemos elaborado cuatro anteproyectos de ley: sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito; de reforma a la legislación penal dominicana, agravando las penalidades relativas a las infracciones de corrupción; sobre Lavado de Activos productos de hechos de corrupción; un Código de Etica del Servidor Público; así como una primera propuesta de reforma y actualización de la legislación que regula las adquisiciones públicas y de la que regula todo lo relativo a la contratación y a la prestación de servicios de consultorías y supervisión de obras públicas.

En el plano educativo, con el objetivo de elevar el nivel de capacitación y fortalecer la probidad de los servidores públicos, hemos desarrollado talleres y seminarios para toda la Administración Pública, particularmente sobre "Etica y Responsabilidad Penal de los Servidores Públicos". Dentro de diez días, en coordinación con la Secretaría de Estado de Finanzas, con la que hemos suscrito un acuerdo institucional que contempla acciones de colaboración en capacitación y en el intercambio de informaciones que puedan ser de utilidad para ambas instituciones, realizaremos la actividad "Conferencias Magistrales sobre Etica y Moral en la Administración Pública", dirigido a los servidores públicos de las doce instituciones dependientes de dicha Secretaría de Estado.

En este mismo sentido, con el objetivo de desarrollar una nueva cultura de los ciudadanos dominicanos hacia el servicio civil, hemos desarrollado actividades a través del Sistema Educativo Formal, en coordinación con la Secretaría de Estado de Educación y Cultura y con el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), con los cuales hemos suscrito sendos acuerdos institucionales, que contemplan, entre otras actividades, la realización de reuniones periódicas con estudiantes y la inclusión de nuevas asignaturas en los programas de estudio. Todas estas actividades tendentes a lograr una nueva cultura y mística de los dominicanos, particularmente los servidores públicos y los jóvenes estudiantes, estará soportada también en términos publicitarios, para lo cual ya se ha elaborado una propuesta.

En el plano social, perseguimos un propósito fundamental que es el de promover la participación de la ciudadanía como actora fundamental en la lucha contra la corrupción, y esto en dos vertientes: promoviendo la organización independiente de la sociedad civil en Consejos Municipales, Provinciales, Regionales y Nacionales de lucha contra la corrupción, lo que hemos hecho de manos con la Iglesia Católica y las Iglesias Evangélicas, con las que hemos logrado acuerdos y desarrollado múltiples trabajos; y promoviendo la presentación, por parte de la ciudadanía, de quejas y denuncias sobre hechos de corrupción de los que hayan sido víctimas o de los que tengan noticias, para lo cual hemos abierto una Ventanilla u Oficina Anticorrupción en cada una de las Fiscalías del país, y una "Línea Etica", a través de la cual la ciudadanía puede, desde cualquier punto del país y sin costo alguno, presentar quejas y denuncias sobre actuaciones corruptas de los servidores públicos.

En el plano institucional, con el objetivo de ampliar y fortalecer la estructura oficial para la lucha contra la corrupción, hemos desarrollado interesantes y novedosas actividades, como las relativas a la formación y el desarrollo de las Comisiones de Etica Pública en todas las instituciones públicas de todo el país, según lo instruyó el Presidente de la República mediante el Decreto No. 149-98 del 29 de abril de 1998. Las Comisiones de Etica Pública son organismos de carácter cívico que tienen dos objetivos fundamentales: uno, el de "servir de ente promotor de la vigencia y el fortalecimiento de la ética y la transparencia en la gestión administrativa de la entidad a la que pertenecen", y dos, "servir de canal de comunicación entre dicha dependencia y el Departamento de Prevención de la Corrupción, para el diseño, promoción y desarrollo de planes y actividades de fortalecimiento de la ética y la transparencia en la gestión de esa dependencia pública", así como para el intercambio de informaciones de todo tipo.

Otros objetivos importantes en el ámbito preventivo son el establecimiento de un sistema de seguimiento del status económico y social de los funcionarios públicos, particularmente de los obligados por la Ley 82 sobre declaración jurada de bienes; así como el establecimiento, en las instituciones públicas, particularmente en aquellas con mayor incidencia en el gasto social, de una Base de Datos de Precios Testigo, un mecanismo que ya experimentamos en la Secretaría de Estado de Salud Pública, mediante el cual se registran los precios pagados por la compra de diversos bienes, se analizan los distintos resultados para identificar cuáles han sido las mejores decisiones y a partir de ello se establecen parámetros para las demás operaciones del sistema y se reconocen la existencia de sobreprecios, posibles irregularidades o ineficiencias en las adquisiciones.

En el ámbito correctivo, con el propósito de aumentar la capacidad y la calidad de respuesta del Departamento de Prevención de la Corrupción y del Ministerio Público, a las demandas de la sociedad dominicana en cuanto a la investigación de casos de corrupción, hemos desarrollado importantes actividades de capacitación, como, por ejemplo, el curso monográfico "Inteligencia y Técnicas de Investigación" impartido hace tan sólo una semana al personal del Departamento y a un funcionario de cada una de las fiscalías del país, y contínuamente se desarrollan investigaciones sobre denuncias y expedientes de corrupción.

Al terminar, reiteramos nuestra voluntad firme de seguir impulsando estos trabajos, convencidos de que ello es un imperativo no sólo moral sino también económico y social para el mejor porvenir de nuestro pueblo, y de que la lucha contra la corrupción es un proceso, por demás complejo e interminable, que en nuestro caso apenas ha comenzado y que aspiramos seguir profundizando cada vez para beneficio de todos, incluídos nuestros hermanos americanos.

Muchas gracias.

Santiago de Chile, del 4 al 6 de noviembre del 1998