AUTORIDAD CENTRAL DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DEL URUGUAY

COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTO

1)      La Autoridad Central del Uruguay, creada en el año 1985,  a fin de agilitar y tecnificar la transmisión internacional de las rogatoria requirentes de asistencia jurisdiccional internacional, supuso el cumplimiento del mandato impuesto por  diversos Tratados multilaterales y bilaterales  vigentes para la República.

2)      La Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional del Uruguay actúa en la transmisión y recepción de solicitudes de cooperación jurídica internacional en materias civil, comercial, de familia, minoridad y penal, en base a tratados y normas de fuente nacional,  tales como:

a)   Tratados a nivel mundial: Convención de la Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, y Convención de Viena de Naciones Unidas de 1988 sobre Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, art. 7, “Asistencia Jurisdiccional recíproca”.

b)  Convenciones a nivel Interamericano: Convenciones Interamericanas de 1975 de Panamá sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero y sus respectivos Protocolos Adicionales; de 1979 de Montevideo sobre Prueba e Información del Derecho Extranjero y sobre Cumplimientos  de Medidas Cautelares; de Montevideo de 1989 sobre Restitución Internacional de Menores y sobre Obligaciones Alimentarias; de México de 1994 sobre Tráfico Internacional de Menores; y fuera del ámbito de las C.I.D.I.P.s, Convención Interamericana de Caracas de 1996 contra la Corrupción, art.  XVIII, “Autoridades Centrales”.  

c)  Acuerdos a nivel del MERCOSUR: Protocolo de   Las Leñas sobre Cooperación  y Asistencia Jurisdiccional Internacional,  Decisión C.M.C. 05/95; Protocolo de Ouro Preto de Medidas Cautelares, Decisión C.M.C. 27/94; y Protocolo de San Luís de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, Decisión C.M.C. 02/96. 

d) Organizan igualmente la cooperación jurídica internacional en base a la actuación de Autoridades Centrales, diversos convenios bilaterales vigentes para la República.

e)      Normas de fuente nacional regulan también el funcionamiento de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional en la prestación de la asistencia jurisdiccional internacional civil, comercial y penal: Código General del Proceso (Ley 15.982 del 18/10/1988) Libro II, Título X, “Normas Procesales Internacionales”; Leyes 17.016 del 22/10/1998, “Díctanse normas referentes a estupefacientes y sustancias  que determinan dependencia física o síquica”, Capítulo XIII arts 75 a 80 inclusive; Decreto 398/99 del 15/12/1999, “Reglaméntase la Ley 17.016 referente a estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o síquica”, arts 13 y 14; y Ley 17.060 del 23/12/1998 sobre Corrupción, Capítulo VII “Ámbito Internacional” arts.  29 a 36.

3)      Tramitación de  la cooperación jurisdiccional internacional  pasiva a través de la actuación de la Autoridad Central uruguaya.

 Recibida la solicitud de cooperación jurisdiccional internacional por la    Autoridad Central,  ésta la remite acompañada de un informe técnico, no vinculante, al Juzgado Letrado competente para diligenciarla en razón de materia, lugar y turno, determinando este último a efectos de evitar toda discrecionalidad en su determinación, Acordada 7134 de la Suprema Corte de Justicia, por la fecha de libramiento del exhorto.

3.1 El Juzgado Letrado encargado del diligenciamiento de la solicitud de cooperación internacional deberá dar vista preceptivamente de la misma al Ministerio Público.

3.2. El procedimiento de “exequatur” ante la Suprema Corte de Justicia, únicamente corresponde en el Derecho uruguayo a efectos del control de las sentencias extranjeras de condena invocadas con fines de ejecución (Código General del Proceso, Libro II, Título X, arts 541). Cuando se trate únicamente de hacer valer en juicio los efectos imperativos o probatorios de una sentencia extranjera, ésta deberá presentarse ante el juez que conoce en la causa, acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos -formales y procesales- exigibles (art. 539.2 del Código General del Proceso), y será dicho tribunal el que se pronunciará sobre el  mérito del fallo extranjero en la sentencia que dicte, previa comprobación con audiencia del Ministerio Público del cumplimiento de las condiciones referidas, Código General del Proceso, Libro II, Título X, art 540