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Referencia :
Fecha de entrada en vigor : 2002-04-22
Idiomas : sp
Fuente : El Salvador: D.O. No.72, Tomo No.335, de fecha 22 de abril de 2002
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Nombre :

CONVENIO SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR Y LA REPUBLICA DE ECUADOR

Materia : Penal

Naturaleza : Decreto Legislativo


Tipo / Documento : Convenio

Bilateral

Reserva :


Organismo Internacional de Origen :

Fecha de: 15/11/1999

Estado : Vigente

Fecha de Ratificación : 05/04/2002

Diario Oficial : 72

Tomo : 355

Publicación DO : 22/04/2002

Modificaciones :


Comentarios :

Actualizado: Si

Confrontado: Si


Contenido :

CONVENIO SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL
ENTRE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR


La República de El Salvador y la República del Ecuador, deseando intensificar su cooperación en el campo de la Asistencia Judicial en Materia Penal;

RECONOCIENDO, que la lucha contra la delincuencia requiere de la actuación conjunta de los Estados;
TOMANDO EN CONSIDERACION, los lazos de amistad y cooperación que los unen;
EN OBSERVANCIA, de normas constitucionales legales y administrativas de sus Estados, así como el respeto a los principios de Derecho Internacional, en especial el de soberanía, integridad territorial y no intervención;

DESEOSOS, de adelantar las acciones conjuntas de prevención, control y represión del delito en todas sus formas, a través de la coordinación de acciones y ejecución de programas concretos y de agilizar los mecanismos tradicionales de asistencia judicial;

CONSCIENTES, del incremento de la actividad delictiva, convienen en prestarse la más amplia cooperación de conformidad con el procedimiento que se describe a continuación:

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1
OBLIGACIONES DE LA ASISTENCIA


1. Cada uno de los Estados partes se compromete a prestar a la otra Parte, de conformidad con las disposiciones legales internas y las del presente Convenio la más amplia cooperación recíproca que se requiera en los procedimientos judiciales penales.

Tal cooperación recíproca comprende:

a. Repatriación, deportación y entrega de nacionales de la parte requirente legalmente requeridos por la justicia y que se encuentren irregularmente en el territorio del Estado requerido y que hayan cometido delito en el territorio del Estado requirente.

b. Práctica y remisión de las pruebas y diligencias judiciales solicitadas.

c. Remisión de documentos e informes de conformidad con los términos y condiciones del presente Convenio.

d. Notificación de providencias, autos y sentencias.

e. Localización y traslado voluntario de personas para los efectos del presente Convenio.

f. La ejecución de peritajes, decomisos, incautaciones, secuestros, inmovilización de bienes, embargos, así como identificar o detectar el producto de los bienes o los instrumentos de la comisión de un delito, inspecciones y reconocimiento judiciales y registros.

g. El Estado requerido y el Estado requirente repartirán en partes iguales los bienes objeto de decomiso o el producto de la venta de los mismos, siempre y cuando exista una colaboración efectiva entre los dos Estados. La venta de los bienes decomisados deberá hacerse observando los procedimientos establecidos en la legislación, siempre que su comercialización no esté prohibida en el país requirente.

h. Cualquier otra asistencia acordada entre los Estados partes.

ARTICULO 2
HECHOS QUE DAN LUGAR A LA ASISTENCIA


1. Para cualquier práctica de inspecciones y reconocimientos judiciales, registros, decomisos, embargo de bienes y de secuestro con fines probatorios, la asistencia es prestada solo si el hecho por el que se procede en la Parte requirente está previsto como delito también por la ley de la Parte requerida, o bien si resulta que la persona contra quien se procede, ha expresado libremente su consentimiento en forma escrita, y en todo caso siempre que el procedimiento judicial sea permitido de acuerdo a la legislación del Estado requerido.

ARTICULO 3
CASOS EN QUE NO SE PRESTARA ASISTENCIA


1. No se prestará asistencia en los siguientes casos:

a) Si las acciones solicitadas se hallan prohibidas por la ley de la Parte requerida, o son contrarias a los principios constitucionales del ordenamiento jurídico de dicha Parte;

b) Si el hecho, en relación al que se procede, es considerado por la Parte requerida, delito político o delito exclusivamente militar;

c) Si la Parte requerida tiene fundadas razones para suponer que consideraciones relacionadas con la raza, la religión, el sexo, la nacionalidad, el idioma, las opiniones políticas o las condiciones personales o sociales de la persona imputada del delito pueden influir negativamente en el desarrollo del proceso o en el resultado del mismo;

d) Si la persona contra quien se procede en la Parte requirente ya ha sido juzgada por el mismo hecho en la Parte requerida;

e) Si la Parte requerida considera que la prestación de la asistencia puede ocasionar un perjuicio razonable a su soberanía, a su seguridad o a otros intereses esenciales nacionales.

2. No obstante en los casos previstos por los incisos b), c) y d) del punto 1, la asistencia es prestada, si resulta que la persona contra quien se procede ha expresado libremente su consentimiento en forma escrita.

3. La asistencia puede ser rechazada o diferida si la ejecución de las condiciones solicitadas interfiere con el procedimiento judicial que se siga en la Parte requerida, indicando los motivos.

4. El Estado requerido podrá considerar, antes de negar o posponer el cumplimiento de una solicitud de asistencia, sujetarla a ciertas condiciones,las cuales serán establecidas por las Autoridades Centrales en cada caso.

5. Todos los casos en los que no se preste asistencia, deben ser motivados.

ARTICULO 4
EJECUCIÓN


Los requerimientos de asistencia en virtud de este Convenio, se efectuarán a través de las Autoridades Centrales competentes, tal como se indica en el presente enunciado:

1. La República del Ecuador designa como Autoridad Central a la Corte Suprema de Justicia. La República de El Salvador designa como Autoridad Central a la Corte Suprema de Justicia. La Autoridad Central de la Parte requerida atenderá de forma expedita las solicitudes, o cuando sea adecuado, las transmitirá a otras autoridades competentes para ejecutarlas.

2. Para la ejecución de las acciones solicitadas se aplican las disposiciones de la Ley de la Parte requerida, excepto la observación de las formas y modalidades expresamente identificadas por la Parte requirente que no sean contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Parte requerida.

3. La Parte requerida informará a la Parte requirente que así lo haya solicitado, la fecha y el lugar de la ejecución de las acciones requeridas.

TITULO II
FORMAS ESPECIFICAS DE ASISTENCIA
ARTICULO 5
NOTIFICACION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS


1. A solicitud de la Parte requirente y en la medida de lo posible, la Parte requerida dispondrá la diligencia de cualquier citación, notificación o entrega de documentos relacionados con una solicitud de asistencia o que forme parte de ella de conformidad con su ordenamiento jurídico.

2. La solicitud que tenga por objeto la notificación de acciones debe ser debidamente fundamentada, y deberá acompañarse a ella los documentos correspondientes o transcribiéndose el contenido de éstos. Dicha notificación deberá ser enviada con razonable anticipación respecto a la fecha útil para la misma notificación.

3. El Estado requerido devolverá una constancia de haber efectuado la diligencia, de acuerdo a la solicitud de asistencia.

ARTICULO 6
ENTREGA DE DOCUMENTOS, INFORMACIONES Y OBJETOS


1. Cuando la solicitud de asistencia tiene como objeto el envío de avisos o documentos, la Parte requerida remitirá copias certificadas.

2. El Estado requerido podrá proporcionar, según su conveniencia, copias de documentos en posesión de una oficina o institución gubernamental, que no hubieren sido calificados como secretos o reservados.

3. Los documentos proporcionados en virtud de este artículo serán certificados por el funcionario competente. No se requerirá otra certificación o autenticación. Los documentos certificados a tenor de lo dispuesto por este párrafo serán prueba admisible de la veracidad de los asuntos en ellos expuestos.

ARTICULO 7
COMPARECENCIA DE PERSONAS EN LA PARTE REQUERIDA


1. La Autoridad Central del Estado requerido informará con antelación la fecha y el lugar en que se realizará la recepción del testimonio o se practicarán las pruebas solicitadas.

2. El Estado requerido enviará al Estado requirente una constancia de haberse efectuado la notificación o la citación detallando la manera y fecha en que fue realizada.

3. El Estado requerido dispondrá la presencia de las personas nombradas en la solicitud de asistencia. Durante el cumplimiento de ésta y, con sujeción a las leyes del Estado requerido, permitirá a las mismas interrogar por intermedio de la autoridad competente a la persona cuyo testimonio se hubiere solicitado. El Estado requirente será responsable de los actos que entorpezcan o impidan la participación en las diligencias de las personas legitimadas.

ARTICULO 8
COMPARECENCIA DE PERSONAS EN LA PARTE REQUIRENTE


Si la solicitud tiene por objeto la notificación de una citación a comparecer en el Estado requirente, el imputado que no concurra, luego de haber aceptado, no puede ser sometido por la Parte requerida sino únicamente a las medidas de apremio personal o real establecidas en su legislación, en cuanto fueren aplicables.

ARTICULO 9
COOPERACION PARA LA PRACTICA DE PRUEBAS


A solicitud de la Parte requirente, la Parte requerida proporcionará las facilidades y seguridades necesarias para la actuación de pruebas y diligencias judiciales, dentro de su territorio.

ARTICULO 10
ENVIO DE SENTENCIAS Y DE CERTIFICADOS DEL REGISTRO
ADMINISTRATIVO



1. La Parte requerida, cuando envíe una sentencia penal proporcionará también las indicaciones concernientes al respectivo procedimiento que hayan sido eventualmente solicitados por la Parte requirente.

2. Los certificados del registro administrativo necesarios a la autoridad judicial de la Parte requirente para el desarrollo de un procedimiento penal, serán enviados a dicha Parte a la brevedad posible.

ARTICULO 11
PLAZOS


En toda solicitud de asistencia en la que exista un plazo para efectuarla, el Estado requirente deberá remitir la solicitud al Estado requerido por lo menos con 30 días de antelación al término establecido. En casos urgentes, el Estado requerido podrá renunciar al plazo para notificación.

ARTICULO 12
OBTENCION DE PRUEBAS


1. El estado requerido, de conformidad con su derecho interno y a solicitud del Estado requirente, podrá recibir declaración de personas dentro de un proceso que se sigue en el Estado requirente y solicitar la evacuación de las pruebas necesarias.

2. Cualquier interrogatorio deberá ser presentado por escrito y el Estado requerido después de evaluarlo, decidirá sobre su procedencia.

3. Todos los Estados partes involucrados en el proceso podrán estar presentes en el interrogatorio que estará siempre sujeto a las leyes del Estado requerido.

4. El Estado requerido podrá entregar cualquier prueba que se encuentre en su territorio y que esté vinculada con algún proceso en el Estado requirente, siempre que la Autoridad Central del Estado requirente formule la solicitud de asistencia de acuerdo con los términos y condiciones del presente Convenio.

ARTICULO 13
LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS


El Estado requerido desplegará sus mejores esfuerzos con el fin de ubicar e identificar a las personas señaladas en una solicitud de asistencia y mantendrá informado al Estado requirente del avance y resultado de sus investigaciones.

ARTICULO 14
BUSQUEDA Y APREHENSION


1. Toda solicitud de búsqueda, aprehensión y/o entrega de cualquier objeto al Estado requirente será cumplida si incluye la información que justifique dicha acción bajo las leyes del Estado requerido

2. Los funcionarios del Estado requerido que tenga la custodia de objetos aprehendidos certificarán la continuidad de la custodia, la identidad del objeto y la integridad de su condición; y dicho documento será certificado por la Autoridad Central. No se requerirá de otra certificación o autenticación. Los certificados serán admisibles en el Estado requirente como prueba de la veracidad de los asuntos en ellos expuestos.

3. El Estado requerido no estará obligado a entregar al Estado requirente ningún objeto aprehendido, a menos que este último convenga en cumplir las condiciones que el Estado requerido señale y a fin de proteger los intereses que terceros puedan tener en el objeto a ser entregado.

ARTICULO 15
ASISTENCIA EN PROCEDIMIENTO DE DECOMISO Y OTROS


1. Si uno de los Estados partes se percatara de la existencia de los medios para la comisión del delito y de los frutos provenientes del mismo ubicados en el territorio de la otra Parte Contratante, que pudiesen ser decomisados, incautados o de otro modo aprehendidos conforme a las leyes de ese Estado, deberá comunicar este hecho a la Autoridad Central del otro Estado. Si ese otro Estado tiene jurisdicción, presentará dicha información a sus autoridades para determinar si procede tomar alguna medida. Estas autoridades emitirán su decisión de acuerdo con las leyes de su país y, por mediación de su Autoridad Central informarán al otro Estado sobre la acción que haya tomado.

2. Los Estados partes se prestarán asistencia judicial en la medida que lo permitan sus respectivas leyes y el presente Convenio, en los procedimientos relacionados con la aprehensión, la incautación y el decomiso de los medios usados en la comisión de delitos y de los frutos provenientes de los mismos, las restituciones a las víctimas de los delitos y el pago de multas impuestas como condena en juicios penales.

ARTICULO 16
INTERESES DE TERCEROS DE BUENA FE SOBRE LOS BIENES


1. Conforme a lo previsto en el presente Convenio, la Parte Requerida adoptará según su ley nacional las medidas necesarias para proteger los intereses y derechos de terceras personas de buena fe sobre los bienes que pudieren afectarse por la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial.

2. Cualquier persona afectada por una orden de embargo preventivo, secuestro, incautación o decomiso, podrá impugnar y/o recurrir a la medida adoptada de conformidad con la legislación interna de la parte requerida.

ARTICULO 17
INFORMACIONES RELACIONADAS CON LAS CONDENAS


Cada Parte informará anualmente a la otra Parte respecto de las sentencias de condena pronunciadas por sus propias autoridades judiciales, contra ciudadanos de dichos Estados Partes.

TITULO III
PROCEDIMIENTOS Y GASTOS
ARTICULO 18
DE LOS PROCEDIMIENTOS


1. La asistencia se prestará a solicitud de la Parte requirente.
2. La solicitud debe contener las siguientes informaciones:

a) La autoridad judicial que interviene y los datos identificatorios de la persona a quien se procesa, así como el objeto y la naturaleza del procedimiento y las normas aplicables al caso:
b) El objeto y el motivo de la solicitud;
c) Descripción de los hechos que constituyen el delito de la asistencia, de conformidad con la legislación del Estado requirente. Deberá transcribirse o adjuntarse el texto de las disposiciones legales pertinentes, debidamente certificadas;
d) Detalle y fundamento de cualquier aspecto o procedimiento particular que la parte requirente desea que se siga;
e) El término dentro del cual el Estado requirente desearía que la solicitud sea cumplida.

3. Según la naturaleza de la asistencia solicitada, también incluirá:

a) La información disponible sobre la identidad y la residencia o domicilio de la persona a ser localizada;
b) La identidad y la residencia o domicilio de la persona que debe ser citada o notificada y la relación que dicha persona guarda con el proceso;
c) La identidad y la residencia o domicilio de las personas que sean solicitadas para la práctica de pruebas;
d) La descripción del lugar objeto del registro y de los objetos que deben ser aprehendidos;
e) Mención del tipo de bienes respecto de los cuales se solicita la inmovilización, decomiso, incautación, secuestro y/o embargo, y de su relación con la persona contra quien se inició o se iniciará u n procedimiento judicial;
f) Cuando fuere el caso una precisión del monto al que asciende la afectación de la medida cautelar;
g) Las formas y modalidades especiales eventualmente requeridas para la ejecución de las acciones, así como de los datos identificatorios de las autoridades o de los Estados partes que puedan participar.
h) Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la solicitud.

Si el Estado requerido considera que la información contenida en la solicitud no es suficiente para permitir el cumplimiento de la misma, puede solicitar la información adicional al Estado requirente.

ARTICULO 19
COMUNICACIONES


Las comunicaciones entre los Estados partes, se efectuarán a través de sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.

ARTICULO 20
GASTOS


1. Los Gastos ordinarios que ocasione la ejecución de la solicitud serán sufragados por el Estado requerido, salvo que los Estados hayan decidido otra cosa. Cuando se requiera para este fin gastos elevados o de carácter extraordinario, los Estados se consultarán para determinar los términos y condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.

2. Los honorarios de peritos, así como los gastos de viajes, alojamiento, viáticos e imprevistos de los testigos o peritos que deban trasladarse en virtud de un requerimiento de asistencia, incluyendo aquellos de los funcionarios que los acompañen, correrán por cuenta del estado requirente.

ARTICULO 21
CONFIDENCIALIDAD


Toda tramitación pruebas proporcionadas por razón del presente Convenio, se mantendrán en estricta confidencialidad, salvo que éstas sean requeridas en, investigaciones que formen parte de un proceso penal descrito en la solicitud de asistencia, o que el Estado requirente y el Estado requerido acuerden lo contrario.

TITULO IV
ARTICULO 22
DISPOSICIONES FINALES


Las Autoridades Centrales celebrarán consultas en fechas acordadas con el fin de evaluar la asistencia prestada en aplicación del presente Convenio. La asistencia y los trámites previstos en el presente Convenio no impedirán que cualquiera de los Estados partes asista a la Otra de conformidad con las disposiciones de otros acuerdos internacionales de los cuales sean Parte o de su legislación interna.

ARTICULO 23
INTERPRETACIÓN


Cualquier controversia que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio será solucionada entre las Autoridades Centrales y en caso de no llegar a un acuerdo, se recurrirá a consultas entre los dos Estados partes.

ARTICULO 24
RATIFICACION Y ENTRADA EN VIGENCIA


1. El presente Convenio tiene una duración indefinida y entrará en vigor a los treinta (30) días contados a partir de la fecha en que las partes contratantes se comuniquen por notas diplomáticas el cumplimiento de sus requisitos internos.

2. El presente Convenio podrá ser denunciado por uno de los Estados partes en cualquier momento, mediante una nota diplomática, la cual surtirá efecto seis meses (6) después de la fecha de recepción por la otra Parte Contratante.

3. La solicitud de asistencia judicial formulada dentro de la vigencia del presente Convenio será atendida aún cuando éste haya sido denunciado.

suscrito en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Por la República de El Salvador,

Por la República de Ecuador.

ACUERDO N ° 314.

San Salvador, 13 de marzo de 2002.

Visto el Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República de El Salvador y la República de Ecuador, el cual consta de Un Preámbulo y Veinticuatro Artículos, suscrito en esta ciudad el 15 de noviembre de 1999, en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador por la suscrita, y en nombre y representación de la República del Ecuador, por su representante debidamente autorizado; el Organo Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, ACUERDA: a) Aprobarlo en todas sus partes; y b) Someterlo a consideración de la Honorable Asamblea Legislativa para que si lo tiene a bien se sirva otorgarle su ratificación. COMUNÍQUESE. La Ministra de Relaciones Exteriores, Brizuela de Ávila

____________________________

DECRETO N ° 802

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.- Que el 15 de noviembre de 1999, se suscribió en esta ciudad el Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República de El Salvador y la República de Ecuador, el cual consta de Un Preámbulo y Veinticuatro Artículos, en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, por la Señora Ministra de Relaciones Exteriores, Licenciada María Eugenia Brizuela de Ávila y en nombre y representación del Gobierno de la República del Ecuador, por su representante debidamente autorizado;

II.- Que el referido Convenio, ha sido aprobado por el Organo Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo N ° 314, de fecha 13 de marzo del corriente año y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su validez;

III.- Que el Convenio, al que se hace referencia en los Considerandos anteriores, no contiene ninguna disposición contraria a la Constitución, por lo que es procedente su ratificación;

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de la Ministra de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7 ° de la Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4 ° de la misma,

DECRETA:

Art. 1.- Ratificase en todas sus partes, el Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República de El Salvador y la República de Ecuador, el cual consta de Un Preámbulo y Veinticuatro Artículos, suscrito en esta ciudad el 15 de noviembre de 1999, en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, por la Señora Ministra de Relaciones Exteriores, Licenciada María Eugenia Brizuela de Ávila y en nombre y representación del Gobierno de la República del Ecuador, por su representante debidamente autorizado, aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo N ° 314, de fecha 13 de marzo del corriente año.

Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dos.

WALTER RENE ARAUJO MORALES,
PRESIDENTE.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
VICEPRESIDENTE.

JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,
VICEPRESIDENTE.

CARMEN ELENA CALDERÓN DE ESCALÓN,
SECRETARIA.

JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
SECRETARIO.

ALFONSO ARÍSTIDES ALVARENGA,
SECRETARIO.

WILLIAM RIZZIERY PICHINTE,
SECRETARIO.

RUBEN ORELLANA,
SECRETARIO.

AGUSTÍN DÍAZ SARAVIA,
SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los once días del mes de abril del año dos mil dos.

PUBLIQUESE,

CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT,
Presidente de la República en Funciones.

FRANCISCO RODOLFO BERTRAND GALINDO,
Ministro de Gobernación y Encargado del Despacho de Relaciones Exteriores.