Resolución No. 296-2005

Reglamento Juez de la Ejecución CPP

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 6 de abril de 2005, años 162° de la Independencia y 141° de la Restauración, dicta en Cámara de Consejo, la siguiente resolución:

Visto los artículos. 3, 4, 8, 9, 10, 46, 47, 67, 100 y 102 de la Constitución de la República;

Visto el artículo 29, inciso 2 de la Ley 821 sobre Organización Judicial, del 1927;

Visto los artículos 14 inciso h) de la Ley Orgánica No. 25-91, de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 15 de octubre del 1991, modificada por la Ley No. 156-97, del 10 de julio del 1997;

Visto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de abril de 1948;

Visto la Declaración Universal de Derechos Humanos, de fecha 10 de diciembre de 1948;

Visto las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de 1955;

Visto la Ley No. 164 sobre Libertad Condicional del 14 de octubre de 1980.

Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Congreso Nacional mediante Resolución No. 648 de fecha 27 de octubre de 1977, publicada en la Gaceta Oficial No. 9451 del 12 de noviembre de 1977;

Visto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, de fecha 22 de noviembre de 1969, debidamente aprobada por el Congreso Nacional mediante Resolución No. 739 del 25 de diciembre de 1977 y publicada en la Gaceta Oficial No.9460 del 11 de febrero de 1978;

Visto la Ley No.50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana del 30 de mayo del 1988, y sus modificaciones y Decreto No.288-96 que contiene el Reglamento de la Ley 50-88;

Visto la Ley No.64-00, Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 18 de agosto del 2000;

Visto la Ley No.42-01, Ley General de Salud, del 8 de marzo del 2001;

Visto la Ley No.72-02 contra Lavado de Activo Proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, del 7 de junio del 2002.

Visto la Ley 76-02 que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, de fecha 27 de septiembre del 2002;

Visto la Resolución No.1920-03, sobre Medidas Anticipadas a la Vigencia del nuevo Código Procesal Penal, de fecha 13 de noviembre de 2003;

Visto la Ley No. 277-04 del 12 de agosto del 2004 que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública;

Visto la Ley No. 278-04 sobre la Implementación del Proceso Penal Instituido por la Ley No.76-02 del 13 de agosto del 2004;

Atendido, que el Art. 3, parte ‘in fine’, de la Constitución dispone: "La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional General y Americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado…"

Atendido, a que de conformidad con el Art. 74 del Código Procesal Penal: "Los jueces de ejecución penal tienen a su cargo el control de la ejecución de las sentencias, de la suspensión condicional del procedimiento, de la sustanciación y resolución de todas las cuestiones que se planteen sobre la ejecución de la condena".

Atendido, que el Art. 436 del Código Procesal Penal, establece: "El condenado goza de todos los derechos y facultades que le reconocen la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y este Código, y no puede aplicársele mayores restricciones que las que expresamente dispone la sentencia irrevocable y la ley."

Atendido, que el Juez de la Ejecución de la Pena controla el cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias y resuelve todas las cuestiones que se susciten durante la ejecución, de conformidad con el Art. 437 del Código Procesal Penal.

Atendido, que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, vinculantes para el Estado Dominicano, en su Regla 58 establece que: "El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado, no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo".

Atendido, que el Código Procesal Penal establece reglas generales para la ejecución de la pena, y se precisa de la adopción de reglas mínimas a seguir por el Juez de la Ejecución para la consecución de la finalidad de la judicialización de la ejecución de la pena, como instrumento de tutela judicial efectiva de los derechos humanos de los condenados y condenadas.

Atendido, a que la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, en su Art. XXV establece que todo individuo tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de libertad.

Atendido, a que la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, dispone en su Art. 5.1: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral"; 2. "Nadie debe ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano"; 3. "La pena no puede trascender de la persona del delincuente;" y 6. "Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados".

Atendido, a que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Art. 10, inciso 1, establece que: "Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; y en su inciso 3, se consagra que:"El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados…".

Atendido, a que para alcanzar el fin y justificación de las penas y medidas privativas de libertad el régimen penitenciario debe de aplicar, conforme a las necesidades y tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer, según lo prescribe las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, en su numeral 59.

Atendido, que para los fines de la efectiva ejecución judicial de la pena, son principios rectores los siguientes:

1. Principio de legalidad: sujeción de la ejecución de las penas y medidas de seguridad al respeto estricto de la Constitución, los tratados internacionales sobre los derechos de los condenados, al Código Procesal Penal; a la Ley 224, que establece el Régimen Penitenciario, del 13 de junio de 1984 y la Ley 164, sobre el Libertad Condicional del 20 de agosto del 1985 y otras leyes correlativas; de conformidad con el Principio 7 del Código Procesal Penal.

2. Principio de dignidad de la persona: el derecho de todo condenado a que se respete su integridad personal y su integridad física, síquica y moral; ningún condenado puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradante, de conformidad con el Art. 10 del Código Procesal Penal y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos citados.

3. Principio de no discriminación: la aplicación de las reglas imparcialmente, sin hacer diferencias de tratos fundados en prejuicios, principalmente, de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera; lo que implica el respeto a las creencias religiosas y los preceptos morales a que pertenezca el condenado, de conformidad con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por Naciones Unidas del 10 de agosto del 1955.

4. Principio de humanización en la ejecución de la pena: lo que implica la aplicación del principio de individualidad de las penas, desaparición de castigos corporales, no hacer la ejecución más penosa de lo que es por sí la condición de condenado, no pudiéndose aplicar mayores restricciones que las que expresamente dispone la sentencia irrevocable y la Ley, de conformidad, con la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre; Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; Convención Americana sobre Derechos Humanos, y Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, en sus Arts. XXV, 10, inciso 1; 5, numeral 1 y 59, respectivamente.

5. Principio de sujeción especial del condenado: lo que conlleva que el status de condenado en un establecimiento penitenciario no puede significar la eliminación de sus derechos fundamentales, lo que envuelve el reconocimiento de que el condenado disfruta de los derechos de todo ser humano, con la restricción que resulte de la aplicación de la pena, en virtud del art. 436 del Código Procesal Penal.

6. Principios del debido proceso de ley: según está regulado en la Resolución No.1920-2003 del 13 de noviembre del 2003, son vinculantes para el Juez de la Ejecución de la Pena.

Por tanto, la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado.

PRIMERO: Disponer que a los fines de la presente Resolución se entenderá por:

SEGUNDO: Establecer el procedimiento que se debe seguir ante el Juez de la Ejecución de la Pena, según las reglas siguientes:

La Suprema Corte de Justicia podrá designar en cada Departamento Judicial por lo menos un juez que desempeñará las funciones de Juez de Ejecución de la Pena, tanto de manera provisional, conforme lo establece el Art. 8, párrafo, de la Ley No. 278-04, sobre la Implementación del Proceso Penal Instituido por la Ley No.76-02, del 13 de agosto del 2004 como de manera definitiva, luego de la entrada en vigencia plena del Código Procesal Penal, conforme al Art. 67, numeral 4 de la Constitución Política de la República Dominicana.

II. ATRIBUCIONES

Son competencias del Juez de la Ejecución de la Pena, de conformidad con los Arts. 28, 436, 437 y 441 del Código Procesal Penal:

1. Garantizar a los condenados el goce de los derechos humanos fundamentales y de las garantías reconocidas por la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y el Código Procesal Penal, sin mayores restricciones de las que resulten de la sentencia condenatoria irrevocable y de la ley.

2. Controlar el cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias, de conformidad con los principios de legalidad, de dignidad de la persona humana, de imparcialidad o no discriminación, resocialización como finalidad de la pena y al debido proceso;

3. Resolver jurisdiccionalmente las cuestiones que se susciten durante la ejecución, conforme al procedimiento de los incidentes, Art.s 74 y 442 Código Procesal Penal;

4. Controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas al imputado en la suspensión condicional del procedimiento, regido por el Art.40 y siguientes del Código Procesal Penal, a los fines de que el juez competente dicte el auto para su revocación o la declaración de la extinción de la acción penal;

5. Controlar el cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional de la pena y en caso de violación por el condenado de las obligaciones impuestas, ordenar la suspensión y proceder a la ejecutoriedad de la sentencia para su cumplimiento íntegro, en virtud del Art. 341 del Código Procesal Penal.

6. Controlar la ejecución de las sentencias irrevocables, contentivas del perdón judicial, a favor de los condenados o condenadas que le hayan reducido la pena, en virtud del Art. 340 del Código Procesal Penal.

7. Disponer las inspecciones y visitas a los establecimientos penitenciarios que sean necesarias, de conformidad con el Art. 437 del Código Procesal Penal;

8. Hacer comparecer ante él a los condenados y encargados de los establecimientos penitenciarios con fines de vigilancia y control, conforme al indicado Art. 437 del Código Procesal Penal;

9. Dictar, aún de oficio, según el Art. 437 antes citado, las medidas que juzgue convenientes para corregir y prevenir las fallas que observe en el funcionamiento del sistema penitenciario;

10. Ordenar a la Dirección General de Prisiones, o autoridad competente, dictar las resoluciones necesarias en el mismo sentido de corrección del sistema penitenciario, regulado por la Ley No. 224, sobre Régimen Penitenciario del 13 de junio de 1984; todo conforme con los referidos Arts. 74 y 437 del Código Procesal Penal.

11. Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los condenados y su revocación si procediere, de conformidad con los Arts. 444 y 445 del Código Procesal Penal y la Ley No.164 sobre Libertad Condicional vigente;

12. Ejercer el recurso de revisión de la sentencia definitiva firme, cuando se dicte una ley que extinga o reduzca la pena o en caso de cambio jurisprudencial, de conformidad con el Art. 429 del Código Procesal Penal;

13. Velar por la fiel ejecución de las sentencias en los casos en que el cumplimiento de las mismas esté sometida a condiciones especiales, según lo previsto en el Art.342 del Código Procesal Penal;

14. Controlar jurisdiccionalmente, de oficio o a petición del condenado, las quejas o peticiones sobre las sanciones disciplinarias impuestas a los condenados o condenadas, por la autoridad administrativa, fundadas en la Ley No.224, sobre Régimen Penitenciario vigente, de conformidad con los Arts. 437 y 442 del Código Procesal Penal;

15. Declarar la prescripción de las penas y ordenar la liberación del condenado, cuando procediere.

16. Decidir sobre toda reclamación fundada en violación a los derechos humanos y garantías fundamentales de los reclusos, amparados ya sea en la Constitución, Bloque de Constitucionalidad, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas del 30 de agosto del 1955, y la Ley No. 224 y demás leyes vigentes, conforme con el procedimiento de los incidentes.

17. Promover la reinserción social del condenado o condenada después del cumplimiento de la pena privativa de libertad y del egreso de éste o ésta del penal.

18. 1. Verificar que los reclusos reciban una alimentación adecuada tres veces al día;

s) Realizar un nuevo juicio sobre la pena en el caso de la unificación de penas o condenas que modifiquen sustancialmente la cuantía, monto o régimen de cumplimiento de la pena, según lo establecido en el párrafo final del Art. 441 del Código Procesal Penal.

III. COMPETENCIA TERRITORIAL

El Juez de la Ejecución de la Pena tiene jurisdicción territorial dentro del Departamento Judicial para el que ha sido nombrado. En caso de designarse más de uno, la Suprema Corte de Justicia al momento de su designación establecerá el ámbito de su competencia territorial.

En el marco legal del Art. 438 del Código Procesal Penal:

1. El Juez de la Ejecución de la Pena se apodera con la sentencia condenatoria irrevocable dictada por los tribunales del orden judicial.

2. Desde el momento en que la sentencia es irrevocable, luego del ejercicio de los recursos correspondientes o hayan transcurridos los plazos para ejercerlos, la Secretaria del tribunal o Corte que dictó la sentencia condenatoria, sin más trámite, y dentro de las cuarentiocho horas siguientes, certifica el carácter irrevocable de la sentencia y la remite al Juez de la Ejecución, quien inmediatamente:

1. Verifica el carácter irrevocable de la sentencia condenatoria;

2. Ordena a la Secretaria la inscripción de la sentencia condenatoria, en el libro registro físico o digital, abierto al efecto, en la Secretaría del Despacho del Juez de la Ejecución de la Pena, con el mismo número único del expediente del tribunal de procedencia;

3. Dicta, mediante auto motivado, la orden de ejecución del fallo, de conformidad con el Art. 438 del Código Procesal Penal; y lo notifica al condenado, a la Dirección General de Prisiones y al establecimiento penitenciario donde el condenado debe cumplir la pena privativa de libertad y donde es remitido, si se encontrase en libertad o en otro establecimiento penitenciario;

4. En caso de que el condenado, se encontrare en libertad, el Juez de la Ejecución dicta orden de arresto para su comparecencia o captura.

Según el Art. 440 del Código Procesal Penal:

1. Para la revisión del cómputo definitivo el Juez de la Ejecución de la Pena tomará en cuenta:

1. La privación de libertad sufrida por el condenado desde el día de su arresto o bajo arresto domiciliario;

2. El tiempo transcurrido en libertad por el condenado durante el proceso, ya sea por el disfrute de la libertad provisional bajo fianza; o por la presentación de garantía económica u otra medida de coerción, en que estuviese en libertad el condenado;

3. Tiempo en libertad del condenado durante la libertad condicional hasta su revocación; y,

4. Cualquier otra circunstancia que pueda influir en el cálculo de la duración de la pena.

2. La finalidad del cómputo es para determinar con precisión:

1. La fecha en que finaliza la condena;

2. La fecha a partir de la cual el condenado o condenada puede solicitar su libertad condicional; o

3. Solicitar su rehabilitación.

3. El cómputo siempre es reformable, aún de oficio, cuando nuevas circunstancias lo hagan necesario.

4. La revisión del cómputo definitivo se hace de oficio por el Juez de la Ejecución, dentro de un plazo de tres (3) días hábiles de la recepción de la sentencia condenatoria, mediante auto motivado y notificado al condenado, al Ministerio Público, la Dirección General de Prisiones y a la autoridad administrativa del establecimiento penitenciario, en que deba cumplir la condena.

5. En caso de cualquier queja por el resultado del cómputo por el condenado o condenada, se conoce la reclamación o petición conforme al procedimiento de los incidentes.

Conforme al Art. 441 del Código Procesal Penal:

1. Es competencia del Juez de la Ejecución de la Pena, de oficio, o a solicitud del condenado o condenada, o su defensor o apoderado, hacer la unificación de las penas o condenas en los casos:

1. Previstos en el Código Penal, o sea cuando es admisible o no el principio de cúmulo de penas;

2. Por haber sido condenado en diferentes juicios, por hechos distintos, ya sea durante el proceso o en el transcurso del cumplimiento de la condena.

2. La unificación de las penas o condenas, en caso de petición del condenado o su defensor, se tramitará y conocerá mediante el procedimiento de los incidentes.

3. Cuando la unificación pueda modificar sustancialmente la cuantía, monto o régimen de cumplimiento de la pena, el Juez de Ejecución, a solicitud de parte, realiza un nuevo juicio sobre la pena, siguiendo el procedimiento sobre los incidentes, en cuyo caso:

1. Convocará a una audiencia oral dentro de un plazo de tres días hábiles;

2. Citará, por cualquier medio, a la audiencia oral, al condenado, su defensor, si lo tuviere o se designare, al Ministerio Público, a la Dirección General de Prisiones y la autoridad administrativa penitenciaria.

3. Inmediatamente después de la audiencia, el Juez de la Ejecución dicta la decisión escrita y motivada, cuya lectura vale notificación para las partes presentes a quienes se les entregará copia certificada de la decisión.

4. La decisión que intervenga es recurrible por ante la Corte de Apelación, cuya interposición no suspende la ejecución de la pena, salvo que así lo disponga la Corte.

1. De conformidad con el Art.342 del Código Procesal Penal, la fijación de la pena por el tribunal de fondo, debe estar sometida a condiciones particulares de cumplimiento, determinadas por características individuales de la persona del imputado o imputada, de conformidad con el principio rector de la humanización de la pena, que determinan un régimen especial para el cumplimiento de la pena, en los casos siguientes:

1. Cuando el condenado o condenada sobrepasa la edad de los setenta años;

2. Cuando padezca una enfermedad terminal o un estado de demencia sobreviniente con posterioridad a la comisión de la infracción;

3. Cuando la condenada se encuentre en estado de embarazo o lactancia;

4. Cuando exista adicción a las drogas o al alcohol.

2. El cumplimiento de las penas impuestas en los casos precedentes, puede ser cumplida total o parcialmente en la forma indicada en la sentencia como son:

1. en el domicilio del condenado o condenada;

2. en un centro de salud mental, geriátrico, clínico o de desintoxicación, según se ordene en la sentencia condenatoria irrevocable;

3. Es atribución del Juez de la Ejecución controlar y vigilar su adecuado cumplimiento, para lo cual establecerá los controles necesarios a fin de verificar el cumplimiento de lo fijado en la sentencia condenatoria, pudiendo ser asesorado por peritos.

4. En el caso de que el tribunal condicione el descuento total o parcial de la pena al cumplimiento satisfactorio del programa de desintoxicación por parte del condenado o condenada, el Juez de la Ejecución, controlará y supervisará el cumplimiento de las obligaciones impuestas al condenado o condenada, a los fines de la determinación del tiempo de la condena y de la excarcelación del condenado o condenada.

5. Cumplidas por el condenado o condenada las obligaciones impuestas, el Juez de la Ejecución dicta el auto de excarcelación correspondiente.

6. En los casos en que durante el procedimiento de ejecución de la pena sobreviniere una de las circunstancias extraordinarias de atenuación de la pena, establecidas en el Art. 342 del Código Procesal Penal, el Juez de la Ejecución puede realizar las modificaciones de la misma según lo previsto en el Art. 443 del Código Procesal Penal, para lo cual está obligado a solicitar el dictamen del Ministerio Público del Distrito Judicial de que se trate. Una vez tomada la decisión el Juez de la Ejecución de la Pena informará al Presidente de la Corte de Apelación de su Departamento Judicial.

1. La concesión de la libertad condicional es de la competencia del Juez de la Ejecución de la Pena, de conformidad con el Art. 444 del Código Procesal Penal y el Art. 14, numeral 4 de la Ley 278-04 sobre la Implementación del Proceso Penal del 13 de agosto del 2004, que modifica el Art. 3 de la ley No.164 sobre Libertad Condicional del 14 de octubre del 1980; y se seguirá el procedimiento establecido en esta ley 164 modificada, y en los Arts. 444 y 445 del Código Procesal Penal, por lo que ambos procedimientos deben ser armonizados, teniendo en cuenta que el Código Procesal Penal, deroga toda disposición de la Ley No. 164 que le sea contraria, conforme al Art. 449 del Código Procesal Penal y según lo establecido en la Ley No. 164 sobre Libertad Condicional y sus modificaciones.

3. En cuanto al procedimiento a seguir según lo regulado por el Art. 444 del Código Procesal Penal y la ley 164 sobre Libertad Condicional y sus modificaciones:

1. El director del establecimiento penitenciario deberá remitir, un mes antes del cumplimiento de la mitad de la pena computada por el Juez de la Ejecución, los informes necesarios para resolver sobre la libertad condicional del condenado o condenada con los demás datos relativos al condenado o condenada, conforme se establece en el Art. 3 de la ley 164 sobre Libertad Condicional, modificada por la ley 278-04 citada.

2. Están legitimados para promover la libertad condicional:

   1. El condenado o condenada;

   2. El defensor del condenado o condenada;

   3. De oficio, el Juez de la Ejecución; o,

   4. El Alcalde o Director del establecimiento penitenciario que corresponda;

   5. Cualquier interesado.

      4. El Juez de la Ejecución puede rechazar la solicitud:

      1. Cuando sea manifiestamente improcedente;

      2. Cuando estime que no ha transcurrido el tiempo suficiente para que hayan variado los supuestos que motivaron el rechazo a una solicitud precedente.

5. En caso de solicitud denegada, el condenado no puede renovarla antes de transcurrir tres meses desde el rechazo, en cuyo caso un nuevo informe debe ser requerido a la autoridad penitenciaria.

6. La decisión que otorgue la libertad condicional del condenado debe ser motivada, fija las condiciones e instrucciones, de conformidad con los Art.s 3, 4, 5, 6 y 7 de la indicada Ley No. 164 sobre Libertad Condicional.

7. Al Juez de la Ejecución le corresponde vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la decisión, las que son reformables de oficio o a petición del condenado.

8. La solicitud de libertad condicional por el condenado o su defensor se formaliza en la forma prescrita en el Art. 2 de la Ley 164 sobre Libertad Condicional, por ante el Juez de la Ejecución de la Pena.

9. Las demás condiciones de la libertad condicional están regidas por la Ley No. 164 sobre Libertad Condicional, en cuanto a los reincidentes, art. ll, los que no se beneficiaran de la libertad condicional; la liberación definitiva del condenado por el cumplimiento de las condiciones de la libertad, art. 13; y la exoneración de todo impuesto, derecho o tasa, art. 14.

A) De conformidad con el Art. 445 del Código Procesal Penal se puede revocar la libertad condicional:

1. Por el incumplimiento injustificado de las condiciones en que fue concedida la libertad condicional;

2. Cuando ya no sea procedente por la unificación de sentencias o penas.

B) La parte legitimada para promover la revocación es el Ministerio Público, y sigue rigiendo la Ley No.164, sobre Libertad Condicional, en sus Arts. 8, 9, y 12.

C) Si el condenado liberado no se presenta voluntariamente luego de la revocación de su libertad condicional, el Juez de la Ejecución ordenará su captura;

D) Cuando el incidente de revocación se promueve con la presencia del condenado, el juez puede ordenar que se mantenga bajo arresto, hasta que se resuelva el incidente.

E) El Juez de la Ejecución decide por resolución motivada, cuya lectura vale notificación a las partes comparecientes, a quienes se les remitirá copia certificada de la decisión.

F) Si procediere, se practica de nuevo el cómputo de la condena, excluyéndose el tiempo pasado en libertad condicional, según el Art. 8 de la Ley No. 164.

G) Son aplicables en cuanto a la revocación de la libertad condicional los Arts. 9, 11 y 12 de la Ley No. 164.

H) En virtud del Art. 445 del Código Procesal Penal in fine, las decisiones relativas a la libertad condicional y su revocación son apelables ante la corte de apelación, y cuya interposición no suspende la ejecución de la pena, salvo que lo disponga la corte de apelación apoderada, con lo que se deroga el Art. 10 de la Ley No. 164 sobre Libertad Condicional.

1. El principio es que la pena de multa es sustituible por otras formas alternativas, siendo la conversión de la multa en privación de libertad la extrema a aplicar, en virtud del estatuto de libertad, de conformidad con el Art. 15 del Código Procesal Penal.

2. En los casos en que el condenado o condenada no pague la multa fijada en la sentencia condenatoria dentro del plazo fijado en la misma, es citado por el Juez de la Ejecución, para que se decida por las siguientes alternativas:

1. Sustituir la multa por trabajo comunitario;

2. Solicitar plazo para pagarla;

3. Entregar bienes suficientes que alcancen a cubrirla;

4. Pagarla en cuotas, en cuyo caso el Juez de la Ejecución puede autorizarlo.

3. En ausencia de las alternativas indicadas anteriormente, el juez ordenará, si es necesario, el embargo y la venta pública de los bienes embargados, conforme a las reglas procesales civiles.

4. Si es necesario sustituir la multa por prisión, el Juez de la Ejecución, según el procedimiento de los incidentes, cita al Ministerio Público, al imputado o imputada y a su defensor, oye a quienes concurran y decide, terminada la audiencia, por decisión motiva.

5. Sustituida la multa por prisión, ordena el arresto del condenado o condenada, si estuviere en libertad.

6. Esta resolución es apelable ante la corte de apelación correspondiente, y no es suspensiva de la ejecución de la pena, salvo disposición contraria de la Corte.

1. Realiza las medidas necesarias para cumplir los efectos accesorios de la sentencia, de conformidad con el Art.338 Código Procesal Penal, como son: