Plan de Acción
Lucha Contra la Corrupción
Reconociendo que la corrupción
afecta gravemente las instituciones políticas democráticas y privadas,
debilita el crecimiento económico y atenta contra las necesidades y los
intereses fundamentales de los grupos más desfavorecidos de un país, y que
la responsabilidad de la prevención y control de este problema depende tanto
de los gobiernos como de los cuerpos legislativos y poderes judiciales:
Considerarán firmar y
ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, la
Convención Interamericana Contra la Corrupción, de acuerdo con sus
respectivos marcos legales, y fomentarán la aplicación efectiva de la
Convención, a través, entre otros, del Programa Interamericano de
Cooperación para Combatir la Corrupción y los programas e iniciativas de
cooperación técnica conexos, incluyendo aquellos de las organizaciones
multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales competentes en materia de
buena gestión pública y lucha contra la corrupción, así como los programas
que cada país diseñe e implemente, de acuerdo con sus leyes nacionales, y
por sus propios organismos competentes, cuando éstos puedan requerir
asistencia;
Apoyarán, en el menor plazo
posible y tomando en consideración la recomendación de la OEA, el establecimiento
de un mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención
Interamericana Contra la Corrupción, por los Estados Parte de dicho
instrumento;
Apoyarán el fortalecimiento de
la Red Interamericana de Cooperación Contra la Corrupción, en el marco de la
OEA, así como las iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación entre
los funcionarios gubernamentales encargados de ética y representantes de la
sociedad civil;
Fortalecerán, en cooperación
con las organizaciones multilaterales y los bancos de desarrollo
multilaterales, cuando sea apropiado, la participación de la sociedad civil
en la lucha contra la corrupción, a través de iniciativas que estimulen la
organización, capacitación y vinculación de ciudadanos para trabajar en el
contexto de proyectos concretos que promuevan la transparencia en la gestión
pública y en la rendición de cuentas públicas;
Continuarán promoviendo
políticas, procesos y mecanismos que permitan la protección del interés
público, y el uso de mecanismos de declaración patrimonial de los
funcionarios públicos, a fin de evitar posibles conflictos de interés e
incompatibilidades, así como otras medidas que incrementen la transparencia.
Declaración