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http://www.oas.org/juridico/newsletter/nl_sp.htm

MECANISMO ANTICORRUPCIÓN DE LA OEA ADOPTA INFORME SOBRE  REPÚBLICA DOMINICANA

En el marco de la Cuarta Ronda del Comité de Expertos del MESICIC, durante su Vigésima Tercera Reunión realizada entre el 18  y el 21 de marzo de 2014, y después de un minucioso análisis de la información suministrada por dicho país, y de la recabada directamente en una visita in situ practicada al mismo entre el 8 y el 10 de octubre de 2013 por un subgrupo de análisis integrado por Honduras y Uruguay con el apoyo de la Secretaría General de la OEA, en la que se entrevistaron autoridades de República Dominicana y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de asociaciones profesionales, se adoptó por consenso el informe sobre este país, del cual cabe destacar lo siguiente:

En primer término, se le formularon a República Dominicana, entre otras, las siguientes recomendaciones para su consideración, con respecto a los órganos de control seleccionados por el mismo para ser analizados en la Cuarta Ronda, que se indican a continuación:

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG): considerar darle rango de ley aprobada por el Congreso Nacional a su creación; adoptar su reglamento operativo, los manuales de procedimiento de sus áreas sustantivas, y los mecanismos de coordinación institucional con determinadas entidades; dotarla con el personal suficiente para el desarrollo de sus funciones y con los recursos financieros necesarios para impartir capacitación especializada al mismo; garantizar  que las instituciones públicas le suministren oportunamente la información y documentación necesaria para adelantar las investigaciones de su competencia; adoptar mecanismos de seguimiento que le permitan conocer el resultado de las recomendaciones de sanción que formule y de las denuncias de actos de corrupción que envíe a las instancias correspondientes; y elaborar información estadística relativa a lo anterior, en orden identificar retos y  recomendar medidas correctivas.

Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA): formalizar la adopción de su Reglamento Interno de Políticas y Procedimientos; actualizar su “Manual de Organización y Funciones”; definir los “Criterios de Significación, de acuerdo a los cuales se estipularán las pautas para la selección de los casos que serán directamente atendidos por su Dirección; adoptar las medidas pertinentes para garantizar la independencia técnica, administrativa y funcional de la PEPCA y de sus fiscales; adoptar un procedimiento más ágil para la recuperación de activos vinculados con hechos de corrupción; seleccionar a través del sistema de mérito su personal técnico y administrativo; dotarla con suficientes fiscales e investigadores; fortalecer los mecanismos de capacitación de su personal especializado; y efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo en las declaratorias de prescripción relacionadas con hechos de corrupción, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas.

Poder Judicial (PJ): adoptar las medidas pertinentes para asignarle la partida presupuestal que le corresponde de acuerdo con la ley; poner en funcionamiento los tribunales y juzgados de la jurisdicción penal creados por ley que aún no se encuentran operando; garantizar la implementación del proyecto de modernización denominado “Captura de Audio de las Audiencias” y de la línea de acción del “Plan Estratégico 2009 - 2013, relativo a la “sistematización, creación y difusión de jurisprudencia  y documentación judicial”, en la jurisdicción penal, particularmente en lo concerniente a casos de corrupción; garantizar la expansión territorial del “Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal (MGDP)”; impartir a los jueces de la jurisdicción penal capacitación específicamente relacionada con el juzgamiento de los actos de corrupción tipificados como delitos en el Código Penal;  y elaborar información estadística relativa a casos de corrupción de conocimiento de las diferentes instancias del PJ, en orden identificar retos y  recomendar medidas correctivas.

Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD): adoptar un procedimiento más ágil para la recuperación por la vía civil de activos vinculados con la declaratoria de la responsabilidad civil; adoptar las medidas pertinentes para que la CCRD pueda hacer una fiscalización efectiva a las municipalidades; asegurar que la “Liga Municipal Dominicana” le preste la debida colaboración a la CCRD; garantizar la ejecución de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional 2010 - 2016” - PEDSI, que se encuentran con un bajo nivel de ejecución; adoptar las medidas pertinentes para que la CCRD pueda ejercitar efectivamente su autonomía presupuestaria y para solicitar a los organismos internacionales que le brinden la asistencia económica y técnica necesaria para que pueda impartir capacitación especializada a su personal y pueda contar con el apoyo logístico y los equipos de tecnología de la información que requiera; actualizar su Reglamento de Recursos Humanos; y adoptar un sistema de seguimiento que le permita conocer el trámite dado por las instancias competentes a las responsabilidades administrativas y civiles que declare, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas.

Contraloría General de la República (CGR): considerar modificar la ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y la CGR, para adecuarla a las nuevas disposiciones constitucionales en la materia; expedir el Reglamento de la Responsabilidad de los Servidores Públicos, previsto en dicha ley; elaborar el plan de acción relativo a la “Implementación de un Sistema de Contraloría Social”; dotarla con los recursos necesarios para adecuar su plataforma tecnológica a los requerimientos de su estructura operacional y para la ejecución de su Plan Estratégico de Tecnología de la Información; asignarle las partidas presupuestales necesarias para desarrollar las actividades relacionadas con las metas del “Plan Estratégico  Institucional 2010 - 2012”, correspondientes a los objetivos estratégicos de “Fortalecimiento Institucional” y de “Desarrollo de Operaciones”, que se encuentran pendientes de ser ejecutadas o han sido pospuestas para el próximo Plan; y dotarla con los recursos necesarios para cumplimiento de sus responsabilidades,  en particular, para el control del sector descentralizado y de los municipios, al igual que para capacitación de su personal y para que pueda contar con personal especializado y con una mejor infraestructura física.

En segundo término, como resultado del seguimiento de las recomendaciones formuladas a  República Dominicana en la Primera Ronda, el Comité determinó las que quedan vigentes para su consideración, entre las cuales, las que apuntan a propósitos, tales como: fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los conflictos de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública; fortalecer la capacidad operativa de la Dirección General de Bienes Nacionales a fin de que pueda desarrollar cabalmente sus responsabilidades en la creación y mantenimiento de un inventario de los bienes del Estado; continuar y perfeccionar la labor que realiza la Dirección General de Contabilidad en la organización de la contabilidad de Estado, asegurando que ésta cuente con los recursos necesarios para desempeñar sus labores; mejorar los sistemas de control y evaluación del contenido de las declaraciones patrimoniales, ingresos, activos y pasivos; avanzar en la implementación de la Ley General de Libre Acceso a Información Pública; complementar los mecanismos de consulta vigentes; y fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública y en su seguimiento.  

El informe también refleja los avances en la implementación de tales recomendaciones, entre los que se destacan, la medida de la Ley sobre Función Pública que prohíbe expresamente que laboren en una misma institución conyugues y familiares hasta el tercer grado; la designación de un órgano rector en materia de conflictos de intereses; la asignación al mismo de competencias de recepción e investigación de denuncias  sobre supuestas violaciones al régimen ético y disciplinario, el cual, cuenta  además con medios electrónicos para facilitar la presentación de dichas denuncias; la elaboración de un formulario virtual, a través del cual los funcionarios públicos obligados por la ley realizan su Declaración Jurada de Bienes; la presentación de un informe financiero anual por parte de dichos funcionarios, como complemento a tal Declaración;  la disponibilidad para el público, de las copias de dicha Declaración, a través de la página “Web” de la PEPCA;  la designación del Defensor del Pueblo; la designación de un órgano rector en materia de libre acceso a la información pública; y los avances en la estandarización de los “Portales Web” de los organismos públicos, con base en las directrices de dicho órgano, al igual que en la apertura de Oficinas de Acceso a la Información Pública.

Además de lo anterior, en el informe se reseñan las buenas prácticas sobre las que República Dominicana suministró información, que se refieren, sintéticamente, a la “Estandarización Portales Web” de los organismos públicos, con base en las directrices de la  DIGEIG; la creación de la “Unidad de Auditoría Forense”, adscrita a la PEPCA, que brinda auxilio en la investigación, para los análisis financieros y el peritaje; el Sistema de Carrera Judicial, “que  regula el ingreso, formación, ascenso, promoción, desvinculación y retiro del juez, con arreglo a los principios de mérito, capacidad y profesionalidad”; y la “implementación y seguimiento del Sistema Nacional de Control Interno”, a través de la emisión de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI),  por parte de la CGR, que “tiene el objetivo fundamental de estandarizar los procesos y controles en las entidades estatales.”  

Durante esta Vigésima Tercera Reunión, se adoptaron informes similares para Nicaragua, Canadá, Ecuador, y Guyana. El informe de República Dominicana aprobado por el Comité, así como de los países antes mencionados, están disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_inf.htm



Edición N° 173 - Marzo 2014

¿Qué es el MESICIC?

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) es una herramienta para propiciar el desarrollo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante la cooperación entre los Estados Parte de la misma que son miembros de dicho mecanismo.

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