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MECANISMO ANTICORRUPCIÓN DE LA OEA ADOPTA INFORME SOBRE COSTA RICA
 

El 21 de marzo de 2013, en el marco de su Vigésima Primera Reunión, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), adoptó el informe sobre la implementación en Costa Rica de varias disposiciones de este tratado interamericano, siendo éste el cuarto informe adoptado por el MESICIC en relación con la implementación de la Convención en este Estado centroamericano.

Una parte importante del informe se centró en el análisis de los órganos de control costarricenses con responsabilidades en la prevención, detección, sanción y erradicación de los actos de corrupción. En este sentido, el informe analiza a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP); la Contraloría General de la República (CGR); la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR); la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) del Ministerio Público (MP); y la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública del Poder Judicial.

El análisis se llevó a cabo tomando en cuenta la respuesta de Costa Rica a un cuestionario, y la información recopilada durante la visita in situ que se realizó del 2 al 4 de octubre de 2012 por la Secretaría Técnica y los miembros del subgrupo de análisis, integrado por Grenada y la República Dominicana. Durante dicha visita, se sostuvieron reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores sobre temas útiles para el combate a la corrupción.

Algunas de las recomendaciones formuladas para ser consideradas por Costa Rica en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación: 

Proveer a los órganos de control con los recursos financieros y humanos necesarios para el cabal desarrollo de sus atribuciones y funciones; y hacer las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para obtener la cooperación técnica requerida por los mismos.

En cuanto a la PEP, fortalecer los mecanismos para suministrar información al público sobre sus funciones, incluyendo el portal en Internet de la misma; establecer mecanismos de capacitación sobre la figura del daño social; realizar un mayor seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la institución; e incluir a los Procuradores de la Ética Pública en el régimen de declaraciones juradas de bienes.

Con respecto a la CGR, incrementar la cantidad de declaraciones juradas verificadas por la institución; establecer un programa de capacitación enfocado a la prevención de la corrupción; y establecer criterios y parámetros objetivos para la información básica contenida en las memorias de labores.

En lo atinente a la DHR, mantener resultados sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la DHR y considerar la necesidad de otorgarle un rango superior; establecer un programa de capacitación integral para los funcionarios de la institución; e incrementar la coordinación con el MP.

En relación con la FAPTA, considerar la creación de una unidad compuesta de investigadores especializados en materia anticorrupción; la posibilidad de asignar fiscales anticorrupción en todas las provincias del país; fortalecer el portal en Internet de la institución; y mantener resultados adicionales sobre el cumplimiento de las funciones de la institución.

En cuanto a la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, establecer un programa de capacitación para los jueces de la Jurisdicción; concientizar a los jueces sobre la figura del daño social; y vincularlos al sistema de declaraciones juradas de bienes.

Además, el informe contempla la utilidad, para los propósitos de la lucha contra la corrupción, de las mejores prácticas aplicadas actualmente por Costa Rica con respecto a la recuperación del daño social en delitos de corrupción; el Programa de Nuevas Auditorías de la CGR; y el Proyecto de Oralidad y Moderna Gestión de Despachos Judiciales en el Juzgado Penal y el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

Además de las recomendaciones formuladas a los órganos de control, el informe también hace un seguimiento a las recomendaciones formuladas a Costa Rica en informes anteriores, y define cuáles de dichas recomendaciones han sido implementadas satisfactoriamente; cuáles requieren atención adicional; y cuáles precisan ser reformuladas, para lo cual se hizo un recuento de las que quedan vigentes, que se incluyó como anexo I del informe. 

Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones se destaca el fortalecimiento de los mecanismos de consulta y para estimular la participación ciudadana en la gestión pública. Algunas de las recomendaciones formuladas a Costa Rica en la Primera Ronda que quedan vigentes, o que fueron reformuladas, apuntan a propósitos tales como, la adecuada verificación y publicación de las declaraciones juradas de bienes y la adopción de legislación integral sobre el acceso a la información.

Durante esta Vigésima Primera Reunión, se adoptaron informes similares para Argentina, Honduras, Perú y Trinidad y Tobago. Más información, aquí.


Edición N° 122 - Marzo 2013

¿Qué es el MESICIC?

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) es una herramienta para propiciar el desarrollo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante la cooperación entre los Estados Parte de la misma que son miembros de dicho mecanismo.

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