FRA  |  ENG  |  ESP  |  POR 
   
Referencia :
Fecha de entrada en vigor : 1996-10-14
Idiomas : sp
Fuente : El Salvador: D.O. No.192, Tomo No.333, de fecha 14 de octubre de 1996
Localización de la original :
Documentos relacionados :
Fuentes Internet vinculadas :
Fecha de la actualización :

CONVENIO SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

La República de El Salvador y la República del Perú, deseando intensificar su cooperación en el campo de la asistencia judicial en materia penal;

RECONOCIENDO, que la lucha contra la delincuencia requiere de la actuación conjunta de los Estados;

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN, los lazos de amistad y cooperación que los unen;

EN OBSERVANCIA, de las normas constitucionales y legales y administrativas de sus Estados, así como el respeto a los principios de Derecho Internacional, en especial el de soberanía, integridad territorial y no intervención;

DESEOSOS de adelantar las acciones conjuntas de prevención, control y represión del delito en todas sus formas, a través de la coordinación de acciones y ejecución de programas concretos y de agilizar los mecanismos tradicionales de asistencia judicial;

CONSCIENTES, del incremento de la actividad delictiva, convienen en prestarse la mas amplia cooperación de conformidad con el procedimiento que se describe a continuación:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO I

OBLIGACIONES DE LA ASISTENCIA


1. Cada una de las partes se compromete a prestar a la otra Parte, de conformidad con las disposiciones legales internas y las del PRESENTE Convenio la más amplia asistencia en el desarrollo de procedimientos judiciales penales. Asimismo, a brindarse la mayor colaboración en materia de expulsión, deportación y entrega de nacionales de la Parte requeriente perseguidos por la justicia que se encuentren irregularmente en el territorio de los Estados Partes.

Tal asistencia comprende especialmente:

a. Práctica y remisión de las pruebas y diligencias judiciales solicitadas.

b. Remisión de documentos e informaciones de conformidad con los términos y condiciones del presente Convenio.

c. Notificación de providencias, autos y sentencias.

d. Localización y traslado voluntario de personas para los efectos del presente Convenio en calidad de testigos o peritos.

e. La ejecución de peritajes, decomisos, incautaciones, secuestros, inmovilización de bienes, embargos, así como identificar o detectar el producto de los bienes o los instrumentos de la comisión de un delito, inspecciones oculares y registros.

f. El Estado requerido y el Estado requeriente repartirán en partes iguales los bienes objeto de decomiso o el producto de la venta de los mismos, siempre y cuando exista una colaboración efectiva entre los dos Estados. La venta de los bienes decomisados deberá hacerse observando los procedimientos establecidos en la legislación, siempre que su comercialización no esté prohibida en el país requeriente.

g. Facilitar el ingreso y permitir la libertad de desplazamiento en el territorio del Estado requerido a funcionarios del Estado requeriente, previa autorización de las autoridades competentes del Estado requerido, con el fin de asistir a la práctica de las actuaciones descritas en el presente Convenio, siempre que el ordenamiento interno del Estado requerido así lo permita.


h. Cualquier otra asistencia acordada entre las partes.

ARTÍCULO 2

HECHOS QUE DAN LUGAR A LA ASISTENCIA


1. La asistencia es prestada aún cuando el hecho por el cual se procede en la Parte requeriente no está previsto como delito por la Parte requerida.

2. Sin embargo, para la ejecución de inspecciones personales y registros decomisos, embargo de bienes, de secuestros con fines probatorios e interceptación de cualquier tipo de comunicación por mandato judicial debidamente motivado, la asistencia es prestada sólo si el hecho por el que se procede en la Parte requeriente está previsto como delito también por la Ley de la Parte requerida, o bien si resulta que la persona contra quien se procede, ha expresado libremente su consentimiento en forma escrita, y en todo caso siempre que el procedimiento judicial sea permitido de acuerdo a la legislación del Estado Requerido.

ARTÍCULO 3

DENEGACIÓN DE LA ASISTENCIA


1. La asistencia es denegada:

a) Si las acciones solicitadas se hallan prohibidas por la ley de la Parte requerido, o son contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de dicha Parte;

b) Si el hecho, en relación al que se procede, es considerado por la Parte requerida, delito político o delito exclusivamente militar;

c) Si la Parte requerida tiene fundadas razones para suponer que consideraciones relacionadas con la raza, la religión, el sexo, la nacionalidad, el idioma, las opiniones políticas o las condiciones personales o sociales de la persona imputada del delito pueden influir negativamente en el desarrollo del proceso o en el resultado del mismo;

d) Si la persona contra quien se procede en la Parte requeriente ya ha sido juzgada por el mismo hecho en la Parte requerida;

e) Si la Parte requerida considera que la prestación de la asistencia puede ocasionar un perjuicio razonable a su soberanía, a su seguridad o a otros intereses esenciales nacionales.


2. No obstante en los casos previstos por los incisos b), c) y d) del punto 1, la asistencia es prestada, si resulta que la persona contra quien se procede ha expresado libremente su consentimiento en forma escrita.

3. La asistencia puede ser rechaza o diferida si la ejecución de las acciones solicitadas interfiere con el procedimiento judicial que se siga en la Parte requerida, indicando los motivos.

4. El Estado requerido podrá considerar, antes de negar o posponer el cumplimiento de una solicitud de asistencia, sujetarla a ciertas condiciones, las cuales serán establecidas por las Autoridades Centrales en cada caso.

5. En todos los casos la denegatoria de asistencia debe ser motivada.

ARTÍCULO 4

EJECUCIÓN


Los requerimientos de asistencia en virtud de este Convenio, se efectuarán a través de las Autoridades Centrales competentes, tal como se indican en el presente enunciado:

1. La República del Perú designa como Autoridad Central al Ministerio Público-Fiscalía de la Nación. La República de El Salvador designa como Autoridad Central a la Corte Suprema de Justicia. La Autoridad Central de la Parte requerida atenderá de forma expedita las solicitudes, o cuando sea adecuado, las transmitirá a otras autoridades competentes para ejecutarlas.

2. Para la ejecución de las acciones solicitadas se aplican las disposiciones de la Ley de la Parte requerida, excepto la observación de las formas y modalidades expresamente identificadas por la Parte requeriente que no sean contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Parte requerida.

3. La Parte requerida informará a la Parte requeriente que así lo haya solicitado, la fecha y el lugar de la ejecución de las acciones requeridas.

TÍTULO II

FORMAS ESPECIFICAS DE ASISTENCIA

ARTÍCULO 5

NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS


1. A solicitud de la Parte requeriente y en la medida de lo posible, la Parte requerida diligenciará cualquier citación, notificación o entrega de documentos relacionados con una solicitud de asistencia o que forme parte de ella de conformidad con su ordenamiento jurídico.

2. La solicitud que tenga por objeto la notificación de acciones debe ser debidamente fundamentada, anexándose a la misma para tal efecto los documentos correspondientes o transcribiéndose el contenido de éstos. Dicha notificación deberá ser enviada con razonable anticipación respecto a la fecha útil para la misma notificación.

3. El estado requerido devolverá una constancia de haber efectuado la diligencia de acuerdo a la solicitud de asistencia.

ARTÍCULO 6

ENTREGA DE DOCUMENTOS, INFORMACIONES Y OBJETOS


1. Cuando la solicitud de asistencia tiene por objeto el envío de avisos o documentos, la Parte requerida tiene la facultad de remitir copias certificadas, salvo que la Parte requeriente solicite expresamente los originales, la Parte requerida decidirá su viabilidad y lo comunicará a la Parte requeriente.

2. Los documentos y los avisos originales y los objetos enviados a la Parte requeriente serán devueltos a la brevedad posible a la parte requerida, a menos que esta última renuncie expresamente a este derecho.

3. El Estado requerido podrá proporcionar copias de documentos o de información en posesión de una oficina o institución gubernamental, pero no disponibles al público, en la misma medida y bajo las mismas condiciones que los proporcionaría a sus propias autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley. El Estado requerido podrá, a su discreción, negar la solicitud total o parcialmente.

4. Los documentos proporcionados en virtud de este artículo serán firmados por el funcionario encargado, de mantenerlos en custodia y certificados por la Autoridad Central. No se requerirá otra certificación o autenticación. Los documentos certificados a tenor de lo dispuesto por este párrafo serán prueba admisible de la veracidad de los asuntos en ellos expuestos.

ARTÍCULO 7

COMPARECENCIA DE PERSONAS EN LA PARTE REQUERIDA


1. Si la prestación de la asistencia comporta la comparecencia de personas para prestar declaración o proporcionar información documental u objetos en el desarrollo de acciones judiciales en el territorio de la Parte requerida, dicha Parte puede exigir y aplicar las medidas coercitivas y las sanciones previstas por su propia ley.

2. Sin embargo, cuando se trata de la comparecencia de imputados, la Parte requeriente debe indicar en la solicitud, las medidas que serían aplicables según su Ley y la Parte requerida no puede sobrepasar tales medidas.

3. La Autoridad Central del Estado requerido informará con antelación la fecha y el lugar en que se realizará la recepción del testimonio de la prueba pericial.

4. Si la persona citada o notificada para comparecer o rendir informe o proporcionar documentos en el Estado requerido invocara inmunidad, incapacidad o privilegios bajo las leyes del Estado requeriente, su reclamo será dado a conocer a éste a fin de que resuelva lo pertinente.

5. El Estado requerido enviará a la Parte requeriente una constancia de haberse efectuado la notificación o la citación detallando la manera y fecha en que fue realizada.

6. El Estado requerido dispondrá la presencia de las personas nombradas en la solicitud de asistencia. Durante el cumplimiento de ésta y, con sujeción a las leyes del Estado requerido, permitirá a las mismas interrogar por intermedio de la autoridad competente a la persona cuyo testimonio se hubiere solicitado. El Estado requeriente será responsable de los actos que entorpezcan o impidan la participación en las diligencias de las personas legitimadas.

ARTÍCULO 8

COMPARECENCIA DE PERSONAS EN LA PARTE REQUERIENTE


1. Si la solicitud tiene por objeto la notificación de una citación a comparecer en el Estado requeriente, el imputado, el testigo o el perito que no concurra no puede ser sometido por la Parte requerida a sanciones o medidas coercitivas que sobrepasen a las previstas en la legislación de la Parte requeriente.

2. Al testigo o al perito que cumpla con la citación, la Parte requeriente sufragará los gastos e indemnizaciones de acuerdo a lo previsto por su ley. La Parte requerida, a solicitud de la otra Parte, puede proporcionar un anticipo. La persona requerida será informada de la clase y monto de los gastos que el Estado requeriente haya consentido en pagarle.

3. Toda persona citada o notificada a comparecer en calidad de testigo o perito en el territorio del Estado requeriente en cumplimiento de una solicitud de asistencia, estará sujeta a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico del Estado requeriente.

ARTÍCULO 9

COOPERACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS


A solicitud de la Parte requeriente, la Parte requerida proporcionará las facilidades y seguridades necesarias para la actuación de pruebas y diligencias judiciales, dentro de su territorio.

ARTÍCULO 10

GARANTÍAS


1. En los casos en que la solicitud tiene por objeto la citación de una persona para comparecer en la Parte requerida, la persona citada, si comparece, no puede ser sometida a procedimientos coercitivos o restrictivos de la libertad personal, por hechos anteriores a la notificación de la citación.

2. La garantía prevista en el párrafo 1, cesa si la persona reclamada, habiendo tenido la posibilidad, no haya dejado el territorio de la Parte requeriente, luego de transcurridos quince días desde que su presencia ya no es más requerida por la autoridad judicial o bien, habiéndolo dejado, haya regresado a él voluntariamente.

3. El Estado al que se traslade el testigo o perito, cuando dicha persona haya aceptado cooperar con una solicitud de asistencia, velará por su seguridad personal.

ARTÍCULO 11

ENVÍO DE SENTENCIAS Y DE CERTIFICADOS DEL REGISTRO JUDICIAL


1. La Parte requerida, cuando envíe una sentencia penal proporcionará también las indicaciones concernientes al respectivo procedimiento que hayan sido eventualmente solicitados por la Parte requeriente.

2. Los certificados del registro judicial necesarios a la autoridad judicial de la Parte requeriente para el desarrollo de un procedimiento penal, serán enviados a dicha Parte a la brevedad posible.

ARTÍCULO 12

PLAZOS


En toda solicitud de asistencia en la que existan un plazo para efectuarla, el Estado requeriente deberá remitir la solicitud al Estado requerido por lo menos con 30 días de antelación al término establecido. En casos urgentes, el Estado requerido podrá renunciar al plazo para la notificación.

ARTÍCULO 13

OBTENCIÓN DE PRUEBAS


1. El Estado requerido, de conformidad con su derecho interno y a solicitud del Estado requeriente, podrá recibir declaración de personas dentro de un proceso que se sigue en el Estado requeriente y solicitar la evacuación de las pruebas necesarias.

2. Cualquier interrogatorio deberá ser presentado por escrito y el Estado requerido después de evaluarlo, decidirá sobre su procedencia.

3. Todas las partes involucradas en el proceso podrán estar presentes en el interrogatorio que estará siempre sujeto a las leyes del Estado requerido.

4. El Estado requerido podrá entregar cualquier prueba que se encuentra en su territorio y que esté vinculada con algún proceso en el Estado requeriente, siempre que la Autoridad Central del Estado requeriente formule la solicitud de asistencia de acuerdo con los términos y condiciones del presente convenio.

ARTÍCULO 14

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS


El Estado requerido desplegará sus mejores esfuerzos con el fin de ubicar e identificar cualesquiera personas señaladas en una solicitud de asistencia y mantendrá informado al Estado requeriente del avance y resultados de sus investigaciones.

ARTÍCULO 15

BUSQUEDA Y APREHENSIÓN


1. Toda solicitud de búsqueda, aprehensión y/o entrega de cualquier objeto al Estado requeriente será cumplida si incluye la información que justifique dicha acción bajo las leyes del Estado requerido.

2. Los funcionarios del Estado requerido que tengan la custodia de objetos aprehendidos certificarán la continuidad de la custodia, la identidad del objeto y la integridad de su condición; y dicho documento será certificado por la Autoridad Central. No se requerirá de otra certificación o autenticación. Los certificados serán admisibles en el Estado requeriente como prueba de la veracidad de los asuntos en ellos expuestos.

3. El Estado requerido no estará obligado a entregar al Estado requeriente ningún objeto aprehendido, a menos que este último convenga en cumplir las condiciones que el Estado requerido señale a fin de proteger los intereses que terceros puedan tener en el objeto a ser entregado.

ARTÍCULO 16

ASISTENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE DECOMISO Y OTROS


1. Si una de las Partes contratantes se percatara de la existencia de los medios para la comisión del delito y de los frutos provenientes del mismo ubicados en el territorio de la otra Parte contratante, que pudiesen ser decomisados, incautados o de otro modo aprehendidos conforme a las leyes de ese Estado, deberá comunicar este hecho a la Autoridad Central del otro Estado. Si ese otro Estado tiene jurisdicción, presentará dicha información a sus autoridades para determinar si procede tomar alguna medida. Estas autoridades emitirán su decisión de acuerdo con las leyes de su país y, por mediación de su Autoridad Central informarán al otro Estado sobre la acción que se haya tomado.

2. Las Partes contratantes se prestarán asistencia judicial en la medida que lo permitan sus respectivas leyes y el presente Convenio, en los procedimientos relacionados con el decomiso de los medios usados en la comisión de delitos y de los frutos provenientes de los mismos, las restituciones a las víctimas de delitos y el pago de multas impuestas como condena en juicios penales.

ARTÍCULO 17

INFORMACIONES RELACIONADAS CON LAS CONDENAS


Cada Parte informará anualmente a la otra Parte respecto de las sentencias de condena pronunciadas por sus propias autoridades judiciales, contra ciudadanos de dichas Partes.

TÍTULO III

PROCEDIMIENTOS Y GASTOS

ARTÍCULO 18

DE LOS PROCEDIMIENTOS


1. La asistencia se prestará a solicitud de la Parte requeriente.

2. La solicitud debe contener las siguientes informaciones:

a) La autoridad judicial que interviene y los datos identificatorios de la persona a quien se procesa, así como el objeto y la naturaleza del procedimiento y las normas aplicables al caso:

b) El objeto y el motivo de la solicitud;

c) Descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la asistencia, de conformidad con la legislación del Estado requeriente. Deberá transcribirse o adjuntarse el texto de las disposiciones legales pertinentes, debidamente calificadas;

d) Detalle y fundamento de cualquier aspecto o procedimiento particular que la parte requeriente desea que se siga;

e) El término dentro del cual el Estado requeriente desearía que la solicitud sea cumplida.


3. Según la naturaleza de la asistencia solicitada, también incluirá:

a) La información disponible sobre la identidad y la residencia o domicilio de la persona a ser localizada;

b) La identidad y la residencia o domicilio de la persona que debe ser citada o notificada y la relación que dicha persona guarda con el proceso;


c) La identidad y la residencia o domicilio de las personas que sean solicitadas para la práctica de pruebas;


d) La descripción del lugar objeto del registro y de los objetos que deben ser aprehendidos;

e) Mención del tipo de bienes respecto de los cuales se solicita la inmovilización, decomiso, incautación, secuestro y/o embargo, y su relación con la persona contra quien se inició o se iniciará un procedimiento judicial;

f) Cuando fuere el caso una precisión del monto a que asciende la afectación de la medida cautelar;

g) Las formas y modalidades especiales eventualmente requeridas para la ejecución de las acciones, así como los datos identificatorios de las autoridades o de las Partes privadas que pueden participar;

h) Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la solicitud.


Si el Estado requerido considera que la información contenida en la solicitud no es suficiente para permitir el cumplimiento de la misma, puede solicitar información adicional al Estado requeriente.

ARTÍCULO 19

COMUNICACIONES


Las comunicaciones entre las Partes, se efectuarán a través de sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO 20

GASTOS


1. Los Gastos ordinarios que ocasione la ejecución de la solicitud serán sufragados por el Estado requerido, salvo que los Estados hayan decidido otra cosa. Cuando se requiera para este fin gastos elevados o de carácter extraordinario, los Estados se consultarán para determinar los términos y condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que sufragarán los gastos.

2. Los honorarios de peritos, así como los gastos de viaje, alojamiento, viáticos e imprevistos de los testigos o peritos que deban trasladarse en virtud de un requerimiento de asistencia, incluyendo aquellos de los funcionarios que los acompañen, correrán por cuenta del Estado requeriente.

ARTÍCULO 21

CONFIDENCIALIDAD


Toda tramitación o pruebas proporcionadas por razón del presente Convenio, se mantendrán en estricta confidencialidad, salvo que éstas sean requeridas en investigaciones que formen parte de un proceso penal descrito en la solicitud de asistencia, o que el Estado requeriente y el Estado requerido acuerden lo contrario.

TÍTULO IV

ARTÍCULO 22

DISPOSICIONES FINALES


Las Autoridades Centrales celebrarán consultas en fechas acordadas con el fin de evaluar la asistencia prestada en aplicación del presente Convenio.

La asistencia y los trámites previstos en el presente Convenio no impedirán que cualquiera de las Partes asista a la otra de conformidad con las disposiciones de otros acuerdos internacionales de los cuales sean Parte o de su legislación interna.

ARTÍCULO 23

INTERPRETACIÓN


Cualquier controversia que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio será solucionada entre las Autoridades Centrales y en caso de no llegar a un acuerdo, se recurrirá a consultas entre las dos Partes.

ARTÍCULO 24

RATIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGENCIA


1. El presente Convenio tiene una duración indefinida y entrará en vigor a los sesenta días contados a partir de la fecha en que las partes contratantes se comuniquen por notas diplomáticas el cumplimiento de sus requisitos internos.

2. El presente Convenio podrá ser denunciado por una de las Partes en cualquier en cualquier momento, mediante una nota diplomática la cual surtirá efecto seis meses (6) después de la fecha de recepción por la otra Parte contratante.

3. La solicitud de asistencia judicial formulada dentro de la vigencia del presente Convenio será atendida aún cuando éste haya sido denunciado.

Suscrito en Lima, a los trece días del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, en duplicado, en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

RAMON GONZALEZ GINER, FRANCISCO TUDELA,
MINISTRO DE RELACIONES MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES DE EL SALVADOR. EXTERIORES DEL PERÚ.

____________________


ACUERDO N°. 1045.

San Salvador, 2 de septiembre de 1996.


Visto el Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República del Perú, el cual consta de Un Preámbulo y Veinticuatro Artículos, suscrito el día trece de junio de 1996, en nombre y representación del Gobierno de El Salvador por el suscrito y en nombre y representación del Gobierno de la República del Perú, por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Don Francisco Tudela; el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, ACUERDA: a) Aprobarlo en todas sus partes y b) Someterlo a consideración de la Honorable Asamblea Legislativa para que si lo tiene a bien se sirva otorgarle su ratificación. COMUNIQUESE. El Vice Ministro de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho, Lagos Pizzati.

______________________________


DECRETO N°. 810.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República del Perú, han celebrado el Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal, el cual consta de un Preámbulo y Veinticuatro Artículos; suscrito en esta ciudad, el día 13 de junio de 1996, en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador por el Ministro de Relaciones Exteriores, Ingeniero Ramón González Giner; y, en nombre y representación del Gobierno de la República del Perú, por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Don Francisco Tudela;

II. Que el referido Convenio, tiene como objetivo intensificar su cooperación en el campo de la asistencia judicial en materia penal, reconociendo que la lucha contra la delincuencia requiere de la actuación conjunta de los Estados;

III. Que el Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal fue aprobado en todas sus partes por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo N°. 1045 de fecha 2 de septiembre de 1996;

IV. Que el Convenio a que se hace referencia en los Considerandos anteriores, no contiene ninguna disposición contraria a la Constitución, por lo que es procedente su ratificación;

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7º de la Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4º de la misma,

DECRETA:

Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal, el cual consta de un Preámbulo y Veinticuatro Artículos; suscrito en esta ciudad, el día 13 de junio de 1996, en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador por el Ministro de Relaciones Exteriores, Ingeniero Ramón González Giner; y, en nombre y representación del Gobierno de la República del Perú, por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Don Francisco Tudela; dicho Convenio, fue aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo N°. 1045 de fecha 2 de septiembre de 1996.

Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO; San Salvador, a los doce días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y seis.

MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS,
Presidenta.


ANA GUADALUPE MARTÍNEZ MENENDEZ, ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,
VICEPRESIDENTE. VICEPRESIDENTE.

JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA, JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,
VICEPRESIDENTE. VICEPRESIDENTE.

JOSE EDUARDO SANCHO CASTAÑEDA, GUSTAVO ROGELIO SALINAS OLMEDO,
SECRETARIO. SECRETARIO.

CARMEN ELENA CALDERON DE ESCALON, WALTER RENE ARAUJO MORALES,
SECRETARIA. SECRETARIO.

RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,
SECRETARIO.


CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecinueve días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y seis.

PUBLÍQUESE,

ARMANDO CALDERÓN SOL,
Presidente de la República.

RAMON ERNESTO GONZÁLEZ GINER,
Ministro de Relaciones Exteriores.


D.L. N°. 810, del 12 de septiembre de 1996, publicado en el D.O. N° 192, Tomo 333, del 14 de octubre de 1996.

 


 

Nombre :

CONVENIO SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ

 

Materia : Penal

Naturaleza : Decreto Legislativo


Tipo / Documento : Convenio

Bilateral

Reserva : No


Organismo Internacional de Origen :

Fecha de: 09/02/96

Estado : Vigente

 

Fecha de Ratificación : 09/12/96

Diario Oficial : 192

 

Tomo : 333

Publicación DO : 10/14/96

 

Modificaciones :

Comentarios : EL PRESENTE CONVENIO HA SIDO CREADO PARA BRINDAR LA MAS AMPLIA ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PENALES ENTRE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR Y LA REPUBLICA DEL PERU. ASIMISMO, A BRINDARSE LA MAYOR COLABORACION EN MATERIA DE EXPULSION, DEPORTACION Y ENTREGA DE NACIONALES DE LA PARTE REQUERIENTE PERSEGUIDOS POR LA JUSTICIA QUE SE ENCUENTREN IRREGULARMENTE EN EL TERRITORIO DE LOS ESTADOS PARTES. D.T.

Actualizado: Si

Confrontado: