Versión internet de este boletín:
http://www.oas.org/juridico/newsletter/nl_sp.htm

MECANISMO ANTICORRUPCIÓN DE LA OEA ADOPTA INFORME SOBRE URUGUAY

En su Vigésima Sexta Reunión, celebrada entre el 7 y el 11 de marzo, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) adoptó el informe de Uruguay sobre la implementación de este tratado en el marco de la Quinta Ronda de Análisis de este Mecanismo.

Este informe se centra en dos aspectos importantes. El primero de ellos, analiza el progreso y nuevos desarrollos dados por Uruguay en la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas en la Segunda Ronda en relación con los sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, así como para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. El segundo, con respecto a las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Quinta Ronda, analiza la manera en la que el Banco de Previsión Social, el Tribunal de Cuentas y la Dirección General Impositiva asegura la adecuada comprensión de las responsabilidades y las normas éticas que rigen las actividades de sus servidores, además del estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público, analizando si se han establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la remuneración de los servidores públicos.

Para llevar a cabo estos análisis, se contó principalmente con la respuesta de Uruguay al cuestionario y la información recabada durante la visita in situ realizada a dicho Estado del 6 al 8 de octubre de 2015 por parte de los representantes del Ecuador y Estados Unidos en la cual, con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC, se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Uruguay, además de escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil.

En relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas al Uruguay en el informe de la Segunda Ronda con respecto a los sistemas para la contratación de servidores públicos, es pertinente destacar el establecimiento de “Uruguay Concursa” como un portal para el reclutamiento de personal en la Administración Central y la adopción de criterios definidos para los anuncios de oportunidades de contratación para las vacantes en las misma. Sin embargo, el Comité de Expertos recomendó, entras otras cosas, la adopción de medidas adecuadas para poner en consonancia los diversos sistemas de servicio de carrera con los de “Uruguay Concursa”, para que los sistemas específicos y especiales creados por ley incorporen los mismos principios de mérito e igualdad, además de considerar establecer un mecanismo para asegurar que la información relevante sobre los concursos para contratación que realizan las agencias que no forman parte de la Administración Central se recopile y analice.

En cuanto al régimen de contrataciones públicas de bienes y servicios, el informe destaca que el Uruguay  ha implementado disposiciones que establecen procedimientos claros de selección de contratistas en la contratación directa; y además, ha ejecutado un sistema de licitaciones electrónicas denominado la Apertura Electrónica. Sin embargo, se recomendó al Estado considerar la definición del alcance de aplicación de los términos usados en los Artículo 33 (8) del Texto Ordenado de Contabilidad e Información Financiera (TOCAF); proporcionar a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios necesarios para asegurar que cumpla su función; y efectuar una revisión de las disposición relativa a la rotación de los funcionarios de adquisiciones, a fin de determinar si dicha rotación es beneficiosa o no.

En materia de protección a denunciantes de actos de corrupción, el informe alude a la Ley 18.494, que dispone que los testigos que se desempeñen como peritos y colaboradores en procedimientos comprendidos en la esfera de competencia de los Magistrados y Fiscales de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado pueden ser objeto de medidas de protección cuando existan razones para creer que su vida o su integridad física, o las de sus familias, corren riegos graves. El informe recomienda, sin embargo, que el Uruguay considere el establecimiento de medidas administrativas de protección de la identidad de los funcionarios públicos que deban denunciar irregularidades o prácticas de corrupción.

Para el análisis de la primera disposición seleccionada en la Quinta Ronda que refiere a las instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, algunas de las recomendaciones formuladas al Uruguay apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

Con respecto al Banco de Previsión Social, mantener resultados con respecto a las instrucciones para asegurar que sus funcionarios comprendan adecuadamente sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.

 

 
En relación con el personal del Tribunal de Cuentas, impartir capacitación obligatoria sobre las normas éticas que rigen las actividades  de su personal, como lo establece la Ley 17.060; proveer capacitación obligatoria sobre el Código de Ética del Tribunal; establecer disposiciones para que la capacitación de inducción sea obligatoria; y mantener resultados con respecto a las instrucciones para asegurar que su personal comprenda adecuadamente sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.

Con respecto a la Dirección General Impositiva, adoptar medidas para hacer frente al elevado número de funcionarios que consideran insatisfactoria la capacitación que imparte esta Dirección para asegurar la adecuada comprensión por el personal de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.

En relación con el estudio de medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público y si se han establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la remuneración de los servidores público, se recomendó al Uruguay, entre otras cosas, la adopción, a través de las autoridades correspondientes, de disposiciones similares a las que contiene el Estatuto del Funcionario Público y la Ley 18.172 para las instancias públicas fuera del Poder Ejecutivo, de tal manera que se establezcan criterios objetivos y transparentes para determinar la remuneración de estos funcionarios públicos.

Durante esta Vigésima Sexta Reunión del MESICIC, informes similares fueron adoptados en relación con Bolivia, Paraguay y Perú. El informe de Uruguay, así como los de los países antes mencionados, está disponible en el siguiente enlace:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_inf.htm

 

 

 



Edición N° 237 - Mar. 2016

¿Qué es el MESICIC?

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) es una herramienta para propiciar el desarrollo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante la cooperación entre los Estados Parte de la misma que son miembros de dicho mecanismo.

Más información


 

     

Pulse aquí para suscribirse o pulse aquí para cancelar su suscripción

Departamento de Cooperación Jurídica
19th Street and Constitution Avenue NW, Washington DC 20006