Resoluciones Asamblea General


Los desplazados internos por la violencia:
un problema fundamental en
Colombia

Por Gustavo Zafra Roldán *
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.

Introducción

La terminación de la guerra fría evidenció la complejidad del problema de los desplazados internos en varios lugares del globo, 1 al igual que sus dimensiones políticas, sociales, económicas, psicológicas y jurídicas. En efecto, el número de personas afectadas en el mundo resalta la necesidad de considerar a las personas desplazadas con la misma o con más atención con la que se considera a los refugiados en el mundo. Se calcula que el número de desplazamientos internos en el mundo aumentó a 25-30 millones de personas, mientras que el número de refugiados disminuyó a 14.4 millones (Cohen, 1996: 20). La situación, que comienza a preocupar a la comunidad internacional, es protagonizada por varias naciones en desarrollo entre las cuales, desafortunadamente, Colombia ocupa un lugar preeminente.      

Nos proponemos hacer una aproximación conceptual a las condiciones de los desplazados en Colombia con el fin de que sirvan de base para la formulación de una política integral de corto, mediano y largo plazo. Gran parte de la discusión se centra en la situación de los desplazados y deja a un lado la de los refugiados por tres razones centrales. Primero, porque a diferencia de lo que sucede en otros países, los colombianos no suelen buscar refugio en otras naciones ni invocar la protección de organismos internacionales. 2 Segundo, porque las causas que motivan las movilizaciones al extranjero son las mismas que generan desplazamientos internos. 3 Finalmente, porque los desplazamientos merecen mayor atención en el país por las enormes consecuencias socioeconómicas y políticas que producen. 4

Principales causas y características del desplazamiento interno en Colombia

La violencia que caracteriza el acontecer político colombiano desde mediados del siglo XX ha sido acompañada por un proceso paralelo de desplazamientos internos. El conflicto armado, la delincuencia común, la lucha por la tenencia de la tierra, la ineficacia del sistema judicial y la ausencia de mecanismos eficientes para la solución pacífica de controversias entre ciudadanos, son algunas de las causas de la violencia en Colombia, que a su vez, originan desplazamientos internos. La gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil colombiana coinciden en señalar que la causa principal del desplazamiento es la violencia política (estado-grupos guerrilleros), la violación masiva de derechos humanos y el irrespeto constante de las normas del derecho internacional humanitario que buscan proteger la población civil. Las poblaciones afectadas, por su parte, señalan que los actores que con mayor frecuencia obligan los desplazamientos son la guerrilla (31.87%), los paramilitares (21.08%) y el ejército (19.56%) (Conferencia Episcopal Colombiana, 1995), todos sujetos activos o pasivos de amenazas, atentados, homicidios, y en menor medida, torturas, bombardeos, desalojos, miedo y reclutamientos forzosos.

     La dinámica del conflicto armado colombiano hace que se presenten luchas permanentes por disputar el poder territorial y por asegurar la lealtad de la población (Reyes Posada, 1994, ANUC-UR, 1997). En el proceso, aparecen un número importante de discrepancias en las zonas de violencia entre los campesinos y sus organizaciones representativas, por una parte, y los terratenientes, por la otra. Claramente, detrás del conflicto armado en el que participan la Fuerza Pública, los paramilitares y los grupos guerrilleros existe un conflicto social agrario muy serio que protagonizan los campesinos y los grandes propietarios de tierra en el país. 5 Ambos conflictos conviven, especialmente en zonas en las cuales hay fuertes intereses comerciales tales como la zona bananera del Urabá, las áreas de explotación de petróleo y la región de minas de oro y plata en el nordeste antioqueño (Romero, 1993: 87). 6

     La discusión anterior indica que las causas inmediatas de los desplazamientos internos son la violación de los derechos humanos políticos y civiles de las personas afectadas, la falta de aplicación de las normas del derecho internacional humanitario y la violencia generalizada. De acuerdo con la Consulta sobre Desplazamiento y Refugio en la Región Andina realizada en Lima en 1993, estas causas se manifiestan físicamente a través de asesinatos, masacres, desapariciones forzosas, secuestros, torturas, bombardeos, destrucción de viviendas, detenciones ilegales, allanamientos sin requisitos legales y abuso sexual de las mujeres (Vargas, 1994). Esta lista es complementada por otras organizaciones que resaltan la importancia de incluir (a) las devastaciones del medio ambiente (Raper, 1996: 20); (b) los operativos antinarcóticos (Valencia, 1993: 47); (c) las contrarreformas agrarias impulsadas por los narcotraficantes a través de la compra de grandes extensiones de tierra; (d) la militarización de la lucha antinarcóticos con las consecuentes violaciones de derechos humanos que se derivan de esta decisión, y (e) el uso de minas como sucedió en América Central (ICRC, 1995 (a)).

      La interacción de esta diversidad de causas creó en Colombia un fenómeno de desplazamientos con características peculiares dentro del contexto mundial. En particular, las formas de desplazamiento, las estimaciones numéricas, las zonas de orígen y de destino de los desplazados, y el número de actores estatales y no estatales involucrados en el tema, son cuatro factores que indican las condiciones especiales del fenómeno en el país. Las formas de desplazamiento de acuerdo con el número de desplazados, pueden ser, éxodos campesinos, desplazamientos familiares y desplazamientos individuales. Aun cuando cada una de estas categorías supone la elaboración de soluciones diferentes, sólo los éxodos campesinos suelen recibir la atención de las autoridades a nivel nacional, departamental y municipal. 7 Las otras dos categorías, por el contrario, tienen un perfil más bajo dentro del país, lo cual, a su vez, hace que las soluciones de corto y de largo plazo para estas comunidades sean postergadas indefinidamente. En ambos casos, sin embargo, el fenómeno es aceptado por la gran mayoría de colombianos como algo normal dentro de la historia contemporánea del país, lo cual le imprime la característica de ser un problema inaparente (Vargas, 1993: 116).

     Otro tipo de categorías consultan la duración del fenómeno. De acuerdo con esta perspectiva, hay tres grupos diferenciables: (a) desplazamientos temporales ocasionados por las acciones de los actores del conflicto armado; (b) desplazamientos definitivos en los cuales los campesinos no retornan y prefieren asentarse en ciudadades o en otros territorios, y (c) desplazamientos intermitentes en los cuales los campesinos retornan y se desplazan nuevamente en varias oportunidades (Romero, 1995: 251).

     Por lo general, las mencionadas formas de desplazamiento afectan a comunidades campesinas. En menor intensidad, se presentan casos de activistas de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, dirigentes políticos, indígenas, trabajadores bananeros, trabajadores de industrias petroleras y metalmecánicas, profesores y comunidades negras. 8

Los esfuerzos recientes para cuantificar el desplazamiento interno en Colombia, en segundo lugar, permiten conocer con mayor precisión algunas de las características del fenómeno. El principal de ellos, realizado por la Conferencia Episcopal Colombiana (1995) ofrece varias estadísticas, algunas de las cuales son presentadas en el Cuadro 2.

Cuadro 2

Características numéricas del desplazamiento interno en Colombia


1. Número de personas desplazadas (1985-1995): 586.261 9

2. Número de familias afectadas (1985-1995): 108.301

3. Composición: 58,2% mujeres (de las cuales 24,6% son cabezas de familia), 72% menores de 25 años. 10

4. Profesión: 40,7% asalariados agrícolas y/o pequeños y medianos campesinos. Otras categorías: comerciantes, empleados, obreros, maestros, ganaderos, vendedores ambulantes y profesionales.

5. Nivel de educación: 16,05% sin educación, 51% sólo con primaria.

6. Ayuda humanitaria antes del desplazamiento: 83,3% no la recibieron.

7. Propiedades: 69,32% con vivienda propia que pierden luego del desplazamiento.


     Las cifras presentadas en el Cuadro anterior son un indicativo que debe interpretarse con cautela por la dificultad de recopilar información sobre desplazados. El problema central radica en que, a diferencia de lo que sucede en muchas otras naciones, las personas afectadas en Colombia normalmente se movilizan en grupos pequeños de pocas familias o individuos (Deng, 1994: 6), y en silencio para para evitar ser identificados como refugiados o desplazados (Deng, 1994: 6, Borgen, 1995: 7). 11

     El tercer factor que permite una caracterización del desplazamiento interno en Colombia son los sitios de origen y de destino de los desplazados. Lo que refleja el Cuadro 3 con respecto a los lugares de origen coincide, en líneas generales, con las zonas de alta actividad guerrillera y con las regiones con una presencia considerable de narcotraficantes y latifundistas tradicionales (Reyes Posada, 1994). 12 En los lugares de destino, por su parte, sobresale Bogotá que a lo largo del tiempo se convirtió en un gran receptor de población desplazada que complica los retos de planificación urbana y de empleo (Romero, 1993: 75).

Cuadro 3

Zonas afectadas por desplazamientos

Lugares de orígen

Lugares de destino


Antioquia, Santander, Meta, Córdoba, Boyacá, Cauca, Bolívar, Norte de Santander, Cesar, Arauca, Magdalena, Cundinamarca, Caquetá, Valle, Huila, Sucre, Caldas, Magdalena Medio, Casanare, Arauca, Meta, Guaviare, Tolima y Huila.

Principalmente otras zonas rurales o ciudades tales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras 27 ciudades intermedias adicionales por todo el país.

Fuente: Conferencia Episcopal Colombiana (1995); Reyes Posada (1994).

     Finalmente, el alto número de actores involucrados con los desplazados es una cuarta característica que hace de Colombia un caso muy particular: alrededor de veinte ONG’s y otro tanto de entidades estatales directamente vinculadas al tema. Esta dimensión evidencia las enormes dificultades para negociar soluciones en un tema que día a día se politiza con más intensidad y con serias consecuencias sobre la capacidad del estado de convocar alrededor del mismo.

TRATAMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS DESPLAZADOS EN COLOMBIA

Las políticas gubernamentales para la atención de los desplazados tiene como punto de partida que el conflicto armado va a continuar por lo menos en el mediano plazo (Las iniciativas de paz propuestas por el gobierno Samper mencionan un lapso de tiempo dilatado de hasta cinco o siete años). Sobre esta base, debe atenderse al desplazado dentro del conflicto, lo cual enmarca la iniciativa en el Derecho Internacional Humanitario, en tanto constituye una regulación de la guerra, particularmente el artículo tercero común de los Acuerdos de Ginebra, que trata los conflictos internos.

La precisión anterior resulta fundamental para entender el ámbito de una política institucional de apoyo a los desplazados, cuyos alcances no permiten una solución definitiva del problema, pues resulta evidente que tal posibilidad se identifica claramente con la solución del conflicto interno, es decir, con la política de paz.

Por otra parte, si se quieren diseñar soluciones de mediano y largo plazo para los desplazados, nos estaremos moviendo nuevamente en un marco más amplio que es el de las políticas sociales del Estado, ya que las necesidades del desplazado en poco difieren de las que tiene la totalidad de la población marginada del País.

En 1994, el Ejecutivo diseñó una política nacional para la atención a los desplazados, que se ha venido evaluando y complementando con la participación activa de ONG’s, Organizaciones Internacionales, la Iglesia Católica y la Universidad , hasta llegar a la institucionalización legislativa a través de la Ley 387 de agosto de 1997, y la creación de una Consejería Presidencial para los Desplazados, encargada de coordinar las iniciativas estatales y privadas en torno al tema.

La Ley tiene como fundamento la consagración de la responsabilidad expresa del Estado en torno a la formulación de políticas y la adopción de las medidas para la prevención, atención, protección y consolidación y estabilización socieconómica de los desplazados. Estas actividades del Estado se dirigen a los desplazados que han sido definidos en los términos de la Declaración de Cartagena de 1984 y las Convenciones de Ginebra de 1951 y 1967; dicha actividad se enmarca en una serie de principios aceptados por el derecho internacional de la movilidad humana tales como el derecho al retorno, a la ayuda humanitaria, a la unificación familiar, etc..

La consagración de la responabilidad estatal adquiere una relevancia mayor si se tiene en cuenta que en Colombia existe una acción constitucional que permite a cualquier persona solicitar ante un juez el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.

Sobre las bases expuestas la Ley constituyó un Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia integrado por un Consejo Nacional de alto nivel que traza las políticas; un organismo ejecutor y coordinador que es la Consejería Presidencial para los Desplazados y unas entidades descentralizadas en el nivel regional y municipal. En principio las Organizaciones no Gubernamentales forman parte del sistema pero sin que se haya determinado hasta ahora los términos de su participación.

La actividad del Sistema estará orientada por un Plan Nacional, diseñado con base en una Red Nacional de Información que intenta solucionar el problema de la disponibilidad de datos confiables sobre el fenómeno del desplazamiento.

     Desde el punto de vista metodológico y operativo hubo consenso en torno a la necesidad de establecer varias etapas de acción durante la ejecución de políticas dirigidas a asistir individuos desplazados. En este campo se trata de encontrar soluciones integrales trabajando en el marco de un contínuo que comienza con el alivio de una situación de emergencia y termina en las solución definitiva de desarrollo. Desde este punto de vista, hay cuatro fases para la solución de los desplazamientos:

Fase I: Prevención La idea de esta fase es anticiparse a situaciones que puedan causar desplazamientos. Para ello hay quienes proponen el establecimiento de mecanismos de alerta temprana como mecanismo preventivo (Valencia, 1994 (b)).

Fase II: Atención Humanitaria de Emergencia Consiste en el conjunto de acciones dirigidas a atender las necesidades inmediatas de los desplazados. Aquí intervienen la consejería presidencial para los Desplazados, la Cruz Roja y la Red de Solidaridad Social para proveer cuestiones básicas de salubridad y alimentación. Esta etapa es supremamente importante en los sitios de ubicación temporal de desplazados por las emergencias sanitarias causadas por hacinamiento, inadecuadas condiciones de ventilación e iluminación, enfermedades infecciosas, servicios sanitarios deficientes, etc.

Fase III: Retorno 13 Se trata de crear una serie de condiciones que permitan que los desplazados inicien una vida en un lugar nuevo, o regresen en condiciones de seguridad al lugar de partida. Para facilitar la implementación de esta fase, se hacen recomendaciones para la repatriación de refugiados que son de gran utilidad para el retorno de desplazados (Forbes, 1989: 20-21). De acuerdo con varios estudios, se requiere (i) definir la magnitud de los retornos que serán promovidos por el estado colombiano y por las ONGs especificando en cada caso el tamaño del grupo, el número de lugares de retorno, el número de organizaciones que prestan ayuda y los fondos disponibles para ejecutar los programas; (ii) analizar el contexto en el cual se lleva a cabo el retorno en términos de las fuerzas internas que puedan oponerse a esa ubicación; (iii) definir los mecanismos de asistencia que necesitan los desplazados y coordinar una buena distribución de funciones para evitar duplicidad de esfuerzos e ineficiencia; (iv) relacionar los esfuerzos de retorno o reubicación con los planes generales del estado en materia de seguridad para que esto forme parte de una estrategia general de paz; (v) planificar un sistema de protección a quienes retornen que prevenga situaciones futuras similares, y (vi) considerar de manera especial la situación de las mujeres, los niños, los ancianos y los incapacitados.

Fase IV: De la consolidación y estabilización socioeconómica. Finalmente, en esta fase se llevan a cabo planes de desarrollo para dar autonomía económica a los desplazados. Lo importante es que los afectados sean partícipes de opciones económicas individuales, familiares o colectivas dependiendo del tipo de desplazamiento. Para ello es necesario contar con propuestas de autogestión tales como proyectos de economía solidaria y microempresas comunitarias (Duque, 1993: 182).

     Muchas de estas soluciones fueron tenidas en cuenta para el tratamiento de desplazados en la región centroamericana. Este tema, ampliamente explorado por la literatura especializada, 14 arroja una serie de lecciones que sirven tangencialmente los intereses de Colombia. Hay, sin embargo, dos diferencias fundamentales que hacen que los casos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala se distingan del colombiano: en primer lugar, el caso colombiano hasta ahora comienza a recibir la atención internacional que, en su momento, recibió el centroamericano; en segundo lugar no tiene la incidencia de un poder hegemónico con intereses bien definidos como los tuvo Estados Unidos en Centroamérica. En efecto, en el caso de Colombia, la presencia internacional es mínima salvo por la representación de la Cruz Roja Internacional, las agencias de la ONU, particularmente el Alto Comisionado para los Refugiados (con las limitaciones que su mandato les impone) y las acciones del International Council for Voluntary Agencies (ICVA) a través del cual gobiernos extranjeros canalizan algunas ayudas. Por lo demás, la intervención de organismos internacionales con sedes en Bogotá como la Organización Panamericana de la Salud, el Programa de Control Internacional de las Drogas de las Naciones Unidas (UNIDCP), UNICEF, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA y otras más prefieren no involucrarse con los desplazamientos internos en Colombia (Deng, 1994: 28). En segundo lugar, Colombia no presenta muchos casos de refugiados como sí sucedió en América Central en los ochenta. El número de personas que migraron forzosamente en esta región llegó a 2 millones de personas, muchas de las cuales, encontraron refugio en Costa Rica. 15

     Estas dos características impiden una réplica exacta en Colombia de los programas ejecutados en América Central. Sin embargo, no debe desecharse lo hecho a través del Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Repatriados (PRODERE) para la solución del problema de desplazados (Deng, 1994: 35).

Los obstáculos del Conflicto Armado

Tal vez el obstáculo más importante que enfrenta la política de apoyo a los desplazados se presente en las localidades donde se desarrolla el conflicto armado . Las posibilidades de prevención, atención humanitaria y protección de los desplazados se encuentran limitadas por las dificultades de acción de las autoridades competentes que, en muchos casos se encuentran amedrentadas por los actores del conflicto y en algunas circunstancias aún se encuentran vinculadas extraoficialmente, con ellos.

Esta situación exige la formulación de soluciones jurídicas novedosas que permitan superar los límites del sistema jurídico institucional. Es cuando toman notoria trascendencia las instituciones que puedan intervenir como terceros neutrales en los conflictos, ya sea en el ámbito nacional a través del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo) y la Iglesia Católica; o desde instancias internacionales, papel que vienen cumpliendo, cada vez con mayor impacto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

En la misma línea de acción, pero con menos éxito y aceptación, se considera la posibilidad de crear zonas Humanitarias de Distensión que permitan garantizar la seguridad de la población civil en medio del conflicto. Las experiencias internacionales y los pocos intentos realizados dentro del país han mostrado los riesgos a que se expone la población civil cuando los compromisos de los actores del conflicto no son consistentes y la neutralidad de los civiles no resulta clara. Sin embargo es una estrategia que deberá ser considerada y perfeccionada en el futuro, más cuando las zonas de distensión han sido consideradas dentro de los posibles mecanismos que permitirían un diálogo del Gobierno colombiano con los grupos insurgentes (según el informe de los Exploradores del Proceso de paz en Colombia, difundido en septiembre del presente año).

La sociedad colombiana no está muy familiarizada con el mecanismo de las zonas de distención. La sola presentación de la idea ha generado un gran debate. La experiencia internacional de los países presentes en la Conferencia nos será de gran utilidad.


* Este documento se fundamenta en la investigación realizada por los Doctores Rafael Nieto Navia, Roberto Vidal y Andrés Franco, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).. La versión final fue integrada por el Dr. Roberto Vidal.

1 El tipo de desplazamientos considerados en este reporte se originan en motivaciones políticas. Para todos los efectos, se excluyen las migraciones económicas vinculadas con la insatisfacción de derechos económicos, sociales y culturales (Rojas, 1993: 20), y otro tipo de migraciones causadas por ciclos de las cosechas .

2 Normalmente los desplazamientos son internos salvo algunos casos reportados de colombianos que buscaron refugio en Ecuador y Venezuela. La situación de estos últimos puede ser consultada en Kirk, 1993: 22-23.

3 La similitud de causas a lo largo de la historia no es exclusiva de Colombia. El común denominador es que refugiados y desplazados anden en búsca de seguridad por diferentes razones políticas, étnicas, religiosas o económicas.

4 Algunas de estas consecuencias son "el despoblamiento de zonas agrarias, el crecimiento desordenado de las ciudades y la ampliación de las zonas marginales y urbanas, la disminución de la producción y los consiguientes aumentos en precios, la recomposición de la tenencia de la tierra (...), los costos adicionales que ocasionan la reubicación permanente de empleados públicos (...)" (Conferencia Episcopal Colombiana, 1995:75-82), la alteración del mapa electoral, el incremento del abstencionismo, la vulneración de los derechos de participación, libre expresión, elección, asociación y movilización (Conferencia Episcopal Colombiana, 1995: 75-82, 77), y la generación de problemas psicosociales (Castaño y López, 1994).

5 En el caso reciente de la Hacienda Bellacruz en el municipio de Pelaya, Cesar, por ejemplo, las demoras del INCORA para la adjudicación y titulación de lotes baldíos y los adquiridos fue aludido en varias ocasiones por las organizaciones campesinas como una de las causas de confrontación con los terratenientes. Estos últimos solicitan la revocatoria de resoluciones para que se les reconozca propiedad de predios en los cuales se encuentran las comunidades campesinas (ANUC-UR, 1996-1997).

6 En muchas de estas zonas operan empresas multinacionales acusadas por medios de comunicación nacionales e internacionales de tener contactos con grupos insurgentes. Aun cuando esta circunstancia no ha sido establecida oficialmente por los órganos estatales competentes, es importante que Colombia cree condiciones de responsabilidad social para las que las empresas extranjeras cooperen en la prevención de desplazamientos.

7 Esto se refleja en los numerosos compromisos suscritos entre el gobierno nacional y los representantes de las comunidades campesinas desplazadas bajo esta modalidad.

8 Por lo general, los jueces, educadores y sacerdotes encuentran ayuda a través del Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Educación y la Iglesia, respectivamente; el resto, desafortundamente, se desplaza sin tener certidumbre sobre su destino o su suerte.

9 De acuerdo con el World Refugee Survey (1996), se estima que en Colombia hay aproximadamente 600.000 desplazados, menos que países como Sudán (4.000.000), Turquía (2.000.000), Angola (1.500.000), Bosnia y Hercegovina (1.300.000), Irak (1.000.000), Liberia (1.000.000), Sierra Leona (1.000.000), Sri Lanka (850.000), Azerbaijan (670.000) y Burma (500.000 a 1.000.000). En rangos similares a los de Colombia en el número están Afganistán, Mozambique, Ruanda, Sur Africa, Perú y el Líbano.

10 La Defensoría del Pueblo (1996) reportó que en el caso de los campesinos deplazados por la violencia en el municipio de Pelaya, Cesar, por ejemplo, 38 de las 106 personas eran niños. Indicó igualmente, que el número de mujeres en los desplazamientos fue predominante por las funciones como jefes de hogar que debieron asumir a partir del momento de su mobilización en el territorio nacional.

11 Aun cuando no es el caso de Colombia, este tipo de mediciones puede dificultarse aún más cuando el estado asume como política oficial el desconocer que hay un problema de desplazamiento.

12 Alejandro Reyes Posada (1994) divide las regiones de violencia política en Colombia en ocho grandes zonas agrarias: el noroccidente de la región Caribe (Urabá, Córdoba, Sucre); alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena y Cesar); el Catatumbo y el Perijá (Norte de Santander); el Magdalena Medio (Bolívar, Santander, Antioquia, Caldas y Boyacá); el norte de la orinoquia (Arauca y Casanare), la región del Ariari-Guayabero-Guaviare (Meta y Guaviare); la Amazonía (Caquetá y Putumayo) y la región suroccidental (Valle, Cauca, Huila y Tolima). De acuerdo con este autor, en todas estas regiones hay conflicto por la tierra.

13 En el caso particular de Colombia, la etapa de reinserción o retorno es la que más presenta complicaciones por el desorden y la descoordinación que caracteriza los programas dirigidos a atender necesidades en este campo. Los programas de reubicación se intentan con la ayuda del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) mediante la identificación de terrenos baldíos. La idea es que esta agencia estatal mida y delimite estos terrenos antes de adjudicarlos a las comunidades campesinas desplazadas. Su labor, sin embargo, se dificulta por la falta de protección en contra de las permanentes amenazas de grupos armados que consideran que la repartición de estas tierras es inconveniente. A esto se suman las propias dificultades burocráticas para la elaboración de avalúos y para la compra de terrenos en aquellos casos en que los baldíos no están disponibles.

14 Para este tema en particular, puede consultarse, entre muchos otros, a Sollis (1992), Ortega (1991), Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Gautemala (1990), General Accounting Office (1989), Fagen (1986) y (1984), Enriquez (1995), Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (1994), Consejo de Instituciones de Guatemala (1993), Yundt (1989) y Montes (1986).

15 Los programas de repatriación fueron auspiciados por Guatemala en 1986 cuando se creó la Comisión Especial para asistencia a los retornados. En 1989, además, se realizó la Conferencia Internacional sobre los Refugiados Centroamericanos (CIREFCA).