LAS FUENTES DEL DERECHO CANADIENSE
El derecho inglés y el Código
napoleónico
El sistema de justicia en vigor actualmente en
Canadá tiene su origen en diversos sistemas europeos
traídos a América en los siglos XVII y XVIII por los
exploradores y colonizadores. Los pueblos indígenas que
fueron encontrados por los europeos tenían cada cual su
propio sistema de leyes y de controles sociales, pero, con el
correr de los años, las leyes de los inmigrantes comenzaron
a prevalecer. Después de la victoria de los ingleses sobre
el ejército francés en Quebec en 1759, el país
pasó a estar casi exclusivamente regido por el derecho
inglés. Salvo Quebec donde el derecho civil está
fundado en el Código napoleónico adoptado en Francia,
el derecho penal y el derecho civil en vigor en Canadá se
derivan de las leyes y el derecho consuetudinario
inglés.
El derecho consuetudinario, que fue elaborado
en Gran Bretaña después de la conquista por los
normandos, se basa en las decisiones adoptadas por los jueces de
las cortes reales. Es un sistema de reglas fundadas en el derecho
jurisprudencial. Cada decisión vertida por un juez
constituye un "precedente", es decir una regla que deberá
tenerse en cuenta para juzgar, en el futuro, todo asunto semejante.
El derecho consuetudinario es único en el mundo, pues no se
funda en un "código" ni en una "legislación"; sino
que se funda en las decisiones judiciales anteriores. Sin embargo,
es flexible y se adapta a la evolución de la sociedad.
El derecho civil tiene una tradición
muy diferente. Se funda en el derecho romano, que fue codificado
por el emperador Justiniano. En la Roma antigua, las fuentes del
derecho eran numerosas y estaban dispersas: libros, leyes y
proclamas. A fin de eliminar la confusión, Justiniano
ordenó a sus juristas que agruparan todas las leyes en un
solo código. Después de esa época, el derecho
civil es asimilado a un "código civil" que contiene casi
todas las reglas del derecho privado. El Código civil de
Quebec entró en vigor en 1866, justo antes de formarse la
Confederación. Después ha sido modificado
regularmente, y hace poco tiempo fue revisado. Como todos los
códigos civiles, incluido el Código
napoleónico en Francia, el Código civil de Quebec
contiene un enunciado completo de reglas que a menudo adoptan la
forma de principios generales destinados a reglamentar todo
conflicto que pueda surgir. Contrariamente a lo que sucede bajo el
régimen del derecho consuetudinario, los tribunales que
juzgan sobre un asunto en el marco del derecho civil se fundan ante
todo en lo que está prescrito en el Código y, en
seguida, examinan las decisiones anteriores a fin de lograr
uniformidad.
Cuando se examina la ley y su
aplicación respecto a los pueblos indígenas de
Canadá, es necesario tener en cuenta los derechos
ancestrales y los derechos dimanados de tratados que son protegidos
por la Constitución. Los derechos ancestrales se desprenden
de la ocupación y del uso históricos del territorio
por los pueblos indígenas; los derechos en virtud de
tratados son enunciados en los tratados firmados entre la Corona y
un pueblo indígena particular.
La reforma del derecho: un fenómeno sin fin
El derecho canadiense toma mucho de las
tradiciones jurídicas europeas. Sin embargo, a medida que la
sociedad evoluciona, se hace imposible remitirse únicamente
a la tradición. A veces, la necesidad de adoptar nuevas
leyes o de modificar antiguas se hace sentir de manera apremiante,
y el derecho consuetudinario y el derecho civil pueden evolucionar
demasiado lentamente para responder a esa necesidad. En
consecuencia, incluso si el gobierno adopta reformas de gran
envergadura para tener en cuenta los cambios en la sociedad,
ésta continúa evolucionando rápidamente, lo
cual fuerza a los legisladores a introducir continuamente a
reformas de las leyes.
La adopción de nuevas reglas jurídicas: la
ley
En el régimen democrático, los
países tienen habitualmente una institución llamada
"parlamento" o "asamblea legislativa" que tiene el poder de adoptar
nuevas leyes o de modificar las antiguas. Canadá es una
federación, es decir una unión de varias provincias
con un gobierno central. De esa manera, un parlamento, en Ottawa,
adopta las leyes que se aplican en todo el territorio canadiense y
una asamblea legislativa en cada provincia y territorio examina los
asuntos de interés local. Los textos legislativos adoptados
por esas instituciones se llaman "leyes". Cuando el Parlamento o la
asamblea legislativa de una provincia adopta una ley, ésta
reemplaza las reglas de derecho consuetudinario que rijan el campo
dado. En Quebec, se han adoptado muchas leyes con el fin de tratar
problemas precisos que el Código civil no aborda.
La utilización de la vía
legislativa puede ser compleja. Supongamos, por ejemplo, que el
gobierno federal quiera adoptar una ley para luchar contra la
contaminación ambiental. Primero, los ministros o los altos
funcionarios son invitados a examinar atentamente el problema a
objeto de determinar de qué manera una ley federal
podría atacar la contaminación. En seguida, se
redacta un anteproyecto de ley y se presenta a la aprobación
del Gabinete que está formado por los diputados elegidos por
el primer ministro. Ese anteproyecto de ley es presentado al examen
del Parlamento bajo la forma de "proyecto de ley". El proyecto de
ley no se convierte en ley mientras no sea aprobado por la
mayoría de los diputados y senadores y sea sancionado por el
gobernador general en nombre de la Reina.
La adopción de leyes en cada provincia
sigue un procedimiento parecido. Las leyes adoptadas por la
asamblea legislativa de una provincia son sancionadas por el
vicegobernador.
Debido a la complejidad de la sociedad
contemporánea, se adoptan cada vez más leyes. Se ha
hecho imposible que el legislador prevea todo en el texto de una
ley. A menudo, entonces, el Parlamento y las asambleas legislativas
de las provincias adoptan leyes de aplicación general y
delegan el poder de aprobar "reglamentos" a fin de fijar los
detalles de la ley. Esos reglamentos tratan de lograr los objetivos
de la ley de aplicación general o de completarla, pero
ésta última limita el alcance.
La Constitución
En un país democrático regido
por una constitución escrita, el legislador no puede adoptar
cualquier ley. La constitución de un país precisa
especialmente los poderes y los límites de los poderes que
pueden ser ejercidos por cada rama de gobierno.
En numerosos países formados
después de una revolución o por una
declaración de independencia (Estados Unidos por ejemplo),
la esencia del derecho constitucional está contenida en un
solo documento, habitualmente llamado "la constitución". En
cuanto a Canadá, el país fue constituido por una ley
del Parlamento de Gran Bretaña. Por lo tanto, no tiene una
"constitución" como tal. El documento que se aproxima
más a un texto constitucional sería el Acta de
América del Norte Británica de 1867, por la cual las
provincias de Canadá que constituían las colonias
británicas (el Alto Canadá y el Bajo Canadá),
Nueva Escocia y Nuevo Brunswick fueron reagrupadas para formar el
Dominio de Canadá.
Sin embargo, si bien no hay, en el derecho
canadiense, una "constitución" como tal, la Ley
constitucional de 1982, que figura en el anexo B de la Ley de 1982
sobre Canadá - por la cual la constitución canadiense
fue finalmente repatriada a Canadá -- define lo que es la
constitución. El artículo 52 de la Ley enuncia que la
Constitución de Canadá es la ley suprema de
Canadá y que comprende los aproximadamente 30 textos
legislativos y decretos que figuran en el anexo.
La unión de provincias y la
creación del Dominio de Canadá no comporta una
ruptura con el gobierno imperial. El nuevo país formaba
siempre parte del imperio británico y era gobernado por una
persona nombrada por el soberano con el consejo del secretario de
las colonias en Westminster. Lejos de codificar un nuevo conjunto
de reglas constitucionales para Canadá, el AANB
prescribía un poco más que el simple establecimiento
de la unión pero no decía nada sobre la posibilidad
de modificar las disposiciones que contenía. Por esa
razón hasta 1982, todas las modificaciones que debieron
introducirse al AANB debieron ser adoptadas por el Parlamento
británico.
La Constitución establece los
principios fundamentales de la democracia canadiense. Prescribe
igualmente los poderes de tres órganos del gobierno que son
el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
En Canadá, es su Majestad la Reina
quien está investida del poder ejecutivo. Pero en nuestra
sociedad democrática, existe una convención
constitucional reflejada en nuestras leyes fundamentales conforme a
la cual el poder ejecutivo reside, en la práctica, en el
Gabinete, que comprende, a nivel federal, el primer ministro
así como un cierto número de ministros, que deben
rendir cuenta al Parlamento de diversas actividades del gobierno.
Cada ministro es además responsable del ministerio bajo su
autoridad, como el ministro de Justicia o el de Hacienda. De manera
general, el término "gobierno" remite al poder
ejecutivo.
A nivel federal, es el "Parlamento" el que
está investido del poder legislativo. Éste se compone
de la Cámara de los Comunes, del Senado y de Su Majestad. La
mayoría de nuestras leyes son primero examinadas por el
Gabinete, antes de ser presentadas a la Cámara de los
Comunes después al Senado para ser debatidas y aprobadas por
mayoría.
Antes de convertirse en ley, el proyecto de
ley debe recibir la "sanción" de Su Majestad la Reina o de
su representante, el gobernador general. Lo mismo sucede en cada
provincia, salvo que el representante provincial de la Reina es el
vicegobernador. Esta exigencia relativa a la sanción real no
significa que la Reina ejerza un poder en el plano político;
más bien se trata de una convención constitucional
por la cual la Reina sigue siempre los consejos del gobierno.
La Constitución prescribe igualmente
que la "magistratura" esté investida del poder judicial, es
decir que son los jueces los que resuelven los litigios ante los
tribunales. Ella sólo prescribe la nominación de
jueces de los tribunales federales; los jueces de los tribunales
provinciales son nombrados conforme a leyes provinciales. El papel
de los jueces consiste en interpretar y aplicar la ley y la
Constitución, y en tomar decisiones imparciales ya sea en
materia de derecho público, como un asunto penal, o en
materia de derecho privado, como sobre un conflicto en materia
contractual.
El sistema federal
La Constitución instituye un sistema de
gobierno federal para nuestro país. Eso quiere decir que el
poder o la "competencia" de legislar está repartido entre el
Parlamento de Canadá y las asambleas legislativas de las
provincias. El Parlamento de Canadá tiene competencia para
legislar sobre las materias que interesan al conjunto del
país, que le son atribuidas por la Constitución. Las
asambleas legislativas de las provincias tienen el poder de
legislar sobre los asuntos que le son atribuidos expresamente. Sin
embargo, esas leyes son aplicables sólo en el territorio de
la provincia concernida. Algunos otros países,
particularmente Australia y Estados Unidos, tienen igualmente un
sistema de gobierno federal. En esos países, las
competencias legislativas están repartidas entre el gobierno
federal y los diversos Estados. Gran Bretaña, por el
contrario, no es gobernada por un sistema federal; sólo el
Parlamento británico tiene el poder de legislar para el
conjunto del país.
La Constitución canadiense le confiere
a las provincias la competencia de legislar en materia de
educación, propiedad, administración de la justicia,
hospitales, instituciones municipales y las demás materias
de naturaleza puramente local o privada en la provincia.
El gobierno federal se ocupa principalmente de
temas que interesan al conjunto de Canadá, particularmente
el comercio entre las provincias, la defensa nacional, el derecho
penal, la moneda, las patentes y el servicio postal.
Éste último tiene además
la autoridad sobre el Yukón y sobre los territorios del
Noroeste. A fin de permitirles a los ciudadanos de los territorios
de ocuparse de materias de naturaleza puramente local, como lo
hacen los ciudadanos de las provincias, las leyes federales
prescriben la elección de consejos territoriales que tienen
el poder (similar al de las provincias) de adoptar leyes.
Hay también administraciones
municipales. Creadas en virtud de leyes provinciales, éstas
tienen el poder de adoptar reglamentos respecto de varias materias
de interés local, tales como los reglamentos de
estacionamiento y sobre la entrega de permisos de
construcción.
Finalmente, se han elaborado acuerdos
particulares para los pueblos indígenas de diferentes
regiones de Canadá. Por ejemplo, las agrupaciones
indígenas pueden, en virtud de las Ley sobre los
indígenas, ejercer sobre las reservas toda una gama de
poderes gubernamentales. Hay igualmente varios ejemplos de
gobiernos indígenas que ejercen poderes gubernamentales en
virtud de acuerdos particulares aprobados con el gobierno federal y
los gobiernos provinciales.
La Carta canadiense de derechos y libertades
En Canadá, la protección de los
derechos y libertades individuales corresponde tanto al gobierno
federal como a los gobiernos provinciales. Los gobiernos de los
territorios pueden igualmente adoptar leyes para proteger los
derechos de la persona, siempre que el gobierno federal les haya
delegado el poder de hacerlo.
La Declaración canadiense de derechos
adoptada en 1960, es la primera ley federal que protegía
expresamente los derechos fundamentales de la persona en
Canadá. La Ley canadiense sobre los derechos de la persona
(LCDP), adoptada en 1977, protege igualmente los derechos de la
persona, tales como en el campo del empleo y el suministro de
locales comerciales o de vivienda. A diferencia de la
Declaración canadiense de derechos, la LCDP se aplica no
solamente al gobierno federal sino también al sector
privado.
Todas las provincias y territorios adoptaron
leyes en materia de derechos de la persona, que prohíben la
discriminación, fundada en diversos motivos, en el campo del
empleo y el suministro de bienes, servicios e instalaciones. Esta
ley prohíbe la discriminación en el sector privado y
en el sector público.
La protección ofrecida por las leyes
mencionadas arriba es limitada, ya que la Declaración
canadiense de derechos, la LCDP y todas las leyes provinciales en
materia de derechos de la persona no son, por naturaleza, sino
leyes y éstas pueden siempre ser abolidas. No es sino con la
adopción de la Carta canadiense de derechos y libertades que
los derechos de la persona son expresamente garantizados por la
Constitución.
En 1982, cuando la Constitución fue
repatriada, la Carta canadiense de derechos y libertades se
convirtió en una parte fundamental de ésta. La Carta
se aplica a las asambleas legislativas provinciales así como
al Parlamento de Canadá. Tiene prioridad sobre las
demás leyes, pues está "inscrita" en la
Constitución. Es la ley suprema de Canadá. En
consecuencia, cuando una persona que cree que el Parlamento o la
asamblea legislativa de una provincia ha cercenado los derechos
garantizados por la Carta recurre a los tribunales, los cuales
pueden declarar inválidas las disposiciones legislativas
implicadas en la medida o en cuanto sean incompatibles con la
Carta. Además, los tribunales pueden acordar otras medidas
de rectificación apropiadas a las personas cuyos derechos
hubieran sido lesionados.
La Carta reconoce igualmente que en una
democracia los derechos y las libertades no son absolutos.
Así la libertad de expresión está garantizada
por la Carta, pero nadie tiene el derecho por ejemplo de gritar
"Incendio" en un teatro atestado, de difundir expresiones
difamatorias o propaganda que promueva el odio. En Canadá,
el Parlamento y las asambleas legislativas provinciales pueden
restringir los derechos fundamentales. Pero no pueden hacerlo sino
conforme a una regla de derecho, dentro de límites
razonables y cuya justificación pueda demostrarse en el
marco de una sociedad libre y democrática. Esta
búsqueda de equilibrio entre los intereses de la sociedad y
los intereses de los ciudadanos permite determinar si las
restricciones impuestas sobre los derechos individuales son
justificadas.
En virtud del acuerdo acontecido entre el
gobierno federal y los gobiernos provinciales, que ha conducido a
la Ley constitucional de 1982, los dos órdenes de gobierno
conservan una competencia limitada para adoptar leyes que
podrían violar ciertos derechos garantizados por la Carta.
Numerosas personas creen que esta disposición es consecuente
con nuestros principios democráticos, pues les da a las
asambleas legislativas y al Parlamento, formados por diputados
elegidos, la última palabra antes que a los jueces quienes
no son elegidos. Sin embargo, esta competencia es limitada debido
al hecho de que el Parlamento o la asamblea legislativa de una
provincia debe declarar expresamente en la ley que adopte que
ésta "deroga" las disposiciones de la Carta. Además,
esa declaración deja de tener efecto a más tardar
dentro de cinco años después de su entrada en vigor a
menos que sea adoptada de nuevo. Esas condiciones particulares
sirven de cualquier forma para darle un cierto aviso a los
canadienses, y obligan al gobierno que recurra a la cláusula
derogatoria a proporcionar explicaciones, a asumir plena
responsabilidad de sus actos y a sufrir las consecuencias en el
plano político.
La Carta protege nuestros derechos y
libertades en los siguientes campos:
Libertades fundamentales
La Carta protege ciertas libertades
fundamentales que la costumbre y el derecho han hecho, en el curso
de los años, reconocer casi universalmente en nuestro
país. En Canadá, la libertad de religión es
reconocida: podemos practicar la religión de nuestra
elección o no practicar ninguna. Tenemos la libertad de
expresión, la libertad de reunión pacífica y
la libertad de asociación en la medida en que no
trasgredamos los derechos que las leyes y la Carta garantizan a los
demás. Contrariamente a lo que existe en numerosos
países totalitarios, en Canadá la libertad de la
prensa electrónica y escrita está garantizada.
Derechos democráticos
La Carta garantiza expresamente los derechos
democráticos en Canadá. Eso significa que todo
ciudadano canadiense tiene el derecho de votar y puede ser elegido
en las elecciones legislativas federales o provinciales. Esos
derechos son garantizados por la Constitución. Se ha juzgado
que ciertos límites al derecho de voto y al derecho de
presentarse como candidato eran razonables en el marco de una
sociedad democrática. Por ejemplo, se consideran
justificadas las restricciones respecto de menores y de ciertos
miembros del personal electoral cuyo voto podría ser
decisivo.
Por otra parte, otra protección
democrática impide que nuestros gobiernos se mantengan
indefinidamente en el poder sin llamar a elecciones. La Carta exige
que se llame a una elección cada cinco años. La
única excepción en que puede prolongarse el mandato
es en caso de urgencia nacional, tal como en caso de guerra. Sin
embargo, esa prolongación debe ser aprobada por dos tercios
de los diputados de la Cámara de los Comunes o de la
asamblea legislativa.
La Carta dispone igualmente que el Parlamento
y las asambleas legislativas deben tener por lo menos una
sesión al año. Esta medida garantiza que nuestros
gobiernos ejecutarán las obras para las cuales fueron
elegidos y que responderán públicamente; no pueden
gobernar en secreto.
La libertad de movimiento
Los ciudadanos canadienses tienen el derecho
de permanecer en Canadá, de salir del país o de
entrar a él. Todo ciudadano canadiense y toda persona que
tenga la condición de residente permanente tiene el derecho
de residir o de trabajar en cualquier parte de Canadá,
incluido el derecho de residir en una provincia y de ganarse la
vida en otra. Además, la Carta prohíbe que las
provincias establezcan distinciones entre los residentes y los
recién llegados. Por ejemplo, si una persona es un
profesional competente en una provincia, en calidad de contador o
maestro, esa provincia no puede prohibirle a esa persona que
trabaje en la provincia por el hecho de que tenga residencia en
otra parte del país. Sin embargo, una provincia puede exigir
la residencia para obtener servicios sociales públicos y
recibir prestaciones de asistencia social. Puede también
aplicar las leyes y prácticas generales en vigor en la
provincia, siempre que esas leyes y prácticas no establezcan
una distinción entre las personas. Una provincia en que la
tasa de empleo sea inferior al promedio nacional tiene el derecho
de poner en marcha programas destinados a mejorar, en la provincia,
la situación de los individuos desfavorecidos social o
económicamente.
Garantías jurídicas
La Carta exige que en el ejercicio del
gobierno se respeten los derechos y libertades previstos en ella.
Esos derechos están concebidos para proteger a las personas
y garantizar la equidad en procesos legales, particularmente en
materia penal. El derecho de habeas corpus para impugnar la
legalidad de una detención y el derecho de ser supuesto
inocente mientras no haya sido declarado culpable han sido siempre
reconocidos en nuestro derecho, pero después de la
adopción de la Carta esos derechos están garantizados
por nuestra Constitución.
En Canadá, toda persona tiene el
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; no
puede ser privada de esos derechos excepto de conformidad con los
principios de justicia fundamental. Los canadienses tienen el
derecho a la protección contra allanamientos y embargos
abusivos, y aun cuando estén permitidos por la ley, los
policías no pueden recurrir a una fuerza excesiva para
llevarlos a cabo. Estamos también protegidos contra la
detención o el encarcelamiento arbitrarios. En otras
palabras, un policía, antes de detenernos, debe tener
motivos justificados para creer que hemos cometido una
infracción.
La Carta nos ha dado igualmente
protección en caso de arresto y de detención. Tenemos
el derecho de ser informados sobre los motivos de nuestro arresto o
de nuestra detención, el derecho de recurrir sin demora a la
asistencia de un abogado y de ser informados de ese derecho y el
derecho de hacer que un tribunal determine rápidamente si la
detención es legal. Esos derechos tienen por objeto proteger
contra medidas arbitrarias que podrían realizar los
organismos encargados de la aplicación de la ley.
Cualquier persona acusada en virtud de una ley
federal o una ley provincial tiene el derecho de ser informada sin
demora de la infracción de que se le acusa, de ser juzgada
en un plazo razonable, de no ser obligada a declarar en contra de
sí misma en un juicio proseguido en contra suya, de ser
supuesta inocente mientras no sea declarada culpable por un
tribunal independiente e imparcial en un proceso público y
justo, de no ser puesta en libertad bajo fianza sin causa
justificada, de tener un proceso con jurado cuando la
infracción de la cual se le acuse sea grave y de no ser
juzgada ni castigada de nuevo por la misma infracción.
Todos tenemos el derecho a la
protección contra tratamientos o penas crueles e inusitadas.
Toda parte o todo testigo en un proceso tiene el derecho a la
asistencia de un intérprete si no comprende el idioma
empleado o si sufre de sordera. Los testigos tienen el derecho a
que ningún testimonio incriminante sea usado en su contra en
otros procesos.
Derecho de igualdad
Conforme a la Carta, la ley no hace
acepción de personas y se aplica igualmente a todos, y todos
tienen derecho a la misma protección y al mismo beneficio de
la ley, independientemente de la raza, origen nacional o
étnico, color, religión, sexo, edad o deficiencias
mentales o físicas. Eso significa que las leyes y los
programas, particularmente los regímenes de pensión
no deben ser discriminatorios. Por ejemplo, están prohibidas
las prácticas discriminatorias basadas en creencias
religiosas. Sin embargo, la existencia de la Carta no significa que
todos los ciudadanos deben siempre ser tratados exactamente de la
misma manera. Por ejemplo, la Constitución permite poner en
práctica programas especiales destinados a mejorar la
situación de personas o de grupos desfavorecidos, tales como
mujeres, minorías visibles o impedidos.
Derechos lingüísticos
La Carta reconoce que el francés y el
inglés son los idiomas oficiales de Canadá y de Nuevo
Brunswick. Tienen una categoría y derechos y privilegios
iguales en cuanto a su uso en las instituciones del Parlamento y
del gobierno de Canadá y en las instituciones de la
Legislatura y del gobierno de Nuevo Brunswick.
Todos tienen el derecho de emplear el
francés o el inglés en los debates y trabajos del
Parlamento o de la Legislatura de Nuevo Brunswick. Las leyes,
archivos, los informes y las actas del Parlamento y de la
Legislatura de Nuevo Brunswick se imprimen y publican en los dos
idiomas. Todos tienen el derecho de emplear el francés o el
inglés en todos los procesos planteados a los tribunales
establecidos por el Parlamento o por los tribunales de Nuevo
Brunswick. Además, el público tiene el derecho de
emplear el francés o el inglés para comunicarse con
la sede o administración central de las instituciones del
Parlamento o del gobierno de Canadá o para recibir los
servicios; tiene el mismo derecho con respecto a toda otra oficina
de esas instituciones donde, según el caso: el empleo del
francés o del inglés sea objeto de una demanda
importante; o cuando la naturaleza de la oficina lo justifique. El
público tiene, en Nuevo Brunswick, el derecho de emplear el
francés o el inglés para comunicarse con cualquier
oficina de las instituciones de la legislatura o del gobierno o
para recibir servicios.
La Ley constitucional de 1867 y la Ley de 1870
sobre Manitoba estipulan que el público de Quebec y Manitoba
tiene el derecho de emplear el francés o el inglés en
los debates y los trabajos de la asamblea legislativa de esas
provincias y en todos los procesos planteados ante los tribunales
de ellas. Esas leyes establecen igualmente que las leyes de esas
provincias se deben adoptar y publicar en los dos idiomas. La Carta
protege esos derechos y obligaciones.
Derecho a la instrucción en el idioma de
la minoría
En las nueve provincias donde predomina el
inglés y en los territorios, los ciudadanos cuya lengua
materna sea el francés o que hayan recibido su
instrucción, en la escuela primaria, en francés en
Canadá o cuyos hijos hayan recibido o reciban su
instrucción, en el ciclo primario o secundario, en
francés en Canadá, tienen el derecho a hacer que sus
hijos reciban instrucción en ese idioma.
En Quebec, los ciudadanos que hayan recibido
su instrucción, en la escuela primaria, en inglés en
Canadá o cuyos hijos hayan recibido o reciban su
instrucción en inglés en Canadá, tienen el
derecho de hacer que sus hijos reciban instrucción en ese
idioma.
El derecho a recibir instrucción en el
idioma de la minoría fracófona o anglófona de
una provincia se ejerce en toda la provincia donde el número
de niños de los ciudadanos que tengan ese derecho sea
suficiente para justificar en su localidad la prestación de
la instrucción en el idioma de la minoría y
comprende, cuando el número de niños lo justifique,
el derecho de hacerlos instruir en establecimientos de
enseñanza de la minoría lingüística.
Derechos de los pueblos
autóctonos
Un cierto número de disposiciones de la
Carta y otras disposiciones de la Constitución protegen
expresamente los derechos de los pueblos autóctonos de
Canadá, que, por definición, incluyen a los indios,
los inuit y los mestizos. Esas disposiciones tienen el objeto, por
una parte, de reconocer y proteger los derechos y libertades
ancestrales y las emanadas de los tratados de los pueblos
autóctonos y, por otra parte, de ayudar a los pueblos
autóctonos a preservar su cultura, su identidad, sus
costumbres, sus tradiciones y sus idiomas. Ninguna
disposición de la Carta puede ser interpretada de manera de
limitar los derechos de que gozan los autóctonos en el
momento actual o de que gozarán eventualmente, por ejemplo,
conforme a los términos del reglamento de reivindicaciones
territoriales.
La Carta y los demás
derechos
Sería inexacto creer que la Carta enuncia todos los
derechos de que disponemos como ciudadanos de Canadá; la
Carta garantiza sólo ciertos derechos fundamentales. Los
demás derechos de que gozamos son conferidos por las leyes
federales, por el derecho internacional y el derecho
consuetudinario. Además, es evidente que el Parlamento o una
asamblea legislativa puede conferir otros derechos a los
ciudadanos.
La Constitución confirma el carácter multicultural
de la sociedad canadiense y reconoce que los derechos garantizados
por la Carta deben ser interpretados conforme a ese ideal.
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