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LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR PERU SOBRE EL TEMA DE LA EXTRADICIÓN COMO HERRAMIENTA DE COOPERACIÓN

NELLY CALDERON N.
Procuraduría General
República del Perú

La extradición representa un mecanismo de cooperación judicial internacional, en virtud del cual mediante un pedido formal, un Estado obtiene de otro la entrega de un procesado o condenado por un delito común para juzgarlo penalmente o ejecutar la pena que se le hubiere impuesto y se rige en Perú por los Tratados,  bilaterales y multilaterales, la Ley N. 24710 y le Decreto Supremo N. 044-93-JUS y el principio de reciprocidad. Sin embargo con el objetivo  de adecuar los alcances de la legislación interna a las exigencias previstas en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos y ratificados por el Perú en materia de extradición, se dieron dos reformas importantes. Mediante la primera, contemplada en el Decreto Supremo N. 031-2001, se  preciso los plazos que deben observar los órganos públicos en el procedimiento de extradición activa por parte del estado peruano, y a través la segunda, integrada en el libro séptimo, de la cooperación judicial internacional, del nuevo código procesal penal, no solo se reformula las competencias de las Instituciones nacionales que participan en este procedimiento, sino también se amplía la base legal de la extradición y los supuestos en los cuales se puede realizar. De la misma manera,  se incorpora un procedimiento especial para la entrega de personas en el marco de la cooperación con la Corte Penal Internacional.

Según la visión que se tiene de la extradición, el procedimiento seguido será diferente, justificando de un lado un mecanismo meramente procesal, es decir un mecanismo de ayuda judicial entre países,  consistente en determinar la forma de procedimiento para la entrega de los procesados o condenados, o integrando por otro lado, a este procedimiento una preocupación de salvaguardia de los derechos del extraditado estableciendo una garantía de que ninguna persona será entregada sino en los casos y bajo las condiciones que los tratados  establezcan.

Las consecuencias de abrazar una u otra visión son importantes. Según la primera, siendo el principal objeto y finalidad del tratado de extradición lograr la entrega de los procesados o condenados, y siendo sus beneficiarios fundamentalmente los Estados Partes, se admiten las interpretaciones extensivas que fuesen necesarias para lograr la entrega del extraditado. No es así en cambio, si se mantiene la segunda posición. Los requisitos de fondo y las formalidades establecidas en un tratado de extradición para que esta sea procedente no solo tienen por objeto facilitar la entrega, sino también garantizar la seriedad de los pedidos con salvaguardia de los derechos del solicitado de extradición. De la misma manera, la función de las autoridades jurisdiccionales frente a un  pedido de extradición es diferente, según la concepción que sustenta este instituto. En forma esquemática, se puede oponer el modelo eurocontinental al criterio anglosajón de la “prima facie evidence”. En el primero caso la naturaleza de la extradición se limita a ser un simple acto de auxilio judicial internacional, en el cual no intervienen principios tan fundamentales como el principio de la presunción de inocencia o la interdicción del bis in idem, en vez que por lo contrario en el segundo caso, la exigencia de prueba es determinante, siendo necesarios incluir indicios que determinen la posible implicación de reclamados junto a los documentos de la solicitud.

El dispositivo normativo peruano sobre extradición se enmarca dentro del modelo anglosajón, sin embargo la ampliación de los supuestos en los procede la extradición, tales como resultan formulados en el nuevo código procesal penal, y los diferentes tratados firmados por el Perú en este tema, contribuyen a fortalecer la cooperación judicial entre Perú y los demás países.

I/ EL DISPOSITIVO NORMATIVO PERUANO SOBRE EXTRADICIÓN

La extradición solo es concedida por el Poder ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley, los tratados y el principio de reciprocidad. Los derechos del “extraditado” quedan salvaguardados mediante la aplicación del principio del contradictorio y los recursos apelativos que puede formular el reclamado a la extradición. De la misma manera, las condiciones de forma, es decir los documentos que deben acompañar el pedido de extradición,  son obligatorias y sus defectos pueden ser sancionados por la liberación del “extraditado”. Sin embargo, se prevé la posibilidad para el Estado reclamante de subsanar esta formalidad.

La Ley N. 24710 establece los requisitos, las condiciones y el procedimiento de extradición tanto activa (cuando el Estado Peruano solicita, de otro país, la entrega de un delincuente que se encuentra en dicho territorio) como pasiva (cuando el Estado Peruano recibe la petición de otro país, solicitando la entrega de un delincuente que se encuentra en Perú). El Decreto Supremo 044-93 JUS reglamenta los alcances de las disposiciones contenidas en los artículos 37 y 38 del ley N. 24710, que norman de modo general, el comportamiento judicial y gubernamental, en materia de extradición activa, integrando las funciones que desarrollan las diversas autoridades que intervienen en esa modalidad de extradición, precisando los roles, los derechos de los sujetos procésales y las obligaciones de los órganos públicos.

1/ REQUISITOS DE LA EXTRADICIÓN

La extradición es solicitada, por vía diplomática, por el Gobierno del Estado donde la acusación o la condena hayan tenido lugar.

El pedido de extradición, deberá ser basado en la invocación de sentencia condenatoria o decisión de prisión, clara y cierta; el lugar y la fecha en que fue cometido con los necesarios esclarecimientos; las informaciones sobre la filiación del extraditado y las señales o circunstancias que sirvan para su identificación. Los documentos que deben acompañar la solicitud de extradición son los siguientes

ü       copia de sentencia condenatoria, o decisión de prisión

ü       copia integra de los textos de leyes penales relativas al crimen cometido, a la pena aplicable y a la prescripción de la acción penal

ü       prueba del hecho

ü       prueba de la participación del reclamado

2/ CONDICIONES DE LA EXTRADICIÓN

Para que la extradición sea admisible es necesario que:

ü       El Estado solicitante tenga jurisdicción o competencia para juzgar el delito

ü       El extraditado no haya sido absuelto, condenado, indultado o amnistiado

ü       No haya transcurrido el término de la prescripción del delito o de la pena, conforme a la ley peruana o del Estado solicitante, siempre que no sobrepase el término establecido en la legislación peruana

ü       El extraditado no deba responder en el Estado solicitante ante tribunal de excepción

ü       La pena conminada al delito no fuese inferior a un año de prisión

ü       Los delitos no sean perseguibles a instancia de parte, salvo los casos de estupro y violación

ü       Existen garantías de una recta administración de justicia en el país reclamante

ü       Una extradición anteriormente intentada por el Estado Reclamante, ante un tercer Estado, no haya sido rechazado por haberla considerado con implicancias políticas.

De la misma manera, la extradición no se llevara a cabo si la infracción por la que se demanda es considerada como delito político o como un delito conexo. Tampoco, se admitirá, cuando el pedido de extradición es motivado por una infracción de Derecho común pero que fue presentado con la finalidad de perseguir o castigar un individuo por razones de raza, religión, nacionalidad o de opiniones políticas.

Finalmente, en caso de  urgencia, la detención preventiva  del extraditado puede ser concedida mediante simple requisición hecha por cualquier medio, inclusive vía telegráfica. El Estado solicitante debe sin embargo, comprometerse a presentar el pedido formal de extradición dentro de 30 días de la fecha del recibido de la requisición.

3/ PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN Y TUTELA DE LOS DERECHOS DEL EXTRADITADO

La extradición es considerada como una Institución de naturaleza jurídica y como un acto político. Jurídicamente esta sometida el principio de legalidad que se traduce en una serie de requisitos para su concesión o petición. Sin embargo, la extradición se vincula además, con un interés político, por lo que corresponde al Estado requerido, valorar si la extradición es, además de jurídicamente posible, políticamente conveniente.

El procedimiento contemplado por la normativa interna peruana considere 4 etapas distintas:

ü       Juzgado penal: una vez formalizada la demanda de extradición, y procedido el arresto del reclamado, la Oficina local de la Organización Internacional de la Policía Criminal de INTERPOL, pone el detenido a disposición del juez instructor de turno. En los 15 días se cita  a una audiencia pública a la que concurrirán el extraditado, su defensor, el Ministerio Público y un abogado del Embajada del país reclamante. Las partes están autorizadas a presentar pruebas. El juez puede pronunciar la libertad provisional del detenido, el cual conserva en todo caso el derecho de interponer la acción de Habeas Corpus. De la misma  manera, en caso de urgencia, se puede conceder la detención preventiva mediante simple requisición hecha por cualquier medio, con fundamento en decisión de prisión, sentencia o fuga del criminoso. El Estado reclamante se compromete en este caso,  a presentar el pedido formal de extradición dentro de los 30 días. Al no cumplir dentro de este plazo,  el detenido será inmediatamente liberado.

ü       Corte Suprema. Realizada la audiencia, el Juez Penal dentro del tercer día emite un informe opinando sobre la procedencia o improcedencia de la extradición. Lo eleva a la Corte Suprema, la cual, previo dictamen del Fiscal Supremo en lo penal, dicta una resolución consultativa, en el plazo de 5 días. Sin embargo, la resolución judicial es vinculante en caso que la Corte se declare en contra de la extradición.

ü       Comisión de extradición. Se remite todo lo actuado al Gobierno, para que el Consejo de Ministros decida. La Comisión encargada del estudio de las solicitudes de extradición, integrada por dos representantes del Ministerio de Justicia y dos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, elabora dentro de un plazo de 5 días, un informe fundamentado emitiendo una opinión sobre el pedido de extradición.

ü       Consejo de Ministros. Corresponde al Consejo de Ministros acordar si accede o deniega la extradición.

Precisaremos, además que la extradición después de concedida puede ser revocada en el caso de error, o de no ser el extraditado conducido por el representante del Estado solicitante dentro del plazo de treinta días, al extraditado le será dada su libertad, no pudiendo ser de nuevo detenido por el mismo motivo.

Finalmente, agregaremos que en el caso que se decida no proceder a la extradición, el Estado peruano puede someter al incriminado a proceso, por lo que se pedida al Estado solicitante los diferentes elementos de prueba.

El dispositivo extradicional peruano,  será modificado por la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, ampliando los supuestos en los que procede la extradición.

II/ AMPLIACIÓN DE LOS SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE LA EXTRADICIÓN:

La ampliación de estos supuestos reesfuerzan el compromiso de cooperación del Perú, considerando primero el principio de reciprocidad en forma principal, y ya no solo en forma supletoria y excepcional, segundo integrando un procedimiento simplificado y tercero regulando la entrega de personas a la Corte Penal Internacional.

Cabe además, resaltar las nuevas atribuciones conferidas a la Fiscalía  de la Nación, dentro de esta reforma, consagrando en el dispositivo interno, su calidad de Autoridad Central.

1/ EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD

La extradición se sujeta a lo que disponen los tratados y la ley interna, así como al principio de reciprocidad. Sin embargo, en el dispositivo normativo anterior, pero siempre vigente, el principio de reciprocidad esta contemplado de manera excepcional, disponiendo expresamente, el articulo 3 de la Ley N. 24710 que “se reconoce excepcionalmente la extradición por reciprocidad dentro de un marco de respeto a los derechos humanos (…)“. En su nueva formulación, la normatividad aplicable considera en el articulo 508 del nuevo código procesal penal “ (…) los Tratados Internacionales celebrados por el Perú y, en su defecto, el principio de reciprocidad (…)”, consagrando el carácter complementario de este principio, con  el fin de ampliar los casos de cooperación judicial entre Perú y los demás países. Con el objetivo de dar un sustento concreto a este principio, la nueva normativa establece una obligación de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio de Relaciones Exteriores, de informar al Poder Judicial de todos los casos en los cuales tal principio fue invocado o aceptado por Perú.

 2/ UN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

En cuanto al procedimiento, el Nuevo Código Procesal Penal establece tanto un sistema de extradición como un procedimiento de detención, simplificados:

ü       Extradición: Cuando el extraditado en cualquier estado del procedimiento judicial de su consentimiento libre y expreso a ser extraditado. El órgano jurisdiccional da, en este sentido, concluido el procedimiento y la Sala Penal de la Corte Suprema dicta la resolución consultativa favorable.

ü       Detención: Cuando la persona pretenda ingresar al país mientras es perseguida por la autoridad de un país limítrofe. En este caso, la policía destacada en los lugares de frontera, deberá poner de inmediatamente al detenido, a disposición del juez de la Investigación Preparatoria competente, con aviso al Fiscal Provincial y del funcionario diplomático o consular del país de búsqueda. El representante diplomático o consular tendrá un plazo de 2 días para requerir el mantenimiento del arresto.

3/ ENTREGA DE PERSONA A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Finalmente y como consecuencia de la ratificación por parte del Perú de los Estatutos de la Corte Penal Internacional que establece en su articulo 89, la obligación de entregar a las personas que deben ser sometidas a su jurisdicción,  se considera dentro del nuevo código procesal penal todo un procedimiento especial para esta entrega. En este contexto, la Fiscalía de la Nación como autoridad central, es el único interlocutor de la Corte Penal.

El procedimiento previsto es muy parecido al que se sigue en caso de extradición pasiva, en cuanto a los derechos del criminoso, excepto que no se conforma ninguna Comisión de extradición y que se mantiene un canal abierto de consultas entre la Fiscalía de la Nación y  los órganos de dicha Corte.

III/ TRATADOS MULTILATERALES Y BILATERALES FIRMADOS POR EL PERÚ SOBRE EXTRADICIÓN

En este ámbito el Perú ha suscrito tratados multilaterales y tratados bilaterales.

1/ TRATADOS MULTILATERALES

Los tratados multilaterales suscritos por el Perú son de dos tipos:

Tratados específicamente relacionado a la extradición y tratados referidos a delitos específicos cuyas normas autorizan a servir de base para solicitudes de extradición por los hechos allí establecidos.

En cuanto a los tratados genéricos, el Perú ha suscrito:

ü       el Tratado de Derecho Penal Internacional (ratificado en1889);

ü       el Acuerdo sobre extradición (ratificado en 1915);

ü       la Convención sobre Derecho Internacional Privado (ratificada en 1929).

En cuanto a los tratados referidos a delitos específicos, el Perú ha ratificado:

ü       La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (ratificación en 1964);

ü       Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ratificada en 1988);

ü       Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ratificación en 2001);

ü       Convenio Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo (ratificación en 2001);

ü       Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con Bombas ( ratificación en 1997);

ü       Convención Interamericana contra la Corrupción (ratificación en 1997);

ü       Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional (ratificación en 1988);

ü       Convención Interamericana contra el Trafico Ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (ratificación en 1999).

2/ TRATADOS BILATERALES

El Perú tiene celebrados 11 tratados bilaterales de extradición.

ü       Tratado de extradición con Francia de 1874

ü       Convención sobre extradición y Declaración con el Reino Unido de Bélgica de 1888;

ü       Tratado de extradición con el Reino Unido de la Gran Bretaña de 1904;

ü       Tratado de Extradición de Criminales con Brasil de 1919;

ü       Tratado de extradición con Chile de 1932;

ü       Tratado de extradición con España de 1989;

ü       Tratado de extradición con los Estados Unidos de América de 1990;

ü       Tratado de extradición con Italia de 1994;

ü       Tratado de extradición con los Estados Unidos Mexicanos de 2001

ü       Tratado de extradición con China;

ü       Tratado de extradición con Panamá