El 28 de septiembre de 2002, activistas de todo el mundo se reunieron en Bulgaria para definir estrategias para la promoción de la defensa y difusión del derecho de acceso a la información pública. En 2015, tomando nota de que diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales de distintos lugares del mundo habían venido celebrando anualmente el 28 de septiembre como día internacional del derecho a saber, la UNESCO proclamó esa fecha oficialmente como el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información Pública.

Este derecho posibilita y potencia el goce y ejercicio de otros derechos humanos tales como el derecho a la salud, a la educación, y a un medio ambiente sano, además de que puede ser una herramienta del periodismo investigativo, para obtener prueba documental que pueda ser empleada en causas judiciales, y desde luego como herramienta para el control social de la gestión pública, la rendición de cuentas y la promoción de mejoras regulatorias. Además, este derecho tiene especial relevancia para la persecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente para el Objetivo 16.10 que exige garantizar el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales.

El papel de la OEA ha sido preponderante en la difusión del derecho de acceso a la información pública, impulsando la creación de estándares internacionales y principios que garantizan el acceso a la información pública a todos los niveles de la estructura estatal, incluyendo a los tres poderes estado, principalmente por medio de la creación y difusión de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública (2010), y el Programa Interamericano sobre el Acceso a la Información Pública (2016).

Desde su adopción, la Ley Modelo ha servido de referente para los países que quieren mejorar sus leyes o adoptar legislación sobre la materia que refleje los estándares interamericanos. El Departamento de Derecho Internacional (DDI) ha acompañado muchos de estos procesos y ha colaborado en las reformas y adopción de nueva legislación mediante actividades de cooperación y fortalecimiento de capacidades principalmente en Argentina, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, República Dominica, Panamá, y Perú.

Con el fin de continuar avanzando en este campo, el órgano máximo de la OEA, la Asamblea General, solicitó en 2017 al DDI que identificara las áreas temáticas en las que se estime necesario la actualización o ampliación de la Ley Modelo Interamericana. Esto se logró mediante un proceso de consultas, realizado con el apoyo de socios institucionales, Estados Miembros de la OEA, expertos en la materia y organizaciones de la sociedad civil, mismo que concluyó en abril de 2019.

Los resultados de este proceso fueron plasmados en un documento que fue entregado en junio de este año al Comité Jurídico Interamericano, órgano consultivo de la OEA del cual el DDI es la secretaría técnica, como insumo para su estudio de los temas que deberán ser fortalecidos o ampliados en una Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública 2.0. El Comité discutirá el tema en su próximo periodo ordinario de sesiones, programado para marzo del 2020.

De esta manera, el DDI reafirma su compromiso de continuar promoviendo espacios colaborativos que fortalezcan el derecho de acceso a la información pública en la región, y se suma a las iniciativas de la sociedad civil, los organismos internacionales, y los Estados Miembros de la OEA para conmemorar esta importante fecha.

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» Para ver el Programa Interamericano de Acceso a la Información Pública, clic aquí  

Para mayor información sobre este tema, comunicarse con el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA al teléfono + 1 202 370 0743.

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