La publicación que hoy tenemos el agrado de presentar a la comunidad jurídica
latinoamericana, es fruto del decidido esfuerzo de la Secretaría
General de la Organización de Estados Americanos por desarrollar
actividades legislativas para el combate de la corrupción, fenómeno
multifactorial y multiforme que amenaza la vigencia de las
instituciones democráticas y compromete el desarrollo económico y
social de nuestros países.
Se ha dicho, en muchos lugares, que la complejidad del problema de la corrupción impide, de
alguna manera, su tematización desde la óptica del Derecho, ya que
el acercamiento jurídico a sus manifestaciones suele ser tardío y
circunscrito a los casos que, con alguna dificultad, se documentan y
se persiguen formalmente. Esto es especialmente cierto cuando la única
óptica para atacar el fenómeno de la corrupción depende del impacto
de las sanciones de carácter penal, las cuales se suelen listar
dentro del ámbito de los delitos funcionales.

Sin embargo, también es cierto que la atención a los diversos aspectos que caracterizan a
la corrupción no debe circunscribirse únicamente al Derecho Penal,
sino que debe haber un acompañamiento legislativo en otros sectores,
que permita afinar el instrumental con el que cuenta el ordenamiento
jurídico para impedir el secreto, la ignorancia y la desinformación,
elementos que suelen proveer el terreno fértil en el que se
desarrolla y se difunde la corrupción dentro de las instituciones del
Estado y en la sociedad.
En atención a los compromisos asumidos en su propia Carta de la OEA y a los esfuerzos
hechos durante estos años por darle ejecutividad a la Convención
Interamericana contra la Corrupción, es que se ha propuesto generar
un debate fructífero y provechoso en Centroamérica acerca del
posible marco legal que podría acompañar políticas públicas de
transparencia, acceso e información a la colectividad que propicien,
de manera eficaz, un ambiente no proclive a la corrupción, en sus
variadas formas.
Este objetivo se materializó en la labor desplegada por esta Secretaría General
durante el año recién pasado, al ejecutar el proyecto de cooperación
técnica, que tuvo como objetivo central apoyar a Guatemala, Honduras,
El Salvador, Nicaragua y Costa Rica en la adecuación de su
ordenamiento jurídico a las disposiciones de la Convención
Interamericana contra la Corrupción, en lo atinente a las medidas
preventivas contempladas en el artículo III de la misma, específicamente
en lo que atañe a los siguientes temas: desarrollo del derecho
ciudadano de acceso a la información para la prevención de la
corrupción, la promoción de la participación ciudadana en los
asuntos públicos, la protección de testigos de actos de corrupción
y de las reglas encaminadas al establecimiento de normas de conducta
para el correcto, honorable y adecuado desempeño de las funciones públicas,
así como una normativa sobre declaración de ingresos, pasivos y
activos, por parte de quienes desempeñen funciones públicas.
Esta publicación contiene los resultados del proyecto de cooperación técnica
mencionado y presenta las leyes modelo que se elaboraron durante la
ejecución de este proyecto.
Texto del libro