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MECANISMO ANTICORRUPCIÓN DE LA OEA ADOPTA INFORME SOBRE JAMAICA

En su Vigésima Cuarta Reunión, celebrada entre el 8 y el 12 de septiembre, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) adoptó el informe de Jamaica sobre la implementación de este tratado en el marco de la Cuarta Ronda de Análisis que adelanta actualmente este Mecanismo.  

Una parte importante del informe se centra en el análisis de los órganos de control superior de Jamaica con responsabilidades en la prevención, detección, sanción y erradicación de los actos de corrupción. En este sentido, el informe analiza a la Oficina del Contratista General; la Comisión de Integridad; la Comisión para la Prevención de la Corrupción; y el Departamento del Auditor General

Este análisis se llevó a cabo tomando en cuenta la respuesta de Jamaica a un cuestionario, la información recabada por la Secretaría Técnica del MESICIC y, como una nueva e importante fuente de información, la visita in situ realizada entre el 1 y 3 de abril de 2014, en este caso, por los representantes de El Salvador, Grenada y la Secretaría Técnica. Durante esta visita, el equipo de análisis, además de reunirse con los representantes de los anteriores órganos de control, lo hizo también con representantes de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores

Algunas de las recomendaciones formuladas para ser consideradas por Jamaica en relación con los órganos analizados apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación: 

En general, con respecto a los órganos de control, dotarlos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones. Además, para fortalecer el trabajo de la Oficina del Contratista General, la Comisión de Integridad y la Comisión para la Prevención de la Corrupción, adoptar las medidas pertinentes para enfrentar el problema de falta de procesamientos por delitos de corrupción por parte de la Fiscalía General.

En cuanto a la Oficina del Contratista General, considerar realizar las reformas institucionales y legales necesarias para separar la Comisión Nacional de Contratos de la Oficina del Contratista General; otorgar la potestad y autoridad de suspender o regularizar un contrato o licencia cuando se presenten indicios de corrupción, irregularidades o actos impropios; y actualizar las sanciones vigentes por incumplimiento de la Ley del Contratista General.

Con respecto a la Comisión de Integridad, considerar establecer un sitio “web” para este órgano de control superior; establecer e implementar un programa de sensibilización para informar a las personas sobre la manera de presentar denuncias referentes a presuntos actos de corrupción cometidos por parlamentarios; y considerar la posibilidad de otorgar a la Comisión de Integridad la atribución de imponer sanciones administrativas a un parlamentario por presentación tardía u omisión de presentar declaraciones (patrimoniales).

En lo atinente a la Comisión para la Prevención de Corrupción, considerar adoptar un cronograma para la implementación, por parte de este órgano de control superior, de las funciones que se le atribuyen como autoridad designada en el marco de la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2011; implementar un sistema electrónico de presentación de declaraciones (patrimoniales) por los funcionarios públicos; e implementar un registro sobre declaraciones de intereses para facilitar la identificación de potenciales conflictos de intereses entre los intereses privados de un funcionario público y sus obligaciones públicas.

En lo relativo Departamento del Auditor General, considerar concluir el proceso de aprobación por parte del Ministerio de Finanzas y Planificación y el Gabinete relativo a la nueva estructura orgánica propuesta para este órgano de control superior; considerar la posibilidad de reformar la Ley de Administración Financiera y Auditoria, eliminando el plazo trienal de prescripción para el cobro de resarcimientos a favor del Estado; y autorizar al Auditor General a poner en conocimiento de la Oficina del Contratista General todo incumplimiento de contratos de adquisiciones que se detecte al realizar una auditoría..

Entre los avances relativos a la implementación de las recomendaciones formuladas a Jamaica en la Primera Ronda del MESICIC, se destacan el establecimiento de las Directrices Judiciales de 2012 y la promulgación del Reglamento de Administración Financiera, 2011.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Jamaica en la Primera Ronda que quedan vigentes o que fueron reformuladas, apuntan a propósitos tales como, estimular la implementación de un código de ética para Senadores y Diputados, incluyendo mecanismos punitivos por violaciones; desarrollar, cuando corresponda, disposiciones que limiten la participación de los ex funcionarios públicos, en situaciones que conlleven el aprovechamiento indebido de esa condición, en un plazo de tiempo determinado; establecer el deber de denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que se tenga conocimiento, en relación con aquellos funcionarios y empleados públicos que actualmente no están obligados a hacerlo.; y hacer públicos en el sitio web de la Unidad de Acceso a la Información todos los Informes Anuales y Trimestrales.

Adicionalmente, Jamaica también suministró información, para su inclusión en el informe, de una buena práctica relativa a la realización de una auditoría que asegura que la información suministrada es completa, precisa y pertinente, tal como se prevé en un Manual de Procedimientos de Auditoría.

Durante esta Vigésima Cuarta Reunión del MESICIC, informes similares fueron adoptados en relación con Belize, Grenada, Haití, San Vicente y las Granadinas y Suriname disponibles aqui

Para mayor información visite el Portal Anticorrupción de las Américas.


Edición N° 188 - Septiembre 2014

¿Qué es el MESICIC?

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) es una herramienta para propiciar el desarrollo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante la cooperación entre los Estados Parte de la misma que son miembros de dicho mecanismo.

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