FRA  |  ENG  |  ESP  |  POR 
   
Referencia :
Fecha de entrada en vigor : 1907-06-14
Idiomas : sp, en
Fuente :
Localización de la original :
Documentos relacionados :
Fuentes Internet vinculadas :
Fecha de la actualización :

TRATADO DE EXTRADICION

La República de Nicaragua y los Estados Unidos de América, deseando confirmar sus amistosas relaciones y  promover la causa de la justicia, han resuelto celebrar un tratado para la extradición de los prófugos de la justicia, entre la República de Nicaragua los Estados Unidos de América, y han nombrado al efecto los siguientes Plenipotenciarios:

El Presidente de Nicaragua al señor don Luis F. Corea, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Nicaragua en los Estados Unidos; y

El Presidente de los Estados Unidos de América, al señor John Hay, Secretario de Estado de los Estados Unidos;

Quienes, después de comunicarse sus respectivos plenos poderes, que encontraron en buena, y debida forma, han acordado y concluido los artículos siguientes:

Artículo I. El Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de Nicaragua, convienen en entregarse mútuamente las personas que, habien­do sido acusadas, como autores o cómplices, de alguno de los delitos especificados en el artículo siguiente, cometido dentro de la jurisdicción de una de las Partes Contratantes, o sentenciadas por tal delito, busquen asilo ó sean encontradas en el territorio de la otra; siempre que ello se haga en virtud de pruebas tales de culpabilidad que, según las leyes del lugar donde, el prófugo o la persona acusada, se encuentre, habría mérito para su aprehensión y enjuiciamiento, si allí se hubiera cometido el delito.

Artículo II. Conforme a las cláusulas de esta Convención, serán en­tregadas las personas, acusadas ó condenadas por alguno de los delitos siguientes.

            1‑         Homicidio, inclusos los delitos conocidos con los nombres de parricidio, asesinato, envenenamiento ó infanticidio; ataque á una per­sona con intención de asesinarla; homicidio voluntario.

2‑         La privación violenta de cualquier miembro necesario para la propia defensa ó protección, y cualquiera otra mutilación voluntaria que cause incapacidad para trabajar, ó la muerte.

3‑         La destrucción maliciosa é ilegal, o la tentativa de destrucción de ferrocarriles, trenes, puentes, vehículos, buques y otros medios de comunicación, ó de edificios públicos y privados, cuando el acto come­tido ponga en peligro la vida humana.

4‑         Estupro y violación.

5‑         Bigamia.

6‑         Incendio.

7‑         Crímenes cometidos en el mar:

a)         Piratería, según la, ley ó el derecho internacional.

b)         Sumersión ó destrucción dolosa de un buque en el mar, ó tentativa de hacerlo.

e)         Motín o conspiración para amotinarse de dos ó más personas á bordo de un buque en alta mar, contra la, autoridad del capitán.

d)         Atentados á bordo de un buque, en alta mar, con el propósito de causar daño corporal grave.

8‑         Allanamiento de morada, por el cual se entenderá el acto de asaltar la casa de otro y de entrar en ella durante la noche, con el fin de cometer un delito.

9‑         El acto de forzar la entrada á las oficinas públicas ó de banco, de casas de banco, cajas de ahorro, compañías de depósito ó de seguros, con el fin de cometer en ellas un robo, así como los robos que resulten de ese acto.

10‑      Robo con violencia, entendiéndose portal, sustracción criminal por la fuerza de bienes ó dinero ajenos, ejerciéndose violencia ó intimidación.

11‑      La falsificación ó el expendio ó circulación de documentos fal­sificados.

12‑      La falsificación ó alteración de los actos oficiales del Gobierno ó de la autoridad pública, inclusos los tribunales, ó el empleo ó uso fraudulento de alguno de los mismos actos.

13‑      La falsificación de moneda, sea en metálico ó en papel, de tí­tulos ó cupones de deuda pública, de billetes de banco ú otros títulos crédito público, de sellos, timbres cuños y marcas de la Nación ó de la Administración pública, y el espendio, circulación ó uso fraudulento de alguno de los objetos antes mencionados.

14‑      Importación de instrumentos para falsificar moneda ó billetes de banco ú otro papel moneda.

15‑      Peculado ó malversación criminal de fondos públicos, cometi­do dentro de la jurisdicción de cualquiera de las Partes Contratantes por empleados ó depositarios públicos, cuando la cantidad defraudada no es inferior á doscientos pesos.

16‑      Abuso de confianza, cometido con fondos de un banco de de­pósito ó de una caja de ahorros ó de una compañía de depósito, organizados conforme á las leyes federales ó de los Estados, cuando la canti­dad defraudada no es inferior á doscientos pesos.

17‑      Abuso de confianza por una persona ó personas á sueldo ó sa­lario, en perjuicio de aquel que los tiene a su servicio, cuando el delito está sujeto á una pena conforme á las leyes del lugar donde fué cometido, y cuando el dinero ó el valor de los bienes defraudados no es in­ferior á doscientos pesos.

18‑      Plagio de menores ó adultos, entendiéndose por tal el hecho de apoderarse de una persona ó personas, ó de detenerlas para exigir dinero de ellas ó de sus familias ó para cualquier fin ilegal.

19‑      Obtener por medio de amenazas de hacer daños, ó por maquinaciones ó artificios, dinero, valores ú otros bienes muebles, y recibir los mismos, á sabiendas de cómo se han obtenido, cuando estos delitos estén penados con prisión ú otro castigo corporal por las leyes de am­bos países, y cuando el dinero ó el valor de los bienes así obtenidos no es inferior  á doscientos pesos.

20‑      Hurto ó robo sin violencia, entendiéndose por tal el apoderamiento de efectos, bienes muebles, caballos, ganado vacuno ó de otra clase ó de dinero por valor de veinticinco pesos ó más, ó recibir á sabiendas propiedades robadas de ese valor.

21‑      Fraude ó abuso de confianza de un depositario, banquero, agente, factor, tenedor de bienes ú otra persona que obre con carácter fiduciario, ó de un director, miembro ó empleado de una compañía, cuando las leyes de ambos países declaran criminoso semejante acto, y el dinero ó el valor de los bienes defraudados no es inferior á doscien­tos pesos.

22‑      Perjurio, violación de la promesa de decir la verdad, cuando la exija la ley; instigación á cometer dichos delitos.

23‑      Cohecho, entendiéndose por tal el acto de dar, ofrecer ó reci­bir una recompensa destinada á Influir en el desempeño de un deber legal.

24‑      También se deberá conceder la extradición por el conato de alguno de los delitos antes enumerados, cuando este conato sea punible con prisión ú otra pena corporal por las leyes de ambas Partes Contra­tantes.

Artículo III. La persona entregada conforme á este Tratado no po­drá ser juzgada, ni castigada en el país al cual se haya concedido la extra­dición, ni entregada á una tercera nación con motivo de un delito no comprendido en el presente Tratado y cometido antes de su extradición, hasta que se le haya concedido un mes para ausentarse del país después de haber sido puesta en libertad; y si hubiere sido juzgada y condenada, se le concederá un mes después de haber extinguido su con­dena ó de haber sido indultada. Tampoco será juzgada ó castigada por alguno de los delitos comprendidos en este Tratado, cometido an­tes de su extradición, distinto del que haya dado motivo á ésta, sin el consentimiento del Gobierno que le haya entregado, el cual podrá exigir, si lo creyere conveniente, la presentación de uno de los documen­tos mencionados en el artículo XI de este Tratado.

El consentimiento de dicho Gobierno será necesario para la extra­dición del acusado á un tercer país; sin embargo, tal consentimiento no será necesario cuando el acusado hubiere pedido voluntariamente que le juzgue ó castigue, ó cuando no hubiere salido, dentro del término ya especificado, del territorio del país al cual hubiere sido entregado,

Artículo IV. Las estipulaciones de este Tratado no serán aplica­bles á personas culpables de un delito político, ni de uno que tenga conexión con tal delito. Una persona que haya sido entregada por uno de los delitos comunes mencionados en el artículo II no será, por con­siguiente, procesada ni castigada en ningún caso, en el Estado al cual se hubiere concedido la extradición, por un delito político cometido por ­ella antes de su extradición, ni por un acto que tenga conexión con tal delito político, á menos que haya tenido libertad para salir del país dentro de un mes después de haber sido juzgada, y en caso de haber sido condenada dentro de un mes después de haber sufrido la pena ó de haber sido indultada.

Artículo V. Ninguna de las Partes Contratantes estará obligada á entregar, por virtud de las estipulaciones de esta Convención, á sus propios ciudadanos, pero el Poder Ejecutivo de cada una de ellas ten­drá la facultad de entregarlos si lo creyere conveniente.

Artículo VI. Si la persona cuya entrega se pidiere, conforme á las estipulaciones del presente Tratado, hubiere sido acusada ó reducida á prisión por haber cometido un delito en el país donde se hubiere refugiado, ó hubiere sido condenada á causa del mismo, se podrá dife­rir su extradición hasta que tenga derecho á ser puesta en libertad por el delito de que estuviere acusada, por cualquiera de los motivos si­guientes: absolución; expiración del tiempo de prisión á que se le hu­biere condenado; expiración del tiempo á que hubiere sido reducida su sentencia; indulto.

Artículo VII. Si el reo prófugo reclamado por una de las Partes Contratantes lo fuere también por uno ó más Gobiernos, en virtud de estipulaciones contenidas en Tratados, por delitos cometidos en su ju­risdicción, dicho reo será entregado de preferencia al que primero lo haya pedido, á menos que el Estado de quien se solicitare la extradi­ción esté obligado á dar la preferencia á otro.

Artículo VIII. No se concederá la extradición en conformidad á las disposiciones de este Tratado, si los procedimientos legales ó la aplicación de la pena correspondiente al hecho cometido por la persona reclamada hubieren quedado excluidos por prescripción, de acuerdo con las leyes del país á que se ha dirigido el reclamo.

Artículo IX. Cuando se dé aviso telegráficamente ó de otra manera, por el conducto diplomático, de que la autoridad competente ha expedido una orden para la aprehensión de un reo prófugo acusado de alguno de los delitos enumerados en los artículos anteriores de este Tra­tado, y cuando se asegure por el mismo conducto que próximamente se hará el pedimento para la entrega de este reo, y que el pedimento esta­rá acompañado de la orden de prisión y de las declaraciones o copias de ellas debidamente legalizadas, en apoyo de la acusación, cada Gobierno procurará conseguir la aprehensión provisional del reo y mantenerlo bajo segura custodia por, el tiempo que fuere posible, pero sin exceder de sesenta días, en espera de la presentación de los documentos en que se funde el procedimiento de extradición.

Artículo X. El pedimento para la entrega de los prófugos de jus­ticia se hará por los respectivos Agentes Diplomáticos de las Partes Contratantes, ó en caso de estar ausentes del país o de la residencia del Gobierno, podrá hacerse por los Agentes Consulares superiores.

Si la persona cuya extradición se pide, ha sido condenada por un delito, se acompañará al pedimento de extradición, copia de la senten­cia condenatoria del Tribunal. Esta copia estará legalizada con el se­llo del Tribunal, y con la certificación del carácter oficial del Juez, por el funcionario á quien corresponda, y el de éste por el Ministro ó Cón­sul de los Estados Unidos ó de Nicaragua, respectivamente. Sin embargo, cuando el prófugo esté simplemente acusado de un crimen ó de­lito, se acompañará al pedimento copia, tanto del mandamiento de pri­sión igualmente legalizada en el país en donde se imputa la comisión del delito, cuanto de las declaraciones en que se funde el mandamiento de prisión.

Artículo XI. Los gastos ocasionados por el arresto, detención, examen y entrega de los prófugos en virtud de este Tratado serán de cargo del Estado en cuyo nombre se pida la extradición; siendo enten­dido que el Gobierno solicitante no estará obligado á hacer ningún des­embolso por servicios de los empleados públicos del Gobierno á quien se pida la extradición, que perciban sueldo fijo; y bien entendido que el gravamen por los servicios de los empleados públicos que solo perciban derechos, no excederá de los derechos que corresponden á dichos empleados, en virtud de las leyes del país, por servicios prestados en procedimientos criminales ordinarios.

Artículo XII. Todos los objetos encontrados en poder del acusado y obtenidos por medio de la comisión del acto de que se le acusa, ó que puedan servir de prueba del delito por el cual se pide su extra­dición, serán secuestrados y entregados con su persona, si así lo ordena la autoridad competente.

Sin embargo, se respetarán los derechos de tercero respecto de es­tos objetos.

Artículo XIII. Cada una de las Partes Contratantes procurará, con la diligencia debida, la extradición y enjuiciamiento de sus ciuda­danos, que sean acusados de uno de los crímenes ó delitos mencionados en el artículo II, y exclusivamente cometidos en su territorio contra el Gobierno ó uno de los ciudadanos de la otra Parte Contratante, cuando se haya refugiado ó se encuentre dentro del territorio de ésta, la persona acusada, con tal que dicho crimen ó delito sea punible en el territorio del país requiriente.

Artículo XIV. El presente Tratado empezará á regir treinta días después del canje de las ratificaciones y permanecerá en vigor hasta seis meses después que el deseo de ponerle término haya sido notificado, en debida forma, por uno de los dos Gobiernos al otro.

Será ratificado, y sus ratificaciones serán canjeadas en Washington, tan pronto como sea posible.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han firmado los anteriores artículos en los idiomas inglés y español, y han puesto al pié sus sellos.

Hecho por duplicado en la ciudad de Washington, el día 1° de marzo de mil novecientos cinco.

 

 

Luis F. Corea ‑ John Hay.