DISCURSO DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE, DON JOSÉ MIGUEL INSULZA

Es para mí un gran honor inaugurar este simposio sobre el fortalecimiento de la probidad en el hemisferio, iniciativa que emanó de la voluntad concreta de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno, cuando se reunieron en abril pasado en esta misma capital con ocasión de la II Cumbre de las Américas.

En esa importante cita, nuestros mandatarios asignaron una especial relevancia al tema de la corrupción, que no sólo estuvo presente en sus debates, sino que además fue recogido adecuadamente en los dos documentos que suscribieron en esa oportunidad: la Declaración de Santiago y el Plan de Acción.

La corrupción representa un problema que afecta a virtualmente todos los países del mundo, como lo demuestran los estudios más serios sobre el tema. Ella se practica en nuestro hemisferio y en Europa, en Asia y Africa. Ella afecta por igual a países ricos y pobres. Y, por cierto, ella debe ser enfrentada tanto en los lugares donde se originan los sobornos como en aquellos lugares donde se reciben.

Los cambios políticos y económicos que se han registrado en los últimos años en nuestro continente han generado una nueva conciencia respecto de la necesidad de combatir la corrupción.

Por una parte, los procesos de democratización han permitido que la denuncia y la fiscalización de los actos y prácticas de corrupción sean mucho más efectivas y sistemáticas. Sólo en democracia es posible fiscalizar de manera completa la actividad de los poderes, públicos y privados, para evitar los eventuales abusos en que pueden incurrir. Sólo en democracia es efectivo el control social que se expresa en los medios de comunicación y la opinión pública. Sólo en democracia es posible el control político realizado por el Poder Legislativo, así como el examen autónomo de legalidad de los actos administrativos que realizan las entidades contraloras de nuestros países.

Pero también las reformas económicas emprendidas en nuestros países han planteado nuevas exigencias en materia de probidad y transparencia. La corrupción es tanto una cuestión ética como un problema de eficiencia económica. Este flagelo puede distorsionar de manera muy grave el funcionamiento del mercado y de la sociedad en general.

Un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional, apoyado en estadísticas muy completas, revela que la gran corrupción está asociada a una inversión pública mucho más costosa, una menor recaudación fiscal y una menor calidad de la infraestructura de los países. La evidencia también demuestra que la corrupción reduce la productividad e implica una enorme pérdida de recursos que, normalmente, va en desmedro de los sectores sociales más vulnerables, desplazando la inversión en la gente. Se estima que las mejoras en el combate a la corrupción tienden a asociarse al incremento en inversiones sociales, fundamentalmente en la educación.

La lucha contra la corrupción representa un tema de gran interés para las relaciones hemisféricas. En la política, en los negocios, en la gestión estatal y en la administración de justicia, la presencia de esta lacra proyecta una sombra amenazante sobre las instituciones democráticas de nuestros países y contribuye, a veces con la ayuda de grupos interesados, al desprestigio de la política y de la democracia.

Las soluciones a los problemas de corrupción deben buscarse y aplicarse en cada país afectado. Luchar contra la corrupción es una tarea de todos: de los gobiernos, del sector privado, de los medios de comunicación y, sobre todo, de la sociedad civil.

En Chile mantenemos una larga tradición de probidad en el servicio público. La gente aspira a mantener esa tradición y el Gobierno ha asumido un compromiso muy claro en esta materia. Evaluaciones internacionales objetivas confirman el cumplimiento de este compromiso.

Sin embargo, en una era en que se diluyen las fronteras y en que se avanza rápidamente hacia la globalización, este problema no asume sólo un carácter doméstico, sino que requiere de acciones complementarias en el ámbito internacional. Así lo han entendido los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que han adoptado una importante Convención sobre la materia. Y así lo han entendido también las grandes empresas transnacionales, que están adoptando estándares internacionales y que están sujetas a controles más estrictos en este sensible ámbito en sus respectivos países de origen. También cabe destacar la acción de instituciones privadas como Transparency International, que elabora índices cada vez más completos sobre los niveles de corrupción en el mundo.

Nuestro hemisferio no se ha quedado atrás. Nuestros países han suscrito la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que representa el primer Tratado regional de su tipo en el mundo entero. Se trata de un instrumento que posee un gran potencial. No somos tan ingenuos para creer que la sola aprobación de este Tratado va a resolver los serios problemas que persisten en todo el hemisferio en este ámbito. Pero creemos que este instrumento abre un nuevo espacio de intercambio y de cooperación entre las naciones americanas que puede ser aprovechado si existe la voluntad política y, por qué no decirlo, la presión social para implementarlo.

Chile suscribió esta Convención en Caracas el 29 de marzo de 1996, con ocasión de la Conferencia Interamericana Especializada que le dio origen. También hemos participado con entusiasmo en el Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción, adoptado en Lima en junio de 1997, durante el vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.

Creemos que la Convención Interamericana contra la Corrupción representa un paso muy significativo para enfrentar debidamente este problema. Un paso que no sólo obedece a incuestionables imperativos éticos, sino que también se inscribe dentro de los procesos de modernización y reforma del Estado y de consolidación y fortalecimiento de la democracia en que se encuentran empeñados los gobiernos del hemisferio.

Valoramos mucho la identificación que la Convención hace de las acciones internas que cada Estado puede adoptar para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Aunque estos mecanismos eminentemente facultativos no están sujetos a un control o vigilancia internacional, se trata de un aporte de gran valor para nuestros países, que naturalmente debe ser complementado mediante un debate internacional permanente. Es en este espíritu que el Gobierno de Chile se complace en servir de sede de este evento.

También compartimos el segundo propósito de la Convención, que se refiere a acciones tendientes a promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes con el fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción.

Chile ha demostrado fehacientemente su compromiso de cumplir con cada una de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante el correspondiente depósito del instrumento de ratificación, el día 27 de octubre pasado en Washington.

Nuestro país, consciente de la relevancia y trascendencia de incorporar la preocupación por el fortalecimiento de la probidad en la agenda regional, tuvo una activa participación en el proceso de negociación y adopción del citado instrumento. Este liderazgo fue confirmado en la Cumbre de las Américas de Santiago, en abril pasado, en la cual nuestros Jefes de Estado y de Gobierno decidieron apoyar todos los esfuerzos para la plena vigencia de la Convención.

También hemos apoyado los esfuerzos que se realizan en los últimos años en el seno de las Naciones Unidas, tanto en su Asamblea General como en el Consejo Económico y Social, para apoyar el combate contra la corrupción.

Asimismo, aunque no somos un país miembro de la OCDE, hemos apoyado las importantes actividades desplegadas por esta organización en la lucha contra la corrupción. Entre ellas destaca especialmente la negociación de la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, suscrita en 1997.

La preocupación de todos estos organismos sobre el tema nos revela que hay consenso en la comunidad internacional sobre la importancia que ha adquirido la ética pública en la agenda internacional.

Estoy seguro de que este seminario nos permitirá reflexionar en conjunto y profundizar nuevos enfoques preventivos y de control del quehacer público y encontrar nuevas líneas de acción en el plano internacional que nos lleven a un combate más efectivo de la corrupción. No quisiera terminar estas palabras sin reiterar mis agradecimientos al señor Secretario General de la OEA, por el valioso apoyo que nos brindara dicha entidad para el buen éxito de este simposio, así como al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por habernos acogido como siempre de manera tan hospitalaria en este recinto.

MUCHAS GRACIAS