Intervencin del Secretario General de la OEA, Csar Gaviria Trujillo, en la reunin de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Amricas

Buenos Aires, Argentina, 1o. de diciembre de 1997

Cuando suger a la Organizacin de los Estados Americanos considerar la conveniencia de convocar a los Ministros de Justicia, no alcanzaba a imaginar que esa idea pudiera concretarse con la celeridad y el alcance que, en hora buena, los pases le han dado a este encuentro.

Por eso, permtanme comenzar por reconocer que el hecho de que hoy estemos reunidos, por primera vez bajo el alero de la OEA, con los ministros de justicia o los ministros o procuradores generales con competencia en este tema, ha sido posible gracias a la acogida que brindaron a esta idea los Estados miembros y a la muy diligente labor cumplida por sus representantes, en especial en el marco del Grupo de Trabajo sobre Perfeccionamiento de la Administracin de Justicia y de la Comisin de Asuntos Jurdicos y Polticos.

En nombre de todos los presentes, deseo agradecer al Gobierno de Argentina por el generoso ofrecimiento de sede para este encuentro y, en especial, al Canciller Guido Di-Tella, el Ministro de Justicia, Ral Granillo, y la Embajadora de Argentina ante nuestra Organizacin, Alicia Martnez Ros, por el gran liderazgo que han mostrado para la realizacin de este evento.

Que los Ministros de justicia no se reunieran en el marco del sistema interamericano como ocurre con los ministros y altos funcionarios de otras reas, ms que un descuido, pareca un error imperdonable que, en hora buena, ahora comenzamos a subsanar.

Tal vez como nunca antes en la historia, vivimos tiempos en que el aislacionismo carece de sentido y en los cuales la accin colectiva, adems de conveniente, se ha vuelto inevitable. Esta afirmacin es absolutamente contundente en relacin con el fortalecimiento de la cooperacin jurdica y judicial y, en general, de las instituciones de justicia. Permtanme destacar algunas de las razones que fundamentan esta aseveracin.

La primera tiene que ver con la importancia que tienen las instituciones de justicia para los procesos de integracin econmica y, en general, para el crecimiento y el desarrollo econmico de los pases del Hemisferio. El intercambio comercial, que ha aumentado considerablemente durante los ltimos aos en el Hemisferio, puede verse seriamente afectados si no logramos consolidar los procesos de modernizacin del Estado. Diversos estudios, entre los que se cuentan los realizados por el Premio Nobel en Economa Douglas North, han demostrado la importancia del papel de las instituciones pblicas en el desarrollo econmico y social de los pases.

Algunos de estos trabajos han probado que la inversin es altamente sensible a factores no econmicos tales como la fiabilidad en las instituciones de justicia. Segn la encuesta realizada por el Banco Mundial para su ltimo Informe sobre el Desarrollo Mundial, en los pases en desarrollo ms del 70% de los empresarios afirm que la imprevisibilidad de los jueces era un problema importante en sus operaciones comerciales. Los pases de Amrica Latina y el Caribe, lamentablemente aparecen como una de las regiones de menor fiabilidad del estamento judicial, apenas seguida por los pases de Africa al sur del Sahara y la Comunidad de Estados Independientes. Todo lo anterior muestra que el fortalecimiento de las instituciones de justicia es fundamental para el libre comercio, el crecimiento y el desarrollo econmico de los pases del Hemisferio.

Siendo esto cierto, quisiera destacar que en el marco de la OEA nos preocupa la justicia y le damos la ms alta importancia no slo por lo que sta pueda representar para los negocios y el crecimiento econmico sino, sobre todo, por los valores que ella representa en s misma como pivote fundamental de la democracia y del Estado de derecho.

En muchos pases americanos, los ciudadanos empiezan a cansarse de que la discusin econmica cope la totalidad de sus preocupaciones. Ese desencanto ha tomado en algunos casos la forma de un escepticismo colectivo que, en ocasiones, ha estimulado la aparicin de propuestas populistas y de protestas populares. Sin embargo, ningn pas quiere volver a las pocas oscuras de la dictadura y la arbitrariedad. Por el contrario, lo que los habitantes del Hemisferio quieren es que las reformas lleguen a las polticas pblicas que tienen que ver con sus preocupaciones cotidianas.

Por eso, la defensa y consolidacin de la democracia debe ser el centro de nuestras preocupaciones y la piedra angular de nuestra accin colectiva en la regin. Y, como todos lo sabemos, sin justicia no hay democracia. Es indispensable contar con una administracin de justicia accesible, eficaz, eficiente, independiente, dignificada, fuerte y sensible a los valores democrticos, as como fortalecer los mecanismos de cooperacin jurdica y judicial en las Amricas.

Lo anterior es fundamental tanto para defender la democracia de amenazas como las que surgen de las diversas modalidades de la criminalidad transnacional organizada, como para asegurar la defensa y proteccin de los derechos humanos, en especial los de los grupos vulnerables, y garantizar la preservacin del medio ambiente.

Como se ha reconocido en numerosas oportunidades, la OEA es el nico escenario en que se encuentran los pases de las Amricas, en condiciones de igualdad, para dialogar, buscar soluciones a sus problemas comunes y afianzar su solidaridad. Por eso, nuestra Organizacin es tambin el foro poltico y tcnico para el desarrollo del derecho internacional en el Hemisferio y para la adopcin de las decisiones necesarias para la cooperacin jurdica y judicial en las Amricas.

Esta circunstancia confiere gran trascendencia a la presente reunin, pues la Asamblea General defini que ese fuera el objeto central de este encuentro y los pases, en el marco del Consejo Permanente, aprobaron cinco temas para su consideracin. Quisiera referirme a cada uno de ellos y formular algunas reflexiones o sugerencias sobre el tipo de desarrollos que, a mi juicio, se podran promover o adoptar con respecto a ellos.

En relacin con el Estado de Derecho que es el primer punto de su agenda, entre los muchos pasos que debemos dar para avanzar en su consolidacin, quisiera relevar ente Ustedes dos temas que considero fundamentales y que podran ser objeto de una reflexin colectiva ms sistemtica como producto de las decisiones de los ministros de justicia.

El primero tiene que ver con la necesidad de fortalecer la justicia constitucional como un elemento esencial para la garanta de los derechos fundamentales, la sujecin de todas las personas al ordenamiento jurdico de cada Estado y el efectivo control al ejercicio del poder por las autoridades pblicas.

El segundo tema se refiere a la importancia de modernizar el derecho para adecuarlo a los grandes cambios polticos, econmicos y sociales que ha vivido y continua experimentando el mundo y el Hemisferio, los cuales exigen actualizar y en muchos casos armonizar de manera ordenada nuestras leyes.

Un tema no menos importante es el que tiene que ver con la importancia de racionalizar e introducir mayor transparencia en nuestros sistemas jurdicos. No me refiero al debido proceso o a las formas esenciales para tutelar los valores que debe proteger el derecho, sino a los formalismos y trabas innecesarias que, adems de ser caldo de cultivo favorable para la corrupcin, encarecen los costos de las transacciones econmicas, limitan o impiden la proteccin de derechos fundamentales y desprestigian el Estado de Derecho. La ventaja que tenemos de que en el hemisferio convivan dos tradiciones jurdicas diferentes, nos ofrece una gran oportunidad para propiciar un intercambio de ideas y experiencias sobre este tema que, sin lugar a dudas, redundara en beneficio de todos.

En lo que tiene que ver con la modernizacin y el fortalecimiento de la administracin de justicia que es el segundo punto de la agenda, quisiera destacar que durante la ltima dcada en numerosos pases de Amrica Latina y el Caribe se han puesto en marcha reformas judiciales. Algunas de ellas han contado con el apoyo del BID, el Banco Mundial, la AID y otras agencias de cooperacin internacional, en un esfuerzo pionero que merece todo el reconocimiento de la comunidad internacional.

Sin embargo, por haber olvidado durante tantos aos la justicia y haberla reducido a una suerte de cenicienta de las instituciones pblicas, las reformas emprendidas todava tienen un alcance limitado y son an muchos los pasos que se deben dar hacia adelante. Por esto uno de los ms serios problemas que tenemos en este frente es que el ritmo de los resultados de esas reformas no est relacionado con el de las expectativas o la demanda de justicia.

Seguramente por el crecimiento de la criminalidad que segn estudios, por ejemplo, en Amrica Latina es ms del doble que en cualquier otra regin del mundo, as como de la violencia y la impunidad en muchos casos, los ciudadanos cada vez demuestran una mayor inconformidad y, con frecuencia desespero, ante los muy limitados o, todava, prcticamente inexistentes resultados de las reformas emprendidas en algunos pases.

Ante esta circunstancia, pienso que, en primer lugar, es preciso hacer un mayor esfuerzo pedaggico para explicar que, despus de tantos aos de olvido, no son suficientes la expedicin de algunas normas para asumir que, como por encanto, se modernizan los sistemas de justicia. Por el contrario, es necesario concebir la reforma judicial como un proceso que ya se ha iniciado en numerosos pases, se est continuando y en el cual se debe avanzar an mucho ms en el futuro.

No menos importante es, en segundo lugar, que quienes impulsan las reformas judiciales entiendan que ese proceso debe permitir y asegurar la evaluacin peridica de los avances y resultados. En la hora actual, cada vez es ms evidente que sin lo que se define en ingls como Aaccountability@, que algunos traducen como rendicin de cuentas, va a ser muy difcil exigir mayores esfuerzos fiscales o congregar un gran respaldo ciudadano en torno a las reformas.

En tercer lugar, se requiere formular la reforma judicial como una poltica integral que abarque tanto las diferentes reas sustantivas y procesales, como todas las instituciones relacionadas con el tema ya sean cortes y juzgados, organismos de polica judicial, ministerios de justicia, procuraduras, fiscalas o sistemas penitenciarios y carcelarios.

Finalmente, es preciso concebir la reforma judicial como un proceso poltico en el mejor sentido de la palabra que, por lo tanto, interesa a toda la colectividad y en el que deberan participar tanto los jueces, los gobiernos y los legisladores, como el sector privado, los centros de investigacin y capacitacin, los medios de comunicacin y la sociedad civil en general.

Teniendo en cuenta esta concepcin de fondo y sin el nimo de ser exhaustivo, quisiera mencionar algunas de las reas que considero especialmente importantes para el avance en los procesos de reforma judicial y que podran ser objeto del debate y el intercambio de experiencias en el marco del sistema interamericano.

En este sentido, tal vez en lo primero que debemos avanzar es en el anlisis y discusin de los aspectos conceptuales y estructurales de los procesos de reforma judicial. Con frecuencia se escucha que lo que se ha hecho en este campo es Ams de lo mismo@: reformas procesales, incrementos salariales, aumento del nmero de jueces y, en general, ms gasto pblico en el sector, sin que los resultados sean an muy claros. Estas crticas, seguramente injustas en algunos casos, tienen calado en la opinin pblica y ms que incentivar un nimo contestatario, nos deberan llevar a profundizar en la evaluacin de las polticas emprendidas, en el estudio de los problemas de la justicia y en la conceptualizacin de los programas o proyectos que se promuevan hacia el futuro.

De igual forma, es indispensable progresar en los aspectos preventivos de los conflictos y, en especial, de los que tienen que ver con los delitos. En este caso, cada vez es ms evidente que el simple tratamiento represivo, adems de costoso, est condenado al fracaso.

Asimismo, como est previsto en la agenda, es necesario fortalecer los mecanismos alternativos de solucin de conflictos en aquellas causas en que ello es posible, de manera que los jueces se puedan concentrar en la solucin de las controversias que por su trascendencia jurdica y social as lo exijan.

De la misma manera, es indispensable repensar los temas de la gestin judicial, incluidos aspectos crticos como los relacionados con la administracin de la rama judicial y la introduccin en muchos pases de los llamados Consejos de la Magistratura o similares, de manera que, sin detrimento de la independencia y autonoma de la rama judicial, se asegure eficacia y eficiencia en la administracin de los recursos. En este campo, tambin es conveniente profundizar en el estudio de los pasos dados para introducir la Aoralidad@ en procesos judiciales en algunos pases de Amrica Latina.

Finalmente, el tema de la educacin es fundamental, tanto en lo que tiene que ver con los ciudadanos, como de los abogados, jueces y dems servidores judiciales. Quizs como en ninguna otra, el elemento humano es el insumo fundamental para el xito de las polticas de reforma judicial. Por eso quisiera relevar la importancia de considerar de la manera ms atenta la propuesta que se ha venido ventilando sobre la eventual creacin de un Centro de Capacitacin Judicial en Latinoamrica.

El tercer tema de la agenda tiene que ver con algo que es de la esencia de la OEA. En el marco de la Organizacin, los pases han adoptado ms de sesenta tratados, de los cuales ms de la mitad estn relacionados con la cooperacin judicial. En conjunto, estos tratados constituyen el mayor aporte de nuestra Organizacin a la cooperacin jurdica y judicial en las Amricas. Sin embargo, en este campo tambin deberamos avanzar mucho ms.

Segn un estudio de la Secretara General realizado en octubre de 1997, de los treinta tratados relacionados hasta entonces con la cooperacin judicial, cuatro no han entrado en vigor a pesar de que dos de ellos fueron adoptados hace ms de cuatro aos y los otros dos, hace nueve y once aos, respectivamente. Del mismo estudio se infiere que el 40% de los pases que firmaron estas convenciones no las han ratificado y que slo alrededor del 27% del conjunto de estos tratados est en vigor, si se asume que para su completa vigencia se requerira que todos los Estados miembros hubieran ratificado los treinta tratados referidos.

Quisiera destacar que si los pases hacen el esfuerzo de adoptar una Convencin, tambin deberan comprometerse a promover su ratificacin en el menor tiempo posible. No parece tener ningn sentido adoptar convenciones para luego siquiera no impulsar su ratificacin. Por eso, pienso que la ratificacin y aplicacin efectiva de estos instrumentos jurdicos, constituye tal vez el primero y ms importante desafo que tenemos en materia de cooperacin jurdica y judicial.

La Secretara General de la OEA puede apoyar este proceso a travs de actividades de difusin y capacitacin y, a solicitud de los pases, tambin podra prestar asistencia tcnica durante el proceso que va desde la firma hasta la ratificacin de los acuerdos.

El segundo desafo que tenemos en este frente es el de promover un proceso ms sistemtico de reflexin colectiva sobre los mecanismos para fortalecer la cooperacin judicial. La realizacin peridica de Conferencias interamericanas ha demostrado ser un mecanismo eficaz para la consideracin y definicin de instrumentos jurdicos en materia de derecho internacional privado. De hecho, el 60% de los tratados relacionados con la cooperacin judicial han sido adoptados en el marco de ellas.

Por eso, quisiera sugerir a los ministros y a la Organizacin considerar la posibilidad de adoptar como sistema de trabajo la realizacin peridica de Conferencias interamericanas en materia de cooperacin judicial, en las cuales, entre otras, se pueda evaluar peridicamente los avances alcanzados, intercambiar experiencias, coordinar acciones y, eventualmente, discutir y adoptar instrumentos jurdicos interamericanos.

En cuanto a la lucha contra la corrupcin y el crimen organizado, durante los ltimos aos se han realizado avances de gran importancia en el marco de la OEA. Entre ellos, deseara relevar la Convencin interamericana contra la corrupcin; la declaracin y el plan de accin para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo; la estrategia antidrogas del Hemisferio; y la Convencin interamericana contra la fabricacin y el trfico ilcitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

Como todos sabemos, la organizaciones transnacionales del crimen cada vez extienden ms sus tentculos y se han vuelto ms sofisticadas. Ya no es slo el narcotrfico, el terrorismo, la corrupcin o el lavado de dinero sino, tambin, por ejemplo el trfico internacional de vehculos robados; el trfico ilcito de residuos peligrosos, de especies animales o de bienes culturales; los fraudes internacionales a travs de computadoras y otras tecnologas o las violaciones a la propiedad intelectual.

Cmo vamos a avanzar en nuestro hemisferio para combatir nuevas o futuras modalidades de criminalidad organizada? Sin perjuicio de la ratificacin y aplicacin efectiva de las convenciones interamericanas adoptadas, quisiera sugerir la idea de que, en el marco de la OEA, examinemos la conveniencia de discutir y aprobar una convencin que defina instrumentos de cooperacin judicial entre nuestros pases en la lucha contra nuevas y futuras modalidades de la criminalidad transnacional organizada. Sera una forma de anticiparnos a los delincuentes internacionales y de evitar que ellos se aprovechen de la ausencia de instrumentos jurdicos internacionales especficos para cada uno de sus actos delictivos.

Durante los ltimos dos aos, con la adopcin de las Convenciones contra la Corrupcin y la fabricacin y el trfico ilcito de armas de fuego, la OEA ha demostrado estar a la vanguarda en la adopcin de instrumentos jurdicos internacionales contra modalidades especficas de criminalidad organizada. De hecho, siguiendo los pasos dados por los pases en nuestra Organizacin, los Estados miembros de la OCDE y los del Consejo de Europa, respectivamente, estn negociando convenciones contra la corrupcin.

La idea de contar con una Convencin ms comprehensiva contra las modalidades de delincuencia transnacional organizada no previstas en los tratados ya adoptados no es extica. En alguna medida, como Ustedes saben, este tema ha sido considerado, a nivel universal, en las Naciones Unidas y, en un plano regional, en el Consejo de Europa. Lo que sugiero es que, dada la identidad de valores que existe en el Hemisferio y que nos ha permitido ir a la avanzada en la adopcin de instrumentos contra la criminalidad organizada, continuemos abriendo camino con un instrumento ms comprehensivo que regule los mecanismos de cooperacin judicial en los casos de las modalidades de criminalidad transnacional organizada no previstos en los tratados interamericanos existentes.

En cuanto al quinto tema de su agenda, es una realidad que los sistemas carcelarios y penitenciarios son cada vez objeto de mayores preocupaciones a nivel internacional. Las polticas en esta materia merecen una especial atencin tanto por consideraciones humanitarias, como de eficacia y eficiencia. Diversos estudios muestran el alto peso de la reincidencia de delincuentes. De otro lado, no invertir lo suficiente en este sector puede significar para la sociedad dilapidar esfuerzos y recursos.

En este campo, en el marco de la OEA, podramos avanzar, entre otros, a travs de programas de intercambio de experiencias y de cooperacin horizontal. Un aporte adicional a este proceso sera el cdigo modelo sobre normas mnimas de detencin, acorde con el derecho internacional, en el cual ha venido trabajando la Comisin Interamericana de Derechos Humanos.

Seores Ministros y Procuradores:

La presente reunin se realiza apenas alrededor de cuatro meses antes de la Cumbre de Presidentes en Santiago de Chile. Ese hecho confiere an mayor importancia a este encuentro pues, pienso, que sta es una gran oportunidad para que los Ministros y Procuradores puedan aportar ideas y recomendaciones para ser consideradas por los presidentes en el marco de las decisiones que van a adoptar en Santiago.

Durante los ltimos aos hemos realizado avances de gran importancia en materia de fortalecimiento de la administracin de justicia y de la cooperacin jurdica y judicial en las Amricas. Pero, igualmente, es mucho an lo que tenemos por hacer. Por eso, considero que esta es una buena ocasin para que los Ministros y Procuradores convengan una agenda y una metodologa de trabajo hacia el futuro que, adems, podra contar muy pronto con el respaldo de los jefes de Estado y de gobierno.

La OEA, como espacio de encuentro de los pases del hemisferio, podra apoyar en el desarrollo de acciones como las que he mencionado antes, y no me cabe la menor duda que el BID y los dems organismos financieros y agencias de cooperacin, estn en la mejor disponibilidad de continuar apoyando los esfuerzos tendientes a la modernizacin de las instituciones de justicia.

Estoy seguro que los resultados de esta primera reunin de ministros de justicia o de ministros o procuradores generales de las Amricas en el marco de la OEA, ser recordada como un encuentro de singular trascendencia para el fortalecimiento de las instituciones de justicia, la cooperacin jurdica y judicial, y el Estado de Derecho en las Amricas.

Muchas gracias.