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MECANISMO ANTICORRUPCIÓN DE LA OEA ADOPTA INFORME SOBRE SURINAME

En su Vigésimo Cuarta Reunión, celebrada del 8 al 12 de septiembre de 2014, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) adoptó el informe de Suriname sobre la implementación de este tratado en el marco de la Cuarta Ronda de Análisis que adelanta actualmente el Mecanismo. Este es el cuarto informe adoptado por el MESICIC en relación con la implementación de la Convención en Suriname.

En esta Cuarta Ronda del Mecanismo fueron analizados la estructura, el funcionamiento y resultados de cuatro de los principales órganos de control encargados de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas en Suriname: la Alta Corte de Justicia, la Procuraduría Pública, el Ministerio de Justicia y Policía (MJP) y la Agencia Central de Auditoría (CLAD por sus siglas en holandés). También se revisaron los progresos alcanzados por Suriname en relación con las recomendaciones formuladas en la Primera Ronda de Análisis del MESICIC.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de la República de Suriname al cuestionario y la información recabada por la Secretaría Técnica; así como con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita in situ realizada entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 2014 por los miembros del subgrupo de análisis de Suriname, integrado por Brasil y Paraguay, con el apoyo de la Secretaría Técnica. En esa ocasión cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Suriname y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores sobre temas útiles para el análisis.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Suriname, para su consideración, en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

En relación con la Alta Corte de Justicia, la reanudación del proceso de nombramiento de jueces; la implementación de un manual de clasificación y descripción de funciones para jueces, así como el desarrollo de procedimientos disciplinarios y un código de ética para jueces; el fortalecimiento de la autonomía presupuestaria de la Alta Corte de Justicia; y el establecimiento de la obligación de la Alta Corte de Justicia de rendir cuentas al Estado y a la ciudadanía sobre sus funciones constitucionales de administración de justicia.

Por lo que se refiere a la Procuraduría Pública, el fortalecimiento de este órgano mediante la dotación de recursos humanos y presupuestarios; la creación dentro del Departamento de Policía de una unidad anticorrupción que trabaje en coordinación con la Procuraduría Pública; el fortalecimiento de la autonomía presupuestaria de la Procuraduría Pública; y el establecimiento de la obligación de la Procuraduría Pública de rendir cuentas al Estado y a la ciudadanía sobre sus funciones constitucionales de investigación y procesamiento de actos delictivos, incluidos los actos de corrupción.

En lo tocante al Ministerio de Justicia y Policía (MJP), la implementación medidas para encomendar oficialmente al MJP o a algún otro órgano las funciones de prevención de la corrupción; el desarrollo de procedimientos reglamentados para la toma de decisiones y el fortalecimiento de mecanismos de control interno; la implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional; y la publicación de los informes anuales financieros y de gestión del MJP en su página Web y a través de otros medios de comunicación.

Por lo que respecta a la Agencia Central de Auditoría (CLAD), el establecimiento de la obligación de dar curso a aquéllos casos que resulten con indicios de hechos delictivos directamente a la Procuraduría para su investigación y procesamiento; la actualización de la normativa que regula la CLAD, estableciendo las condiciones para que este órgano pueda contar con un Director y Junta Directiva; y la publicidad de los informes de gestión memorias anuales de la CLAD, de manera que la ciudadanía pueda conocer esta información.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Suriname en la Primera Ronda que quedan vigentes, apuntan a propósitos tales como el fortalecimiento de la implementación de normas sobre conflictos de intereses de los servidores públicos; la adopción de mecanismos que exijan específicamente a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento; el establecimiento de sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos de los servidores públicos; el establecimiento de un sistema efectivo aplicable para el acceso a la información pública; y el establecimiento de leyes y mecanismos que alienten a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a participar en el seguimiento de la gestión pública.

Además de lo anterior, en el informe se reseñan las buenas prácticas sobre la que Suriname suministró información y que se refiere sintéticamente a los programas de sensibilización del Ministerio de Justicia y Policía sobre prevención de la corrupción dirigidos a los medios de comunicación, quienes tienen la tarea de informar a la ciudadanía; así como a las capacitaciones también llevadas a cabo por dicho órgano de control dirigidas a altas autoridades y otros servidores públicos en temas de prevención a los fines de que puedan distinguir qué es y qué no es corrupción.

Durante esta Vigésimo Cuarta Reunión, se adoptaron informes similares para Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Grenada, Belize y Haití. El informe de Suriname aprobado por el Comité, así como de los países antes mencionados, están disponibles aqui

Para mayor información visite el Portal Anticorrupción de las Américas.


Edición N° 190 - Septiembre 2014

¿Qué es el MESICIC?

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) es una herramienta para propiciar el desarrollo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante la cooperación entre los Estados Parte de la misma que son miembros de dicho mecanismo.

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