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JURISPRUDENCIA

Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal

Extradición

VOTO No. 08292-99 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.San José, a las doce horas con cincuenta y siete minutos del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve.- Consulta preceptiva de constitucionalidad formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de "Aprobación de la Convención Interamericana sobre Extradición", que se tramita en el expediente legislativo número 13.115.- Resultando:

1.- La consulta, que se formula en cumplimiento de lo que establece el inciso a) del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, fue recibida en la Secretaría de la Sala a las once horas cinco minutos del cinco de octubre de 1999 (folio 1), con una copia certificada del expediente legislativo. La Presidencia de la Sala tuvo por presentada la consulta mediante resolución de las once horas cincuenta minutos del día siguiente. El término para evacuarla vence el cinco de noviembre del año en curso.

2.- En el procedimiento se cumplieron las formalidades establecidas en la ley.

Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y, Considerando: I.- De previo.- Lo primero que procede, a los efectos de evacuar la consulta, es verificar los trámites seguidos en este caso, en concordancia con lo que señala el artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al disponer que la consulta deberá hacerse después de aprobado el proyecto en primer debate y antes de la aprobación definitiva y que, al evacuarla, la Sala dictaminará sobre cualesquiera aspectos o motivos que estime relevantes desde el punto de vista constitucional, pero vinculante sólo en lo que se refiere a los trámites.

II.- La tramitación del expediente número 13.115 en la Asamblea Legislativa.- El proyecto de "Aprobación de la Convención Americana sobre Extradición", que se tramita en el expediente legislativo número 13.115 ha seguido el siguiente orden cronológico: a) La "Convención Interamericana sobre Extradición" fue suscrita en Caracas, Venezuela, el 25 de febrero de 1981 por Virginia C. De Trigueros en representación del Gobierno de Costa Rica (folio 2).

b) El proyecto de ley consultado, que es de iniciativa del Poder Ejecutivo, fue presentado a la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, a las diez horas treinta minutos del 13 de abril de 1998 (folios 1 y siguientes del expediente legislativo);

c) El expediente fue recibido en la comisión permanente de asuntos jurídicos para su dictamen el 21 de mayo de 1998 (folio 24).

d) El 1 de junio de 1999 el expediente fue remitido a la comisión permanente de asuntos internacionales (folio 53), que lo recibió el 3 de ese mes (folio 54).

e) La Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales aprobó el proyecto por unanimidad el 26 de agosto de 1999, previa aprobación de una moción para que se incluyera un artículo segundo en el texto de aprobación, señalando que de acuerdo con la prohibición establecida en el artículo 32 de la Constitución Política, debe interpretarse que el inciso 1 del artículo 7 del texto del convenio no es de aplicación en el ordenamiento jurídico costarricense (folios 86 y 87).

f) El 31 de agosto de 1999 los diputados miembros de la comisión de relaciones internacionales conocieron y aprobaron una moción de revisión sobre la votación recaída en el proyecto de ley, que eliminó el artículo segundo del texto de aprobación descrito en el acápite anterior. Posteriormente sometieron el proyecto de ley a votación y fue aprobado por unanimidad (folio 100).

g) El 23 de setiembre de 1999 la Secretaría de la Asamblea Legislativa tuvo por recibido el dictamen afirmativo unánime sobre el proyecto de ley consultado (folio 124) h) En la sesión N°72 del 30 de setiembre de 1999 se aprobó en primer debate el proyecto de ley de aprobación de la Convención Interamericana sobre Extradición con el voto afirmativo de cuarenta y dos diputados y se ordenó el traslado del expediente a la Sala Constitucional para efectuar la consulta de ley (folio 136).

III.- El procedimiento en el caso concreto.- De la lectura del considerando anterior se desprende que la aprobación del proyecto de Ley en consulta ha respetado todas las disposiciones procedimentales que la Constitución Política (artículos 7, 121 inciso 4), 124, 140 inciso 10) y el Reglamento de la Asamblea Legislativa (artículos 85 inciso ch), 113, 119, 122, 129, 132, 134 y 143) le ordenan seguir a los órganos involucrados en la suscripción y ratificación de los convenios internacionales: el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, básicamente. A ese respecto, se aprecia que se aportó al expediente legislativo el documento en el que consta que a Virginia Castro de Trigueros, Embajadora de Costa Rica en Venezuela, se le confirieron plenos poderes para firmar en representación del Gobierno de Costa Rica la Convención Interamericana de Extradición (folio 83). Por otra parte, la Sala aprecia que la Asamblea Legislativa confirió audiencia a la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Corte Suprema de Justicia para que se pronunciaran sobre el proyecto de ley en estudio (folio 57). Aunque en la solicitud hecha a la Corte no se especifica que la consulta es obligatoria de conformidad con el artículo 167 de la Constitución Política, pero lo sea o no, ésta no la contestó dentro del plazo reglamentario, por lo que a juicio de la Sala el procedimiento legislativo pudo continuar válidamente y en caso de que la Corte rinda la audiencia en lo que resta del procedimiento legislativo su opinión no sería vinculante para la Asamblea Legislativa.

IV.- Observaciones en cuanto al fondo del proyecto. Se somete a consulta el proyecto de ley de Aprobación de la Convención Interamericana de Extradición, suscrita en Caracas, Venezuela el 25 de febrero de 1981. La exposición de motivos recalca que la Convención pretende ampliar la esfera de aplicación de la extradición en el continente, a fin de evitar la impunidad de los delitos y lograr un mayor grado de asistencia entre los Estados. La extradición es un acto de asistencia judicial interestatal en materia penal, en virtud del cual un Estado transfiere a un individuo, acusado o condenado por un delito cometido fuera de su territorio, a otro Estado que lo reclama y es competente para juzgarlo y hacer cumplir lo juzgado. Es un instituto jurídico de vital importancia para garantizar la actuación de la ley penal en una sociedad mundial en que el desplazamiento de personas de un país a otro es sumamente fácil en virtud del avance de la tecnología. La suscripción de esta Convención por parte de los estados americanos facilitará en el futuro la aplicación del procedimiento de extradición, sobre en todo en casos en que no se cuente con tratados bilaterales. La convención consagra las principales garantías procedimentales para el extraditable, de manera que sus derechos fundamentales no se vean lesionados con ocasión del proceso de extradición.

V.- La Sala estima pertinente hacer algunas observaciones acerca de la Convención, para resaltar las garantías procesales que consagra en favor del extradido, las cuales atienden tanto a sus condiciones personales, como a la naturaleza del delito que motiva la solicitud de extradición. En cuanto a la nacionalidad del extradido, es necesario un comentario especial acerca de la regla contenida en el artículo 7 inciso 1) de la Convención, el cual reza: "1. La nacionalidad del reclamado no podrá ser invocada como causa para denegar la extradición, salvo que la legislación del Estado requerido establezca lo contrario." De los artículos 32 constitucional y 3 inciso a) de la Ley de Extradición N°4795 de 16 de julio de 1971 y sus reformas se deriva que ningún costarricense -por nacimiento o por naturalización- puede ser extraditado y así ha sido ratificado por este Tribunal, entre otras, en la sentencia N°6780-94 del 22 de noviembre de 1994, que en lo que interesa, dispuso: "VIII. En razón de los argumentos anteriores, es que la interpretación dada al inciso a.) del artículo 3 de la Ley de Extradición, en el sentido de conceder la extradición cuando se trata de un nacional naturalizado, resulta contraria a los principios y disposiciones constitucionales, por cuanto dicha norma no establece ninguna distinción en la condición en que se ostenta la nacionalidad, sea originaria (por nacimiento) o por naturalización, y no resulta procedente establecer una distinción en ese sentido cuando el mismo texto constitucional no la hace. El artículo 32 de la Constitución dice: "Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional." A mayor abundamiento, la Corte Plena en función de Tribunal Constitucional, en sesión celebrada el seis de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, consideró: "En su condición de costarricense naturalizado, el recurrente está protegido por el artículo 32 de la Constitución Política, el cual dispone, sin ninguna salvedad, que los costarricenses no pueden ser compelidos a abandonar el territorio nacional. De ahí que la orden de captura expedida contra el perjudicado dentro de las diligencias de extradición, resultó ilegítima y el recurso de Hábeas Corpus es procedente." Asímismo, por sentencia número 2894-94, de las catorce horas treinta y seis minutos del catorce de junio de este año, esta Sala consideró: "A lo anterior, es necesario agregar que el Constituyente reguló la extradición en una norma que se refiere, precisamente, a los extranjeros, por lo que queda fuera de duda que la extradición no procede contra los nacionales."; y añade: "En conclusión, mientras el artículo 32 constitucional disponga lo que dispone, no es jurídicamente posible extraditar a los ciudadanos costarricenses." Visto lo anterior, a juicio de la Sala el artículo 7.1 de la Convención consultada no es inconstitucional, porque pese a que su primera frase establece que la nacionalidad no será obstáculo para conceder la extradición, seguidamente dice: "salvo que la legislación del Estado requerido disponga lo contrario." De la jurisprudencia parcialmente transcrita se desprende claramente que en nuestro país no es posible la extradición de nacionales, por lo que debe entenderse que se encuentra cubierto por la salvedad indicada. La Sala considera que tal y como afirmaron los diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales, es innecesario que el Gobierno de Costa Rica haga una reserva expresa en este sentido, sin embargo, en ejercicio de su competencia constitucional, podría la Asamblea Legislativa consignar en la ley de aprobación de la Convención que el artículo 7.1 de la Convención no resulta aplicable en Costa Rica.

VI.- Otras garantías conferidas al extraditable se refieren a la improcedencia de la extradición si el reclamado ha sido amnistiado o indultado por el delito que motivó la solicitud de extradición (artículo 4.1), o si se le ha concedido el derecho de asilo (artículo 6). En cuanto a la naturaleza del delito que motiva la solicitud, se establecen algunas reglas que no están contempladas en nuestra Ley de Extradición, por lo que, con relación a ésta, la Convención resulta más favorable para el extraditable en varios aspectos. El artículo 3 inciso 1) por ejemplo, recoge el principio de penalidad mínima indicando que el delito que motiva la solicitud de extradición debe estar sancionado en el momento de la infracción con pena de dos años de prisión, sin perjuicio de que el extraditable se beneficie del principio de retroactividad favorable de la ley penal. La Ley de Extradición costarricense permite la extradición de personas a las que se les persiga por delitos castigados con un año de prisión y no contempla el principio de retroactividad favorable de la ley penal. Por otra parte, si la solicitud de extradición procura el cumplimiento de una sentencia de prisión, el artículo 3.3 de la Convención dispone que la parte de la sentencia que reste por cumplir no debe ser menor a seis meses, mientras que la Ley de Extradición no prevé este supuesto. Consagra además el instrumento internacional la improcedencia de la extradición cuando el reclamado haya cumplido la pena correspondiente, haya sido absuelto o sobreseído definitivamente por el mismo delito -artículo 4.1-, cuando esté prescrita la acción penal o la pena -artículo 4.2- o si el reclamado va a ser juzgado o ha sido condenado por un Tribunal Ad hoc o de excepción en el Estado requirente -artículo 4.3-. Además de la tradicional imposibilidad de conceder la extradición por delitos políticos, conexos o delitos comunes perseguidos con una finalidad política -artículo 4.4-, agrega que si de las circunstancias del caso puede inferirse que media propósito persecutorio por consideraciones de raza, religión o nacionalidad, o que la situación de la persona corre el riesgo de verse agravada por alguno de tales motivos, no procederá la extradición -artículo 4.5-.

VII.- Sobre la aplicación de la pena de muerte, cadena perpetua o penas infamantes. Es preciso hacer un comentario acerca del artículo 9 de la Convención, que dispone: "Artículo 9. Penas Excluidas.

Los Estados Partes no deberán conceder la extradición cuando se trate de un delito sancionado en el Estado requirente con la pena de muerte, con la privación de libertad por vida o con penas infamantes, a menos de que el Estado requerido obtuviera previamente del Estado requirente las seguridades suficientes, dadas por la vía diplomática, que no impondrá ninguna de las citadas penas a las persona reclamada o que si son impuestas, dichas penas no serán ejecutadas." Como primer aspecto, es importante señalar que siendo Costa Rica un país que suscribió el Pacto de San José, sería inaceptable la procedencia de la extradición en caso de que se someta al extraditable a la pena capital, cadena perpetua o a una pena infamante. Estas están proscritas en el ordenamiento jurídico costarricense, en el cual la vida y la dignidad humana constituyen los valores sobre los que se edifica el Estado Democrático de Derecho. En cuanto a la pena de muerte, que es obviamente la más severa y la que genera mayor polémica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por nuestro país, en su artículo 4 consagra el derecho a la vida, indicando, en lo que interesa, que nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. Aunque la Convención no llega a suprimir la pena de muerte, sí prohibe que se extienda su uso y que se imponga respecto de delitos para los cuales no estaba prevista anteriormente - artículo 4 incisos 2, 3, 4, 5 y 6-. La desaparición de la pena capital es una tendencia mundial, que se refleja en la adopción de documentos tales como el "Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte" -del 15 de diciembre de 1989-. Las tendencias modernas en derecho penal también consideran que la pena de muerte no es admisible, por sus consecuencias irreversibles y porque implica la supresión del ser humano, mientras que defienden la aplicación de otras, como la privación de libertad, que tiene la finalidad esencial de procurar "la reforma y la readaptación social de los condenados" en los términos del artículo 5 inciso 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otra parte, estudios criminológicos respaldan la afirmación de que la pena capital no tiene eficacia disuasiva, pues en los países en los que está vigente la conminación penal de la muerte, no ha tenido eficacia alguna sobre el desarrollo de la criminalidad, salvo que se aplique de una forma tan extensa, que repugne a la más elemental consideración de la dignidad humana. Por todo lo anterior, la Sala debe pronunciarse sobre la forma en que debe ser interpretado y aplicado el artículo 9 de la Convención, para que no vulnere nuestro ordenamiento constitucional y nuestro sistema democrático. La norma permite que se entregue al extraditable si el Estado requirente se compromete por conducto diplomático a no aplicarle una de las penas prohibidas si resultare condenado, o a no ejecutarla si ya hubiese sido impuesta. Este compromiso plantea serias dificultades, pues normalmente quien pide la extradición es un representante diplomático o consular del país requirente, que acompaña la documentación pertinente emanada de las respectivas autoridades judiciales -o en algunos países, de las autoridades administrativas encargadas de la ejecución penal-. Ningún Tribunal puede prometer, antes de dictar sentencia, que no aplicará una pena u otra, pues ello equivaldría a adelantar criterio con todas sus consecuencias legales. Ante la dificultad de que la garantía rendida por el Estado Requirente sea efectivamente cumplida, el Estado requerido debe conceder la extradición, únicamente si de previo a su entrega, tiene la seguridad jurídica absoluta de que la pena de muerte, cadena perpetua o pena infamante no será impuesta o aplicada. Si ya se hubiere dictado sentencia, el estado costarricense de forma previa debe tener también seguridad jurídica absoluta de que será sustituida por una pena menor aceptada por el Estado costarricense. En conclusión, el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Extradición es constitucional sólo si se interpreta y aplica de la forma expuesta.

VIII.- En cuanto al procedimiento establecido en la Convención para el trámite de la extradición, es preciso recalcar que expresamente se establece que la persona reclamada tendrá los derechos y garantías que conceda la legislación de dicho Estado. Da el derecho al reclamado de ser asistido por un defensor, y si es necesario, por un intérprete. Esta garantía es esencial pues la Convención prevé la renuncia al procedimiento formal de extradición -permitida por nuestra Ley de Extradición según reforma introducida por ley N°7445 de 2 de noviembre de 1994-, por lo que de no contar con asistencia letrada, el extradido podría renunciar al procedimiento sin estar consciente de los alcances y consecuencias jurídicas de esa decisión. Por otra parte, la convención permite, como la mayoría de los Tratados de esta naturaleza, la detención provisional en casos de urgencia. La restricción a la libertad se podrá solicitar aún cuando no se hayan aportado todos los documentos que exige el artículo 11 de la Convención, por un plazo máximo de dos meses. Si transcurrido este lapso el Estado Requerido no cuenta con los legajos requeridos, el extradido deberá ser puesto en libertad -artículo 14.3-. A juicio de la Sala el plazo es razonable, con relación a los plazos de detención provisional permitidos en el ordenamiento penal costarricense. Sin embargo, la Ley de Extradición establece un plazo menor -diez días- por lo que podría suscitarse un conflicto al momento de aplicar la norma en comentario. Al respecto, la sentencia N°6766-94 de las 16:30 horas del 21 de noviembre de 1994 dispuso: "Ahora bien, la Constitución Política establece que la extradición será regulada por la ley o por los tratados internacionales, de manera que no elige entre uno u otro, sino que deja eso a la discrecionalidad de los órganos correspondientes del Estado y de ahí que en nuestro país ha sido pacífica la tesis de que la legislación ordinaria de extradición tiene aplicación a un caso concreto, en tanto haya omisión de parte del Tratado firmado con el Estado del que el requerido es nacional. El Tratado, por lo demás, a la luz de lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución, tiene rango superior a la ley ordinaria, de modo que puede, para los casos de extradición de nacionales de las partes contratantes, suplir y modificar los criterios de la ley. De tal modo, que en aspectos muy puntuales, como serían plazos para cumplir obligaciones por los Estados, o los relativos a la detención del requerido, los Tratados han ido perfeccionándose y siendo más previsores en muchos sentidos que la ley, concebida bajo otras circunstancias y por tanto con otros criterios." Este criterio fue el que privó en la sentencia N°06767-99 de las 17:15 horas del 1 de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, cuando la mayoría de la Sala dispuso que resultaba aplicable el plazo de dos meses contenido en el Tratado de Extradición entre Costa Rica y Estados Unidos frente a la Ley de Extradición. Una vez que la ley de Aprobación de la Convención en estudio esté vigente, la Convención será aplicable supletoriamente si el tratado bilateral, en caso de que lo haya es omiso, y posteriormente sería de aplicación la Ley de Extradición, de conformidad con la sentencia parcialmente transcrita. En todo caso, el problema enunciado debe ser resuelto por las autoridades penales en cada caso concreto, por lo que es prematuro tratar de resolverlo en este momento, cuando lo que la Sala debe dictaminar es si las normas de la Convención, rozan con las normas y principios constitucionales vigentes en Costa Rica.

IX.- Por último, la Sala debe referirse a la observación de la Procuraduría General de la República acerca de la falta de regulación de los principios de personalidad activa y pasiva en la normativa procesal penal costarricense, en el sentido de que podría existir una dificultad en la aplicación del artículo 2 inciso 3) de la Convención. La norma establece que el Estado requerido, puede denegar la extradición cuando sea competente, según su propia legislación, para juzgar a la persona requerida. En nuestro Código Penal, no está contemplado el principio de personalidad activa, que justifica la aplicación de la ley penal a hechos cometidos fuera del territorio del Estado en función de la nacionalidad del autor, salvo en el supuesto específico del artículo 6 inciso 2) del Código Penal. El principio de personalidad pasiva, por su parte, es aplicable únicamente cuando el delito es cometido en perjuicio de un costarricense -artículo 6 inciso 3) del Código Penal-. Lo anterior plantea una dificultad, que se puede ilustrar mediante el siguiente ejemplo. En caso de que se niegue la extradición de un ciudadano costarricense en razón de su nacionalidad, no se le podría juzgar en Costa Rica si el delito fue cometido fuera del territorio costarricense -si no se trata del caso de excepción comentado-. La Sala hizo esta observación desde que se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley de aprobación de la "Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Degradantes", suscrita en Nueva York el 4 de febrero de 1985 -voto N°2585-93 de las 15:33 horas del 6 de agosto de 1993. Asimismo, en la sentencia N°6766-94 de las 16:30 horas del 21 de noviembre de 1994. admitió la constitucionalidad de que los principios de personalidad activa y pasiva se consagren en un tratado bilateral de Extradición -que es norma de rango superior a la Ley- aunque no se haya incluido una reforma a legislación penal general que los contemple. Dispuso la sentencia en comentario, en lo que interesa: "IV.-OTRAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL.

Por otra parte, el ordenamiento jurídico penal costarricense ha ido cediendo, para casos calificados, el principio de territorialidad de la ley penal, al menos en lo que se refiere al Código Penal, Libro Segundo, Título XVII (DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS), y también con respecto a la CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, suscrita en Viena, el 19 de diciembre de 1988 y que es ley de la República, en el sentido de que no importa quién y dónde se haya cometido un delito de los tipificados en esas normas, cualquier Estado está legitimado para perseguir y juzgarlo, conforme al principio de justicia universal. En otras palabras, el avance de la capacidad e imaginación para delinquir, posibilita que, sin alterar sustancialmente tesis que razonablemente se han sostenido en el pasado, hoy las circunstancias permiten que se adopten otras soluciones y principios.-" En un fallo reciente, N°07433-99 de las 15:51 horas del 28 de setiembre de 1999 la Sala estableció: "V.- Sobre los principios de personalidad activa y pasiva. Por último, el artículo 12 de la Convención establece la competencia de los Estados miembros para el juzgamiento de las actuaciones tipificadas como tortura. Así, son reconocidos los principios de territorialidad (posibilidad de juzgar delitos cometidos en su propio territorio); personalidad activa (posibilidad de juzgar por hechos cometidos en el extranjero por parte de costarricenses); y de personalidad pasiva (posibilidad de juzgar por hechos cometidos en el extranjero en perjuicio de costarricenses). Lo anterior tiene la finalidad clara de evitar la evasión de los procesos penales por parte de quienes cometan delitos de tortura, mediante la salida del país donde fueron cometidos los ilícitos. Si bien la territorialidad es un principio constitucional costarricense, inferible de la lectura sistemática de los artículos 2, 6, 152 y 153 de la Constitución Política, lo cierto es que este principio cede ante la persecución de delitos contra los derechos humanos, como el que regula el tratado en consulta. El Código Penal, al regular la territorialidad, ya prevé excepciones, tales como las contenidas en tratados internacionales vigentes en el país (ver artículo 4 caput), o la comisión de delitos internacionales, entre los que destacan los cometidos contra los derechos humanos. (Artículo 7) Podría decirse que la disposición que venimos comentando es necesaria para garantizar a las personas la amplia protección que el Convenio pretende. En razón de ello, y de que no se observa violación al parámetro de constitucionalidad, es que este tribunal se pronuncia en favor de su validez." Lo anterior resulta relevante, dado que el artículo 5 de la Convención dispone: "Ninguna disposición de la presente Convención impedirá la extradición prevista en tratados o convenciones vigentes entre el Estado requirente y el Estado requerido, que tengan por objeto prevenir o reprimir una categoría específica de delitos y que obliguen a dichos Estados a procesar a la persona reclamada o a conceder su extradición." Para citar un ejemplo de la situación contemplada en esa norma, podemos indicar que Costa Rica suscribió la "Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas", así como la "Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes" suscrita en Nueva York el 4 de febrero de 1985. Esta última dispone en el artículo 8 inciso 4): "a los fines de la extradición entre estados partes, se considerará que los delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo I del artículo 5°." La Sala reitera el criterio externado en la sentencia N°7433-99 de las 15:51 horas del 28 de setiembre del año en curso, en cuanto a la constitucionalidad de la previsión de normas de la naturaleza comentada, que tienen como legítimo fin la sanción de delitos de suma gravedad, cuyos autores no pueden quedar impunes.

VIII.- Conclusión. La Sala concluye que en el trámite legislativo dado al proyecto de ley para la aprobación de la "Convención Interamericana sobre Extradición, suscrita en Caracas Venezuela el 25 de febrero de 1981, no es inconstitucional. En cuanto al artículo 9 de la Convención, éste no es inconstitucional, si se interpreta y aplica en el sentido de que no se concederá la extradición, si Costa Rica no recibe del Estado requirente la seguridad jurídica absoluta de que la pena de muerte, cadena perpetua o pena infamante no será impuesta ni aplicada. En caso de que ya se hubiere dictado sentencia, Costa rica debe recibir la seguridad jurídica absoluta de que será sustituída por una menor aceptada por el Estado costarricense, todo ello de previo a la entrega del extradido. Las demás disposiciones de la Convención a juicio de la Sala, no contrarían los preceptos constitucionales vigentes, ni la doctrina y principios que los informan. El Magistrado Piza Escalante salva el voto y evacua la consulta en el sentido de que acoge la tesis de la mayoría de la Sala, pero con las siguientes adiciones, aclaraciones y correcciones: a) Del artículo 4.2 en donde dice "de conformidad con la legislación del Estado requirente o con la del Estado requerido" debe aclararse en la ley de aprobación que significa que será la más corta.

b) Debe agregarse al artículo 4 la advertencia de que Costa Rica no concederá la extradición sin las garantías y limitaciones que considere esenciales para la defensa del extraditado, particularmente los principios del debido proceso y el de imposibilidad de ser juzgado en ausencia.

c) En el artículo 7 debe advertirse que Costa Rica no entregará en extradición a ningún costarricense por nacimiento o naturalización.

d) En el artículo 9 compartiría las salvedades de la mayoría sobre interpretación de este artículo cubriendo las tres hipótesis, pero considera que debe hacerse reserva o al menos adicionarse la ley con la advertencia expresa de que no se concederá la extradición cuando las penas ahí prohibidas ya hayan sido impuestas aunque se comprometa a no ejecutarlas. En las seguridades jurídicas absolutas debe entenderse que vía diplomática es solo conducto para comunicarlas de modo que estas deben emanar de las autoridades judiciales respectivas o de las capacitadas para imponerlas.

e) En el artículo 12.2 debe hacerse expresa reserva en el sentido contrario del artículo, de manera que se aclare que el Estado costarricense no proveerá asistencia legal nunca al Estado requirente.

f) En el artículo 13 debe formularse reserva del párrafo primero en cuanto que no se puede juzgar al extraditado por delito diferente de aquel por el que se concedió la extradición, cometido anteriormente en ninguna circunstancia. Costa Rica requerirá compromiso en ese sentido. Esto resulta especialmente aplicable al inciso b) en el sentido de que el extradido que permanece en el Estado requirente nunca podrá juzgarse por lo dicho. Asimismo, sobre el inciso c) debe aclararse que nunca se aceptarán peticiones adicionales para juzgamiento por otros delitos si no se especificaron antes de concederse la extradición.

g) En el artículo 14.3 debe hacerse reserva en cuanto a que según el principio interpretativo pro homine entre un plazo de 60 días para presentar la documentación del detenido y uno de 10 días, se prefiere el último.

En el artículo 14.4 debe aclararse que cumplido el plazo para presentar los documentos no puede solicitarse de nuevo la detención ni la extradición. Los Magistrados Mora Mora y Coto Albán ponen nota en referencia con el artículo 7.1 de la Convención.

Por tanto: Se evacua la consulta en el sentido de que el procedimiento seguido en el expediente legislativo N°13.115 correspondiente a la ley de aprobación de la "Convención Interamericana sobre Extradición", suscrita en Caracas el 25 de febrero de 1981 no es inconstitucional. El artículo 9 de la Convención no es inconstitucional si se interpreta y aplica en el sentido de que: a) no se concederá la extradición, si Costa Rica no recibe del Estado requirente la seguridad jurídica absoluta de que la pena de muerte, cadena perpetua o pena infamante no será impuesta ni aplicada; b) que en caso de que ya se hubiere dictado sentencia, será sustituida por una menor aceptada por el Estado costarricense, todo ello de previo a la entrega del extradido. En lo demás, la Sala considera que las normas contenidas en la Convención no contrarían los preceptos constitucionales vigentes, ni la doctrina y principios que la informan.

R. E. Piza E.

Presidente Luis Paulino Mora M.Carlos Ml. Arguedas R.

Ana Virginia Calzada M.Adrián Vargas B.

Carlos Manuel Coto AlbánSusana Castro A.

NOTA SEPARADA DE LOS MAGISTRADOS MORA MORA Y COTO ALBAN:

Los suscritos Magistrados coincidimos en el contenido de la parte resolutiva del pronunciamiento anterior, pero diferimos del criterio de los compañeros de la Sala en lo que se anota en el considerando V. al analizar el artículo 7 inciso 1) de la Convención que se consulta, al estimarse que el marco constitucional costarricense, concretamente el artículo 32, imposibilita la extradición del costarricense, pues a ese respecto estimamos que el señalado artículo lo que prohibe es la expulsión o extrañamiento del territorio nacional sin garantía jurisdiccional alguna, dado que lo relacionado con la extradición fue dispuesto en el artículo 31 constitucional, estableciéndose que la ley y los tratados regularán lo que a ella respecta, así la imposibilidad de extraditar a un costarricense, según nuestro criterio, lo es en razón de que así se dispone en el artículo 3 inciso a) de la Ley de Extradición y no por imposibilidad constitucional, como lo señala la mayoría en el voto al que ahora hacemos esta anotación.

Luis Paulino Mora Mora Carlos Manuel Coto Albán LPMM/fmh Voto Salvado del Magistrado Piza Escalante: Salvo el voto y evacuo la consulta en el sentido de que acojo la tesis de la mayoría de la Sala, pero con las siguientes adiciones, aclaraciones y correcciones: a)Del artículo 4.2 en donde dice "de conformidad con la legislación del Estado requirente o con la del Estado requerido" debe aclararse en la ley de aprobación que significa que será la más corta.

I - Del principio de doble incriminación, esencial al instituto de la extradición, se deriva el corolario de que, tanto la definición de la conducta típica constitutiva del delito por el que se pide la extradición, como las circunstancias que lo extinguen, entre ellas la prescripción, deben serlo en ambas legislaciones: la del Estado requirente y la del requerido; de manera que, si la acción o la pena debe tenerse por extinguida en virtud de la prescripción, ésta ha de ser la más corta de ambas. La mayoría de la Sala no objeta esta conclusión, sólo que la da por supuesta; pero yo considero que debe dejarse claramente establecida para evitar pretensiones conflictivas y errores de interpretación, unos y otros con implicaciones importantes en los principios de razonabilidad y proporcionalidad esenciales al Derecho de la Constitución.

b)Debe agregarse al artículo 4 la advertencia de que Costa Rica no concederá la extradición sin las garantías y limitaciones que considere esenciales para la defensa del extraditado, particularmente los principios del debido proceso y el de imposibilidad de ser juzgado en ausencia.

II - La Convención omite, entre las garantías debidas a los derechos fundamentales del extradido, las de carácter procesal, los cuales, para nuestra legislación e ideología constitucionales, son necesarias, entre ellas, las de no ser condenado en ausencia ni juzgado sin las garantías del debido proceso, lo cual puede considerarse implícito, pero es de desear que se advierta expresamente, en relación con el artículo 4 del Proyecto.

c)En el artículo 7 debe advertirse que Costa Rica no entregará en extradición a ningún costarricense por nacimiento o naturalización.

III - Lo mismo puede decirse respecto del artículo 7, en lo que se refiere al derecho fundamental de todo costarricense, sea natural, sea naturalizado, a no ser compelido a abandonar el territorio nacional (art. 32 Const.Pol.), sobre todo porque no han faltado voces que pretendan, cierto que absurdamente, que esa garantía no ampara al extradido, quien, justa o injustamente, se supone un criminal.

d)En el artículo 9 compartiría las salvedades de la mayoría sobre interpretación de este artículo cubriendo las tres hipótesis por ella consideradas, pero creo que debe hacerse reserva, o al menos adicionarse la ley, para dejar constancia expresa de que no se concederá la extradición cuando las penas ahí prohibidas ya hayan sido impuestas, salvo, si acaso, que el compromiso de no ejecutarlas sea otorgado directamente por el propio Poder Judicial. Si, como quiere expresamente la mayoría, deben exigirse del Estado requirente "seguridades jurídicas absolutas". éstas no pueden satisfacerse mediante la simple vía diplomática, la cual debe entenderse tan sólo como conducto para comunicarlas, de modo que aquéllas tienen que darse por las propias autoridades judiciales o con su bendición formal..

IV - Considero muy importante la salvedad que incluyo al artículo 9 del proyecto, en el sentido de que no es por lo general posible para las autoridades políticas del Estado requirente garantizar ningún incumplimiento de sentencias judiciales firmes sin violar la independencia y otros principios fundamentales del Estado Democrático de Derecho. Por eso, creo que cuando la pena capital, o perpetua o infamante ya haya sido impuesta, del todo no se debe conceder la extradición, salvo, si acaso, mediante "garantías jurídicas absolutas", como las pide el voto de mayoría, pero dadas, satisfactoriamente, por el propio Poder Judicial -si es que puede conforme al Derecho de la Constitución.

e)Creo que debe imponerse al pejç, expresamente, la obligación de En el artículo 12.2 debe hacerse expresa reserva en el sentido contrario del artículo, de manera que se aclare que el Estado costarricense no proveerá asistencia legal nunca al Estado requirente.

V - Me resulta absolutamente inaceptable la sola idea de que nuestros servicios legales puedan utilizarse para apoyar los intereses del estado requirente y no los del costarricense, como Estado requerido y como garante de los derechos fundamentales del extradido. No se puede servir al mismo tiempo a dos señores.

f)En el artículo 13 debe formularse reserva del párrafo primero en cuanto que no se puede juzgar al extraditado por delito diferente de aquel por el que se concedió la extradición, cometido anteriormente a ésta, en ninguna circunstancia, y Costa Rica debe requerir un compromiso expreso en tal sentido. Esto resulta especialmente aplicable al inciso b), en el sentido de que el extradido que permanece en el Estado requirente nunca podrá juzgarse por lo dicho. Asimismo, sobre el inciso c) debe aclararse que nunca se aceptarán peticiones adicionales para juzgamiento por otros delitos si no se especificaron antes de concederse la extradición.

VI - La Sala (v. sentencia # , que declaró inaplicable el Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América), ha definido claramente que la extradición, no sólo es un mecanismo de cooperación entre Estados para someter a los reos de delito que se refugien en uno de ellos -requerido- a la Jurisdicción del competente para juzgarlos -requirente-, sino también una institución de garantía de los derechos y libertades fundamentales del extradido por parte del primero, por lo menos si éste es el de Costa Rica; lo cual obliga a mantener un equilibrio, difícil pero realizable, que facilite el cumplimiento del cometido de cooperación pero sin sacrificio del de protección y garantía, sobre el cual, como en general sobre toda la materia de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana, no cabe ninguna posible transacción.

Ahora bien, el artículo 13 de la Convención plantea, a mi juicio, dos condiciones graves que, de aceptarse, pondrían a nuestro país en el predicado de sacrificar la protección y garantía del extradido al propósito de la simple cooperación penal entre los Estados. Se trata: 1.En primer lugar, de la norma del inciso c), que permite al Estado requirente juzgarlo por delitos anteriores diversos del que motivó la extradición si permanece en él un mes después de haber quedado en libertad de abandonarlo -se entiende, por haber sido absuelto o cumplido la condena-; lo cual implica, a mi juicio, la posibilidad legal -prácticamente la seguridad, porque es, además de muy difícil que logre salir del territorio de ese Estado, prácticamente imposible que algún otro lo reciba en sus circunstancias; 2.En segundo, del inciso c), que abre la puerta a la posibilidad de que el Estado requirente se valga de los innumerables medios de presión de que disponen, especialmente los Estados poderoso, para pretender de nuestras autoridades -judiciales o políticas- la autorización allí prevista para juzgar al extradido por otros delitos, incluso cuando ya ha sido entregado y se encuentra en su poder. Téngase presente que esta situación incluso ya se ha dado, con la anuencia, inexplicable pero complaciente, de algunos de nuestros tribunales.

g)En el artículo 14.3 debe hacerse reserva en cuanto a que según el principio interpretativo pro homine entre un plazo de 60 días para presentar la documentación del detenido y uno de 10 días, se prefiere el último.

La Sala (v. sentencia # 2313-95, que declaró inconstitucional la colegiación obligatoria de los periodistas), ha dicho, también, que en materaia de derechos y libertades fundamentales debe aplicarse, incluso por encima del texto constitucional, la norma, de Derecho interno o internacional, que mejor favorezca al ser humano -principio pro homine del Derecho de los Derechos Humanos-; lo cual me obliga a la conclusión de que debe prevalecer, en todo caso, la norma del artículo 9 de nuestra vigente Ley de Extradición que confiere al Estado requirente un plazo perentorio para presentar la documentación del caso, de los diez días siguientes a la detención del extradido. En este sentido, considero que el Estado costarricense, al ratificar la Convención, debe hacer la reserva correspondiente al plazo de dos meses del artículo 14.3.

h)En el artículo 14.4 debe aclararse que cumplido el plazo para presentar los documentos no puede solicitarse de nuevo la detención ni la extradición.

Finalmente, considero que la prohibición de volver a pedir la detención del extradido cuando la documentación no se presente en tiempo, establecida en el artículo 14.4, no satisface el sentido garantista de la institución: la sanción, para ser proporcionada al daño producido por la detención, debe ser la de no poderse solicitar, ni la detención, ni la propia extradición. Esto no impediría, desde luego, que se llegare a juzgar al extradido en el país -si fuere del caso mediante la reforma legal correspondiente-, o a expulsarlo legalmente del territorio nacional.

R. E. Piza E.

 

VOTO No. 0123-93 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cuarenta minutos del doce de enero de mil novecientos noventa y tres.

Recurso de Hábeas Corpus de JUAN JOSE MENA HERNANDEZ, mayor, abogado, en favor de su defendido JAMES F. KARLS contra el Juzgado Primero Penal de San José.

RESULTANDO

Primero : Alega el accionante que contra su defendido se tramita, ante el Juzgado Primero Penal de San José, diligencias de extradición promovidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Que a pesar de que no ha sido juzgado, ni encontrado culpable de la comisión de ningún delito -por lo que debe presumirse su inocencia- se ordenó la detención, medida que resulta ilegítima. En el expediente de la extradición no existe, del hecho atribuido a su cliente, más prueba que el solo dicho del Estado requirente, por lo que solicita a la Sala que ordene la inmediata libertad de su representado. Agrega que la solicitud presentada por Estados Unidos de América, lo es por el delito de "conspiración para el homicidio", figura penal que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, lo que implica que no se cumple con el principio de doble identidad que exige la ley. Solicita se deje sin efecto la resolución que ordenó la detención de su defendido.

Segundo : El Juez Primero Penal de San José, rindió el informe en los siguientes términos : a) Que el 19 de noviembre de 1992, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la extradición de James F. Karls, quien, según la petición del requirente, enfrenta causa criminal por el delito de homicidio; b) Por resolución de las 16:20 horas de ese mismo día, se dió curso a la solicitud y se ordenó, debidamente fundamentada en la necesidad procesal de la medida y en las disposiciones vigentes de la Ley de Extradición y los Tratados suscritos entre Costa Rica y los Estados Unidos de América, la captura del requerido; c) El 3 de diciembre de 1992 James F. Karls fue detenido y a su favor se presentó una solicitud de excarcelación, que fue denegada por considerar el despacho, que su libertad pondría en peligro la entrega material del extradido; ch) Que conociendo en apelación el Tribunal Cuarto Penal, Sección Primera de San José, en resolución de las 15:15 horas del 17 de diciembre de 1992, confirmó la denegatoria de la excarcelación; y, d) Que el juzgado está a la espera de la devolución del expediente, para continuar con el procedimiento ordinario de extradición.

Tercero : En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Sancho González; y, CONSIDERANDO

I ).- Sin perjuicio de lo que se dirá en los Considerandos finales, en relación con los argumentos expuestos por la parte recurrente, la Sala, en ejercicio de la competencia que le otorgan la Constitución Política y la Ley de la Jurisdicción Constitucional, procede a examinar, de oficio, si en el presente asunto se ha infringido el orden constitucional en perjuicio de los derechos del recurrido, por los efectos o interpretación de los medios procesales aplicados o por los actos cuestionados en la tramitación del proceso de extradición, con aplicación directa del Tratado suscrito entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos de América de mil novecientos ochenta y dos y que entró en vigor con el canje de instrumentos de ratificación, el día once de octubre de mil novecientos noventa y uno. Para lo anterior, resulta de la mayor importancia delinear, a manera de síntesis, algunos de los Princicipios Generales del Derecho Internacional, que como fuente de las normas aplicables, son criterio de ellas misma en el caso concreto, incluyendo los que son propios de la institución de la extradición.

II ).- ALGUNOS PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL.- Sin que sea dado hacer una exhaustiva exposición sobre los Principios Generales del Derecho Internacional, puesto que ese no es el objeto del presente hábeas corpus, sí resulta de gran utilidad para centrar su análisis, referirse a algunos de ellos. El Derecho Internacional puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los sujetos entre sí, que es parte del Derecho de cada país, y sus Principios Generales proposiciones generales que yacen en todas las normas de derecho y que expresan las cualidades esenciales de la verdad jurídica misma, es decir, las ideas jurídicas que son comunes a todos los sistemas legales y principios fundamentales de cada uno de ellos, como los ha definido la más calificada doctrina. El Derecho Internacional, por el solo hecho de que no se haga cumplir en todos los casos, mediante el uso de mecanismos de coacción tan desarrollados y eficientes como en el derecho interno, no puede definirse simplemente como un conjunto de normas morales, o programáticas, que regulan el deseo de mejorar el comportamiento de las naciones. Su principal objeto, como el derecho en general, es el de establecer sólidas y claras reglas de comportamiento, en aras de que se logre al máximo la certeza y la predecibilidad jurídica y de facilitar la comprobación, evaluación y solución de los reclamos internacionales, así como el de promover el orden, guiar, restringir y regular conductas, de ser un medio para la estabilidad, libertad, seguridad, justicia y bienestar de la comunidad. La naturaleza de los sujetos involucrados exige un tratamiento distinto al requerido en la elaboración y aplicación de otras ramas del derecho común, por la circunstancia de ser los Estados, instituciones políticas creadas por personas -no entidades abstractas con autonomía propia- cuyo fin último es un sistema de orden, dentro del que la vida común pueda desarrollarse. No tienen voluntad ni fines propios, sino los de los seres humanos que los sustentan y dirigen. Y no existen en el vacío, sino en constante y cambiante relación con otros Estados, concepción de avanzada ésta que, desde 1949 ha reconocido la Corte Internacional de Justicia en el caso del Canal de Corfú (I.C.J. 39,43). Estas normas jurídicas obligantes, tienen en la costumbre su más remoto antecedente. Costumbre que es tenida por los Estados como de carácter mandatorio, en aplicación del principio de que los Estados deben conducirse como normalmente lo han hecho, y debido a la necesidad de hacer prevalecer la voluntad general de la comunidad. La conducta de los Estados, entonces, está fundada en la creencia del ser humano de la necesidad de que el orden y no el caos, debe ser el principio gobernante de su vida, principio que permitió la creación de la regla universalmente aceptada de pacta sunt servanda. Dentro del Derecho Internacional los tratados otorgan derechos e imponen obligaciones a las partes contratantes, que se convierte en una regla de conducta obligatoria entre ellos y que además, deben ser cumplidas de buena fe (Artículo 26 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). Para la interpretación de los tratados, no existe un sistema universal, sino un conjunto de reglas derivadas de la práctica, de la analogía y del sentido común. Algunas de estas reglas son : a) El tratado debe ser interpretado de acuerdo con el sentido razonable del objeto que regula; b) El objeto, en sí mismo, debe ser igualmente razonable; es decir, que sea adecuado y no inconsistente con los principios del derecho internacional generalmente reconocidos; c) Se presume que las partes coinciden en los efectos del tratado, de manera que no es admisible la interpretación que vuelva sin sentido o ineficaz a una estipulación, o al tratado mismo; ch) Toda interpretación debe estar dirigida a hacer la operación del tratado, consistente con la buena fe. Este marco teórico, es a juicio de la Sala, en el que negociaron la República de Costa Rica y los Estados Unidos de América, el Tratado de Extradición de 1982.

III ).- DOCTRINA GENERAL DE LA EXTRADICION. La más calificada doctrina penal, señala : " Puesto que las leyes penales son territoriales y puesto que las sentencias represivas no se ejecutan en el extranjero, es preciso resolver el caso, harto frecuente, de que una persona perseguida como autora de un delito o condenada ya, se refugie en el territorio de otro Estado. Para resolver estos casos se halla la extradición, que consiste en la entrega que un Estado hace a otro Estado de un individuo acusado o condenado, que se encuentra en su territorio, para que en ese país se le enjuicie penalmente o se ejecute la pena". La extradición interesa al Derecho Internacional Público, en tanto involucra las relaciones entre Estados; al Derecho Procesal Penal porque en su aplicación se origina un procedimiento especial; al Derecho Penal, en tanto la efectividad de las normas penales, en el ámbito espacial, depende de que el delincuente se halle a disposición de los tribunales del país requerido. Es generalmente aceptado que el fundamento de la extradición es la cooperación y solidaridad entre los Estados y en la necesidad de superar las limitaciones que impone, a la persecución y castigo de los delitos, el principio de territorialidad, que impide aplicar la ley penal a hechos ocurridos fuera del país en que se encuentra la persona requerida en extradición. Una buena parte de la doctrina, incluso, considera la extradición como "una institución de reciprocidad jurídica internacional", sentido, que en forma coincidente reproduce el Código de Bustamante en su artículo 344, al señalar que su naturaleza consiste en el auxilio penal internacional. Nuestra Constitución Política en su artículo 31, indica que la extradición "será regulada por la ley o por los tratados internacionales", de donde resulta, por sus vínculos con la ley interna, de capital importancia los lineamientos señalados en el Considerando anterior. Existe una clara tendencia a la universalización de una serie de principios que informan y orientan, tanto a los tratados como a la leyes internas de extradición, mediante una bifurcación de esos principios, que se ubican, unos en relación con el delito y otros, con el delincuente y la pena, de manera que la extradición emerge como un procedimiento de garantía para el requerido. En relación con el delito, nuestro ordenamiento jurídico garantiza el respeto a los siguientes principios : 1) de legalidad, en virtud del cual sólo procede la extradición en los casos expresamente previstos por el derecho escrito (la ley interna o el tratado), llamado también del repertorio de infracciones e íntimamente vinculado con el principio de nulla traditio sine lege; 2) de identidad de la norma, también conocido como de doble incriminación, que obliga a que el hecho que motiva el requerimiento, constituya delito, tanto en el Estado requirente, como en el requerido; 3) de especialidad, que obliga al Estado que recibe al extradido, a no extender el enjuiciamiento, ni la condena, a hechos distintos de los que motivaron el acto de entrega; 4) de la improcedencia por delitos políticos, que es generalmente admitido como consecuencia del derecho de asilo, que en nuestro caso está constitucionalmente garantizado en el mismo artículo 31; 5) la gravedad del delito o ninima non cura praetor, que impide la extradición por infracciones de mínima gravedad, como las faltas y contravenciones. En lo que atañe a la penalidad, usualmente se niega la extradición, cuando el sujeto ha sido absuelto por los mismos hechos en el país requerido, cuando ha prescrito la acción penal o la pena antes de su detención y por último, es generalmente aceptado condicionar la entrega del acusado, a la conmutación de la pena, por otra que no atente contra los principios constitucionales del país requerido, como por ejemplo el derecho a la vía y a la integridad física. En principio y desde el enfoque de nuestro Derecho Constitucional, sólo podrá concederse la extradición, en la medida que no se vulneren derechos fundamentales de las personas, en aplicación de los principios antes reseñados.

IV ).- TRATADO DE EXTRADICION ENTRE COSTA RICA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Las extradiciones entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos de América se regían por el Tratado de 12 de junio de 1922, que fue sustituido por el de 1982, aprobado por Ley No. 7146 de 30 de abril de 1990 que fue publicada en La Gaceta No. 95 de 21 de mayo de 1990 y puesto en vigencia con el canje de los instrumentos de ratificación, del 11 de octubre de 1991. El expediente legislativo No. 10.695, en el que se tramitó la ley de aprobación, resulta ser la inicial fuente de información para discernir la intención de los Estados contratantes y del estudio del mismo, se señalan los siguientes conceptos que emanan de allí : 1) En la exposición de motivos del Proyecto, folio 3 del expediente, se indica que para la formación del necesario criterio jurídico, la Embajada de los Estados Unidos de América presentó a manera de ejemplos, algunos de los más recientes Tratados que celebró ese país, entre ellos el de México, de manera que éste resulta ser una fuente de interpretación del que se celebró con Costa Rica. 2) En el informe de Subcomisión, que ocupa los folios 134 y siguientes del mismo expediente, se advierte de inmediato, que la clara intención del Tratado, es la de dejar sentado en un documento moderno el mecanismo de intercambio de prófugos de la justicia, para que se los someta a los procedimientos y sanciones legales en los países requirentes. Esta sola concepción excluye, automáticamente, la posibilidad de coexistencia de modos distintos para la entrega de los sujetos requeridos. 3) En el Tratado se incluyó el artículo 17 que se lee textualmente : "Si la persona reclamada accede por escrito a ser extraditada al Estado Requirente después de haber sido advertida personalmente por la autoridad judicial competente de que tiene derecho a un trámite formal de extradición y de que la entrega no quedará sujeta a lo dispuesto en el artículo 16 (regla de especialidad), el Estado Requerido podrá conceder su extradición sin que se lleve a cabo el procedimiento formal". (el paréntesis no es del original).

Se advierte, sin dudas, que en todo caso, estará siempre presente el debido proceso como condición elemental para autorizar la entrega de los sujetos requeridos, puesto que hasta en el caso en que el extradido acceda por escrito a la entrega, se le debe advertir que conserva el derecho a un trámite formal. Esto hace impensable que se pueda utilizar un sistema diferente de entrega de los requeridos por la justicia. Estos antecedentes en la aprobación del Tratado, nos demuestran, entre otros, que ambos Estados se han decidido por adoptar una solución civilizada de cooperación, que es la única que prevalece entre ellos.

V ).- LA SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, No. 91-712 DEL 15 DE JUNIO DE 1992. La extradición no es un simple mecanismo opcional disponible de cooperación entre Estados, con el propósito común de que quienes hayan sido o hayan de ser juzgados penalmente en uno de ellos no queden impunes, al refugiarse en otro que carezca de la competencia para juzgarlos por los mismos hechos; es también, y al mismo tiempo, una institución de respeto a la soberanía del Estados requerido y a la potestad soberana, poder-deber de éste, para preservar determinados principios, valores y derechos fundamentales consagrados en su propio orden jurídico o en el internacional, tanto en interés de ese orden como, sobre todo, del ser humano de cuya extradición se trata. En ese sentido, la Sala no puede aceptar que la institución de la extradición, tanto da si regulada por el orden interno -constitucional y legal- como si por tratados internacionales -bi, pluri o multilaterales-se interprete o aplique como un mero mecanismo de cooperación, mucho menos alternativo u opcional, ni, por lo tanto, que le sea indiferente la utilización de otros medios, de una u otra índole, tendentes a producir o que produzcan un resultado equivalente, de poner al alcance de la jurisdicción de un Estado a personas sometidas o amparadas a la de otro. O la institución jurídica de la extradición, con todas sus condiciones y consecuencias, constituyue el mecanismo único de esa cooperación, exclusivo y excluyente de todos los demás, al menos de todos los no autorizados por él, o carece de sentido y de justificación, máxime para los Estados más débiles frente a los poderosos, porque su ausencia o desaplicación montaría a tanto como a consagrar en esa materia la ley de la selva frente a la que los primeros serían impotentes y los segundos gozarían prácticamente de un poder sin límites. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, al fallar por mayoría de seis a tres de sus miembros el llamado caso "Alvarez- Machain" -Sentencia # 91-712 de 15 de junio de 1992-, ha venido a establecer, por obra de su más alto tribunal constitucional, cuyos precedentes y jurisprudencia gozan, además, de valor vinculante erga omnes - en virtud del principio llamado de "stare decisis"-, que los términos pactados con otros Estados soberanos mediante tratados de extradición -en el caso, con los Estados Unidos Mexicanos- no constituyen un medio exclusivo de hacer llegar a su jurisdicción a personas residentes en otra, ni, por ende, excluyente de otros medios, entre los cuales, además de la entrega voluntaria de esas personas por las autoridades del segundo fuera de los procedimientos de extradición, sino incluso acciones claramente arbitrarias o inmorales, como el secuestro de esas personas en el territorio extranjero por o con la complicidad o complacencia de las autoridades del propio país. No es que la sentencia en cuestión, como alguna vez se ha pretendido erróneamente, dé su bendición a esos medios espurios; sino que, para la mayoría de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Américas, esos medios espurios no constituyen una violación del tratado de extradición con los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual ese tratado deja de ser, por obra de las más alta autoridad judicial de uno de sus dos Estados Partes, el cause jurídico exclusivo y excluyente de la cooperación entre ambos para la aprehensión y sometimiento de personas residentes en uno a la jurisdicción de los tribunales del otro. En efecto, según el texto expreso de la sentencia en cuestión : "El Tratado no dice nada respecto de las obligaciones de los Estados Unidos y de México de abstenerse de la toma forzosa (forcible abduction) de personas en el territorio de la otra nación, ni de las consecuencias conforme al Tratado si tal (abduction) ocurriera... Los principios generales (de derecho internacional) citados por la defensa (de Alvarez-Machain) simplemente no alcanzan a persuadirnos de que debamos suponer en el Tratado de Extradición Estados Unidos-México una disposición que prohiba los secuestros internacionales...".- Estos son conceptos absolutamente inequívocos cuyas consecuencias fueron, además, claramente apurados en el voto salvado de los Magistrados Stevens, Blackmun y O'Connor, como sigue : " Es cierto que, como dice la Corte, no hay ningún compromiso expreso de una u otra Parte de abstenerse de aprehensiones forzosas en el territorio de la otra Nación...Descansando en esa omisión, la Corte, en efecto, concluye que el tratado meramente crea un método opcional de obtener jurisdicción sobre supuestos delincuentes, y que las partes silenciosamente se reservaron el derecho de acudir a la autoayuda cuando quiera que consideren que la fuerza es más expedita que el proceso legal... Si los Estados Unidos, por ejemplo, considerara más expedito torturar o simplemente ejecutar a una persona que tratar de extraditarla, estas opciones estarías igualmente disponibles, porque ellas tampoco fueron prohibidas expresamente por el Tratado." El artículo 3° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que dice : "Se tendrá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales" prevé la posibilidad de que se declaren inconstitucionales las normas o actos que pueden no serlo en si mismos, cuando lo son por sus efectos o por su interpretación o aplicación por las autoridades públicas; esta disposición la Sala la considera aplicable también a los casos como el presente, en que un tratado bilateral es interpretado y aplicado por una de las partes de una manera tal que pervierte los fines para los que ese tratado se suscribió, que no son, como se dijo, solamente los de crear un medio de cooperación entre estados para la entrega de delincuentes, sino los de constituir un sistema civilizado y excluyente que garantice a la vez la soberanía del Estado requerido y los derechos fundamentales del extradido. No implica lo anterior que la Sala dude de la imparcialidad y corrección de los tribunales norteamericanos, ni, por lo tanto, que crea que existen motivos para negar por ese motivo la extradición de personas requeridas para someterlas a juicio antes los tribunales de ese país, o para que purguen penas impuestas por ellos; nada obsta a que se continúen tramitando las extradiciones pedidas por los Estados Unidos de América, pero de conformidad con el orden jurídico interno, es decir, con la Ley de Extradición costarricense. Lo único que la Sala objeta es, específicamente, la aplicación a esos casos del Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América, en vista, de que éste, se repite, por obra de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de ese país, ha dejado de garantizar que sea el único medio civilizado para entregar los delincuentes, al considerar que el Tratado no se viola con actos de tal perversidad como el secuestro de personas en otro país y perpetrado, apagado o aprovechado por las autoridades públicas.

VI. ) - DEL HABEAS CORPUS.- El artículo 48 de la Constitución Política señala que toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y en desarrollo de esa institución, la Ley de la Jurisdicción Constitucional en su artículo 15 dispone : "Procede el hábeas corpus para garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos u omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho a trasladarse de un lugar a otro de la República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio".

Y cuando en la tramitación de un recurso se alegan violaciones, o las advierte la Sala de oficio, que tengan relación con la libertad personal, en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto atribuido como ilegítimo, por constituir su causa o finalidad, en esta vía, también se resuelven esas violaciones. (idem art. 16). Por su lado, el artículo 19 de la Constitución Política, declara que los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que la propia Constitución y las leyes establecen, y si el artículo 32 ibídem, con toda claridad indica que ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, de todo ello se concluye que en aplicación y conjunción de todos esos principios constitucionales señalados, que la única forma como ha previsto nuestra Constitución la entrega de personas, para ser sometidas a jurisdicciones de otros países, es la extradición y nada más (ver art. 31 constitucional). La interpretación de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, en el sentido que es jurídicamente viable el secuestro de personas (forcible abduction) en el territorio de otra nación, aun cuando se haya emitido dentro de un análisis del Tratado de los Estados Unidos Mexicanos, resulta aplicable también a Costa Rica, puesto que aquél ha servido de antecedente, calificado por la Embajada de los Estados Unidos de América, como "reciente", que sirvió de base de estudio, para concretar el Tratado de 1982. Y ante la amenaza clara a la libertad de las personas requeridas, que podrían ser secuestradas o lo que es lo mismo, sacadas por la fuerza de Costa Rica, sea por autoridades norteamericanas, o sea por "caza recompensas", actuaciones que de previo han sido calificadas por la máxima autoridad judicial norteamericana como legítimas, la Sala, como custodia del orden constitucional y de los derechos fundamentales de las personas que viven en el territorio de Costa Rica, debe declarar la inaplicabilidad del Tratado de Extradición al caso concreto, con las consecuencias que se dirán.

VII ).- En forma reiterada la Sala se ha pronunciado en el sentido que la finalidad del procedimiento de extradición, no es la de juzgar al requerido -el que será sometido a proceso penal o a la respectiva ejecución de la pena, según corresponda, en el país que lo requiere- sino su entrega, bajo la observancia estricta de ciertas requisitos esenciales. Por ello la extradición se erige como una garantía para el requerido, en el sentido que deben cumplirse todos los principios que la informan como institución jurídica, tales como, por ejemplo, el principio de legalidad y el de doble incriminación, así como el respeto a los bienes jurídicos esenciales para nuestro sistema de Derecho, respeto que debe observar el Juez que conoce del asunto.

VIII ).- La verificación de la verdad real, esto es, si James F. Karls cometió o no el delito que se le endilga, le corresponde a los Tribunales de Justicia del Estado requirente y no a los de Costa Rica a quienes corresponde, únicamente, verificar que se cumplan los requisitos objetivos del régimen de extradición aplicable y en caso afirmativo ordenar la entrega del extradido. Es por esto que el alegato del recurso, en cuanto afirma que el amparado no es responsable del crimen que se le acusa, es improcedente. En el mismo sentido, la observancia del principio de la doble identidad o doble incriminación, deberá ser analizado por el Juzgado Primero Penal al momento de resolver la solicitud del Gobierno de los Estados Unidos de América. Consecuentemente, los fundamentos de la representación del requerido, serán objeto, en su momento procesal, de pronunciamiento del Juez competente para hacerlo.

IX ).- Por todo lo expresado, el recurso de hábeas corpus resulta improcedente desde la perspectiva de sus argumentos, pero debe ser declarado con lugar, en cuanto a que resulta inaplicable el Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos de América, por las razones expuestas en los Considerandos anteriores, debiendo en consecuencia el Juzgado Primero Penal, adecuar los procedimientos del caso concreto a la Ley de Extradiciones, a cuyos preceptos deberá sujetarse el requerimiento de entrega respectivo. No implica ello, desde luego, la nulidad de todo lo actuado o que deba ponerse en libertad al requerido, sino que dentro del término que concede la Sala, deberá el Juzgado Primero Penal disponer lo que procede conforme a la Ley de Extradición, único estatuto legal que se aplicará al caso. Lo anterior con el voto concurrente del Magistrado Piza que declara, además, nulo todo lo actuado con el Tratado de Extradición y el voto salvado del Magistrado Castro que declara sin lugar el recurso.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso. Proceda el Juzgado Primero Penal, dentro de tercero día, a adecuar los procedimientos a la Ley de Extradición vigente. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados, los que se liquidarán, en su caso, en la vía de ejecución de sentencia de los contencioso administrativo.

R. E. Piza E.

Presidente a.i.

Jorge E. Castro B. Eduardo Sancho G.

Carlos Ml. Arguedas R. José Luis Molina Q.

Mario Granados M. Oscar Bejarano C.

Gerardo Madríz Piedra Secretario fabrizio.93.d8 VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CASTRO.

Me aparto de la decisión de la mayoría por los siguientes motivos: I.). Corresponde a la Sala Constitucional como órgano supremo de garantía de la Constitución su correcta interpretación. La autoridad que el constituyente otorgó a la Sala Constitucional, debe ejercerse conforme a las normas de procedimientos y según los procesos previstos (hábeas corpus, amparo, acción de constitucionalidad). Es precisamente por su condición de "suprema interprete" de la Constitución que la Sala -sin ninguna mayor libertad que el Tribunal ordinario- debe guardar fidelidad a las disposiciones del texto supremo; como lo exige el carácter fundamental y superior que tiene dentro del ordenamiento jurídico costarricense. Los artículos 10 y 48 de la Constitución Política establecen con toda claridad los procesos que son competencia de la Sala. En opinión del suscrito este Tribunal debe señirse a dichos procesos para declarar las contravenciones a la Constitución. Considero que solo mediante el procedimiento establecido en la propia Constitución y la Ley de la Jurisdicción Constitucional se pueden declarar las trasgresiones Constitucionales que se interesen. La Sala no actuó de acuerdo con su competencia, al declarar la inaplicabilidad -y no la nulidad de la norma como se le autoriza- del Tratado vigente entre Estados Unidos y Costa Rica en un proceso de hábeas corpus. En tratándose de la inconstitucionalidad de una norma, la Sala solo puede declarar su nulidad en el correspondiente proceso. La observancia del procedimento no es una cuestión formal, ni constituye una situación irrelevante, antes bien, es un aspecto sustancial, que garantiza en sí mismo el principio de supremacía de la Constitución y de seguridad jurídica. En el proceso de hábeas corpus la Sala debe analizar la legalidad del acto o la omisión que restringe la libertad física o deambulatoria del recurrente, teniendo lo que resuelva aplicación únicamente para el caso concreto. En el proceso de inconstitucionalidad por su parte, debe hacerse un análisis de la concordancia de la norma cuestionada y el texto fundamental, tendiendo lo que allí se resuelva efectos "erga ommes". Precisamente por el diferente efecto que uno y otro proceso tienen, la Sala no debe resolver en un proceso de hábeas corpus la inconstitucionalidad -menos aún la desaplicación- de una norma. El proceso de inconstitucionalidad -único posible para analizar la conformidad de la normas de cualquier naturaleza con la Constitución- está dotado de publicidad, y garantiza la participación activa de los sujetos involucrados, y de aquellos que deriven de la norma cuestionada derechos subjetivos o intereses legítimos. Si se admitiera que en un proceso de amparo o de hábeas corpus la Sala puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, se estarían eliminando estas garantías de carácter procesal, consiguiéndose a pasar de ello -por la vinculación "erga omnes" del precedente- el mismo efecto del proceso de inconstitucionalidad, con el agravante, que no se produce un análisis conforme a las pretensiones de las partes y se omite el dimencionamiento de los efectos de la norma anulada.

II.- La Sala Constitucional limita su actuación a que los sujetos legitimados, soliciten su pronunciamiento por la vía correspondiente. En el presente asunto, el accionante por la vía del hábeas corpus solicitó la Sala se pronunciara sobre la legitimidad de su privación de libertad, la que se consideró como quedó expuesto en el voto de mayoría conforme a derecho, como consecuencia de ello el recurrente no obtuvo con la interposición de su recurso, ni con la desaplicación del tratado su libertad. Ninguno de los alegatos del accionante iba dirigido a la inconstitucionalidad del Tratado de Extradicción que le estaba siendo aplicado. A pesar de ello, en forma oficiosa se procedió a su desaplicación. Considero que si del análisis del asunto era posible concluir que el Tratado tenía roces con la Constitución lo procedente según lo establece el artículo 28 y 48 de la Ley que rige esta Jurisdicción era otorgar plazo al gestionante para que formalizara la acción de inconstitucionalidad, resolviendo lo correspondiente en esa vía. Lo anterior desde luego; sin perjuicio de las medidas cautelares que en el caso concreto la Sala puede -y debe- adoptar al tenor de lo establecido en artículo 21 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El artículo 16 de la ley que rige esta Jurisdicción faculta a la Sala para analizar en el hábeas corpus toda violación conexa con la libertad personal en tanto hayan sido alegadas, más no de oficio. En todo caso, el análisis de violaciones conexas aún cuando estas hayan sido alegadas no permite la desaplicación de la norma en el proceso de hábeas corpus, ya que como se indicó el procedimiento de desaplicación no existe en nuestro sistema debiendo en caso de existir una posible inconstitucionalidad de la norma, acudir al procedimiento jurídico de remitir al accionante, al proceso constitucionalmente adecuado.

III.- La denuncia de un tratado o su terminación como consecuencia de su grave violación, es función constitucionalmente encargada al Poder Ejecutivo (artículo 140.12 de la Carta Política). Considero que el Gobierno de los Estado Unidos no ha incumplido el Tratado de Extradicción suscrito con Costa Rica. La lamentable decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América en el llamado caso "Alvares-Machain" sentencia N° 91-712 del 15 de junio de 1992, no debe entenderse como un incumplimiento del Tratado por lo siguiente: 1- La decisión del la Suprema Corte se circunscribe a la aplicación de un Tratado bilateral entre Mexico y los Estados Unidos de América y no al vigente entre éste y Costa Rica. No existe ninguna actuación del Gobierno de los Estado Unidos de América que permita considerar que se ha irrespetado o desconocido lo dispuesto en el Tratado. El proceso de extradicción que enfrenta el accionante conforme el procedimiento previsto en ese Tratado, reafirma su observancia. 2- Después de emitida la opinión de la Corte en relación con el caso "Alvarez-Machain" el Presidente del los Estados Unidos hizo público un comunicado indicando que a pesar de lo considerado por la Suprema Corte de su país, los procesos se tramitarían conforme a los procedimientos vigentes. Esta manifestación unilateral desde el punto de vista del derecho internacional, vincula al Gobierno de los Estado Unidos de América, por lo que resulta improcedente la desaplicación del Tratado por estos motivos. A mayor abundamiento debe indicarse que conforme a lo establecidio en la Convención de Viena (artículo 27) una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado.

IV) La Sala dispuso -sin conceder audiencia al Gobierno requirente- ordenar al Juez de la causa "ajustar los procedimientos a la Ley de Extradición vigente". La solución adoptada por su efecto "erga omnes" necesariamente deberá extenderse a todos los procedimientos de extradición pendiente promovidos por el Gobierno de los Estados Unidos de América, lo que produce -habida cuenta que el Tratado no ha sido declarado inconstitucional- una gran inseguridad jurídica evidenciada por las multiples consultas judiciales y acciones presentadas a la Sala después de la adopción del voto. La no aplicación de un Tratado -formalmente vigente- para en su lugar aplicar una norma de inferior rango como la Ley de Extradición, a pesar de no existir laguna en el ordenamiento jurídico, resulta en sí misma improcedente en tanto contraria a lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución, que otorga a los tratados desde su vigencia autoridad superior a las leyes. Por lo expuesto declaro sin lugar el recurso en todos sus extremos.- Jorge E. Castro B.

Gerardo Madríz Piedra Secretario.

fabrizio.93d14 N0TA SEPARADA DEL MAGISTRADO PIZA

Independientemente de algunas reservas que tengo sobre lo dicho en el fallo principal respecto del contenido, ámbito y principios del Derecho Internacional en general, y de los tratados en particular (Considerando II de la sentencia), así como de la definición y alcances de la Institución de la extradicción (Considerando III), esta última en cuanto considero que su objeto al lado y quizás con mayor entidad que el de cooperación y solidaridad entre los Estados para facilitar el juzgamiento o sanción penales de los delincuentes que eluden su jurisdicción territorial, es también el de garantizar al extradido sus derechos y libertades fundamentales, tanto sustanciales como procesales, y tal como ellos son entendidos por el Estado requerido -criterio de donde derivan las principales consecuencias que en el mismo Considerando III se señalan a la extradicción entre Estados civilizados- reservas que, en todo caso, no afectan el meollo de las razones unánimes de la Sala, contenidas especialmente en los considerandos IV, a IX y de su conclusión, que comparto en lo fundamental; salvo mi voto únicamente para declarar, además y como consecuencia de la misma inaplicabilidad constitucional del Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América, la nulidad de lo actuado en el procedimiento de extradición del aquí amparado. Esta nulidad, a mi juicio necesaria para enderezar un procedimiento que resulta viciado por la aplicación de una normativa espuria, no significa que yo considere imposible la extradición de James F. Karls a los Estados Unidos de América, siempre que se adecuen los procedimientos como dice el fallo al que concurro, a la Ley de Extradicción costarricense; pero sin que esto signifique que lo actuado hasta aqui quede santificado en la medida en que no se hubiera ajustado a ella. Concretamente, la detención de Karls, antes de la presentación de los documentos debidamente legalizados para su extradición, no pudo exceder de los 10 días hábiles previstos por la ley citada, y en la medida en que los excedió fue arbitraria y debe ser indemnizada. En lo demás, sí me parece posible dicha adecuación, incluso habiendo declarado la nulidad de lo actuado, en virtud del principio de conservación de los actos procesales.- R. E. Piza E.

Gerardo Madríz Piedra Secretario fgv.d13

 

 

Consulta Judicial No.6684-96  SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas treinta y nueve minutos del diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Consulta Judicial facultativa, promovida por el Juzgado Primero Penal de San José, en relación a la aplicación del Tratado de Extradición suscrito entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos de Norte América.

Resultando: 1o. Mediante resolución de las diez horas del doce de junio del año en curso, el Juez Primero Penal de San José, Licenciado Ronald Salazar Murillo, formula consulta señalando que esta Sala en sentencia número 123-93 ordenó al Juzgado desaplicar el Tratado de Extradición suscrito entre nuestro gobierno y el de los Estados Unidos de Norteamérica. Añade que en el expediente 168-95 de su despacho, debe resolver una extradición que se tramita entre ambos países, y por lo tanto le surge la duda de si el Tratado que rige las relaciones de extradición entre ambos países se debe desaplicar para todos los procesos de esta naturaleza, o si la resolución lo era únicamente para el caso concreto que dio origen a la sentencia. Por otra parte señala que existen unas notas diplomáticas entre los Gobiernos involucrados, en donde se responde a la preocupación de la posible amenaza ante la cual estarían los requeridos a raíz del antecedente, en las que el Gobierno de los Estados Unidos reitera que no es su política llevar a cabo o autorizar acciones unilaterales para llevarse a la fuerza del territorio de Costa Rica fugitivos.

2o. La Procuraduría General de la República al contestar la audiencia conferida indicó que, pese a la importancia del asunto, la consulta no es admisible porque versa sobre una resolución jurisdiccional concreta, la sentencia número 123-93, lo cual no es posible según las reglas de admisibilidad establecidas en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por otra parte, señala que la consulta carece de un fundamento constitucional que permita a la Sala entrar a conocer los posibles roces. En cuanto al fondo considera que la sentencia de la Sala en mención, desaplicó el Tratado de Extradición entre ambos países, únicamente para el caso concreto y que por lo tanto no puede tener efecto erga omnes.

Redacta el Magistrado Mora Mora; y Considerando: I. La consulta promovida por el Juzgado Primero Penal de San José, como bien lo señala la Procuraduría General de la República en funciones de órgano asesor, no fundamenta desde un punto de vista constitucional, cuáles son los posibles roces entre la situación creada con posterioridad a la sentencia número 123-93 de esta Sala y la Constitución Política. Más bien parece tratarse de una consulta sobre los alcances de la sentencia, ante la importancia del tema, concretamente para lograr establecer si el Tratado de Extradición entre los Gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica se desaplicó sólo para el caso concreto, o bien si la misma tiene carácter erga omnes. Efectivamente, los artículos 102 y 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, son claros en señalar el deber del consultante de acceder a esta vía únicamente cuando la duda es de naturaleza constitucional, caso en el cual se requiere además la fundamentación de los motivos de la duda sobre su validez o interpretación constitucionales, requisitos que no cumple el Juez en el caso en estudio.

II. No obstante la inadmisibilidad de la consulta, sí es importante aprovechar la oportunidad para reiterar lo que ya se ha dicho con claridad en la sentencia 123-93 en cuanto a la desaplicación del Tratado de Extradición entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos de Norteamérica; esto por supuesto, con el fin único de evitar problemas en la correcta administración de justicia, pero antes es importante recordar parte de los argumentos que la Sala tomó en cuenta al declarar con lugar el recurso. Entre los antecedentes que se valoraron en esa oportunidad está la sentencia número 91-712 del quince de junio de mil novecientos noventa y dos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, caso "Alvarez Machain", que vino a establecer, por obra de su más alto tribunal constitucional, que los términos pactados con otros Estados soberanos mediante tratados de extradición -en el caso, con los Estados Unidos Mexicanos-, no constituyen un medio exclusivo de hacer llegar a su jurisdicción a personas residentes en otra, ni, por ende, excluyente de otros medios, como el secuestro u otras acciones arbitrarias o inmorales. Con esta interpretación, a juicio de la Sala, el Tratado como instrumento internacional dejó de ser el cauce jurídico exclusivo y excluyente de la cooperación entre ambos para la aprehensión y sometimiento de personas residentes en uno, a la jurisdicción de los tribunales del otro. Consideró la Sala que en aplicación de los artículos 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y 48 de la Constitución, que al haber dejado de ser el Tratado el único medio civilizado para entregar a los acusados de haber cometido delito, se ponía en un riesgo inminente a los residentes en nuestro territorio, lo que constituye una amenaza a su libertad, tutelable conforme a los artículos 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 48 de la Constitución Política. Al respecto se señaló: "...Y cuando en la tramitación de un recurso se alegan violaciones, o las advierte la Sala de oficio, que tengan relación con la libertad personal, en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto atribuido como ilegítimo, por constituir su causa o finalidad, en esta vía, también se resuelven esas violaciones. (idem art. 16). Por su lado, el artículo 19 de la Constitución Política, declara que los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que la propia Constitución y las leyes establecen, y si el artículo 32 ibídem, con toda claridad indica que ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, de todo ello se concluye que en aplicación y conjunción de todos esos principios constitucionales señalados, que la única forma como ha previsto nuestra Constitución la entrega de personas, para ser sometidas a jurisdicciones de otros países, es la extradición y nada más (ver art. 31 constitucional). La interpretación de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, en el sentido que es jurídicamente viable el secuestro de personas (forcible abduction) en el territorio de otra nación, aun cuando se haya emitido dentro de un análisis del Tratado de los Estados Unidos Mexicanos, resulta aplicable también a Costa Rica, puesto que aquél ha servido de antecedente, calificado por la Embajada de los Estados Unidos de América, como "reciente", que sirvió de base de estudio, para concretar el Tratado de 1982. Y ante la amenaza clara a la libertad de las personas requeridas, que podrían ser secuestradas o lo que es lo mismo, sacadas por la fuerza de Costa Rica, sea por autoridades norteamericanas, o sea por "caza recompensas", actuaciones que de previo han sido calificadas por la máxima autoridad judicial norteamericana como legítimas, la Sala, como custodia del orden constitucional y de los derechos fundamentales de las personas que viven en el territorio de Costa Rica, debe declarar la inaplicabilidad del Tratado de Extradición al caso concreto, con las consecuencias que se dirán." III. Por otra parte como claramente lo ha entendido la Procuraduría General de la República -y así debió entenderlo el resto del sistema penal relacionado con el tema-, la desaplicación del Tratado a que se refiere la sentencia citada, se dio únicamente para el caso concreto. La resolución es clara en este sentido al decir: "Y ante la amenaza clara a la libertad de las personas requeridas, que podrían ser secuestradas o lo que es lo mismo, sacadas por la fuerza de Costa Rica, sea por autoridades norteamericanas, o sea por "caza recompensas", actuaciones que de previo han sido calificadas por la máxima autoridad judicial norteamericana como legítimas, la Sala, como custodia del orden constitucional y de los derechos fundamentales de las personas que viven en el territorio de Costa Rica, debe declarar la inaplicabilidad del Tratado de Extradición al caso concreto¼" También señaló: "¼debe en consecuencia el Juzgado Primero Penal, adecuar los procedimientos del caso concreto a la Ley de Extradición, a cuyos preceptos deberá sujetarse el requerimiento de entrega respectivo".

Con palabras expresas, lo anterior significa que el Tratado no fue declarado inaplicable para todos los casos en los que el Gobierno de los Estados Unidos solicitara una extradición al nuestro, sino que, por el contrario, tal declaratoria era sólo para el caso concreto. No puede entenderse que su eficacia se extiende automáticamente a otros supuestos en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, porque la Sala fue clara en señalar los límites propios de los alcances fallo, limitándolo expresamente al caso concreto.

IV. Es importante señalar también, por estar relacionado con el tema, la nota diplomática número 033 del veinticinco de marzo del año en curso, firmada por el Embajador de Estados Unidos, en representación de ese país (que consta a folios 61 a 63 del expediente número 4556-92), en la cual se compromete el Gobierno de los Estados Unidos en forma clara e inequívoca a no llevar a cabo, o autorizar acciones unilaterales para llevarse a la fuerza a los fugitivos del territorio de Costa Rica, y más aún de respetar la legislación costarricense que no permite la extradición de nacionales, ha cambiado ese estado de "amenaza" a que se refería la Sala en la sentencia supra citada, porque si bien es cierto el Gobierno de los Estados Unidos no puede vincular en forma alguna a la Corte Suprema de su país, sí queda claro que ningún costarricense ni fugitivo de la justicia, será sometido a la fuerza a la justicia norteamericana, de tal forma que si no llega ningún acusado a los Tribunales, no se podrá aplicar el infortunado antecedente del máximo tribunal de esa Nación.

V. La redacción de la nota diplomática en mención es clara en que ese Gobierno no autorizará ni avalará el arresto de fugitivos, ni de nacionales al señalar: "... El Gobierno de Costa Rica ha expresado preocupación con respecto a posibles acciones unilaterales por parte de autoridades de control legal de los Estados Unidos para arrestar fugitivos en Costa Rica. El Gobierno de los Estados Unidos manifiesta al Gobierno de Costa Rica que es política de los Estados Unidos cooperar con los gobiernos extranjeros en la ejecución internacional de la ley, basados en el respeto por la integridad territorial e igualdad soberana de los estados.

[...]la relación entre los Estados Unidos y Costa Rica está basada firmemente en los principios de cooperación y por ende el Gobierno de los Estados Unidos desea informar y reafirmar al Gobierno de Costa Rica que es la política del Gobierno de los Estados Unidos no llevar a cabo o autorizar acciones unilaterales para llevarse a la fuerza la los fugitivos del territorio de Costa Rica..." La Sala entiende que la frase "no llevar a cabo o autorizar", implica, no sólo que las autoridades de ese país no someterán a la fuerza a la justicia norteamericana a ningún fugitivo, ni a ninguna persona con nacionalidad costarricense, sino que no financiarán, pagarán, ni apoyarán en forma alguna esfuerzos privados que tengan ese mismo fin, como sucede por ejemplo con los llamados "casa recompensas".

En esos términos, el compromiso expresado en la nota citada, satisface plenamente a este Tribunal, no sólo por venir de una nación amiga, de tradición democrática y estar redactada en un lenguaje que no da lugar a dudas o interpretaciones, sino porque desde ese entonces a la fecha, no tiene conocimiento esta Sala, que se haya repetido un incidente de igual o similar naturaleza a la que dio base a esta sentencia, de tal forma que se nota una marcada intención de ese Gobierno de respetar los instrumentos internacionales de derecho, como única forma civilizada de relación y cooperación entre los pueblos.

En consecuencia, se reitera que tiene plena validez el Tratado de Extradición suscrito entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos de América de mil novecientos ochenta y dos, que entró en vigencia con el canje de instrumentos de ratificación, el día once de octubre de mil novecientos noventa y uno, ya que la desaplicación a que se refiere la sentencia 123-93, lo es sólo para el caso que sirvió de base a la misma.

VI. El Magistrado Solano salva el voto y declara inevacuable la consulta en todos sus extremos.

Por tanto: No ha lugar a evacuar la consulta. Tome nota el Juez de lo expresado en los considerandos III, IV y V. Notifíquese.

Luis Paulino Mora Mora Presidente Luis Fernando Solano C. Eduardo Sancho G.

Adrián Vargas Benavides José Luis Molina Q.

Manuel E. Rodríguez E. Fernando Albertazzi H

 

VOTO No.5179-93 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres.

Acción de inconstitucionalidad promovida por Christopher Rayan Haug, mayor, empresario, vecino de Guanacaste, ciudadano estadounidense, pasaporte número 031908916, contra el artículo 11 del Tratado de Extradicción suscrito entre los Gobiernos de Costa Rica y de los Estados Unidos de América, aprobado por ley número 7146 del treinta de abril de mil novecientos noventa.

Resultando: 1o. El accionante impugna el artículo 11 del Tratado de Extradicción suscrito entre los Gobiernos de Costa Rica y de los Estados Unidos de América, aprobado por Ley número 7146 del treinta de abril de mil novecientos noventa, pues considera que la detención provisional que autoriza la norma es contraria al artículo 37 de la Constitución Política por cuanto no se presenta el "indicio comprobado de haber cometido delito" que exige la Constitución, sino que debe esperarse a la formalización de la extradicción -con la persona detenida- para determinar la existencia o no de este requisito.

IIo. La Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala en su artículo 9o, a rechazar o acoger una acción, aún desde su inicio, cuando considere suficiente fundarla en principios o normas evidentes o en sus propios precedentes o jurisprudencia.

Redacta el Magistrado Mora Mora; y, Considerando: Io. La extradicción es un acto de asistencia jurídica internacional y no es otra cosa que el medio de hacer posible la presencia del imputado en un proceso penal en otro país que lo requiere; su fundamento pues, está en la solidaridad de los Estados y la necesidad de superar las limitaciones que impone a la persecución y castigo de los delitos el principio de territorialidad, que impide aplicar la ley penal a hechos ocurridos fuera del país en que ha buscado refugio el presunto delincuente. Este acto de cooperación internacional entre Estados, debido a los problemas de territorialidad, distancia, diferencia de culturas y sistemas jurídicos, está dotado de una serie de trámites y regulaciones que buscan superar los obstáculos que se puedan presentar debido a estas diferencias, a la vez que se busca conciliar y hacer respetar los ordenamientos jurídicos de ambos países, incluyendo las normas de protección a los derechos del presunto delincuente. Precisamente estas diferencias anotadas, hacen que la detención y envío de la persona acusada a los tribunales de justicia, esté regulada en forma distinta a la detención de un presunto delincuente el propio país. En efecto, la falta de obstáculos territoriales, de distancias y la uniformidad en el ordenamiento jurídico, nos permiten determinar con rapidez (24 horas) si la detención de una persona cumple o no con los requisitos que establece la Constitución Política. Por el contrario, si la persona es requerida por otro Estado, la información que se obtiene prima facie para detener al presunto delincuente, no resulta tan clara al inicio, como lo es la que obtenemos en el propio territorio. Por ello, tanto nuestra Ley de Extradicción (art. 7), como el artículo 11 del Tratado entre los Estados Unidos de Norte America y Costa Rica que se impugna, permiten que se efectúe la detención provisional del presunto delincuente de una forma menos formal que la que se exige en nuestro propio país, mientras se remiten los documentos de formalización, pero expresando el país requirente que tiene los elementos de convicción necesarios para estimar como cometido un hecho delictivo que les es atribuible al extradido. La garantía en el caso es la de la responsabilidad adquirida por los Estados en sus relaciones internacionales.

IIo. El artículo impugnado exige que la petición de detención provisional contenga: a) la identificación de la persona reclamada, b) el lugar donde se encuentra, si se conoce, c) una declaración de que existe auto de detención o una orden de arresto dictadas por una autoridad judicial, o una condena o sentencia condenatoria contra esa persona, y, d) una declaración de que la solicitud de extradicción se presentará luego. Al recibir la solicitud, el Estado Requerido tomará las medidas necesarias para asegurar la detención de la persona reclamada, y se dará por terminada si, dentro de un plazo de 60 días, a partir de la fecha de detención de la persona reclamada, el Estado requerido no ha recibido la solicitud oficial y los documentos a que se refiere el artículo 9. El problema de fondo en esta acción es si efectivamente estos requisitos, y en particular la declaración jurada a que se refiere el aparte c) supra citado, son equiparables al "indicio comprobado" que exige el artículo 37 de la Constitución Política para tener como válida una determinada detención. Dice textualmente este artículo constitucional: "Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad competente encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso, deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas" La norma impugnada indica claramente que la peticíon deberá contener una declaración de que existe auto de detención o una orden de arresto dictadas por una autoridad judicial en el Estado Requirente, o una condena o sentencia condenatoria dictada por una autoridad judicial en ese país, requisito que se estima suficiente como "indicio comprobado" -únicamente- de que la persona requerida presuntamente cometió el delito por el cual se le requiere. La declaración del Estado requirente es razón suficiente para presumir la seriedad y buena fe con la que ese Estado actúa, y tomando en cuenta que en este caso el Tratado se ha firmado con un país organizado bajo un sistema democrático de derecho, en donde las autoridades no están legitimadas para actuar en asuntos relacionados con la libertad de sus ciudadanos, por simple capricho, existe garantía de que no se trata de la arbitariedad o abuso de poder de un funcionario o de un juez. De no ser así, al igual que sucede con una detención arbitraria, el detenido injustamente podrá reclamar la indemnización por el daño causado, sin que la sóla posibilidad de que se produzca ese abuso o un error, justifique la eliminación de la norma, pues igual serían inconstitucionales nuestras normas por el mismo motivo; es decir, la posibilidad del abuso, o el abuso en sí, no justifica per se la anulación de la norma, sino la reparación del daño correspondiente si lo hubiere.

IIIo. En consecuencia, no puede reclamarse una igualdad entre nacionales y extranjeros en cuanto a la naturaleza del indicio comprobado que exige la Constitución, pues por las circunstancias anotadas supra, de territorialidad, diferencias de sistemas jurídicos, distancias, etc, no siempre puede contarse desde un inicio materialmente con la prueba o bien con la formalización de la extradicción, antes de pretender la detención provisional de la persona reclamada, caso en el cual se hace necesaria una acción rápida, aunque provisional, para evitar la impunidad de los delitos; lo que si es exigible es la existencia del "indicio comprobado de haber cometido delito", lo que se da según se analizó supra, con la declaración que debe dar el Estado requirente sobre los extremos del artículo impugnado. Hay que tener presente que sólo de esta forma se logra un equilibrio entre los intereses en juego que son, los derechos de la persona reclamada y la cooperación internacional contra el delito, que de acceder a la petición del recurrente, sólo se favorecería el primero. Con el procedimiento contenido en el artículo 11 impugnado, se favorecen ambos en cuanto la persona requerida goza de ahí en adelante de un procedimiento comprobatorio amplio que le permite el ejercicio de todos sus derechos, aún del derecho a reclamar una indemnización en caso de error o abuso.

Por tanto: Se rechaza por el fondo la acción.

Luis Paulino Mora M.

Presidente.

R. E. Piza E. Jorge E. Castro B.

Luis Fernando Solano C. Eduardo Sancho G.

Carlos Arguedas R. José Luis Molina Q.

Gerardo Madriz Piedra.

 

VOTO 1999-03132. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas del treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve.-

Consulta judicial facultativa formulada por el Tribunal de Guanacaste, Sede Santa Cruz, mediante resolución de las siete horas del diecisiete de febrero de este año, dictada dentro del expediente número 91-200070-388-PE, que es extradición de Patrick Morgan Waldrop.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el veintiséis de febrero pasado, y con fundamento en los artículos 8, inciso 1), de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 2, inciso b); 3, 13, 102 y 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el despacho consultante solicita a esta Sala que se pronuncie sobre si resulta o no inconstitucional que se cumpla con la ejecución de la sentencia firme de extradición de Patrick Morgan Waldrop, dado que existe en su contra orden de impedimento de salida del país por motivo de pensión alimenticia a favor de dos hijos menores suyos. La duda surge por cuanto la Convención de Derechos del Niño que es derecho vigente y aplicable en nuestro país, obliga a los Estados partes a tomar las medidas necesarias para garantizar al niño su adecuado desarrollo y en particular procurarán la unidad familiar, excepto que ello vaya en perjuicio del propio menor. Lo anterior se refuerza con las normas constitucionales contenidas en los 51 y 53 de la Constitución Política que establecen obligaciones de los padres para con la familia y en particular con los menores. De tal forma, surge la duda de si al cumplir con la extradición acordada, se estaría violentando tanto la normativa convencional como la constitucional. En segundo lugar se señala que en el caso de ser posible la extradición, sería o no inconstitucional autorizarla sin el depósito que exige la Ley de Pensiones Alimentarias, pues tal omisión podría entenderse también como atentatorio contra los derechos del menor establecidos en las normas jurídicas arriba mencionadas. Y finalmente se solicita a la Sala indicar si en el caso de no ser posible la salida del país por extradición, sería inconstitucional por infundada, la subsiguiente detención del extraditable dado que la única razón de su detención lo es para efectos de su salida del país, de manera que si resulta inejecutable tal salida, pareciera lógico que la detención queda sin sustento jurídico alguno.

2.- La Procuraduría General de la República contestó la audiencia que se le confirió y señaló que en su criterio el Estado costarricense se encuentra sometido al cumplimiento de dos obligaciones que aparentemente son contradictorias, de manera que lo procedente es determinar cual obligación es de mayor jerarquía. Así enfocado el asunto concluye el órgano asesor que no cabe duda que la Convención de Derechos del Niño es de mayor jerarquía por ser una normativa relacionada con derechos humanos fundamentales. Sin embargo para la Procuraduría existe una posibilidad de conciliar ambas obligaciones sin tener que descartar una por la otra, mediante el mecanismo del depósito que establece la Ley de Pensiones Alimentarias, y que garantiza al menor al menos parcialmente su derecho contenido en el instrumento internacional recién citado.

3.- En el procedimiento se cumplió con las formalidades establecidas por ley.

Redacta el magistrado Mora Mora; y,

Considerando:

I.- Sobre la admisibilidad. Esta consulta se plantea dentro del incidente de no ejecución de la sentencia de extradición planteado dentro del expediente número 91-200070-388-PE, que es extradición de Patrick Morgan Waldrop. El Juzgado manifiesta su duda sobre la constitucionalidad de un acto que debe aplicar y que le ordena enviar fuera del país al extraditado y justamente es el argumento base del incidente, por lo que se han cumplido los requisitos formales y debe entrar la Sala a pronunciarse sobre el fondo.

II.- Sobre el fondo. La primera de las tres dudas de la Juez consultante se resume en definir si resulta constitucional cumplir con la orden de extradición firme hacia los Estados Unidos de América que pesa contra Patrick Morgan Waldrop, si la ejecución de ella va en contra de la orden de impedimento de salida que ha sido decretado en su contra por ser deudor alimenticio de dos menores hijos suyos. Al respecto, lo primero que debe señalarse es que al resolver una cuestión similar la Corte Plena en sesión del veinte de octubre de mil novecientos ochenta y seis, expresó la noción de que las obligaciones personales no constituían obstáculo para llevar adelante una extradición, pues esta se funda en deberes originados en las relaciones de los Estados, en particular el de dar asistencia jurídica internacional. Ahora la consultante plantea la duda de si la Convención de Derechos del Niño, conlleva para el Estado una obligación de mayor rango jurídico que podría prevalecer sobre la derivada de la extradición y por ello impedir que el extraditable abandone el país.

III.- La base del argumento de la consultante (y de la Procuraduría) consistente en asumir que ambas obligaciones –la originada en la Convención de Derechos del Niño y la derivada del Tratado de Extradición- son excluyentes entre sí de modo que el cumplimiento de una implica necesariamente dejar sin efecto la otra. Para la Sala esto no es exactamente así por lo siguiente: la obligación que nace de la sentencia de extradición consiste pura y simplemente en "extraer" del país a la persona solicitada, es decir su materialidad se agota con la entrega física del extraditado al país requirente, sin embargo desde el punto de vista jurídico no existe afectación sustancial de los derechos y obligaciones que tenga dicha persona en el país que deja, de manera que siguen siendo válidas. Esto significa que, en el caso concreto, la extradición no afecta en nada la obligación de dar alimentos que puede pesar sobre un extraditable, pues solamente, tiene influencia sobre uno de los diversos remedios que la ley ha proveído para obtener su cumplimiento en caso de renuencia; más aún, ni siquiera se trata del despojo de un remedio directo sino de una modalidad de coerción, cuyo resultado puede o no, ser el cumplimiento de la obligación de dar alimentos. De esa forma, la siguiente interrogante es si esta pérdida recién descrita que ha de sufrir el menor beneficiario de la deuda alimentaria, es de tal magnitud que pueda afirmarse sin lugar a dudas que le afecta en la efectiva puesta en práctica de los derechos que en materia de digno y adecuado desarrollo le reconoce la Convención de Derechos del Niño. Para la Sala la respuesta es negativa, pues debe notarse que si la propia Convención en su artículo 27 se encarga de regular el tema de los alimentos a favor de los menores y señala al Estado la obligación de "tomar las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión..." lo cierto es que en ese mismo párrafo establece la solución para el caso particular en el que la persona que tenga dicha obligación resida en un estado diferente al del menor. Es decir, se contempló la posibilidad de que el obligado no esté físicamente presente en el mismo Estado parte del menor, sin hacer diferencia si tal ausencia podía ser voluntaria u obligada, con lo que se demuestra que la Convención hizo una clara diferencia entre la obligación y las formas diversas para hacerla cumplir, de manera que no resulta contradictorio con ella el que se separe a un menor de su deudor alimentario, sin perjuicio de que, en general, los interesados gestionen por la vía adecuada, el cumplimiento de la parte final del mismo artículo 27 convencional en el sentido solicitar al Estado que promueva "...la adhesión a los convenios internacional o la concertación de ellos o de otro tipo de arreglos apropiados". Pero esta última circunstancia no tiene, como se dijo, la relevancia suficiente para entender que con su omisión se lesiona la Convención al grado de impedir el cumplimiento de una sentencia firme de extradición.

IV.- El segundo aspecto consultado se relaciona estrechamente con el recién expuesto dado que la duda es si procede obligar al extraditable a depositar el monto que exige la Ley de Pensiones Alimentarias para los casos en que el deudor pretende salir del país. Para esta Sede, ese depósito es una caución, una garantía de que el deudor alimentario va a cumplir con sus obligaciones durante su estadía fuera del país, pero no está concebido para sustituir su pago, sino únicamente cuando el citado deudor, voluntariamente ha incumplido su obligación de regresar. En este caso la situación es completamente diferente pues el extraditable no sale del país por su voluntad y no está en sus manos decidir cuando va a regresar, de manera que exigir la caución en tales casos, sería simplemente cobrar por adelantado un año de pensión, situación que no resulta legítima en nuestro ordenamiento. Ya se dijo que en términos generales la residencia de un deudor alimentario en un país diferente al del menor acreedor no comporta por sí y automáticamente la invalidez o ineficacia de la obligación alimentaria, y que están en manos de los interesados los medios para hacerla exigible de conformidad con las posibilidades que al efecto otorga cada ordenamiento, sin perjuicio de la posibilidad aplicación de convenios o tratados sobre el tema como se explicó. En conclusión, no resulta lesivo de los derechos constitucionales o convencionales del menor, la salida del país de su acreedor alimentario sin el depósito respectivo, siempre que dicha salida lo sea en cumplimiento de una sentencia firme de extradición.

V.- En el último de los temas consultados, se pide el pronunciamiento de la Sala respecto del fundamento de la ulterior detención del extraditable cuando su abandono del país resulte impedida por una orden de impedimento de salida emitida dentro de un proceso de pensión alimenticia. No obstante, dada la forma en que se ha resuelto este asunto, y puesto que se ha dejado sentada la validez constitucional y convencional de ejecutar la orden contenida en la sentencia de extradición, no existe la posibilidad jurídica de que se de la situación describe la juez consultante y no es necesario entonces que la Sala se manifieste con relación a ella.

Por tanto:

Se evacua la consulta formulada en el sentido de que no resulta inconstitucional la ejecución de una sentencia de extradición, aún cuando el extraditable tenga acordada en su contra una obligación de pago de pensión alimentaria y el beneficiario es un menor de edad.

Luis Paulino Mora M.

Presidente

Luis Fernando Solano C. Eduardo Sancho G.

Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M.

José Luis Molina Q. Susana Castro A.

 

VOTO N° 2002-0666, TRIBUNAL DE CASACION PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las diez horas del veintinueve de agosto de dos mil dos.

PROCESO DE EXTRADICION en contra de ALYN RICHARD WAAGE CC. Allan Richard Waage, cc. Arthur Albert Davidson, cc. Alyn Richard Dawson, cc. Jason Kingsley, mayor, nacido el 17 de agosto de 1956, pasaporte No. PC175874, ciudadano de Canadá; MICHAEL WEBB, CC. James Webb, cc. Jason Greene, ciudadano de Estados Unidos de América, nacido el 9 de mayo de 1962, seguro social N. 543-78-8443. Intervienen en la decisión del recurso los jueces de Casación, Rosario Fernandez Vindas, Carlos Chinchilla Sandí y Fernando Cruz Castro. Se apersonó en Recurso de Apelación el codefensor de James Michael Webb, Lic. Erick Ramos Fallas; el codefensor de Richard Waage y James Michael Webb, Dr. Francisco Castillo Gonzalez; Dax Jaikel Arce y Adriana Quesada Fernandez en su condición de terceros interesados, y personeros legales de la empresa South American Investments S.R.L. y Adriana Quesada Fernandez como apoderada generalísima sin límite de suma de Creaciones y Descubrimientos C.W.E. S.A; la codefensora particular de Qlyn richard Waage, Licda. Gloria Navas Montero; el representante de los intereses del Estado Lic. José Enrique Castro Marín; el representante de la compañía South American Investment SRL, Francisco Kou Wang; Johnny Eduardo Solano Chavarría, Presidente de la compañía Inversiones Eduexpor Sociedad Anónnima; y el Fiscal de Ejecución Penal, Lic. Carlos Eduardo Montenegro Sanabria.

RESULTANDO:

I.- Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas del nueve de mayo de dos mil dos, por el Tribunal de Juicios del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y normas citadas, se declara con lugar la EXTRADICION DE ALYN RICHARD WAAGE cc. Allan ricahrd Waage, cc. Arthur Albert Davidson, cc. alyn Richard Dawson, cc. Jason Kingsley, mayor nacido el 17 de agosto de 1956, pasaporte N. PC175874, ciudadano de Canadá y MICHAEL WEBB, cc. James Webb, cc. Jason Greene, ciudadano de Estados Unidos de América, nacido el 9 de mayo de 1962, seguro social N. 543-78-8443, solicitada por el gobierno de los

Estados Unidos de Norteamérica, concedéndola por los cargos de Fraude de Correos, Fraude Cablegráfico (en Costa Rica Estafa) y Concierto ilícito (en Costa Rica Asociación Ilícita). Deberá comprometerse el Estado solicitante que dichos señores no serán juzgados ni sentenciados por hechos anteriores o distintos a los contenidos en los cargos que se aportan y por los cuales se autoriza la extradición y que no le será aplicable la pena de muerte ni pena que tenga el carácter de perpetua según nuestra legislación, ni distinta a la contenida en el tipo penal por el que se pide y se concede la petición. Una vez firme la sentencia se remitirá copia traducida al ingñes de la misma. Los extraditables se encuentran privados de libertad hasta su entrega. Firme el fallo cúmplase con la entrega material del requerido previo compromiso de ley y previa valoración médica del señor Waage. Corren los gastos de transporte y traslado por cuenta del país requirente, ordenándosele a la mayor brevedad, una vez firme esta resolución, indicar la fecha de salida para coordinar lo pertinenete. Se declara la incompetencia de este tribunal para conocer sobre las diligencias de cooperación judicial iniciadas ante el juzgado penal, así como en lo relativo a los bienes dispuestos. Se hace saber a los extraditables el derecho que tienen de recurrir este fallo. 2. Que contra el anterior pronunciamiento el Dr. Francisco Castillo Gonzalez, la Licda. Gloria Navas Montero, el Lic. Erick Ramos Fallas y la señora Adriana Quesada Fernandez, interpusieron recurso de apelación.

3. Que verificada la deliberación respectiva, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso .

4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones -E legales pertinentes.

Redacta la Jueza FERNANDEZ VINDAS; y,

CONSIDERANDO:

I. RECURSO DEL DR. FRANCISCO CASTILLO, CODEFENSOR DE ALYN RICHARD WAAGE Y MICHEL WEBB.

Como primer motivo alega falta de fundamentación en cuanto al derecho aplicable. Como punto a) aduce falta de fundamentación en cuanto al cargo por estafa. Indica que en el delito de estafa se requiere la existencia de un error en la víctima, -E quien realiza un acto dispositivo, que ha producido perjuicio para sí o para un tercero. Señala que en la resolución impugnada se da credibilidad a los oficiales del Gobierno norteamericano sin establecer si las víctimas realmente existen, basándose en la declaración del oficial Bols quien parte de hipótesis no comprobadas. De seguido el señor defensor, argumenta en contra de lo manifestado por éste, respecto a que no existen bancos de primera línea ni instrumentos de bancos de primera línea, para decir que en Costa Rica sí existen, y concluir que lo dicho por ese oficial y Biern no es concluyente. También argumenta contra la afirmación de que Tri West no tuvo inversiones, considerando que no es indicio comprobado de que la información contenida en la página Web es falsa, basándose Bols en los testimonios de CW-1 y CW-2, de los que no se puede comprobar su existencia, y si efectivamente estuvieron en contacto con Tri-West, como expresa Bols que ellos le dijeron. Asimismo dice el impugnante, que sí es posible que una inversión con apalancamiento de bonos, y compras de emisiones de bonos de bancos centrales, de suficiente para pagar el 10 % mensual, independientemente de que sea legal o no, indicando la página Web que Haarlem hace inversiones en bonos apalancados. Se refiere también el señor defensor, a la afirmación de que Waage y sus allegados hicieron inversiones por varios millones de dólares, que son parte de los millones no devueltos a los socios, lo que considera una mera suposición, que para probar ese hecho hay que probar que las inversiones no generan suficientes recursos, y no es ningún indicio de que no tenga voluntad de cumplir sus compromisos. Finalmente, dice, que las afirmaciones de que la página Web informa hechos falsos, solo es indicación de Bols, sin que aporte prueba independiente para demostrarlo, y en todo caso no se demuestra un perjuicio económico para uno de los socios de Tri-West, ni que Waage haya engañado. Como punto b) expresa el Dr. Castillo, ausencia de demostración del engaño y del perjuicio en el caso en concreto. Aspecto en el que examina lo declarado por el señor Bols, para descalificarle, por no aportar los nombres de las víctimas, ni aportar documentos que demuestren que efectivamente hicieron inversiones en Tri- West, indicando, el recurrente, que sus declaraciones no pueden considerarse, y que si se examina lo que Bols dice que le dijeron las víctimas o el agente Osborne, se concluye en la inexistencia del perjuicio. Como punto c) del mismo motivo, se aduce falta de fundamentación de la resolución por ilegalidad de la prueba en la que se sustenta. Señala el señor defensor que la información de Bols no puede ser tomada en consideración por tratarse de documentos privados o comunicaciones sustraídas, al utilizarse una base de datos hurtada por empleados de Tri-West. Que el Tratado obliga a valorar las pruebas presentadas conforme a las leyes del estado requerido, disposiciones del derecho interno interpretado conforme a la Constitución Política. Siendo que el artículo 24 de la misma establece la inviolabilidad de los documentos privados y de las comunicaciones de los habitantes de la república son inviolables, no encontrándose el delito de estafa o de administración fraudulenta en los casos de excepción, por lo que no puede surtir efectos legales esa declaración. Tampoco, dice el impugnante, puede utilizarse lo que dice Bols y Osborne, de que conversaron con cinco víctimas, cuyos nombres no aportan, ni se presentan documentos para demostrar que hicieron inversiones en Tri- West. Concluye que conforme al Tratado “el Juez debe valorar la prueba presentada por el Estado requerido (sic), de tal modo que determine si esa prueba justifica conforme a las leyes costarricenses una detención o un enjuiciamiento…”, sin que pueda detenerse a una persona porque un oficial policial indique que cinco víctimas anónimas le indicaron que habían invertido y tenido perjuicio, pues para la detención de una persona se requiere indicios establecidos por una prueba legal. Además, en este mismo motivo, como punto d), se presenta argumentación contra la concesión de la extradición por dos cargos, fraude de correos y fraude cablegráfico, considerando el recurrente que se trata de tipos independientes, pero que castigan una sola conducta, por lo que no es posible que si se equipara ambos con la estafa, un solo cargo en Costa Rica, se extradite por ambos delitos del Código Penal de los Estados Unidos, posibilitándose la imposición de doble pena. SE RESUELVE. Con excepción del punto d) al que se dará trato por separado, procede hacer el examen conjunto de lo alegado en los puntos a), b) y c), que se basan en la pretensión del recurrente de que en el procedimiento de extradición se debe valorar la prueba y su licitud, a efecto de determinar la existencia del tipo objetivo. Reiteradamente este Tribunal de Casación ha dicho que en el procedimiento de revisión no se realiza la valoración de la prueba, a efecto de determinar la existencia de un delito, pues no se trata de determinar si la persona de la que se solicita la extradición ha cometido un hecho típico, antijurídico, culpable, y punible, lo que se tendrá que determinar en el juicio para el que se le requiere, en el caso de que no exista condena, o ha sido ya establecido por el país requirente, en el supuesto de que la misma ya exista. (Véanse Votos del Tribunal de Casación: 1999-496; 1999-583, 2000-407, 2000-073, entre otros). Si asumiéramos lo que expresa el señor defensor, de que la prueba debe examinarse para determinar la existencia del tipo objetivo, no habría razón para que no se hiciera también respecto a la antijuridicidad (examinando la existencia o no existencia de causas de justificación), y la culpabilidad (valorando también la existencia o inexistencia de causas de exculpación) aplicando para ello el derecho penal interno y sin la realización del juicio, cuando precisamente lo que se pretende con la extradición es posibilitar la aplicación del derecho del Estado que requiere al extradido para su juzgamiento, (juicio), o para que cumpla la condena ya impuesta conforme al derecho penal de ese país. Lo contrario, sea la valoración de la prueba para determinar el tipo objetivo, convertiría el procedimiento de extradición, en un procedimiento de “revisión de procesos o sentencias dictadas por otros países”, conforme con nuestros propios criterios de valoración de pruebas, y sin que haya juicio, lo que a todas luces no es razonable. Así, tendríamos que valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, pese a que podría ser que en el país requirente la valoración se haga conforme a la íntima convicción (juicios por jurado), y a que no se cuenta con todo el elenco probatorio del juicio, ni de los principios que lo informan; tendríamos que aplicar nuestras reglas de exclusión de la prueba, por ilicitud, atendiendo a los parámetros que la jurisprudencia constitucional ha señalado como los de la fuente independiente, y la exclusión hipotética, aunque el país requirente mantenga otros criterios, y no se haya realizado el juicio que permitiría determinar la existencia o inexistencia de otros elementos probatorios aparte de los supuestamente ilícitos. Y tendríamos que concluir en la existencia o inexistencia de un tipo objetivo, que no necesariamente tiene que ser idéntico al de nuestra legislación, pues la identidad de normas que exige el proceso de extradición no es sinónimo de coincidencia entre tipos objetivos, como veremos posteriormente al examinar ese extremo. Lo que implicaría prácticamente la realización de un juicio, sin contar con lo necesario para el mismo, y es más, con la prohibición de realizarlo, pues no sería posible un doble juzgamiento, ni siquiera parcial, lo que se daría si en el procedimiento de extradición hubiese que concluir sobre la existencia del tipo objetivo. De manera que, la propia esencia de este procedimiento no es compatible con la pretensión del señor defensor. Hay que recordar que la extradición es un procedimiento, por medio del cual, un Estado puede hacer que un sujeto que se encuentra en territorio de otro Estado, le sea entregado para su juzgamiento penal, o para que cumpla la condena ya impuesta en aquel Estado, de ahí que se considere que se trata de un acto de solidaridad, cooperación, entre Estados. Asimismo, esa entrega debe hacerse conforme a ciertos requisitos, específicamente relacionados con los derechos del sujeto sometido a dicho procedimiento, por lo que también es un acto de garantía para éste. Pero esa garantía no son las requeridas para un juicio, donde podrá probarse, o no probarse, la autoría, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, etc. del hecho imputado, siendo precisamente el juicio la base para ello, sino que las garantías a considerar son las propias del procedimiento de extradición, sea el cumplimiento de los parámetros establecidos por el derecho del Estado requerido para su procedencia y tramitación, parámetros que están contenidos en los Tratados, en su caso, o en la Ley de Extradición, y que son aplicables siempre y cuando no hayan sido declarados contrarios a la Constitución Política, actuando la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos, como marco necesario de referencia. Así, por ejemplo, no podría disponerse la extradición si la condena a cumplir en el país requirente es de muerte, o perpetua, o difamante, o de cualquier forma contraria a la dignidad humana. En este sentido ha dicho la Sala Constitucional:

“ Téngase en cuenta que el proceso de extradición no es un proceso que busca juzgar el requerido, antes bien, es un proceso de garantía que (sic) en el que existen reglas expeditas que permiten facilitar el envío de la persona requerida en extradición al país que lo pide; el extraditado deberá enfrentar proceso en el país que lo requiere y estará sometido a la aplicación de aquella jurisdicción; limitándose el proceso de extradición a verificar que sea un proceso de garantía (vgr. de la vida, de la dignidad)… “ (Voto 2001-1723, de 14: 39 hrs. del 28-02-01, en el mismo sentido Voto 2001- 1722, y 2002-3494) .

En el caso que nos ocupa, encontramos en el Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América, las garantías a considerar para la procedencia de la extradición, específicamente, en cuanto a lo que plantea el señor defensor, tenemos las siguientes exigencias:

“Art. 9…4) Cuando la solicitud de extradición se relacione con un persona que aún no ha sido sentenciado, deberá ir acompañada de:

a) Una copia del documento en donde se formulen los cargos o un documento equivalente dictado por un juez o por una autoridad judicial.

b) La documentación que, de acuerdo con las leyes del Estado Requerido, sea necesaria para justificar la detención y el enjuiciamiento de la persona reclamada si el delito de hubiera cometido en ese Estado…”

Por su parte, nuestra Constitución Política, en su art. 37 expresa:

“Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandado escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti…”

Con respecto al indicio comprobado, a efecto de la extradición, la Sala Constitucional reiteradamente ha referido a lo establecido en el Voto Nº 926-94, de las 15:26 hrs. del 15-02-94, (Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Dr. Francisco Castillo, contra la Ley de Extradición, en algunos de sus artículos). Así, en el Voto 2000-6421, de las 10:01 hrs. del 21-07-00, indica:

“… Con respecto al indicio comprobado en la misma sentencia arriba citada ¾ se refiere al Voto 926-94 ¾ se afirmó:

‘El problema de fondo en esta acción es si efectivamente estos requisitos, y en particular la declaración jurada a que se refiere el aparte c) supra citado – se refiere al art. 7 de la Ley de Extradición- son equivalentes al ‘indicio comprobado’ que exige el artículo 37 de la Constitución Política para tener como válida una determinada detención…

La norma impugnada indica claramente que la petición deberá contener una declaración de que existe auto de detención o una orden de arresto dictadas por una autoridad judicial en el Estado Requirente, o una condena o sentencia condenatoria dictada por una autoridad judicial en ese país, requisito que se estima suficiente como ‘ indicio comprobado’ ¾ únicamente ¾ de que la persona requerida presuntamente cometió el delito por el cual se le requiere. La declaración del Estado requirente es razón suficiente para presumir la seriedad y buena fe con la que ese Estado actúa, y tomando en cuenta que en este caso el Tratado se ha firmado con un país organizado bajo un sistema democrático de derecho, en donde las autoridades no están legitimadas para actuar en asuntos relacionados con la libertad de sus ciudadanos, por simple capricho, existe garantía de que no se trata de la arbitrariedad o abuso de poder de un funcionario o de un juez. De no ser así, al igual que sucede con una detención arbitraria, el detenido injustamente podrá reclamar la indemnización por el daño causado, sin que sola posibilidad de que se produzca ese abuso o un error, justifique la eliminación de la norma, pues igual serían inconstitucionales nuestras normas por el mismo motivo; es decir, la posibilidad del abuso, o el abuso en sí, no justifica per se la anulación de la norma, sino la reparación del daño correspondiente si lo hubiere. ”

De tal manera que la valoración de prueba que debe hacer el tribunal a cargo del procedimiento de extradición se limita a determinar si la indicada por el Estado requirente, permite deducir la existencia del hecho y la posible participación de la persona solicitada para su juzgamiento o condena por aquél. En tal sentido el Voto 2000-00022 de la Sala Constitucional, expresa:

“… En este caso el hecho de que no se haya aportado la prueba que, de acuerdo a los procedimientos del Estado Requirente, fue declarara secreta, no lesiona los derechos fundamentales del recurrente porque se concedió la extradición con fundamento en suficientes probanzas que permiten deducir la existencia del hecho y la posible participación del amparo (sic) en ellos, lo cual constituye el indicio incriminatorio requerido en el proceso de extradición …”

También ha dicho la Sala Constitucional “…debe decirse que la delimitación de los hechos que se le imputan al amparado, o bien si la hecha por las autoridades del Estado requirente es correcta o no, es un extremo que atañe directamente a la defensa que pueda ejercerse frente a dicha imputación ante el Tribunal que haya de juzgarle en el país que lo solicita, y no en nuestro país, y mucho menos en esta jurisdicción. No corresponde a las autoridades penales costarricenses que conocen de las diligencias de extradición, el profundizar sobre la viabilidad de la imputación, tanto desde el punto de vista probatorio, como del procesal o de su correcta descripción en la acusación. Basta con constatar que la conducta atribuida está prevista y tipificada como delictiva en el país requirente, y que a la vez tiene conminada pena de prisión de más de un año, no tiene prevista la pena de muerte ni se trata de delitos políticos, así como que resulta en nuestro medio un delito, independientemente de si el ‘nomen iuris’ es igual o no…” (Sala Constitucional, Voto 2002-3417, de 15:13 hrs. del 16-04-02).

En síntesis, no es procedente que en un procedimiento de extradición se examine la prueba con la que el Estado requirente justifica la detención y el enjuiciamiento de la persona que requiere para procesarla o continuar con ello, a efecto de establecer la existencia, o inexistencia, del tipo objetivo de que se trata, o determinar la ilicitud de la prueba y su exclusión, aspectos que deben determinarse en el juicio al que se someterá al requerido, a efecto de la condena o absolutoria. Si como lo aduce el recurrente, alguna información, prueba, fue obtenida por medio de sustracción, ello deberá discutirse en ese proceso, máxime que, según expresa él mismo, en los Estados Unidos de América, país requirente, la misma configura prueba ilícita. Por lo que no procedía que el a quo analizara los aspectos que refiere el impugnante en los puntos a), b) y c), referidos a si la prueba contemplada en la documentación permite o no permite demostrar que los hechos de la página Web son falsos, el engaño efectivo de las víctimas, y el perjuicio, así como la ilicitud de la prueba, pues ello será precisamente objeto del juicio, al que se pretende someter a los requeridos, y para lo que se está solicitando su extradición, por el Estado requirente. La juzgadora cumple con la exigencia de fundamentación referida a la justificación de la detención, (art. 9. 4. b, del Tratado de Extradición con los Estados Unidos), que como se dijo parte de que la documentación al respecto, aportada por el país que requiere la extradición, actúa con seriedad y buena fe, ajustado a las exigencias de un “sistema democrático de derecho”. En este sentido expresa la a quo:

“No queda duda, que a los señores ALYN RICHARD WAAGE, MICHAEL WEBB Y LEYN WAAGE JOHNSTON se les sigue una causa por una figura de estafa en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de California, y de que son sujetos de una denuncia presentada el 27 de agosto de 2201 en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de California, imputándosele un cargo de fraude postal en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1341 así como un cargo de fraude de títulos valores en transgresión del Título 15 del Código de los Estados Unidos, secciones j y b. En ese sentido los documentos aportados a los folios 144 a 594, son muy claros.

La detención y el enjuiciamiento de los reclamados se justifican. –tal y como requiere el inciso b) párrafo 4) del Tratado de Extradición- con la documentación aportada a los autos que expone que el fraude se llevó a cabo mediante una estafa de tipo piramidal, utilizando la fachada de una sociedad comercial que captaba inversiones del público y se apoderaba de estos fondos. Según se indica, utilizando el nombre comercial de “Tri-West Investment Club ” los extraditables han mantenido una página de internet en el sitio www.triwestinvest.com aproximadamente desde junio del 2000. Por este medio lograron captar de aproximadamente 95 víctimas en el Distrito Este de California, $795.000, y se ha generado alrededor de $53 millones en inversiones ilegalmente. En dicha página web se aseguraba una alta tasa de retorno sin riesgo, mencionando que tiene respaldo de la compañía denominada ‘Corporación Universal Harleem’, supuestamente fundada desde 1969. Pero las oportunidades de inversión son falsas, esta sociedad fue incorporada no el año 1969 sino en 1999, aparte de que no es una compañía de inversión registrada. Según la investigación, en lugar de transacciones bancarias de bonos u obligaciones, han hecho uso del dinero de los inversionistas para pagar ‘dividendos’ a otros inversionistas, para comprar propiedades por valor de millones de dólares tanto en México como en Costa Rica, un yate un helicóptero y para canalizar dinero a muchas corporaciones pantalla creadas en Costa Rica. (ver declaración jurada de folios 470 a 586)…” (Ver folios 2109 y 2110).

“A los folios 369 a 375, el país requirente ha aportado el texto y una explicación sobre las normas que definen los delitos y las penas correspondientes. De los datos aportados se puede concluir que cada uno de los extraditables participó en conductas que enmarcan dentro de dichos preceptos legales, por las siguientes razones: Según las investigaciones los nombres de los supuestos administradores de Tri-West son ficticios, pues el verdadero operador es el extraditable Alyn Richard Waage, a quien la policía mexicana arrestó el 19 de abril de 2001 por cargos migratorios llevando $4.5 millones en cheques y giros de dinero sin declarar pagaderos a la Corporación Universal Harlem. Según tales investigaciones Waage es el líder de Tri West, pues era quien daba directrices a sus colaboradores. Por su parte Michael Webb es el asistente principal y arquitecto del sitio de Internet, y los correos que se intercambia con el primero muestran el conocimiento que tenía de la naturaleza fraudulenta de sus operaciones. En tanto Lyn Waage Johnston era la contadora de la operación, responsable de las decisiones financieras diarias.

La solicitud de la extradición ha sido debidamente formulada por un agente diplomático del Estado requirente, contiene la información concerniente a la identidad de las personas reclamadas, una relación de los hechos atribuidos, las piezas debidamente certificadas sobre las normas aplicables, la formulación de los cargos y toda la documentación necesaria que justifica el enjuiciamiento y que aparecen a los folios 133 y siguientes del expediente, debidamente traducidas al español. Es decir que el trámite cumple con los requisitos establecidos en el artículo 9 del Tratado de Extradición vigente para ambos países.” (Ver folio 2114).

Se constata que efectivamente que a folios 365 y siguientes se contiene la declaración jurada de la Fiscal Robin R. Taylor, sobre el caso, haciendo referencia a la “denuncia” emitida el 27 de agosto de 2001, por el Juez Dale a Drozd en contra de Waage, Webb y Lynn Waage Jhonston, en la que se contiene los cargos por los que deben responder estas personas en el país requirente, y que se adjuntan como instrumento de prueba “A”, al folio 379 y siguientes, conteniendo la declaración jurada de John Boles, Agente Especial de la Oficina Federal de Investigación (FBI), relativa a la investigación realizada, y las referencias de prueba en la que se basó (folios 381 a 405), también consta la declaración de Herbert A Biern, Director Adjunto Principal de la División de Supervisión y Regulación Bancaria, que con base a la experiencia que tiene en instrumentos financieros fraudulentos hace referencia a las pruebas del caso, (folios 407 y siguientes). También en la declaración jurada de la Fiscal Robin R. Taylor, se expresa la existencia de las órdenes de arresto en contra de las personas antes mencionadas, que se adjuntan como prueba “B”, y se observan a los folios 461 a 466. Por lo que debe concluirse que la resolución, en lo que corresponde, tiene la fundamentación requerida.

Respecto al punto d) del motivo, el recurrente muestra su desacuerdo con la concesión de la extradición por dos cargos, fraude de correos y fraude cablegráfico, considerando que se trata de tipos independientes, pero que castigan una sola conducta, por lo que no es posible que si se equipara ambos con la estafa, un solo cargo en Costa Rica, se extradite por ambos delitos del Código Penal de los Estados Unidos, posibilitándose la imposición de doble pena. NO PROCEDE EL RECLAMO. La circunstancia de que los hechos se adecuen a la figura de estafa del Código Penal, a efecto de establecer “la doble incriminación” o más bien, si se cumple con la exigencia de la “identidad de la norma”, no implica que estemos en presencia de una única acción, o de un solo delito, pues esos aspectos dependen de la regulación que tiene cada país con relación a la acción, (única o múltiple), y a los concursos. La extradición tiene como límite los hechos por los que se ha acordado la extradición. La calificación de los mismos, y la unidad o multiplicidad de delitos, que considere el Estado Requirente, pueden no ser coincidentes con la del Estado requerido, pues la exigencia es que en este constituya delito, y que la pena correspondiente esté dentro de la prevista por la ley, Tratado en su caso, y la Constitución. De ahí que, si se considera que los hechos por los que se requiere a los señores Waage y Webb, en la legislación del Estado Requirente, se califican como fraude de correos y fraude cablegráfico, dos delitos independientes, y a diferencia de ello en nuestra legislación los hechos encuadran en la figura de estafa, a efecto de la determinación de la “identidad de la norma”, (sin que corresponda para los fines de la extradición establecer si se trataría de una o de varias estafas, o de un delito continuado, o de un concurso aparente), nada impide que en los Estados Unidos esos mismos hechos configuren delitos independientes, pues no es un aspecto que corresponde resolver conforme con nuestro ordenamiento interno, sino conforme al del Estado en el que serán juzgados. Cierto es que la normativa sobre el delito debe considerarse a efecto de establecer la identidad de la norma, así como la pena y la posible prescripción de la acción, para determinar los diversos aspectos de la extradición, pero ello no implica que debe existir coincidencia en el número de delitos en uno y otro Estado. Los fraudes, de correo y cablegráfico, de la legislación estadounidense, coinciden con nuestra figura de estafa, a efecto de determinar la identidad de la norma, independientemente de que los hechos por los que son requeridos los señores Waage y Webb, configuren uno o varios delitos, lo que no corresponde establecer en el procedimiento de extradición. Aparte de ello, no es que la juzgadora conceda la extradición con base en la calificación jurídica, y no en los hechos, como en sus argumentaciones indica el recurrente, pues claramente se comprende que las referencias a las calificaciones son las requeridas a efecto de las determinaciones de la existencia de los delitos en ambas legislaciones, pero está claro que la extradición está referida a un cuadro fáctico, a los “cargos”. Disponiendo la a quo : “Deberá comprometerse el Estado solicitante que dichos señores no serán juzgados ni sentenciados por hechos anteriores o distintos a los contenidos en los cargos que se aportan y por los cuales se autoriza la extradición…” (Por Tanto, folio 2144). Por lo no existe defecto en la sentencia en cuanto a ello.

II . El segundo motivo de la apelación del Dr. Castillo se plantea sobre el delito de concierto ilícito. Expresa que la extradición también se concede por dicho delito, el que se equipara en la resolución al de asociación ilícita. Al respecto aduce, como punto a) falta de fundamentación en tanto el delito de concurso ilícito es simplemente una etapa de la comisión del delito principal, por lo que es absorvido por este, en virtud del principio de subsidiaridad. Por lo que ¾dice ¾ no puede ser un acto independiente en el delito de estafa, actos que constituyen la puesta de acuerdo de los partícipes en ese delito. Insiste en que la estafa no está probada, por lo que tampoco puede haber concierto ilícito respecto a un delito que no existe, y de existir la estafa, el concierto ilícito sería absorvido por ella. Aspectos en los que aduce falta de fundamentación. En el aparte b) del motivo, señala el recurrente, falta de fundamentación en cuanto se equipara el delito de concurso ilícito a la asociación ilícita, del art. 274 del Código Penal. Argumenta la diferencia que existe entre la unión de voluntades para cometer un delito, propio de la participación en el mismo, que considera es la situación del caso planteado, con la participación en una asociación cuya finalidad es la comisión de delitos, que sería la asociación ilícita. Agrega que para que se de esta es necesario que al menos la asociación esté integrada por tres personas, y que la extradición solo se pide en cuanto a dos. SE RESUELVE. Con respecto a la última argumentación del Dr. Castillo, hay que señalar que la circunstancia de que se pida la extradición para dos personas, y no para tres, no tiene incidencia alguna con respecto a la asimilación de los cargos por los que se solicita la extradición al delito de asociación ilícita de nuestra legislación, pues lo que debe considerarse es si de acuerdo con los hechos se cumple con el mínimo de integrantes, tres, aspecto que resulta claro en este caso, donde, tal y como se transcribe en el motivo anterior, se indica que son tres personas, los dos extradidos, y la señora Lynn Waage Johnston, quienes componen el grupo delictivo. (Piénsese, a manera de ejemplo, que no porque solo se juzgue a dos personas, en un robo agravado imputado a tres coautores, habría que excluir la agravante). Respecto a la diferenciación que existe entre la participación en un delito y la asociación ilícita, tiene razón el señor defensor, no así en cuanto a que no se puede equiparar el concierto ilícito de la legislación del Estado requirente a la asociación ilícita prevista en el artículo 274 del Código Penal. Indica la juzgadora al respecto: “En relación con el delito de Concierto Ilícito previsto en el título 18 del Código de los Estados Unidos en su artículo 371, considera el tribunal que se trata de un tipo penal que castiga una actividad que se da en una etapa muy temprana del iter criminis del delito principal…El contenido típico de dicha norma es similar al tipo penal de Asociación ilícita prevista en el artículo 272 del Código Penal costarricense, siendo este indudablemente más abierto en cuanto sanciona el simple hecho de ser miembro de la asociación. Ambos se refieren a la unión de varias personas con el propósito de cometer delitos , lo que es precisamente la imputación que se les hace a los extraditables por parte del Estado requirente. Por ello en cuanto a ese delito sí existe doble incriminación.” (folio 2124, el destacado en negrita es nuestro). Conforme se observa en la documentación aportada por el Estado requirente, folio 371, se considera concierto ilícito, Título 18, Código de los Estados Unidos, artículo 371:

“Si dos o más personas se unen en concierto ilícito, ya sea para cometer cualquier delito en contra de los Estados Unidos, o para defraudar a los Estados Unidos, o cualquier agencia del mismo de cualquier manera o para cualquier fin, y una o más de dichas personas cometan algún acto para llevar a cabo el fin del concierto ilícito, cada una será multada bajo este mandamiento o privada de su libertad por no más de cinco años, o ambos.”

Por su parte, el artículo 274 del Código Penal de Costa Rica, establece como asociación ilícita:

“Será reprimido con prisión de uno a seis años, quien tome parte en una asociación de dos o más personas para cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. La pena será…”

Como puede observarse ambas figuras se refieren a la unión de varias personas, asociación, para cometer delitos. No trata el “ concierto ilícito”, como lo considera el señor defensor, y como en forma aparentemente contradictoria con su conclusión lo considera la a quo, de sancionar “etapas tempranas” en el iter criminis de un delito, lo que en todo caso no lo impide nuestra legislación, pues se admite la sanción de la tentativa, y se dan tipos penales que tipifican conductas que no serían más que actos de ejecución de otros (por ej. la posesión de drogas, con respecto a la venta de drogas), y hasta actos que podrían ser preparatorios de otro delito son tipificados por sí mismos, como la posesión de algunas armas. Siendo que, conforme al Tratado de Extradición con los Estados Unidos:

art. 2. 2) “La extradición también se concederá por la tentativa de cometer, o por la participación en la comisión, de cualquiera de los delitos estipulados en el párrafo 1) de este Artículo. Igualmente, será concedida la extradición por la asociación ilícita contemplada en la legislación costarricense respecto de cualquier delito estipulado por el párrafo 1) o por la conspiración prevista en la legislación de los Estados Unidos de América respecto a los delitos mencionados.”

De modo que aún con la interpretación del Dr. Castillo, la concesión de la extradición sería procedente, sin que importe, como se ha dicho antes, que para la legislación estadounidense no se subsuma, o absorva, tal conducta en el delito final, pues no procede la aplicación de nuestras reglas sobre concursos, o concursos aparentes, a hechos que no serán juzgados aquí, sino que lo que hay que considerar es si la conducta de que se trata está tipificada como delito en nuestra legislación, independientemente de que si el individuo fuese juzgado aquí, hubiese procedido aplicar las reglas de los concursos, o del concurso aparente, subsumiendo una conducta en otra.

Conforme a la normativa del Estado requirente, artículo 371 citado, el mismo no está sancionando un acto de ejecución de otro delito, en este caso de la estafa, sino el asociarse para cometer cualquier delito. Por lo que la conclusión de la juzgadora en el sentido de la coincidencia con la asociación ilícita es acertada. Por lo que no procede acoger el motivo.

III. Como tercer motivo se expresa que no procede la extradición porque los hechos caen bajo la jurisdicción costarricense. Como fundamento del motivo se cita el artículo 2, 3 inciso f), de la Ley de Extradición, y el art. 4 del Código Penal. Dice el impugnante que en el hecho imputado el lugar de comisión del hecho punible es el lugar en el que se abrió la página Web en INTERNET, lo que ocurre en Costa Rica, por lo que es aquí donde se desarrolló en todo o en parte la actividad delictuosa, cayendo bajo la jurisdicción penal costarricense su juzgamiento. Agrega que conforme al art. 6 del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, la jurisdicción nacional tiene prioridad sobre la del Estado requirente, pues solo puede concederse la extradición cuando el Estado requerido ha decidido no procesar a la persona requerida por el hecho que motiva la extradición, lo que ¾expresa ¾ no ha sucedido, al no existir ninguna declaratoria del Ministerio Público, que indique que no está interesado en procesar estos hechos. Señala el Dr. Castillo, que el Tratado hay que interpretarlo conforme a la Constitución, la que en el art. 153 otorga al Estado costarricense el deber-facultad de conocer los hechos que cobija nuestra jurisdicción territorial. NO SE ACOGE EL MOTIVO. El artículo 153 de la Constitución Política no impone la restricción que el recurrente interpreta, sino que deja a la ley el establecer las causas que corresponde juzgar al Poder Judicial costarricense. Por lo que nada impide que el Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América permita la concesión de la extradición por hechos que hayan sido cometidos en nuestro territorio, al disponer el artículo 3 del mismo:

“Se concederá la extradición por cualquier delito extraditable, sin importar el lugar donde el hecho o los hechos que lo constituyan hayan sido cometidos”.

Lo que no ha sido declarado inconstitucional, ni se evidencia para estos juzgadores como tal. Siendo que el mismo artículo 4 del Código Penal admite las excepciones al principio de territorialidad que establezcan los tratados, convenios y reglas internacionales aceptadas por nuestro país. Aparte de ello, el artículo 6 del mismo Tratado, lo que expresa es que no se concederá la extradición “cuando la persona reclamada esté siendo juzgada…” en el Estado requerido por los mismos hechos por los que se solicita la extradición. (art. 6. 1), sin embargo, aún en ese caso, podrá concederse la extradición, cuando las autoridades del Estado requerido hayan decidido no procesar por el hecho, o suspender cualquier acción penal incoada contra el requerido. (art. 6. 2). En el caso que nos ocupa, ninguna de las personas reclamadas están siendo juzgados en nuestros tribunales por los hechos por los que se les reclama por los Estados Unidos de América, por lo que no tiene sentido exigir el cumplimiento de las condiciones del inciso 2 del art. 6 del Tratado, que presuponen que se esté juzgando en el país la persona reclamada. Siendo de notar que al Ministerio Público se le confirió audiencia en este procedimiento, precisamente a raíz de las objeciones a la extradición que hiciera el Dr. Castillo, basadas en la pretensión de que correspondía aplicar la ley costarricense, sin que aquel ejerciera ninguna acción en tal sentido. Por lo expuesto, la resolución impugnada no incurre en el vicio que se alega.

IV . Como último motivo señala el señor defensor falta de fundamentación por no haberse evacuado y valorado las pruebas de la defensa. Señala que en ejercicio de la defensa se propusieron varias pruebas para demostrar la improcedencia de la extradición, en el marco del artículo 9 inciso e), siendo el derecho a proponer y que se evacue prueba parte del debido proceso, y no se admitieron ni valoraron esas pruebas. NO SE ACOGE EL MOTIVO. El señor defensor no indica en qué incide la pretendida omisión de la juzgadora, en la decisión. No señala sobre qué versa la prueba, qué se demostraría con la misma, y en qué podría haber hecho variar la decisión de haberse considerado por la a quo. Hay que recordar que no todo vicio, defecto u omisión, aún con respecto a la prueba de la defensa, produce agravio, de modo que exista interés en subsanarlo, por lo que debe demostrarse cómo, de haberse evacuado la prueba, la decisión podría haber sido favorable a las pretensiones de la defensa, (inclusión hipotética), lo que no se vislumbra en la exposición del motivo que hace el recurrente. Lo que bastaría para desestimar el reclamo, máxime que, en la audiencia oral realizada, la Licda. Navas, codefensora con el Dr. Castillo, del señor Alyn Richard Waage, hizo referencia a la prueba que no fue considerada por la a quo, señalando que con ella se pretendía demostrar la competencia de nuestros tribunales para juzgar los hechos. Como se indicó en el motivo anterior, aún en el supuesto de que partamos de la posición de la defensa, de que los hechos se cometieron en el territorio costarricense, (lo que no es exacto conforme a la documentación aportada por el Estado requirente), la extradición es procedente. Por otra parte, aunque la juzgadora expresa que el Tratado no permite evacuar prueba “para acreditar la improcedencia de la extradición”, (folio 2126 ), afirmación que no es exacta, pues lo que no procede tratándose de extradición, con Tratado o sin él, es la prueba sobre los hechos, sobre el juicio de culpabilidad, pero es claro que hay múltiples aspectos, propios del proceso de extradición, que son objeto de prueba, tales como lo referente a la identidad de las personas requeridas, existencia de proceso pendiente, o hecho ya juzgado, delito político, etc., que tienen incidencia en la procedencia o improcedencia de la extradición, por lo que no es acertado decir que no procede las solicitudes de “pruebas para acreditar la improcedencia de la extradición”, como se indica en la resolución, evidentemente con la intención de solo abarcar en la negativa las pruebas atinentes al juicio, y no las referidas a los aspectos propios de lo que debe probarse en el proceso de extradición. Pues, pese a esa afirmación general, la señora jueza sí examina las pruebas de la defensa, al señalar: “Tal y como se desprende de los escritos aportados por la defensa, la prueba ofrecida atañe a varios temas: el estado de salud del señor Waage, la posible comisión de delitos en territorio costarricense, la falta de doble incriminación, y la prueba ilícita, (ver folio 1238 a 1243)

En cuanto al estado de salud del señor Waage, se solicita la declaración de varios galenos, lo cual resulta improcedente para los efectos de la declaratoria de la procedencia de la extradición. En este sentido, cabe hacer notar que la defensa de ese extraditable ha alegado que debido al estado de salud su defendido no ha podido ejercer la defensa técnica través de los abogados, lo que en su criterio le ha causado indefensión. Considera el tribunal que de los autos resulta evidente que el señor Waage no ha estado indefenso en este procedimiento, y muy por el contrario, su defensor es quien más gestiones ha llevado a cabo a lo largo del trámite de ese asunto. El hecho de que él califique esa defensa como meramente técnica no obedece al estado de salud del extraditable, sino justamente a la naturaleza del procedimiento de extradición ya descrita, según la cual no debe existir un juicio de culpabilidad, sino de cumplimiento de requisitos atinentes a los hechos delictivos, a la persona del delincuente, a la pena, y al debido proceso, según queda explicado en este fallo.

Sobre la prueba atinente a la posible comisión de los delitos en territorio costarricense, este fallo contiene los razonamientos que justifican su improcedencia, en los párrafos en los que se resuelve la falta de jurisdicción planteada.

Sobre la prueba ofrecida a efectos de determinar la falta de doble incriminación, observa el tribunal que está constituida por los dictámenes de abogados cuyo criterio es diverso del adoptado por el tribunal. En todo caso, el análisis de doble incriminación corresponde e (sic) manera exclusiva al tribunal, sin que (sic) siendo improcedente incorporar como prueba dictámenes llevados a cabo desde la perspectiva de la defensa. Por último, en cuanto a la prueba ofrecida para acreditar que la prueba de la extradición es ilícita, no es atendible acoger el criterio de las declaraciones juradas de abogados estado unidenses (sic). En este sentido…”, (folios 2127, 2128). A continuación la juzgadora cita jurisprudencia sobre las limitaciones de la evacuación de pruebas en el proceso de extradición, como sustento de su posición, (folios 2128 a 2130). Conforme con lo expuesto, la sentencia sí fundamenta sobre la prueba de la defensa, sin que exista evidencia alguna de que se le afectara en su derecho.

Por lo expuesto, procede declarar sin lugar la apelación planteada por el Dr. Francisco Castillo.

V . RECURSO DE LA LICDA. GLORIA NAVAS, CODEFENSORA DE ALYN RICHARD WAAGE.

El recurso no está planteado con enumeración de motivos, sino más bien como serie de argumentaciones, las que de seguido se indican: una, que llamaremos primer motivo, a efecto de examen, expresa: “Indicio de culpabilidad razonable y/o probabilidad razonable de culpabilidad”. Señala que en cuanto a la prueba ofrecida por la defensa, es denegada por el tribunal, citando jurisprudencia del Tribunal de Casación, la que al menos indica que debe haber alguna valoración de probabilidad de culpabilidad, existiendo errores en la interpretación del a quo, tales como que la prueba no solo iba dirigida al control de legalidad de la gestión del gobierno de Estados Unidos, “sino que fundó la gestión de incompetencia por razón del territorio”, agregando que si hay hechos ocurridos en nuestro territorio, es Costa Rica el competente para juzgarlos. Como otro aspecto, alude a que el Tribunal reconoce que se requiere algún grado de probabilidad de culpabilidad en la prueba que aporta el Estado Requirente, lo que no puede verse al margen de la acción humana, “acción con trascendencia jurídica”, que implicará la consideración “sobre la tipicidad, la antijuridicidad y la acción culpable”. Luego expresa que el vicio de fundamentación atañe no solo a los aspectos de tipicidad, como lo alega el Dr. Castillo, sino a la prueba que ha sido cuestionada, las declaraciones de Boles y Osborne, la utilización de correos, y una investigación fundada en actuaciones arbitrarias, aludiendo a la legalidad de la prueba, concluyendo que la prueba ofrecida iba dirigida a “acreditar, objetivamente, la ilegalidad del fundamento mismo de la petición de extradición…”. SE RECHAZA LA ARGUMENTACION. En realidad la recurrente no expone un motivo, concretando el vicio de la resolución y el agravio, sino que lo que hace es una serie de argumentaciones generales sobre diversos aspectos, que fueron objeto del recurso del Dr. Castillo, por lo que no procede realizar ningún examen, remitiéndose a lo ya resuelto en el recurso precedente.

VI . Como otro aparte de su alegato, indica la Licda. Navas “En cuanto a las medidas cautelares sobre bienes de terceros: El Despacho ha declarado claramente que no se ha acreditado relación alguna entre los bienes congelados o dados en depósito de manera ilegal y los hechos por los que se solicita la extradición…”, por lo que la impugnante pide que sea revocada la medida cautelar “a los efectos de no producir mayor daño a terceros…” SE RESUELVE: La impugnante se refiere a una medida que afecta a terceros, sea, no a su representado, por lo que siendo ello objeto de otros recursos, por los representantes legales de esas personas, se remite a lo que se resuelva en cuanto aquellos.

VII . Como un tercer aspecto, indica la señora defensora: “En cuanto a la libertad de nuestro representado”. Señala que con base en el principio pro libertatis se ordene la libertad de su patrocinado. NO PROCEDE DISPONER LA LIBERTAD. Hay que recordar que la medida cautelar en este caso no se le acuerda recurso de apelación como reiteradamente se ha dicho por el Tribunal de Casación, sino que la apelación se concede a la decisión que acuerda o deniega la extradición, (art. 9 inc. g) de la Ley de Extradición. (Ver, Sala Constitucional, Voto 2000-01832, de las 14:43 hrs. del 29-02-00, coincidente con la posición de este Tribunal). Aparte de ello, tampoco procedería disponer el cese de la privación de libertad, dado que conforme a lo resuelto, se está manteniendo la decisión que concede la extradición de los requeridos, por lo que a esta altura procesal la misma es necesaria para la ejecución de lo resuelto. (Art. 12, 13, inciso 3) del Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América).

Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de la Licda. Navas.

VIII. RECURSO DEL LIC. ERICK RAMOS,COMO CODEFENSOR DE JAMES MICHAEL WEBB.

Indica que se resolvió extraditar a Michael Webb por dos delitos en los que no se solicitó la extradición: fraude cablegráfico ni concierto ilícito. Señala que el agente diplomático limitó su petición a los delitos de fraude postal y fraude de valores, que fue lo remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a la Corte Suprema de Justicia. Siendo que el traslado de la solicitud forman de extradición lo fue por fraude postal y fraude con títulos valores, de tal modo que las autoridades competentes para conocer de la extradición, el Ministerio citado y la Corte Suprema, certificaron formalmente que los delitos materia de extradición han sido esos. Dice el señor defensor, que “No obstante lo anterior, lo cierto es que presentada la solicitud formal, se acompañó un documento consistente en la declaración jurada de Robin Taylor, quien afirma ser Asistente Fiscal. En tal declaración incluye otras figuras delictivas distintas de las que son materia de la petición formal de extradición.” Considera el recurrente que la mencionada fiscal no es autoridad diplomática ni consular que pueda formular solicitud formal de extradición, sobre esos otros delitos. Agrega que la juzgadora en su resolución distingue entre la solicitud de extradición, la que solo se hace por dos delitos, fraude postal y fraude de títulos valores, y los documentos que le sirven de apoyo, que es donde se incluyen los otros delitos. También aduce el impugnante que la resolución es incongruente, por una parte se refiere a los delitos por los que se solicitó la extradición, fraude de correos y fraude de valores, y a los que se refiere en los hechos demostrados, pero en el análisis de la sentencia hace estudio de varias figuras delictivas, que no forman parte de la solicitud formal de extradición, ni de lo tenido por demostrado. SE RESUELVE: Para dilucidar lo planteado hay que tener presente dos aspectos, uno, la extradición se solicita por ciertos hechos, los que el Estado Requeriente debe encuadrar como configurativos, en abstracto, de determinados delitos, a efecto de los controles que debe ejercer el Estado requerido; dos, la solicitud de extradición es una, conformada por la petición y la documentación requerida. La necesidad de establecer las calificaciones de los hechos, conforme a la legislación del Estado requirente, quien debe aportar la normativa al respecto, es precisamente para el examen de la prescripción, de la penalidad, de la naturaleza del delito y la identidad de la norma, o doble incriminación. Una vez concedida la extradición, la calificación del delito por el que se admite la misma, también opera como garantía para el extradido (art. 16 del Tratado). De manera que el primer límite lo configuran los hechos, luego, la calificación de los mismos, considerada para establecer los citados parámetros, (identidad de la norma, penalidad, prescripción). En este caso, el recurrente no discute que los hechos por los que se solicitó la extradición por el agente diplomático fueran otros, sino que aduce que no se expresa que se solicite por los delitos de concurso ilícito y fraude cablegráfico, sino por fraude postal y fraude de valores. La circunstancia de que en la nota inicial sobre la extradición no se indiquen todas las calificaciones delictivas, correspondientes a los hechos que se exponen, no implica que una vez presentada la documentación completa, en la que se incluyen otras calificaciones y se precisan los cargos existentes contra los requeridos, no pueda concederse por esos otros delitos, si se cumple con los demás requisitos para ello. Conforme con el Tratado, (igual sería con la Ley de Extradición, art. 9 incisos a-b-c-d), cuando un Estado está interesado en la extradición de una persona, puede hacer una solicitud inicial, tendiente a que el Estado Requerido tome medidas con respecto al mismo (localización, detención del solicitado), comprometiéndose a la presentación de la documentación requerida. Esa solicitud inicial, se complementa con la documentación que posteriormente es aportada, pero ya de por sí denota la intención, el interés, y el compromiso de cierto Estado en que determinada persona sea extraditada para juzgársele por hechos constitutivos de delito (o para que cumpla la pena ya impuesta por ello), y contiene lo mínimo necesario para que se pueda proceder a la aplicación de la medida cautelar privativa de libertad (art. 11 del Tratado). De modo que si ya existe tal manifestación, del agente diplomático, o agente consular de ese Estado, y luego se aportan los documentos que sustentan esa petición, precisando los cargos y la normativa, cumpliendo así el Estado requirente con las exigencias del Tratado (y de la Ley) en tal sentido, no sería razonable considerar que lo que indica la documentación no se integre a la solicitud de extradición, precisando los cargos y los delitos por los que se está solicitando la misma. Nótese que el artículo 9 del Tratado es específico sobre el contenido de la solicitud de extradición, al señalar:

“ARTICULO 9 Tramitación de la extradición y documentos requeridos

1) La solicitud de extradición será formulada por un agente diplomático del Estado Requirente, o en defecto de este, por un agente consular de ese Estado.

2) La solicitud de extradición deberá contener:

a) La información concerniente a la identidad de la persona reclamada y el lugar donde pueda encontrarse, si se conociere.

b) Una breve relación de los hechos pertinentes al caso.

3) La solicitud de extradición deberá venir acompañada de documentos que contengan:

a) Una explicación detallada de los hechos pertinentes al caso.

b) Pruebas que demuestren que la persona reclamada es la persona acusada o condenada.

c) El texto y una explicación sobre la ley que define el delito y la pena correspondientes.

d) El texto y una explicación sobre la ley que determine la prescripción de la acción penal y de la pena correspondiente.

4) Cuando la solicitud de extradición se relacione con una persona que aún no ha sido sentenciado, deberá ir acompañada de:

a) Una copia del documento en donde se formulen los cargos o un documento equivalente dictado por un juez o por una autoridad judicial.

b) La documentación que, de acuerdo con las leyes del Estado Requerido, sea necesaria para justificar la detención y el enjuiciamiento de la persona reclamada si el delito se hubiera cometido en ese Estado.

5)…

6)…”

Por otra parte, el Tratado en su artículo 11 inciso 4) y 5) permite que la documentación requerida por el artículo 9 sea presentada con posterioridad a la solicitud inicial. Si ello es así, resultaría absurdo que no pueda considerarse la misma, para atender a la ampliación del número de delitos señalados en la solicitud inicial, o la ampliación de los cargos expuestos en la solicitud, al precisarse los mismos en la documentación que se aporta precisamente como consecuencia de la solicitud inicial. Por lo que no es aceptable la posición del señor defensor, de que porque en la nota verbal Nº 134, el agente diplomático no hace referencia a los delitos de fraude cablegráfico y concierto ilícito, no pueda concederse la extradición sobre estos, pese a las precisiones que en cuanto a dichos delitos se hace en la documentación aportada por el Estado Requirente, y que se adjuntan a dicha nota verbal, precisamente para formalizar la petición de extradición, cumpliendo con la concretización de cargos y de la normativa al respecto, lo que claro está, se confecciona por las autoridades encargadas de ello, (Fiscal, Jueces, etc.), pero que se integra con la petición que hace el agente diplomático, quien así cumple con lo requerido para la extradición. En este caso, puede observarse que por resolución del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, de las quince horas diez minutos del siete de setiembre de dos mil uno, folio 63 y 64, se puso en conocimiento del Gobierno de los Estados Unidos Unidos, la detención de las personas solicitadas por el mismo, indicándosele que debía proceder a “formalizar la extradición dentro del término de sesenta días, como lo establece el artículo 11 del Tratado entre ambas Naciones; para tal efecto deben presentar toda la documentación que al efecto establecen los artículos 9 de la Ley de Extradición y 9 del Tratado de Extradición a que se ha hecho referencia.” Y precisamente al formalizarse esa solicitud de extradición se incluye la documentación a la que hace referencia el recurrente, y que acompaña a la nota verbal del agente diplomático, ver folios 133 a 595, por lo que no existe la pretendida “ultrapetita”, al concederse la extradición por los delitos que informa la documentación presentada por el Estado requirente. Aparte de ello, está claro que la misma defensa ha partido de esta posición, para lo que basta observar el escrito de folio 652 a 675, específicamente al folio 653, aparte II, donde claramente se hace referencia a los cargos por los que se pide la extradición de Waage y Webb, en los que se incluyen el fraude cablegráfico y el concierto ilícito. Respecto a la incongruencia de la resolución que señala el señor defensor, ello solo es aparente, evidentemente en el Resultando la jueza hace referencia a la nota verbal recibida, sin la documentación, pero ya en las consideraciones de fondo, donde examina la documentación aportada, que se integra a aquélla, como hemos dicho, precisamente contempla los cargos y las calificaciones de los mismos conforme al Estado requirente; además, en los mismos HECHOS DEMOSTRADOS, (Considerando I), en el punto 6, se indica: “La solicitud se ha acompañado de documentos que contienen la explicación detallada de los hechos, así como la formulación de cargos. (folios 133 y siguientes del principal)”. Y en el punto 8 de esos hechos, se afirma. “El país ha aportado el texto y una explicación sobre las normas que definen los delitos y las penas correspondientes . (ver folios 369 a 375).” Folio 2110. Con lo que claramente, en los hechos demostrados, la referencia es a la totalidad de cargos, y no solamente al fraude de correo y al de títulos valores, lo que unido a la consideración de que la resolución en examen es una unidad, nos lleva a concluir que no existe la pretendida incongruencia en la sentencia recurrida. Por lo expuesto, NO SE ACOGE EL MOTIVO.

IX. RECURSO DEL LIC. JOSÉ ENRIQUE CASTRO MARÍN, PROCURADOR .

En relación al delito de fraude de valores. Expresa el señor procurador que se deniega la extradición por ese delito, con el argumento de que nos encontramos ante una ley en blanco, que para su definición no es suficiente con el texto del artículo 78 referido por el Estado requirente, sino que es necesario conocer las reglas y reglamentos dispuestos por la Comisión de Valores estadounidenses, por lo que al no contarse con ello, no es posible realizar el examen sobre la doble incriminación. Señala el recurrente que si se echaba de menos esa documentación, lo procedente no era el rechazo de la extradición en relación a ese cargo, sino solicitar los documentos que en su criterio faltaban, conforme al artículo 9, inciso d) de la Ley de Extradición. Al no haber procedido de dicha manera, y dar la audiencia contemplada en el inciso e) se partió de que la documentación estaba completa, dejando en indefensión al Estado requirente, que confiaba en que había cumplido con los requisitos necesarios. Concluye el motivo ¾ el Lic. Castro ¾ refiriendo que la jurisprudencia constitucional y la de este tribunal, ha sido en el sentido de que se advierta al Estado solicitante la corrección del defecto. SE RESUELVE: Tiene razón el recurrente al expresar que si la juzgadora consideraba que no tenía la documentación necesaria para resolver respecto al delito de fraude de valores, lo procedente era prevenir al Estado requirente para que aportara los textos que se echaban de menos, conforme lo indica la Ley de Extradición, y también se colige del Tratado de Extradición, artículo 10, inciso 1. Las razón que aduce la señora jueza para no actuar así, la prolongación de la detención de las personas requeridas, no se relaciona en forma alguna con el rechazo que hace de la petición por dicho delito, siendo que hasta en libertad el requerido, puede decidirse sobre la procedencia de la extradición, (ver art. 11 incisos 4 y 5 del Tratado). Sin embargo, hecho el examen de lo que argumenta la a quo, para concluir que era necesaria documentación que permitiera completar el tipo penal con el fin de establecer si se da la identidad de la norma, encuentra este Tribunal que con lo aportado es suficiente para determinar ese aspecto, ya que no se requiere una coincidencia total en la normativa de ambos países, sino solo que la descripción de la conducta, encuentre marco en nuestro ordenamiento. Así, respecto al “fraude de valores”, el texto aportado, indica:

Título 15, Código de los EE.UU., Artículo 78j (b), Fraude de Valores

Será ilícito que cualquier persona, directa o indirectamente, a través de cualquier método o instrumento de comercio interestatal, o por medio del correo…

(b) Utilice o emplee, con relación a una compra o venta de cualquier valor registrado en una bolsa de valores nacional, or (sic) cualquier valor no registrado de esa manera… cualquier recurso o estratagema que manipule o engañe en contravención de las reglas y reglamentos que la Comisión de Valores y Bolsas haya dispuesto sean necesarias o adecuadas para el bien público o para la protección de los inversionistas.

Si llega a ser condenado, cada acusado encara una sentencia de 10 años en prisión y una multa de $1.000.000 por fraude de valores. Título 15, Código de los Estados Unidos, Artículo 78 ff .” Véase folio 370 y 371.

Para empezar hay que señalar que para la comprensión de la conducta sancionada, y para el examen de la identidad de la norma, a diferencia de lo que expresa la juzgadora, y parece acoger el señor procurador, no se requiere conocer cuál es la normativa dispuesta por la Comisión de Valores y Bolsas de los Estados Unidos, pues ese sería un elemento a considerar en el Estado en que se juzgue a los acusados, sin que proceda encontrar equivalencias en nuestra legislación. Conforme a la norma antes expuesta, se sanciona a quien use estratagemas, en transacciones de valores, que manipulen o engañen, a los inversionistas (contraviniendo las normas de la Comisión de Valores y Bolsas que protegen el interés público y a los inversionistas), lo que claramente nos refiere a nuestra figura de estafa, art. 216 del Código Penal, y si bien es cierto que dicha normativa del Estado requirente no refiere en forma expresa, como lo hace la estafa del art. 216 aludido, la lesión del patrimonio ajeno, en el caso en concreto, conforme a los hechos por los que se requiere la extradición, está comprendido ese extremo. Así, basta observar el Considerando dedicado a los hechos demostrados que describe la a quo, para resolver la situación que nos ocupa, que no difiere de lo resuelto sobre el fraude de correos y el fraude cablegráfico, siendo la diferencia simplemente el medio utilizado en el fraude. Se indica en el Considerando I, punto 2) “Que de las investigaciones…se desprende que los tres (sic) extraditables han participado en un fraude de grandes proporciones en virtud del cual se les sigue un proceso penal en el Distrito Este de California. Dicho fraude se llevó a cabo mediante una estafa de tipo piramidal, utilizando la fachada de una sociedad comercial que captaba inversiones del público y se apoderaba de estos fondos. Es así como utilizando el nombre comercial de “Tri-West Inbestimen Club” han mantenido una página e internet el en (sic) sitio www.triwestinvest.com aproximadamente desde junio de 2000. Por ese medio lograron captar de aproximadamente 95 víctimas en el Distrito Este de California, $795.00, y se ha generado alrededor de $53 millones en inversiones ilegalmente. En dicha página web se asegura una alta tasa de retorno sin riesgo, mencionando que tiene respaldo de la compañía denominada ‘Corporación Universal Harleem’, supuestamente fundada desde 1969. Pero las oportunidades de inversión son falsas, esta sociedad fue incorporada no en el año 1969 sino en 1999, aparte de que no es una compañía de inversión registrada. Que en lugar de transacciones bancarias de bonos u obligaciones, han hecho uso del dinero de los inversionistas para para (sic) ‘dividendos’ a otros inversionistas, para comprar propiedades por valor de millones de dólares tanto en México como en Costa Rica, un yate, un helicóptero y para canalizar dinero a muchas corporaciones pantalla creadas en Costa Rica. (ver declaración jurada de folios 470 a 586)”, folios 2109, 2110, la negrita es nuestra. Como se puede observar en el destacado en negrita, conforme a los hechos, cargos por los que se requiere a los extradidos, (dos y no tres, como por error se indica en lo transcrito, debido a que son tres las personas a las que se les imputa el fraude), está claro que los cargos, de fraude de correos, cablegráfico, y de valores, sí comprenden la realización de un perjuicio al patrimonio ajeno, de las personas que fueron víctimas de engaño en su inversión, a raíz de las estratagemas, información falsa, inserta en la página Webb por los acusados. Siendo que la misma conclusión que hace la a quo respecto al fraude de correos y al fraude cablegráfico, son válidos para el fraude de valores, en el sentido de que se imputa la lesión al patrimonio ajeno, de aproximadamente 95 víctimas, al captarse de las mismas $795.000, (ver folio 2119 y 2120). En todo caso, hay que recordar que de conformidad con el Tratado, no solo procede la extradición por el delito consumado, sino también por el tentado, y aún por la conspiración estadounidense, con respecto a los delitos considerados extraditables, (artículo 2, inciso 2, del Tratado). Por lo que hay que concluir que sí se da la identidad de norma respecto al cargo de fraude de valores, al coincidir con el delito de estafa previsto por el artículo 216 del Código Penal costarricense, sin que importe que en la legislación estadounidense la deformación de la información se relacione con la compra venta de acciones, bonos y letras, según se colige de la documentación aportada por el Estado requirente, específicamente de la declaración jurada de la Fiscal Adjunto de los Estados Unidos en el Distrito Oriental de California, Robin R. Taylor, de folio 373, y que en el caso de la estafa del art. 216 nuestro no se requiera tal vinculación, de ahí que no tenga importancia el conocimiento de las reglas de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, como se indicó al principio. Por ello, no procede retrotraer este procedimiento para que se realice la prevención que alega el recurrente, innecesaria dada la identidad de la norma antes expuesta, sino resolver de una vez lo planteado, acogiendo la extradición por este delito. Por estas razones, y no por las que aduce el impugnante, SE ACOGE EL MOTIVO EN ESTE PUNTO, se revoca la resolución impugnada en cuanto dispone que no se concede la extradición de los requeridos por el delito de fraude de valores, y en su lugar se concede la extradición de Waage y Webb por el cargo de fraude de valores por el que se les requiere para su juzgamiento.

X . Como un segundo punto de este motivo, el señor procurador se refiere a los delitos de blanqueo de fondos y concierto ilícito para cometer blanqueo de fondos.

Señala que la a quo considera que respecto a estos no existe la doble incriminación, porque la Ley nº 7233 de 8 de mayo de 1991, contempla solo el blanqueo de capitales cuando el dinero proviene del narcotráfico, y ese no es caso. Indica el Lic. Castro que la juzgadora se equivoca en cuanto a la ley, porque la misma fue derogada por la Nº 7786 del 30 de abril de 1998, la que a su vez fue reformada íntegramente por la Nº 8204 del 17 de diciembre de 2001. De seguido el señor procurador cita los artículos 1, 69, y 72, que dice son algunos de los artículos de la Ley 7786 del 30 de abril de 1998, que considera rige para el caso, para concluir que la decisión de la juzgadora sobre la inexistencia de la doble incriminación en cuanto a los citados delitos es errónea, solicitando que se conceda la extradición al respecto. SE RESUELVE: El señor procurador se equivoca al transcribir el contenido de los artículos 1, 69, y 72, (relativas a la tipificación de la legitimación de capitales provenientes de delitos graves, no solo del narcotráfico), considerando que ese es el contenido que tenía al Ley 7786 del 30 de abril de 1998, que dice es la aplicable al caso, cuando realmente la transcripción corresponde a lo que establecen esos artículos en la Ley Nº 8204 del 26 de diciembre de 2001, publicada el 11 de enero de 2002. Conforme con esta última normativa, ciertamente los cargos de “blanqueo de bienes” y de “concierto para el blanqueo de bienes”, encontrarían identidad de norma en nuestra legislación, al referirse a bienes provenientes de delitos graves, los que define como sancionados con pena privativa de libertad de cuatro años, como mínimo, o pena mayor, (art. 1 Ley Nº 8204), y no únicamente a los relativos al narcotráfico como lo limitaba la anterior ley. Por ello, hay que examinar con cuál ley procede realizar el examen de la identidad de la norma. De previo, hay que señalar que la “legitimación de capitales” o “blanqueo de bienes” no son más que figuras de “encubrimiento”, con la diferencia respecto a las figuras que contempla el Código Penal, como lo dice la señora jueza, que estas se refieren al tercero que no participa en el delito que origina el bien, y cuya procedencia ese tercero trata de encubrir de alguna manera, por lo que no contempla el Código Penal la situación que plantea la acusación contra los extradidos, quienes no aparecen como ajenos al delito que origina el bien objeto del encubrimiento. A diferencia, el artículo 69 de la Ley Nº 8204, no excluye al partícipe en el “delito grave” que origina el bien, del “encubrimiento” de este. No hay duda que al momento en que se toma la decisión por la a quo nuestro legislador había considerado la conducta imputada a los extradidos como un desvalor, al tipificarla como delito, lo que se mantiene al momento de esta decisión. Sin embargo, es indiscutible que al momento de que se dice cometida la infracción por Alyn Richard Waage y Michel Webb, antes de la denuncia del 27 de agosto de 2001, la legitimación de capitales proveniente de delitos graves no vinculados con el narcotráfico, no era delito en nuestra legislación, y tampoco lo era al momento en que se plantea la solicitud de extradición, siendo que dicha petición fue formalizada en octubre de 2001, folio 133, y, como se indicó, es la Ley 8204, del 26 de diciembre de 2001, publicada el 11 de enero de 2002, la que crea el tipo penal que permitiría cumplir con la identidad de norma, tanto para el delito de “blanqueo de fondos” como para el de “concierto ilícito para cometer blanqueo de fondos”. La pretensión del señor procurador, de que se conceda la extradición por esos delitos, sería procedente si para efectos de establecer la identidad de la norma el momento a considerar fuera el de la decisión sobre la extradición, para el cual nuestro legislador ha considerado desvalorada la conducta, tipificándola como delito, y no el momento de la comisión de la infracción, para el cual la conducta no estaba prohibida por nuestro ordenamieto. Sobre este aspecto no existe una posición unánime de esta cámara, lo que lleva a que la mayoría de jueces, compuesto por el Juez Cruz Castro, y el Juez Chinchilla Sandí, a emitir VOTO DE MAYORIA, en el siguiente sentido:

XI. VOTO DE MAYORÍA DE LOS JUECES CRUZ CASTRO Y CHINCHILLA SANDÍ (específico sobre este punto, redactada por ellos).

- Como un segundo punto de este motivo, el señor Procurador se refiere a los delitos de blanqueo de fondos y concierto ilícito para cometer blanqueo de fondos. Señala que la a quo considera que respecto a estos no existe la doble incriminación, porque la Ley N° 7233 de 8 de mayo de 1991, contempla solo el blanqueo de capitales cuando el dinero proviene del narcotráfico, y ese no es el caso. Indica el Lic. Castro Marín que la juzgadora se equivoca en cuanto a la ley, porque la misma fue derogada por la Nº 7786 del 30 de abril de 1998, la que a su vez fue reformada íntegramente por la Nº 8204 del 17 de diciembre de 2001. De seguido el señor procurador cita los artículos 1, 69, y 72, que dice son algunos de los artículos de la Ley 7786 del 30 de abril de 1998, que considera rige para el caso, para concluir que la decisión de la juzgadora sobre la inexistencia de la doble incriminación en cuanto a los citados delitos es errónea, solicitando que se conceda la extradición al respecto. Se declara con lugar el motivo pero por razones diferentes a las que expone el Representante de la Procuraduría General de la República. El señor Procurador se equivoca al transcribir el contenido de los artículos 1, 69, y 72, (relativas a la tipificación de la legitimación de capitales provenientes de delitos graves, no solo del narcotráfico), considerando que ese es el contenido que tenía al Ley 7786 del 30 de abril de 1998, que dice es la aplicable al caso, cuando realmente la transcripción corresponde a lo que establecen esos artículos en la Ley Nº 8204 del 26 de diciembre de 2001, publicada en La Gaceta N° 8 de 11 de enero del 2002. Conforme con esta última normativa, ciertamente los cargos de blanqueo de bienes y de concierto para el blanqueo de bienes, encontrarían identidad de norma en nuestra legislación, al referirse a bienes provenientes de delitos graves, los que define como sancionados con pena privativa de libertad de cuatro años, como mínimo, o pena mayor, según el artículo 1° Ley Nº 8204, y no únicamente a los relativos al narcotráfico como lo limitaba la anterior legislación. En este sentido, hay que examinar con cuál ley procede realizar el examen de la identidad de la norma. De previo, hay que señalar que la legitimación de capitales o blanqueo de bienes nos son más que figuras de encubrimiento, con la diferencia, respecto a las figuras que contempla el Código Penal, como lo dice la señora jueza, que estas se refieren al tercero que no participa en el delito que origina el bien, y cuya procedencia ese tercero trata de encubrir de alguna manera, por lo que no contempla el Código Penal la situación que plantea la acusación contra los extradidos, quienes no aparecen como ajenos al delito que origina el bien objeto del encubrimiento. A diferencia, el artículo 69 de la Ley Nº 8204, no excluye al partícipe en el delito grave que origina el bien, del encubrimiento de este. No hay duda que al momento en que se toma la decisión por la a quo nuestro legislador había considerado la conducta imputada a los extradidos como un desvalor, al tipificarla como delito, lo que se mantiene al momento de esta decisión, situación que dirige a conceder la extradición sobre esta conducta ilícita, bajo el cumplimiento del principio de doble incriminación, como también, respecto del delito de concierto ilícito para cometer blanqueo de fondos, el cual emerge la figura básica anterior y del delito de asociación ilícita del artículo 274 del Código Penal. Es importante realizar algunas aclaraciones acerca de la posición asumida por la mayoría de este Tribunal, donde resulta indiscutible que al momento en que se plantea la solicitud de extradición no existía ese tipo penal de la forma expuesta, siendo que la petición inicial y de urgencia se realizó por la Embajada de los Estados Unidos de América el 5 de setiembre del 2001 (ver folios 1 a 13 del tomo I) ante la Corte Suprema de Justicia, la cual traslada la solicitud inicial al Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José. En forma inmediata se procede a la captura de los extraditables WAAGE y WEBB y se ponen a la orden del Tribunal de instancia, dictándose en su contra de ambos la respectiva prisión preventiva el 7 de setiembre del 2001 (ver folios 14 y 15, 25 a 27, 64 a 65, 75 a 76 del tomo I). Para ese mismo día 7 de setiembre del 2001, se pone en conocimiento de los extraditables la solicitud que dirige la Embajada de los Estados Unidos, donde se describen en forma pormenorizada los hechos por los cuales se solicita la extradición (ver folios 79 y 80 del tomo I). Para el 29 de octubre del 2001, se dirige al Tribunal de instancia la debida formalización de solicitud de extradición por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América, donde se reiteran los hechos que motivan la misma y se adjuntan las pruebas que sirven de sustento a la petición (ver folio 133 a 594 del tomo I). Como se podrá notar, los extraditables siempre han tenido conocimiento de los hechos por los cuales se solicitó su extradición, incluyéndose dentro de los mismos, los correspondientes a los delitos de blanqueo de fondos y concierto ilícito para cometer blanqueo de fondos; ante los cuales ha tenido oportunidad de ejercer su defensa material y, por supuesto, la defensa técnica por parte de sus defensores particulares. Ahora bien, acerca de la legislación aplicable al caso, donde se logra conformar a plenitud el principio de doble incriminación, corresponde la aplicación, para el caso concreto, de la vigente Ley N° 8204 de 26 de diciembre del 2001, publicada y con vigencia el 11 de enero del 2002, sin que sea posible pensar, como lo hace la jueza a quo, que la norma a aplicar sería la Ley N° 7233 de 8 de mayo de 1991, partiendo de la fecha de comisión de los ilícitos, pero resultaría inaplicable, según su criterio, porque esa ley contempla el caso del blanqueo de fondos pero provenientes del narcotráfico, como también lo hacía la posterior Ley N° 7786 de 30 de abril de 1998, publicada en La Gaceta N° 93 de 15 de mayo de 1998, en su artículo 72. La vigente Ley N° 8204, en su artículo 69, recoge la figura del blanqueo de fondos y, respecto al ilícito para cometer blanqueo de fondos, se debe de remitir, como se ha indicado anteriormente, al tipo penal de la asociación ilícita del artículo 274, pues quedaría vigente el blanqueo de fondos como figura básica; estos ilícitos no necesariamente deben provenir del narcotráfico, sino que puede serlo de un delito grave, el cual, como dijimos, conforme al artículo 1 de esta misma ley, se trata de un delito punible con una privación de libertad superior a cuatro años, como mínimo, o una pena más grave. El problema que surge en la aplicación de la norma sustantiva, respecto al principio de doble incriminación, se verifica, indiscutiblemente, en el momento en que debamos de tomar partido acerca de cuál es la legislación aplicable, de donde surgen tres posibilidades; i) si corresponde aplicar la legislación la vigente en el Estado Requerido según el momento de la comisión del ilícito en el Estado Requirente, ii) si se debería aplicar la legislación en vigencia al momento de la solicitud de extradición, iii) si lo que rige es la aplicación de la normativa vigente al momento en que se resuelva el proceso de extradición, sin remisión a la fecha de solicitud de la extradición o de la comisión delictiva. Se debe de prestar atención a la Convención Interamericana sobre Extradición, la cual fue suscrita por nuestro país el 25 de febrero de 1981, siendo ratificada por Ley N° 7953 de 21 de diciembre de 1999, publicada en La Gaceta el 21 de febrero del 2000, momento en que entra en vigencia; esta Convención recoge en su artículo 3 lo siguiente, “1° Para determinar la procedencia de la extradición es necesario que el delito que motivó la solicitud por sus hechos constitutivos, prescindiendo de circunstancias modificativas y de la denominación del delito, esté sancionado en el momento de la infracción, con la pena de privación de libertad por dos años como mínimo, tanto en la legislación del Estado requirente (sic) como en la del Estado requerido, salvo el principio de la retroactividad favorable de la ley penal”. Con lo expuesto, siendo norma vigente, deberíamos de proceder a aceptar el presupuesto identificado como i) para resolver esta disputa, pues regiría como regla de extradición, en cuanto a la vigencia de la norma sustantiva a aplicar, que la conducta fuera delito tanto en el Estado requirente como en el Estado requerido al momento de la comisión de la infracción; situación que no se presenta en el presente caso y, pareciera, fue la posición que asumió la juzgadora a quo en su resolución, aunque no lo diga expresamente. Pero no es tan sencilla la solución, porque la misma Convención refiere en su artículo 33, acerca de la relación con otras convenciones sobre extradición, donde se dice que “…La presente convención regirá entre los Estados Partes que la ratifiquen o adhieran y no dejará sin efecto los tratados multilaterales o bilaterales vigentes o concluidos anteriormente, salvo que medie, respectivamente, declaración expresa de voluntad de los Estados Partes o acuerdo de estos en contrario”. Como vemos, esta última norma deja abierta la posibilidad de aplicación de convenios o tratados bilaterales o multilaterales entre los Estados, vigentes con anterioridad a la presenta Convención; tal es el caso del Tratado de Extradición entre Costa Rica y Estados Unidos de América, ratificado por Ley N° 7146 de 30 de abril de 1990, anterior a la Convención Interamericana sobre extradición, razón por la cual, conforme al citado artículo 33, mantiene plena vigencia sobre esta última debido a que ninguna de sus disposiciones le brindan posibilidad de regir a otro acuerdo o convención internacional suscritas con anterioridad o posterioridad al mismo. En este sentido, el artículo 2 del Tratado en comentario, recoge en su artículo 2 inciso 1) que “un delito será considerado extraditable si el mismo está sancionado por las leyes de ambas Partes Contratantes con pena de privación de libertad cuyo extremo máxima es superior a un año o con otra pena más severa”, esta norma crea especialidad en cuanto a la extradición que debe de verificarse en las relaciones entre Estados Unidos de América y nuestro país, razón por la cual, no existiendo facultad para distinguir donde el Tratado no lo hace, rige el artículo 2.1) del mismo, acerca del momento en que debe de entenderse la aplicación el principio de doble incriminación, el cual rige en su aplicación in limine, sea hasta el momento final del dictado de la resolución del juez de instancia que resuelve la extradición. Lo anterior brinda la posibilidad de que la conducta ilícita que no lo era delictiva en el Estado Requerido al momento en que se realizaron los hechos, así como al momento en que se solicitó la extradición, lo puede ser al momento en que se resuelva en definitiva la extradición por el a quo. En este sentido, para la mayoría de este Tribunal, en cuanto a la aplicación del principio de cooperación y ayuda internacional entre los Estados, el cual rige en los procesos de extradición, así como la proporcionalidad de la medida a tomar y el respeto al derecho de defensa y el debido proceso, se considera de aplicación la regla, según la cual, lo que prevalece es la legislación vigente al momento en que deba de resolverse, por el juez de instancia, el proceso de extradición en sentencia, momento en el cual se debe verificar la presencia del principio de doble incriminación. En definitiva, resulta de aplicación el artículo 69 de la Ley N° 8204 (vigente), debido a que la misma entró en vigencia el 11 de enero del 2002, una vez que ya se había presentado la solicitud de extradición, pero ante de resolverse este proceso en sentencia por el Tribunal de instancia el 9 de mayo del 2002. Esta interpretación se ajusta principio de doble incriminación, cuyo fundamento reside en el valor que tradicionalmente se le ha dado a la reciprocidad como condicio y medida de la cooperación internacional. (Ver Piombo, Horacio Daniel. “Tratado de la Extradición”- Ed. Depalma. Argentina. 1997- Volumen I- p.277-278). La mayoría del Tribunal estima que conforme a la letra del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Costa Rica, no es exigible que la infracción sea delito, en los dos países, al momento en que se comete el ilícito. Basta que al momento en que el juez resuelva la solicitud de extradición, se cumpla con el requisito de doble incriminación. El sujeto activo que realiza una acción delictiva cuyos efectos se perfeccionan en el país requirente, no desconoce, en principio, que tal acción, sea delictiva; es decir, que la limitación impuesta por el principio de irretroactividad en función de la culpabilidad, se mantiene inalterable, porque el sujeto sometido al presente proceso, al ejecutar la acción ilícita, sí sabía que era un hecho delictivo en el territorio del país requirente; bajo esta óptica, no se lesionan los fundamentos constitucionales que sustentan el posible juicio de reproche que pueda hacérsele al extraditado, si es juzgado por las autoridades judiciales del Estado requirente. Si se admite la exigencia del principio de doble incriminación al momento de ejecutar el hecho, se aseguraría la impunidad de una persona que desde el territorio costarricense ejecuta hechos delictivos con efectos lesivos en el Estado requirente. Para impedir estos efectos, el Tratado de Extradición sólo se refiere al principio de doble incriminación, sin requerir que tal exigencia también se cumpla al momento de la ejecución del hecho.

Por ello, se acoge el motivo interpuesto por el Lic. Castro Marín, como Representante de la Procuraduría General de la República, pero por los fundamentos anteriormente expuestos, anulándose parcialmente la sentencia de la a quo en cuanto deniega la extradición por los ilícitos en discusión, debiendo de entenderse que se acoge la misma, además de otros ilícitos, por los delitos de blanqueo de fondos y concierto ilícito para cometer blanqueo de fondos.

XII. Por su parte, la Jueza Fernández Vindas emite su VOTO DE MINORIA, así:

VOTO DE MINORIA, DE LA JUEZA FERNANDEZ VINDAS (relativo a los delitos de blanqueo de fondos y concierto ilícito para cometer blanqueo de fondos).

La jurisprudencia nacional ha sido consistente en considerar como momento a tomar en cuenta para establecer la identidad de la norma, o examen de la doble incriminación, a efectos de la concesión de la extradición, la correspondiente a la fecha de la comisión del hecho por el que se solicita la extradición, sea, el momento de la infracción. También la doctrina nacional se ha pronunciado en tal sentido. Así, CHAVES, Alfonso y otros, expresan: “En síntesis, no está además agregar con Jiménez de Asúa (ver nota f), que el tipo delictivo debe existir en el momento en que el hecho se ha cometido así como en el instante en que se hace la entrega de la persona solicitada, para que se cumpla con la exigencia de la previsión del hecho como delictivo en ambos países …” (CHAVES, Alfonso. GONZALEZ, Daniel. HOUED, Mario. SANCHEZ, Cecilia. La Extradición en Costa Rica. Editorial Nueva Década, San José, C.R., 1989, p. 49). Esta posición es la que se adecua al principio constitucional consagrado en el artículo 34, que dice:

“A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.”

Permitir la extradición por un hecho que no configuraba delito en nuestro país, en el momento de su comisión, implicaría dar efecto retroactivo a la Ley Nº 8204, del 26 de diciembre de 2001, publicada el 11 de enero de 2002. Aparte de ello, debo señalar que ni el Tratado de Extradición con los Estados Unidos, ni la Ley de Extradición establecen en forma expresa cuál es el momento del que debe partirse para examinar la doble incriminación. Sin embargo, las normas que de manera indirecta podrían relacionarse con ello, están referidas al momento de la comisión del hecho, así en el Tratado encontramos el art. 16, que se refiere a la regla de especialidad, que limita las posibilidades del Estado requirente para juzgar a la persona extraditada, a las que se expresan, señalando el aparte d) del inciso 1) que puede juzgarse “Cualquier delito respecto del cual proceda la detención de la persona, su procesamiento o su sanción por parte del Estado Requerido. Para los propósitos de este párrafo, el Estado Requerido puede solicitar la presentación de los documentos mencionados en el Artículo 9º” Con lo que es claro que se está partiendo del momento de comisión del delito, dado que en el Estado Requerido, Costa Rica, no podría ser juzgada una persona por un hecho que en el momento de su comisión no configuraba delito, art. 39 de la Constitución Política. Por su parte la Ley de Extradición, al referirse el artículo 3 a los supuestos en los que no se concederá la extradición, hace referencia en los incisos a), d), y f) al momento de la comisión del hecho punible. Además, hay que señalar que la Convención Interamericana sobre Extradición, ratificada por Costa Rica, aunque no por los Estados Unidos, quien no es Estado firmante, (Ley Nº7953, Aprobación de la Convención Interamericana sobre Extradición, Alcance Nº 12 a la Gaceta Nº 36, del 21 de febrero de 2000), en su artículo 3. 1, indica:

“Para determinar la procedencia de la extradición es necesario que el delito que motivó la solicitud por sus hechos constitutivos, prescindiendo de circunstancias modificativas y de la denominación del delito, esté sancionado en el momento de la infracción, con la pena de privación de libertad…” ( El destacado en negrita es nuestro). Claro que dicha Convención establece expresamente, art. 33. 1, que solo rige entre los Estados Partes que la ratifiquen o adhieran a ella, y no deja sin efecto los tratados bilaterales, tal como el existente con los Estados Unidos, pero lo importante es que, como señalara anteriormente, ni el Tratado de Extradición ni la Ley de Extradición, aplicable a los aspectos no previstos por los tratados, establecen en forma expresa el momento en el que deba considerarse la doble incriminación, y a diferencia de ello, no solo la Constitución nos obliga a partir del momento de la comisión del hecho, a menos que nos encontremos ante la derogatoria posterior del delito, que resulta ser ley más favorable, sino que, también, las pocas alusiones que contiene la normativa al respecto, aluden a dicho momento, como se evidencia de la misma posición que asume la citada convención. Es de notar que en relación a esta Convención, al evacuar la Sala Constitucional la consulta preceptiva de constitucionalidad formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, (Voto 08292-99, de las 12:57 hrs. del 29-10-99), la Sala ni siquiera alude a ese aspecto de la Convención, art. 3.1, no llamando la atención de esa cámara la disposición aludida, (lo que sí ocurre con otras normas de la Convención), en mi criterio por ser lo considerado “normalmente” adecuado a nuestro ordenamiento constitucional. Esta opinión se refuerza, si observamos que en diversos pronunciamientos, concernientes a la “doble incriminación” a efectos de la extradición, la referencia de la Sala al momento en que debe considerarse la misma, ha sido la del momento de la comisión del hecho, sea de la infracción, tal y como se indica en la citada Convención. Al respecto, ha expresado dicha Sala:

¾ “ Fundamenta el accionante el recurso sobre la base de que los hechos que le son imputados al señor…no se encuentran expresamente tipificados en la legislación costarricense…Al respecto, ha señalado esta Sala: ‘ Que para conceder la extradición, es requisito esencial que el delito atribuido sea ilícito tanto en la legislación del Estado requirente como del requerido, según el principio de doble incriminación contemplado en el artículo 3 de la Ley de Extradición. Este requisito se cumple cuando la extradición es solicitada por un hecho o hechos que considerados abstractamente son punibles por ambos ordenamientos, aun cuando cada uno de ellos lo prevea bajo un diferente tipo delictivo’ (Sentencia 456-90 del 4 de mayo de 1990). En otros términos, lo que se pretende con el principio de la doble incriminación, es que el tipo delictivo exista al momento en que el hecho se ha cometido, pero no que se encuentre tipificado en ambas legislaciones con una misma denominación jurídica.” (Voto 2579-93, de las 15:15 hrs. del 08-06-93, la negrita no es del original). En el mismo sentido ver Voto 5073-97, 10:54 hrs. del 29-08-97.

¾ “ Estima la Sala que al cumplirse a cabalidad con los requisitos exigidos para que proceda la extradición, no existe violación alguna a los derechos…; pero aclara, eso sí, que debido a que la evasión fiscal y la defraudación fiscal no constituían en Costa Rica delito al momento en que supuestamente se cometieron los hechos, Luigi Ardino no podrá ser juzgado en la República de Italia por esos delitos, pues lo contrario, implicaría una clara violación al principio de la doble incriminación por tratarse de conductas atípicas en nuestro ordenamiento…” (Voto 1136-96, de 15:06 hrs. del 06-03-96).

¾ “ PRINCIPIO DE IDENTIDAD O DE ‘DOBLE INCRIMINACION’ … Sobre el particular, la Ley de Extradición en su artículo 3 inciso d) es clara, en el sentido de que no se puede conceder la extradición en nuestro país cuando el hecho imputado no fuere delito según la ley costarricense, aplicando así el ‘principio de identidad de la norma’, también conocido como de ‘doble incriminación’, es decir, la exigencia de que el hecho por el que se concede la extradición esté previsto como delito por la ley del Estado requerido y el requirente, de manera que el tipo delictivo debe existir en ambos países en el momento en que el hecho se ha cometido y en el instante en el que se hace la entrega, aunque no es preciso que esté descrito en ambas leyes con la misma denominación jurídica…” (Voto 0813-98, de 16:27 hrs. del 10-02-98, el destacado en negrita es nuestro, excepto el del subtítulo).

Fuera de ello, hay un argumento en mi opinión esencial para sostener este criterio, y es que cualquier sujeto está obligado a ajustar su conducta al ordenamiento legal vigente al momento de su actuar, pero no es posible ajustar las acciones de “hoy” a las exigencias del ordenamiento de “mañana”, como tampoco sería posible exigir que la conducta realizada en determinado Estado, conforme al ordenamiento del mismo, sea sancionada por no ajustarse el ordenamiento de otro Estado, pues ello implicaría ajustar la conducta al ordenamiento mundial, que no solo no es uniforme, sino que sería imposible de conocer y comprender para cualquier habitante del planeta. Lo que se estaría exigiendo, si, como ocurre con el Tratado de Extradición con los Estados Unidos, no importa dónde se haya realizado el delito, para la procedencia de la misma. De ahí que, si bien no se puede desconocer la tendencia al abandono del principio de territorialidad, con las posibilidades de que se juzguen los delitos con independencia del lugar donde se cometen, (sobre todo tratándose de delitos que afectan los Derechos Humanos, y de los de carácter internacional), ello no implica el abandono del principio de la doble identidad de la norma, y de su garantía, resultante de considerar el momento de la comisión de la infracción para su establecimiento. Este momento resulta un parámetro único y cierto, no manipulable, a diferencia de considerar momentos posteriores, como serían la fecha de la solicitud de la extradición, o el momento de la audiencia a la defensa sobre la misma, o el momento de la decisión, que además de las violaciones dichas, podrían llevar a la afectación del derecho de defensa, y darían la posibilidad de volver a plantear la extradición por un mismo hecho, en el caso de que luego de rechazada, en el país requerido se apruebe una ley que lo configure como delito, lo que no sería acorde con el artículo 12 de la Ley de Extradición, ni el principio de seguridad jurídica. Por todo lo expuesto, concluyo que debe confirmarse lo resuelto por la a quo al respecto. En consecuencia, NO ACOJO EL MOTIVO al respecto.

XIII . Como tercer punto, se refiere el recurrente al “Pronunciamiento sobre los bienes”. Expresa que concomitante al proceso de extradición se ha dado una solicitud de asistencia judicial sobre bienes de los extraditables, existiendo a la vez, en este proceso, evidencia decomisada y bienes incautados. Indica que el artículo 18 del Tratado de Extradición se refiere a los “artículos, instrumentos, objetos de valor, documentos y demás pruebas ‘concernientes al delito’, es decir, lo conocido comúnmente como ‘evidencia’. Para los propósitos del Tratado, literalmente los denomina: ‘efectos’ “. Dice- el impugnante- que la juzgadora maneja inadecuadamente ese artículo, confundiendo en la resolución diversos conceptos como: “efectos decomisados a los extraditables, “los bienes” a ellos incautados, y “los bienes y efectos” que son motivo de diligencia de asistencia judicial. Por lo que no es clara la resolución en cuanto a sus alcances, pues, considera el impugnante, que en cuanto a la declaratoria de incompetencia para conocer sobre las diligencias de cooperación judicial, parece pertinente que todo lo solicitado por esa vía se envíe a la misma, pero lo que no se entiende es la incompetencia sobre “…bienes dispuestos”, pues no se sabe qué debe entenderse por ello, así, según la última línea del folio 26, serían solo aquéllos sobre los que se giró la solicitud de asistencia judicial, lo que excluiría los bienes incautados e inmovilizados cuando se aprehendió a los extradidos, o luego, al no ser incluidos en la solicitud de asistencia judicial, también se estaría excluyendo los efectos decomisados a estos, que son parte de la evidencia. Agrega el señor procurador, que hay confusión cuando se dice que lo remitido a otra instancia, por la incompetencia, versa sobre los bienes que han sido objeto de congelamiento, inmovilización, sea lo relativo a las diligencias de embargo de bienes. Que al folio 33 se alude a la imposibilidad de asegurar que los bienes que se solicitan provengan del delito. Con lo que, concluye el recurrente, en un principio parece que la remisión o incompetencia está referida únicamente a los bienes muebles e inmuebles que fueron inmovilizados o embargados, pero en las consideraciones la juzgadora hace razonamientos que confunden y contradicen aquello, no quedando clara la decisión en cuanto a los bienes, ignorándose cuáles son los bienes a los que se refiere como “todos los bienes intervenidos en este procedimiento…”, si los señalados en la solicitud de asistencia judicial, o los “efectos” del delito, o los bienes embargados. Dice el apelante que al confundirse los bienes objeto de embargo, con los “efectos” del artículo 18, provoca “la sensación de que la pretensión del Estado requirente no ha sido satisfecha…” SE RESUELVE: Como se observa del resumen del “motivo”, el apelante no precisa en qué consiste el agravio, pues lo que hace es enunciar que existe confusión en la resolución, pero no expresa en qué afecta su interés, siendo que su pretensión se expresa en el sentido de “queda la sensación de que el artículo 18 del Tratado no se ha dado, motivo por el cual se ha dictado una sentencia lesiva de una normativa vigente y por demás, con autoridad superior a la ley ordinaria.”, ver folio 2203. Sin que pueda conocerse cuál es el punto de la decisión que combate, y cómo pretende que el mismo se corrija, para evitar el supuesto agravio. Nótese que lo que aduce es poca claridad o confusión de la resolución sobre los bienes, pero no consta que haya solicitado aclaración sobre ello, no siendo la vía de la apelación la adecuada para ese aspecto, si no se combate ningún punto de la decisión. Por otra parte, partiendo del supuesto de que haya bienes decomisados que debieran ser entregados con los extradidos, lo que parece pudo haber sido el interés del señor procurador en este motivo, lo cierto es que no se precisa qué bienes debieron haber sido entregados, limitándose el recurrente a alegar lo confuso de la resolución al respecto. Por lo que NO SE ACOGE EL MOTIVO.

Por lo expuesto, en relación al recurso del señor procurador, por unanimidad se acoge el primer motivo, punto uno del recurso, revocándose la sentencia en cuanto no concede la extradición por el delito de fraude de valores, y en su lugar se concede en cuanto al mismo. Por mayoría de votos, se acoge el segundo motivo, punto dos del recurso, concediéndose la extradición por los delitos de concierto ilícito para el blanqueo de fondos y por blanqueo de fondos, revocándose así lo dispuesto en la resolución recurrida en cuanto a los mismos. No se acoge el tercer motivo, punto tres de la impugnación.

XIV. RECURSO DEL APODERADO ESPECIAL JUDICIAL DE KEITH A. NORDICK .

El Lic. Erick Ramos Fallas, en su carácter de apoderado especial judicial del señor Nordick, apela la sentencia de extradición en cuanto mantiene limitaciones ilícitas al patrimonio de un tercero ajeno a las diligencias de extradición. Para fundamentar su legitimación para recurrir expresa: Que en las diligencias de extradición contra los señores Waage y Webb, al folio 725 del Tomo B del Legajo de Bienes Decomisados, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de Christoper P. Sonderby asistente del Fiscal de Distrito, solicitó el congelamiento de fondos de las cuentas bancarias y bienes de su representado, Nordick. El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial, por resolución de las 11:00 hrs. del 24 de setiembre de 2001, de folio 734 del legajo citado, impuso las siguientes limitaciones al señor Nordick: “congelamiento de fondos, el no pago de cheques, el acceso a la información y secuestro de información bancaria”. Que en libelo del 4 de febrero de este año, solicitaron la exclusión de los bienes y el levantamiento de las limitaciones del patrimonio de Nordick, y pese a que el Tribunal establece que no hay nexo causal entre las conductas delictivas objeto de la extradición y todos los bienes congelados, mantiene las medidas cautelares contra el patrimonio de terceros, causando gravamen irreparable. Bajo el título de motivos de agravio, expone una serie de argumentaciones, los que subtitula de “primero” hasta el “tercero”, hace referencia a al art. 18 del Tratado, a la solicitud de inmovilización de bienes , y a que el tribunal reconoce su incompetencia para acumular al procedimiento de extradición las diligencias de embargo iniciadas por el Juzgador Penal, y para disponer de los bienes intervenidos en este procedimiento, disponiendo la remisión de las diligencias relativas a los bienes a ese despacho, de conformidad al art. 47 inciso b, sin levantar las órdenes de embargo. Señala el recurrente que es contradictorio el análisis del Tribunal, siendo desproporcionadas y arbitrarias las medidas dispuestas, pues lo procedente era el levantamiento de esas medidas y no mantener las restricciones sobre el patrimonio de terceros, manteniendo las violaciones al derecho constitucional de propiedad del señor Nordick. Indica el recurrente, que si el Tribunal no estableció la relación causal de los bienes “confiscados” con la extradición, debió levantar las restricciones, siendo que, como admite el a quo, es necesaria una caución para limitar lo bienes, acorde con el procedimiento civil de embargo, por lo que la no haberse rendido la misma debe levantarse todas las medidas cautelares impuestas. Bajo el subtítulo de “cuarto” se refiere el Lic. Ramos , “ A mayor abundamiento” a la resolución del Tribunal de las 11:00 hrs. del 24 de setiembre, la que dice carece de fundamentación, al respecto discute que el extracto de la declaración jurada del agente federal estadounidense, John Boles, no puede dar sustento a una decisión judicial que imponga limitaciones a un derecho fundamental, conforme al numeral 175 del Código Procesal Penal. Bajo el subtítulo de “quinto”, se refiere el impugnante a las medidas precautorias de carácter real previstas por el Código Procesal Penal: registro, requisa, secuestro, y embargo, este procura el pago de los daños y perjuicios derivados del hecho delictivo, debiendo el solicitante realizar depósito de garantía que sirva de eventual indemnización al embargado. Bajo un “sexto” subtítulo, indica el representante del señor Nordick que a este se le impusieron dos medidas cautelares atípicas: el congelamiento de fondos, que sería una suerte de confiscación, contrario al art. 40 de la Constitución, careciendo de fundamentación la solicitud y la resolución al respecto. Tampoco – señala- procede la medida de no pago de cheques, que contraría el principio de legalidad. Respecto al secuestro de información bancaria, señala que aunque prevista en la legislación, fue ordenada sin cumplir los requisitos de ley, art. 3 de la Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos, 142 del C.p.p. Concluye el impugnante indicando que no se desprende de la resolución del las 11:00 del 24 de setiembre de 2001, del folio 734 del Tomo B del legajo de bienes decomisados, la necesidad procesal y el fundamento que apoyan esa medida, sin que existan indicios que relacione el patrimonio de Nordick y el proceso de extradición. Termina diciendo que la resolución no expresa las razones por las que mantiene las limitaciones que impugna. Pide que se ordene el cese inmediato de las restricciones. SE RESUELVE: A efectos de la decisión hay que tener presente: 1) el recurso de apelación ante el Tribunal de Casación se acuerda únicamente contra la sentencia que resuelve sobre la extradición, siendo que es propio de esta lo relativo a la concesión o negativa de la extradición, así como la entrega de los objetos concernientes al delito que hubiesen sido decomisados, (art. 18 del Tratado y 10 de la Ley de Extradición). Cualquier otra tipo de decisión, como son las incidencias que se presenten en el transcurso de la extradición, no tienen recurso, o al menos no lo tienen ante este tribunal, (artículo 9 inciso f, Ley de Extradición). 2) Tratándose de terceros, la ley no contempla en forma expresa el derecho a recurrir, sin embargo, dado que tanto el artículo 18 del Tratado, como el 10 de la Ley de Extradición, al referirse a la entrega de los citados objetos, señalan que debe respetarse los derechos los terceros sobre los mismos, hay que concluir que estos, terceros, tienen derecho a apelar de esta resolución en cuanto disponga la entrega de objetos sobre los que tienen derechos, y por ello tienen interés en combatir la resolución en tal sentido. Conforme a lo expuesto, en el recurso planteado por el representante del señor Nordick, partiendo del principio de lealtad, existiría legitimidad subjetiva para recurrir, y, aunque la resolución que impugna no está decidiendo sobre la entrega de los objetos que fueran decomisados, de los que ni siquiera el recurrente identifica sobre cuáles tiene derechos el señor Nordick, hay que concluir que al decidirse sobre los bienes decomisados, también se da la legitimación objetiva para recurrir. Conforme a lo que se aduce en el recurso, hay que señalar que el Lic. Ramos no impugna la incompetencia que al respecto dispone la juzgadora, al contrario, parece que se comparte la decisión en ese sentido, pues solo se objeta que no se disponga el levantamiento de las medidas ordenadas en relación a los bienes y a los objetos de su cliente, lo que solicita se haga cesar. Ello impediría, por sí mismo, acceder a lo pedido, pues precisamente es consecuencia de la incompetencia, aunque la juzgadora no lo diga expresamente, el que no decida en relación a las medidas decretadas, pues de disponer el cese de las mismas, estaría resolviendo la cuestión sobre la que dice no tener competencia, lo que sería contradictorio con el declararse incompetente. Esto no implica ninguna indefensión, pues por un lado, no se está disponiendo como consecuencia de la concesión de la extradición la entrega de bienes u objetos, y, la remisión al Juzgado Penal, no impide que ante el mismo se presenten las incidencias y recursos correspondientes. Hay que agregar, que la juzgadora no llega a concluir que los bienes sometidos a limitaciones no tengan nexo con los delitos atribuidos a las personas requeridas para ser juzgadas en los Estados Unidos, sino que lo que indica la a quo es que “…no habiéndose demostrado el nexo entre los bienes intervenidos y los delitos acusados a los extraditables…”, y por haberse iniciado las diligencias de cooperación judicial internacional en el Juzgado Penal, en relación a la intervención de bienes, sin que existiera razones para su acumulación al procedimiento de extradición, es que dispone que se remitan las diligencias sobre los mismos, a ese despacho. Por lo que no existe la contradicción que expresa el recurrente, para pretender el levantamiento de las medidas, pues en ningún momento se establece la inexistencia de nexo de los bienes con los delitos, sino la no demostración del nexo, que es diferente, de ahí que no disponga la señora jueza la entrega de ningún bien u objeto junto con los extradidos, y, que, declare la incompetencia, dado que, como luego se examinará, fue a raíz de una petición de cooperación del gobierno de los Estados Unidos, al Fiscal General, aparte de este procedimiento de extradición, que se generó el comiso de bienes, y el dictado de medidas tendientes a asegurarles. Al respecto se indica en la resolución “De modo que si el tratado de extradición vigente se refiere a la entrega únicamente de los bienes que estén en relación con el delito, y si ello no fuere determinable sin riesgo de perjudicar derechos de terceros o del propio extraditable al embargarle bienes que no tienen relación con el delito, lo procedente es que el Estado requirente que quiera asegurar bienes de una persona, gestione en la vía correspondiente el embargo preventivo, el cual puede incluso llevarlo acabo (sic) un juez penal en aplicación de las normas 65 (y en algunos casos en aplicación del numeral 140 del Código Procesal Penal, a solicitud del ofendido), sin que el juez de la extradición tenga motivo alguno para acumular esas diligencias al procedimiento de extradición perjudicando con ello la urgencia de definirle la situación jurídica al extraditable…”, folio 2141. Hay que señalar, como lo alude la a quo, que el procedimiento de extradición no se presta para la discusión que pueda darse con respecto a multiplicidad de bienes, y a las medidas sobre los mismos, pues es un procedimiento rápido, con personas privadas de libertad, generalmente, tendiente a su entrega a otro país, de ahí que si bien se contempla, tanto en la Ley, como en el Tratado, de extradición, el decomiso y la entrega de bienes, ello necesariamente resulta muy restringido en este procedimiento, que no contempla, y no debe hacerlo dada su naturaleza, mayores posibilidades de incidencias y recursos sobre los bienes, que garantice los derechos de terceros sobre los mismos. De ahí que debe interpretarse que cuando el artículo 10 de la Ley de Extradición hace referencia a la entrega de los objetos, siempre que no perjudique a terceros, que “sean producto del hecho imputado”, (además de los que se encuentran en poder de la persona requerida, y las pruebas del mismo), hay que entender que se refiere a objetos que prima facie, sin necesidad de mayor examen, en forma evidente, aparecen como producto del hecho, como sería el vehículo que se acusa robado, pero no sería posible, en un procedimiento de extradición, en el que no se evidencie esa relación, hacer examen, y someter a pruebas, la determinación de esos aspectos, no siendo el procedimiento de extradición apto para ello. En este sentido, parece estar confeccionado el artículo 18 del Tratado de Extradición con Estados Unidos de América, al disponer:

“1) Todos los artículos, instrumentos, objetos de valor, documentos y demás pruebas concernientes al delito, podrán ser decomisadas y, una vez que se haya otorgado la extradición, podrán ser entregadas al Estado Requirente… Los derechos de terceros, en cuanto a tales efectos, se respetarán debidamente…” Por “concerniente al delito”, debe entenderse, lo que atañe, afecta, interesa, al delito. (Conforme al significado del vocablo “concernir” en el Diccionario de la Lengua Española). Con lo que no existe una referencia al decomiso de bienes que no responden a la propia comisión del delito y a sus evidencias. En el caso que nos ocupa, debido a una evidente confusión entre los objetos que podían decomisarse dentro del procedimiento de extradición, y eventualmente disponerse su entrega conjuntamente con los extradidos, el Juzgado Penal dispuso que el Fiscal enviara al Tribunal de Juicio, que conocía de la extradición, las diligencias que la fiscalía y dicho juzgado habían realizado a raíz de una petición del gobierno de los Estados Unidos, de cooperación, para “congelamiento”, “confiscación”, “inmovilización”, de gran cantidad de objetos, bienes y derechos, que se dice relacionados, o producto, de los delitos, y que concierne a varias personas, extradidos y terceros, sin que se distinga entre los objetos que son evidencias, pruebas, de los delitos por los que se requiere la extradición, de aquéllos que son supuestamente consecuencia del provecho de la actividad delictiva, y de transacciones posteriores. Habiéndose realizado, a raíz de esa petición de cooperación, cantidad de allanamientos, decomisos, secuestro de objetos y documentos, así como “congelamiento” de cuentas bancarias, anotaciones registrales, etc., todo lo cual se unió, (pues no hubo una verdadera acumulación de procesos), sin la referida distinción, a este procedimiento de extradición. Esto trajo como consecuencia, una, que no se demostrara la vinculación de bienes con los delitos por los que se dispone la extradición, a los efectos de su entrega junto con los extradidos, dada la forma indistinta en que se realizaran los decomisos, y los numerosos objetos sometidos al mismo. Dos, que el tribunal dispusiera la incompetencia aquí referida. Al respecto, obsérvese que la nota inicial de la extradición, (no la petición formal, con la aportación de la documentación, que es posterior ), recibida por la Secretaría de la Corte el 5 de setiembre de 2001, indica al respecto: “ La Embajada de los Estados Unidos asimismo solicita, conforme con el Artículo 18 del Tratado de Extradición en vigor, el secuestro de todos los artículos, instrumentos, objetos de valor, documentos y cualquier otra evidencia relacionada con los delitos, en posesión de los prófugos al momento en que se produzca el arresto, que puedan servir como evidencia de los delitos imputados, para que puedan ser entregados con los requeridos, si la extradición hacia los Estados Unidos fuera otorgada...”, folios 1 a 13, el destacado en negrita es nuestro. A raíz de ello, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial a cargo de la extradición, por resolución de la ocho horas del seis de setiembre de dos mil uno, dispone “…Se acoge la petición y se ordena la captura con fines de Extradición de ALYN RICHARD WAGE, LYNN WAAGE JOHNSTON Y MICHAEL WEBB; así como el secuestro de bienes que tengan en su poder y que pudieran servir como evidencia en el caso que se tramita en Estados Unidos.” , folio 14, la negrita es nuestra. Al ser detenidos, Alyn Richard Waage y Michael Webb, fueron puestos a la orden del tribunal, por el fiscal Martínez Acevedo, sin que se hiciera lo mismo con respecto a ningún bien que hubiera sido secuestrado en poder de los mismos, y que pudiera servir de evidencia, ver escrito fechado 7 de setiembre de 2001, folios 25 a 27. Por otra parte, en denominado LEGAJO SOBRE DECOMISOS, Tomo I, consta al folio 1, una carta datada 22 de agosto de 2001, dirigida al Fiscal General por la Embajada de los Estados Unidos de América, en la que se indica que se le adjunta solicitud para obtener asistencia judicial, (ver folios 1 a 36), figurando en dicha solicitud de cooperación en múltiples aspectos, tales como: tomar declaraciones, remitir documentos, evacuar inspecciones y secuestros, de computadoras, archivos empresariales, bases de datos, facturas, registros financieros, registro de cheques, de transferencias, la información bancaria, cuentas, tarjetas de crédito, títulos valores, respecto de bienes muebles e inmuebles, etc., examinar los objetos y los lugares, entregar copias auténticas de los documentos, entre ellos de la documentación bancaria, financiera, comercial, e identificar y detectar el producto, los bienes, instrumentos, con fines probatorios. (ver folios 7 a 9). Como consecuencia de esta petición de cooperación, (fuera de la solicitud de extradición, y con una amplitud que supera el secuestro de bienes propio de la misma, conforme se indicó), se procedió por parte de la fiscalía a solicitar al Juez de la Etapa Preparatoria del Primer Circuito Judicial de San José, una serie de allanamientos, registro y secuestros, folios 213 a 223 del LEGAJO, los que efectivamente fueron dispuestos por el Juzgado Penal, en resolución de las dieciséis horas del cinco de setiembre de dos mil uno, adicionada por resoluciones de las diecisiete horas del mismo día, y por resolución de las diez horas treinta minutos del 6 de setiembre de 2001, ver folios 224 a 233. 256, 272. Diligencias que se llevaron a cabo por el Juez Penal, en los diversos lugares, con respecto a diversas personas, y múltiples objetos, bienes y documentos, el 6 de setiembre de dos mil uno, deteniéndose asimismo a las personas requeridas en la extradición, conforme se había ya solicitado y dispuesto por el Tribunal de Juicio, ver folios 234 a 374. Disponiendo el Juez Penal de San José, en resolución de las siete horas del seis de setiembre de dos mil uno, la anotación “de este proceso” (que no es la extradición) al margen del asiento de inscripción de los bienes muebles e inmuebles que enumera: vehículos y fincas, a nombre de diversas personas jurídicas, ver folios 375, 376, del LEGAJO. Obsérvese que la comunicación que hace el Juez Penal al Director del Registro Público de la Propiedad de Vehículos, en tal sentido, indica: “Que en causa penal Nº 01-4019-647-PE, contra EMPRESAS TRIWEST INVESTMEN Y HAARLEN UNIVERSAL CORPORATION, por el delito de FRAUDE DE SIMULACION en perjuicio de INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, se ha ordenado enviarle el presente MANDAMIENTO, para que se sirva proceder a LA ANOTACION DE ESTE PROCESO AL MARGEN DEL ASIENTO DE INSCRIPCIÓN, de los siguientes bienes…” , ver folio 379 del Legajo, la negrita es del original. Lo mismo se hace en relación al Registro Público de la Propiedad, con respecto a las fincas, ver folio 381. Por resolución de la siete y treinta y cinco horas, del 6 de setiembre de dos mil uno, se hace constar al solicitud del fiscal Rodríguez Murillo, de CONGELAMIENTO DE FONDOS, ACCESO A INFORMACION Y SECUESTRO DE DOCUMENTACION de la actividad bancaria, de inversión o financiera, según el caso, en relación a ciertas entidades, bancarias, financieras, puestos de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, etc. En esta misma resolución se acuerda por el Juez Penal, “LEVANTAR EL SECRETO BANCARIO Y ORDENAR A LAS ENTIDADES BANCARIAS, DE INVERSION Y FINANCIERAS CITADAS Y DEPENDIENDO DEL TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLEN QUE PROCEDA A CONGELAR LOS FONDOS existentes en las CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, ELECTRONICAS, DE INVERSION, ORDEN DE NO PAGO A CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO Y DE INVERSION, FIDEICOMISOS, CAJITAS DE SEGURIDAD, TARJETAS DE CREDITO U (sic) CONGELAMIENTO U ORDEN DE NO PAGO A CUALQUIER OTRO TIPO DE INVERSION O DEPOSITO GENERADOS POR LAS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS QUE SE ENUNCIANRAN (sic), AUNQUE LOS MISMOS FUEREN AL PORTADOR…” Lo que se refiere a varias personas físicas, entre ellas Alyn Richard Waage, y Michael Webb, y múltiples personas jurídicas. Ver folios 395 a402. Luego, por diversas resoluciones del Juzgado Penal, se dispone el “congelamiento de fondos, accesos a información y secuestro de documentación bancaria”, en poder de diversas entidades, ver folios 403 a 447. Lo expuesto evidencia claramente que lo relativo a los bienes secuestrados y los objeto de las mencionadas medidas, no solo no se realizaron dentro del procedimiento de la extradición, y no fueron dispuestas por el Tribunal de Juicio a cargo de la misma, sino que, además, trasciende las potestades que con respecto a bienes se acuerda en este procedimiento, sin que se distinguiera entre los bienes secuestrados, cuáles se encontraron en poder de los sujetos requeridos, y configuran evidencias, que fue lo dispuesto en la resolución del Tribunal de Juicio, que ordenó la captura de Alyn Richard Waage y Michael Webb. De ahí que la comunicación del Juez Penal de San José, del 7 de setiembre de 2001, que ni siquiera tiene los requisitos de una resolución, en la que le indica al fiscal Martínez Acevedo, que pusiera a la orden del Tribunal que tramitaba lo relativo a la prisión preventiva de los detenidos, relacionada con una petición de extradición que formalizaría el gobierno de los Estados Unidos de América, “las evidencias, dineros, vehículos y demás objetos secuestrados …” (folio 447 del LEGAJO), en relación con la causa 01-4019-647-PE, que tramitaba esa fiscalía, como consecuencia de la petición de cooperación ya aludida, no tenía ningún sustento. Sin que procediera, por ende, la actuación del fiscal en tal sentido, folio 449, como tampoco que el Tribunal de Juicio, sin que se distinguiera entre los bienes, como se ha dicho, acogiera todo lo actuado en dichas diligencias, folios 493 a 503, 597, del LEGAJO, sin que constaran resoluciones al respecto, y sin que se examinara esa “acumulación de diligencias”, pues como se puede observar, ya en otro tomo, nominado Tomo B, LEGAJO DE BIENES DECOMISADOS, al folio 752, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, por resolución de las nueve horas treinta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil uno, dispone arrogarse el conocimiento y otros, diciendo: “Visto el expediente pasado por el Ministerio Público, en donde consta el diligenciamiento de una Carta Rogatoria del Gobierno de los Estados Unidos para la aprehensión y aseguramiento de bienes en el caso ‘tri West’ (No. 01-4019-647-PE), donde aparecen como principales perseguidos por la justicia de ese país los señores ALYN RICHARD WAAGE Y MIKE WEWBB, y siendo que este Tribunal ha ordenado la detención de los mismos para una eventual extradición, y que mediante resolución de las ocho horas del seis de setiembre del año dos mil uno se dispuso también el decomiso de los bienes que pudieran tener relación con el caso investigado y objeto de extradición; se arroga el despacho el conocimiento y posterior tramitación junto con la extradición (20001-000112-0016-PE); de lo relativo a los bienes secuestrados y demás restricciones impuestas sobre bienes muebles e inmuebles, documentos, títulos valores, cuentas corrientes y dineros…” , resolución con la que el Tribunal que tramitaba la extradición admitió conocer de lo relativo a los bienes, sin que distinguiera entre estos, como se ha dicho. Disponiendo algunas “medidas cautelares”, y haciendo cesar otras, conforme se observa en los folios 734 a 736, folios 887 a 889, 940, de este legajo nominado Tomo B. En este mismo tomo figuran documentos recibidos por el Tribunal de Juicio el 17 de enero de 2002, folio 1121, entre los que consta la “Carta Rogatoria a la República de Costa Rica”, de fecha 6 de setiembre de 2001, ver folios 1297 a 1308 del Legajo Tomo B, en la que la Corte Federal de los EE.UU. “solicita la asistencia de las cortes de la República de Costa Rica con respeto a un juicio ejecutorio civil, pendiente ante la Corte Federal de los EE.UU. y entablado por la Comisión de Valores y Bolsa de los EE.UU…” , folio 1297, de ese Legajo titulado Tomo B, tomo. Carta Rogatoria sobre la que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en resolución de las dieciséis horas quince minutos del veinticuatro de octubre de dos mil uno, dispuso “Se concede el exequátur y se comisiona al Fiscal General, Ministerio Público, como al Juzgado Penal correspondiente, para que se sirvan recabar y remitir debidamente certificada la documentación y evidencia que requiere la autoridad extranjera.” ver folios 1310 frente y vuelto de citado legajo Tomo B. , siendo que el fiscal al que se le delegó por el Fiscal General el cumplimiento de las diligencias, folio 1322, en comunicación de fecha 27 de noviembre de 2001, dirigida al Juez Penal, le indica a este que: “Dado que las diligencias en cuestión fueron ordenadas y practicadas por este despacho y el Juzgado Penal con base en solicitud anticipada, conforme a lo dispuesto por el artículo 154 párrafo final del Código Procesal Penal, resta únicamente disponer lo correspondiente a la remisión de los bienes y elementos probatorios secuestrados. No obstante, por existir simultáneamente una gestión de extradición planteada por el gobierno de los Estados Unidos de América contra los detenidos… que se tramita en el Tribunal de Juicio de esta ciudad…, tales diligencias fueron absorvidas por fuero de atracción y su competencia se mantiene en forma exclusiva por parte de ese despacho. Por lo expuesto, remito ante su autoridad la carta rogatoria citada y respetuosamente solicito se inste ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, para que se comisione al Tribunal de Juicio de esta ciudad, a fin de que continúe con el trámite de la misma, en forma paralela con los trámites de extradición. “ , folios 1314, siendo que en respuesta a ello, el Juez Penal, en resolución de las diez horas del quince de enero de dos mil dos, se limita a remitir la carta rogatoria nº 01-124-004-CI al Tribunal de Juicio, para que se agregue a los trámites de la extradición, folio 1316. Además, consta otra “Carta Rogatoria enmendada”, en un legajo marcado “A”, de Comisiones del Exterior, fechada 9 de octubre de 2001, y referida al proceso penal contra las personas aquí requeridas, sobre la que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en resolución de las quince horas dieciséis minutos del veintiocho de noviembre de dos mil uno, dispuso “Se concede el exequátur y se comisiona al Fiscal General, Ministerio Público, como al Juzgado Penal correspondiente, para que se sirvan recabar y remitir debidamente certificada la documentación y evidencia que requiere la autoridad extranjera.”, folio 81 frente y vuelto de dicho legajo “A”. Lo que, como se ha indicado anteriormente, fue remitido por el fiscal al Tribunal de Juicio, que tramitaba la extradición, por disponerlo así el Juzgado, ver folio 88 del citado legajo “A”. Lo expuesto evidencia que tanto lo solicitado por el gobierno de los Estados Unidos de América, como lo actuado por nuestras autoridades, va más allá del secuestro de las evidencias del delito en poder de las personas requeridas, a efecto de su entrega al disponerse la extradición, de manera que la incompetencia relativa a los bienes, dispuesta por la señora Jueza en este procedimiento de extradición, resulta acertada, (lo que como se dijo no fue impugnado), y, en consecuencia, no procede disponer el levantamiento de las medidas sobre los bienes, dado que ello implicaría asumir la competencia al respecto, con el examen sobre ello. Por lo que debe confirmarse lo resuelto por la a quo, y remitir al Juez Penal las diligencias respectivas, para que el mismo se pronuncie, como lo ordenó la a quo. Por lo que se declara sin lugar el recurso del representante de Keith A. Nordick.

XV. RECURSO DE LA SEÑORA ADRIANA QUESADA FERNANDEZ . La señora Adriana Quesada Fernández, en forma personal y como representante de la firma Creaciones y Descubrimientos CWE S. A., indica que se presenta a formular “recurso de casación por adhesión”. Como primer motivo, de casación, refiere violación del artículo 10 del Código Procesal Penal, señala que el Juzgado Penal ordenó dentro de las diligencias de extradición el congelamiento y secuestro de bienes, sin que en su contra ni de la empresa que representa exista acción judicial alguna. Que al resolver el Tribunal la extradición se declaró incompetente ordenando mantener una serie de medidas cautelares que no existen dentro de nuestro ordenamiento procesal penal, que solo dispone el embargo como medida cautelar real, el que no procedía en el caso. Pide que se case la sentencia en cuanto ordena mantener las medidas. Como segundo motivo de casación por la forma, señala violación del debido proceso, que garantiza el derecho general a la justicia y a un proceso justo, al mantener la juzgadora vigentes las medidas cautelares combatidas en diversos memoriales. Pide que se liberen los bienes. Un tercer motivo de casación, indica violación de los artículos 87 y 88 de la Ley sobre estupefacientes, que solo regula el “lavado de dinero” proveniente del narcotráfico, lo que se descartó en la investigación. Agrega que deben respetarse los derechos del tercero de buena fe, en la extradición. Pide la devolución. Como cuarto motivo, aduce violación del artículo 45 de la Constitución porque la propiedad privada es inviolable, afectándosele con las medidas impuestas sobre sus bienes. Solicita la liberación de los bienes. Finalmente como un quinto motivo, señala la recurrente que se viola el artículo 273 del Código de Rito Civil, porque el Estado requirente nunca ha pedido embargo sobre sus bienes, sin que se haya depositado el porcentaje establecido por la legislación para ello. Solicita que se liberen los bienes. Como una petición global, se solicita: a) que se revoque la sentencia “en tanto remite al Juzgado Penal de San José, lo relativo a los bienes decomisados, y recursos congelados por orden de ese juzgado…”, b) una vez revocada la sentencia, se ordene, “si no existe motivo legal alguno que lo impida”, la inmediata devolución de los bienes. SE RESUELVE. No cabe recurso de casación contra la sentencia de extradición, sino apelación, de conformidad con el artículo 9 inciso g) de la Ley de Extradición. Por lo que no puede darse, como se pretende, un “recurso de casación por adhesión”. Sin embargo, el recurso planteado, pese al error en cuanto a su nombre, se adecua al de apelación, en cuanto a la forma y tiempo interpuesto, por lo que procede su examen como tal. El punto impugnado de la sentencia en realidad se reduce a uno, pese a la multiplicidad de motivos que se aducen, pues todos se dirigen a combatir la sentencia en cuanto no liberó los bienes de las medidas que pesaban sobre ellos, sin que la recurrente combata la incompetencia decretada, en ninguno de los motivos que expone, pese a la petición final, punto a). En todo caso, respecto a la incompetencia, se remite a lo dicho en el considerando anterior, donde este tribunal expone las razones por las que considera que la resolución de la a quo en cuanto a ello es adecuada. Asimismo, respecto a la liberación de los bienes, en la resolución lo que se dispone es: “… este tribunal reconoce su incompetencia para acumular en este procedimiento las diligencias de embargo de bienes iniciadas por el Juzgado Penal de este circuito, y para disponer sobre todos los bienes intervenidos en este procedimiento, por lo que de conformidad con el numeral 47 inciso b) ordena la remisión de las diligencias relativas a los bienes a ese despacho, sin perjuicio de que los bienes continúen asegurados, puesto que no se está ordenado el levantamiento de las órdenes dictadas.”, folio 2142. Según lo transcrito, el Tribunal de Juicio, dada la incompetencia que declara, no decide sobre las medidas impuestas a los bienes, lo que resulta coherente con la decisión de incompetencia, sobre los mismos. Siendo que la incompetencia dispuesta no se impugna, y este Tribunal de Casación la considera procedente, no resulta admisible la discusión sobre si las medidas son procedentes o no, si se debía tramitar un embargo, con los requisitos del mismo, o si con ellas se afectó el derecho de propiedad o el debido proceso, alegaciones que hace la recurrente, y que deben ser consideradas por el Juez Penal que conozca de las diligencias a raíz de la incompetencia aquí dispuesta, lo contrario, examinar tales extremos, implicaría arrogarse la competencia sobre los bienes, en contra de la incompetencia dispuesta por la resolución del Tribunal de Juicio, no impugnada en cuanto a ello, y que, en todo caso, como se ha dicho, esta cámara de casación considera procedente. La recurrente alude a que la Ley de Psicotrópicos solo regula lo relativo al “lavado de dinero”, proveniente del narcotráfico, lo que era cierto en la ley anterior, no en la actual, donde se amplía a los delitos graves, sin embargo, lo que aduce no tiene incidencia en este procedimiento de extradición, dado que en la resolución no se ha dispuesto la entrega de bien alguno. Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso, entendido como apelación, de la señora Adriana Quesada.

POR TANTO

Se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos, con excepción del planteado por la Procuraduría, que se declara en parte con lugar, de la forma siguiente: en cuanto al delito de FRAUDE DE VALORES, por voto unánime se acoge el motivo, concediéndose la extradición de ALYN RICHARD WAAGE y MICHAEL WEBB, por dicho delito, revocándose así la resolución impugnada en relación al mismo. En relación a los delitos de CONCIERTO ILICITO PARA COMETER BLANQUEO DE FONDOS, así como por BLANQUEO DE FONDOS, por mayoría de votos de los Jueces Cruz Castro y Chinchilla Sandí, se acoge el motivo, y se concede la extradición por los mismos, revocándose de esa manera lo resuelto por la a quo. La Jueza Fernández Vindas salva el voto, en cuanto a ello. En lo demás se confirma la sentencia de extradición.

ROSARIO FERNANDEZ VINDAS

CARLOS CHINCHILLA SANDI FERNANDO CRUZ CASTRO

 

Voto 323-90 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del tres de abril de mil novecientos noventa.

Vista la anterior Consulta Constitucional de la Asamblea Legislativa sobre la ratificación del Tratado de Extradición entre los gobiernos de Costa Rica y el de los Estados Unidos de América, y, Redacta el Magistrado Mora Mora; y, A efecto de analizar las diversas cuestiones que se han presentado en la tramitación legislativa del presente asunto y han motivado dudas sobre constitucionalidad, se seguirá el orden expuesto por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, preparado por la Asesora Parlamentaria Licda. Marta I. Quirós Guardia, presentado a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, según nota del Lic. Henry Rodríguez Gonzalo de fecha quince de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. Se hace indicación expresa de que sólo se atenderán los problemas relacionados con la Constitución Política, por lo que se dejarán fuera los reproches que sobre oportunidad se hacen en el informe de Servicios técnicos y los expuestos por el señor diputado Oscar Saborío Vega en su dictamen de minoría negativo, de fecha treinta de marzo del año pasado, en el que no se plantean problemas sobre aspectos de constitucionalidad relacionados con normas contenidas en el tratado por aprobar.

I.- El primer problema se plantea en relación con el artículo 4 del tratado, al considerar el Departamento que contraviene lo dispuesto en la Constitución Política, artículo 31 párrafo 2 que dispone: "La extradición será regulada por la ley o por los tratados internacionales y nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense".

Según el Departamento: "Corresponde a los señores diputados determinar si la "Calificación Costarricense" del delito contemplada en el artículo 31 supra transcrito, es atribución del juez al momento de analizar los hechos con base en los cuales se solicita la extradición, análisis casuístico, o si tal calificación puede hacerla "a priori", en forma genérica, el Poder Ejecutivo al momento de la suscripción de un tratado", a criterio de la Sala ningún roce constitucional se presenta con el citado artículo 31 constitucional, ni con ningún otro, al establecerse en el artículo 4 inciso 2) del tratado dos clases de delitos que no podrán ser considerados como políticos a los efectos del Tratado; por el contrario, se considera que resulta conveniente que el legislador oriente al intérprete de las normas, dándole parámetros para su consideración. En el caso en examen no se da ninguna definición de delito político, lo que también podría hacerse, sino que simplemente se dispone que dos categorías de delitos no son base para negar la extradición de una persona de acuerdo con los términos del artículo 4 del tratado, pues no pueden ser considerados como delitos políticos. A la regla sobre la exclusión de la calificación de delito político del atentado contra la vida de un jefe de Estado o de gobierno o de alguno de los miembros de su familia, se le conoce como "la cláusula belga" por haber sido Bélgica quien la propuso después del atentado contra Napoleón III y se reflejó por primera vez en el convenio sobre extradición entre Francia y Bélgica del 22 de setiembre de 1856. Ya para ese entonces en Bélgica era ley desde el 22 de marzo de ese año la regla de que: "Ne sera pas, reputé délit politique, ni fai connexe a un semblable délit, I'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger, ou contre celle des membres de sa famille,...", la práctica ya se ha extendido y en convenios internacionales se ha incluido la cláusula sobre exclusión. Así, el convenio para la prevención y sanción del delito de genocidio de 9 de diciembre de 1949 (a los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados en el art. III no serán considerados como delitos políticos) y el convenio europeo para la represión del terrorismo de 27 de enero de 1977 (ninguno de los delitos mencionados a continuación se considerarán delito inspirado por móviles políticos). Desde luego que el juzgador debe hacer pronunciamiento en concreto, en cada caso sometido a su conocimiento, si se está o no ante un delito político, pero ello no demerita que el legislador pueda disponer que cierta clase de delitos no serán tenidos como políticos. Todo ello no contraviene lo reglado por el Constituyente en el artículo 31 de la Carta Magna. La interpretación casuística, por la que parece opta el Departamento de Servicios Técnicos, puede resultar peligrosa al posibilitar pronunciamientos judiciales contradictorios que ya se han dado en la materia que interesa, máxime cuando el legislador no ha dado parámetros a ser considerados por el intérprete de la norma para su aplicación.

II- El segundo cuestionamiento sobre constitucionalidad que hace el Departamento de Servicios Técnicos se refiere al artículo 17 del Tratado en cuanto se establecen dos procedimientos de extradición: ordinario y sumario o simplificado, sin que la ley ni el propio tratado desarrollen el segundo procedimiento, pudiéndose producir así extradiciones que por incumplimiento de las garantías del debido proceso (artículos 39 y 41 de la Constitución Política), lesionen el principio consagrado en el artículo 31 de la Constitución respecto a la extradición y a su debida regulación por la ley y los tratados. El reproche no es valedero pues, a criterio de la Sala el artículo 17 del Tratado si establece un procedimiento a seguir para la extradición simplificada, en el que el juez que conoce de la causa debe advertir personalmente al reclamado, que tiene derecho al trámite formal de extradición y que en caso de que se proceda a su entrega por la extradición simplificada, la misma no estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 16, debiendo el solicitado en extradición acceder por escrito a que se acuerde su extradición sin seguir el procedimiento ordinario y formal. El artículo se preocupa también por señalar que la solicitud escrita del reclamado no obliga a la autoridad jurisdiccional que conoce el Caso pues ésta facultativamente puede o no conceder la extradición. La intervención de juez y la aceptación expresa y escrita del reclamado protegen a éste de posibles injerencias externas tendentes a violentar la voluntad del sujeto en cuanto a la aceptación, protegiéndose así el debido proceso.

III.- No obstante que en el artículo 97 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional a quien se legitima para hacer la consulta preceptiva de constitucionalidad es al Directorio de la Asamblea Legislativa y que en la ley no se otorga esa legitimidad a los señores diputados para plantear observaciones individualmente, la Sala estima oportuno referirse a los vicios de constitucionalidad que el diputado Vargas Carbonell señala en su escrito de fecha trece de marzo pasado, por el valor intrínseco del planteamiento. A criterio de la Sala no se dan los vicios de inconstitucionalidad señalados en los apartes I al IV del escrito en comentario, en cuanto a violaciones reglamentarias se refiere, pues si aquéllas causaron la pérdida del expediente 9.538, no producen nulidad a lo actuado en el que ahora se conoce en consulta. Desde el punto de vista constitucional, no se produce violación alguna, al entrarse a conocer de un proyecto de ley, con redacción idéntica a otro que ha sido enviado al archivo.

En los apartes III y IV del documento en análisis se reprocha de inconstitucional el hecho de que en la misma ley de aprobación del tratado se incluyan los artículos 2 y 3 en los que se modifica y adiciona la Ley de Extradición No. 4795 de 16 de julio de 1971 según la redacción que se le dio en la 5991 de 9 de noviembre de 1976, en lo que si lleva razón el señor diputado pues ese actuar contraviene lo dispuesto en el artículo 121 incisos 1 ) y 4) de la Constitución Política, dado que actos de diversa naturaleza y contenido que merecen ser tratados en leyes separadas por su trámite diferente, son sometidos a un procedimiento legislativo idéntico produciéndose lesión, entre otras, a las normas que señalan a quién corresponde la iniciativa de las leyes según sea período ordinario o extraordinario en el que se inicie el trámite legislativo, pues en este caso se incluyó, en un proyecto de aprobación de un tratado, convocado en sesiones extraordinarias, una reforma a la ley ordinaria sin que dicha reforma fuera convocada por el Poder Ejecutivo, con lo que se desacata lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución, ello conlleva a reconocer como inconstitucional el procedimiento seguido para reformar y adicionar la Ley de Extradición, en la de aprobación del Tratado de Extradición entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos de América, debiéndose en consecuencia proceder a separar la materia relacionada con la adición y reforma para que se le someta al procedimiento legislativo que corresponde, así el Tratado podrá ser aprobado. No obstante lo anterior, es recomendable, en aras del respeto al principio de igualdad de trato, que se proceda a la mayor brevedad a modificar la Ley de Extradición en el sentido que contiene el proyecto base de este pronunciamiento.

IV.- Las notas intercambiadas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con la Embajada de Estados Unidos de América en San José, debieron ser presentadas con una traducción oficial; el hecho de que así no lo fuera deja ver una informalidad en el trato que se le ha dado a la negociación del tratado en análisis, pero, por no formar parte ellas del cuerpo legislativo que se consulta, a la Sala le está vedado hacer pronunciamiento alguno al respecto, que por demás no influye en el marco constitucional que regula el trámite de la formación de las leyes.

Los temas relacionados con los delitos políticos y la posibilidad de no permitir la extradición según las restricciones que se establecen en el artículo 4 inciso 2) del Tratado, ya fueron debidamente analizadas al igual que lo relativo a la extradición simplificada a que se refiere el artículo 17 del mismo, por lo que no amerita dársele nuevo trato a esos problemas, excepto al reproche novedoso que se hace por parte del señor diputado en cuanto a "que nadie tiene derecho a renunciar, en la materia que comentamos, a su legítima defensa según los procedimientos establecidos para todos los habitantes de la República". El hecho de que se establezca un procedimiento abreviado no conlleva que se desconozcan o se posibilite desconocer los derechos que protegen el debido proceso. Este criterio ya fue utilizado por el legislador al establecer en el Código de Procedimientos Penales un procedimiento común y uno abreviado o de citación directa, en el que aún puede abreviarse más el procedimiento, cuando se den las circunstancias a que se refiere el artículo 415 párrafo segundo, que dispone "sin embargo, tratándose de hechos delictuosos sancionados únicamente con días multa, cuando el imputado acepte el cargo que se le atribuya, el juez penal dictará sentencia inmediatamente después de recibido el asunto, imponiéndole la pena respectiva y demás consecuencias derivadas del hecho, salvo que estime indispensable la celebración del juicio oral y público". En este caso, el juez tiene amplia facultad para celebrar el debate, si él lo estima conveniente entre otras cosas, para proteger los intereses del procesado. En el procedimiento simplificado que se pretende establecer en el artículo 17 del tratado, se entiende que la autoridad jurisdiccional puede continuar con el procedimiento formal, pues en ese artículo solamente se otorga una facultad para que el juez escoja el procedimiento a seguir, una vez que el extradido se ha pronunciado en favor del abreviado. En el caso, no se está ante una renuncia a la eficacia de la ley, como lo aprecia el señor diputado al señalar la colisión con el artículo 129 de la Constitución Política, sino ante una facultad para que se haga escogencia del procedimiento a seguir, en lo que tendrán legitimación tanto el sujeto solicitado en extradición como el juez.

En definitiva el Tratado de Extradición entre los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de América, a criterio de los suscritos Magistrados, no contiene norma alguna que contraríe las de la Constitución Política o los principios que la informan, salvo en cuanto al trámite legislativa que se le ha dado a la reforma legal, que en los artículos 2 y 3 de la ley de aprobación se incluye, artículos que deben ser eliminados del proyecto que conoce el Plenario Legislativo (artículo 101, párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), se aprovecha para señalar que la Sala estima como conveniente y necesaria la reforma de la Ley de Extradición en el sentido propuesto en el proyecto, para armonizar sus disposiciones con las del tratado y salvar lagunas, que, como el procedimiento a seguir en el trámite abreviado de extradición, se han constatado.

Alejandro Rodríguez V., Rodolfo E. Piza E., Jorge Baudrit G., Jorge E. Castro B., Juan Luis Arias, Luis Fernando Solano C., Luis Paulino Mora M., Juan Carlos Castro, secretario a. í.

 

 

VOTO 1998-05221, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con veinticuatro minutos del veintiuno de julio de mil novecientos noventa y ocho.-

Acción de inconstitucionalidad promovida por teresa Elaine Weber, mayor, estadounidense, vecina de San Rafael de Heredia, carné del seguro social de los Estados Unidos de América número 249-90-4337, contra el artículo 3 del Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América y la interpretación del artículo 6 inciso 2) párrafo primero del mismo Tratado.

Resultando:

1.- Impugna la promovente el artículo 3 del Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América y la interpretación que del artículo 6 inciso 2) párrafo primero del mismo Tratado ha hecho el Tribunal de Casación Penal, porque –a su juicio– implican la opción de renuncia del ejercicio de la función jurisdiccional por parte del Estado requerido. La función jurisdiccional es irrenunciable, su ejercicio implica el de la soberanía y en materia penal está fuertemente vinculada al principio de territorialidad. Alega que en su caso el delito que se le atribuye es "secuestro maternal internacional" y que los actos de ejecución se celebraron en Costa Rica. Por ende, es este país el que tiene jurisdicción para juzgarla. Admitir lo contrario lesionaría los artículos 2, 6, 33 y 39 de la Constitución Política. Subsidiariamente –en caso de que no prosperen las razones de inconstitucionalidad dichas– pide se declare la contradicción de la disposiciones con el principio constitucional del debido proceso, porque de admitirse la concurrencia de jurisdicciones, será el imputado quien deberá decidir en cuál Estado quiere ser juzgado. Señala como asunto principal de la acción de inconstitucionalidad el juicio en que se conoce la solicitud de extradición en su contra, que aún no está firme, pues solicitó adición y aclaración de la resolución número 465-F-98 de las quince horas treinta minutos del primero de julio de este año del Tribunal de Casación Penal.

2.- En memoriales de folios 42 y 43 la actora pidió resolver este asunto con carácter de urgencia y tener como proceso base adicional de esta acción un recurso de hábeas corpus recientemente interpuesto.

3.- El párrafo primero del artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a esta Sala para rechazar de plano las gestiones promovidas ante ella, en cualquier momento procesal, cuando considere que resultan manifiestamente improcedentes o infundadas.

Redacta el magistrado Mora Mora; y,

Considerando:

 

Único: Mediante sentencia número 05220-98 de las dieciséis horas veintiún minutos del veintiuno de julio en curso, este Tribunal se pronunció sobre el recurso de hábeas corpus a que aludió la actora en su escrito de folio 43, en los siguientes términos:

"Se interpone el recurso de hábeas corpus por cuanto el Tribunal de Casación Penal conociendo en apelación de la sentencia del Juzgado Penal de San José, mediante resolución número 465-F-98 de las quince horas con treinta minutos del primero de julio de este año, concedió la extradición de la recurrente solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos, resolución que en criterio de la gestionante no se encuentra aún firme por cuanto se solicitó adición y aclaración de la misma. En principio se constituye necesario manifestar que la orden de extradición que afecta a la recurrente, contrariamente a su dicho, sí se encuentra firme desde el primero de julio del año en curso, fecha en la que el Tribunal de Casación Penal, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto y concedió consecuentemente la solicitud de extradición, razón por la que no existe impedimento alguno para que se proceda con la extradición dicha, ya que la firmeza de la resolución surgió a partir de que se resolvió la apelación citada, pues la solicitud de adición y aclaración presentada ante el Tribunal recurrido no va cambiar su contenido. Por esa misma circunstancia, este recurso no se constituye en medio razonable que sirva de base a la acción de inconstitucionalidad número 98-004989-007-CO y por supuesto, porque ésta es anterior al recurso de hábeas corpus que ahora se examina."

Con lo transcrito, queda claro que ninguno de los dos procesos que esgrimió la promovente como asunto principal de esta acción tiene las características que exige el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional de "un asunto pendiente de resolver", por lo que, según lo permite el artículo 9 de la misma Ley, lo procedente es rechazar de plano esta acción.

 

Por tanto:

Se rechaza de plano la acción.

Luis Paulino Mora M.

Presidente

Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R.

Adrián Vargas B. José Luis Molina Q.

Alejandro Batalla B. Gilbert Armijo S.

 

Res: 2002-0909, TRIBUNAL DE CASACION PENAL. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, GOICOECHEA. A las dieciséis horas veinte minutos del ocho de noviembre del dos mil dos.-

RECURSOS DE APELACION interpuestos en las presentes Diligencias de Extradición, promovidas por el Gobierno de Los Estados Unidos de América, contra KEITH ELDON ANDERSON, cc Eldon Anderson, K. Eldon Anderson y Phillip Barrett, ciudadano estadounidense, nativo del Estado de Iowa, el diecinueve de abril de mil novecientos cuarenta y uno, mayor, casado, hijo de Delpha Guill y Raymond Anderson, con cédula de residencia costarricense 175-193376-13689. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Fernando Cruz Castro, Jorge Luis Arce Víquez y Carlos Chinchilla Sandí. Se apersonaron en Casación, el Lic. Moisés Leonardo Vincenzi Zúñiga en su calidad de Apoderado Especial Judicial del señor keith Eldón Anderson, el Lic. José Enrique Castro Marín en representación de la Procuraduría General de la República y el señor Fiscal, Lic. José Alberto Rojas Chacón.

RESULTANDO:

1) Que mediante Sentencia de Extradición dictada a las ocho horas veinticinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil dos, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; Tratado de Extradición entre le República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América, ratificado por Ley No. 7146; Ley de Extradición No. 4795; artículos 216, 274, 359, 360, 361 y 365 del Código Penal; 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios; se declara CON LUGAR la EXTRADICION de KEITH ELDON ANDERSON cc Eldon Anderson, K. Eldon Anderson y Phillip Barrett, solicitada por el GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. De conformidad con el artículo 13 del Tratado de Extradición y 11 de la Ley de Extradición, firme esta sentencia por los medios diplomáticos pertinentes comuníquese el fallo al Estado Requirente y el extradido Keith Eldon Anderson será puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América, a fin que lleve a cabo el trámite de salida del país, para lo cual se les confiere el plazo de DOS MESES para hacerlo efectivo. Ese plazo se computará a partir del momento en que el Gobierno de los Estados Unidos tenga formal conocimiento que el extraditable se encuentra a su orden. Siendo que por parte del Tribunal se ordenó medida cautelar de prisión preventiva contra Keith Anderson hasta el once de noviembre de 2002, a fin de ejecutar lo aquí acordado, si otra resolución no ordena lo contrario, se ordena mantenerlo en prisión, conforme al cumplimiento de los requisitos y la orden de extradición. Con respecto a los alegatos sobre el estado de salud del señor Anderson, ese punto fue resuelto en el transcurso de las diligencias, al ser examinado en varias ocasiones por médicos forenses. En todo caso no tiene las consecuencias pretendidas por la defensa de ser equivalente a que se le conceda la libertad o una medida cautelar menos gravosa que la prisión. Los gastos del proceso son a cargo del Estado. Siendo que el Keith Eldon Anderson tiene la condición migratoria de residente en nuestro país, firme la misma remítase copia de esta resolución, así como de los documentos referidos a la condena que sufrió en Carolina del Norte a la Dirección General de Migración y Extranjería para lo de su cargo. Patricia Solano Castro Jueza de Juicio." (sic).-

2) Que contra el anterior pronunciamiento, los Licenciados Moisés Leonardo Vincenzi Zúñiga y José Enrique Castro Marín, interpusieron Recursos de Apelación.

3) Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 441 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Recurso .

4) Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez de Casación CRUZ CASTRO; y,

CONSIDERANDO:

Mediante sentencia dictada por la Jueza Patricia Solano, integrante del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, declaró con lugar la extradición de Keith Eldon Anderson c.c. Eldon Anderson según solicitud formulada por el Gobierno norteamericano. Contra esta decisión, el abogado defensor del extradido, Lic. Moisés Leonardo Vincenzi Zúñiga, planteó recurso de apelación. De igual forma, el representante de la Procuraduría General de la República, Lic. José Enrique Castro Marín, también interpuso recurso de apelación. El Tribunal examinó los argumentos y objeciones planteadas por lo el abogado defensor y el representante de la Procuraduría, resolviendo sus pretensiones conforme a los argumentos que se expondrán:

1. Recurso del abogado defensor Moisés Vincenzi Zúñiga.

I- Motivo. Según lo expone el recurrente, considera que la extradición es inadmisible, porque transcurrieron más de diez días sin que el Estado requirente aportara la documentación exigible legalmente, tal como se planteó a folio noventa y tres del mismo expediente. Estima el recurrente que la Cónsul no certifica la documentación aportada, ni su contenido, pues sólo autentica la firma. También acusa el recurrente la falta de traducción de los documentos que sustentan la solicitud de extradición. Estima que la documentación aportada por el Estado requirente contiene omisiones formales muy graves y por esta razón la solicitud de extradición es ilegítima. En este punto, citando jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Tercero, estima que en este caso la solicitud de extradición no se ha legalizado como corresponde, sin aportar copia auténtica de actuaciones, inobservándose las exigencias que contiene el inciso c- del artículo nueve de la Ley de Extradición.

Según lo expone el apelante, la segunda ampliación o segunda solicitud de extradición, es inaceptable, pues se trata de acusaciones que no han sido formalizadas ni acusadas.

Destaca el recurrente que en el legajo de extradición no existe ningún documento en el que conste el cumplimiento de las exigencias de traducción conforme a las normas legales y reglamentarias.

Considera el abogado defensor que no se respetó el plazo de diez días que establece el artículo siete de la Ley de extradición, pues se venció el plazo citado sin que el Estado requirente subsanara los defectos que contiene la documentación aportada.

Sobre los yerros que plantea el impugnante, el Tribunal los desestima porque estima que la solicitud de extradición cumple con todas las exigencias que contiene el Tratado y la ley de Extradición. El hecho que el Estado no aporte toda la documentación exigida dentro del plazo de diez días que establece el artículo nueve de la Ley de Extradición, no es un vicio esencial que provoque la caducidad de la petición de extradición, porque conforme a los apartados cuatro y cinco del artículo once del Tratado de Extradición con E.U.A., el plazo perentorio de diez días que prevé el artículo nueve de la L.E. se modifica sustancialmente, ampliando la detención preventiva a sesenta días y autorizando la extradición aunque tal documentación se aporte fuera del término que prevé la norma de la Ley de Extradición recién citada. Al desaparecer el límite temporal perentorio, no existe ningún impedimento para que después de la comunicación inicial, el Estado requirente pueda completar su pretensión, agregando otros ilícitos no mencionados originalmente, aportando las pruebas correspondientes y notificándole al extradido la pretensión definitiva del Estado requirente. Respecto a la aplicación del antecedente jurisprudencial del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial, expediente 01-174-16 PE contra Michael W. Louis c.c. Radall Lord, no encuentra esta Cámara ninguna similitud entre el caso en examen y lo que se resolvió en la causa citada. Los supuestos entre una y otra causa, son diferentes. En todo momento el extradido y su defensor han tenido conocimiento de la acusación y de la documentación que la sustenta, según lo refiere muy bien la juzgadora al señalar en su sentencia que “..En resolución de 16:00 horas del diez de abril de 2002, el Tribunal puso en conocimiento de las partes los documentos aportados por el Estado Requirente (ver folio 166), y dado que no se había autenticado la firma de la señora cónsul de Costa Rica en Washington D.C. se subsanó la omisión antes del dictado de esta resolución y la defensa ha tenido acceso a esos documentos. (ver folios 514 y 515)….”. (ver folio 841).

Sobre todos los vicios formales a los que se refiere tan detalladamente el abogado defensor, acusando una grave omisión respecto a la legalización, considera esta Cámara que sí se han cumplido con las exigencias legales. El representante de la Defensa pretende la aplicación de una serie de disposiciones y formalidades que no son exigibles en un proceso de extradición, que lo que requiere es que las pruebas y actuaciones del Estado requirente sean auténticas, requisito que se cumple cuando el Cónsul autentica los documentos, sin necesidad de que lo haga en cada folio del documento, pues en este procedimiento lo que se requiere es la certeza que los documentos que sustentan la solicitud del Estado requirente, son auténticos. El artículo nueve del Tratado de Extradición con E.U.A., ni siquiera menciona que sean copias auténticas o legalizadas. Menciona una serie de documentos, cuyo contenido se describe y que en el caso que se examina, constan, sin duda alguna, en el legajo de documentos que sustenta la solicitud del Estado requirente. Este fue un extremo sobre el que se pronunció el a-quo durante la tramitación de la extradición, según consta a folio 495 y siguientes. Toda la secuencia que exige la autenticación de documentos se cumplió cabalmente. Como bien lo destaca la juzgadora de primera instancia: “..Todos los documentos antes descritos han sido debidamente legalizados ante las autoridades correspondientes y traducidos al idioma español (ver documentos visibles a folios 514 a 682). La defensa del señor Anderson, Lic. Moisés Vincenzi Zúñiga ha alegado en el transcurso de estas diligencias que los documentos aportados por el Estado Requirente no cumplen los requisitos legales, y que ello le ha causado indefensión a su cliente. En nuestro criterio esos alegatos deben ser rechazados, los documentos presentados cumplen los requisitos exigidos para su validez, por cuanto al dictado de esta resolución, tal y como se observa a folio 515, la firma de la Cónsul General de nuestro país en los Estados Unidos de América fue autenticada por el oficial de autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la señora cónsul a su vez autenticó la firma de la Oficial de Autenticaciones del Departamento de Estado; quien a su vez certificó la firma del Secretario de Estado y autenticidad de los documentos aportados por el Estado Requirente…”. (ver folio 840, vuelto y 841, frente) No existe ninguna omisión respecto a la secuencia de intervenciones de los funcionarios norteamericanos y costarricenses y las omisiones que pudieron cometerse, se subsanaron, según resolución del 24 de mayo del año en curso (ver folio 496). La certificación visible a folio 515 cumple con los requisitos legales, dándole autenticidad a los documentos que sustentan la solicitud de extradición. Todos los documentos que requiere el procedimiento de extradición, así como su traducción, se aportaron, por esta razón no son aplicables los antecedentes de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (ver resolución 93-195.CIV) y tampoco el de esta Cámara, número 516-96, que se refiere a una solicitud de extradición de un país (Checoslovaquia) que no tiene un Tratado específico como el que tiene E.U.A. y en el que el tema medular de la decisión se refiere a la prueba, supuesto que no es aplicable al caso en examen. La naturaleza procesal de la extradición, la agilidad que exige, sólo requiere un procedimiento que autentique la verosimilitud y credibilidad de la documentación, sin que sea necesaria una certificación como la que refiere el apelante, porque los efectos de tal documentación son muy limitados en nuestra jurisdicción; ni siquiera se reciben pruebas o su asume su legitimidad plena. Basta que existan elementos de juicio legítimos que justifiquen, en principio, la intervención del Estado requirente y la limitación a la libertad del extradido, pero el Estado costarricense no asume, íntegramente, el contenido y alcance de las pruebas y documentos que sustentan la petición de extradición, cuyo contenido y pretensión tendrán plena vigencia en la jurisdicción del Estado requirente y no en la jurisdicción costarricense. Es por esta razón que no es aplicable el artículo 705 y siguientes del código de procedimientos civiles, porque tales disposiciones se refieren a la ejecución de una sentencia extranjera que surtirá efectos en el país, asumiendo el Estado costarricense el poder coercitivo que exige la ejecución coactiva de un fallo judicial; en el caso de la extradición, la decisión o la pretensión del Estado no tiene un efecto pleno en Costa Rica, salvo la detención y entrega del extradido, quien será sometido al poder estatal del Estado requirente. Los argumentos del impugnante ignoran que los presupuestos de las normas del código procesal civil no son aplicables a un procedimiento especial en el que se le brinda colaboración a otro país.

Tampoco es aplicable la Convención Interamericana de Extradición, porque prevalece, como cuerpo normativo especial, el Tratado de Extradición entre Costa Rica y E.U.A. La Convención Interamericana cede frente aun Tratado de Extradición específico como el que existe entre Costa Rica y E.U.A. La Convención sólo sería aplicable si se trata de una materia sobre la que el Tratado guarda silencio.

Las objeciones sobre la traducción de los documentos no son convincentes, porque el apartado sexto del artículo nueve del TRATADO no requiere una traducción oficial; la norma comentada contiene una fórmula muy flexible, pues permite que la traducción se haga en el Estado requerido y en el Estado requirente. Esta flexibilidad le da preeminencia a la traducción y no al cumplimiento de las formalidades que usualmente se exige en los procesos judiciales ordinarios. A folio 243 a 337 consta la traducción. El impugnante no demuestra que tal acto contenga alguna inexactitud esencial que incida en el contenido de la decisión. La traducción es un acto importante, pero las formalidades que requiere, son bastante flexibles, tal como se desprende de la norma del Tratado recién citada.

Respecto a aplicación de las formalidades que requieren los documentos, según lo establece el código de procedimientos penales, el código de procedimientos civiles y la Ley General de Administración Pública, se refiere a procesos que tendrán efectividad y vigencia en Costa Rica, en cambio, en el caso de la extradición, se trata de un procedimiento en el que rigen, sobre los documentos, las normas específicas que contiene le Ley y el Tratado. Los supuestos de exigibilidad de los cuerpos normativos recién citados no son aplicables a un procedimiento tan específico como la extradición.

En cuanto al pago de especies fiscales, se trata de un extremo que resolvió acertadamente la juzgadora Solano Castro, pues como bien lo señala, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Número 6815, siendo la Procuraduría la representante del Estado por disposición del artículo 20, inciso segundo del Tratado, está exenta del pago de timbres.

II. Motivo. Estima el recurrente que el extradido no ha contado con el auxilio del traductor, tal como lo exige el inciso sexto del artículo nueve del Tratado de Extradición con E.U.A. El agravio planteado, no es atendible. No encuentra esta Cámara que los derechos del encausado se hayan conculcado por carecer de traductor. Según se expondrá, en todo momento el encausado ha contado con un traductor. Desde el inicio del procedimiento se le designó como traductora a Marcela Miranda Montero (ver folios 52 a 54). Posteriormente tal nombramiento recayó en el Licenciado Arcelio Hernández Mussio. (ver folios 446-447). Respecto de ninguno de los actos decisivos se privó al extradido del auxilio de un traductor. Sobre este extremo el apelante no fundamenta su agravio, identificando el acto concreto en el que se provocó la indefensión a causa de la ausencia del traductor. Debe señalarse, además, que en el caso de la extradición, el papel del traductor no es tan determinante como en un proceso judicial interno, porque la pretensión punitiva original del Estado requirente se encuentra en el idioma que domina el extradido, quien comprende perfectamente la pretensión punitiva del Estado requirente, sin que tenga trascendencia, respecto de este aspecto, la voluntad del Estado requerido.

III. Motivo. Estima el abogado defensor que en el punto sexto de la decisión que apela, que a pesar de lo que expresa la a-quo, no se brindan al extradido las garantías suficientes que aseguren que no se le aplicarán que lesionen su integridad corporal o que lo sometan a tratamientos inhumanos o degradantes. El Estado requirente no ha presentado las garantías correspondientes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones recién citadas. Esas garantías deben otorgarse antes de que se produzca la extradición. El agravio planteado debe desecharse. Conforme a la costumbre internacional y los principios que rigen en el derecho internacional público, basta la solemne promesa del Estado requirente de que no aplicará penas perpetuas, degradantes o de muerte. Conforme al Derecho Internacional no puede exigírsele al Estado requirente ningún otro tipo de garantía, como lo sugiere el impugnante. La buena fe, la credibilidad de la promesa es el único instrumento que asegura la autolimitación al poder represivo del Estado requirente. En el caso que se examina, tal declaración se produjo y por tal motivo se admite la validez de tal garantía, cuyo cumplimiento depende de todos los elementos informales, entre ellos el prestigio del Estado y la buena fe, que garantizan el cumplimiento de muchas de las obligaciones en el derecho internacional público.

IV. Motivo. Afirma el recurrente que la decisión que objeta contraviene el principio de doble incriminación, pues se equiparó la conspiración para defraudar al Gobierno de los Estados Unidos con el delito de lavado de dinero, ilícito que sólo se admite cuando se trata del delito de narcotráfico. El delito por el que se solicita la extradición no puede subsumirse en el artículo 17 de la Ley de sicotrópicos de la ley número 7233 de mayo de 1991. Según lo expone el recurrente, no existe en nuestra legislación el delito de legitimación de capitales de actividades ilícitas. También objeta el hecho que se conceda la extradición por el delito de fraude telegráfico. La objeción planteada, es inadmisible. No se contraviene el principio de doble incriminación, porque en la sentencia impugnada, la juzgadora expone muy claramente que el tipo delictivo no incluye la legitimación de capitales en sentido amplio. Admite el ilícito penal sin incluir tal conducta delictiva. Los argumentos del abogado Defensor, son confusos, porque respecto a los hechos que se conocen en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington, Proceso Número 01-554, no se describen acciones que tengan relación con la legitimación de capitales provenientes de actividades delictivas. Como bien se menciona en la sentencia recurrida, los hechos atribuidos al extradido en el proceso número 01-554, se refieren, básicamente a los actos en los que el enjuiciado “…conspiró de forma ilegal y con conocimiento de causa para estafar a los Estados Unidos al impedir, perjudicar, obstruir y derrotar la función gubernamental legal del Servicio de Recaudación Interna (IRS), un órgano de los Estados Unidos perteneciente al Departamento del Tesoro, en el establecimiento, cómputo, valoración y recaudación de las rentas públicas, es decir, los impuestos federales sobre la renta, siendo que cuantifica el perjuicio económico por impuestos dejados de percibir en cerca de veintiocho millones de dólares. ..” (ver folio 844 vuelto). En el resumen citado, respecto al proceso número 01-554 se mencionan acciones que por sí mismas son delictivas, como podría ser la asociación ilícita, la falsificación de documentos, el fraude de simulación, estafa, delito tributario, etc., sin que se describan los actos que podrían constituir la legitimación de capitales provenientes de hechos delictivos.

En cuanto a los actos por los que se le podría acusar, según lo señala el Fiscal de Distrito Oeste de Washington, se refiere a hechos en los que tampoco se incluye la legitimación de capitales y que se homologan, según lo expone el a-quo, al tipo delictivo que prevé el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. (ver folio 845 vuelto), así como los tipos delictivos como los que se prevé en los artículos 359, 360 y 361 del código penal. (ver folio 846 vuelto).

En cuanto a los cargos atribuidos al extradido en el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de California, consistentes en el blanqueo de más de trescientos mil dólares a través de bancos costarricenses, la juzgadora, muy claramente, rechazó la aplicación del tipo delictivo que contiene la Sección 1956 (h) Título 18 del Código de los Estados Unidos. Es decir, en este punto, la decisión no le depara perjuicio al impugnante, porque respecto a tal ilícito, la juzgadora lo excluyó, de tal forma que la pretensión del recurrente, carece de interés procesal, pues como se expuso, no existe perjuicio.

También refiere el recurrente sobre los efectos vinculantes de la consulta Legislativa hecha a la Sala Constitucional (número 1949-91 del dos de octubre de 1991, en la que se resuelve que debe hacerse expresa reserva de que en ningún caso se puede extraditar por delitos fiscales, (ver página 38- ver que es nota aislada de Piza)- ilícito que se aprueba en el fallo que se objeta. El recurrente considera que los delitos de fraude en contra de los Estados Unidos y de conspiración para el lavado de dinero, deben catalogarse como delito fiscal. (folio 39). El reclamo expuesto por el abogado defensor, no es admisible. No existe un efecto vinculante frente al criterio minoritario expuesto por el Juez Piza Escalante. Debe destacarse un condicionante normativo muy importante: El dictamen de la Sala ante una consulta de constitucionalidad parlamentaria, no tiene efectos vinculantes, salvo que se refiera a inconstitucionalidades sobre el procedimiento legislativo, que no es el caso que menciona el abogado defensor. (ver artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Tampoco puede ignorarse que se trata de un criterio disidente del magistrado Piza, expresado el voto 1949-91, que no fue apoyado por el resto de los miembros de la Sala; se trata entonces de una opinión, aunque muy respetable, no tiene ningún efecto jurídico vinculante. El delito fiscal, como categoría conceptual, es bastante imprecisa y responde a una concepción del derecho penal en el que se clasificaban los delitos en naturales y de simple creación legal; estas categorías no tiene ninguna vigencia normativa, porque si se examina el artículo 92 del Código de Normas y procedimientos tributarios, se determina que se trata de un tipo delictivo con todas las características que requiere un ilícito delictivo. Ni el Tratado, ni la Ley de Extradición, excluyen, como delitos extraditables, los delitos fiscales, cuyo contenido conceptual es impreciso; en este caso, ni siquiera el impugnante lo definió.

V. Motivo. Conforme a los principios de aplicación de la norma más favorable, en la sentencia debió aplicarse las normas de la Convención Interamericana, cuyo artículo tercero es más favorable que las disposiciones que contiene el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Costa Rica. Los argumentos que expone el recurrente, no son convincentes. Su pretensión debe rechazarse, pues en estos casos prevalece la aplicación del Tratado entre los Estados y no una Convención multilateral, que sería un cuerpo normativo general, cuya vigencia es inadmisible frente a normas específicas, porque la norma especial, en este caso, las del Tratado, derogan las generales, en este caso, las de la Convención. La preeminencia del Tratado la define muy bien el artículo primero de la Ley de Extradición.

VI. Motivo. Según lo expone el representante de la Defensa, el fallo aplica un Tratado que contraviene los artículos 11 y 39 de la Constitución Política, pues aquél admite la analogía. El reclamo es inatendible. El impugnante aplica, erróneamente, el concepto de analogía, principio que sólo es exigible cuando el Estado pretende subsumir una conducta en un tipo penal. En el procedimiento de extradición lo que se determina es la identidad entre la norma punitiva que pretende aplicar el Estado requirente y la que tipifica el Estado requerido, sin que se extienda, impropiamente, el contenido y alcance del ilícito tal como ocurriría si se ejerciese la potestad represiva. Según se expuso, el principio de analogía sólo es exigible frente a los actos estatales en los que se impondrá una pena, sin embargo, cuando se trata de un procedimiento de extradición, que es una manifestación de la colaboración judicial entre Estados, sólo se admite el enjuiciamiento de una persona que se encuentra en otro Estado, sin que se imponga una sanción al extradido, que es el supuesto en el que rige la prohibición de analogía. El principio de doble incriminación no conculca la prohibición de analogía, porque lo que se pretende es determinar si el ilícito por el se requiere al extradido, también es delito en el Estado requerido, haciendo abstracción de problemas terminológicos o de clasificación (apartado tercero a- del artículo segundo del Tratado); esta homologación pretende determinar si los ilícitos penales comparados son, en esencia, iguales. Esta comparación es un ejercicio analítico en el que se excluye, por definición, la prohibición de analogía, porque la doble incriminación sólo pretende determinar, mediante una interpretación, que la valoración político criminal respecto a los ilícitos penales comparados, son similares en los dos países. En este contexto no es exigible la prohibición analogía, que si tiene plena vigencia cuando el Estado pretende imponer una sanción penal.

VII. Motivo. Considera el impugnante que el fallo contraviene las normas constitucionales que tutelan la intimidad y el secreto de las comunicaciones, pues se admite como prueba, la intervención de comunicaciones orales frente a delitos en los que tal intervención es inconstitucional, pues no se trata de la represión de narcotráfico y el secuestro extorsivo, como se admite en la legislación costarricense. El reclamo no es admisible. Como lo ha expuesto esta Cámara en otros casos, el tema de la prueba no es un extremo sobre el que deba pronunciarse el Tribunal del Estado requerido. Ni el Tratado, ni la Ley de Extradición establecen una previsión específica que autorice el rechazo de la extradición por prueba espuria o prohibida; se trata de una materia sobre la que el Estado requerido no puede ejercer una potestad contralora, descalificando las disposiciones constitucionales y legales vigentes en el país requirente. En el presente caso, la intervención telefónica frente a otros delitos, que no son narcotráfico y secuestro extorsivo, como sucede en Costa Rica, sí es legítima, porque se trata de una materia sobre la que el Estado requirente no ejerce una potestad contralora. Sobre este tema, es oportuno señalar que reiteradamente este Tribunal de Casación ha dicho que en el procedimiento de extradición –inicio de extensa cita- “… no se realiza la valoración de la prueba, a efecto de determinar la existencia de un delito, pues no se trata de determinar si la persona de la que se solicita la extradición ha cometido un hecho típico, antijurídico, culpable, y punible, lo que se tendrá que determinar en el juicio para el que se le requiere, en el caso de que no exista condena, o ha sido ya establecido por el país requirente, en el supuesto de que la misma ya exista. (Véanse Votos del Tribunal de Casación: 1999-496; 1999-583, 2000-407, 2000-073, entre otros). Si asumiéramos lo que expresa el señor defensor, de que la prueba debe examinarse para determinar la existencia del tipo objetivo, no habría razón para que no se hiciera también respecto a la antijuridicidad (examinando la existencia o no existencia de causas de justificación), y la culpabilidad (valorando también la existencia o inexistencia de causas de exculpación) aplicando para ello el derecho penal interno y sin la realización del juicio, cuando precisamente lo que se pretende con la extradición es posibilitar la aplicación del derecho del Estado que requiere al extradido para su juzgamiento, (juicio), o para que cumpla la condena ya impuesta conforme al derecho penal de ese país. Lo contrario, sea la valoración de la prueba para determinar el tipo objetivo, convertiría el procedimiento de extradición, en un procedimiento de “revisión de procesos o sentencias dictadas por otros países”, conforme con nuestros propios criterios de valoración de pruebas, y sin que haya juicio, lo que a todas luces no es razonable. Así, tendríamos que valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, pese a que podría ser que en el país requirente la valoración se haga conforme a la íntima convicción (juicios por jurado), y a que no se cuenta con todo el elenco probatorio del juicio, ni de los principios que lo informan; tendríamos que aplicar nuestras reglas de exclusión de la prueba, por ilicitud, atendiendo a los parámetros que la jurisprudencia constitucional ha señalado como los de la fuente independiente, y la exclusión hipotética, aunque el país requirente mantenga otros criterios, y no se haya realizado el juicio que permitiría determinar la existencia o inexistencia de otros elementos probatorios aparte de los supuestamente ilícitos. Y tendríamos que concluir en la existencia o inexistencia de un tipo objetivo, que no necesariamente tiene que ser idéntico al de nuestra legislación, pues la identidad de normas que exige el proceso de extradición no es sinónimo de coincidencia entre tipos objetivos, como veremos posteriormente al examinar ese extremo. Lo que implicaría prácticamente la realización de un juicio, sin contar con lo necesario para el mismo, y es más, con la prohibición de realizarlo, pues no sería posible un doble juzgamiento, ni siquiera parcial, lo que se daría si en el procedimiento de extradición hubiese que concluir sobre la existencia del tipo objetivo. De manera que, la propia esencia de este procedimiento no es compatible con la pretensión del señor defensor. Hay que recordar que la extradición es un procedimiento, por medio del cual, un Estado puede hacer que un sujeto que se encuentra en territorio de otro Estado, le sea entregado para su juzgamiento penal, o para que cumpla la condena ya impuesta en aquel Estado, de ahí que se considere que se trata de un acto de solidaridad, cooperación, entre Estados. Asimismo, esa entrega debe hacerse conforme a ciertos requisitos, específicamente relacionados con los derechos del sujeto sometido a dicho procedimiento, por lo que también es un acto de garantía para éste. Pero esa garantía no son las requeridas para un juicio, donde podrá probarse, o no probarse, la autoría, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, etc. del hecho imputado, siendo precisamente el juicio la base para ello, sino que las garantías a considerar son las propias del procedimiento de extradición, sea el cumplimiento de los parámetros establecidos por el derecho del Estado requerido para su procedencia y tramitación, parámetros que están contenidos en los Tratados, en su caso, o en la Ley de Extradición, y que son aplicables siempre y cuando no hayan sido declarados contrarios a la Constitución Política, actuando la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos, como marco necesario de referencia. Así, por ejemplo, no podría disponerse la extradición si la condena a cumplir en el país requirente es de muerte, o perpetua, o infamante, o de cualquier forma contraria a la dignidad humana. En este sentido ha dicho la Sala Constitucional: - Téngase en cuenta que el proceso de extradición no es un proceso que busca juzgar el requerido, antes bien, es un proceso de garantía que (sic) en el que existen reglas expeditas que permiten facilitar el envío de la persona requerida en extradición al país que lo pide; el extraditado deberá enfrentar proceso en el país que lo requiere y estará sometido a la aplicación de aquella jurisdicción; limitándose el proceso de extradición a verificar que sea un proceso de garantía (vgr. de la vida, de la dignidad)… - (Voto 2001-1723, de 14: 39 hrs. del 28-02-01, en el mismo sentido Voto 2001- 1722, y 2002-3494). En el caso que nos ocupa, encontramos en el Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América, las garantías a considerar para la procedencia de la extradición, específicamente, en cuanto a lo que plantea el señor defensor, tenemos las siguientes exigencias: “Art. 9…4) Cuando la solicitud de extradición se relacione con una persona que aún no ha sido sentenciado, deberá ir acompañada de:

a) Una copia del documento en donde se formulen los cargos o un documento equivalente dictado por un juez o por una autoridad judicial.

La documentación que, de acuerdo con las leyes del Estado Requerido, sea necesaria para justificar la detención y el enjuiciamiento de la persona reclamada si el delito de hubiera cometido en ese Estado…” Por su parte, nuestra Constitución Política, en su art. 37 expresa:

“Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandado escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti…”

b) “.. Con respecto al indicio comprobado, a efecto de la extradición, la Sala Constitucional reiteradamente ha referido a lo establecido en el Voto Nº 926-94, de las 15:26 hrs. del 15-02-94, (Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Dr. Francisco Castillo, contra la Ley de Extradición, en algunos de sus artículos). Así, en el Voto 2000-6421, de las 10:01 hrs. del 21-07-00, indica:

“…Con respecto al indicio comprobado en la misma sentencia arriba citada ¾ se refiere al Voto 926-94 ¾ se afirmó:

‘El problema de fondo en esta acción es si efectivamente estos requisitos, y en particular la declaración jurada a que se refiere el aparte c) supra citado – se refiere al art. 7 de la Ley de Extradición- son equivalentes al ‘indicio comprobado’ que exige el artículo 37 de la Constitución Política para tener como válida una determinada detención…

La norma impugnada indica claramente que la petición deberá contener una declaración de que existe auto de detención o una orden de arresto dictadas por una autoridad judicial en el Estado Requirente, o una condena o sentencia condenatoria dictada por una autoridad judicial en ese país, requisito que se estima suficiente como “indicio comprobado” ¾ únicamente ¾ de que la persona requerida presuntamente cometió el delito por el cual se le requiere. La declaración del Estado requirente es razón suficiente para presumir la seriedad y buena fe con la que ese Estado actúa, y tomando en cuenta que en este caso el Tratado se ha firmado con un país organizado bajo un sistema democrático de derecho, en donde las autoridades no están legitimadas para actuar en asuntos relacionados con la libertad de sus ciudadanos, por simple capricho, existe garantía de que no se trata de la arbitrariedad o abuso de poder de un funcionario o de un juez. De no ser así, al igual que sucede con una detención arbitraria, el detenido injustamente podrá reclamar la indemnización por el daño causado, sin que sola posibilidad de que se produzca ese abuso o un error, justifique la eliminación de la norma, pues igual serían inconstitucionales nuestras normas por el mismo motivo; es decir, la posibilidad del abuso, o el abuso en sí, no justifica per se la anulación de la norma, sino la reparación del daño correspondiente si lo hubiere. De tal manera que la valoración de prueba que debe hacer el tribunal a cargo del procedimiento de extradición se limita a determinar si la indicada por el Estado requirente, permite deducir la existencia del hecho y la posible participación de la persona solicitada para su juzgamiento o condena por aquél. En tal sentido el Voto 2000-00022 de la Sala Constitucional, expresa:

“… En este caso el hecho de que no se haya aportado la prueba que, de acuerdo a los procedimientos del Estado requirente, fue declarada secreta, no lesiona los derechos fundamentales del recurrente porque se concedió la extradición con fundamento en suficientes probanzas que permiten deducir la existencia del hecho y la posible participación del amparo (sic) en ellos, lo cual constituye el indicio incriminatorio requerido en el proceso de extradición…” (…….) “…También ha dicho la Sala Constitucional “…debe decirse que la delimitación de los hechos que se le imputan al amparado, o bien si la hecha por las autoridades del Estado requirente es correcta o no, es un extremo que atañe directamente a la defensa que pueda ejercerse frente a dicha imputación ante el Tribunal que haya de juzgarle en el país que lo solicita, y no en nuestro país, y mucho menos en esta jurisdicción. No corresponde a las autoridades penales costarricenses que conocen de las diligencias de extradición, el profundizar sobre la viabilidad de la imputación, tanto desde el punto de vista probatorio, como del procesal o de su correcta descripción en la acusación. Basta con constatar que la conducta atribuida está prevista y tipificada como delictiva en el país requirente, y que a la vez tiene conminada pena de prisión de más de un año, no tiene prevista la pena de muerte ni se trata de delitos políticos, así como que resulta en nuestro medio un delito, independientemente de si el ‘nomen iuris’ es igual o no…” (Sala Constitucional, Voto 2002-3417, de 15:13 hrs. del 16-04-02). En síntesis, no es procedente que en un procedimiento de extradición se examine la prueba con la que el Estado requirente justifica la detención y el enjuiciamiento de la persona que requiere para procesarla o continuar con ello, a efecto de establecer la existencia, o inexistencia, del tipo objetivo de que se trata, o determinar la ilicitud de la prueba y su exclusión, aspectos que deben determinarse en el juicio al que se someterá al requerido, a efecto de la condena o absolutoria. Si como lo aduce el recurrente, alguna información, prueba, fue obtenida por medio de sustracción, ello deberá discutirse en ese proceso, máxime que, según expresa él mismo, en los Estados Unidos de América, país requirente, la misma configura prueba ilícita. ……” (ver voto de esta Cámara, número 666-2002) (fin de cita textual). La extensa cita que se ha consignado, resuelve los interrogantes que plantea el recurrente frente a las intervenciones de comunicaciones orales que hicieron las autoridades norteamericanas y que fundan, en mayor o menor medida, los hechos que sustentan las acusaciones planteadas por el Estado requirente. Como se ha expuesto reiteradamente, no corresponde a esta Cámara excluir las intervenciones de comunicaciones orales que se hicieron en el país requirente y que se hicieron conforme a sus disposiciones legales y constitucionales.

VIII. Motivo. Acusa el abogado defensor la violación del derecho de defensa, porque se aprobaron una serie de delitos sobre los que el encausado no tuvo oportunidad de formular sus objeciones y ejercer el derecho de defensa, inobservándose los requisitos que contiene el artículo 369 del c.p.p. El reclamo planteado por el abogado Defensor, es inatendible. No encuentra esta Cámara que los hechos por los que se aprueba la extradición, los haya aprobado la autoridad jurisdiccional sin darle la audiencia y el plazo debido al extradido y su defensor. En todo momento, como bien se expresa en la sentencia (ver folio 841), el extradido y su representante legal, han tenido acceso a los documentos y a la solicitud de extradición formulada por el Estado requirente. El conocimiento de la imputación del Estado requirente y de la prueba que la sustenta, ha sido conocida plenamente por el defensor del extradido, como se infiere muy bien en los múltiples incidentes y objeciones que planteó durante el desarrollo del proceso; no cita el recurrente ninguna actividad decisiva que la haya conocido, sorpresivamente, el representante del extradido. El ejercicio de las garantías de la defensa no se ejerce frente a la requisitoria del Estado requirente, no puede serlo respecto de la sentencia, porque se trata del pronunciamiento jurisdiccional que pondera la pretensión del Estado requirente y las objeciones del Estado requerido. En cuanto a la posible inobservancia de los apartados b, c, d, e, h, i, del artículo 369 del c.p.p., se trata de una disposición que no es aplicable al proceso de extradición, porque la decisión a la que se refiere la norma recién citada, supone el ejercicio pleno de la acción penal, conforme a las características de la dialéctica procesal y el principio acusatorio, cuya dinámica culmina con la imposición de una sanción estatal; estas características no son aplicables a un proceso de extradición, en el que, como se mencionó en el apartado anterior, la autoridad judicial del Estado requerido valora el fundamento y razonabilidad de la pretensión punitiva del Estado requirente, impidiendo la intervención estatal cuando el extradido se le cataloga como un perseguido político. La diferencias notables entre un proceso de extradición y un proceso penal en el que el Estado ejerce su potestad punitiva, son abismales, razón por la que resulta inadmisible la pretensión del abogado defensor, al pretender que el fallo en este proceso se ajusta a los requisitos formales de un fallo condenatorio.

IX. Motivo. El impugnante reitera sus objeciones sobre errores de notificación en las resoluciones del 24 de abril y el acta de notificación del 24 de mayo, ambas del año en curso. A pesar de los yerros en la notificación, el tribunal determinó la legitimidad de tales actuaciones, dejando en estado de indefensión al encausado. El agravio planteado por el abogado defensor, no es admisible. Se trata de un asunto que ya fue resuelto por el a-quo, sin que los motivos que originaron tal decisión, se hayan modificado. Este tema fue resuelto por el a-quo, aplicando, como correspondía, las normas legales que regulan la notificación. En cuanto a la notificación visible a folio 429, cuya notificación data del veintiséis de abril del año en curso, existe evidencia que demuestra que el silencio del recurrente convalidó el vicio, pues como bien lo menciona la a-quo, (folio 721 frente y vuelto), consta a folio 494 vuelto, que el treinta de mayo del año en curso, el abogado defensor tuvo a la vista el expediente, sin que protestara oportunamente sobre la omisión que ahora reclama, silencio que convalida el vicio. Por otra parte, tampoco individualiza el impugnante el perjuicio que le ocasiona el yerro procesal que ahora acusa. En cuanto a la notificación de la resolución del veinticuatro de mayo del año en curso, es un tema que también se resolvió, fundadamente, en primera instancia, pues según tal como se evidencia del expediente, conforme a la razón de notificación visible a folio 501 y el oficio de folio 718 a 720 remitido por la Oficina Centralizada de Notificaciones y Citaciones del Primer Circuito Judicial de San José, la notificación de la resolución del veinticuatro de mayo del año en curso se hizo conforme a las normas que regulan las notificaciones y surtió sus efectos de pleno derecho, según lo que establecen los artículos siete y ocho del reglamento para el uso de Fax como medio de notificación, así los artículos 6, 12 y 15 de la Ley de Notificaciones, citaciones y otras Comunicaciones Oficiales. Las dos resoluciones se refieren a actos procesales cuyo contenido no incide en sentencia que se impugna, por esta razón se trata de actos que han perdido interés pues no inciden en los argumentos y criterios que sustentan la decisión que ahora se recurre.

Conforme se ha expuesto, todos los reclamos planteados por el abogado defensor, no justifican la modificación de la sentencia recurrida y por este motivo se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante legal de extradido.

2. Recurso del representante de la Procuraduría General de la República.

Único motivo de la impugnación. Según lo expone el representante de la Procuraduría General de la República, la juzgadora rechazó la extradición por el cargo de conspiración para blanquear dinero. Se considera en la sentencia recurrida porque conforme a la legislación costarricense, sólo se sanciona el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Considera el Lic. Castro Marín que la juzgadora se equivoca, porque desde enero del año en curso, se reprime la legitimación de ganancias provenientes de otros delitos que no sea el narcotráfico. En segundo término, según lo expresa el recurrente, no puede el juzgador afirmar que el extradido no participó en el delito que se le endilga, porque tal interpretación no se ajusta al contenido y alcance del delito de asociación ilícita. No puede el juzgador modificar el contenido de los hechos que se describe en la acusación. Existen pruebas que demuestran lo contrario. Por el hecho de pertenecer a una organización que dirigía el propio extradido, es indiscutible que éste participaba en todos los delitos en que intervenía su organización, incluyendo el lavado de dinero. Según refiere el Procurador, el hecho de pertenecer a una asociación ilícita es una circunstancia suficiente para admitir la asociación ilícita, sin que interese el tipo de delitos que se acordó cometer. El reclamo, se acoge. Considera esta Cámara que en la legislación costarricense sí se reprime el delito de legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas y no sólo del narcotráfico, pues el artículo 69 de la ley número 8204, publicada en la Gaceta del once de enero del año en curso, prevé un ilícito en el que se reprime la legitimación de capitales provenientes de cualquier actividad delictiva. En este punto los argumentos del recurrente se ajustan al contenido del tipo penal recién citado. La juzgadora ignoró este elemento normativo, rechazando la extradición por los cargos contra el extradido y que se formularon en el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de California; en este caso, también se cumple con el principio de la doble incriminación. Existe un antecedente resuelto por este Tribunal, en que la decisión mayoritaria de esta Cámara determinó que frente a la acusación por legitimación de ganancias provenientes de actividades delictivas, sí existe la doble incriminación, pues se encuentra vigente el artículo 69 de la ley 8204. En el voto 2002-666, la mayoría integrada por los jueces Cruz Castro y Chinchilla Sandí, consideró que era de obligatoria aplicación el delito de legitimación de capitales pues, conforme a lo que establece el artículo 69 de la ley 8204, (inicio de extensa cita)-

“… ciertamente los cargos de blanqueo de bienes y de concierto para el blanqueo de bienes, encontrarían identidad de norma en nuestra legislación, al referirse a bienes provenientes de delitos graves, los que define como sancionados con pena privativa de libertad de cuatro años, como mínimo, o pena mayor, según el artículo 1° Ley Nº 8204, y no únicamente a los relativos al narcotráfico como lo limitaba la anterior legislación. En este sentido, hay que examinar con cuál ley procede realizar el examen de la identidad de la norma. De previo, hay que señalar que la legitimación de capitales o blanqueo de bienes nos son más que figuras de encubrimiento, con la diferencia, respecto a las figuras que contempla el Código Penal, como lo dice la señora jueza, que estas se refieren al tercero que no participa en el delito que origina el bien, y cuya procedencia ese tercero trata de encubrir de alguna manera, por lo que no contempla el Código Penal la situación que plantea la acusación contra los extradidos, quienes no aparecen como ajenos al delito que origina el bien objeto del encubrimiento. A diferencia, el artículo 69 de la Ley Nº 8204, no excluye al partícipe en el delito grave que origina el bien, del encubrimiento de este. No hay duda que al momento en que se toma la decisión por la a quo nuestro legislador había considerado la conducta imputada a los extradidos como un disvalor, al tipificarla como delito, lo que se mantiene al momento de esta decisión, situación que dirige a conceder la extradición sobre esta conducta ilícita, bajo el cumplimiento del principio de doble incriminación, como también, respecto del delito de concierto ilícito para cometer blanqueo de fondos, el cual emerge la figura básica anterior y del delito de asociación ilícita del artículo 274 del Código Penal. Es importante realizar algunas aclaraciones acerca de la posición asumida por la mayoría de este Tribunal, donde resulta indiscutible que al momento en que se plantea la solicitud de extradición no existía ese tipo penal de la forma expuesta, siendo que la petición inicial y de urgencia se realizó por la Embajada de los Estados Unidos de América el 5 de setiembre del 2001 (ver folios 1 a 13 del tomo I) ante la Corte Suprema de Justicia, la cual traslada la solicitud inicial al Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José. En forma inmediata se procede a la captura de los extraditables WAAGE y WEBB y se ponen a la orden del Tribunal de instancia, dictándose en su contra de ambos la respectiva prisión preventiva el 7 de setiembre del 2001 (ver folios 14 y 15, 25 a 27, 64 a 65, 75 a 76 del tomo I). Para ese mismo día 7 de setiembre del 2001, se pone en conocimiento de los extraditables la solicitud que dirige la Embajada de los Estados Unidos, donde se describen en forma pormenorizada los hechos por los cuales se solicita la extradición (ver folios 79 y 80 del tomo I). Para el 29 de octubre del 2001, se dirige al Tribunal de instancia la debida formalización de solicitud de extradición por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América, donde se reiteran los hechos que motivan la misma y se adjuntan las pruebas que sirven de sustento a la petición (ver folio 133 a 594 del tomo I). Como se podrá notar, los extraditables siempre han tenido conocimiento de los hechos por los cuales se solicitó su extradición, incluyéndose dentro de los mismos, los correspondientes a los delitos de blanqueo de fondos y concierto ilícito para cometer blanqueo de fondos; ante los cuales ha tenido oportunidad de ejercer su defensa material y, por supuesto, la defensa técnica por parte de sus defensores particulares. Ahora bien, acerca de la legislación aplicable al caso, donde se logra conformar a plenitud el principio de doble incriminación, corresponde la aplicación, para el caso concreto, de la vigente Ley N° 8204 de 26 de diciembre del 2001, publicada y con vigencia el 11 de enero del 2002, sin que sea posible pensar, como lo hace la jueza a quo, que la norma a aplicar sería la Ley N° 7233 de 8 de mayo de 1991, partiendo de la fecha de comisión de los ilícitos, pero resultaría inaplicable, según su criterio, porque esa ley contempla el caso del blanqueo de fondos pero provenientes del narcotráfico, como también lo hacía la posterior Ley N° 7786 de 30 de abril de 1998, publicada en La Gaceta N° 93 de 15 de mayo de 1998, en su artículo 72. La vigente Ley N° 8204, en su artículo 69, recoge la figura del blanqueo de fondos y, respecto al ilícito para cometer blanqueo de fondos, se debe de remitir, como se ha indicado anteriormente, al tipo penal de la asociación ilícita del artículo 274, pues quedaría vigente el blanqueo de fondos como figura básica; estos ilícitos no necesariamente deben provenir del narcotráfico, sino que puede serlo de un delito grave, el cual, como dijimos, conforme al artículo 1 de esta misma ley, se trata de un delito punible con una privación de libertad superior a cuatro años, como mínimo, o una pena más grave. El problema que surge en la aplicación de la norma sustantiva, respecto al principio de doble incriminación, se verifica, indiscutiblemente, en el momento en que debamos de tomar partido acerca de cuál es la legislación aplicable, de donde surgen tres posibilidades; i) si corresponde aplicar la legislación la vigente en el Estado Requerido según el momento de la comisión del ilícito en el Estado Requirente, ii) si se debería aplicar la legislación en vigencia al momento de la solicitud de extradición, iii) si lo que rige es la aplicación de la normativa vigente al momento en que se resuelva el proceso de extradición, sin remisión a la fecha de solicitud de la extradición o de la comisión delictiva. Se debe de prestar atención a la Convención Interamericana sobre Extradición, la cual fue suscrita por nuestro país el 25 de febrero de 1981, siendo ratificada por Ley N° 7953 de 21 de diciembre de 1999, publicada en La Gaceta el 21 de febrero del 2000, momento en que entra en vigencia; esta Convención recoge en su artículo 3 lo siguiente, “1° Para determinar la procedencia de la extradición es necesario que el delito que motivó la solicitud por sus hechos constitutivos, prescindiendo de circunstancias modificativas y de la denominación del delito, esté sancionado en el momento de la infracción, con la pena de privación de libertad por dos años como mínimo, tanto en la legislación del Estado requirente (sic) como en la del Estado requerido, salvo el principio de la retroactividad favorable de la ley penal”. Con lo expuesto, siendo norma vigente, deberíamos de proceder a aceptar el presupuesto identificado como i) para resolver esta disputa, pues regiría como regla de extradición, en cuanto a la vigencia de la norma sustantiva a aplicar, que la conducta fuera delito tanto en el Estado requirente como en el Estado requerido al momento de la comisión de la infracción; situación que no se presenta en el presente caso y, pareciera, fue la posición que asumió la juzgadora a quo en su resolución, aunque no lo diga expresamente. Pero no es tan sencilla la solución, porque la misma Convención refiere en su artículo 33, acerca de la relación con otras convenciones sobre extradición, donde se dice que “…La presente convención regirá entre los Estados Partes que la ratifiquen o adhieran y no dejará sin efecto los tratados multilaterales o bilaterales vigentes o concluidos anteriormente, salvo que medie, respectivamente, declaración expresa de voluntad de los Estados Partes o acuerdo de estos en contrario”. Como vemos, esta última norma deja abierta la posibilidad de aplicación de convenios o tratados bilaterales o multilaterales entre los Estados, vigentes con anterioridad a la presenta Convención; tal es el caso del Tratado de Extradición entre Costa Rica y Estados Unidos de América, ratificado por Ley N° 7146 de 30 de abril de 1990, anterior a la Convención Interamericana sobre extradición, razón por la cual, conforme al citado artículo 33, mantiene plena vigencia sobre esta última debido a que ninguna de sus disposiciones le brindan posibilidad de regir a otro acuerdo o convención internacional suscritas con anterioridad o posterioridad al mismo. En este sentido, el artículo 2 del Tratado en comentario, recoge en su artículo 2 inciso 1) que “un delito será considerado extraditable si el mismo está sancionado por las leyes de ambas Partes Contratantes con pena de privación de libertad cuyo extremo máxima es superior a un año o con otra pena más severa”, esta norma crea especialidad en cuanto a la extradición que debe de verificarse en las relaciones entre Estados Unidos de América y nuestro país, razón por la cual, no existiendo facultad para distinguir donde el Tratado no lo hace, rige el artículo 2.1) del mismo, acerca del momento en que debe de entenderse la aplicación el principio de doble incriminación, el cual rige en su aplicación in limine, sea hasta el momento final del dictado de la resolución del juez de instancia que resuelve la extradición. Lo anterior brinda la posibilidad de que la conducta ilícita que no lo era delictiva en el Estado Requerido al momento en que se realizaron los hechos, así como al momento en que se solicitó la extradición, lo puede ser al momento en que se resuelva en definitiva la extradición por el a quo. En este sentido, para la mayoría de este Tribunal, en cuanto a la aplicación del principio de cooperación y ayuda internacional entre los Estados, el cual rige en los procesos de extradición, así como la proporcionalidad de la medida a tomar y el respeto al derecho de defensa y el debido proceso, se considera de aplicación la regla, según la cual, lo que prevalece es la legislación vigente al momento en que deba de resolverse, por el juez de instancia, el proceso de extradición en sentencia, momento en el cual se debe verificar la presencia del principio de doble incriminación. En definitiva, resulta de aplicación el artículo 69 de la Ley N° 8204 (vigente), debido a que la misma entró en vigencia el 11 de enero del 2002, una vez que ya se había presentado la solicitud de extradición, pero ante de resolverse este proceso en sentencia por el Tribunal de instancia el 9 de mayo del 2002. Esta interpretación se ajusta principio de doble incriminación, cuyo fundamento reside en el valor que tradicionalmente se le ha dado a la reciprocidad como condición y medida de la cooperación internacional. (Ver Piombo, Horacio Daniel. “Tratado de la Extradición”- Ed. Depalma. Argentina. 1997- Volumen I- p.277-278). La mayoría del Tribunal estima que conforme a la letra del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Costa Rica, no es exigible que la infracción sea delito, en los dos países, al momento en que se comete el ilícito. Basta que al momento en que el juez resuelva la solicitud de extradición, se cumpla con el requisito de doble incriminación. El sujeto activo que realiza una acción delictiva cuyos efectos se perfeccionan en el país requirente, no desconoce, en principio, que tal acción, sea delictiva; es decir, que la limitación impuesta por el principio de irretroactividad en función de la culpabilidad, se mantiene inalterable, porque el sujeto sometido al presente proceso, al ejecutar la acción ilícita, sí sabía que era un hecho delictivo en el territorio del país requirente; bajo esta óptica, no se lesionan los fundamentos constitucionales que sustentan el posible juicio de reproche que pueda hacérsele al extraditado, si es juzgado por las autoridades judiciales del Estado requirente. Si se admite la exigencia del principio de doble incriminación al momento de ejecutar el hecho, se aseguraría la impunidad de una persona que desde el territorio costarricense ejecuta hechos delictivos con efectos lesivos en el Estado requirente. Para impedir estos efectos, el Tratado de Extradición sólo se refiere al principio de doble incriminación, sin requerir que tal exigencia también se cumpla al momento de la ejecución del hecho. …”. (fin de la cita parcial del voto de esta Cámara-666-2002) El criterio expuesto en el voto cuyo texto se transcribió, parcialmente, es aplicable al caso en examen, porque aunque la norma que prevé el artículo 69 de la ley 8204 no estaba vigente al momento en que se ejecutó la acción delictiva, pero sí lo estaba al momento en que se detuvo al encausado (diez de febrero del año en curso, ver folios 51 y 52). Tanto al momento de formularle los cargos contenidos en la extradición, como al momento de concederle la audiencia al extradido para que ejerciera su defensa, estaba vigente el tipo delictivo que reprime la legitimación de capitales y por este motivo consideramos que se ha cumplido, plenamente, con el requisito de la doble incriminación.

Por otra parte, aunque no se admita la tesis recién expuesta, es decir, que se considere que no es admisible la conspiración o asociación ilícita para legitimar ganancias provenientes de actividades delictivas, siempre es posible admitir la procedencia de la extradición por la comisión de los delitos recién citados, porque conforme se describe en los cargos atribuidos a Keith Eldon Anderson ante el Tribunal de Distrito Este de California (folio 666 y siguientes), tanto él como otros copartícipes, constituyeron una organización que se dedicaba a la legitimación de las ganancias provenientes de actividades delictivas, lo que significa que el extradido participó en una organización que se dedicaba al aseguramiento el producto o provecho de un acto criminal, actividades que se homologan al favorecimiento real, según lo que tipifica el artículo 323 del código pena, pues tanto el extradido como sus compañeros, según la acusación, constituyeron una organización que sin promesa anterior al delito, pero después de su ejecución, le brindaban auxilio a los autores de los hechos principales, para que pudiesen asegurar el producto o provecho obtenido con sus actividades ilícitas. En estas condiciones, también se cumple el principio de doble incriminación, porque conforme a la hipótesis acusatoria, el extradido y otros encausados, realizaban acciones sistemáticas de ocultamiento de ganancias provenientes de acciones delictivas. El favorecimiento es un delito sancionado con una pena cuyo extremo máximo es superior a un año de prisión (art. 2-1 del Tratado de Extradición), cumpliéndose a cabalidad el principio de doble incriminación, pues como se expuso, se trata de un delito con una pena superior a un año, sin que exista ninguna razón jurídica que impida admitir la existencia de una asociación ilícita que sistemáticamente ejecuta una cantidad indeterminada de acciones de favorecimiento con el fin de asegurar el provecho económico de otros delitos comunes. Es posible, por tanto, aún sin aplicar el artículo 69 de la ley 8204, admitir el cumplimiento del principio de doble incriminación para aquellos delitos en los que el extradido forma parte de una organización cuyo objetivo fundamental es ejecutar un número indeterminado de actos de favorecimiento. (art. 323 del código penal).

En razón de lo expuesto se acoge el motivo planteado por el Lic. Castro Marín, como representante de la Procuraduría General de la República, revocándose, parcialmente la sentencia de la a-quo en cuanto deniega la extradición por los ilícitos en discusión, debiendo entenderse que se acoge la misma, además de otros ilícitos, por los delitos de blanqueo de fondos y concierto ilícito para cometer blanqueo de fondos, según se establece en los cargos atribuidos a Keith Eldon Anderson en el Tribunal de Distrito Este de California.

La nacionalidad del encausado como causal que impide la ejecución de la extradición. Respecto a las objeciones que plantea el abogado defensor sobre la imposibilidad de extraditar al señor Keith Eldon Anderson, según escrito visible a folio 1177, estima esta Cámara que aunque es un tema trascendental, no fue un extremo que se alegó en el recurso de apelación, circunstancia que impide a esta Cámara emitir un pronunciamiento oficial definitivo al resolver las impugnaciones planteadas por el Procurador y la Defensa. No obstante que se trata de un tema que formalmente resulta ajeno a la presente impugnación, consideramos importante plantear las siguientes observaciones sobre el tema: Efectivamente, a folio 1188, el Tribunal Supremo de Elecciones, el seis de agosto del dos mil dos, aprobó la naturalización como ciudadano costarricense de Keith Eldon Anderson Gill. Este es un hecho incontrovertible, sin embargo, también existe una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones del tres de setiembre del año dos mil dos, en la que conforme lo señala el apartado segundo del artículo ocho del Tratado de Extradición, suspende los actos pendientes en el trámite de naturalización (ver folio 1218), que según lo expresa el propio tribunal se refieren al levantamiento del acta de cambio de nacionalidad, la juramentación constitucional, la firma del acta de cambio y la confección de la carta de naturalización oficial. (ver folio 1221). Hasta el momento, el acto que otorgó la ciudadanía al extradido, está suspendido, según lo refiere la autoridad electoral y por este motivo no puede admitirse, como lo sugirió, informalmente, el representante de la Defensa, que el señor Keith Eldon Anderson Gill sea ciudadano costarricense. Por el momento, el extradido no posee la nacionalidad costarricense y por este motivo corresponde aplicar las previsiones que contiene el apartado segundo del artículo ocho del Tratado de Extradición entre Costa Rica y Estados Unidos.

NOTA DEL JUEZ ARCE VIQUEZ.- Comparto la decisión adoptada por los jueces Fernando Cruz Castro y Carlos Chinchilla Sandí, más considero necesario advertir que no coincido con la tesis que ellos sostuvieron como mayoría en el voto N° 2002-666 de las 10 horas del 29 de agosto de 2002 (con voto salvado de la jueza Rosario Fernández Vindas) y que ahora retoman para justificar, en parte, lo resuelto en este asunto. A mi entender el principio de doble incriminación (o principio de identidad) supone necesariamente que el tipo delictivo debe existir en los países contratantes, tanto al momento en que el hecho se ha cometido, como al tiempo en que se hace la entrega de la persona solicitada, sin que resulte necesario que la conducta esté descrita en ambas legislaciones bajo una misma denominación jurídica o nomen iuris (en este mismo sentido, CHAVES, Alfonso y otros: La extradición en Costa Rica, San José, Editorial Nueva Década, 1989, páginas 47 y 49), como corolario del principio de legalidad y de las reglas que rigen la aplicación de la ley penal en el tiempo, particularmente para no tornar nugatorio al principio de retroactividad de la ley penal, dado en nuestra República «Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable» (artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en igual sentido el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). En el presente asunto el requisito de la doble incriminación se cumple a través de la relación de las figuras de Asociación ilícita y Favorecimiento real, previstas en los artículos 274 y 325 del Código Penal, cuando no media promesa anterior al delito, que es la tesis alternativa que plantea el Dr. Cruz para dar mayor sustento a lo resuelto, a lo que cabría agregar que, en caso de mediar promesa, también podrían entrar como cómplices del hecho quienes no han realizado acto alguno de cooperación o ayuda durante la ejecución o consumación, pero que han prometido con anterioridad a esos momentos su participación para asegurar el delito: «Esta parte del camino del delito [dice nuestra Sala de Casación respecto al agotamiento] tiene gran importancia, con relación a las personas que –sin ser autores materiales del hecho - con anterioridad a su ejecución se han comprometido a participar posteriormente en la adquisición u ocultamiento de bienes, en la destrucción o alteración de rastros o pruebas, en el ocultamiento o fuga del autor o autores y cómplices» (Sala Tercera, V-165-F de las 9:30 horas del 20 de mayo de 1994).

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso de apelación formulado por el abogado defensor del extradido, Lic. Moisés Leonardo Vincenzi Zúñiga. Se acoge el recurso planteado por el representante de la Procuraduría General de la República, Lic. Enrique Castro Marín, acogiéndose la solicitud de extradición en relación la Conspiración para blanquear dinero y el blanqueo de fondos que se formuló ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Oriental de California. Pone nota el Juez Arce Víquez.

Fernando Cruz Castro

Jorge Luis Arce Víquez Carlos Chinchilla Sandí

JUECES DE CASACION PENAL

 

VOTO NO. 2001-01722, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con treinta y seis minutos del veintiocho de febrero del dos mil uno.-

Acción de inconstitucionalidad promovida por Castillo González Francisco, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 2-221-625, vecino de La Paulina, Montes de Oca, en su condición de Abogado Defensor del Raymond David Young; contra el artículo 7 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y Costa Rica, Ley número 7146 del treinta de abril de 1990. Interviene Fairid Beirute Brenes en su condición de Procurador General Adjunto de la Procuraduría General de la República.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala las quince treinta y una horas del cuatro de julio del dos mil, el accionante solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de lo que en su criterio es el artículo 7 (6) del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y Costa Rica, por estimarlo contrario a los artículos 31 y 39 de la Constitución Política. La norma se impugna en cuanto establece que en el procedimiento de extradición se considerará la prescripción de la acción penal y de la pena, conforme a las leyes del Estado requirente . Para el accionante aquella disposición lesiona el orden constitucional en el tanto el principio de legalidad criminal establece que cualquier persona –nacional o extranjera- que se encuentre en el territorio de la República, solamente puede ser perseguido por una acción que sea típica, antijurídica, culpable y punible; de manera que, cuando una acción penal prescriba conforme al derecho costarricense, no será posible ejercer la acción penal, como presupuesto procesal necesario para poner en funcionamiento la maquinaria represiva. Agrega que el principio de doble incriminación es un principio general de los procesos de extradición y ese principio exige que el hecho sea punible en ambas legislaciones. Agrega que es posible encontrar un ejemplo claro de la aplicación de este principio en el artículo 31 de la Constitución Política que en su párrafo segundo señala que la extradición será regulada por la ley o por tratados internacionales; sin embargo, establece no se concederá la extradición por delitos políticos o conexos con ellos "según la calificación costarricense", recogiendo de esta manera un principio general que no solo resulta de aplicación a aquellos delitos. En razón de lo expuesto el accionante pide se declare la inconstitucionalidad de la ley n. 7146 del 30 de abril de 1990 que aprobó ese tratado y del artículo 7(6) del mismo cuerpo normativo.

2.- A efecto de fundamentar su legitimación en esta vía señala que en su condición de abogado defensor de Raymond David Young promovió recurso de hábeas corpus ante esta Sala a favor de su cliente, que se tramita bajo expediente 00-004830-0007-CO; en ese proceso combate la resolución del Tribunal de Casación Penal que revocó la resolución del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José que declaró sin lugar la demanda de extradición del Gobierno de los Estados Unidos de América, por considerar que los hechos están prescritos conforme a la legislación penal costarricense. El Tribunal de Casación Penal acogió el recurso de la Procuraduría General de la República y concedió la extradición en la consideración de que por disposición del artículo 7 del Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y Costa Rica, aprobado por ley 7164 del 30 de abril de 1990 "…la prescripción de la acción penal debe considerarse según las leyes del Estado requirente".

3.- Farid Beirute Brenes, mayor,casado, abogado, vecino de San José, con cédula 1-394-673 en su Procurador General Adjunto se apersonó a este proceso constitucional con los siguientes consideraciones: 1.- antecedentes judiciales del caso: El Gobierno de los Estados Unidos planteó solicitud de extracción en contra de Raymond David Young, la que fue resuelta en primera instancia por el Tribunal Penal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante voto n. 122-2000 de las catorce horas del día catorce de abril del dos mil.Ese tribunal declaró sin lugar la extradición, pues en criterio del Tribunal no se cumplía con el principio de doble incriminación, ya que los delitos por los que se le requiere estarían prescritos de acuerdo con la legislación costarricense. Esa sentencia fue oportunamente recurrida y el Tribunal de Casación Penal en sentencia 2000-441 del dos de junio del año en curso declaró con lugar el recurso interpuesto y revocó la resolución para en su lugar conceder la extradición. II.- Alegatos de la acción de inconstitucionalidad: El accionante sostiene que no es procedente la extradición si conforme al derecho penal costarricense la acción penal se encuentra prescrita. Señala que permitir el cotejo de acuerdo con la legislación extranjera vulneraría el principio de doble incriminación, según el cual el hecho debe ser punible en ambas legislaciones. El recurrente afirma que el principio que se recoge en el numeral 31 constitucional debe ser extendido a otros delitos. III.- Criterio de la Procuraduría General de la República: La extradición es un mecanismo de ayuda judicial internacional mediante el cual un Estado solicita a otro la entrega de un individuo que se encuentra en territorio de éste último, con el fin de someterlo a un proceso penal y para que descuente una pena pendiente de cumplimiento. Así, el proceso de extradición no constituye un proceso de culpabilidad, antes bien persigue lograr que la presencia del extraditable en el país que lo requiere para someterlo a juicio o para que cumpla la pena que le ha sido impuesta. Por este motivo la doctrina afirma que en el proceso de extradición no se discute derecho de fondo, sino materia de carácter procesal. Por este motivo las garantías reconocidas para un proceso ordinario no pueden ser idénticas a las de un proceso de extradición. El juzgador al estudiar el pedido del estado requirente debe garantizarse el cumplimiento de las normas que rigen la extradición que está resolviendo y el respeto a derechos que son fundamentales para un Estado democrático de derecho. (en este sentido véanse los votos de la Sala 3866-96, 5179-93 926-94 y 1383-00). En razón de lo expuesto es criterio de la Procuraduría General de la República que los derechos propios del procesamiento y de la ejecución penal no pueden ser discutidos en el proceso de extradición, en tanto ello corresponde al gobierno requirente. Por otra parte, téngase en cuenta que la prescripción es un instituto del derecho procesal y no del derecho de fondo; sirve de límite al poder-deber del Estado de aplicar la ley penal y perseguir el delito para buscar la paz social.Por este motivo las regulaciones relacionadas con prescripción son un asunto de política criminal de cada Estado, que regula de la forma que lo estime conveniente los eventos de interrupción, suspensión etc., de la prescripción. Existe un derecho soberano del Estado a decidir sobre las reglas de prescripción que rigen el ejercicio de la acción penal y de la pena dentro de sus fronteras (y fuera de ellas en los casos de extraterritorialidad); así como determinar cuáles son las acciones punitivas, el tipo de sanción que corresponde a cada conducta etc. Como la prescripción no es más que una garantía frente al poder punitivo del Estado; a través de este instituto se castiga el retardo del Estado en el ejercicio de la acción penal o de la ejecución penal. La prescripción en sí misma no constituye un derecho constitucional dentro del ordenamiento jurídico costarricense, aunque mediante él se busque la efectividad de derechos fundamentales como: seguridad jurídica, legaldiad, igualdad, tutela judicial efectiva. La prescripción en los procesos de extradición: Todo tratado o ley que regula la materia de extradición establece que la misma es procedente en tanto no exista prescripción de la acción penal o de la pena. Algunos cuerpos normativos establecen que los delitos no deben estar prescritos en ninguna de las legislaciones, otros establecen que se analice la legislación del Estado requeriente o del requerido. Existe un sector de la doctrina que señala el principio de doble incriminación implica examinar no solo la tipicidad de la conducta, sino también la competencia del país requirente para el juzgamiento, los motivos eximentes de responsabilidad y la prescripción entre otros, y esta es precisamente la posición sostenida por el accionante. Existe otro sector de la doctrina, que es la que comparte la Procuraduría General, que señala que el instituto de la prescripción tiene vigencia únicamente dentro del sistema jurídico que solicita la extradición, que es el que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal. Es criterio de la Procuraduría que las reglas internas de prescripción no deben ser aplicadas en los procesos de extradición en tanto sería una intromisión de la facultad soberana del peticionante a lo interno de su jurisdicción. Además esa pretensión desnaturalizaría el instituto, ya que su juzgamiento no se realizará en el territorio nacional. La garantía para el requerido estriba, precisamente, en que se determine que los hechos o la pena que justifican la extradición no estén prescritos en el estado requirente, de manera tal que la finalidad del instituto que es remitirlo para su juzgamiento o ejecución penal no se incumplan. Agrega que esta Sala ya se pronunció sobre la prescripción en estos procesos de extradición y en el voto 1866-95 indicó "…cualquier discusión en cuanto a la culpabilidad y participación del extraditable sobre prescripción y aplicables a los delitos imputados y por los cuales se solicitó extradición, debe ser discutida ante la jurisdicción del Estado solicitante…". Es innegable el derecho soberano de los Estados de establecer en forma voluntaria los mecanismos que regirán sus extradiciones recíprocas; someter al requerido a la prescripción del país que lo requiere no vulnera sus derechos fundamentales, en tanto estará sometido a esa jurisdicción. La seguridad jurídica que protege la prescripción está garantizada con solo que no haya prescripción en el país que lo requiere. El deseo del recurrente para que el principio aplicable a los delitos políticos se extienda a otros delitos, no tiene la fuerza de socavar la constitucionalidad de la norma cuestionada. Sabido es que a través de los tratados o convenios bilaterales, regionales o multilaterales, las Partes pretenden no solo estrechar los lazos de entendimiento, sino también lograr algún tipo de prerrogativas o ventajas que de acudir al procedimiento ordinario interno de cada país no serían logradas. Así se descargan los rituales, se reducen requisitos, se disminuyen o aumentan plazos para presentación de documentos, se amplían los plazos de detención de los requeridos; todo ello con el fin de garantizar que serán juzgados y que sus derechos humanos serán respetados. El acuerdo a que han llegado ambos estados contratantes se encuentra reflejado enel numeral 7 del tratado cuestionado, en relación con prescripción han señalado cuál es la regla aplicable. El sofisma del razonamiento del accionante sé finca en la pretensión de que el proceso de extradición aún cuando no sea un proceso de culpabilidad se le apliquen todos los supuestos, prerrogativas, ventajas y derechos procesales que le son atribuibles a un proceso ordinario, en el cual se ventile el sometimiento del extraditable a un proceso y a una pena. Finalmente téngase en cuenta que el tratado que se combate recibió respaldo constitucional por voto 323-90 de las 14:30 horas del 3 de abril de 1990(consulta preceptiva por parte de la Asamblea Legislativa), en razón de ello el artículo cuestionado no transgrede el orden constitucional.

4.- El párrafo segundo del artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala para rechazar por el fondo, en cualquier momento procesal, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que e trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

5.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Sancho González; y,

Considerando:

I.- Sobre la admisibilidad.

La Sala estima que en el subjudice se cumple con uno de los presupuestos establecidos en el numeral 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en tanto el proceso de hábeas corpus promovido por el accionante a favor de su cliente n 4830-00 que se tramita ante esta Sala aún se encuentra pendiente de resolución y ese proceso de hábeas corpus se alegó la inconstitucionalidad del numeral 7(6) del Tratado de extradición. Ahora bien, el asunto pendiente en que se alega la inconstitucionalidad constituye un "un medio razonable" para amparar "el derecho o interés que se considera lesionado" (artículo 75 ibídem) requisito con el que se cumple en el subjudice; en tanto la estimación de la acción puede tener como consecuencia la inaplicación de la norma combatida, y ello tiene efectos directos en el proceso de extradición que enfrenta el amparado.

II.- Objeto de la impugnación.

La impugnación se dirige contra la disposición 7 (6) del Tratado entre los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de América que establece que no se concederá la extradición cuando la acción penal o la pena, hayan prescrito según las leyes del Estado requirente. Señala el abogado accionante que conforme con el principio de legalidad criminal, cualquier persona que se encuentre en el territorio de la República solamente puede ser perseguido por una acción si ésta es típica, antijurídica, culpable y punible, conforme a la legislación costarricense. De esta manera cuando una acción penal prescribe para el al Derecho Penal costarricense y por este motivo no es posible ejercer la acción penal, como presupuesto necesario para poner en funcionamiento la maquinaria represiva, no es posible otorgar la extradición pues ello contraría el principio de legalidad criminal. Agrega que el principio de doble incriminación es un principio general de los procesos de extradición y según ellos, el hecho no solo debe ser delito para ambos sistemas jurídicos, sino también punible en ambas legislaciones. En otro orden de ideas señala que el artículo 31, párrafo segundo de la Constitución Política al disponer que la extradición no puede otorgarse por delitos políticos o conexos con ellos "según la calificación costarricense" sienta un PRINCIPIO GENERAL SEGÚN EL CUAL LA PUNIBILIDAD DEBE ESTABLECERSE DE ACUERDO CON NUESTRO DERECHO, y por ello la prescripción de la acción penal o de la pena debe analizarse de acuerdo con la legislación costarricense.

La Procuraduría General de la República se opone a la pretensión de inconstitucionalidad del accionante, en la consideración de que los Estados pueden soberamente señalar las reglas que regulan los procesos de extradición y no es posible pretender la aplicación de la legislación costarricense en tanto el proceso de extradición no es un proceso de culpabilidad; antes bien, es un proceso de cooperación para que el extraditable sea sometido a la legislación del país requirente. Sostiene que no en vano la Constitución Política ha previsto la regulación de este tipo de materia por tratado internacional, por ello la pretensión de que el principio establecido para políticos o conexos con ellos, se extienda a otros delitos, no deja de ser un simple buen deseo que está lejos de ser un principio del orden constitucional.

III.- Sobre el fondo.

El numeral 7 (6) del tratado que combate el accionante señala:

"No se concederá la extradición cuando la acción penal o la aplicación de la pena por el delito que motiva la solicitud de extradición haya prescrito según las leyes del Estado requirente".

En el proceso de extradición que enfrenta el señor Raymond David Yong el Tribunal de Juicio desaplicó aquella disposición del tratado y denegó la extradición al considerar que el delito se encontraba prescrito de acuerdo con la legislación costarricense, razón por la cual no se cumplía con el principio de doble incriminación. El Tribunal de Casación Penal al resolver un recurso de apelación contra aquella resolución dispuso otorgar la extradición en aplicación de la referida disposición del tratado, que es justamente la que se combate en el hábeas corpus que sirve de base al recurrente para plantear la presente acción.

IV.- El numeral 140 constitucional señala que es deber y atribución del Poder Ejecutivo "celebrar convenios" y "ejecutarlos" una vez que han sido aprobados por la Asamblea Legislativa. Esa atribución del Poder Ejecutivo se complementa con la establecida en el numeral 31 de la Carta Política según la cual la materia de extradición puede estar regulada, tanto por ley como por tratados internacionales. Es precisamente en el ejercicio de sus atribuciones que el Poder Ejecutivo negoció con el Gobierno de los Estados Unidos de América un Tratado recíproco de Extradición que fue debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa y se encuentra en plena ejecución. En ese tratado se estableció que NO se concederá la extradición cuando el delito o la pena se encuentren prescritas según las leyes del Estado requirente y la Sala no encuentra que esa disposición tenga enfrentamiento alguno con los numerales 39 y 31 constitucionales como de seguido se analizará:

V.-Cada Estado dentro de sus propios criterios de política criminal establece, entre otros aspectos, las conductas que serán perseguidas como delitos, lo relacionado con la prescripción de la pena y de la acción penal. En el caso de un tratado internacional, los Estados en el ejercicio de sus atribuciones acuerdan libremente las reglas que regirán el instituto de extradición, sin que sea posible imponer a las partes contratantes la política interna de cada una de ellos en relación con la persecución y sanción del delito. Las normas de prescripción del Estado costarricense están reguladas en una ley (Código Procesal Penal) y las disposiciones sobre extradición entre los Gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos están regulados por un tratado internacional, el que de conformidad con el numeral 7 constitucional tiene rango superior a la ley; salvo –como lo ha sostenido esta Sala- en materia de Derechos Humanos, en cuyo caso la potencia de las normas permite su aplicación aún sobre la Carta fundamental.

IV.- Esta Sala ha sostenido en su reiterada jurisprudencia que el proceso de extradición es de garantía de cumplimiento de los valores que resultan esenciales para un Estado democrático y social de derecho; precisamente por ello los procesos de extradición receptan la legislación de Derechos Humanos, que debe ser aplicada por el juzgador al resolver sobre la extradición (vgr. respeto a la vida, a la dignidad de la persona etc.). Ahora bien, el principio de doble incriminación está previsto en el tratado suscrito entre ambos países (artículo 2, 1)); sin embargo, no tiene la extensión que señala el accionante en el sentido de incluir en el análisis de punibilidad la prescripción de la acción penal de acuerdo con la legislación nacional; el tratado ha previsto que el análisis de prescripción se haga tomando en cuenta la legislación del Estado requirente. Un tratado de esta naturaleza también puede disponer que se tome en cuenta únicamente la legislación costarricense, que se haga el análisis en ambas legislaciones y también, por ejemplo, introducir dentro dentro del tratado normas concretas e independientes sobre prescripción, diferentes a las de legislación ordinaria de cada Estado. El pacto que excluya la legislación nacional en materia de prescripción no puede considerarse contrario al orden constitucional; en el tanto se incluya el análisis de prescripción, pues ésta impone un límite al poder-deber de persecución penal de los Estados, y no puede un país de derecho como el nuestro, admitir en materia de delitos comunes, una persecución sine die; situación que no se produce en el caso que nos ocupa en que el tratado ha establecido que el plazo de prescripción es el de la legislación del Estado requirente, y la Sala estima, además, razonable la disposición en tanto será en aquella jurisdicción y no en la nacional en la que el extraditable será juzgado.

VII.- El proceso de extradición busca, a través del respeto a garantías esenciales de la persona humana, la cooperación entre los Estados y de manera alguna sustituye el juzgamiento que debe hacer el Estado requirente, el proceso de extradición, ha dicho esta Sala reiteradamente, es un proceso de garantía y no de juzgamiento. Pretender aplicar como principio único a un extraditable los plazos de prescripción que el legislador nacional ha establecido para los diferentes delitos dentro de su territorio implicaría imponer –sobre una suerte de interpretación extensiva de la legislación interna – al Estado requirente criterios de política criminal y materia de legalidad que le son ajenos. No quiere ello decir que siempre debe aplicarse la legislación del Estado requirente, desde luego que, como se indicó supra, las partes pueden pactar sobre este aspecto libremente y ello hace parte del análisis que debe hacer el juzgador en materia de extradición . El que en el caso que nos ocupa los Estados no hayan pactado que el análisis de prescripción se haga conforme a la legislación costarricense, no puede llevarnos a concluir que ese cuerpo normativa se enfrente al principio de legalidad; la norma del tratado que se combate lo que hace es variar –en relación con la punibilidad- la regla aplicable, que el caso de la extradición del asunto base de la acción, es el plazo de prescripción del Estado requirente.

VIII.-En relación con la disposición del numeral 31 constitucional la Sala estima indispensable reiterar lo indicado en el voto 06441-98 de las diez horas cincuenta y siete minutos del cuatro de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, en que expresó que en tanto la extradición es una figura de cooperación internacional entre estados, el asilo es un instituto de derechos humanos, de tal suerte que cuando entren en conflicto ambos institutos debe prevalecer el segundo. De lo anterior se sigue que por disposición del numeral 31 constitucional, no es posible otorgar extradición por delitos políticos o conexos con ellos, en el tanto "El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas" (párrafo primero del numeral 31 ibídem). Dentro de las potestades que el Gobierno de Costa Rica tiene para negociar tratados de extradición ciertamente se impone un límite al Poder Ejecutivo en relación con los delitos políticos , en cuyo caso siempre debe imperar la calificación del Estado costarricense. En esta materia el Poder Ejecutivo no podrá negociar la calificación con el Estado requirente; sin embargo, ello no equivale a sostener que en ese canon encontramos un principio genérico de aplicación de la legislación costarricense –en todos sus extremos, incluyendo la prescripción-. Una interpretación de esta naturaleza simplemente vaciaría de contenido la facultad del Poder Ejecutivo para negociar tratados en materia de extradición, potestad que en forma expresa le ha otorgado en constituyente, con el único límite indicado y desde luego aquellos que impongan los instrumentos de Derechos Humanos.

IX.- Conclusiones:

a.      El Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus potestades constitucionales puede negociar tratados en materia de extradición con otros estados

b) Los procesos de extradición se regirán por lo que disponga el correspondiente tratado, y ello incluye lo relacionado con la prescripción de la acción penal, siempre y cuando se introduzcan regulaciones al respecto, pues no es posible admitir persecuciones sine die.

c) El proceso de extradición es un proceso de garantía y en ellos no se juzga a la persona requerida, que estará sometida a la jurisdicción del país que lo requiere. Los procesos de extradición receptan los instrumentos de Derechos Humanos. El Magistrado Piza salva el voto y declara con lugar la acción y en consecuencia, la incostitucionalidad de la norma impugnada con las consecuencias de ley.

Por tanto:

Se rechaza por el fondo el recurso.

R. E. Piza E.

Presidente

Luis Fernando Solano C. Luis Paulino Mora M.

Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R.

Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.

 

VOTO NO. 2001-03356, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de abril del dos mil uno.-

Acción de inconstitucionalidad promovida por WARREN FREEMAN WILLIAM Y OTROS; contra el artículo 16, punto 1), incisos b), c), d) y punto 3) inciso b) del Tratado Bilateral de Extradición vigente entre Costa Rica y los Estados Unidos.

Resultando:

1.- El accionante promueve esta acción para que se declare inconstitucional el artículo 16, punto 1), incisos b), c), d) y punto 3) inciso b) del Tratado Bilateral de Extradición vigente entre Costa Rica y los Estados Unidos, por estimar que tal norma se contrapone a los artículos 21, 40 y 41 de la Constitución Política y al Pacto de San José.

2.- El artículo 80 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta para denegarle el trámite a una acción cuando se incumplan los requisitos establecidos en los numerales 78 y 79 ídem .

Redacta el magistrado Solano Carrera; y,

Considerando:

UNICO.- Mediante resolución de las catorce horas treinta minutos del veintiocho de marzo del dos mil uno y con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 75, 78 y 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se le previno a los accionantes: 1).- autenticar debidamente el escrito de interposición de la acción y aportar el timbre del Colegio de Abogados que corresponde según dispone el artículo 106 del Arancel de Profesionales en Derecho; 2).- exponer en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios infringidos, los fundamentos de la acción; 3).- indicar el asunto pendiente en que se haya invocado la inconstitucionalidad que alegan; y, 4).- adjuntar certificación literal del libelo en que se haya invocado la inconstitucionalidad en el asunto principal. Sin embargo, el plazo de tres días que se otorgó para cumplir con lo prevenido transcurrió, sin que los accionantes hicieran manifestación alguna al respecto (ver constancias visibles a folio 16 del expediente), razón por la cual, ante la informalidad con que se interpuso este proceso, y el incumplimiento de la prevención realizada, procede denegarle el trámite a esta acción de inconstitucionalidad, en los términos del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.-

Por tanto:

No ha lugar a dar trámite a esta acción.-

Luis Fernando Solano C.

Presidente, a.i.

 

VOTO NO. 2004-0118, TRIBUNAL DE CASACION PENAL. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, GOICOECHEA. A las quince horas treinta y cinco minutos del doce de febrero de dos mi cuatro.-

Vistas las presentes diligencias de extradición, este Tribunal resuelve; y,

CONSIDERANDO:

I. En el presente asunto por resolución de las quince horas del once de noviembre de dos mil tres, el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José dispuso la prisión preventiva como medida cautelar del extraditable Nikolay Kilolaevich Korobkov, resolución que fue apelada por el abogado defensor del señor Nikolay, según se desprende del libelo de folio 252. Pese a que se da un emplazamiento ante este tribunal y se ordena la remisión de las diligencias en resolución del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José de las nueve horas cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil tres (ver folio 316), no es sino en virtud de la resolución, de esa misma autoridad, de las quince horas del veintitrés de enero de dos mil cuatro, que efectivamente se hace llegar el expediente ante esta sede, con el fin de que se emita pronunciamiento sobre el citado recurso de apelación (folio 346).-

II. El artículo 9 bis de la Ley de Extradición es meridianamente claro en el sentido de que el recurso de apelación ante el Tribunal de Casación sólo procede contra la resolución que acuerda o deniega el trámite, de lo que, indiscutiblemente se infiere que, de conformidad con el principio de taxatividad de los recursos, no corresponde admitir dicha impugnación contra ningún otro artículo del proceso, como sería en este caso, la resolución que acuerda la prisión preventiva del extraditable como medida cautelar. En dicho sentido ha sido reiterado el criterio de este Tribunal, como se puede ver, por citar sólo algunas resoluciones, en los votos: 521-2002 de las diez horas diez minutos del doce de julio del dos mil dos, 407-2003 de las once horas trece minutos del quince de mayo de dos mil tres y 822-2003 de las diez horas con veinticinco minutos del veintiuno de agosto del dos mil tres. Así mismo, la Sala Constitucional en voto 1832 de las catorce horas con cuarenta y tres minutos del veintinueve de febrero de dos mil, dispuso: “…la Ley de Extradición es absolutamente clara en cuanto a que el recurso de apelación en los procesos de extradición cabe únicamente contra la resolución que la concede o deniega, por lo que resulta inadmisible este remedio procesal en contra de la resolución que decreta o prorroga la detención, atendiendo al principio de taxatividad objetiva de los recursos.” En virtud de todo lo expuesto, lo procedente es declarar inadmisible el recurso.-

POR TANTO:

Se declara inadmisible el recurso.

 

Jorge Luis Morales García

Fernando Cruz Castro Ulises Zúñiga Morales

Jueces de Casación Penal

Diligencias de Extradición

Promovidas por el Gobierno de Rusia

Extraditable: Nicolay Nikolaevigh Korobkof

Edo.

 

VOTO NO. 1999-09506, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con treinta y nueve minutos del primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.-

Acción de inconstitucionalidad promovida por Jorge Granados Moreno, mayor, casado, portador de la cédula de identidad número 1-434-682, vecino de San José; contra el artículo 377 de la Convención de Derecho Internacional Privado, conocida como Código de Bustamante.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas y veintitres minutos del veinticinco de octubre del año en curso, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 377 de la Convención de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante). Alega que en contra de la señora Jeorgina de Freitas se tramita ante el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, en el expediente número 94-00214-18PE una causa denominada "Extradición supletoria" y que con fundamento en el artículo 377 que se cuestiona, interpretado de manera errónea por el señalado Tribunal, se tramitó la causa en ausencia de la señora de Freitas, lo que resulta violatorio del derecho al debido proceso contenido en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política.

2.- El artículo 9 de la Ley que regula esta jurisdicción autoriza a la Sala a resolver por el fondo cualquier gestión planteada ante ella, cuando existan suficientes elementos de juicio para ello.

Redacta el magistrado Mora Mora; y,

Considerando:

I.- Sobre legitimación. El accionante se apersona en esta Sala como defensor de la extraditada Jeorgina María de Freitas, en la causa que en su oportunidad culminó con su entrega por medio de proceso de extradición para enfrentar cargos penales en su país de orígen. Ahora, dentro de ese proceso se pretende obtener la autorización del Estado costarricense para juzgarla por otros cargos, al amparo de lo establecido por el artículo 377 de la Convención de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante) que resulta parte informante del ordenamiento jurídico interno y por lo tanto aplicable en virtud de que la Ley General de Extradición guarda silencio sobre el tema de la ampliación de los cargos. Así, le asiste al accionante legitimación suficiente al tenor del párrafo primero del artículo 75 de la Ley que regula esta jurisdicción, por lo que debe entrarse a conocer sobre el fondo de la cuestión planteada.

II.- Sobre el fondo. Se alega que con la aplicación del artículo 377 del Código de Bustamante, se produce una indefensión y una violación al derecho al debido proceso que tiene la extraditada por cuanto todo el trámite de la ampliación, se lleva a cabo sin que ella esté presente ni pueda defenderse adecuadamente de acuerdo a sus particulares intereses, dado que lo único que se hace es apersonar un defensor solamente para dar una apariencia de legalidad dado que nunca podrá entrevistarse con su cliente ni planear una defensa frente a las nuevas acusaciones. Agrega que si bien no se trata de un proceso donde se atribuye culpabilidad, lo cierto es que ese no es motivo suficiente para impedir el ejercicio del derecho de defensa, si -como resulta obvio- existe un perjuicio directo para la extraditada.

III.- La percepción que sobre el tema tiene la mayoría de esta Sala difiere radicalmente de la del accionante. Como éste mismo lo reconoce, desde una perspectiva estrictamente sancionatoria, los principios de defensa y debido proceso no resultan lesionados con lo dispuesto en la norma impugnada, porque no está en juego el establecimiento de ningún tipo de responsabilidad de la señora de Freitas; esta última se definirá en su momento procesal ante las autoridades competentes que –en su país- se encargarán de determinar su culpabilidad penal en los hechos por los cuales se le extraditó. La cuestión radica en el trámite que se ha iniciado en Costa Rica, dentro del expediente donde se tramitó originalmente la extradición, y que persigue que se "consienta" por parte del Estado requerido que la señora De Freitas sea juzgada por delitos diferentes de los que motivaron en su momento la extradición, tal y como lo establece el artículo 377 discutido. Debe observarse que no se trata de una nueva gestión de extradición ni tampoco de una "extradición supletoria" como la califica el accionante porque su finalidad ya no es la extracción de una persona de un Estado, pues ello ya ocurrió y es un hecho consumado. En relación con la posibilidad de dicha extracción se concedió en su momento a la extraditable, todas las garantías necesarias para que se manifestara sobre ella y aportara –en su caso- los elementos necesarios para convencer al Estado costarricense de denegarla. Todas esas etapas están ya precluidas, la persona requerida fue entregada al Estado requirente luego de cumplirse las formalidades legales y lo que permite el artículo discutido es que éste último pueda solicitarle al Estado requerido que permita que la persona entregada pueda ser juzgada por otros hechos no incluidos originalmente en la solicitud de que dió origen a la entrega, ello en los términos y condiciones del artículo señalado.

IV.- Esta nueva diligencia no excede un carácter interestatal en el que no parece esencial que la extraditada tenga participación, pues como se señaló la gestión está aprobada y ejecutada, y en tal decisión (que resulta válido suponer que causó perjuicio a la extraditada) se respetaron sus derechos fundamentales. En cambio, lo que permite el artículo discutido no perjudica los derechos individuales de la extraditada porque el Estado requirente ya la tiene en su poder y podría –de hecho- juzgarla por los cargos que considere legítimos según las normas jurídicas de su país. No lo hace así porque está comprometido con el respeto de las normas internacionales y de su palabra empeñada en el momento de pedir la extradición de que solamente juzgaría a la extraditada por unos hechos específicados, es por esto último que requiere del consentimiento del Estado requerido.

V.- La cuestión a decidir en estas gestiones de "consentimiento" permitidas en el artículo 377 impugnado es una que puede estimarse accidental respecto de la extradición orginalmente solicitada y aprobada, en el sentido de que solamente se analizará si el extraditado puede ser llevado a juicio por otros delitos diferentes de los que dieron origen a la extradición; no existen entonces otros temas de discusión ni podría el propio perjudicado abrir la discusión a cuestiones ajenas a ella. Así las cosas, la participación del juez -que actúa aquí como un contralor para el cumplimiento de los requerimientos necesarios- así como la participación de un profesional en derecho en calidad de defensor y a nombre del extraditado, resultan suficientemente garantizadoras de los derechos fundamentales del extraditado.

VI.- Analizado el caso en la forma en que se ha hecho, se concluye fácilmente que no hay ninguna lesión a los derechos fundamentales de la extraditada con la posibilidad establecida en el artículo 377 del Código de Bustamente para que el Estado requirente pueda solicitar y obtener un consentimiento del Estado requerido, sin exigir la presentación física de la solicitada en extradición para la tramitación del expediente respectivo, lo que motiva que deba rechazarse por el fondo esta acción, con el voto salvado del Magistrado Piza Escalante, quien ordena continuar con el trámite correspondiente.

Por tanto:

Se rechaza por el fondo la acción.

R. E. Piza E.

Presidente

Luis Paulino Mora M. Eduardo Sancho G.

Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M.

Adrián Vargas B. José Luis Molina Q.

 

VOTO NO. 2003-0209,  TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE. Goicoechea, a las quince horas quince minutos del trece de marzo del dos mil tres.-

RECURSOS DE APELACION, interpuestos en la presente causa seguida contra ENRIQUE QUINTANILLA BANDDIN cc JAMIL ABAD DUNN, peruano, nacido en Lima, Perú el 26 de mayo de 1964, identificación número L.E. 07594147, en PROCESO DE EXTRADICION, promovido por EL GOBIERNO DE PERÚ. Intervienen en la decisión de los recursos los Jueces Jorge Alberto Chacón Laurito, Ulises Zúñiga Morales y Jorge Luis Arce Víquez. Se apersonaron en casación los Licenciados José Enrique Castro Marín y Amira Suñol Ocampo, en representación del Estado Requirente. Así como el Licenciado Carlos Eduardo Montenegro Sanabria, en representación del Ministerio Público y la Licenciada María de los A. Solano Mora, defensora particular del extraditable.

RESULTANDO:

1. Que mediante sentencia dictada a las trece horas del trece de diciembre del año dos mil dos, el Tribunal Penal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículo 3 inciso c) de la Ley de Extradición, y por existir impedimento legal, se rechaza la solicitud de extradición que promueve el honorable Gobierno de Perú en contra del señor ENRIQUE QUINTANILLA BANDDIN cc JAMIL ABAD DUNN. Ordénese el archivo de esta sumaria, y deberá el gobierno de Perú iniciarlas nuevamente una vez que concluyan las investigaciones en la sumaria aludida, dependiendo del criterio del Ministerio Público de Costa Rica. Póngase al señor QUINTANILLA en inmediata libertad en lo que se refiere a esta sumaria. NOTIFIQUESE. LIC. CARLOS ALBERTO CHAVES SOLERA. JUEZ”

2. Que contra el anterior pronunciamiento los Licenciados Jose Enrique Castro Marín y Carlos Eduardo Montenegro Sanabria, interpusieron recursos de apelación.

3. Que verificada la deliberación respectiva, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en los recursos.

4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez Chacón Laurito; y,

CONSIDERANDO:

I.- Los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia que resolvió el rechazo de la solicitud de extradición gestionada por el gobierno de Perú, reunen los requisitos de admisibilidad tanto objetiva como subjetiva, habiéndose presentado el de la Procuraduría General de la República, dentro del tercero día luego de notificada la resolución impugnada y el recurso adhesivo de la fiscalía dentro del término del emplazamiento, por lo que no lleva razón la señora defensora en el sentido de que son extemporáneos. Tanto el recurso de la Procuraduría General de la República, como el del Ministerio Público giran sobre un mismo argumento impugnaticio, por lo que se resolverán en conjunto.

II.- Como argumento principal de los recursos se plantea, que la motivación de la sentencia que rechaza la extradición y ordena el archivo de la misma, inobserva e inaplica la Convención de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante y aplica el artículo 3 inciso c) de la Ley de Extradición, contrariando el orden jerárquico de las normas que establece la Constitución Política, puesto que el primer convenio citado permite la extradición diferida, situación que no tomó en consideración el juzgador de instancia, por lo que solicitan se revoque la sentencia dictada y se ordene continuar con las diligencias de extradición. El reclamo es pertinente. Esta cámara luego del estudio de los autos determina, que efectivamente desde que el CUADRAGESIMO TERCER JUZGADO PENAL DE LIMA planteó la gestión de extradición ante Costa Rica (ver folios 68 y 69), lo hizo fundado en la aplicación de La Convención de Derecho Internacional Privado suscrita por ambos países o sea el llamado Código de Bustamante, el cual es claro y expreso en indicar en su artículo 346: "Cuando con anterioridad al recibo de la solicitud, un procesado o condenado haya delinquido en el país a que se pide su entrega, puede diferirse esa entrega hasta que se le juzgue y cumpla la pena." de tal forma, que este tratado internacional dilucida la situación que el a quo no tomó en consideración al aplicar el artículo 3 inciso c) de la Ley de Extradición, normativa que puede ser aplicada supletoriamente en cuanto a lo que no contemple el convenio y que en todo caso fue a nuestro criterio mal interpretada por el juzgador, dado que el citado artículo 3 en ningún momento niega la extradición diferida sino que en el párrafo final indica que: "... extinguida la pena impuesta. Podrá decretarse la extradición." de tal forma, que incluso aplicando este articulado la extradición es viable y no procede el rechazo de la gestión. Es evidente también que el juzgador no tomó en consideración el orden jerárquico de las normas, puesto que los tratados internacionales tienen rango superior a las leyes nacionales y en el presente caso el Código de Bustamante se encuentra en un orden superior a la Ley de Extradición. Por otra parte el hecho que el Fiscal General en oficio de folio 663 indique, que al extraditable ENRIQUE QUINTANILLA BANDDIN, se le están siguiendo otras causas por estafa en Costa Rica y por lo consiguiente no se le someterá a un criterio de oportunidad, en modo alguno implica que se oponga al trámite de extradición, sino que el mismo artículo 22 inciso d) in fine del Código Procesal Penal, hace referencia a que la extradición pasiva es la que procede en casos como el presente, donde Costa Rica es el Estado requerido y no requirente. Por lo expuesto, se declaran con lugar los recursos de apelación interpuestos, al carecer la resolución impugnada de argumentos valederos para sostener su motivación, se anula la misma y se ordena el renvío de los autos al tribunal de origen, a efecto de que continue con el proceso de extradición.

III.- Nota del Juez Zúñiga Morales .- En el voto número 789-F-96, de las 10:00 horas del 3 de diciembre de 1996, el Tribunal de Casación Penal (con integración de los jueces Fernández Vindas, López Mc Adam y Zúñiga Morales) sostuvo –entre otras cosas– que: “…el órgano que debe figurar como parte en los procesos de esa materia (sc. Extradición) y al cual tiene que notificársele lo que en éstos se resuelva, con pleno derecho impugnaticio, es precisamente la Procuraduría General de la República.” Se llegaba de esa manera a concluir que –por regla general– el Ministerio Público no debe figurar como parte en los procesos de Extradición. A la fecha, el suscrito sigue manteniendo ese criterio. Por ello, es importante señalar que, a pesar del precedente de marras, en el presente caso no existe error al haberle dado curso y haber declarado con lugar la impugnación del Ministerio Público, porque en la especie este órgano sí está legitimado para actuar, ya que se trata de la situación excepcional en que el extraditable está siendo perseguido también por delitos que aparecen como realizados en Costa Rica y que son objeto de investigación por el Ministerio Público, lo cual le confiere al citado ente el necesario interés jurídico-procesal para intervenir en la causa.

POR TANTO:

Se declaran con lugar los recursos de apelación interpuestos, al carecer la resolución impugnada de argumentos valederos para sostener su motivación, se anula la misma y se ordena el reenvío de los autos al tribunal de origen, a efecto de que continue con el proceso de extradición. Notifíquese.

Jorge Alberto Chacón Laurito

Ulises Zúñiga Morales Jorge Luis Arce Víquez

Jueces de Casación Penal

 

VOTO N°2029-93 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas tres minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y tres.

Recurso de Hábeas Corpus interpuesto por Larry Hammond Hoover Crounover contra el Juez Tercero de Instrucción de San José.

RESULTANDO:

I.- El recurrente presenta recurso de Hábeas Corpus, por cuanto está detenido preventivamente desde hace 10 meses con fundamento en el Tratado de Extradición Vigente entre las Repúblicas de Costa Rica y Estados Unidos de Norteamérica, por tramitarse ante el Juzgado Tercero Penal de San José, diligencias de extradición en su contra (expediente N° 125-92). Alega que en dos oportunidades el Tribunal Cuarto Penal, Sección Segunda, ha anulado las sentencias dictadas por el Juez Tercero Penal de San José, quien ha dictado la extradición en su contra, sin tomar en cuenta que los delitos se encuentran prescritos y existen tres causas anteriores que se siguen en Costa Rica. Encontrándose cuestionado el Tratado de Extradición suscrito entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos de Norteamérica, debe aplicarse la Ley Vigente de Extradición, conforme a la cual, la prisión preventiva no puede ser superior a los dos meses, y el Código de Bustamante establece tres meses como máximo. El Juez, además de no resolver los incidentes de prescripción de la pena, de la acción penal, y de ejecución de la pena diferida, rechazó la excarcelación considerando que no existen delitos políticos no conexos. Manifiesta que su situación se agrava más por el hecho de haber ordenado la suspensión del proceso de extradición hasta que sean resueltas las acciones de inconstitucionalidad N°24-90 y N°200-90.

II.- Gerardo Arturo Rojas Fernández, Juez Tercero Penal de San José, rinde el informe solicitado en tiempo. Manifiesta que la detención se hizo con fundamento en el Tratado de Extradición Vigente entre las Repúblicas de Costa Rica y Estados Unidos de Norteamérica, adecuándose los procedimientos por orden del Tribunal Superior Cuarto Penal con base en la Ley de Extradición vigente. Que por haberse planteado las acciones de inconstitucionalidad N°24-90, N°200-90, contra los artículos 3 inciso a.), 7 párrafo segundo y 9 inciso b.) de la Ley de Extradición se suspendieron los procedimientos, hasta tanto sean resueltas dichas acciones. Se ha denegado la excarcelación al recurrente por ser un prófugo de la justicia norteamericana, y siendo la forma para asegurar la extradición.

III.- En los procedimientos se han cumplido los procedimientos de ley.

Redacta el Magistrado Piza Escalante, y; CONSIDERANDO:

I.- En el caso en estudio, el Tribunal Superior Cuarto Penal, Sección Segunda, por Voto N° 226, de las dieciséis horas del 23 de febrero de 1993, anuló la resolución de las 16:15 horas del 23 de octubre de 1992 del Juzgado Tercero Penal, que resolvía la extradición de Larry Hammond Hoover con fundamento en el Tratado de Extradición entre los dos países, de conformidad con el voto N°123-93 de esta Sala, que declaró inaplicable el Tratado de Extradición suscrito entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos de América, para el caso concreto-diligencias de extradición de Guiamos F. Karls-y ordena al tribunal a-quo adecuar los procedimientos a las previsiones de la Ley de Extradición Vigente, lo que hace el Juzgado Tercero Penal de San José en tal resolución de las 14 horas del 3 de marzo de 1993. Sin embargo por estar impugnados los artículos 3 inciso a.) 7 párrafo segundo y 9 inciso b.) de la Ley de Extradición, por resolución de las 16 horas del 21 de abril de 1993, suspende los procedimientos, hasta tanto dichas acciones no hayan sido resueltas, pero manteniendo la detención del requerido en forma indefinida.

II.- Esta Sala ya se ha manifestado en otras ocasiones en cuanto a la aplicabilidad del Tratado de Extradición entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos de América, de manera tal, que en virtud del artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que "Prevé la posibilidad de que se declaren inconstitucionales las normas o actos que pueden no serlo en sí mismos, cuando lo son por sus efectos o por su interpretación o aplicación por las autoridades públicas; esta disposición la Sala la considera aplicable también a los casos como el presente, en que un tratado bilateral es interpretado y aplicado por una de las partes de una manera tal que permite los fines para los que ese tratado se suscribió, que no son, como se dijo, solamente los de crear un medio de cooperación entre estados para la entrega de delincuentes, sino los de constituir un sistema civilizado y excluyente que garantice a la vez la soberanía del Estado requerido y los derechos fundamentales de extraído... nada obsta a que se continúen tramitando las extradiciones pedidas por los Estados Unidos de América, pero de conformidad con el orden jurídico interno, es decir, con la Ley de Extradición costarricense. Lo único que la Sala objeta es, específicamente, la aplicación a esos casos del Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América, en vista de que éste, se repite, por obra de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de ese país, ha dejado de garantizar que sea el único medio civilizado para entregar los delincuentes, al considerar que el Tratado no se viola con actos de tal perversidad como el secuestro de personas en otro país y perpetrado, apagado o aprovechado por las autoridades públicas." ( Ver sentencia 123-93, de las 14:40 horas del 12 de enero de 1993).

III.- Ante la amenaza clara a la libertad de las personas requeridas, por actuaciones que la Corte Suprema de los Estados Unidos de América considera como legítimas -secuestros realizados por las autoridades norteamericanas o particulares - la Sala como custodio del orden jurídico constitucional y de los derechos fundamentales de las personas que viven en el territorio de Costa Rica, debe aclarar la inaplicabilidad del Tratado de Extradición en mención al caso concreto, debiéndose aplicar la Ley de Extradición vigente.

IV.- Asimismo, la Sala se ha pronunciado en el sentido de que la finalidad del procedimiento de extradición es la de entregar al requerido, bajo la observancia de ciertas condiciones esenciales, constituyendo una garantía para el mismo, pues deben cumplirse todos los principios que la informan como institución jurídica, tales como el principio de legalidad y doble incriminación, así como el respeto debe observar el Juez que conoce del asunto a los bienes jurídicos esenciales para nuestro sistema de Derecho.

V.- El término - dos meses - establecido en la legislación para la detención provisional del requerido, constituye un límite para las autoridades judiciales, de modo tal que, las diligencias de extradición deben ser resueltas a la mayor brevedad posible, para evitar que una persona esté detenida provisionalmente en forma indefinida, sin que exista sentencia condenatoria en su contra, como es el caso en estudio. Siendo que el recurrente tiene 11 meses de estar detenido, debe ordenarse su inmediata libertad, sin perjuicio de los trámites de la extradición se continúen.

VI.- En este sentido llama la atención que el Juez Tercero Penal de San José haya ordenado la suspensión de los procedimientos de esta extradición.

Las normas de la Ley de Extradición que están siendo impugnadas se refieren a cuestiones de trámite, que no vienen a afectar el fondo de lo que se discute en las diligencias de extradición, por lo que la misma puede y debe resolverse.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso, póngase en inmediata libertad del extradido. Se anula la resolución número 226 de las 16 horas del 23 de febrero del año en curso del Tribunal Superior Cuarto Penal de San José, Sección Segunda y todas las que de ella dependan. Proceda dicho Tribunal a resolver los recursos de apelación que se interpusieron contra la sentencia que concedió la extradición.- Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, extremos que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo Contencioso Administrativo. Los Magistrados Piza y Granados Moreno salvan su voto y, además declarar con lugar el recurso y de ordenar la inmediata libertad del amparado, con su accesorias, disponen el archivo del expediente. En consecuencia, anulan la sentencia de segunda instancia pero únicamente en cuanto ordena a adecuar los procedimientos, los cuales caducaron por el transcurso del plazo para fallar.

Luis Paulino Mora M.

Presidente R. E. Piza E. Jorge E. Castro B.

Carlos M. Arguedas R. Fernando Del Castillo R.

José Luis Molina Q. Mario Granados M.

Gerardo Madriz P.

Secretario.

Los Magistrados Piza Escalante y Granados Moreno -con redacción del primero- salvan el voto y además de declarar con lugar el recurso y de ordenar la inmediata libertad del amparado, con sus accesorias, disponen el archivo del expediente.- En consecuencia, anulan la sentencia de segunda instancia pero únicamente en cuanto ordena adecuar los procedimientos, los cuales caducaron por el transcurso del plazo para fallar.- Lo anterior, por cuanto en nuestro criterio, el lapso de detención de 10 diez meses, a que ha sido sometido el accionante Hoover Crounover, excede sobradamente el plazo de dos meses que al efecto establece la Ley de Extradición vigente y el del Tratado de Extradición suscrito entre los Gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos de Norteamérica, que aquí se desaplica.- R. E. Piza E. Mario Granados M.

Gerardo Madriz Piedra