INTERVENCI�N DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, C�SAR GAVIRIA TRUJILLO, EN LA SESI�N INAUGURAL DEL SIMPOSIO SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA PROBIDAD EN EL HEMISFERIO
Santiago, Chile, 4 de noviembre de 1998

En nombre de la Organizaci�n de los Estados Americanos y de todos los aqu� presentes, quisiera agradecer al Gobierno de Chile por el generoso ofrecimiento para que esta reuni�n tuviera lugar en Santiago. Este hecho, sin lugar a dudas, reconfirma el compromiso, tantas veces mostrado por el Presidente Frei y por su Gobierno, con la causa de la lucha contra la corrupci�n y, en sentido m�s amplio, con la persistente b�squeda de la consolidaci�n y el perfeccionamiento de las instituciones democr�ticas en el Hemisferio.

Quisiera agradecer, en especial, al se�or Ministro de Relaciones Exteriores, Don Jos� Miguel Insulza, al Representante Permanente de Chile ante la OEA, Embajador Carlos Portales Cifuentes, as� como a todos los funcionarios de la Canciller�a por la dedicaci�n y el empe�o en la organizaci�n de este encuentro y por la c�lida acogida que nos han brindado.

Regresamos a Santiago, transcurridos apenas seis meses desde la Segunda Cumbre de las Am�ricas realizada en esta ciudad, para dar cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos entonces por los Jefes de Estado y de Gobierno y de realizar un Simposio sobre el Fortalecimiento de la Probidad en el Hemisferio. Es esta una nueva dimensi�n de un multilateralismo renovado que ha abierto a la cooperaci�n internacional problemas que es necesario enfrentar colectivamente con todas nuestras energ�as si no queremos que nuestras democracias parezcan como identificadas con esos males, en vez de ser amenazadas por ellos; corrupci�n, terrorismo, miseria, narcotr�fico, crimen e inseguridad.

Perm�tanme comenzar por destacar el hecho de que esta reuni�n haya sido concebida como un primer escenario de encuentro para el di�logo y la coordinaci�n de acciones entre los representantes de los gobiernos, de las organizaciones internacionales y de las instituciones de la sociedad civil que est�n trabajando en la lucha contra la corrupci�n a todo lo ancho de Am�rica.

En pasadas ocasiones he dicho, y hoy quiero repetirlo ante ustedes, que no creo que la corrupci�n sea un camino sin regreso. Contrario a quienes asumen la actitud de los perdedores, porque seg�n ellos, nada se puede hacer y estamos condenados a convivir con la corrupci�n; o de aquellos otros que piensan que este es un problema de idiosincrasia, de forma de ser y actuar, de algo que no saben explicar pero que pareciera hacer que las personas provenientes de ciertas regiones o pa�ses tuvieran la tendencia a ser corruptas porque s�, yo creo que podemos adoptar muchas medidas eficaces para combatirla y eliminarla de sectores enteros de nuestra administraci�n publica y de las empresas privadas.

Sin embargo, estoy seguro que ustedes tambi�n estar�n de acuerdo en que si bien es indispensable que exista voluntad pol�tica para enfrentar este flagelo, �sta es una condici�n absolutamente necesaria pero no suficiente para conseguir efectivamente ese prop�sito. Adem�s de ella, se precisa contar con las pol�ticas, estrategias e instrumentos apropiadas para enfrentarla de manera eficaz.

Por eso, me parece particularmente acertado el enfoque de este encuentro. Algunos analistas, voluntaria o involuntariamente, han pretendido establecer una suerte de dicotom�a, de separaci�n irreconciliable entre la acci�n de las instituciones gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, y la que es propia de la sociedad civil. Seguramente como rezago de la desconfianza mutua del pasado, algunos afirman que el combate contra la corrupci�n debe ser esencialmente una responsabilidad de las instituciones p�blicas. Otros, por el contrario, sostienen que todo lo que se pueda hacer en este campo, debe realizarse a nivel de la sociedad civil, pues parten del supuesto de que la corrupci�n es algo inherente a los funcionarios y las instituciones p�blicas.

A mi juicio, esa separaci�n tajante que algunos pretenden establecer carece de raz�n y de sentido en la hora presente. La corrupci�n es un enemigo com�n, desafortunadamente cada vez m�s organizado y globalizado. Por eso, justamente, se precisa que todos los que estamos en contra de ella tambi�n nos organicemos y aunemos esfuerzos para enfrentarla de manera contundente. La corrupci�n no podr� ser derrotada sin las instituciones o en contra de ellas pero, de igual forma, ninguna acci�n o programa en este frente ser� exitoso o permanente sin la contribuci�n de las organizaciones internacionales, del sector privado o de la sociedad civil.

Quisiera antes de avanzar en algunas propuestas se�alar algunos aspectos de la actividad publica que considero como premisas que todos hemos aceptado como indispensables a nivel nacional antes de acordar otras acciones en la esfera internacional.

Un Estado moderno es la mejor barrera contra la corrupci�n. No s�lo es importante un ejecutivo eficaz y trasparente sino lo son tambi�n un cuerpo legislativo deliberativo y fortalecido en sus funciones de control pol�tico, y una justicia capaz de investigar y sancionar. La existencia de pesos y contrapesos entre los poderes p�blicos es esencial para acabar con la corrupci�n. Igualmente lo son las medidas para eliminar los tramites incensarios; para estimular la competencia; y las disposiciones para dar transparencia a la administraci�n publica, el reconocimiento efectivo de los derechos de petici�n e informaci�n, as� como el de la motivaci�n y publicidad de los actos y decisiones publicas. Lo es tambi�n el fortalecimiento de la responsabilidad o "accountability" en la administraci�n.

La lucha contra la corrupci�n pasa tambi�n por la modernizaci�n de la funci�n publica, incluida la existencia de un sistema adecuado de selecci�n de los empleados basado en el principio del m�rito, el reconocimiento de salarios competitivos y los est�mulos a la productividad. Incluye tambi�n los buenos reg�menes disciplinarios y la transparencia y reglas de juego claras y precisas en la actividad contractual del estado; el efectivo control y transparencia de las actividades de los partidos pol�ticos y el escrutinio de sus finanzas y el de las campa�as electorales; como la tipificaci�n de todos los delitos en materia de corrupci�n y los mecanismos de control para lavado de activos.

Habr�a que decir que le sector privado debe comportarse con lealtad frente a la competencia y al Estado. Y m�s all� de las responsabilidades de las empresas privadas, los ciudadanos, la gente, es esencial en cualquier programa de lucha contra la corrupci�n. Tienen tambi�n los medios de comunicaci�n una gran responsabilidad pedag�gica, de investigaci�n y de denuncia.

Este Simposio, en buena hora auspiciado por los Jefes de Estado y de Gobierno de las Am�ricas y convocado por nuestra Asamblea General y el Gobierno de Chile es entonces una excelente oportunidad para hacer un inventario o examinar los pasos que hemos dado en los temas que r�pidamente he referido, as� como en la ratificaci�n y aplicaci�n de la Convenci�n Americana, y para que avancemos en la definici�n y coordinaci�n de nuevas acciones hacia el futuro en un contexto de cooperaci�n nacional e internacional.

En el marco de la Organizaci�n, la lucha contra la corrupci�n, como preocupaci�n y tema de car�cter multilateral, surgi� en nuestra Asamblea en el 92, y se consolid� a partir de la Cumbre de Miami con todo el proceso que llev� a la adopci�n de la Convenci�n Interamericana contra la Corrupci�n.

Por su naturaleza, contenido y alcances, esta Convenci�n fue el primer instrumento internacional mediante el cual los pa�ses de una de las regiones del mundo -los pertenecientes al Hemisferio Americano- asumieron compromisos que los vinculan tanto desde el punto de vista pol�tico como desde el punto de vista jur�dico. Es el tratado m�s importante para la extradici�n de personas, la cooperaci�n judicial, el intercambio de pruebas y la adopci�n de medidas sobre bienes. Es una respuesta adecuada a temas que obstaculizaban muchas investigaciones como lo eran los derechos protegidos por el asilo y por el secreto bancario. Es, tambi�n, el principal instrumento contra el soborno transnacional.

Sin lugar a dudas, la Convenci�n fue un esfuerzo pionero de singular importancia a nivel internacional. Me atrever�a a afirmar que su adopci�n fue fundamental para que la inmensa mayor�a de los pa�ses industrializados, que durante muchos a�os se hab�an negado a asumir compromisos jur�dicos en esta materia, tuvieran que acceder a suscribir a finales del a�o pasado, en el marco de la OCDE, un tratado -con alcances m�s limitados- contra el soborno a funcionarios p�blicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

De igual forma, ella ha sido un punto de referencia ineludible para los esfuerzos que con orientaciones similares se est�n dando en el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, as� como para los importantes pasos que se han venido dando en el marco de otras organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.

Este tratado interamericano, a trav�s de sus disposiciones, es parte de una concepci�n integral y coherente sobre la lucha contra la corrupci�n. As�, de su contenido se infiere que m�s que una decisi�n o un acto aislado, el combate contra este mal es un esfuerzo permanente, ya iniciado por los pa�ses, que implican una gran cantidad de medidas de tipo interno, que avanza con la Convenci�n y que necesariamente debe continuar con otras definiciones a nivel interno y en el campo internacional.

Como parte de esa concepci�n, la Convenci�n reconoce de manera expresa que este problema no puede ser solucionado �nicamente con acciones represivas o sancionatorias, sino que tambi�n se precisan decisiones de car�cter preventivo orientadas a modernizar las instituciones y eliminar las causas mismas de la corrupci�n o las condiciones que la facilitan o la hacen propicia. As� la corrupci�n debe entenderse como un problema de sistemas y no simplemente de personas corruptas. No basta con poner en la c�rcel a algunos corruptos sin solucionar las causas estructurales que propician la corrupci�n.

As� mismo, la Convenci�n revela la importancia de la acci�n de todos los actores, gubernamentales y no gubernamentales. En especial, reconoce la necesidad de fortalecer la participaci�n de la sociedad civil en la prevenci�n y lucha contra la corrupci�n y dispone que los estados se prestar�n la m�s amplia cooperaci�n t�cnica y jur�dica, propiciar�n el intercambio de experiencias y otorgar�n especial atenci�n a las formas de participaci�n ciudadana en el combate a este fen�meno. En la Asamblea General de la OEA de Lima de 1997, tambi�n, adoptaron un programa interamericano de cooperaci�n para combatir la corrupci�n que parte de su implementaci�n y de que se adopte otro conjunto de medidas para enfrentarla de una manera sistem�tica.

Con el marco de referencia que nos ofrece la Convenci�n y teniendo en cuenta los avances ya logrados, quisiera aprovechar esta ocasi�n para presentar algunas ideas en relaci�n con la agenda com�n que debiera surgir de este encuentro y sobre las cuales quisiera invitar a los participantes a enriquecerlas con sus observaciones y sugerencias.

Nuestro primer gran prop�sito colectivo deber�a ser el de buscar que la Convenci�n entre en vigor en todos los pa�ses de las Am�ricas. Hasta la fecha, veinticinco Estados han firmado la Convenci�n y doce de ellos, la han ratificado. Les propongo que asumamos el desaf�o colectivo de buscar que para el comienzo del nuevo milenio, la Convenci�n est� firmada y ratificada por todos los pa�ses del Hemisferio.

Esa ser�a una se�al clara ante el mundo de que el compromiso de los pa�ses de las Am�ricas es real y profundo, as� como una notificaci�n contundente a los corruptos de que ellos y los bienes productos de sus actos delictivos ser�n perseguidos en cualquier parte de la regi�n en que se encuentren y que las autoridades se prestar�n la m�s amplia asistencia rec�proca para que los actos de corrupci�n no queden en la impunidad y los responsables sean castigados de manera severa y ejemplar.

Para conseguir este fin de la vigencia general de la Convenci�n, pueden contar con la colaboraci�n de la Secretar�a General de nuestra Organizaci�n que ya ha apoyado a algunos pa�ses en las labores de difusi�n e implementaci�n. En uni�n del Banco Interamericano de Desarrollo, durante el pr�ximo a�o, vamos a desarrollar un proyecto de cooperaci�n para asistir a un n�mero importante de pa�ses del hemisferio con este mismo prop�sito.

Una segunda �rea en la que debemos avanzar es en la coordinaci�n de nuestras acciones, la de los organismos internacionales, con las instituciones nacionales con responsabilidades en materia de lucha contra la corrupci�n, as� como con las organizaciones de la sociedad civil. Diversos organismos desarrollan acciones en este campo como el BID, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras instituciones de las Naciones Unidas, as� como agencias bilaterales de cooperaci�n como la AID. A nivel nacional, los pa�ses tambi�n han avanzado en la definici�n de responsables de la coordinaci�n de programas en este frente como Ministerios, Consejer�as Presidenciales o Comisiones especiales. De igual forma, la sociedad civil se ha ido organizando, tanto a nivel nacional como regional y muchas de esas organizaciones est�n presentes en este foro.

Por eso, creo que ha llegado la hora de hacer un esfuerzo adicional que nos permita no s�lo maximizar recursos y asegurar la necesaria complementariedad, sino tambi�n ser m�s eficaces. El combate contra la corrupci�n debe concebirse como un proceso permanente y no como el simple resultado de acciones puntuales u ocasionales, as� como no se puede precisar un solo instante u acci�n en que la corrupci�n haya surgido o se haya consolidado, tampoco es posible concebir en que ella se va a suprimir en un solo instante o con un solo acto o decisi�n. Por el contrario, se requieren muchas decisiones, en diferentes niveles, de todos los actores y con diferentes orientaciones.

Para conseguir este prop�sito y adem�s de las acciones nacionales que he referido quisiera proponerles que creemos una red interamericana contra la corrupci�n, en la cual participen las instituciones p�blicas, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil que est�n trabajando en este frente en las Am�ricas. Asimismo, si ustedes lo consideran �til y conveniente, quisiera ofrecerles que nuestra organizaci�n podr�a prestar los servicios de secretar�a y apoyo en la coordinaci�n de acciones de la red que sugiero.

Esta red deber�a servirnos para intercambiar informaci�n y experiencias, para cooperarnos mutuamente y coordinar acciones a nivel hemisf�rico. De igual forma, ser�a un instrumento para relacionarnos con otras regiones del mundo, como fue sugerido en el seminario realizado hace apenas unas semanas en un esfuerzo conjunto entre la OEA y la OCDE, en Buenos Aires.

Un cuarto campo en el que deber�amos avanzar m�s es en la consolidaci�n de un servicio de informaci�n que nos permita a todos conocer de manera m�s sistem�tica y permanente los desarrollos y acciones que en materia de lucha contra la corrupci�n se est�n dando en el Hemisferio. Teniendo en cuenta los avances que ya hemos dado en este campo, entre otros a trav�s de nuestra p�gina en el "Internet", la Secretar�a General de la OEA, en el marco de sus disponibilidades de recursos, y en coordinaci�n con las autoridades nacionales, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta �rea en la regi�n, ofrecer�a sus servicios como centro de difusi�n e intercambio de informaci�n a nivel hemisf�rico en los temas relacionados con la lucha contra la corrupci�n.

Otra �rea en la cual los pa�ses le han reconocido ventajas comparativas a nuestra organizaci�n y en la cual tenemos experiencia, es en el desarrollo de programas y proyectos de intercambio de experiencias y cooperaci�n horizontal. Dada esta circunstancia, deber�amos fortalecer este tipo de actividades de cooperaci�n sobre las formas y m�todos m�s efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupci�n.

Un sexto frente en el cual las instituciones del sistema interamericano han dado pasos de importancia con posterioridad a la adopci�n de la Convenci�n, es en la elaboraci�n de las llamadas "leyes modelo", en especial en lo que tiene que ver con el enriquecimiento il�cito y el soborno transnacional. Con base en estos progresos, deber�amos consolidar como un servicio de cooperaci�n con los pa�ses, el de contar con un conjunto de leyes "tipo" o "modelo" que pudieran ser de utilidad a los Estados, en el momento de elaborar, estudiar y aprobar disposiciones legislativas.

El s�ptimo campo en el que deber�amos progresar es en el apoyo a programas de investigaci�n aplicada tendiente a detectar las causas y los m�todos de la corrupci�n en sectores espec�ficos tales como la recaudaci�n de impuestos, las aduanas y las compras oficiales, as� como determinar l�neas de pol�tica que conduzcan a su eliminaci�n.

Finalmente, los pa�ses de las Am�ricas tenemos que avanzar en el proceso de fortalecimiento de la sociedad civil organizada. En especial, entre todos debemos dise�ar y ejecutar pol�ticas y programas dirigidos al mejoramiento y consolidaci�n de los sistemas de control de la sociedad civil sobre la gesti�n p�blica.

Se�or Canciller; se�oras y se�ores:

Quienes concurrimos a esta cita de Santiago lo hacemos bajo el convencimiento de que la corrupci�n no es ni puede ser un camino sin regreso. Son muchas, much�simas las acciones que se pueden emprender para combatirla. Por supuesto, como lo expresa la integraci�n y la agenda de este simposio, la responsabilidad es de todos. Por ser un problema colectivo, �sta tiene que ser, tambi�n, una causa com�n.

Estoy seguro que las conclusiones y resultados de este Simposio ser�n fundamentales para trazar el sendero que, entre todos, debemos recorrer para combatir esta amenaza al sistema democr�tico y al desarrollo econ�mico y social de nuestros pa�ses.