FRA  |  ENG  |  ESP  |  POR 
   
 

LA APLICACIÓN DE LA LEY

La organización judicial

En Canadá, la Constitución distribuye los poderes relativos al sistema judicial entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales.

  • Las provincias son responsables expresamente de la administración de la justicia en sus territorios. Por tanto son responsables de la creación, mantenimiento y organización de los tribunales provinciales que tengan competencia en asuntos civiles y penales así como del procedimiento civil.

  • El gobierno federal, por su parte, tiene competencia exclusiva para nombrar y pagar a los jueces de las cortes superiores en cada provincia. El Parlamento tiene igualmente el poder de crear una corte general de apelaciones y de establecer tribunales adicionales para la mejor administración de las leyes de Canadá; es en virtud de este poder que el Parlamento ha creado la Corte Suprema de Canadá, la Corte Federal de Canadá y la Corte Canadiense de Impuestos. Además, el Parlamento tiene, en el marco de su competencia en materia penal, la competencia exclusiva en materia de procedimiento penal. La competencia del gobierno federal en materia de derecho penal y de procedimiento penal asegura el tratamiento justo y uniforme de los delincuentes en todo el país.

Las causas civiles y las causas penales

Ya se ha descrito la diferencia entre el derecho Aprivado" y el derecho "público". Conviene también establecer una distinción entre las causas "civiles" y las causas "penales". Una causa "civil" es una causa "privada", es decir un litigio entre dos particulares. En una causa "penal", es el Estado el que demanda en virtud de una ley de carácter público como el Código Penal, la Ley sobre estupefacientes o la Ley sobre la competencia. En Canadá, nuestros tribunales pueden oír causas civiles y causas penales. En las causas civiles sobre, por ejemplo, contratos o delitos, los tribunales aplican los principios del derecho consuetudinario en las nueve provincias y los dos territorios; en Quebec, en las causas civiles, los tribunales aplican las reglas del "derecho civil" tal como se enuncian en el Código Civil de la provincia.

Los tribunales en las provincias

El nombre de los tribunales difiere de una provincia a otra, pero el sistema judicial es aproximadamente el mismo en todo el territorio de Canadá. El sistema judicial de las provincias se divide en dos niveles: tribunales provinciales y cortes superiores.

Los tribunales provinciales

Los jueces de los tribunales provinciales son nombrados por los gobiernos de las provincias. Los tribunales provinciales tienen competencia para oír la mayoría de las causas penales y, en ciertas provincias, tienen competencia en materia civil cuando la cantidad de dinero de la causa no es muy elevada. También pueden abarcar tribunales especializados, tales como un tribunal para adolescentes y un tribunal de familia.

Cortes superiores

Los jueces de las cortes superiores son nombrados por el gobierno federal. El Parlamento fija su salario, y la edad de retiro obligatorio de esos jueces es a los 75 años. Las cortes superiores son las cortes de nivel más elevado en las provincias; tienen un poder de control sobre las decisiones de los tribunales inferiores.

Las cortes superiores tienen dos divisiones: una división de primera instancia y una división de apelaciones. Esas divisiones pueden funcionar en una sola corte, llamada Corte Suprema, formada por una división de primera instancia y una división de apelaciones. Las cortes superiores pueden también estar divididas en dos cortes independientes: la Corte Suprema o la Corte del Banco de la Reina que tiene competencia en primera instancia y la Corte de Apelaciones que oye las apelaciones. La división o la corte de primera instancia tiene competencia para oír causas civiles y penales más graves así como demandas de divorcio. La división o la corte de apelaciones tiene competencia para oír apelaciones a los veredictos emitidos por la división o la corte de primera instancia en materia civil y penal.

Los tribunales federales

La Ley constitucional de 1867 estipula que el Parlamento puede crear una corte general de apelaciones para Canadá y establecer tribunales adicionales para la mejor administración de las leyes de Canadá. La Corte Suprema de Canadá fue creada en virtud de ese poder; esa corte es el tribunal de último recurso en el país. Los nueve jueces que la componen representan las cinco principales regiones de Canadá; tres provienen de Quebec, en vista del régimen de derecho civil de esa provincia.

La Corte Suprema de Canadá es el tribunal superior del país. Ella juzga sobre las apelaciones a las decisiones expedidas por las cortes de apelaciones de las provincias y los territorios y por la Corte Federal de Canadá. Sus decisiones son finales.

La Corte Suprema de Canadá es llamada habitualmente a resolver importantes cuestiones de interpretación relativas a la Constitución o cuestiones complejas o controvertidas de derecho privado o de derecho público. El gobierno puede también solicitar la opinión de la Corte Suprema sobre asuntos jurídicos importantes. A veces, particularmente en ciertas causas penales, las partes pueden, de pleno derecho, interponer una apelación a la Corte Suprema. A menudo, las partes deben solicitarles a los jueces de la Corte Suprema permiso para apelar.

La Corte Federal y la Corte Canadiense de Impuestos fueron creadas en virtud de la misma disposición de la Ley constitucional de 1867. La Corte Federal de Canadá tiene competencia para juzgar sobre ciertos campos especializados, tales como los derechos de autor y de derecho marítimo. También posee un poder de control sobre las decisiones de los tribunales administrativos y la Comisión nacional de Apelaciones de Inmigración y la Comisión Nacional de Liberaciones Condicionales. Está compuesta por una sección de primera instancia y una sección de apelaciones.

El procedimiento en las causas civiles

Una demanda o acción civil será llevada ante los tribunales civiles cuando particulares o sociedades estén en desacuerdo sobre un asunto de orden jurídico tal como lo que se relacione a los términos de un contrato o la propiedad de un bien. Las heridas corporales causadas a un persona o los daños causados a los bienes de un particular pueden también dar lugar a una demanda civil. Así, la persona que se fracture una pierna al caer en la escalera exterior congelada de otra persona puede demandarla para obtener indemnización. La persona que demanda se llama el "demandante" y la persona que es demandada se llama el "demandado".

El procedimiento en una causa o "auto" civil puede ser bastante complejo. Además, la terminología empleada para describir las etapas del proceso no es uniforme en todo el país. En general, la causa implica tres fases: alegatos, interrogatorio previo y el proceso mismo.

La demanda comienza cuando el demandante interpone, ante el tribunal, un alegato en el que expone lo que reprocha al demandado así como las medidas de reparación que intenta obtener. Ese alegato es apelado de diferentes maneras según la práctica y las reglas de procedimiento del tribunal donde se presente: auto de comparecencia, escrito de pretensiones, declaración y solicitud. Para los fines de este folleto, puede ser llamado el acta incoativa de la instancia.

Cuando un acta incoativa de instancia se presenta al tribunal, un funcionario del tribunal puede tramitar la demanda. Para hacer eso, el funcionario pone el sello del tribunal sobre el acta incoativa y la firma en nombre del tribunal. Copias de esa acta se entregan al demandado.

El demandado debe entonces interponer una "defensa" ante el tribunal. Si no lo hace, corre el riesgo de perder la demanda, pues el tribunal supondrá que, dado que no se defiende, los alegatos del demandante son verdaderos. Si los hechos justifican las medidas de reparación solicitadas, el tribunal va a resolver que el demandado es "civilmente responsable".

El demandado puede sentir la necesidad de consultar a un abogado para que le asesore y le ayude a preparar la defensa. A menudo sucede que los abogados de las dos partes discuten la causa, con el objetivo de "solucionarla" antes de efectuarse el proceso. Si llegasen a ponerse de acuerdo, hay una "solución". Se puede arribar a una solución en cualquier momento antes que el juez pronuncie su decisión. En los hechos, sólo dos por ciento de las causas civiles dan lugar a un proceso.

Una vez que la declaración y la defensa se han interpuesto ante el tribunal, las partes tienen derecho a un "interrogatorio previo". Este interrogatorio que tiene lugar antes del proceso tiene por objeto precisar la demanda contra el demandado y permitir que cada parte tome conocimiento de los elementos de prueba que la otra parte pretende presentar ante el tribunal.

Una vez que se termina el interrogatorio previo, puede comenzar el proceso propiamente tal. En el proceso, le corresponde al demandante dar prueba de los hechos necesarios para establecer el fundamento de su demanda. En una causa civil, el demandante debe demostrar que es más probable que no que el demandado es responsable. El demandante no tiene que establecer la prueba "sin lugar a ninguna duda razonable" como es el caso en las causas penales.

El proceso en las causas civiles

El proceso en las causas civiles pretende demostrar si la demanda está fundada y, en caso afirmativo, qué medidas de reparación serían apropiadas. El juez oye a las dos partes con el objetivo de establecer los hechos del litigio. En seguida debe decidir si los hechos en cuestión permiten concluir que el demandado ha contravenido una regla de derecho, por ejemplo, si el litigio trata sobre un contrato, la regla según la cual toda parte de un contrato debe respetar sus obligaciones contractuales.

El proceso comienza por la presentación de los elementos de prueba por el demandante. El demandante cita los testigos para declarar en cuanto a los hechos y para entregar documentos, fotos u otros elementos de prueba. El demandado puede contra-interrogar a los testigos del demandante para verificar la veracidad de su testimonio. El demandado presenta en seguida sus elementos de prueba y cita a sus testigos. El demandante tiene igualmente el derecho de contra-interrogar a los testigos citados por el demandado.

Durante todo el proceso, el juez vela por que los elementos de prueba presentados así como las preguntas hechas, sean pertinentes. Por ejemplo, en general, el juez no permitirá una prueba de "oídas", es decir un testimonio basado en lo que un testigo haya oído decir a otra persona.

Al fin del proceso, el demandante y el demandado exponen el resumen de sus argumentos. En seguida, el juez examina los elementos de prueba que se le han presentado y toma una decisión fundada en los elementos más convincentes.

Según la naturaleza de la causa y el tribunal encargado de oírla, el demandado en una causa civil puede tener derecho a un proceso ante juez y jurado. En tal caso, el jurado debe evaluar los hechos mientras el juez determina el derecho aplicable. Al fin del proceso, el juez explica al jurado la prueba y el derecho aplicable. El jurado debe deliberar y dar su veredicto.

Las decisiones en las causas civiles

En las causas civiles, el juez rechazará la demanda si el demandante no establece el fundamento de ésta. No obstante, si el tribunal juzga que el demandado es responsable, debe a continuación determinar las medidas de reparación a acordar al demandante. Las medidas de reparación dependen de varios factores: la reparación demandada en el acta incoativa, los hechos y la competencia del tribunal correspondiente en materia de reparación.

Las medidas de reparación se dividen en tres categorías: pagos por daños y perjuicios, los juicios declaratorios y las órdenes de hacer o no hacer ciertas cosas.

Los pagos de daños y perjuicios son la reparación más frecuentemente acordada. La cantidad de daños y perjuicios es fijada habitualmente por el juez o el jurado. Éste tendrá en cuenta los gastos incurridos por el demandante y, cuando la ley así lo autorice, una cantidad global adicional será acordada al demandante por indemnización por la pérdida sufrida y por las pérdidas que podría sufrir en el futuro. Aun cuando el juez o el jurado pueden tener en cuenta la cantidad solicitada por el demandante en el acta incoativa, no está obligado a otorgar esa cantidad; puede conceder una cantidad menor que la solicitada.

En Canadá, los daños y perjuicios acordados pretenden indemnizar al demandante por la pérdida sufrida. No obstante, el juez o el jurado puede a veces acordar daños y perjuicios "ejemplares" además de los demás daños y perjuicios. Esos daños y perjuicios son acordados habitualmente cuando la ley lo estipula expresamente o, en la mayoría de las administraciones, cuando el juez o el jurado está convencido de que la conducta del demandado es tan reprensible que se deben acordar daños y perjuicios adicionales para reflejar la reprobación de la colectividad.

Los juicios declaratorios permiten que el tribunal enuncie o declare los derechos de las partes. Por ejemplo, cuando un tribunal interpreta un testamento o un contrato, su decisión es de naturaleza declaratoria. Lo mismo ocurre cuando el tribunal se pronuncia sobre la propiedad de un bien mueble o inmueble.

Numerosas medidas de reparación pretenden obligar a una persona a hacer o no hacer ciertas cosas. La más frecuente de esas medidas es el "mandato judicial". El mandato judicial puede prohibirle a alguien que realice ciertas acciones, por ejemplo, importunar a los vecinos quemando basura. El mandato judicial puede también forzar a alguien a realizar una acción, por ejemplo, sacar un auto cacharriento del terreno del demandante.

Otra medida de reparación que pretende obligar a una persona a hacer algo es la "ejecución forzosa". Esta medida es la acordada con mayor frecuencia cuando el demandado no ha respetado el contrato firmado con el demandante. Por ejemplo, tomemos el caso de un demandado, el Sr. Tremblay, que no respeta el contrato por el cual se ha comprometido a vender su casa a la demandante, la Sra. Leblanc. En lugar de otorgar daños y perjuicios, el juez podría ordenarle al Sr. Tremblay que respete su contrato y le venda su casa a la Sra. Leblanc al precio convenido.

El mandato judicial y la orden forzosa no son medidas de reparación que se acuerden automáticamente. En cada caso, el tribunal tiene el poder discrecional de imponer una orden o acordar daños y perjuicios. Las circunstancias en que ese poder discrecional puede ejercerse son el objeto de un gran número de decisiones judiciales.

El procedimiento en las causas penales

A diferencia de un auto civil, una causa penal no es un conflicto entre particulares, aun cuando a menudo las personas sufran un daño material o sean heridas por los infractores. El delito interesa a la sociedad en su conjunto. Eso explica que habitualmente sea el Estado, y no un particular, el que inicia la causa en materia penal. La persona a la que se le reprocha una infracción se llama el "acusado".

Las infracciones penales están previstas en el Código penal y en otras leyes federales. Se dividen en dos categorías: las "infracciones punibles por procedimiento sumario" y los "actos delictivos". Ciertas infracciones se llaman "mixtas", pues el infractor puede, a su discreción, recurrir al procedimiento sumario o proceder por vía de la acusación.

La persona acusada de un infracción punible por procedimiento sumario comparece ante un juez de la corte provincial y el proceso de desarrolla por lo común "sumariamente", es decir, ante ese juez y sin que hayan otros procedimientos. La pena máxima por ese tipo de infracción es generalmente una multa de $2.000 o una pena de cárcel de seis meses o las dos penas a la vez. Los actos delictivos son infracciones más graves. En la mayoría de los casos, el acusado puede elegir ser juzgado por un juez de un tribunal superior o incluso un juez de un tribunal superior y un jurado. En el caso de un acto delictivo, puede haber en primer lugar una "investigación preliminar" en que un juez examina los elementos de prueba con el fin de determinar si la prueba es suficiente para enviar al acusado a proceso. Si el juez estima que la prueba es insuficiente, la causa se abandona. Si no, ordena el inicio de un proceso.

La persona acusada de una infracción no es necesariamente arrestada por los policías. Después de la presentación de una denuncia, se le puede entregar al acusado un simple "comparendo". Un comparendo es una orden de comparecer ante el tribunal en la fecha fijada para responder a la acusación. Sin embargo, si el acusado es arrestado, deben seguirse ciertos procedimientos destinados a proteger los derechos que le garantiza la Carta. No hay que olvidar nunca que todo acusado se presume inocente mientras no haya sido declarado culpable.

Los policías que arrestan o detienen una persona deben informarle sin demora sobre su derecho a la asistencia de un abogado; deben también informarle de los motivos de su arresto o detención y de la infracción precisa que se le reprocha.

Toda persona arrestada o detenida tiene el derecho de comparecer en el plazo más breve ante un juez o un juez de paz (habitualmente dentro de 24 horas), a menos que los policías la dejen en libertad antes, a fin de obtener una decisión respecto a su "puesta en libertad bajo fianza". Las investigaciones sobre la fianza se llaman a veces audiencias de "justificación", porque el fiscal debe demostrar porqué el acusado no debe ser puesto en libertad. La liberación de un acusado puede ir acompañada o no de condiciones. Un juez rehusará poner en libertad bajo fianza a un acusado solamente cuando tenga muy buenas razones para hacerlo.

Todo inculpado tiene el derecho de ser juzgado en un plazo razonable.

El proceso en las causas penales

El proceso en materia penal es un asunto grave, pues están en juego la vida y la libertad del acusado y éste corre el riesgo de tener que soportar los estigmas asociados con una declaración de culpabilidad. Esa es la razón por la que el derecho consuetudinario y la Carta establecen protecciones especiales. Así, la causa debe probar sin lugar a duda razonable que el acusado es culpable de la infracción de que se le acusa. Además, si un juez concluye que los elementos de prueba fueron obtenidos en condiciones que violan los derechos garantizados al acusado por la Carta y que su utilización podría desacreditar la administración de la justicia puede declarar inaceptables esos elementos de prueba.

En materia penal, los procedimientos judiciales no pueden obligar al acusado a declarar. Éste último puede no obstante presentarse al banquillo de testigos si lo desea.

Las decisiones en las causas penales

Si el acusado es declarado no culpable, es absuelto y puesto en libertada. Pero si es declarado culpable de un delito, el juez debe decidir la pena que se le debe dar.

Para tomar esa decisión, el juez debe tener en cuenta numerosos factores, particularmente la gravedad del delito, las penas previstas en el Código penal o las otras leyes, la necesidad de impedir o desalentar al infractor o toda otra persona de cometer delitos parecidos y las posibilidades de rehabilitación del infractor.

Hay varios tipos de penas y el juez puede decidir recurrir a una combinación de éstas. Entre las penas que se pueden dar, mencionaremos las siguientes:

La multa: Una suma de dinero que puede llegar a miles de dólares.

Indemnización: Una orden que exige que el infractor indemnice a la víctima por las heridas, las pérdidas o el perjuicio sufrido.

Libertad condicional: Una orden de liberación sujeta a condiciones.

Trabajos comunitarios: Una orden por la cual se exige que el infractor ejecute un cierto número de horas de trabajo voluntario en beneficio de la colectividad.

Encarcelamiento: El encarcelamiento en una prisión o una penitenciaría. El infractor condenado a encarcelamiento de dos años o más cumplirá su pena en una penitenciaría federal; el que sea condenado a cárcel por menos de dos años cumplirá su pena en una prisión provincial.

Sin embargo, la ley no obliga siempre al juez a inscribir una declaración de culpabilidad. En ciertas circunstancias, el juez puede acordar al infractor una absolución incondicional o una absolución "bajo condición". En el caso de una puesta en libertad bajo condición, el infractor debe respetar las condiciones fijadas por el juez, si no podrá comparecer de nuevo ante el tribunal y recibir una pena más severa. La absolución evitará que la persona concernida tenga un expediente judicial.

El derecho de apelación

Ningún sistema es perfecto. A pesar de todas las precauciones que se puedan tomar, siempre es posible que el tribunal cometa un error. En consecuencia, en nuestro sistema de justicia, el derecho a interponer una apelación al fallo de un tribunal constituye una protección importante.

En la mayoría de los casos civiles y penales, el fallo expedido por un tribunal puede ser apelado ante un tribunal superior. Cuando la ley no prescribe una apelación de pleno derecho, es necesario solicitar la "autorización" para apelar ante el tribunal superior competente. El tribunal superior puede rechazar la autorización de apelar o confirmar o invalidar el fallo del tribunal inferior. En ciertos casos, el tribunal superior ordena la realización de un nuevo proceso. En materia civil, una u otra parte puede ejercer este derecho de apelación. En un caso penal, la apelación puede ser interpuesta ya sea por el fiscal ya sea por el acusado. A veces, la apelación trata sólo sobre la cantidad de los daños y perjuicios o la severidad de la pena infligida. Por ejemplo, el acusado puede solicitar a un tribunal superior que reduzca la pena que se le dio o el fiscal puede solicitar una pena más severa.

Los tribunales administrativos

Hay numerosas normas y reglamentos administrativos que son tratados fuera de los procesos judiciales oficiales. Los diferendos en materia de permisos de radiodifusión, de seguro de desempleo, de normas de seguridad del trabajo o de reglamentos relativos a la salud, por ejemplo, pueden resolverse en ministerios federales o provinciales o incluso en organismos administrativos especiales. Entre esos organismos especiales, mencionaremos especialmente la Comisión de Seguro de Desempleo, el Consejo de Radiodifusión y Telecomunicaciones de Canadá, las comisiones de relaciones de trabajo y las comisiones que tienen competencia con respecto a casos de refugiados.

El procedimiento aplicable en esos organismos administrativos es habitualmente más simple y menos formal que el de los tribunales ordinarios. Sin embargo, para asegurarse que esos organismos no sobrepasen los límites de la competencia que la ley les confiere, y que sus procedimientos sean justos, sus decisiones y sus debates pueden ser objeto de un control judicial. En cuanto a los organismos federales, ese control es ejercido por la Corte Federal de Canadá.

La Ley sobre los jóvenes infractores

Hay factores especiales que se toman en cuenta cuando las infracciones criminales son cometidas por adolescentes. Por ese motivo el Parlamento adoptó la Ley sobre los jóvenes infractores que se aplica a los adolescentes de 12 a 17 años inclusive. La Ley reconoce que los adolescentes deben asumir la responsabilidad de sus delitos, aun cuando no se les exija en todos los casos el mismo grado de responsabilidad.que a los adultos Es en interés de la sociedad velar por que el mayor número posible de jóvenes infractores sean rehabilitados y se conviertan en ciudadanos productivos.

La Ley les otorga a los adolescentes derechos y protecciones que van más allá de los que gozan los adultos. Además, reconoce que los adolescentes tienen necesidades especiales y están en una situación particular que es necesario tener en cuenta al momento de tomar una decisión conforme a los términos de la Ley. La declaración de principios, contenida en la Ley, reafirma esas reglas.

La Ley establece que el tribunal para adolescentes tiene competencia para oír todas las causas que demanden a un adolescente. Los adolescentes no tienen el derecho a un proceso ante juez y jurado, pero gozan de derechos y protecciones acordadas a los adultos, tales como la presunción de inocencia y la obligación de probar su culpabilidad sin lugar a duda razonable. Además, los adolescentes tienen el derecho a los servicios de un abogado.

La Ley establece la aplicación de "medidas alternativas" antes que el recurso a los procedimientos judiciales formales. En general, esas medidas están limitadas a las infracciones menores de que se acusa a los adolescentes que no tengan antecedentes. Esas medidas son expeditivas, informales y minimizan los estigmas adscritos a una comparencia ante el tribunal. El recurso al procedimiento ordinario, más costoso, se reserva para las infracciones más graves.

Los jóvenes infractores que sean declarados culpables de una infracción en virtud de la Ley son objeto de una "decisión" (o pena) que puede consistir en una absolución incondicional, una multa de hasta mil dólares, una orden de restitución o indemnización, una orden de trabajos comunitarios que no sobrepasará de 240 horas, una orden de libertad condicional probatoria de hasta dos años o una orden de custodia combinada con supervisión comunitaria de hasta cinco años menos un día.

En el caso de infracciones más graves, el adolescente de 14 años o más puede ser enviado ante un tribunal para adultos. Si un juez del tribunal para adolescentes ordena que sea enviado, el proceso se celebrará ante el tribunal para adultos. Si el adolescente es declarado culpable por ese tribunal, la pena será determinada conforme a los principios aplicables a los adultos. Por ejemplo, si la pena para un adulto fuera prisión perpetua, al adolescente se le infligirá la misma pena.

La asesoría jurídica

Es importante que la persona con problemas de orden jurídico consulte un abogado para obtener asesoría. Por su formación, los abogados son competentes para prestar tales servicios. Pueden representar a sus clientes en causas civiles y penales. Además, pueden dar consejos y ayudar a sus clientes en todas las situaciones que requieren un conocimiento de la ley, por ejemplo, en la compra o venta de una casa.

En Quebec, la profesión jurídica comprende abogados y notarios. Los notarios tratan principalmente asuntos contractuales, particularmente inmoviliarios. No pueden representar a sus clientes ante los tribunales, salvo en las causas no litigiosas. En el resto del país, los abogados pueden prestar el conjunto de los servicios jurídicos. Sin embargo, muchos abogados no practican sino en un solo campo del derecho. Así ciertos abogados se especializan en derecho penal, mientras que otros se especializan en derecho fiscal.

La asistencia de un abogado es particularmente importante para cualquier persona acusada de un crimen, porque la declaración de culpabilidad puede tener consecuencias graves. Sin embargo, puede suceder que el acusado no tenga los medios de pagar los servicios de un abogado. Para remediar esa situación, el gobierno federal y los gobiernos provinciales han puesto en marcha un programa por el cual comparten los costos de esos servicios jurídicos; es necesario cumplir con ciertas condiciones para recibir los servicios. En el marco de ese programa, las provincias proporcionan ayuda jurídica a toda persona admisible acusada de una infracción que pueda ser castigada con pena de cárcel o que le impida ganarse la vida. Ciertas provincias tienen también un programa de ayuda jurídica para las causas civiles, tales como en materia de derecho de la familia.