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Considerando que Guatemala presenta elevados Ãndices
de violencia e impunidad en general, lo cual incide negativamente en la
seguridad ciudadana, los derechos humanos y, en definitiva, la
gobernabilidad democrática del paÃs; que las barreras de acceso a
justicia como la pobreza, educación, distancia, género, etnia, entre
otros, pueden ser mitigadas a través de la participación ciudadana en la
administración de justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la República de Guatemala se interesó en
establecer un Servicio de Facilitadores Judiciales, debido al éxito que
ha tenido la aplicación de éste en otros paÃses como Nicaragua, Panamá y
Paraguay; donde unos 4,000 facilitadores judiciales brindan acceso a
justicia a 2.5 millones de personas, con lo cual se ha disminuido la
impunidad y se ha contribuido a la seguridad ciudadana, la
gobernabilidad democrática y los derechos humanos.
Es por ello que en noviembre de 2010 la Corte Suprema de Justicia de la
República de Guatemala y la Organización de los Estados Americanos
firmaron un Acuerdo para implementar un Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales.
Con este servicio se pretende dar una solución a la cultura de impunidad
y violencia que actualmente amenaza la realidad guatemalteca, logrando
de esta manera un doble objetivo, ya que este proceder implica, además
de la inclusión civil, la cercanÃa de la justicia a la población.
El servicio es implementado por la Corte Suprema de Justicia de
Guatemala, con la asistencia técnica de la Organización de los Estados
Americanos a través del Programa Interamericano de Facilitadores
Judiciales de la SecretarÃa de Asuntos JurÃdicos y la colaboración de
los gobiernos de Italia y El Reino de los PaÃses Bajos.