FRA  |  ENG  |  ESP  |  POR 
   
 

República de Trinidad y Tobago

Ley No. 39 de 1997

Ley sobre asistencia mutua en materia penal

Ley para instaurar un sistema para la asistencia mutua en materia penal al interior del Commonwealth y facilitar su ejecución en Trinidad y Tobago, así como para establecer las disposiciones relativas a la asistencia mutua en materia penal aplicables entre Trinidad y Tobago y otros países que no pertenecen al Commonwealth.

[Aprobada el 4 de diciembre de 1997]

Promulgación PROMULGADA por el Parlamento de Trinidad y Tobago como sigue:

PARTE I

PREÁMBULO

1. (1) El título de la presente ley es Ley de 1977 sobre asistencia mutua en materia penal.

(2) Esta Ley entrará en vigor en la fecha establecida por proclamación por el Presidente.

2. (1) En esta Ley:

“Autoridad Central” es la persona o autoridad designada como Autoridad Central para Trinidad y Tobago de conformidad con el Art. 3.

“autoridad central” - En el contexto de un país del Commonwealth, persona o autoridad designada por dicho país para fines de envío y recepción de solicitudes de asistencia mutua en aplicación del Sistema.

País soberano e independiente que pertenece al Commonwealth, que no es Trinidad y Tobago, al igual que cualquier territorio dependiente designado por ese país.

“diligencias penales”

(a) Para la aplicación de la Parte II, las diligencias, incluyendo el congelamiento de bienes y la confiscación que, según certifique la Autoridad Central, constituyan diligencias penales en instancia o en las cuales las investigaciones han sido iniciadas en Trinidad y Tobago; o bien

(b)Para la aplicación de la Parte III, las diligencias, incluyendo el congelamiento de bienes y la confiscación que, según certifique la autoridad central del país del Commonwealth que presenta una solicitud de asistencia en virtud de la presente Ley, constituyan diligencias penales en instancia o en las cuales las investigaciones han sido iniciadas en dicho país en relación a un delito perpetrado, o cuando haya motivos fundados para sospechar que un delito ha sido perpetrado, contra las leyes de Trinidad y Tobago o, según el caso, contra las leyes del país del Commonwealth que presenta la solicitud de asistencia.

“documentos judiciales” Sentencias judiciales, órdenes judiciales y decisiones de tribunales, al igual que cualquier otro documento que posean las autoridades judiciales.

“documentos oficiales” Documentos que estén en posesión de los ministerios, organismos o autoridades procesales.

“bienes” Todos los bienes muebles e inmuebles, incluyendo:

(a) todo derecho, interés, título, reclamación, privilegio, presente o futuro, actual o eventual, relacionado con un bien del cual se tiene o se puede calcular el valor;

(b) toda transferencia efectuada con vistas a una cesión, una designación, un abandono u otra forma de cesión o alienación de todo bien inmueble sobre el cual la persona encargada de la transferencia es propietaria, tiene la posesión o es titular de un derecho contingente, ya sea de la totalidad o de una parte de ese interés o de un interés menor;

(c) todo instrumento monetario;

(d) cualquier otro instrumento o valor;

(e) toda empresa; y

(f) cualquier otro bien tangible o intangible.

“Sistema” Sistema de asistencia mutua en materia penal al interior del Commonwealth que fue convenido por los ministros de Justicia en el marco de su reunión en Harare celebrada en 1986 y ratificada por los jefes de gobierno de los países del Commonwealth en su reunión en Vancouver en 1987, así como sus modificaciones.

“delito grave”

(a) En el contexto de Trinidad y Tobago, cualquier delito tipificado por las leyes de Trinidad y Tobago que sea punible de la pena de muerte o de cárcel por un periodo mínimo de un año o más; o bien

(b) en el contexto de un país del Commonwealth, todo delito tipificado por las leyes del país:

(i) para el cual una pena prevista en el inciso (a) pueda o deba ser impuesta; o bien

(ii) (ii) para el cual el valor del bien producto de un delito u obtenido mediante la perpetración del delito sea, según lo certifique la autoridad central del país, igual o superior al monto establecido por las leyes de ese país;

“transmitida” En el contexto de una solicitud, significa:

(a) En la Parte II, trasmitida por la Autoridad Central a la autoridad central del país del Commonwealth cuya asistencia se solicita.

(b) En la Parte II, trasmitida a la Autoridad Central por la autoridad central del país del Commonwealth que presenta la solicitud de asistencia.

(2) En la presente Ley, la mención de las leyes de un país del Commonwealth se refiere a las leyes vigentes en ese país o en una parte de dicho país.

(3) Para la aplicación de la presente Ley, un barco o aeronave de un país del Commonwealth o registrado en dicho país será considerado como parte de ese país.

(4) Para la aplicación de la presente Ley, una persona será considerada acusada de un delito grave en Trinidad y Tobago o, según el caso, en un país del Commonwealth, cuando una denuncia sea depositada contra dicha persona en relación con dicho delito, exista o no:

(a) Una citación que exija la comparecencia de dicha persona para responder a esa denuncia.

(b) Una orden judicial para la detención de esa persona.

3. (1) Bajo reserva del inciso (2), el Fiscal General de la República será la Autoridad Central.

(2) El Fiscal General podrá delegar a un funcionario público cualquiera de las atribuciones que le confiere la presente Ley.

(3) El presente objetivo no tiene por efecto delegar al funcionario mencionado en el inciso (2) el poder de estatuir reglamentos en virtud del Art. 39.

4. Mediante orden judicial, el Fiscal General podrá ordenar que la aplicación de la presente Ley respecto a un determinado país del Commonwealth se atenga a las condiciones, excepciones o restricciones precisadas en dicha orden judicial y, según corresponda, la presente Ley se aplicará en consecuencia.

5. La presente Ley no tiene por efecto derogar las formas existentes de cooperación ni impedir el desarrollo de otras formas de cooperación, formales o informales, en materia de asuntos penales entre Trinidad y Tobago o los organismos ejecutores o las autoridades fiscales en dicho país y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) u otras autoridades extranjeras similares.

6. La presente Ley no autoriza en ningún caso la extradición, el arresto o la detención de una persona para fines de extradición.

PARTE II

solicitudes de asistencia presentadas por trinidad y tobago

a los países del commonwealth

7. Cuando existan razones fundadas para creer que se podrán obtener en un país del Commonwealth testimonios o información relacionados con diligencias penales debido a que:

(a) Se recabaron testimonios.

(b) Se recabó información.

(c) Fueron entregados o examinados documentos judiciales, oficiales o de otra índole, o bien documentos y otros objetos.

(d) Muestras de sustancias fueron tomadas, examinadas o analizadas.

(e) Edificaciones, emplazamientos u objetos fueron observados o fotografiados

una solicitud de asistencia podrá ser presentada a ese país con el fin de obtener dichos testimonios o información.

8. Cuando existan motivos fundados para creer que una persona que se encuentra en un país del Commonwealth

(a) es o podría ser objeto de diligencias penales; o bien

(b) podría testimoniar o participar en las diligencias penales

una solicitud de asistencia podrá ser presentada a ese país con el fin de investigar a esa persona o, en los casos en que se desconozca su identidad, de determinar su identidad e investigarla.

9. Cuando existan motivos fundados para creer que un objeto que se encuentra en un país del Commonwealth podría, si fuera presentado, ser útil para las diligencias penales, una solicitud de asistencia podrá ser presentada a ese país con el fin de obtener ese objeto, mediante inspección y confiscación si es necesario.

10. Cuando existan motivos fundados para creer que una persona que se encuentra en un país del Commonwealth podría testimoniar o participar en las diligencias penales, una solicitud de asistencia podrá ser presentada a ese país con el fin de hacer comparecer a esa persona en Trinidad y Tobago para que presente su testimonio o participe en las diligencias, pero dicha comparecencia sólo podrá efectuarse si la persona en cuestión otorga su consentimiento por escrito.

11. (1) Para la comparecencia o la transferencia a Trinidad y Tobago de la persona mencionada en el Art. 10, Trinidad y Tobago deberá, si la persona o el país del Commonwealth lo solicitan antes de la comparecencia o transferencia, otorgar un salvoconducto en virtud del cual la persona en cuestión, durante su estadía en Trinidad y Tobago, no podrá:

(a) ser detenida o procesada en los tribunales por delitos cometidos antes de su salid del país del Commonwealth.

(b) ser obligada a declarar o dar testimonio en diligencias no especificadas en la solicitud;

(c) ser detenida o enjuiciada con base en la declaración que preste, salvo en caso de desacato o falso testimonio.

(2) El salvoconducto estipulado en el inciso (1) quedará sin efecto si la persona prolonga de manera voluntaria su estadía en Trinidad y Tobago por más de 10 días después del aviso enviado al país del Commonwealth y a dicha persona indicando que su presencia ya no es necesaria.

12. (1) Cuando existan razones fundadas para creer que una persona que es prisionera de un país del Commonwealth podría proporcionar pruebas o asistencia para una diligencia penal, una solicitud para la transferencia de esa persona a Trinidad y Tobago podrá ser presentada a dicho país para que proporcione su testimonio o participe.

(2) La Autoridad Central asegurará que de que todas las condiciones que rigen la transferencia de una persona detenida en un país del Commonwealth, en ejecución de una solicitud presentada en virtud del inciso (1) serán acatadas, salvo que el país o la persona en cuestión renuncie a las mismas y en la medida de dicha renuncia.

(3) Una solicitud presentada en virtud del inciso (1) deberá especificar:

(a) el tema sobre el cual se desea interrogar al detenido.

(b) las razones que justifican que deba comparecer en persona.

(4) Cuando las condiciones exijan que el detenido sea mantenido bajo custodia mientras se encuentre en Trinidad y Tobago, el detenido, mientras se encuentre en Trinidad y Tobago y cuando entre o salga de este último, de conformidad con la solicitud, será puesto bajo custodia según ordene el Fiscal General por escrito, y será devuelto cuando su presencia como testigo en Trinidad y Tobago ya no sea requerida, inclusive cuando el detenido sea ciudadano de Trinidad y Tobago.

(5) El presente artículo no tiene por efecto impedir la puesta en libertad en Trinidad y Tobago de una persona transferida que no retorne al país del Commonwealth cuando ambos países y la persona concernida lo convengan.

(6) El presente artículo no confiere derechos al detenido.

(7) En el presente artículo, “detenido”, en el contexto de un país del Commonwealth es la persona mantenida bajo custodia mientras se espera su proceso judicial, persona que purga una pena de prisión o condenado a muerte por un delito contra las leyes de dicho país, o persona cuya libertad está restringida en virtud de esas leyes.

13. (1) Cuando existan razones fundadas para creer que una persona detenida en Trinidad y Tobago podría proporcionar testimoniar o participar en las diligencias penales en un país del Commonwealth, la Autoridad Central podrá examinar la posibilidad de una solicitud para la transferencia de esa persona al país del Commonwealth para que proporcione su testimonio o participe.

(2) La Autoridad Central rechazará las solicitudes de transferencia de una persona bajo custodia que no haya dado su consentimiento por escrito para ser transferida.

(3) La Autoridad Central podrá rechazar dar curso a una solicitud de transferencia de una persona puesta bajo custodia y no estará obligada a informar al país solicitante las razones de su rechazo.

(4) Una persona puesta bajo custodia cuya transferencia sea solicitada en virtud del presente artículo y que no de su consentimiento para dicha transferencia no podrá, por ello, ser sometida a ninguna sanción o medida de coacción en Trinidad y Tobago.

(5) Cuando una persona puesta bajo custodia sea transferida, el país del Commonwealth al cual será transferida deberá notificar a la Autoridad Central:

(a) la fecha en la cual debe ser puesta en libertad en virtud de las leyes vigentes en el país del Commonwealth.

(b) la fecha en la cual el país del Commonwealth exige su retorno.

(6) El periodo durante el cual la persona transferida se encuentra bajo custodia en el país del Commonwealth se considerada para todos los efectos en Trinidad y Tobago equivalente a un periodo bajo custodia en Trinidad y Tobago.

14. Cuando, en el marco o para fines de diligencias penales resulte necesario o deseable entregar una notificación o citación a una persona o autoridad en un país del Commonwealth, una solicitud de asistencia podrá ser presentada para tal efecto a ese país.

15. (1) Cuando una solicitud haya sido presentada en virtud del Art. 14, la Autoridad Central

(a) podrá, si la notificación o citación son necesarios en el marco de diligencias que tienen lugar en Trinidad y Tobago, posponer su envío y, en dicho caso, deberá proporcionar al país del Commonwealth copias certificadas de dicho documento o citación mientras el original es enviado;

(b) podrá exigir al país del Commonwealth que acepte las condiciones que protegerán los intereses de terceros en el documento o citación enviados y podrá rehusar el envío del documento o citación mientras no haya recibido confirmación de que dichas condiciones serán aceptadas.

(2) La Autoridad Central autenticará todos los documentos enviados en virtud del Art. 14.

16. Toda

(a) Los testimonios, pruebas o información recabados o, según el caso, entregados o proporcionados, por una persona durante la ejecución de una solicitud presentada en virtud de los artículos 7, 10, 12 o 14; o bien

(b) Los objetos obtenidos durante la ejecución de una solicitud presentada en virtud del Art. 9

deberán ser utilizados por Trinidad y Tobago o en su representación, únicamente en el marco de las diligencias penales vinculadas a la solicitud, o en relación con dichas diligencias, salvo cuando el país del Commonwealth al cual la solicitud le fue enviada consienta en que sean utilizados con otros fines por o en representación de Trinidad y Tobago.

17. (1) Bajo reserva del inciso (2), una persona que se encuentre en Trinidad y Tobago por ejecución de una solicitud presentada en virtud de los Arts. 10 ó 12

(a) no podrá ser detenida, procesada penalmente ni castigada en Trinidad y Tobago por ningún delito que haya supuesta o efectivamente cometido antes de su partida, en ejecución de la solicitud de asistencia, del país del Commonwealth al cual la solicitud le haya sido enviada.

(b) podrá rehusarse a responder a toda pregunta o a entregar cualquier documento u objeto si su rechazo está justificado por la legislación vigente en Trinidad y Tobago.

(c) no podrá ser obligada a prestar testimonio ni a participar en el marco de diligencias penales que no estén relacionadas con la solicitud de asistencia.

(2) Los incisos (1)(a) o (c) no se aplicarán a una persona

(a) que salga de Trinidad y Tobago y luego retorne por motivos diferentes a la ejecución de la solicitud de la solicitud o de otra solicitud;

(b) que haya sido notificad por la Autoridad Central que su presencia ya no es requerida para los fines de la solicitud y que permanece en Trinidad y Tobago por un periodo de más de diez días contados a partir de la primera fecha en que tuvo una posibilidad razonable de salir de Trinidad y Tobago.

(3) Para la aplicación del inciso (1)(a), un delito será considerado haber sido perpetrado solamente en la fecha en la cual haya sido cometido el acto que constituye el delito, inclusive cuando el delito en cuestión sea un delito continuado.

18. Cuando

(a) una persona haya sido acusada o declarada culpable de un delito grave o existan razones fundadas para creer que ha cometido un delito semejante en Trinidad y Tobago; y

(b) existan razones fundadas para creer que un bien proveniente u obtenido por dicha persona, directa o indirectamente, de la perpetración de dicho delito se encuentre en un país del Commonwealth, una solicitud de asistencia podrá ser presentada a ese país con vistas a identificar ese bien, investigarlo o determinar su valor.

19. (1) Cuando

(a) en Trinidad y Tobago

(i) haya sido emitido una orden judicial para congelar un activo o bien que provenga o haya sido obtenido, o que por razones fundadas se crea que proviene o ha sido obtenido, directa o indirectamente, de la perpetración de un delito grave;

(ii) haya sido emitida una orden judicial para la confiscación de un bien proveniente u obtenido por una persona, directa o indirectamente, de la perpetración de un delito grave;

(iii) haya sido emitida una orden judicial de confiscación que imponga a una persona una pena pecuniaria establecida en función del valor de un bien o de una ganancia derivada u obtenida directa o indirectamente por esa persona de la perpetración de un delito grave; y

(b) existan razones fundadas para creer que el bien objeto de la orden judicial de congelamiento de bienes o confiscación o pena pecuniaria impuesta por la orden de confiscación, se encuentra en un país del Commonwealth,

bajo reserva del inciso (3), una solicitud de asistencia podrá en ese caso ser presentada a ese país pidiendo la ejecución de la orden judicial de conformidad con sus leyes respectivas.

(2) En todos los casos en que una solicitud presentada a un país del Commonwealth haya sido aceptada en los términos del presente artículo, la Autoridad Central informará a la autoridad central de ese país cuando la orden judicial de confiscación o la orden judicial de congelamiento de bienes enviada haya sido modificada o haya quedado sin efecto.

(3) Una solicitud no podrá ser presentada en los términos del presente artículo para la ejecución de una orden judicial de confiscación si el monto indicado en dicha orden, o el valor total del bien objeto de la ejecución de la orden judicial o de la pena pecuniaria impuesta por dicha orden judicial, sea inferior a veinticinco mil dólares u otro monto que haya sido establecido.

20. Cuando

(a) en Trinidad y Tobago

(i) una persona haya sido acusada o declarada culpable de un delito grave; y

(ii) haya sido emitida o podría ser emitida, una orden judicial para la confiscación de un bien o ganancia proveniente u obtenido por dicha persona, directa o indirectamente, de la perpetración de un delito grave;

(b) existan razones fundadas para creer que el bien o la ganancia que proviene o ha sido obtenido de la perpetración de dicho delito se encuentra en un país del Commonwealth,

una solicitud podrá ser enviada a ese país con vistas a obtener una orden judicial para congelar ese bien o ganancia de conformidad con las leyes aplicables de dicho país.

PART III

solicitudes de asistencia presentadas a trinidad y tobago por países del commonwealth

21. (1) Bajo reserva del inciso (2), toda solicitud de asistencia presentada en virtud de la presente Ley por un país del Commonwealth deberá cumplir con las condiciones estipuladas en el primer anexo.

(2) El inciso (1) no se aplicará a las solicitudes informales de asistencia formuladas verbalmente en virtud de la presente Ley, pero cuando una solicitud semejante haya sido aceptada

(a)sólo deberá ser ejecutada en la medida que sea juzgada razonable por la Autoridad Central;

(b) se considerará retirada si no es enviada por escrito en el plazo que la Autoridad Central juzgue razonable.

22. (1) Bajo reserva del presente artículo, una solicitud de asistencia debidamente presentada en virtud de la presente Ley por un país del Commonwealth será aceptada.

(2) Dichas solicitudes serán rechazadas si, en opinión de la Autoridad Central:

(a) la solicitud está relacionada con el procesamiento judicial o sanción de una persona por un delito de índole política o juzgado como tal por las circunstancias en que el delito fue supuesta o efectivamente perpetrado.

(b) Existen razones fundadas para creer que la solicitud ha sido realizada para procesar o sancionar a una persona por un delito de índole política.

(c) Existen razones fundadas para creer que la solicitud fue iniciada para procesar, sancionar o causar otros perjuicios a la persona en cuestión por su raza, género, religión, nacionalidad, lugar de origen u opiniones políticas.

(d) La solicitud está vinculada con el procesamiento judicial o sanción de una persona por una conducta que, si hubiera sido tenido lugar en Trinidad y Tobago, hubiera constituido un delito penal en virtud de una ley que hubiera instaurado un estado de emergencia; sin embargo, el presente apartado no se aplicará si los actos en cuestión hubieran sido consideradas un delito penal en virtud de otra ley de Trinidad y Tobago.

(e) El hecho de aceptar la solicitud iría en contra de la Constitución o de la soberanía de Trinidad y Tobago, comprometería la seguridad, las relaciones internacionales o cualquier otro interés importante que esté relacionado con la seguridad nacional, el interés público u otra política pública esencial de Trinidad y Tobago.

(f) La solicitud está relacionada con la conducta de una persona que constituye un delito por el cual la persona ya ha sido declarada culpable o absuelta por una corte o tribunal de Trinidad y Tobago.

(g) La solicitud pide la transferencia de un detenido en virtud del Art. 27(1) pero el detenido no consiente en ser transferido.

(h) La solicitud pide asistencia de índole que no puede ser otorgada en virtud de la presente Ley, o bien implementarla exigiría que se tomen medidas que no son legítimas.

(i)Dar curso a la solicitud exigiría que una persona actúe o se abstenga de actuar de una manera determinada y esa persona no está dispuesta a hacerlo y no existen medios legítimos para obligarla.

(j) La solicitud está vinculada a un delito que constituye un delito en el país solicitante sólo en virtud del derecho militar o de una ley relativa a obligaciones militares.

(k)La solicitud está vinculada con un delito penal tipificado por las leyes fiscales de un país del Commonwealth; sin embargo, la asistencia puede ser otorgada si el delito fue perpetrado mediante una declaración inexacta efectuada intencionalmente, verbalmente o por escrito, o de una omisión deliberada de declarar rentas provenientes de cualquier otro delito tipificado por la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.

(1) La solicitud es contraria a las leyes de Trinidad y Tobago.

(3) Una solicitud de asistencia presentada por un país del Commonwealth podrá ser rechazada, total o parcialmente, si en opinión de la Autoridad Central:

(a) La solicitud está vinculada con un procesamiento judicial o sanción de una persona por una conducta que, si hubiera tenido lugar en Trinidad y Tobago, no hubiera constituido un delito sancionado por las leyes de Trinidad y Tobago.

(b) La solicitud está vinculada con un procesamiento judicial o sanción de una persona por una conducta que tuvo lugar, o que se alega que tuvo lugar, fuera del país del Commonwealth que presenta la solicitud, y esa conducta, si hubiera tenido lugar fuera de Trinidad y Tobago en las mismas circunstancias, no hubiera constituido un delito contrario a las leyes de Trinidad y Tobago.

(c)La solicitud está vinculada con el procesamiento judicial o sanción de una persona por una conducta que, si hubiera tenido lugar en Trinidad y Tobago y hubiera constituido un delito contrario a las leyes de Trinidad y Tobago, la persona responsable ya no podría ser enjuiciada en razón del tiempo ya transcurrido o por cualquier otro motivo.

(d) La solicitud fue presentada por un tribunal especial o ad hoc.

(e) La asistencia solicitada resultaría en una carga excesiva para los recursos de Trinidad y Tobago.

(f) una condición, una excepción o una restricción impuesta al país del Commonwealth en virtud del Art. 4 impide la aceptación de la solicitud;

(g) la solicitud no cumple con los requisitos estipulados en el primer anexo; o bien

(h) existen otros motivos razonables que justifican el rechazo de la solicitud.

(4) Si la Autoridad Central estima que deberá incurrir en gastos extraordinarios para atender la solicitud de asistencia, consultará a la autoridad central del país del Commonwealth sobre las modalidades que le permitirían dar curso a la solicitud y, en ausencia de un acuerdo al respecto, podrá rechazar atender la solicitud.

(5) Si una solicitud de asistencia, que no es una solicitud informal y fue presentada por un país del Commonwealth es rechazada, la decisión y los motivos de esa decisión serán comunicados por la Autoridad Central a la autoridad central del país solicitante.

(6) Para la aplicación del presente artículo, un delito no será un delito de índole política cuando se trate de un delito tipificado por un convenio internacional al cual estén adheridos Trinidad y Tobago y el país del Commonwealth que presenta la solicitud, y que imponga a las partes la obligación de prestarse asistencia mutua en materia penal relativa al delito en cuestión.

23. (1) El presente artículo se aplicará cuando una solicitud de asistencia sea enviada a Trinidad y Tobago con vistas a obtener, bajo una de las modalidades indicadas en el Art. 7, testimonios, pruebas o información relacionados con diligencias penales que tienen lugar en el país del Commonwealth que a presentado la solicitud, y cuando la solicitud haya sido aceptada.

(2) Una persona, de quien se haya obtenido un testimonio en Trinidad y Tobago en ejecución de una solicitud de asistencia presentada por un país del Commonwealth en virtud del presente artículo

(a) podrá rehusarse a responder a cualquier pregunta si:

(i) su rechazo se funda en las leyes de Trinidad y Tobago;

(ii) el hecho de responder a la pregunta constituiría una violación de un privilegio reconocido por las leyes del país del Commonwealth; o bien

(iii) el hecho de responder a la pregunta equivaldría para una persona a infringir las leyes del país del Commonwealth;

(b) no puede ser obligada a prestar testimonio ni a participar en el marco de diligencias penales que no estén relacionadas con la solicitud de asistencia.

(3) Cuando la solicitud de asistencia en virtud del presente artículo tenga por objeto obtener testimonios o información relativos a los elementos indicados en el inciso 7(c), copias de los documentos que no están a disposición del público podrán ser presentadas o examinadas, únicamente en la medida en que puedan ser presentadas o examinadas de conformidad con las leyes de Trinidad y Tobago.

24. (1) El presente artículo se aplicará cuando una solicitud de asistencia sea presentada a Trinidad y Tobago con vistas a investigar a una persona o bien a establecer su identidad y localizarla, cuando haya razones para creer que dicha persona se encuentra en Trinidad y Tobago y que dicha persona:

(a) es o podría ser objeto de diligencias penales; o bien

(b) podría testimoniar o participar en las diligencias penales

en el país del Commonwealth que ha presentado la solicitud y cuando la solicitud haya sido aceptada.

(2) Cuando se aplique el presente artículo, la Autoridad Central hará lo posible para localizar a la persona o, según el caso, establecer su identidad e investigarla, e informará a la autoridad central del país del Commonwealth que ha presentado la solicitud sobre el resultado de sus diligencias de investigación.

25. (1) El presente artículo se aplicará cuando una solicitud de asistencia sea presentada a Trinidad y Tobago con vistas a obtener, mediante inspección y confiscación si es necesario, un bien u objeto que se encuentra en Trinidad y Tobago, en el marco o para diligencias penales en el país del Commonwealth que ha presentado la solicitud, y cuando la solicitud haya sido aceptada.

(2) Cuando el presente artículo se aplique, el Fiscal General de la República autorizará por escrito, salvo que el bien u objeto haya sido obtenido por otras vías legítimas, al Jefe de Policía para que solicite a un juez una orden judicial para el registro o allanamiento del bien u objeto en cuestión.

(3) El Jefe de Policía autorizado en virtud del inciso (2) podrá solicitar una orden de registro o allanamiento a un juez competente en el territorio donde se crea que se encuentra el bien u objeto en cuestión.

(4) La autorización otorgada al Jefe de Policía en virtud de los incisos (2) y (3) podrá ser ejecutada en su representación por un miembro del cuerpo de policías.

(5) Las leyes de Trinidad y Tobago relativas a:

(a) la elaboración y tramitación de una solicitud de una orden de registro o allanamiento; y

(b) la ejecución de una orden de registro o allanamiento

se aplicarán a una solicitud presentada en virtud del inciso (3) y a la ejecución de toda orden judicial de registro o allanamiento que haya sido emitida de conformidad con dicha solicitud.

(6) La Autoridad Central proporcionará la certificación requerida por la autoridad central del país del Commonwealth solicitante para toda orden judicial de registro o allanamiento efectuada, así como para el lugar y las circunstancias en que se lleven a cabo la confiscación y custodia del bien confiscado.

(7) Cuando se aplique el presente artículo, el Fiscal General de la República podrá, por escrito, autorizar el envío, al país del Commonwealth solicitante, de todo objeto o bien que haya sido obtenido en ejecución de una solicitud de asistencia.

26. (1) El presente artículo se aplicará cuando una solicitud de asistencia sea presentada a Trinidad y Tobago para obtener la comparecencia en el país del Commonwealth solicitante, de una persona de Trinidad y Tobago para que testimonie o participe en las diligencias penales en dicho país y cuando dicha solicitud haya sido aceptada.

(2) Cuando se aplique el presente artículo, la Autoridad Central:

(a) preguntará a la persona en cuestión si acepta comparecer según se le solicita.

(b) informará a la autoridad central del país del Commonwealth solicitante sobre los resultados de su solicitud.

(c) tomará las medidas pertinentes para facilitar la comparecencia de la persona si esta última consiente en comparecer según se le solicita.

27. (1) El presente artículo se aplicará cuando una solicitud sea presentada con vistas a obtener que la Autoridad Central asegure la transferencia de una persona detenida en Trinidad y Tobago al país del Commonwealth para que testimonie o participe en diligencias penales que tienen lugar en ese país.

(2) La Autoridad Central podrá establecer las condiciones para la transferencia del detenido, especialmente las condiciones relativas a la puesta en libertad o al retorno del detenido, y las comunicará a la autoridad central del país del Commonwealth solicitante.

(3) Todo periodo que una persona pase detenida en un país del Commonwealth en ejecución de una solicitud de asistencia será considerado, para todos efectos, como tiempo de condena cumplida en custodia en Trinidad y Tobago.

(4) En el presente artículo, el término “detenido” designa a una persona mantenida en custodia mientras espera su procesamiento, a una persona que purga una condena de prisión por un delito o una persona cuya libertad se encuentra restringida de conformidad con un texto legislativo.

28. (1) El presente artículo se aplicará cuando una solicitud de asistencia sea presentada a Trinidad y Tobago para la entrega de una notificación o citación a una persona o autoridad en Trinidad y Tobago en el marco o para fines de diligencias penales en el país del Commonwealth que ha presentado la solicitud, y cuando la solicitud haya sido aceptada.

(2) Cuando se aplique el presente artículo, la Autoridad Central:

(a) hará lo necesario para certificar la notificación o citación

(i) de conformidad con los procedimientos propuestos en la solicitud; o

(ii) de conformidad con las leyes de Trinidad y Tobago si los procedimientos propuestos son ilegítimos o inadecuados o no estén estipulados; y

(b) si la notificación o citación

(i) ha sido entregada, enviará a la autoridad central del país del Commonwealth solicitante un certificado dando constancia de dicha entrega.

(ii) no ha sido entregada, enviará a la autoridad central del país del Commonwealth un comunicado indicando las razones por las cuales la notificación o citación no pudo ser entregada.

(3) La persona a quien se le haya entregado una notificación o citación en virtud del presente artículo y que se niegue a acatar las órdenes de la citación judicial no quedará expuesta a ninguna pena o medida de coacción, independientemente de cualquier indicación contraria que contenga la notificación o citación del caso.

29. (1) El presente artículo ser aplicará cuando:

(a)el Fiscal General de un país del Commonwealth emita un certificado que de constancia de que una persona en dicho país

(i) ha sido acusada o declarada culpable de un delito grave precisado; o

(ii) está bajo sospecha, por razones fundadas, de haber perpetrado el delito especificado;

(b) existen motivos fundados para creer que un bien proveniente u obtenido directa o indirectamente por dicha persona mediante la perpetración de ese delito se encuentra en Trinidad y Tobago;

(c) una solicitud de asistencia es presentada a Trinidad y Tobago para identificar un bien, investigarlo o estimar su valor o monto; y

(d) la solicitud ha sido aceptada.

(2) Cuando se aplique el presente artículo, la Autoridad Central:

(a) hará lo necesario para proporcionar la asistencia solicitada y, para ello, podrá recurrir a los poderes y procedimientos prescritos para la aplicación del presente artículo; e

(b) informará a la autoridad central del país del Commonwealth solicitante sobre los resultados de dichas diligencias.

30. (1) El presente artículo se aplicará cuando:

(a)una orden judicial emitida en un país del Commonwealth

(i) ordene la confiscación de un bien derivado o proveniente, directa o indirectamente, de la perpetración de un delito grave especificado;

(ii) imponga a la persona objeto de la orden judicial una multa calculada en función del valor de dicho bien;

(iii) congele las operaciones relacionadas con el bien derivado o proveniente de ese delito, o sobre el cual existan razones fundadas para creer que deriva o ha sido obtenido de ese delito.

(b) existan razones fundadas para creer que un bien, disponible para ejecutar una multa impuesta en la orden judicial o al cual se aplicaría la orden judicial se aplicaría, se encuentra en Trinidad y Tobago;

(c) una solicitud es presentada para que una orden judicial emitida en un país del Commonwealth sea ejecutada de conformidad con la legislación de Trinidad y Tobago y, con ese fin, Trinidad y Tobago prestará la asistencia adecuada;

(d) la solicitud haya sido aceptada.

(2) Cuando aplique el presente artículo, el Fiscal General hará que se presente una solicitud de registro de la orden judicial en cuestión a la Corte Suprema de conformidad con los reglamentos de esa Corte.

(3) Dando curso a una aplicación presentada en virtud del inciso (2), el Jefe del Registro de la Corte Suprema registrará la orden judicial cuando haya comprobado:

(a) que en el momento de registro, la orden judicial está vigente en el país del Commonwealth; y

(b) que, en el caso de una orden judicial como la descrita en el inciso (1)(a)(ii)

(i) la persona objeto de la orden judicial ha participado en las diligencias o bien, si no lo ha hecho, que ha sido notificada de las diligencias con anticipación suficiente para preparar su defensa.

(ii) la orden judicial no puede ser objeto de una apelación; y

(iii) que ejecutar la orden judicial en Trinidad y Tobago no iría en contra de los intereses de la justicia.

(4) Cuando una orden judicial quede registrada de conformidad con el presente artículo, una copia de toda modificación que se haya efectuado a la orden judicial, antes o después de su registro, podrá ser asentada en el registro de la misma manera que la orden judicial; las modificaciones sólo tendrán efecto a partir del momento en que estén asentadas en el registro.

(5) Una orden judicial o una modificación de una orden judicial quedará registrada de conformidad con los reglamentos de la Corte Suprema, de la manera siguiente:

(a) mediante el depósito de una copia de la orden judicial, o de la modificación, que incluya el sello de la Corte o de la autoridad que la emitió; o

(b) mediante el depósito de una copia de la orden judicial o de la modificación debidamente autenticada de conformidad con el inciso 35(2)(a).

(6) La Corte Suprema, tras haber notificado debidamente a la Autoridad Central, anulará el registro de una orden judicial de confiscación extranjera si:

(a) constata que la orden judicial fue servida, ya sea mediante el pago de un monto pagadero en virtud de la orden judicial o bien por una pena de prisión purgada por la persona objeto de la orden judicial en cuestión; o

(b) después de haber notificado debidamente a la Autoridad Central, constata que la orden judicial quedó sin efecto en el país del Commonwealth que presentó la solicitud de asistencia.

(7) En el presente artículo, el término “apelación” significa todo procedimiento iniciado para lograr la anulación de un fallo judicial o la presentación de una solicitud para obtener un nuevo procesamiento judicial o sobreseimiento de ejecución.

31. (1) El presente artículo se aplicará cuando:

(a) la autoridad central de un país del Commonwealth presente a la Autoridad Central un certificado que de constancia de que:

(i) una persona nombrada ha sido o será probablemente acusada, o ha sido declarada culpable, de un delito grave especificado.

(ii) una orden judicial ha sido emitida o probablemente será emitida, a efectos, en virtud de las leyes de dicho país, de

(A) confiscar un bien proveniente u obtenido directa o indirectamente por dicha persona mediante la perpetración de un delito grave.

(B) imponer una multa a esa persona, cuyo monto está establecido en función del valor del bien proveniente o derivado de dicho delito;

(b) existan razones fundadas para creer que un bien, derivado u obtenido de dicho delito, o que estaría disponible para cubrir la multa impuesta en virtud de la orden judicial de confiscación o en virtud de dicha orden judicial si fuera expedida, se encuentra en Trinidad y Tobago;

(c)una solicitud es presentada, de conformidad con la legislación de Trinidad y Tobago, pidiendo que se emita una orden judicial que congele las operaciones relativas a un bien y que Trinidad y Tobago proporcione la asistencia adecuada; y

(d) la solicitud haya sido aceptada.

(2) Cuando aplique el presente artículo, el Fiscal General hará que se presente una solicitud a la Corte Suprema de conformidad con los reglamentos de la Corte Suprema para asegurar la emisión de una orden judicial adecuada.

(3) Las disposiciones contenidas en los incisos (2) a (6) del Art. 30 se aplicarán, con las modificaciones que sean necesarias, para la ejecución de una solicitud efectuada en virtud del presente artículo.

PARTE IV

aplicación de la ley a países que no pertenecen al commonwealth

32. Las definiciones a continuación se aplican a esta parte:

“país que no pertenece al Commonwealth” País que no está incluido en la definición de “país del Commonwealth” en el inciso 2(1);

“tratado” Entre otros, convenio, protocolo, acuerdo o arreglo.

33. (1) Cuando un tratado de asistencia judicial en materia penal haya sido concluido entre Trinidad y Tobago y un país que no pertenece al Commonwealth, el Fiscal General de Trinidad y Tobago, provisto de una solicitud de asistencia presentada por dicho país, podrá, mediante orden judicial sujeta a resolución de rechazo del Parlamento, declarar que la presente Ley se aplica a dicho país.

(2) La orden judicial emitida en virtud del inciso (1) podrá ordenar que la aplicación de la presente Ley quede sujeta a limitaciones, condiciones, excepciones o restricciones estipuladas en la orden judicial y, según el caso, la presente Ley se aplicará a ese país bajo reserva de esas limitaciones, condiciones, excepciones o excepciones.

PARTE v

diversos

34. Cuando haya quedado satisfecho de la legitimidad de la solicitud de asistencia, el Fiscal General, provisto de una solicitud de asistencia presentada por un país del Commonwealth de conformidad con la presente Ley podrá, mediante un certificado creado en la forma que juzgue pertinente, certificar los hechos siguientes, a saber, que:

(a) la solicitud de asistencia cumple con los requisitos de la presente Ley; o bien que

(b) la solicitud fue aceptada de conformidad con la presente Ley.

35. (1) En todas las diligencias pertinentes:

(a) un documento debidamente autenticado podrá ser admitido como prueba; y

(b) un certificado pertinente constituirá prueba fehaciente de los hechos asentados en el mismo.

(2) Un documento está debidamente autenticado para los fines indicados en el inciso (1)(a) cuando:

(a) esté firmado o autenticado por un juez o magistrado del país del Commonwealth que presenta la solicitud;

(b) esté certificado bajo juramento por un testigo o funcionario del país del Commonwealth que presenta la solicitud;

(c) lleve el sello oficial o público de un ministro, de un ministerio o de un organismo público del gobierno de dicho país.

(3) El presente artículo no tendrá por efecto impedir la determinación de la validez de ninguna cuestión ni la admisión de un documento, de conformidad con los textos legislativos de Trinidad y Tobago.

(4) En este artículo:

“certificado pertinente”: un certificado entregado

(a) por la autoridad central de un país del Commonwealth y relacionado con diligencias penales iniciadas en ese país o a un bien derivado u obtenido de la perpetración de un delito grave en ese país;

(b) por el Fiscal General de un país del Commonwealth para la aplicación de los incisos 29(1)(a) y 31(1)(a) de la Ley o del inciso 8(d) del primer anexo; o

(c) por el Fiscal General para la aplicación del Art. 34;

“diligencias relevantes”: diligencia iniciada en virtud de la presente Ley o de otra ley derivada directa o indirectamente de una solicitud de asistencia de un país del Commonwealth en el marco de la presente Ley.

36. (1) Cuando una persona deba ser transportada bajo custodia de un país del Commonwealth a otro país del Commonwealth pasando por Trinidad y Tobago de conformidad con una solicitud de asistencia de la categoría indicada en el sistema

(a) la persona podrá pasar por Trinidad y Tobago bajo la custodia de otra persona; y

(b) si una aeronave o barco a bordo de la cual se encuentra la persona transferida aterriza o hace escala en Trinidad y Tobago, la persona permanecerá bajo custodia según las modalidades determinadas por escrito por el Fiscal General hasta que la persona pueda continuar su viaje.

(2) Cuando una persona se encuentre bajo custodia de conformidad con las modalidades establecidas en virtud del inciso 1(b) y su viaje no continúe en un plazo que el Fiscal General considere razonable, este último podrá ordenar que la persona sea transferida bajo custodia al país del Commonwealth del cual provino.

37. Toda persona que escape de una custodia legítima mientras se encuentre en Trinidad y Tobago de conformidad con una solicitud efectuada en virtud del Art. 10, o que mientras se encuentre bajo custodia en virtud de una directiva emanada en virtud del inciso 36(1)(b), será culpable de un delito y quedará sujeta a una multa de veinte mil dólares y cinco años de prisión.

38. (1) Todo agente de policía podrá arrestar sin orden de detención a una persona cuando tenga razones fundadas para creer que dicha persona:

(a) fue llevada a Trinidad y Tobago para ejecutar una solicitud en virtud del Art. 10 o fue mantenida bajo custodia de conformidad con una directiva emanada en virtud del inciso 36(1)(b); y

(b) ha escapado de una custodia legítima mientras se encontraba en Trinidad y Tobago de conformidad con la solicitud, o mientras era mantenida bajo custodia.

(2) La persona que haya sido arrestada en virtud del inciso (1) será devuelta a su custodio de conformidad con la presente Ley.

39. (1) El Fiscal General podrá, por reglamento, dictar las medidas necesarias o prácticas para poner en práctica o dar efecto a la presente Ley, a saber:

(a) establecer disposiciones relativas a determinación de la validez de cualquier cuestión que se requiera para los fines de la presente Ley;

(b) establecer los procedimientos para la obtención de pruebas;

(c) determinar los gastos y viáticos pagaderos a toda persona en Trinidad y Tobago requerida en una solicitud;

(d) establecer las condiciones que serán impuestas para proteger cualquier interés en un bien que deba ser enviado a un país solicitante de conformidad con una solicitud;

(e)prescribir las condiciones que serán obligatorias para proteger cualquier bien entregado a o por un país del Commonwealth, al igual que tomar medidas para la devolución del bien a Trinidad y Tobago de conformidad con la solicitud.

(2) Bajo reserva de los límites, condiciones, excepciones o restricciones que puedan ser prescritas, los reglamentos podrán incluir la aplicación de cualquier otra ley para permitir que:

(a) se ejecute toda solicitud de asistencia presentada por un país del Commonwealth en virtud de la presente Ley y que se otorgue la asistencia solicitada;

(b) se ejecute toda orden judicial registrada de conformidad con el Art. 30;

(c)que una orden judicial sea expedida de conformidad con una solicitud de asistencia en virtud del Art. 30 y, cuando sea expedida, que sea ejecutada.

(3) Los reglamentos de aplicación del inciso 22(2) podrán incluir procedimientos para los poderes de los jefes de policía provenientes del país del Commonwealth en cuestión o designados por este último, así como los procedimientos que deberán seguir para recabar testimonios en Trinidad y Tobago.

40. (1) Cuando un tratado de cooperación haya sido concluido antes o después de la entrada en vigor de la presente Ley entre Trinidad y Tobago y otro territorio para la detección, investigación, represión o procesamiento judicial de delitos de narcotráfico cometidos en Trinidad y Tobago o en el otro territorio, el Fiscal General podrá, mediante orden judicial sujeta a resolución de rechazo del Parlamento, declarar que el tratado se aplica a Trinidad y Tobago bajo los límites, condiciones, excepciones o restricciones que estén especificadas en la orden judicial.

(2) Ninguna orden judicial será efectuada en virtud del inciso (1), a menos que el tratado disponga que una u otra de las partes pueda hacerlo.

(3) La orden judicial emitida en virtud del inciso (1) retomará los términos del tratado y se mantendrá vigente durante un periodo que no podrá sobrepasar el periodo de vigencia del tratado.

(4) En el presente artículo, por “tratado” se entiende convención, tratado, acuerdo o arreglo en vigor entre Trinidad y Tobago y otro territorio.

(5) En el presente artículo, “delito de narcotráfico” designará los delitos siguientes:

(a) un delito tipificado por los artículos 5(4) y (7) y por el artículo 47 de la ley de 1991 sobre estupefacientes peligrosos (Dangerous Drugs Act, 1991);

(b) un delito de conspiración para perpetrar alguno de los delitos mencionados en el inciso (a);

(c)un delito de tentativa, incitación, ayuda o complicidad para la perpetración de alguno de los delitos mencionados en los incisos (a) o (b).

41. El texto legislativo mencionado en la primera columna del segundo anexo está modificado según se indica en la segunda columna de dicho anexo.

PRIMER ANEXO

(Artículo 21)

Solicitud de asistencia presentada por países del Commonwealth

1. Toda solicitud de asistencia efectuada en términos de la presente Ley por un país del Commonwealth deberá:

(a) Especificar la índole de la asistencia solicitada.

(b) Ser iniciada por un juez, un magistrado, el Director de procesamientos penales o un organismo responsable de aplicar la ley.

(c) Identificar a la persona, entidad o autoridad que inició el trámite de solicitud.

(d) Estipular todos los requerimientos que tenga el país solicitante en materia de confidencialidad de la solicitud y los motivos de dichos requerimientos.

(e) Indicar todo plazo en el cual el país solicitante requiera que la solicitud sea ejecutada.

(f) Cuando la solicitud implique el desplazamiento de una persona desde Trinidad y Tobago al país solicitante, incluir detalles sobre los viáticos y alojamiento previstos a tal efecto.

(g) Incluir cualquier otra información adicional de la cual dispongan las autoridades centrales del país solicitante que pueda facilitar la ejecución de la solicitud.

2. Cuando la asistencia sea solicitada por un país del Commonwealth para fines de diligencias penales, la solicitud deberá:

(a) Ir acompañada del certificado, relacionado con las diligencias penales, que está mencionado en la definición de “diligencias penales” en el Art. 2.

y deberá

(i) incluir información detallada sobre las diligencias y el delito en cuestión, incluyendo un resumen de los hechos conocidos.

(ii) indicar la identidad, si es conocida, de la persona objeto de las diligencias penales.

(iii) si las diligencias penales han sido iniciadas, indicar la fase en la que se encuentran y, si procede, la corte de jurisdicción.

3. Cuando la ayuda solicitada por un país del Commonwealth tenga por objeto diligencias penales en los términos indicados en el Art. 23, la solicitud deberá

(a) indicar en detalle el procedimiento que el país solicitante desea que se siga para dar curso a su solicitud, incluyendo detalles sobre la manera en que deberán serle transmitidos los testimonios o elementos de prueba.

(b) Indicar, si procede, si las personas cuyo testimonio será requerido, deberán ser interrogadas:

(i) Verbalmente o por escrito.

(ii) Bajo juramento.

(iii) En presencia de su asesor jurídico o abogado.

(iv) En presencia de la persona a la cual se refiera cualquier diligencia pertinente en ese país.

(c) Cuando se requiera obtener el testimonio de una persona, indicar qué preguntas deberán serle formuladas o el tema que deberá ser abordado.

(d) Cuando se requiera obtener el testimonio de una persona, indicar toda estipulación vigente en el país solicitante sobre la manera en que el testimonio deberá ser obtenido para ser admisible en corte.

(e) Indicar en detalle cualquier privilegio o exención previstos por la ley del país solicitante sobre la obtención de información o elementos de prueba por los medios propuestos en la solicitud.

4. La solicitud contemplada en el Art. 24 deberá describir los objetos o artículos que deberán ser obtenidos y, en la medida de lo razonable, incluir toda la información de la que disponga la autoridad central

del país solicitante que pueda ser requerida por la legislación de Trinidad y Tobago para dar curso a una solicitud que requiera la emisión de una orden judicial para la confiscación de los bienes u objetos en cuestión.

5. La solicitud contemplada en el Art. 26 deberá indicar el tema sobre el cual el detenido deberá prestar testimonio o proporcionar información; asimismo, deberá indicar las razones que justifican la necesidad de que el detenido comparezca en persona.

6. Cuando la ayuda solicitada por un país del Commonwealth tenga por objeto diligencias penales en los términos indicados en el Art. 28, la solicitud deberá

(a) estar acompañada del documento que deberá ser notificado; y

(b) si el documento está vinculado con la comparecencia de una persona en el país solicitante, deberá incluir toda la información disponible sobre las órdenes judiciales en materia penal pendientes contra dicha persona.

7. Cuando la ayuda solicitada por un país del Commonwealth tenga por objeto diligencias penales en los términos indicados en el Art. 29, la solicitud deberá

(a) estar acompañada del certificado emitido por el Fiscal General;

(b) indicar la índole del delito grave en cuestión; e

(c) indicar los motivos que permiten sospechar que el bien en cuestión se encuentra en Trinidad y Tobago y proporcionar toda la información que posea el país solicitante que pueda servir para identificar o localizar dicho bien.

8. Cuando la ayuda solicitada por un país del Commonwealth tenga por objeto diligencias penales en los términos indicados en el Art. 30, la solicitud deberá

(a) estar acompañada del certificado emitido por el Fiscal General;

(b) estar acompañada de una copia de la orden judicial emitida en el país solicitante

(i) sellada por la corte que emitió la orden judicial; o bien

(ii) debidamente autenticada de conformidad con el inciso 35(2)(a) e invocar la legislación pertinente en virtud de la cual la orden judicial fue emitida;

(c) indicar la índole del delito grave especificado;

(d) en el caso de una orden judicial como la mencionada en los incisos 31(1)(a)(ii)(A) o (B), deberá estar acompañada de un certificado emitido por el Fiscal General que certifique que la persona objeto de la orden judicial compareció ante la instancia indicada o bien, en el caso contrario, que fue notificada de las diligencias especificadas en el certificado.

(e) indicar los motivos que permiten sospechar que el bien en cuestión se encuentra en Trinidad y Tobago y proporcionar toda la información que posea el país solicitante que pueda servir para identificar o localizar dicho bien; y

(f) indicar en detalle todo monto pagado o recuperado en virtud de la orden judicial.

9. Cuando la ayuda solicitada por un país del Commonwealth tenga por objeto diligencias penales en los términos indicados en el Art. 31, la solicitud deberá

(a) estar acompañada del certificado emitido por el Fiscal General;

(b) si corresponde, estar acompañada de una copia de la orden judicial emitida en el país solicitante

(i) sellada por la corte que emitió la orden judicial; o bien

(ii) debidamente autenticada de conformidad con el inciso 35(2)(a) e invocar la legislación en virtud de la cual la orden judicial fue emitida;

(c) si corresponde, indicar los motivos que permiten cree que una orden judicial será probablemente emitida.

(d) indicar en detalle la índole del delito grave respecto a la cual la orden judicial fue o será probablemente emitida; e

(e) indicar los motivos que permiten sospechar que el bien en cuestión se encuentra en Trinidad y Tobago y proporcionar toda la información que posea el país solicitante que pueda servir para identificar o localizar dicho bien.

10. 10.Tras examinar sumariamente la solicitud de asistencia presentada por un país del Commonwealth en virtud de la presente Ley, la Autoridad Central podrá exigir a la autoridad central de dicho país que proporcione información adicional sobre la solicitud y, de no recibir dicha información en los plazos que estime razonables, considerar que la solicitud fue retirada.

SEGUNDO ANEXO

(Artículo 41)

PRIMERA COLUMNA SEGUNDA COLUMNA

Texto legislativo Modificación

Agencia de Servicios Estratégicos Inciso 6(2)(c)

Ley No. 24 de 1995 suprimido.

Aprobado por el Senado el 14 de octubre de 1997

N. COX

Secretario del Senado

Aprobado por la Cámara de Diputados el 6 de noviembre de 1997.

J. SAMPSON

Secretario de la Cámara

Modificaciones adoptadas por la Cámara de Diputados y aprobadas por el Senado el 7 de noviembre de 1997.

N. COX

Secretario del Senado