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Republica de Chile – Estructura politica general

 

 

Forma de gobierno.

 

La organización política de Chile ha variado en el tiempo desde el primer ensayo constitucional del país denominado “Reglamento para el arreglo de la autoridad ejecutiva provisoria de Chile de 1811”. En éste se establecía un gobierno Ejecutivo de tres miembros, y un Congreso unicameral.

Luego de algunos intentos por establecer en nuestro país el régimen federal, se promulga la “ Constitución de 1828 ”, aprobada por el Congreso el 6 de agosto, confeccionada por el Diputado Melchor de Santiago Concha Cerda y el Ministro del Interior subrogante José Joaquín de Mora.

En términos generales, a través de ella se establece una clara independencia de los tres poderes del Estado, determinando que la República sería gobernada por un Presidente elegido por votación indirecta de electores. El Poder Legislativo reside en dos cámaras: Senado y Cámara de Diputados, que como poder del estado, tiene la facultad de nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia; dictar el presupuesto; suprimir y crear puestos de empleo; aprobar ascensos de jefes superiores del ejército y ministros en el extranjero, etc.

Después de una serie de gobiernos, como los de Manuel Bulnes, Manuel Montt, Aníbal Pinto, Domingo Santa María, José Manuel Balmaceda, Jorge Montt, Germán Riesco, Pedro Montt, entre otros, durante la presidencia de Arturo Alessandri Palma, se redacta la “ Constitución de 1925 ”, aprobada en julio de ese año mediante plebiscito nacional. Esencialmente, otorga al ejecutivo amplias atribuciones administrativas, aumentando el período presidencial de cinco a seis años, con elección directa; determina la separación del Estado de la Iglesia y garantiza la libertad de culto y conciencia; asegura a la vez las libertades públicas y las garantías individuales; asegura la protección del trabajo, la industria y la previsión social; crea el Tribunal Calificador de Elecciones; y crea el Banco Central. Algunas de las modificaciones más importantes sufridas por esta Constitución, son la que señala que la iniciativa de presupuesto público corresponde al Ejecutivo; y las que se redactaron durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), como la que impone limitaciones de orden social al derecho de propiedad, lo que posteriormente permitiría la nacionalización del cobre y la reforma agraria; la que otorga el voto a los analfabetos, y la que rebaja a 18 años la edad para votar.

Posteriormente, y después del gobierno de Salvador Allende (1970-1973), el 11 de septiembre de 1973 se produce un golpe de estado que significa el quiebre institucional de Chile, estableciéndose una Junta Militar encabezada por el general Augusto Pinochet.

En este contexto, y luego de gobernar a través de Decretos Leyes, se nombra una Comisión encargada del estudio de una nueva Constitución. El resultado del trabajo se plasmó en un Anteproyecto Constitucional, que fue entregado el año 1978 para una primera revisión al Consejo de Estado, presidido por el ex Presidente Alessandri Rodríguez, quién entrega su informe en julio de 1980. Después de una segunda revisión por parte de la Junta de Gobierno, encabezada por el General Augusto Pinochet, revisión en la que se modifica el Cronograma Institucional del Gobierno Militar, se aprueba la “ Constitución de 1980 ”, con un texto de 120 artículos permanentes y 29 transitorios, que más tarde es sometida a plebiscito el 11 de septiembre de ese año, para ser posteriormente promulgada el 21 de octubre. Entra parcialmente en vigencia el 11 de marzo de 1981.

En lo esencial, la Constitución de 1980 determina un régimen político presidencialista con una participación del Estado en la economía mediante un rol subsidiario, con una fuerte protección a las garantías individuales en el ámbito de la actividad económica y del derecho de propiedad. Establece un decálogo de garantías individuales

De acuerdo a esta Constitución, aun vigente, Chile es una república democrática, cuyo Estado es unitario y su territorio se divide en regiones. Su administración es funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada, en su caso. De esta forma, el país se encuentra dividido en 13 regiones - de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío, de La Araucanía, de Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y la Antártica Chilena -, 51 provincias y 342 comunas.

El Sistema de Gobierno y Administración Regional, se estructura de la siguiente forma:

El gobierno interior de la región corresponde al Intendente, en su calidad de representante del Presidente de la República. La administración de la región corresponde al Gobierno Regional, compuesto por el Intendente como órgano ejecutivo y el Consejo Regional, como órgano resolutivo, nominativo y fiscalizador de aquél.

Las funciones de administración son apoyadas por las Secretarías Regionales Ministeriales, órganos desconcentrados de los Ministerios, subordinados a nivel regional al Intendente, destacando entre ellas la Secretaría Regional de Planificación y Coordinación.

A nivel provincial el Gobierno corresponde al Gobernador, subordinado al Intendente. Su administración también compete a aquel como órgano desconcentrado del Intendente, en cuanto ejecutivo del Gobierno Regional. Existe como instancia de representación consultiva el Consejo Económico y Social Provincial, presidido por el Gobernador.

La administración comunal corresponde a la Municipalidad, compuesta por el Alcalde como autoridad superior y el Consejo, presidido por el Alcalde como órgano resolutivo, nominativo y fiscalizador de aquél, ambos de elección popular cada 4 años.

Para cumplir sus funciones la Municipalidad cuenta con Unidades, como la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.

Existe además en cada comuna un Consejo Económico y Social, de carácter consultivo, representativo de los organismos sociales.

El Poder Legislativo.

El Congreso Nacional de Chile conforma el Poder Legislativo en Chile y está compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado.

El Congreso Nacional tiene entre sus principales objetivos, ejercer la representación de la ciudadanía, concurrir a la formación de las Leyes con el Presidente de la República y fiscalizar los actos del gobierno.

Quienes integran cada una de las ramas del Congreso, tanto los 120 Diputados como los 48 Senadores, representan al pueblo que los eligió y reflejan sus distintas posiciones, ideas y sensibilidades. Es en esta institución donde la Democracia existe y cobra mayor sentido.

El primer Congreso se estableció el 4 de Julio de 1811 en Santiago, luego que la Junta de Gobierno de 1810 dispusiera su convocatoria. Este Parlamento fue de carácter unicameral integrado por 41 Diputados y su principal tarea fue redactar el "Reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile".

En la actualidad, el Congreso Nacional se rige por la Constitución Política de 1980 y la Ley orgánica constitucional N°18.918. Esta Institución se localiza a diferencia de los otros poderes del Estado, en la ciudad de Valparaíso, V Región de nuestro país.

El Poder Judicial.

El Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado junto al Ejecutivo y Legislativo, es el encargado de aplicar las leyes. A él corresponde la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado. Su máximo órgano jurisdiccional es la Corte Suprema, tribunal que, junto con velar por la correcta aplicación de la legislación vigente, ejerce un control administrativo y disciplinario sobre el resto de los tribunales y jueces del país.

Las Cortes de Apelaciones, que tienen a su cargo un determinado territorio jurídico definido por ley, actúan como tribunales de segunda instancia ejerciendo, a su vez, la fiscalización y el control de los tribunales que se ubican en su jurisdicción.

Actualmente la tarea de administrar Justicia es ejercida a nivel nacional por más de 350 jueces especializados en diversas materias como Menores, Trabajo, del Crimen y Civil.

La entrada en vigencia del Nuevo Sistema de Enjuiciamiento Criminal, estará implementado en todo el país en el mes de junio del año 2005.

Así, sólo en el ámbito penal, el número de jueces se elevará a 809, los que se desempeñarán tanto en los Tribunales de Garantía, encargados de cautelar los derechos fundamentales de las víctimas e imputados, como en los Juzgados Orales en lo Penal, que determinarán la absolución o condena del imputado.

El Ministerio Público, encabezado por el Fiscal Nacional, es el órgano encargado por ley de dirigir la investigación en el nuevo sistema de Justicia Penal.

Este organismo, creado por Ley Orgánica Constitucional y con carácter autónomo, deberá defender los intereses de la sociedad y en especial de las víctimas, teniendo como su principal función, si corresponde y existen méritos para ello, el iniciar la acción penal ante los Tribunales del Juicio Oral. Para esta tarea, el Ministerio Público contará, una vez implementado todo el sistema, con 642 fiscales a nivel nacional.

De manera de ejercer una persecución del delito más eficiente, el diseño del Ministerio Público contempla la creación de unidades coordinadoras especializadas (narcotráfico, lavado de dinero, delitos económicos, entre otras) que permitirán hacer frente a la delincuencia de una manera más técnica de lo que actualmente sucede.

La contraparte del Ministerio Público en el nuevo Sistema Penal será la Defensoría Penal Pública, a cargo de un Defensor Nacional, nombrado por el Presidente de la República, el que contará con el apoyo de defensores regionales. Esta institución integrará al mundo público y privado a su misión y contará con un Consejo Nacional, el que tendrá carácter interinstitucional incluyendo representantes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de diversas instituciones académicas y de la sociedad civil.

El Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia, el otro actor del sector, es el organismo que canaliza la relación del Poder Ejecutivo con el Judicial.

Entre sus principales funciones está el estudio crítico de las normas constitucionales y de la legislación civil, penal, comercial y de procedimiento a fin de proponer al Presidente de la República las reformas necesarias.

Debe también asesorar al Presidente en el nombramiento de los jueces, funcionarios de la justicia y demás empleados del Poder Judicial, así como atender las necesidades de organización y funcionamiento de los tribunales de justicia.

Entre las áreas más relevantes a su cargo están el formular políticas, planes y programas sectoriales, en especial, respecto de la defensa judicial de los intereses del Estado, el tratamiento penitenciario y la rehabilitación del reo, así como de la organización legal de la familia e identificación de personas.

Igualmente, debe velar por la protección de los niños, niñas y jóvenes vulnerados en sus derechos, como también de los adolescentes que han infringido la ley. Asimismo, es de su incumbencia el diseño de mecanismos para asegurar la prestación de asistencia jurídica a personas de escasos recursos.

Para cumplir con su tarea el Ministerio de Justicia cuenta con servicios dependientes y relacionados: Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación, Servicio Nacional de Menores, Servicio de Gendarmería de Chile, Servicio Médico Legal, Fiscalía Nacional de Quiebras y las Corporaciones de Asistencia Judicial, cuatro a nivel nacional.