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LAS FUENTES DEL DERECHO CANADIENSE

El derecho inglés y el Código napoleónico

El sistema de justicia en vigor actualmente en Canadá tiene su origen en diversos sistemas europeos traídos a América en los siglos XVII y XVIII por los exploradores y colonizadores. Los pueblos indígenas que fueron encontrados por los europeos tenían cada cual su propio sistema de leyes y de controles sociales, pero, con el correr de los años, las leyes de los inmigrantes comenzaron a prevalecer. Después de la victoria de los ingleses sobre el ejército francés en Quebec en 1759, el país pasó a estar casi exclusivamente regido por el derecho inglés. Salvo Quebec donde el derecho civil está fundado en el Código napoleónico adoptado en Francia, el derecho penal y el derecho civil en vigor en Canadá se derivan de las leyes y el derecho consuetudinario inglés.

El derecho consuetudinario, que fue elaborado en Gran Bretaña después de la conquista por los normandos, se basa en las decisiones adoptadas por los jueces de las cortes reales. Es un sistema de reglas fundadas en el derecho jurisprudencial. Cada decisión vertida por un juez constituye un "precedente", es decir una regla que deberá tenerse en cuenta para juzgar, en el futuro, todo asunto semejante. El derecho consuetudinario es único en el mundo, pues no se funda en un "código" ni en una "legislación"; sino que se funda en las decisiones judiciales anteriores. Sin embargo, es flexible y se adapta a la evolución de la sociedad.

El derecho civil tiene una tradición muy diferente. Se funda en el derecho romano, que fue codificado por el emperador Justiniano. En la Roma antigua, las fuentes del derecho eran numerosas y estaban dispersas: libros, leyes y proclamas. A fin de eliminar la confusión, Justiniano ordenó a sus juristas que agruparan todas las leyes en un solo código. Después de esa época, el derecho civil es asimilado a un "código civil" que contiene casi todas las reglas del derecho privado. El Código civil de Quebec entró en vigor en 1866, justo antes de formarse la Confederación. Después ha sido modificado regularmente, y hace poco tiempo fue revisado. Como todos los códigos civiles, incluido el Código napoleónico en Francia, el Código civil de Quebec contiene un enunciado completo de reglas que a menudo adoptan la forma de principios generales destinados a reglamentar todo conflicto que pueda surgir. Contrariamente a lo que sucede bajo el régimen del derecho consuetudinario, los tribunales que juzgan sobre un asunto en el marco del derecho civil se fundan ante todo en lo que está prescrito en el Código y, en seguida, examinan las decisiones anteriores a fin de lograr uniformidad.

Cuando se examina la ley y su aplicación respecto a los pueblos indígenas de Canadá, es necesario tener en cuenta los derechos ancestrales y los derechos dimanados de tratados que son protegidos por la Constitución. Los derechos ancestrales se desprenden de la ocupación y del uso históricos del territorio por los pueblos indígenas; los derechos en virtud de tratados son enunciados en los tratados firmados entre la Corona y un pueblo indígena particular.

La reforma del derecho: un fenómeno sin fin

El derecho canadiense toma mucho de las tradiciones jurídicas europeas. Sin embargo, a medida que la sociedad evoluciona, se hace imposible remitirse únicamente a la tradición. A veces, la necesidad de adoptar nuevas leyes o de modificar antiguas se hace sentir de manera apremiante, y el derecho consuetudinario y el derecho civil pueden evolucionar demasiado lentamente para responder a esa necesidad. En consecuencia, incluso si el gobierno adopta reformas de gran envergadura para tener en cuenta los cambios en la sociedad, ésta continúa evolucionando rápidamente, lo cual fuerza a los legisladores a introducir continuamente a reformas de las leyes.

La adopción de nuevas reglas jurídicas: la ley

En el régimen democrático, los países tienen habitualmente una institución llamada "parlamento" o "asamblea legislativa" que tiene el poder de adoptar nuevas leyes o de modificar las antiguas. Canadá es una federación, es decir una unión de varias provincias con un gobierno central. De esa manera, un parlamento, en Ottawa, adopta las leyes que se aplican en todo el territorio canadiense y una asamblea legislativa en cada provincia y territorio examina los asuntos de interés local. Los textos legislativos adoptados por esas instituciones se llaman "leyes". Cuando el Parlamento o la asamblea legislativa de una provincia adopta una ley, ésta reemplaza las reglas de derecho consuetudinario que rijan el campo dado. En Quebec, se han adoptado muchas leyes con el fin de tratar problemas precisos que el Código civil no aborda.

La utilización de la vía legislativa puede ser compleja. Supongamos, por ejemplo, que el gobierno federal quiera adoptar una ley para luchar contra la contaminación ambiental. Primero, los ministros o los altos funcionarios son invitados a examinar atentamente el problema a objeto de determinar de qué manera una ley federal podría atacar la contaminación. En seguida, se redacta un anteproyecto de ley y se presenta a la aprobación del Gabinete que está formado por los diputados elegidos por el primer ministro. Ese anteproyecto de ley es presentado al examen del Parlamento bajo la forma de "proyecto de ley". El proyecto de ley no se convierte en ley mientras no sea aprobado por la mayoría de los diputados y senadores y sea sancionado por el gobernador general en nombre de la Reina.

La adopción de leyes en cada provincia sigue un procedimiento parecido. Las leyes adoptadas por la asamblea legislativa de una provincia son sancionadas por el vicegobernador.

Debido a la complejidad de la sociedad contemporánea, se adoptan cada vez más leyes. Se ha hecho imposible que el legislador prevea todo en el texto de una ley. A menudo, entonces, el Parlamento y las asambleas legislativas de las provincias adoptan leyes de aplicación general y delegan el poder de aprobar "reglamentos" a fin de fijar los detalles de la ley. Esos reglamentos tratan de lograr los objetivos de la ley de aplicación general o de completarla, pero ésta última limita el alcance.

La Constitución

En un país democrático regido por una constitución escrita, el legislador no puede adoptar cualquier ley. La constitución de un país precisa especialmente los poderes y los límites de los poderes que pueden ser ejercidos por cada rama de gobierno.

En numerosos países formados después de una revolución o por una declaración de independencia (Estados Unidos por ejemplo), la esencia del derecho constitucional está contenida en un solo documento, habitualmente llamado "la constitución". En cuanto a Canadá, el país fue constituido por una ley del Parlamento de Gran Bretaña. Por lo tanto, no tiene una "constitución" como tal. El documento que se aproxima más a un texto constitucional sería el Acta de América del Norte Británica de 1867, por la cual las provincias de Canadá que constituían las colonias británicas (el Alto Canadá y el Bajo Canadá), Nueva Escocia y Nuevo Brunswick fueron reagrupadas para formar el Dominio de Canadá.

Sin embargo, si bien no hay, en el derecho canadiense, una "constitución" como tal, la Ley constitucional de 1982, que figura en el anexo B de la Ley de 1982 sobre Canadá - por la cual la constitución canadiense fue finalmente repatriada a Canadá -- define lo que es la constitución. El artículo 52 de la Ley enuncia que la Constitución de Canadá es la ley suprema de Canadá y que comprende los aproximadamente 30 textos legislativos y decretos que figuran en el anexo.

La unión de provincias y la creación del Dominio de Canadá no comporta una ruptura con el gobierno imperial. El nuevo país formaba siempre parte del imperio británico y era gobernado por una persona nombrada por el soberano con el consejo del secretario de las colonias en Westminster. Lejos de codificar un nuevo conjunto de reglas constitucionales para Canadá, el AANB prescribía un poco más que el simple establecimiento de la unión pero no decía nada sobre la posibilidad de modificar las disposiciones que contenía. Por esa razón hasta 1982, todas las modificaciones que debieron introducirse al AANB debieron ser adoptadas por el Parlamento británico.

La Constitución establece los principios fundamentales de la democracia canadiense. Prescribe igualmente los poderes de tres órganos del gobierno que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

En Canadá, es su Majestad la Reina quien está investida del poder ejecutivo. Pero en nuestra sociedad democrática, existe una convención constitucional reflejada en nuestras leyes fundamentales conforme a la cual el poder ejecutivo reside, en la práctica, en el Gabinete, que comprende, a nivel federal, el primer ministro así como un cierto número de ministros, que deben rendir cuenta al Parlamento de diversas actividades del gobierno. Cada ministro es además responsable del ministerio bajo su autoridad, como el ministro de Justicia o el de Hacienda. De manera general, el término "gobierno" remite al poder ejecutivo.

A nivel federal, es el "Parlamento" el que está investido del poder legislativo. Éste se compone de la Cámara de los Comunes, del Senado y de Su Majestad. La mayoría de nuestras leyes son primero examinadas por el Gabinete, antes de ser presentadas a la Cámara de los Comunes después al Senado para ser debatidas y aprobadas por mayoría.

Antes de convertirse en ley, el proyecto de ley debe recibir la "sanción" de Su Majestad la Reina o de su representante, el gobernador general. Lo mismo sucede en cada provincia, salvo que el representante provincial de la Reina es el vicegobernador. Esta exigencia relativa a la sanción real no significa que la Reina ejerza un poder en el plano político; más bien se trata de una convención constitucional por la cual la Reina sigue siempre los consejos del gobierno.

La Constitución prescribe igualmente que la "magistratura" esté investida del poder judicial, es decir que son los jueces los que resuelven los litigios ante los tribunales. Ella sólo prescribe la nominación de jueces de los tribunales federales; los jueces de los tribunales provinciales son nombrados conforme a leyes provinciales. El papel de los jueces consiste en interpretar y aplicar la ley y la Constitución, y en tomar decisiones imparciales ya sea en materia de derecho público, como un asunto penal, o en materia de derecho privado, como sobre un conflicto en materia contractual.

El sistema federal

La Constitución instituye un sistema de gobierno federal para nuestro país. Eso quiere decir que el poder o la "competencia" de legislar está repartido entre el Parlamento de Canadá y las asambleas legislativas de las provincias. El Parlamento de Canadá tiene competencia para legislar sobre las materias que interesan al conjunto del país, que le son atribuidas por la Constitución. Las asambleas legislativas de las provincias tienen el poder de legislar sobre los asuntos que le son atribuidos expresamente. Sin embargo, esas leyes son aplicables sólo en el territorio de la provincia concernida. Algunos otros países, particularmente Australia y Estados Unidos, tienen igualmente un sistema de gobierno federal. En esos países, las competencias legislativas están repartidas entre el gobierno federal y los diversos Estados. Gran Bretaña, por el contrario, no es gobernada por un sistema federal; sólo el Parlamento británico tiene el poder de legislar para el conjunto del país.

La Constitución canadiense le confiere a las provincias la competencia de legislar en materia de educación, propiedad, administración de la justicia, hospitales, instituciones municipales y las demás materias de naturaleza puramente local o privada en la provincia.

El gobierno federal se ocupa principalmente de temas que interesan al conjunto de Canadá, particularmente el comercio entre las provincias, la defensa nacional, el derecho penal, la moneda, las patentes y el servicio postal.

Éste último tiene además la autoridad sobre el Yukón y sobre los territorios del Noroeste. A fin de permitirles a los ciudadanos de los territorios de ocuparse de materias de naturaleza puramente local, como lo hacen los ciudadanos de las provincias, las leyes federales prescriben la elección de consejos territoriales que tienen el poder (similar al de las provincias) de adoptar leyes.

Hay también administraciones municipales. Creadas en virtud de leyes provinciales, éstas tienen el poder de adoptar reglamentos respecto de varias materias de interés local, tales como los reglamentos de estacionamiento y sobre la entrega de permisos de construcción.

Finalmente, se han elaborado acuerdos particulares para los pueblos indígenas de diferentes regiones de Canadá. Por ejemplo, las agrupaciones indígenas pueden, en virtud de las Ley sobre los indígenas, ejercer sobre las reservas toda una gama de poderes gubernamentales. Hay igualmente varios ejemplos de gobiernos indígenas que ejercen poderes gubernamentales en virtud de acuerdos particulares aprobados con el gobierno federal y los gobiernos provinciales.

La Carta canadiense de derechos y libertades

En Canadá, la protección de los derechos y libertades individuales corresponde tanto al gobierno federal como a los gobiernos provinciales. Los gobiernos de los territorios pueden igualmente adoptar leyes para proteger los derechos de la persona, siempre que el gobierno federal les haya delegado el poder de hacerlo.

La Declaración canadiense de derechos adoptada en 1960, es la primera ley federal que protegía expresamente los derechos fundamentales de la persona en Canadá. La Ley canadiense sobre los derechos de la persona (LCDP), adoptada en 1977, protege igualmente los derechos de la persona, tales como en el campo del empleo y el suministro de locales comerciales o de vivienda. A diferencia de la Declaración canadiense de derechos, la LCDP se aplica no solamente al gobierno federal sino también al sector privado.

Todas las provincias y territorios adoptaron leyes en materia de derechos de la persona, que prohíben la discriminación, fundada en diversos motivos, en el campo del empleo y el suministro de bienes, servicios e instalaciones. Esta ley prohíbe la discriminación en el sector privado y en el sector público.

La protección ofrecida por las leyes mencionadas arriba es limitada, ya que la Declaración canadiense de derechos, la LCDP y todas las leyes provinciales en materia de derechos de la persona no son, por naturaleza, sino leyes y éstas pueden siempre ser abolidas. No es sino con la adopción de la Carta canadiense de derechos y libertades que los derechos de la persona son expresamente garantizados por la Constitución.

En 1982, cuando la Constitución fue repatriada, la Carta canadiense de derechos y libertades se convirtió en una parte fundamental de ésta. La Carta se aplica a las asambleas legislativas provinciales así como al Parlamento de Canadá. Tiene prioridad sobre las demás leyes, pues está "inscrita" en la Constitución. Es la ley suprema de Canadá. En consecuencia, cuando una persona que cree que el Parlamento o la asamblea legislativa de una provincia ha cercenado los derechos garantizados por la Carta recurre a los tribunales, los cuales pueden declarar inválidas las disposiciones legislativas implicadas en la medida o en cuanto sean incompatibles con la Carta. Además, los tribunales pueden acordar otras medidas de rectificación apropiadas a las personas cuyos derechos hubieran sido lesionados.

La Carta reconoce igualmente que en una democracia los derechos y las libertades no son absolutos. Así la libertad de expresión está garantizada por la Carta, pero nadie tiene el derecho por ejemplo de gritar "Incendio" en un teatro atestado, de difundir expresiones difamatorias o propaganda que promueva el odio. En Canadá, el Parlamento y las asambleas legislativas provinciales pueden restringir los derechos fundamentales. Pero no pueden hacerlo sino conforme a una regla de derecho, dentro de límites razonables y cuya justificación pueda demostrarse en el marco de una sociedad libre y democrática. Esta búsqueda de equilibrio entre los intereses de la sociedad y los intereses de los ciudadanos permite determinar si las restricciones impuestas sobre los derechos individuales son justificadas.

En virtud del acuerdo acontecido entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales, que ha conducido a la Ley constitucional de 1982, los dos órdenes de gobierno conservan una competencia limitada para adoptar leyes que podrían violar ciertos derechos garantizados por la Carta. Numerosas personas creen que esta disposición es consecuente con nuestros principios democráticos, pues les da a las asambleas legislativas y al Parlamento, formados por diputados elegidos, la última palabra antes que a los jueces quienes no son elegidos. Sin embargo, esta competencia es limitada debido al hecho de que el Parlamento o la asamblea legislativa de una provincia debe declarar expresamente en la ley que adopte que ésta "deroga" las disposiciones de la Carta. Además, esa declaración deja de tener efecto a más tardar dentro de cinco años después de su entrada en vigor a menos que sea adoptada de nuevo. Esas condiciones particulares sirven de cualquier forma para darle un cierto aviso a los canadienses, y obligan al gobierno que recurra a la cláusula derogatoria a proporcionar explicaciones, a asumir plena responsabilidad de sus actos y a sufrir las consecuencias en el plano político.

La Carta protege nuestros derechos y libertades en los siguientes campos:

Libertades fundamentales

La Carta protege ciertas libertades fundamentales que la costumbre y el derecho han hecho, en el curso de los años, reconocer casi universalmente en nuestro país. En Canadá, la libertad de religión es reconocida: podemos practicar la religión de nuestra elección o no practicar ninguna. Tenemos la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación en la medida en que no trasgredamos los derechos que las leyes y la Carta garantizan a los demás. Contrariamente a lo que existe en numerosos países totalitarios, en Canadá la libertad de la prensa electrónica y escrita está garantizada.

Derechos democráticos

La Carta garantiza expresamente los derechos democráticos en Canadá. Eso significa que todo ciudadano canadiense tiene el derecho de votar y puede ser elegido en las elecciones legislativas federales o provinciales. Esos derechos son garantizados por la Constitución. Se ha juzgado que ciertos límites al derecho de voto y al derecho de presentarse como candidato eran razonables en el marco de una sociedad democrática. Por ejemplo, se consideran justificadas las restricciones respecto de menores y de ciertos miembros del personal electoral cuyo voto podría ser decisivo.

Por otra parte, otra protección democrática impide que nuestros gobiernos se mantengan indefinidamente en el poder sin llamar a elecciones. La Carta exige que se llame a una elección cada cinco años. La única excepción en que puede prolongarse el mandato es en caso de urgencia nacional, tal como en caso de guerra. Sin embargo, esa prolongación debe ser aprobada por dos tercios de los diputados de la Cámara de los Comunes o de la asamblea legislativa.

La Carta dispone igualmente que el Parlamento y las asambleas legislativas deben tener por lo menos una sesión al año. Esta medida garantiza que nuestros gobiernos ejecutarán las obras para las cuales fueron elegidos y que responderán públicamente; no pueden gobernar en secreto.

La libertad de movimiento

Los ciudadanos canadienses tienen el derecho de permanecer en Canadá, de salir del país o de entrar a él. Todo ciudadano canadiense y toda persona que tenga la condición de residente permanente tiene el derecho de residir o de trabajar en cualquier parte de Canadá, incluido el derecho de residir en una provincia y de ganarse la vida en otra. Además, la Carta prohíbe que las provincias establezcan distinciones entre los residentes y los recién llegados. Por ejemplo, si una persona es un profesional competente en una provincia, en calidad de contador o maestro, esa provincia no puede prohibirle a esa persona que trabaje en la provincia por el hecho de que tenga residencia en otra parte del país. Sin embargo, una provincia puede exigir la residencia para obtener servicios sociales públicos y recibir prestaciones de asistencia social. Puede también aplicar las leyes y prácticas generales en vigor en la provincia, siempre que esas leyes y prácticas no establezcan una distinción entre las personas. Una provincia en que la tasa de empleo sea inferior al promedio nacional tiene el derecho de poner en marcha programas destinados a mejorar, en la provincia, la situación de los individuos desfavorecidos social o económicamente.

Garantías jurídicas

La Carta exige que en el ejercicio del gobierno se respeten los derechos y libertades previstos en ella. Esos derechos están concebidos para proteger a las personas y garantizar la equidad en procesos legales, particularmente en materia penal. El derecho de habeas corpus para impugnar la legalidad de una detención y el derecho de ser supuesto inocente mientras no haya sido declarado culpable han sido siempre reconocidos en nuestro derecho, pero después de la adopción de la Carta esos derechos están garantizados por nuestra Constitución.

En Canadá, toda persona tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; no puede ser privada de esos derechos excepto de conformidad con los principios de justicia fundamental. Los canadienses tienen el derecho a la protección contra allanamientos y embargos abusivos, y aun cuando estén permitidos por la ley, los policías no pueden recurrir a una fuerza excesiva para llevarlos a cabo. Estamos también protegidos contra la detención o el encarcelamiento arbitrarios. En otras palabras, un policía, antes de detenernos, debe tener motivos justificados para creer que hemos cometido una infracción.

La Carta nos ha dado igualmente protección en caso de arresto y de detención. Tenemos el derecho de ser informados sobre los motivos de nuestro arresto o de nuestra detención, el derecho de recurrir sin demora a la asistencia de un abogado y de ser informados de ese derecho y el derecho de hacer que un tribunal determine rápidamente si la detención es legal. Esos derechos tienen por objeto proteger contra medidas arbitrarias que podrían realizar los organismos encargados de la aplicación de la ley.

Cualquier persona acusada en virtud de una ley federal o una ley provincial tiene el derecho de ser informada sin demora de la infracción de que se le acusa, de ser juzgada en un plazo razonable, de no ser obligada a declarar en contra de sí misma en un juicio proseguido en contra suya, de ser supuesta inocente mientras no sea declarada culpable por un tribunal independiente e imparcial en un proceso público y justo, de no ser puesta en libertad bajo fianza sin causa justificada, de tener un proceso con jurado cuando la infracción de la cual se le acuse sea grave y de no ser juzgada ni castigada de nuevo por la misma infracción.

Todos tenemos el derecho a la protección contra tratamientos o penas crueles e inusitadas. Toda parte o todo testigo en un proceso tiene el derecho a la asistencia de un intérprete si no comprende el idioma empleado o si sufre de sordera. Los testigos tienen el derecho a que ningún testimonio incriminante sea usado en su contra en otros procesos.

Derecho de igualdad

Conforme a la Carta, la ley no hace acepción de personas y se aplica igualmente a todos, y todos tienen derecho a la misma protección y al mismo beneficio de la ley, independientemente de la raza, origen nacional o étnico, color, religión, sexo, edad o deficiencias mentales o físicas. Eso significa que las leyes y los programas, particularmente los regímenes de pensión no deben ser discriminatorios. Por ejemplo, están prohibidas las prácticas discriminatorias basadas en creencias religiosas. Sin embargo, la existencia de la Carta no significa que todos los ciudadanos deben siempre ser tratados exactamente de la misma manera. Por ejemplo, la Constitución permite poner en práctica programas especiales destinados a mejorar la situación de personas o de grupos desfavorecidos, tales como mujeres, minorías visibles o impedidos.

Derechos lingüísticos

La Carta reconoce que el francés y el inglés son los idiomas oficiales de Canadá y de Nuevo Brunswick. Tienen una categoría y derechos y privilegios iguales en cuanto a su uso en las instituciones del Parlamento y del gobierno de Canadá y en las instituciones de la Legislatura y del gobierno de Nuevo Brunswick.

Todos tienen el derecho de emplear el francés o el inglés en los debates y trabajos del Parlamento o de la Legislatura de Nuevo Brunswick. Las leyes, archivos, los informes y las actas del Parlamento y de la Legislatura de Nuevo Brunswick se imprimen y publican en los dos idiomas. Todos tienen el derecho de emplear el francés o el inglés en todos los procesos planteados a los tribunales establecidos por el Parlamento o por los tribunales de Nuevo Brunswick. Además, el público tiene el derecho de emplear el francés o el inglés para comunicarse con la sede o administración central de las instituciones del Parlamento o del gobierno de Canadá o para recibir los servicios; tiene el mismo derecho con respecto a toda otra oficina de esas instituciones donde, según el caso: el empleo del francés o del inglés sea objeto de una demanda importante; o cuando la naturaleza de la oficina lo justifique. El público tiene, en Nuevo Brunswick, el derecho de emplear el francés o el inglés para comunicarse con cualquier oficina de las instituciones de la legislatura o del gobierno o para recibir servicios.

La Ley constitucional de 1867 y la Ley de 1870 sobre Manitoba estipulan que el público de Quebec y Manitoba tiene el derecho de emplear el francés o el inglés en los debates y los trabajos de la asamblea legislativa de esas provincias y en todos los procesos planteados ante los tribunales de ellas. Esas leyes establecen igualmente que las leyes de esas provincias se deben adoptar y publicar en los dos idiomas. La Carta protege esos derechos y obligaciones.

Derecho a la instrucción en el idioma de la minoría

En las nueve provincias donde predomina el inglés y en los territorios, los ciudadanos cuya lengua materna sea el francés o que hayan recibido su instrucción, en la escuela primaria, en francés en Canadá o cuyos hijos hayan recibido o reciban su instrucción, en el ciclo primario o secundario, en francés en Canadá, tienen el derecho a hacer que sus hijos reciban instrucción en ese idioma.

En Quebec, los ciudadanos que hayan recibido su instrucción, en la escuela primaria, en inglés en Canadá o cuyos hijos hayan recibido o reciban su instrucción en inglés en Canadá, tienen el derecho de hacer que sus hijos reciban instrucción en ese idioma.

El derecho a recibir instrucción en el idioma de la minoría fracófona o anglófona de una provincia se ejerce en toda la provincia donde el número de niños de los ciudadanos que tengan ese derecho sea suficiente para justificar en su localidad la prestación de la instrucción en el idioma de la minoría y comprende, cuando el número de niños lo justifique, el derecho de hacerlos instruir en establecimientos de enseñanza de la minoría lingüística.

Derechos de los pueblos autóctonos

Un cierto número de disposiciones de la Carta y otras disposiciones de la Constitución protegen expresamente los derechos de los pueblos autóctonos de Canadá, que, por definición, incluyen a los indios, los inuit y los mestizos. Esas disposiciones tienen el objeto, por una parte, de reconocer y proteger los derechos y libertades ancestrales y las emanadas de los tratados de los pueblos autóctonos y, por otra parte, de ayudar a los pueblos autóctonos a preservar su cultura, su identidad, sus costumbres, sus tradiciones y sus idiomas. Ninguna disposición de la Carta puede ser interpretada de manera de limitar los derechos de que gozan los autóctonos en el momento actual o de que gozarán eventualmente, por ejemplo, conforme a los términos del reglamento de reivindicaciones territoriales.

La Carta y los demás derechos

Sería inexacto creer que la Carta enuncia todos los derechos de que disponemos como ciudadanos de Canadá; la Carta garantiza sólo ciertos derechos fundamentales. Los demás derechos de que gozamos son conferidos por las leyes federales, por el derecho internacional y el derecho consuetudinario. Además, es evidente que el Parlamento o una asamblea legislativa puede conferir otros derechos a los ciudadanos.

La Constitución confirma el carácter multicultural de la sociedad canadiense y reconoce que los derechos garantizados por la Carta deben ser interpretados conforme a ese ideal.