Nicaragua

A sus inicios, el servicio fue establecido como un mecanismo para ayudar a los jueces locales a efectuar algunos trámites en los cuales enfrentaban restricciones prácticas, ya que en ese momento habían muchos juzgados que atendían más de un municipio, existía poco personal judicial el que en promedio mostraba baja preparación y, en general, existía mayor incomunicación física que en la actualidad, así como un alto nivel de inseguridad en las zonas rurales del Centro-Norte del país, todo lo cual se traducía en altos niveles de impunidad.

Pero muy rápidamente se mostró como un mecanismo sumamente eficaz para auxiliar a los judiciales en diversas tareas; éstas, poco a poco fueron ampliando su campo de acción, de manera que en la actualidad los facilitadores entregan cédulas de notificación; realizan investigaciones sobre situaciones de interés del judicial; hacen peritajes de daños y otras operaciones in situ, de las cuales levantan un acta y envían a la autoridad que las encargó; efectúan mediaciones previas remitidas por una autoridad, a veces el judicial, otras el Ministerio Público o incluso la Policía; en ocasiones, donde no existen alternativas, han servido como mecanismo práctico de auxilio forense, etc.

De allí que se califica a los facilitadores como un servicio de acceso a la justicia, ya que en efecto ha permitido la ejecución de miles de trámites, tanto orientados por el juez al facilitador, como trámites remitidos por el facilitador al juez, permitiendo a miles de campesinos acceder a los servicios por medio de este puente facilitador; además han impulsado un acercamiento de los judiciales a las comunidades.

Para diciembre de 2006 los facilitadores eran ya un servicio de gran volumen que se encontraba desplegado en la mitad de los municipios rurales del país; 20% de la población rural de Nicaragua tenía acceso a sus servicios y 7% había hecho algún uso de ellos. Su servicio equivalía a 5% del nivel de actividad en el resto del Poder Judicial.

La proyección de un servicio nacional pretende que éste alcance la mitad de la población rural del país, tenga presencia en todas las cabeceras municipales y opere en las principales concentraciones urbanas del país.

Además del apoyo que brindan a los jueces en los trámites que éstos les encargan y de las numerosas mediaciones que hacen, la expresión más directa de acceso, son los trámites que remiten a los facilitadores.

Para mediados del 2007, el servicio ha establecido lazos regulares con más de 200 whitas de tres etnias y desarrolla regularmente eventos masivos en que participan representantes de todas las comunidades en encuentros, ferias y seminarios. Este trabajo ha generado un gran impacto en términos de mayor conexión del sistema de justicia formal con el derecho indígena. Para ello se ha respetado la cultura local; así mismo, se han desarrollado talleres en los que se ha debatido sobre la armonización de ambos sistemas; pero sobre todo, desde la práctica, se ha contribuido acercando el ejercicio de la administración de justicia a la población.

A lo largo de la ejecución del programa se han mediado o asesorado 1,200 casos de origen ambiental. Asimismo, 8% de la población mayor de 14 años en el área de cobertura han recibido asesoría e información sobre leyes relativas al medio ambiente. Los facilitadores mantienen relación y han recibido capacitaciones de la Procuraduría ambiental, del ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente, asi como de las comisiones ambientales de los gobiernos locales.

El alto porcentaje de mujeres facilitadotas tiene un efecto en la equidad de género.

El número de facilitadores se ha venido incrementando y para mediados del 2007 el porcentaje fue de 23%. Este porcentaje es mayor que el de diputadas en la Asamblea Nacional o concejalas en los Gobiernos Municipales, lo cual tiene un valor adicional pues en todos los casos se trata de autoridades electas, pero las facilitadotas son mujeres electas por comunidades ubicadas en la profundidad de zonas rurales con alta incidencia de machismo.

La existencia de facilitadotas tiene al menos dos efectos sustanciales: Impacto n su auto estima, produciendo cambios significativos, incluyendo un cambio en las relaciones con sus parejas y su interacción con la comunidad.

Nuevo estatus de respeto: Antes, cuando me llamaban en la calle me decían Oye…Juana, ahora me dicen Doña Juana”. Puede sonar pueril, pero es suficiente para cambiar una vida.

La experiencia de los facilitadores judiciales en Nicaragua ha tenido un resultado exitoso que cubre parte importante de los nicaragüenses. El Poder Judicial lo está convirtiendo en un Servicio Nacional que llegue a todo el país, incluidas zonas urbanas, bajo administración de ese poder con financiamiento nicaragüense.

Los facilitadores han mostrado un impacto positivo en muchos campos: entre otros, reducción de la conflictividad, acceso a justicia, combate a la pobreza, mayor eficiencia de los órganos de administración de justicia, género y ambiente; además, están teniendo un puente entre la justicia formal y las prácticas de derecho consuetudinario e indígena.

El programa de facilitadores judiciales, al concluir el 2009, tiene presencia en 181 municipios del país; así mismo existe un fuerte involucramiento y compromiso de las estructuras del Poder Judicial; gran parte de la extensión se logró por iniciativa de los jueces locales y de los gobiernos locales; en este periodo se produjo un enorme interés de las alcaldías que comenzaron a financiar actividades de los facilitadores.

Municipios: 141
Facilitadores Judiciales: 1,978
Facilitadoras: 557
Facilitadores: 1,421
Jueces Comunales: 113
Facilitador Indígena: 16
Witha Mayagna: 13
Jefe de Territorio: 1
Witha Creolle: 5
Witha Miskito: 78
Servicios prestados: 89,749.00
Beneficiarios: 269,247