MECANISMO ANTICORRUPCIÓN DE LA OEA ADOPTA INFORME SOBRE CHILE 

El pasado 13 de septiembre, en su 22ª Reunión, el Comité de Expertos del Mecanismo Anticorrupción de la OEA (MESICIC) adoptó un informe sobre la implementación en la República de Chile de la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

Este informe hace un análisis integral de la estructura, funcionamiento y resultados en sus gestiones del Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y la Unidad de Análisis Financiero, cuatro de los principales órganos responsables de prevenir, detectar y sancionar la corrupción en Chile.  

Este análisis se realizó tomando en cuenta principalmente la información que suministró el país analizado, así como la información recabada durante la visita in situ realizada en la ciudad de Santiago en abril  de este año por los representantes de Honduras, El Salvador y la Secretaría Técnica del MESICIC, en la cual se sostuvieron reuniones de trabajo tanto con representantes de los órganos gubernamentales mencionados, como con representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado chilenas.  

Además del análisis, este informe contiene un conjunto de recomendaciones formuladas para ser consideradas por Chile en relación con los órganos analizados que apuntan a propósitos tales como los siguientes:  

Con respecto al Misterio Público, posibilitar la presentación en línea de reclamos o denuncias en cuanto a las funciones que cumple; fortalecer su dotación de personal; establecer una fiscalía especializada en delitos de corrupción; aprovechar la utilización de la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas para la detección e investigación de actos de corrupción, así como analizar las causas que podrían incidir en la aplicación de otras salidas judiciales en relación con los delitos funcionarios y elaborar estadísticas sobre prescripciones en relación con la investigaciones de corrupción que adelanta el Misterio Público. 

En relación con la Contraloría General de la República, continuar desarrollando el proceso de armonización de la normativa del SICOGEN con los estándares internacionales de contabilidad pública, así como proyectos informáticos que faciliten sus las labores, continuar brindando una mayor difusión al portal “Contraloría y Ciudadano” y fortalecer su mecanismo de rendición cuentas con una mayor participación ciudadana y dotarla de una mayor ingerencia y autonomía en la determinación y manejo de sus recursos presupuestarios. 

En lo atinente al Poder Judicial, adoptar las disposiciones pertinentes para contar con recursos humanos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, principalmente las relacionadas con el juzgamiento de prácticas corruptas; continuar complementando los programas de la Academia Judicial con módulos de ética, probidad, y transparencia, brindar una mayor autonomía financiera; impulsar la implementación de su Plan Estratégico 2011-2015, así como analizar las causas que podrían estar incidiendo que sea mayor el número de casos relativos a estos delitos que terminan por sobreseimiento definitivo u otras causales a los que terminan por sentencia; además de elaborar información estadística sobre los procesos judiciales en relación con la generalidad de las prácticas corruptas y sobre los procesos ingresados o iniciados relacionados con delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos. 

En lo concerniente a la Unidad de Análisis Financiero, fortalecer sus planes de capacitación con cursos o módulos que se relacionen con la investigación de delitos de corrupción y complementar los programas y acciones de difusión que realiza con actividades específicas relacionadas con la prevención de las prácticas corruptas; continuar implementando las etapas de la cuenta pública participativa y fortalecer la elaboración y mantenimiento de su información estadística con datos precisos sobre el número de ROS ingresados por año que se relacionen con delitos base de corrupción. 

En un segunda parte, el informe también contiene los avances relativos a la implementación de las recomendaciones formuladas a Chile en la Primera Ronda del MESICIC, en donde se destacan los diversos Dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República que refieren a la normativa sobre conflictos de intereses y su aplicación a diversas autoridades públicas; el proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública que tiende a unificar la normativa vigente relativa a las declaraciones patrimoniales y de intereses y la publicidad de las mismas; la creación en el año 2009 del Consejo para la Transparencia; la promulgación de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública No. 20.500; la adopción de la “Política de Participación Ciudadana en el Marco de la Corresponsabilidad” y de los Instructivos Presidenciales No. 002 del año 2011 y 005 del año 2012 sobre participación ciudadana en la gestión pública y gobierno abierto. 

Finalmente, una última sección del informe describe brevemente un amplio conjunto de buenas prácticas sobre las que Chile suministró información, tales como el “Semáforo Municipal”, los portales “Contraloría y Ciudadano”, de “Unidades de Control Interno” y de “Asociativismo Regional y Local” de la Contraloría General de la República, el formulario electrónico “El Presidente Responde” del Poder Judicial, así como la divulgación trimestral de las sanciones administrativas ejecutoriadas contra entidades reguladas por incumplimiento de la normativa antilavado de activos y la elaboración en desarrollo de un Manual de Probidad Funcionaria que establece las responsabilidades administrativas y las inhabilidades e incompatibilidades de los cargos y el conjunto de recomendaciones para fortalecer las medidas preventivas antilavado de activos que desarrollan los sectores regulados por la Unidad de Análisis Financiero.  

Junto con el informe de Chile, se adoptaron también informes en relación con Colombia, Guatemala, Panamá y Uruguay, todos disponibles aquí.