Versión internet de este boletín:
http://www.oas.org/juridico/newsletter/nl_sp.htm


MECANISMO ANTICORRUPCIÓN DE LA OEA ADOPTA INFORME SOBRE EL SALVADOR

En su Vigésima Reunión, celebrada entre el 10 y el 14 de septiembre, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) adoptó el informe de la República de El Salvador sobre la implementación de este tratado en el marco de la Cuarta Ronda de Análisis que adelanta actualmente este Mecanismo.  

Una parte importante del informe se centró en el análisis de los órganos de control superior de la República de El Salvador con responsabilidades en la prevención, detección, sanción y erradicación de los actos de corrupción. En este sentido, el informe analiza a la Fiscalía General de la República; el Tribunal de Ética Gubernamental; la Corte Suprema de Justicia; y la Corte de Cuentas de la República. 

El análisis se llevó a cabo tomando en cuenta la respuesta de la República de El Salvador a un cuestionario, , información recabada por la Secretaría Técnica y como una nueva e importante fuente de información, la visita in situ realizada entre el 20 y el 23 de marzo de 2012. Esta visita se realizó por representantes de la República Bolivariana de Venezuela y San Vicente y las Granadinas, así como funcionarios de la Secretaría Técnica de la MESICIC. Durante esa visita, el equipo de análisis se reunió con representantes de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores sobre temas útiles para el combate a la corrupción. 

Algunas de las recomendaciones formuladas para ser consideradas por la República de El Salvador en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación: 

Proveer la Fiscalía General de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental y la Corte Suprema de Justicia, con los recursos financieros y humanos para el cabal desarrollo de sus atribuciones y funciones.  

En cuanto a la Fiscalía General de la República, establecer criterios objetivos para la asignación de casos de corrupción y desagregar los resultados sobre las sanciones a prácticas corruptas que generen responsabilidad disciplinaria, administrativa, patrimonial o civil, o penal.  

Con respecto al Tribunal de Ética Gubernamental, establecer lineamientos y plazos para la efectiva designación de los representantes al Tribunal. 

En lo atinente a la Corte Suprema de Justicia, restaurar a la Sección de Probidad de la Corte la atribución de solicitar directamente de bancos e instituciones financieras información sobre las cuentas de los servidores públicos y establecer un mecanismo para la rendición de cuentas en la Corte.

En lo relativo a la Corte de Cuentas de la República, nombrar su representante ante el Pleno del Tribunal de Ética Gubernamental, asimismo mantener estadísticas sobre los montos pecuniarios que han ingresado en las arcas públicas como resultado de la imposición de sanciones por la Corte; mantener estadísticas sobre los resultados finales de las quejas ciudadanas recibidas por la Corte; y facilitar el acceso al público, a través de su página en Internet, a todas las memorias de labores de la Corte. 

Además, el informe contempla la utilidad, para los propósitos de la lucha contra la corrupción, de las buenas prácticas aplicadas actualmente por la República de El Salvador, tales como una iniciativa de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción de velar por la participación ciudadana en la gestión publica, denominada “Rendición de Cuentas de las Entidades del Órgano Ejecutivo,” y a la suscripción de convenios de cooperación entre universidades y el Tribunal de Ética Gubernamental, denominada “Agente Multiplicadores de la Ley de Ética Gubernamental.” 

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a la República de El Salvador en la Primera Ronda, se ha avanzado con respecto a la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública; la reforma de la Ley de Ética Gubernamental; y el establecimiento del Consejo Económico y Social. 

Algunas de las recomendaciones formuladas a la Republica de El Salvador en la Primera Ronda que quedan vigentes o que fueron reformuladas, apuntan a propósitos tales como, el establecimiento de mecanismos para detectar posibles conflictos de intereses de los servidores públicos a su ingreso en el servicio publico; la creación de mecanismos para proteger el interés publico cuando surge un conflicto de interés; la implementación de una norma especifica que incluya plazos y circunstancias para exigir la presentación periódica y actualizada de declaraciones patrimoniales; el establecimiento de un mecanismo para el registro de activos, ingresos y pasivos de los servidores públicos que se utilice para evitar y detectar actos de corrupción; la eliminación del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública de las categorías de información reservada denominada ‘seguridad política;’ la designación de los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Publica; y la implementación de normas y mecanismos que alienten la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en la gestión pública.

Durante esta Vigésima Reunión, informes similares fueron adoptadas en relación con Bolivia, Brasil, México y Paraguay. El informe sobre la República de El Salvador aprobado por el Comité, así como los antes mencionados, están disponibles en:
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_inf.htm


Edición N° 98 - Septiembre 2012

¿Qué es el MESICIC?

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) es una herramienta para propiciar el desarrollo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante la cooperación entre los Estados Parte de la misma que son miembros de dicho mecanismo.

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