Biblioteca del Congreso Nacional

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Identificación de la Norma     : DTO-1542

Fecha de Publicación           : 12.12.2000

Fecha de Promulgación          : 11.09.2000

Organismo                      : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROMULGA EL ACUERDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA MUTUA

PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL DEL CONSUMO INDEBIDO Y

EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS

SICOTROPICAS, SUSCRITO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

     Núm. 1.542.- Santiago, 11 de septiembre de 2000.-

Vistos: Los artículos 32, N º 17, y 50, N º 1), inciso

segundo, de la Constitución Política de la República,

     Considerando:

     Que con fecha 23 de agosto de 2000, el Gobierno de

la República de Chile y el Gobierno de los Estados

Unidos de América suscribieron, en Santiago, el Acuerdo

de Cooperación y Asistencia Mutua para la Prevención y

el Control del Consumo Indebido y el Tráfico Ilícito de

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

     Que dicho Acuerdo fue adoptado en el marco de la

Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas,

publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1990.

     Que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo X del mencionado Acuerdo,

     D e c r e t o:

     Artículo único: Promúlgase el Acuerdo de

Cooperación y Asistencia Mutua para la Prevención y el

Control del Consumo Indebido y el Tráfico Ilícito de

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrito el

23 de agosto de 2000 entre el Gobierno de la República

de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América;

cúmplase y publíquese copia autorizada de su texto en el

Diario Oficial.

     Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.-

RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.-

Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de Relaciones

Exteriores Subrogante.

     Lo que transcribo a US., para su conocimiento.-

Alberto Yoacham Soffia, Embajador, Director General

Administrativo.

ACUERDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA LA PREVENCION Y EL

CONTROL DEL CONSUMO INDEBIDO Y EL TRAFICO ILICITO DE

ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS

     El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno

de los Estados Unidos de América,

     Dentro de la estructura y el desarrollo de la

Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas,

suscrita el 20 de diciembre de 1988 en Viena, Austria,

en adelante denominada ''La Convención de 1988'';

     Conscientes que el consumo indebido de

estupefacientes y sustancias sicotrópicas y su tráfico

ilícito, incluido en este concepto todos los delitos

descritos en el artículo 3 º de la Convención de 1988,

afectan a todas las naciones y constituyen un problema

que amenaza la seguridad, la salud y el medio ambiente;

     Interesados en mejorar la cooperación bilateral

para prevenir y controlar el consumo indebido y el

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias

sicotrópicas, mediante la coordinación de políticas y el

desarrollo de programas que incluyan medidas orientadas

a actuar sobre las causas del problema, con un enfoque

integral y equilibrado;

     Reconociendo los esfuerzos y compromisos de los

Gobiernos de ambos países en la superación del problema

mundial de la droga y en especial para prevenir y

controlar el uso indebido y el tráfico ilícito de

estupefacientes y sustancias sicotrópicas;

     Conscientes de la necesidad de mejorar y establecer

mecanismos adecuados de cooperación bilateral y

multilateral sobre la base de los principios del derecho

internacional y, en particular, la responsabilidad

compartida y la participación de ambos países a nivel

internacional en estas tareas;

     Motivados por el objetivo de que la cooperación

prevista en este acuerdo sea complementaria a la que

ambas Partes desarrollan en cumplimiento de sus

obligaciones internacionales en conformidad con la

Convención de 1988; el Programa Mundial de Acción de las

Naciones Unidas aprobado por la Asamblea General en

1990; los acuerdos adoptados en la Asamblea General

Extraordinaria de las Naciones Unidas realizada en junio

de 1998; los avances conceptuales para abordar este tema

a nivel regional contenidos en la Estrategia Antidrogas

en el Hemisferio y en la Declaración de Principios y

Plan de Acción de la I y II Cumbre de las Américas

celebradas en Miami en 1994 y en Santiago de Chile en

1998, en el ámbito de la Comisión Interamericana para el

Control del Abuso de Drogas - CICAD - de la Organización

de Estados Americanos y en concordancia con sus

Reglamentos Modelos,

     Han decidido suscribir el presente acuerdo:

     Artículo I.- El objetivo de este acuerdo es

continuar los esfuerzos de cooperación y asistencia

mutua de los Gobiernos de la República de Chile y de los

Estados Unidos de América, en adelante denominados las

''Partes'', para lograr medidas más eficaces en la

prevención del consumo indebido de estupefacientes y

sustancias sicotrópicas, el tratamiento, rehabilitación

y reinserción social de las personas afectadas por la

drogadicción y para la prevención y el control del

tráfico ilícito de tales drogas.

     Artículo II.- Las Partes cumplirán las obligaciones

que se deriven de este acuerdo en conformidad con los

principios del derecho internacional, particularmente

los de autodeterminación, no intervención en asuntos

internos, igualdad jurídica y respeto por la integridad

territorial de los Estados y en estricta sujeción a las

normas constitucionales, legales y administrativas de

cada país y a sus obligaciones internacionales.

Una Parte no ejercerá en el territorio de la otra Parte

competencias o funciones de ninguna naturaleza.

     Artículo III.- Las políticas nacionales que

orientan a las Partes en la aplicación de este acuerdo

son: para el Gobierno de Chile, la ''Política y Plan

Nacional de Prevención y Control de Drogas'', aprobada

en mayo de 1993 y las modificaciones que le introduzca

el Gobierno de Chile; y para el Gobierno de los Estados

Unidos, la ''Estrategia Nacional de Control de Drogas'',

según lo publicado por la Oficina de Política Nacional

de Control de Drogas y lo actualizado y modificado

periódicamente por el Gobierno de los Estados Unidos.

     Artículo IV.- Las Partes designan a las siguientes

autoridades centrales para la ejecución del presente

Acuerdo, las cuales podrán comunicarse directamente

entre sí para mantener una cooperación más eficaz:

a)    Para la República de Chile, la autoridad central

será la Subsecretaría del Interior, Consejo Nacional

para el Control de Estupefacientes del Gobierno de

Chile, que cumplirá las atribuciones descritas en el

presente acuerdo en coordinación con las demás

autoridades competentes, de acuerdo con sus respectivas

atribuciones y obligaciones, sin perjuicio de las

atribuciones y facultades del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Chile, en especial, en lo que respecta a

las comunicaciones diplomáticas.

b)    Para el Gobierno de los Estados Unidos de América,

la autoridad central será la Oficina Internacional de

Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del

Departamento de Estado.

     Artículo V.- Para cumplir con los objetivos de este

acuerdo, las Partes convienen en desarrollar las

siguientes actividades conjuntas:

1.    Coordinar, formular y desarrollar estrategias para

la prevención y el control del tráfico ilícito de

estupefacientes y sustancias sicotrópicas, incluidas las

materias primas;

2.    Coordinar y formular estrategias para la prevención

del consumo indebido de drogas, el tratamiento,

rehabilitación y reinserción social de las personas

afectadas por la drogadicción;

3.    Armonizar los procedimientos judiciales para

facilitar las actividades conjuntas, en la medida que lo

permitan sus ordenamientos jurídicos nacionales;

4.    Coordinar posiciones sobre esta materia en los

foros internacionales pertinentes, en la medida que ello

sea posible;

5.    Fomentar la aplicación e implementación de los

diferentes acuerdos internacionales vigentes que

conciernen a esta materia y en los cuales ambos Estados

sean Partes;

6.    Establecer procedimientos y mecanismos internos

necesarios para permitir un eficaz cumplimiento de las

obligaciones contraídas en virtud de este Acuerdo, de

conformidad con sus ordenamientos jurídicos nacionales.

     Artículo VI.- Asimismo, las Partes, previa

solicitud y según su legislación interna, concuerdan en

desarrollar actividades recíprocas en las siguientes

áreas, con respecto al intercambio de información,

capacitación de funcionarios y asistencia mutua

científica o técnica, según se determine en los acuerdos

específicos que se suscriban en cumplimiento del

artículo IX:

1.    Programas nacionales relacionados con drogas

ilícitas;

2.    Legislación y jurisprudencia sobre las diferentes

materias a que se refiere este acuerdo;

3.    Identificación de individuos o grupos criminales,

métodos de acción y antecedentes policiales y judiciales

concernientes a presuntos implicados, acusados o

condenados respecto a algunos de los delitos a que se

refiere el presente acuerdo;

4.    Detección y rastreo en sus respectivas

jurisdicciones territoriales, de naves, en conformidad

con el artículo 17 de la Convención de 1988, aeronaves y

otros métodos de transporte sospechosos de participar en

tráfico ilícito de drogas, materias primas o sustancias

químicas, con el fin de que las autoridades nacionales

correspondientes tomen, dentro de sus facultades, las

medidas que sean procedentes en conformidad con los

acuerdos internacionales y sus leyes internas;

5.    Estudios comparativos de la situación y

características internas del uso indebido de drogas,

incluyendo las medidas de prevención aplicadas en sus

respectivos territorios;

6.    Capacitación de funcionarios con el fin de mejorar

su participación en la prevención y control del uso

indebido y el tráfico ilícito de drogas en sus

respectivos territorios;

7.    Información sobre la importación y exportación

entre las Partes de sustancias químicas que se utilizan

frecuentemente en la elaboración ilícita de drogas, y

sobre rutas y métodos de su desvío;

8.    Colaboración para controlar el lavado de dinero,

incluyendo adquisición, posesión y transferencia de

bienes derivados del tráfico ilícito de drogas;

9.    Procedimientos para solicitudes o interrogatorios

por parte de autoridades judiciales en los procesos

contra individuos o grupos involucrados en el tráfico

ilícito de drogas.

     Las Partes podrán igualmente desarrollar otras

actividades, según pueda determinarse en acuerdos

específicos celebrados en cumplimiento del Artículo IX.

     Artículo VII.- El cumplimiento de cada solicitud

según este acuerdo será acorde con la legislación

interna de la Parte requerida, hasta donde no se

contravenga la legislación de dicha Parte y siempre que

esto sea posible. La información que las Partes

solicitantes se proporcionen mutuamente en virtud de

este Acuerdo estará contenida en documentos oficiales de

sus correspondientes agencias de gobierno, incluyendo la

forma de nota diplomática.

     Las Partes reconocen el compromiso bilateral por el

respeto y fomento de los derechos humanos. En el caso de

existir evidencia de una violación a los derechos

humanos que no ha sido investigada y sancionada en

conformidad a la legislación interna de cada Estado

Parte, se podría suspender el envío de los fondos

específicos referidos al presente Acuerdo.

     La Parte requirente no comunicará ni utilizará, sin

el previo consentimiento de la Parte requerida, la

información proporcionada en aplicación de este Acuerdo,

con el fin de garantizar la reserva y la

confidencialidad. La Parte requirente podrá exigir que

la Parte requerida mantenga reservas con respecto a la

existencia y contenido de la solicitud, excepto en la

medida que sea necesario para su cumplimiento. Si la

Parte requerida no puede mantener esta reserva con

respecto a la existencia y contenido de la solicitud,

debe informar de inmediato a la Parte requirente,

quedando facultada esta última para retirar la solicitud

y exigir la devolución de todos los antecedentes.

     Artículo VIII.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el

siguiente párrafo, las comunicaciones respecto a este

Acuerdo deberán efectuarse por escrito.

     En casos urgentes, las comunicaciones podrán ser

verbales. Sin embargo, el envío de la información

solicitada estará condicionado a la confirmación por

escrito de la respectiva comunicación.

     Las comunicaciones deberán redactarse en el idioma

de cada Parte, acompañadas de una traducción no oficial.

     Artículo IX.- En la implementación de este Acuerdo

podrán suscribirse acuerdos específicos entre las Partes

a través del intercambio de Notas u otros medios

apropiados, después de realizar consultas con cualquiera

de las agencias de gobierno correspondientes.

     Los términos que rigen los desembolsos de fondos y

los suministros de equipos entre el Gobierno de los

Estados Unidos de América y agencias del Gobierno de

Chile y/o entidades no gubernamentales establecidas en

Chile se reglamentarán de acuerdo con las disposiciones

del párrafo anterior. Ambos gobiernos desembolsarán

fondos y apoyarán operaciones de proyectos, de acuerdo

con las leyes y reglamentos aplicables de sus

respectivos gobiernos.

     Del mismo modo las Partes formulan su compromiso

para combatir la corrupción en todos sus niveles y

fomentar la probidad administrativa. En el caso de

existir una situación de corrupción debidamente

comprobada y que no ha sido investigada y sancionada,

dentro de un plazo prudente y en conformidad a la

legislación interna de cada estado Parte, éstos podrían

suspender o terminar el envío de fondos específicos,

referidos al presente Convenio.

     El Gobierno de los Estados Unidos informará al

Gobierno de Chile lo más pronto posible con respecto a

los recursos humanos, materiales y financieros puestos a

disposición de programas de cooperación bilateral del

presente Acuerdo.

     Cada proyecto será materia de un acuerdo específico

entre ambas Partes. El acuerdo, en cuanto a tamaño,

alcance, y objetivos de cada proyecto, puede tomar la

forma de un intercambio de notas diplomáticas,

intercambio de cartas entre agencias cooperantes, u

otras formas acordadas mutuamente por las agencias

cooperantes.

     Los gastos administrativos internos causados por la

ejecución de dichos proyectos, tales como, pero no

limitados a, el embarque y entrega de bienes adquiridos

para su uso en Chile, serán pagados por la institución

receptora, salvo que las Partes hayan acordado lo

contrario.

     Artículo X.- Este Acuerdo entrará en vigor luego de

recibida la última notificación en que una de las Partes

comunique a la otra Parte que el mismo ha sido aprobado

de conformidad con sus leyes internas.

     Al entrar en vigor, este Acuerdo reemplazará al

Acuerdo de Cooperación para Establecer y Apoyar un

Proyecto Destinado a Eliminar la Producción,

Procesamiento, Tráfico y Consumo de Drogas Ilícitas

dentro del territorio de Chile y su tránsito a través de

Aguas Territoriales y Zona Contigua, suscrito el 5 de

agosto de 1994 y modificado el 3 de julio de 1995. No

obstante, los recursos autorizados para la ejecución de

este último Acuerdo continuarán rigiéndose por las

disposiciones establecidas en el mismo.

     Artículo XI.- El presente Acuerdo tendrá una

duración de cuatro años contados desde la fecha de su

entrada en vigor y se entenderá renovado automáticamente

por períodos iguales, salvo que una de las Partes

manifieste su intención de ponerle término, notificando

a la otra Parte con al menos sesenta días de

anticipación al vencimiento del plazo original o de

cualquiera de sus prórrogas.

     En testimonio de lo cual, los infrascritos,

debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos,

han suscrito el presente Acuerdo.

     Hecho en la ciudad de Santiago, Chile, a los

veintitrés días del mes de agosto del año dos mil, en

dos ejemplares igualmente auténticos.

     Por el Gobierno de la República de Chile.- Por el

Gobierno de los Estados Unidos de América.