Los desplazados internos por la violencia: un problema fundamental en Colombia

La terminaci�n de la guerra fr�a evidenci� la complejidad del problema de los desplazados internos en varios lugares del globo,¹ al igual que sus dimensiones pol�ticas, sociales, econ�micas, psicol�gicas y jur�dicas. En efecto, el n�mero de personas afectadas en el mundo resalta la necesidad de considerar a las personas desplazadas con la misma o con m�s atenci�n con la que se considera a los refugiados en el mundo. Se calcula que el n�mero de desplazamientos internos en el mundo aument� a 25-30 millones de personas, mientras que el n�mero de refugiados disminuy� a 14.4 millones (Cohen, 1996: 20). La situaci�n, que comienza a preocupar a la comunidad internacional, es protagonizada por varias naciones en desarrollo entre las cuales, desafortunadamente, Colombia ocupa un lugar preeminente.

Nos proponemos hacer una aproximaci�n conceptual a las condiciones de los desplazados en Colombia con el fin de que sirvan de base para la formulaci�n de una pol�tica integral de corto, mediano y largo plazo. Gran parte de la discusi�n se centra en la situaci�n de los desplazados y deja a un lado la de los refugiados por tres razones centrales. Primero, porque a diferencia de lo que sucede en otros pa�ses, los colombianos no suelen buscar refugio en otras naciones ni invocar la protecci�n de organismos internacionales.² Segundo, porque las causas que motivan las movilizaciones al extranjero son las mismas que generan desplazamientos internos.³ Finalmente, porque los desplazamientos merecen mayor atenci�n en el pa�s por las enormes consecuencias socioecon�micas y pol�ticas que producen.⁴

Principales causas y caracter�sticas del desplazamiento interno en Colombia

La violencia que caracteriza el acontecer pol�tico colombiano desde mediados del siglo XX ha sido acompa�ada por un proceso paralelo de desplazamientos internos. El conflicto armado, la delincuencia com�n, la lucha por la tenencia de la tierra, la ineficacia del sistema judicial y la ausencia de mecanismos eficientes para la soluci�n pac�fica de controversias entre ciudadanos, son algunas de las causas de la violencia en Colombia, que a su vez, originan desplazamientos internos. La gran mayor�a de las organizaciones de la sociedad civil colombiana coinciden en se�alar que la causa principal del desplazamiento es la violencia pol�tica (estado-grupos guerrilleros), la violaci�n masiva de derechos humanos y el irrespeto constante de las normas del derecho internacional humanitario que buscan proteger la poblaci�n civil. Las poblaciones afectadas, por su parte, se�alan que los actores que con mayor frecuencia obligan los desplazamientos son la guerrilla (31.87%), los paramilitares (21.08%) y el ej�rcito (19.56%) (Conferencia Episcopal Colombiana, 1995), todos sujetos activos o pasivos de amenazas, atentados, homicidios, y en menor medida, torturas, bombardeos, desalojos, miedo y reclutamientos forzosos.

La din�mica del conflicto armado colombiano hace que se presenten luchas permanentes por disputar el poder territorial y por asegurar la lealtad de la poblaci�n (Reyes Posada, 1994, ANUC-UR, 1997). En el proceso, aparecen un n�mero importante de discrepancias en las zonas de violencia entre los campesinos y sus organizaciones representativas, por una parte, y los terratenientes, por la otra. Claramente, detr�s del conflicto armado en el que participan la Fuerza P�blica, los paramilitares y los grupos guerrilleros existe un conflicto social agrario muy serio que protagonizan los campesinos y los grandes propietarios de tierra en el pa�s.⁵ Ambos conflictos conviven, especialmente en zonas en las cuales hay fuertes intereses comerciales tales como la zona bananera del Urab�, las �reas de explotaci�n de petr�leo y la regi�n de minas de oro y plata en el nordeste antioque�o (Romero, 1993: 87).⁶

La discusi�n anterior indica que las causas inmediatas de los desplazamientos internos son la violaci�n de los derechos humanos pol�ticos y civiles de las personas afectadas, la falta de aplicaci�n de las normas del derecho internacional humanitario y la violencia generalizada. De acuerdo con la Consulta sobre Desplazamiento y Refugio en la Regi�n Andina realizada en Lima en 1993, estas causas se manifiestan f�sicamente a trav�s de asesinatos, masacres, desapariciones forzosas, secuestros, torturas, bombardeos, destrucci�n de viviendas, detenciones ilegales, allanamientos sin requisitos legales y abuso sexual de las mujeres (Vargas, 1994). Esta lista es complementada por otras organizaciones que resaltan la importancia de incluir (a) las devastaciones del medio ambiente (Raper, 1996: 20); (b) los operativos antinarc�ticos (Valencia, 1993: 47); (c) las contrarreformas agrarias impulsadas por los narcotraficantes a trav�s de la compra de grandes extensiones de tierra; (d) la militarizaci�n de la lucha antinarc�ticos con las consecuentes violaciones de derechos humanos que se derivan de esta decisi�n, y (e) el uso de minas como sucedi� en Am�rica Central (ICRC, 1995 (a)).

La interacci�n de esta diversidad de causas cre� en Colombia un fen�meno de desplazamientos con caracter�sticas peculiares dentro del contexto mundial. En particular, las formas de desplazamiento, las estimaciones num�ricas, las zonas de or�gen y de destino de los desplazados, y el n�mero de actores estatales y no estatales involucrados en el tema, son cuatro factores que indican las condiciones especiales del fen�meno en el pa�s. Las formas de desplazamiento de acuerdo con el n�mero de desplazados, pueden ser, �xodos campesinos, desplazamientos familiares y desplazamientos individuales. Aun cuando cada una de estas categor�as supone la elaboraci�n de soluciones diferentes, s�lo los �xodos campesinos suelen recibir la atenci�n de las autoridades a nivel nacional, departamental y municipal.⁷ Las otras dos categor�as, por el contrario, tienen un perfil m�s bajo dentro del pa�s, lo cual, a su vez, hace que las soluciones de corto y de largo plazo para estas comunidades sean postergadas indefinidamente. En ambos casos, sin embargo, el fen�meno es aceptado por la gran mayor�a de colombianos como algo normal dentro de la historia contempor�nea del pa�s, lo cual le imprime la caracter�stica de ser un problema inaparente (Vargas, 1993: 116).

Otro tipo de categor�as consultan la duraci�n del fen�meno. De acuerdo con esta perspectiva, hay tres grupos diferenciables: (a) desplazamientos temporales ocasionados por las acciones de los actores del conflicto armado; (b) desplazamientos definitivos en los cuales los campesinos no retornan y prefieren asentarse en ciudadades o en otros territorios, y (c) desplazamientos intermitentes en los cuales los campesinos retornan y se desplazan nuevamente en varias oportunidades (Romero, 1995: 251).

Por lo general, las mencionadas formas de desplazamiento afectan a comunidades campesinas. En menor intensidad, se presentan casos de activistas de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, dirigentes pol�ticos, ind�genas, trabajadores bananeros, trabajadores de industrias petroleras y metalmec�nicas, profesores y comunidades negras.⁸

Los esfuerzos recientes para cuantificar el desplazamiento interno en Colombia, en segundo lugar, permiten conocer con mayor precisi�n algunas de las caracter�sticas del fen�meno. El principal de ellos, realizado por la Conferencia Episcopal Colombiana (1995) ofrece varias estad�sticas, algunas de las cuales son presentadas en el Cuadro 2.

Cuadro 2

Caracter�sticas num�ricas del desplazamiento interno en Colombia

1. N�mero de personas desplazadas (1985-1995): 586.261⁹

2. N�mero de familias afectadas (1985-1995): 108.301

3. Composici�n: 58,2% mujeres (de las cuales 24,6% son cabezas de familia), 72% menores de 25 a�os.¹⁰

4. Profesi�n: 40,7% asalariados agr�colas y/o peque�os y medianos campesinos. Otras categor�as: comerciantes, empleados, obreros, maestros, ganaderos, vendedores ambulantes y profesionales.

5. Nivel de educaci�n: 16,05% sin educaci�n, 51% s�lo con primaria.

6. Ayuda humanitaria antes del desplazamiento: 83,3% no la recibieron.

7. Propiedades: 69,32% con vivienda propia que pierden luego del desplazamiento.

Las cifras presentadas en el Cuadro anterior son un indicativo que debe interpretarse con cautela por la dificultad de recopilar informaci�n sobre desplazados. El problema central radica en que, a diferencia de lo que sucede en muchas otras naciones, las personas afectadas en Colombia normalmente se movilizan en grupos peque�os de pocas familias o individuos (Deng, 1994: 6), y en silencio para para evitar ser identificados como refugiados o desplazados (Deng, 1994: 6, Borgen, 1995: 7).¹¹

El tercer factor que permite una caracterizaci�n del desplazamiento interno en Colombia son los sitios de origen y de destino de los desplazados. Lo que refleja el Cuadro 3 con respecto a los lugares de origen coincide, en l�neas generales, con las zonas de alta actividad guerrillera y con las regiones con una presencia considerable de narcotraficantes y latifundistas tradicionales (Reyes Posada, 1994).¹² En los lugares de destino, por su parte, sobresale Bogot� que a lo largo del tiempo se convirti� en un gran receptor de poblaci�n desplazada que complica los retos de planificaci�n urbana y de empleo (Romero, 1993: 75).

Cuadro 3

Zonas afectadas por desplazamientos

Lugares de or�gen	Lugares de destino
Antioquia, Santander, Meta, C�rdoba, Boyac�, Cauca, Bol�var, Norte de Santander, Cesar, Arauca, Magdalena, Cundinamarca, Caquet�, Valle, Huila, Sucre, Caldas, Magdalena Medio, Casanare, Arauca, Meta, Guaviare, Tolima y Huila.	Principalmente otras zonas rurales o ciudades tales como Bogot�, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras 27 ciudades intermedias adicionales por todo el pa�s.

Finalmente, el alto n�mero de actores involucrados con los desplazados es una cuarta caracter�stica que hace de Colombia un caso muy particular: alrededor de veinte ONG’s y otro tanto de entidades estatales directamente vinculadas al tema. Esta dimensi�n evidencia las enormes dificultades para negociar soluciones en un tema que d�a a d�a se politiza con m�s intensidad y con serias consecuencias sobre la capacidad del estado de convocar alrededor del mismo.

Las pol�ticas gubernamentales para la atenci�n de los desplazados tiene como punto de partida que el conflicto armado va a continuar por lo menos en el mediano plazo (Las iniciativas de paz propuestas por el gobierno Samper mencionan un lapso de tiempo dilatado de hasta cinco o siete a�os). Sobre esta base, debe atenderse al desplazado dentro del conflicto, lo cual enmarca la iniciativa en el Derecho Internacional Humanitario, en tanto constituye una regulaci�n de la guerra, particularmente el art�culo tercero com�n de los Acuerdos de Ginebra, que trata los conflictos internos.

La precisi�n anterior resulta fundamental para entender el �mbito de una pol�tica institucional de apoyo a los desplazados, cuyos alcances no permiten una soluci�n definitiva del problema, pues resulta evidente que tal posibilidad se identifica claramente con la soluci�n del conflicto interno, es decir, con la pol�tica de paz.

Por otra parte, si se quieren dise�ar soluciones de mediano y largo plazo para los desplazados, nos estaremos moviendo nuevamente en un marco m�s amplio que es el de las pol�ticas sociales del Estado, ya que las necesidades del desplazado en poco difieren de las que tiene la totalidad de la poblaci�n marginada del Pa�s.

En 1994, el Ejecutivo dise�� una pol�tica nacional para la atenci�n a los desplazados, que se ha venido evaluando y complementando con la participaci�n activa de ONG’s, Organizaciones Internacionales, la Iglesia Cat�lica y la Universidad , hasta llegar a la institucionalizaci�n legislativa a trav�s de la Ley 387 de agosto de 1997, y la creaci�n de una Consejer�a Presidencial para los Desplazados, encargada de coordinar las iniciativas estatales y privadas en torno al tema.

La Ley tiene como fundamento la consagraci�n de la responsabilidad expresa del Estado en torno a la formulaci�n de pol�ticas y la adopci�n de las medidas para la prevenci�n, atenci�n, protecci�n y consolidaci�n y estabilizaci�n sociecon�mica de los desplazados. Estas actividades del Estado se dirigen a los desplazados que han sido definidos en los t�rminos de la Declaraci�n de Cartagena de 1984 y las Convenciones de Ginebra de 1951 y 1967; dicha actividad se enmarca en una serie de principios aceptados por el derecho internacional de la movilidad humana tales como el derecho al retorno, a la ayuda humanitaria, a la unificaci�n familiar, etc..

La consagraci�n de la responabilidad estatal adquiere una relevancia mayor si se tiene en cuenta que en Colombia existe una acci�n constitucional que permite a cualquier persona solicitar ante un juez el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.

Sobre las bases expuestas la Ley constituy� un Sistema Nacional de Atenci�n Integral a la Poblaci�n Desplazada por la Violencia integrado por un Consejo Nacional de alto nivel que traza las pol�ticas; un organismo ejecutor y coordinador que es la Consejer�a Presidencial para los Desplazados y unas entidades descentralizadas en el nivel regional y municipal. En principio las Organizaciones no Gubernamentales forman parte del sistema pero sin que se haya determinado hasta ahora los t�rminos de su participaci�n.

La actividad del Sistema estar� orientada por un Plan Nacional, dise�ado con base en una Red Nacional de Informaci�n que intenta solucionar el problema de la disponibilidad de datos confiables sobre el fen�meno del desplazamiento.

Desde el punto de vista metodol�gico y operativo hubo consenso en torno a la necesidad de establecer varias etapas de acci�n durante la ejecuci�n de pol�ticas dirigidas a asistir individuos desplazados. En este campo se trata de encontrar soluciones integrales trabajando en el marco de un cont�nuo que comienza con el alivio de una situaci�n de emergencia y termina en las soluci�n definitiva de desarrollo. Desde este punto de vista, hay cuatro fases para la soluci�n de los desplazamientos:

Fase I: Prevenci�n La idea de esta fase es anticiparse a situaciones que puedan causar desplazamientos. Para ello hay quienes proponen el establecimiento de mecanismos de alerta temprana como mecanismo preventivo (Valencia, 1994 (b)).

Fase II: Atenci�n Humanitaria de Emergencia Consiste en el conjunto de acciones dirigidas a atender las necesidades inmediatas de los desplazados. Aqu� intervienen la consejer�a presidencial para los Desplazados, la Cruz Roja y la Red de Solidaridad Social para proveer cuestiones b�sicas de salubridad y alimentaci�n. Esta etapa es supremamente importante en los sitios de ubicaci�n temporal de desplazados por las emergencias sanitarias causadas por hacinamiento, inadecuadas condiciones de ventilaci�n e iluminaci�n, enfermedades infecciosas, servicios sanitarios deficientes, etc.

Fase III: Retorno¹³ Se trata de crear una serie de condiciones que permitan que los desplazados inicien una vida en un lugar nuevo, o regresen en condiciones de seguridad al lugar de partida. Para facilitar la implementaci�n de esta fase, se hacen recomendaciones para la repatriaci�n de refugiados que son de gran utilidad para el retorno de desplazados (Forbes, 1989: 20-21). De acuerdo con varios estudios, se requiere (i) definir la magnitud de los retornos que ser�n promovidos por el estado colombiano y por las ONGs especificando en cada caso el tama�o del grupo, el n�mero de lugares de retorno, el n�mero de organizaciones que prestan ayuda y los fondos disponibles para ejecutar los programas; (ii) analizar el contexto en el cual se lleva a cabo el retorno en t�rminos de las fuerzas internas que puedan oponerse a esa ubicaci�n; (iii) definir los mecanismos de asistencia que necesitan los desplazados y coordinar una buena distribuci�n de funciones para evitar duplicidad de esfuerzos e ineficiencia; (iv) relacionar los esfuerzos de retorno o reubicaci�n con los planes generales del estado en materia de seguridad para que esto forme parte de una estrategia general de paz; (v) planificar un sistema de protecci�n a quienes retornen que prevenga situaciones futuras similares, y (vi) considerar de manera especial la situaci�n de las mujeres, los ni�os, los ancianos y los incapacitados.

Fase IV: De la consolidaci�n y estabilizaci�n socioecon�mica. Finalmente, en esta fase se llevan a cabo planes de desarrollo para dar autonom�a econ�mica a los desplazados. Lo importante es que los afectados sean part�cipes de opciones econ�micas individuales, familiares o colectivas dependiendo del tipo de desplazamiento. Para ello es necesario contar con propuestas de autogesti�n tales como proyectos de econom�a solidaria y microempresas comunitarias (Duque, 1993: 182).

Muchas de estas soluciones fueron tenidas en cuenta para el tratamiento de desplazados en la regi�n centroamericana. Este tema, ampliamente explorado por la literatura especializada,¹⁴ arroja una serie de lecciones que sirven tangencialmente los intereses de Colombia. Hay, sin embargo, dos diferencias fundamentales que hacen que los casos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala se distingan del colombiano: en primer lugar, el caso colombiano hasta ahora comienza a recibir la atenci�n internacional que, en su momento, recibi� el centroamericano; en segundo lugar no tiene la incidencia de un poder hegem�nico con intereses bien definidos como los tuvo Estados Unidos en Centroam�rica. En efecto, en el caso de Colombia, la presencia internacional es m�nima salvo por la representaci�n de la Cruz Roja Internacional, las agencias de la ONU, particularmente el Alto Comisionado para los Refugiados (con las limitaciones que su mandato les impone) y las acciones del International Council for Voluntary Agencies (ICVA) a trav�s del cual gobiernos extranjeros canalizan algunas ayudas. Por lo dem�s, la intervenci�n de organismos internacionales con sedes en Bogot� como la Organizaci�n Panamericana de la Salud, el Programa de Control Internacional de las Drogas de las Naciones Unidas (UNIDCP), UNICEF, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA y otras m�s prefieren no involucrarse con los desplazamientos internos en Colombia (Deng, 1994: 28). En segundo lugar, Colombia no presenta muchos casos de refugiados como s� sucedi� en Am�rica Central en los ochenta. El n�mero de personas que migraron forzosamente en esta regi�n lleg� a 2 millones de personas, muchas de las cuales, encontraron refugio en Costa Rica.¹⁵

Estas dos caracter�sticas impiden una r�plica exacta en Colombia de los programas ejecutados en Am�rica Central. Sin embargo, no debe desecharse lo hecho a trav�s del Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Repatriados (PRODERE) para la soluci�n del problema de desplazados (Deng, 1994: 35).

Los obst�culos del Conflicto Armado

Tal vez el obst�culo m�s importante que enfrenta la pol�tica de apoyo a los desplazados se presente en las localidades donde se desarrolla el conflicto armado . Las posibilidades de prevenci�n, atenci�n humanitaria y protecci�n de los desplazados se encuentran limitadas por las dificultades de acci�n de las autoridades competentes que, en muchos casos se encuentran amedrentadas por los actores del conflicto y en algunas circunstancias a�n se encuentran vinculadas extraoficialmente, con ellos.

Esta situaci�n exige la formulaci�n de soluciones jur�dicas novedosas que permitan superar los l�mites del sistema jur�dico institucional. Es cuando toman notoria trascendencia las instituciones que puedan intervenir como terceros neutrales en los conflictos, ya sea en el �mbito nacional a trav�s del Ministerio P�blico (Procuradur�a General de la Naci�n y Defensor�a del Pueblo) y la Iglesia Cat�lica; o desde instancias internacionales, papel que vienen cumpliendo, cada vez con mayor impacto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el Comit� Internacional de la Cruz Roja.

En la misma l�nea de acci�n, pero con menos �xito y aceptaci�n, se considera la posibilidad de crear zonas Humanitarias de Distensi�n que permitan garantizar la seguridad de la poblaci�n civil en medio del conflicto. Las experiencias internacionales y los pocos intentos realizados dentro del pa�s han mostrado los riesgos a que se expone la poblaci�n civil cuando los compromisos de los actores del conflicto no son consistentes y la neutralidad de los civiles no resulta clara. Sin embargo es una estrategia que deber� ser considerada y perfeccionada en el futuro, m�s cuando las zonas de distensi�n han sido consideradas dentro de los posibles mecanismos que permitir�an un di�logo del Gobierno colombiano con los grupos insurgentes (seg�n el informe de los Exploradores del Proceso de paz en Colombia, difundido en septiembre del presente a�o).

La sociedad colombiana no est� muy familiarizada con el mecanismo de las zonas de distenci�n. La sola presentaci�n de la idea ha generado un gran debate. La experiencia internacional de los pa�ses presentes en la Conferencia nos ser� de gran utilidad.

^* Este documento se fundamenta en la investigaci�n realizada por los Doctores Rafael Nieto Navia, Roberto Vidal y Andr�s Franco, en la Facultad de Ciencias Jur�dicas de la Pontificia Universidad Javeriana para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).. La versi�n final fue integrada por el Dr. Roberto Vidal.

¹ El tipo de desplazamientos considerados en este reporte se originan en motivaciones pol�ticas. Para todos los efectos, se excluyen las migraciones econ�micas vinculadas con la insatisfacci�n de derechos econ�micos, sociales y culturales (Rojas, 1993: 20), y otro tipo de migraciones causadas por ciclos de las cosechas .

² Normalmente los desplazamientos son internos salvo algunos casos reportados de colombianos que buscaron refugio en Ecuador y Venezuela. La situaci�n de estos �ltimos puede ser consultada en Kirk, 1993: 22-23.

³ La similitud de causas a lo largo de la historia no es exclusiva de Colombia. El com�n denominador es que refugiados y desplazados anden en b�sca de seguridad por diferentes razones pol�ticas, �tnicas, religiosas o econ�micas.

⁴ Algunas de estas consecuencias son "el despoblamiento de zonas agrarias, el crecimiento desordenado de las ciudades y la ampliaci�n de las zonas marginales y urbanas, la disminuci�n de la producci�n y los consiguientes aumentos en precios, la recomposici�n de la tenencia de la tierra (...), los costos adicionales que ocasionan la reubicaci�n permanente de empleados p�blicos (...)" (Conferencia Episcopal Colombiana, 1995:75-82), la alteraci�n del mapa electoral, el incremento del abstencionismo, la vulneraci�n de los derechos de participaci�n, libre expresi�n, elecci�n, asociaci�n y movilizaci�n (Conferencia Episcopal Colombiana, 1995: 75-82, 77), y la generaci�n de problemas psicosociales (Casta�o y L�pez, 1994).

⁵ En el caso reciente de la Hacienda Bellacruz en el municipio de Pelaya, Cesar, por ejemplo, las demoras del INCORA para la adjudicaci�n y titulaci�n de lotes bald�os y los adquiridos fue aludido en varias ocasiones por las organizaciones campesinas como una de las causas de confrontaci�n con los terratenientes. Estos �ltimos solicitan la revocatoria de resoluciones para que se les reconozca propiedad de predios en los cuales se encuentran las comunidades campesinas (ANUC-UR, 1996-1997).

⁶ En muchas de estas zonas operan empresas multinacionales acusadas por medios de comunicaci�n nacionales e internacionales de tener contactos con grupos insurgentes. Aun cuando esta circunstancia no ha sido establecida oficialmente por los �rganos estatales competentes, es importante que Colombia cree condiciones de responsabilidad social para las que las empresas extranjeras cooperen en la prevenci�n de desplazamientos.

⁷ Esto se refleja en los numerosos compromisos suscritos entre el gobierno nacional y los representantes de las comunidades campesinas desplazadas bajo esta modalidad.

⁸ Por lo general, los jueces, educadores y sacerdotes encuentran ayuda a trav�s del Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Educaci�n y la Iglesia, respectivamente; el resto, desafortundamente, se desplaza sin tener certidumbre sobre su destino o su suerte.

⁹ De acuerdo con el World Refugee Survey (1996), se estima que en Colombia hay aproximadamente 600.000 desplazados, menos que pa�ses como Sud�n (4.000.000), Turqu�a (2.000.000), Angola (1.500.000), Bosnia y Hercegovina (1.300.000), Irak (1.000.000), Liberia (1.000.000), Sierra Leona (1.000.000), Sri Lanka (850.000), Azerbaijan (670.000) y Burma (500.000 a 1.000.000). En rangos similares a los de Colombia en el n�mero est�n Afganist�n, Mozambique, Ruanda, Sur Africa, Per� y el L�bano.

¹⁰ La Defensor�a del Pueblo (1996) report� que en el caso de los campesinos deplazados por la violencia en el municipio de Pelaya, Cesar, por ejemplo, 38 de las 106 personas eran ni�os. Indic� igualmente, que el n�mero de mujeres en los desplazamientos fue predominante por las funciones como jefes de hogar que debieron asumir a partir del momento de su mobilizaci�n en el territorio nacional.

¹¹ Aun cuando no es el caso de Colombia, este tipo de mediciones puede dificultarse a�n m�s cuando el estado asume como pol�tica oficial el desconocer que hay un problema de desplazamiento.

¹² Alejandro Reyes Posada (1994) divide las regiones de violencia pol�tica en Colombia en ocho grandes zonas agrarias: el noroccidente de la regi�n Caribe (Urab�, C�rdoba, Sucre); alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena y Cesar); el Catatumbo y el Perij� (Norte de Santander); el Magdalena Medio (Bol�var, Santander, Antioquia, Caldas y Boyac�); el norte de la orinoquia (Arauca y Casanare), la regi�n del Ariari-Guayabero-Guaviare (Meta y Guaviare); la Amazon�a (Caquet� y Putumayo) y la regi�n suroccidental (Valle, Cauca, Huila y Tolima). De acuerdo con este autor, en todas estas regiones hay conflicto por la tierra.

¹³ En el caso particular de Colombia, la etapa de reinserci�n o retorno es la que m�s presenta complicaciones por el desorden y la descoordinaci�n que caracteriza los programas dirigidos a atender necesidades en este campo. Los programas de reubicaci�n se intentan con la ayuda del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) mediante la identificaci�n de terrenos bald�os. La idea es que esta agencia estatal mida y delimite estos terrenos antes de adjudicarlos a las comunidades campesinas desplazadas. Su labor, sin embargo, se dificulta por la falta de protecci�n en contra de las permanentes amenazas de grupos armados que consideran que la repartici�n de estas tierras es inconveniente. A esto se suman las propias dificultades burocr�ticas para la elaboraci�n de aval�os y para la compra de terrenos en aquellos casos en que los bald�os no est�n disponibles.

¹⁴ Para este tema en particular, puede consultarse, entre muchos otros, a Sollis (1992), Ortega (1991), Asociaci�n para el Avance de las Ciencias Sociales en Gautemala (1990), General Accounting Office (1989), Fagen (1986) y (1984), Enriquez (1995), Comisi�n para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroam�rica (1994), Consejo de Instituciones de Guatemala (1993), Yundt (1989) y Montes (1986).

¹⁵ Los programas de repatriaci�n fueron auspiciados por Guatemala en 1986 cuando se cre� la Comisi�n Especial para asistencia a los retornados. En 1989, adem�s, se realiz� la Conferencia Internacional sobre los Refugiados Centroamericanos (CIREFCA).