INTERVENCION DE LA DELEGACION DE GUATEMALA
SIMPOSIO SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA PROBIDAD EN EL HEMISFERIO
4 - 6 noviembre de 1998 Santiago, Chile

La delegaci�n de Guatemala desea, en primer lugar, expresar su reconocimiento al Gobierno de Chile por la iniciativa de reunir en este foro a los representantes de los Estados miembros de la Organizaci�n de los Estados Americanos -OEA- para analizar y discutir un tema de tanta trascendencia a nivel nacional e internacional, porque afecta en mayor o en menor grado a todos los pa�ses del hemisferio. La delegaci�n de Guatemala felicita a las autoridades chilenas por la organizaci�n y auspicio del evento y agradece su hospitalidad y la oportunidad que le brindan de contribuir con su aporte al conocimiento de la forma en que los guatemaltecos hemos venido enfrentando el problema de la corrupci�n, as� como las acciones encaminadas en el orden legal, institucional y pol�tico para combatir este flagelo que tanto ha afectado y debilitado nuestra democracia.

Por considerarlo indispensable, me referir� en principio al contexto en el cual el Estado ha formulado y desarrollado su Agenda de Trabajo y c�mo ha orientado sus esfuerzos y canalizado el m�s alto porcentaje de sus recursos. En este sentido, debo mencionar los Acuerdos de Paz suscritos a lo largo de un proceso que concluy� en diciembre de 1996, porque es dentro de este marco que se ha venido trabajando, en el entendido de que los Acuerdos expresan consensos de car�cter nacional y de que los compromisos contenidos y derivados de ellos, en correspondencia con nuestros objetivos de desarrollo, se han convertido en una agenda nacional consultada y concertada ampliamente con diversos sectores ciudadanos, al momento de su negociaci�n y con posterioridad a ella.

Las m�s importantes transformaciones y logros se han alcanzado en los siguientes temas:

En el proceso democr�tico. En los patrones de inversi�n p�blica. En los mecanismos de resoluci�n de conflictos. En los sistemas de defensa y seguridad. En la construcci�n de la naci�n multicultural. En lo fiscal

Para lograrlo, se han efectuado cambios en nuestra legislaci�n, en nuestros procedimientos y en nuestras estructuras institucionales, incluyendo la creaci�n de nuevas instituciones que corresponden a nuestra nueva realidad.

En lo pol�tico, estas transformaciones incluyen principalmente aspectos de seguridad y defensa, en los cuales se han dado cambios conceptuales y doctrinarios, pero primordialmente se ha modificado y profesionalizado a la Polic�a Nacional y se ha reducido el Ej�rcito en efectivos y presupuesto. Forman tambi�n parte de las transformaciones pol�ticas los esfuerzos de modernizaci�n, descentralizaci�n y desconcentraci�n del sector p�blico, y en ese sentido, el Presidente de la Rep�blica afirm� al iniciar este proceso de transformaci�n "que la gesti�n administrativa se caracterizar� por la honestidad, transparencia, modernidad y alta capacidad para tomar decisiones."

En el marco anterior y en cumplimiento con lo que establece el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y funci�n del Ej�rcito en una sociedad democr�tica, el Organismo Ejecutivo promovi� la creaci�n de la Polic�a Nacional Civil, lo cual se concret� el 4 de febrero de 1997, con la aprobaci�n por parte del Congreso de la Rep�blica del Decreto 11-97. Asimismo, mediante acuerdos del Ministerio de Gobernaci�n se establecieron los reg�menes siguientes: R�gimen Interior de la Academia de la Polic�a Nacional Civil; R�gimen Disciplinario de los Alumnos de la Academia de la Polic�a Nacional Civil; y R�gimen de Vacaciones, Permisos y Descansos de la Polic�a Nacional Civil.

La Academia de la Polic�a ha iniciado sus actividades y se ha puesto en vigencia la disposici�n de que los integrantes de la nueva estructura policial deber�n recibir formaci�n de la Academia de la Polic�a.

Como parte de esta estructuraci�n se increment� significativamente el n�mero de agentes, su equipamiento, capacitaci�n y la mejora en su remuneraci�n, con lo cual se ha contribuido a reducir los �ndices de corrupci�n y que coadyuvar� a la implementaci�n adecuada de la pol�tica de seguridad del pa�s.

Como parte de la pol�tica anticorrupci�n en el �mbito del sector seguridad, el Ministerio de Gobernaci�n tom� la decisi�n de intervenir la Direcci�n General de Migraci�n, debido a la corrupci�n que exist�a en esa dependencia. Una de las primeras medidas adoptadas fue la destituci�n de aproximadamente 20 delegados migratorios, a quienes se les comprob� que en m�s de una ocasi�n hab�an cometido anomal�as y se dedicaban a actividades re�idas con la ley. Se sancion� a otros empleados y a otros m�s se les consign� a los tribunales de justicia. Se contrataron j�venes edecanes para orientar al p�blico que acude a esa instituci�n a realizar sus tr�mites, lo cual tambi�n permiti� detectar cualquier tipo de anomal�a que existiera en los documentos, y se estableci� un n�mero telef�nico de llamadas sin costo para recibir todo tipo de denuncias en materia migratoria.

En el delicado y complejo tema de la narcoactividad, que afecta a todas las naciones del mundo, el Organismo Ejecutivo, a trav�s del Departamento de Operaciones Antinarc�ticas -DOAN- de la Polic�a Nacional Civil, ha trabajado ardua y permanentemente en la identificaci�n, desmantelamiento y captura de las organizaciones al servicio del narcotr�fico.

El objetivo fundamental de todas estas acciones ha sido establecer un sistema de depuraci�n firme, activo y permanente que transmita a los elementos de las fuerzas de seguridad civil el mensaje efectivo sobre el desarrollo de conductas �ticas y de servicio hacia la comunidad y la promoci�n del fortalecimiento de las estructuras de comportamiento y de control operacional, as� como el mejoramiento de los procedimientos de inspecci�n y vigilancia de la actuaci�n polic�aca.

En lo que respecta al Sistema de Administraci�n de Presidios, se destaca el combate frontal a la corrupci�n. Por ejemplo, en las compras para la elaboraci�n de los alimentos, pues �stos en su mayor�a eran sobrevalorados y, con frecuencia, facturados, sin que los productos ingresaran a los centros carcelarios. Otra acci�n importante fue el establecimiento de nuevos y m�s efectivos controles internos para evitar las fugas de los internos.

En el Ministerio de Trabajo y Previsi�n Social, el Gobierno tambi�n ha adoptado importantes medidas en su esfuerzo por combatir la corrupci�n. Para lograrlo, implement� un sistema computarizado de denuncias, por medio del cual se lleva un mejor control de los expedientes tramitados por los inspectores laborales. Cre� un Programa Permanente de Inspecciones a las industrias maquiladoras de prendas de vestir, con �nfasis en el trabajo de mujeres y menores de edad, mediante el cual se pudo ejercer un control sobre las mismas, habi�ndose interpuesto cientos de denuncias ante los tribunales respectivos. Asimismo, increment� el n�mero de inspecciones a las empresas a efecto de asegurar el cumplimiento de las leyes respectivas; esto contribuy�, adem�s, a disminuir el n�mero de conflictos laborales.

En lo fiscal, la pol�tica gubernamental ha estado orientada a lograr incrementar la carga tributaria, seg�n las metas de los Acuerdos de Paz, a trav�s de la mejora de la administraci�n tributaria, la ampliaci�n de la base y la revisi�n de los impuestos. Como parte del proceso de saneamiento de las finanzas p�blicas y de simplificaci�n administrativa de los tributos, se introdujeron modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el fin de fortalecer la recaudaci�n, hacer m�s �gil la devoluci�n del cr�dito fiscal y facilitar la aplicaci�n de dicha Ley. En el marco de ese mismo proceso, se plantearon reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el fin de corregir las incongruencias que han dificultado la correcta aplicaci�n de la Ley.

Asimismo, se propusieron reformas al C�digo Tributario, a la Ley contra la Defraudaci�n y el Contrabando Aduanero, as� como al C�digo Procesal Penal, las cuales permiten estructurar un proceso de orden legal m�s efectivo, para combatir m�s en�rgicamente las acciones de evasi�n y defraudaci�n fiscal y superar las limitaciones actuales de la administraci�n tributaria para promover la persecuci�n legal de evasores y contrabandistas y obtener su consignaci�n a los tribunales de justicia. Esas reformas fueron aprobadas por el Congreso de la Rep�blica.

Sin embargo, el logro m�s importante del Gobierno en materia fiscal, fue la aprobaci�n el 12 de enero de 1998, del Decreto del Congreso de la Rep�blica No. 1-98, mediante el cual se crea la Superintendencia de Administraci�n Tributaria -SAT- como una entidad estatal descentralizada, que tiene como funciones primordiales:

Ejercer la administraci�n del r�gimen tributario, aplicar la legislaci�n tributaria, la recaudaci�n, control y fiscalizaci�n de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior, que debe percibir el Estado, con excepci�n de los que por ley administran y recaudan las municipalidades.

Administrar el sistema aduanero de la Rep�blica, de conformidad con la ley, los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, y ejercer las funciones de control de naturaleza paratributaria o no arancelaria, vinculadas con el r�gimen aduanero.

La SAT absorber� las funciones de la Direcci�n General de Rentas Internas y de la Direcci�n General de Aduanas en el plazo de un a�o, que ya inici� con recursos internos y de cooperaci�n internacional.

Es importante mencionar que la SAT tendr� un Directorio, que ser� su �rgano superior y le corresponder� dirigir la pol�tica de la Administraci�n Tributaria y velar por el buen funcionamiento y la gesti�n institucional de la SAT. El Directorio estar� integrado con seis directores, en la forma siguiente:

En forma ex-oficio el Ministro de Finanzas P�blicas quien lo presidir�. El Superintendente de Administraci�n Tributaria, quien participar� con voz pero sin voto. Cuatro titulares y sus suplentes, nombrados por el Presidente de la Rep�blica de una lista de doce personas, propuesta por la Comisi�n de Postulaci�n que se establece en esta ley, entre quienes figuran personas de gran honorabilidad, como el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los Decanos de la Facultades de Ciencias Econ�micas y de Ciencias Jur�dicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un representante designado por los Rectores de las universidades privadas del pa�s, tres representantes de los Colegios de Profesionales de las Ciencias Econ�micas, de Contadores P�blicos y Auditores y del Colegio de Abogados de Guatemala, entre otros.

A nivel descentralizado, existen instituciones como el Registro Mercantil, que por su importancia y por su problem�tica en materia de corrupci�n, han recibido un apoyo especial y han sido fortalecidas a efecto de erradicar ese fen�meno. Las acciones m�s importantes en ese sentido son:

Realizaci�n de un estudio de medici�n de clima organizacional, realizado por una firma de expertos en la materia, para tener un diagn�stico inicial de la organizaci�n.

Reuniones con todo el personal para determinar objetivos comunes y transmitir la nueva cultura de servicio, que incluy� la definici�n de Valores y Antivalores.

Reclasificaci�n de puestos y salarios de personal, otorg�ndole nuevas funciones y remuneraciones acordes a los salarios de mercado.

Cursos de capacitaci�n y motivaci�n para enfrentar el proceso de cambio.

Creaci�n de una estructura jer�rquica que incluye mandos medios, lo cual permite ejercer una mejor supervisi�n sobre las operaciones y el personal.

Plazos de uno a tres d�as para entrega de documentos. Procesos administrativos que permiten mantener un eficiente control sobre todos los ingresos percibidos en esta instituci�n.

Dotaci�n de instalaciones f�sicas y herramientas tecnol�gicas que permiten realizar las tareas con m�s eficiencia y adem�s se puede ejercer un control espec�fico sobre el personal.

Creaci�n del Departamento de Servicio al Usuario con nuevo personal.

A nivel del Organismo Judicial y de las instituciones que conforman el sector Administraci�n de Justicia, se han dado pasos firmes y se han alcanzado importantes avances en la materia.

En el marco del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Funci�n del Ej�rcito en una sociedad democr�tica, se cre� la Comisi�n de Fortalecimiento de la Justicia, constituida por Acuerdo Gubernativo 221-97.

Su mandato fue producir, mediante un debate amplio en torno al sistema de justicia, un informe y un conjunto de recomendaciones susceptibles de ser puestas en pr�ctica a la mayor brevedad. Integrada por 12 personas, quienes actuaron en su calidad de ciudadanos, no representando a ning�n sector o instituci�n. La Comisi�n qued� instalada en marzo de 1997.

La Comisi�n gener� un debate p�blico y emiti� su opini�n en temas de singular importancia como la corrupci�n e intimidaci�n en el sistema de justicia, entre otros. Al respecto, la Comisi�n manifest� "que tiene la convicci�n de que asistimos a la difusi�n del fen�meno de la corrupci�n y, en general, al escaso valor de la ley en todos los estratos de la sociedad. La corrupci�n en los pa�ses en desarrollo, tiene un efecto devastador sobre el imperio de la ley, la vigencia de los derechos humanos, el derecho de propiedad y los incentivos para la inversi�n."

La Comisi�n emiti� sus recomendaciones enfatizando que respecto al sistema de Justicia, se debe destacar la estrecha vinculaci�n del fen�meno de la corrupci�n con la credibilidad y la fortaleza de las instituciones que lo integran. En ese sentido, puntualiz� las acciones que el Estado de Guatemala debe realizar en diversos aspectos: en materia de pol�tica institucional, de pol�tica legislativa, en materia de mecanismos de control ciudadano.

Al referirse a la lucha contra la intimidaci�n, la Comisi�n indic� "otro de los graves problemas que condicionan a la administraci�n de justicia en Guatemala, sobre todo en materia penal, es la obstaculizaci�n de los procesos mediante amenazas a testigos, abogados y operadores del sistema de justicia, que gen�ricamente se conocen como formas de intimidaci�n."

Respecto a este tema, la Comisi�n recomend�:

El Ministerio P�blico debe poner en funcionamiento de inmediato y a plenitud el r�gimen instaurado por la Ley de Protecci�n a sujetos procesales y personas vinculadas a la administraci�n de justicia penal.

El Organismo Judicial debe asumir un rol relevante en la materia. En tal sentido, debe estipularse el empleo de las medidas cautelares destinadas a preservar la seguridad de las personas, que se encuentran normadas en el C�digo Procesal Civil y Mercantil. Con este objeto ser�a conveniente difundir la existencia de esta v�a.

Debe reformarse el C�digo Penal y tipificarse como actos de especial gravedad las amenazas y coacciones ejercidas sobre funcionarios judiciales. La Comisi�n manifest� "que entiende que semejante criterio debe aplicarse a las amenazas o coacciones que tengan por objeto torcer la recta administraci�n de justicia, aunque est�n dirigidas a particulares."

Algunas recomendaciones de la Comisi�n est�n ya siendo puestas en pr�ctica.

A nivel del Organismo Legislativo, funciona la Comisi�n de Probidad, que constituye un mecanismo de control y fiscalizaci�n de las actuaciones de funcionarios del Estado en el ejercicio de sus atribuciones, espec�ficamente lo relacionado con la interpelaci�n de los Ministros de Estado. Asimismo, en el caso de las privatizaciones y compras y contrataciones del Estado, a efecto de que las negociaciones sean claras y transparentes.

Cabe destacar que, en todo caso, los mecanismos legales de control y fiscalizaci�n que regulan todo lo concerniente a una honesta administraci�n p�blica, para garantizar el decoro, la pureza en el manejo de caudales p�blicos, la probidad del funcionario o empleado y los casos en que los mismos pueden ser sometidos a proceso penal, as� como las penas a imponerse y los procedimientos judiciales, est�n contenidos fundamentalmente en la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica y en las leyes ordinarias siguientes:

Ley Org�nica del Tribunal y Contralor�a de Cuentas y su Reglamento, cuya atribuci�n principal es inspeccionar y glosar la contabilidad general de la Naci�n y velar por el efectivo y oportuno cumplimiento de las obligaciones a favor del Fisco, del Municipio y las dem�s entidades a que se refiere esa ley.

Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados P�blicos, que rige el comportamiento de los funcionarios y empleados de los organismos del Estado, municipalidades, instituciones aut�nomas, descentralizadas o de otra naturaleza que dependan, sean subvencionadas o reciban aportes del Estado, cualesquiera que sea el monto de sus sueldos y siempre que por raz�n de su cargo manejen o administren bienes o valores. Asimismo, los funcionarios y empleados a que se refiere el p�rrafo anterior, aun cuando no manejen ni administren bienes, fondos o valores, cuyo sueldo mensual sea seis mil quetzales o m�s ($1,000).

El C�digo Penal

El C�digo Procesal Penal

A nivel internacional, el Estado de Guatemala ha sido representado al m�s alto nivel en las dos cumbres presidenciales hemisf�ricas y ha signado las respectivas Declaraciones que implican el compromiso de Guatemala de luchar contra los m�s grandes flagelos que amenazan a nuestros pueblos: el narcotr�fico, el terrorismo y la corrupci�n y sus nefastas consecuencias. Asimismo ha participado en todas cumbres presidenciales a nivel de los dignatarios centroamericanos y ha apoyado expresamente las m�s leg�timas preocupaciones y aspiraciones de las sociedades centroamericanas. En este sentido, cabe destacar el Tratado Marco de Seguridad en Centroam�rica, en el que el combate a la corrupci�n tiene un lugar especial.

La Convenci�n Interamericana contra la corrupci�n fue suscrita por el Ministro de Relaciones Exteriores el 4 de junio de 1996, con ocasi�n de la celebraci�n del XXVI Per�odo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA celebrado en Panam�, y actualmente se encuentra en el Congreso de la Rep�blica para su aprobaci�n.

Se�or Presidente, no obstante lo dif�cil que ha sido este proceso de recomposici�n del Estado de Guatemala, porque hemos tenido que enfrentar obst�culos y rezagos enormes, carencias y exclusiones de d�cadas, as� como fuertes resistencias a los cambios, hemos alcanzado consistentes avances en la materia, lo cual dice de la honradez y probidad en el manejo de los recursos. Seguiremos en esa l�nea y continuaremos haciendo todos los esfuerzos posibles para combatir frontalmente las acciones de corrupci�n que aun existen en el pa�s.

Muchas gracias.