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Descripción del procedimiento de extradición

Las pretensiones de realización de la ley penal se hallan limitadas como consecuencia del hecho de mediar una común estructuración de la justicia punitiva de los diversos países sobre la base preferente del principio territorial. La pluralidad de Estados y correlativas soberanías determinan que ese alcance efectivo que todo Estado tiene de someter a juicio a quien se le imputa la violación de una norma de caracter penal o hacerle cumplir una condena ya pronunciada en virtud del delito cometido, encuentre un obstáculo insalvable en la circunstancia de que ese poder exclusivo y excluyente coexista con otros similares que, al igual que el propio, se edifican sobre la idea de la impenetrabilidad del orden jurídico, impidiendo, de tal manera, la actuación de la ley penal nacional fuera de sus fronteras. Esa impenetrabilidad puede ser autolimitada por el propio Estado interesado, obligándose a cumplir con los tratados y convenciones que haya suscripto. De esta forma, ante la ausencia de dichos tratados, sin el consentimiento expreso del Estado requerido que accede a la entrega, resulta imposible la pretensión extranjera. Para evitar tal impunidad las naciones se valen de la extradición, que consiste en la entrega que hace un Estado de un individuo que se halla en su territorio, a otro Estado que lo reclama a fin de someterlo a juicio o para que cumpla o termine de cumplir la penalidad que ya le fuera impuesta.

Ahora bien, es importante resaltar que en casos de suma urgencia es posible solicitar el arresto provisorio con fines de extradición de una persona. Dicha solicitud podrá emitirse a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). Debe destacarse que nuestra legislación (Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal - 24.767) establece como procedente las solicitudes cursadas por esta vía, razón por la cual una orden de captura internacional dictada por una autoridad competente y emitida a través del sistema de INTERPOL es plenamente eficaz para el ordenamiento jurídico argentino. Asimismo, la solicitud de arresto provisorio también podrá efectuarse por la vía diplomática, observando los extremos establecidos en cada tratado o, ante su inexistencia, en la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767).

Finalmente, cabe destacar que las solicitudes formales de extradición deberán ser transmitidas exclusivamente por la vía diplomática, en cumplimiento del tratado aplicable o, ante su inexistencia, de la legislación argentina.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Como se dijo anteriormente, la solicitud formal de extradición y toda otra documentación que se envíe posteriormente deberá ser cursada por la vía diplomática. Así, una vez que la representación diplomática del país requirente formule la solicitud acompañando la documentación respaldatoria, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería argentina verificará que la misma observe los requisitos formales exigidos en el tratado aplicable o, ante su inexistencia, en la legislación interna. Si fuere el caso, podrá reservar la actuación hasta tanto el Estado requirente subsane las eventuales falencias formales que pueda contener la solicitud.

Si se resolviere dar curso al pedido se iniciará el trámite judicial a través del Ministerio Público Fiscal, quien representará en esta etapa el interés por la extradición. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que el Estado requirente podrá inrvenir como parte en el trámite judicial por medio de apoderados.

Cabe destacar que en cualquier estado del proceso, la persona requerida podrá prestar su consentimiento libre y expreso a ser extraditada. En este caso, el juez resolverá sin más trámite.

Será competente para conocer en un caso de extradición el juez federal con competencia penal que tenga jurisdicción territorial en el lugar de residencia de la persona requerida y que este en turno al momento de darse intervención judicial. Recibido el pedido de extradición, el juez federal librará orden de detención de la persona requerida si es que ya no se encontrare privada de su libertad. Dentro de las 24 horas de producida la detención se llevará a cabo una audiencia de identificación, informándose los detalles de la solicitud de extradición.

Una vez cumplido dicho trámite, el juez dispondrá la citación a juicio de extradición. En el juicio no se podrá discutir acerca de la existencia del hecho imputado o de la culpabilidad del requerido, restringiéndose el debate a las condiciones exigidas por el tratado aplicable o, ante su inexistencia, por la legislación interna.

El juez resolverá si la extradición es o no procedente. Si se resolviera que la extradición es procedente la sentencia se limitará a declarar dicha procedencia. Si se resolviera que no es procedente, la sentencia definitivamente decidirá que no se concede la extradición. En cualquier caso, la sentencia será susceptible de recurso de apelación ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ante la sentencia firme, si el tribunal hubiese denegado la extradición, la Cancillería argentina informará tal circunstancia al Estado requirente, remitiendo copia de la misma. Ahora bien, en caso contrario, sin perjuicio de que el tribunal hubiere declarado la procedencia de la extradición, el Poder Ejecutivo podrá resolver su denegatoria si existieren especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden públicos u otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido.

Decidida definitivamente la solicitud de extradición, no se dará curso a ningún nuevo pedido basado en el mismo hecho, salvo que no se hubiese accedido a la extradición en virtud de la incompetencia del Estado requirente para entender en el delito que motivó el pedido. En ese caso la extradición podrá ser nuevamente solicitada por otro Estado que se considere competente.

Si la extradición hubiese sido concedida, el Estado requirente deberá efectuar el traslado de la persona reclamada en el plazo previsto en el tratado aplicable o, en su defecto, dentro de los 30 días corridos contados a partir de la notificación oficial de la Cancillería. Sin perjuicio de ello, la entrega se postergará si el requerido se encontrare sometido a proceso penal en trámite o cumpliendo efectivamente una pena privativa de la libertad, hasta que el proceso termine o se cumpla la pena; o si el traslado resultare peligroso para la salud del requerido a causa de una enfermedad, hasta que se supere ese riesgo.

Finalmente, cabe aclarar que si el requerido en extradición fuese nacional argentino, podrá optar por ser juzgado por los tribunales argentinos salvo que fuere aplicable al caso un tratado que obligue a la extradición de nacionales. La calidad de nacional deberá haber existido al momento de la comisión del hecho imputado y subsistir al momento de la opción. Si el nacional ejerciere la opción, la extradición será denegada. El nacional será juzgado en el país, según la ley penal argentina, siempre que el Estado requirente preste conformidad para ello, renunciando a su jurisdicción, y remita todos los antecedentes y pruebas que permitan el juzgamiento.