El Comité Jurídico Interamericano (CJI), en su más reciente período ordinario de sesiones, celebrado en agosto de 2018, aprobó una “Guía Práctica de aplicación de la inmunidad jurisdiccional de las organizaciones internacionales” con el objetivo de realizar un aporte a las organizaciones internacionales en sus relaciones jurídicas con los Estados sede y a los actores involucrados en la negociación de futuros acuerdos de sede, así como de resolver anticipadamente situaciones de conflicto que en esta materia se puedan presentar en la región. Para ello, el CJI tomó en consideración las mejores prácticas seguidas por los Estados, las organizaciones internacionales y los tribunales internacionales y nacionales en esta materia e instó a los Estados miembros a incorporar los elementos de la Guía que considere pertinentes.

La Guía Práctica contiene 10 lineamientos referidos a la base jurídica de la inmunidad jurisdiccional de las organizaciones internacionales; el objetivo, el alcance y los límites de la inmunidad jurisdiccional; los medios de solución de controversias y sus características; la observancia del ordenamiento jurídico interno; la comparecencia ante tribunales nacionales; la inmunidad de ejecución, y la renuncia a la inmunidad de jurisdicción.

El CJI transmitió dicho documento al Consejo Permanente para su consideración por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y recomendó que considere elevarla a la Asamblea General de la Organización.

Asimismo, durante dicho período de sesiones, el CJI siguió con el estudio de otros temas de su agenda tales como el derecho aplicable a los contratos internacionales, la guía para la aplicación del principio de convencionalidad, los acuerdos vinculantes y no vinculantes, y la eficacia de las decisiones judiciales extranjeras. Por mandato de la Asamblea General de junio pasado, incorporó dos temas nuevos: el de la protección de datos personales y el de recibos electrónicos para productos agrícolas. En efecto, la Asamblea General solicitó al CJI iniciar la actualización de los principios sobre protección de datos personales, teniendo en cuenta la evolución de los mismos, así como la actualización de los principios para recibos de almacenaje electrónico para productos agrícolas, a la luz de los nuevos desarrollos que se han producido con relación al acceso al crédito en el sector agrícola desde que dichos principios fueron adoptados por el CJI en 2016. El CJI también incorporó en su agenda, por iniciativa propia, temas tales como la ciber-seguridad, la interferencia extranjera en los procesos electorales de los Estados y las respuestas del derecho internacional frente a estas situaciones, y el tema de la disolución y liquidación de la sociedad por acciones simplificada. Sobre este último tema, en 2017 la Asamblea General ya había tomado nota de la Ley Modelo sobre Sociedad por Acciones Simplificadas adoptada anteriormente por el CJI, y con vista a ello, el CJI decidió ocuparse ahora de los aspectos relativos a la disolución y la liquidación de este tipo de sociedades.

Tras una amplia convocatoria, el CJI también celebró una reunión conjunta con los consultores jurídicos de Cancillerías de 10 Estados miembros de la OEA, a saber, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Haití, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. El CJI celebra este tipo de reuniones cada dos años con el objetivo de identificar conjuntamente con dichos consultores jurídicos los temas de interés para la región que pueden ser objeto de codificación y desarrollo progresivo por parte de este Órgano, tanto en derecho internacional público como privado.

Paralelamente el CJI celebró una reunión con la participación de representantes de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado con el objetivo de evaluar los métodos de trabajo, coordinar esfuerzos entre ambas instituciones de tal manera de evitar duplicaciones, y determinar el valor añadido que la región puede aportar a los esfuerzos de codificación y difusión del derecho internacional privado a nivel global. También se reunió una vez más con representantes de la Comisión de Derecho Internacional de la Unión Africana, con la cual viene realizando esfuerzos de cooperación para intercambiar experiencias e información en el desarrollo del derecho internacional.

Finalmente, el CJI eligió durante este período de sesiones a sus nuevas autoridades, resultando electa como presidenta la doctora Ruth Correa Palacio de Colombia, y como vicepresidente el doctor Luis García-Corrochano de Perú, quienes desempeñarán estas funciones por un período de dos años.

El Comité Jurídico Interamericano es el cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos y tiene como finalidad promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, así como estudiar la posibilidad de uniformizar las legislaciones de los países del Continente. El Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA es la Secretaría Técnica del CJI. 

Para mayor información sobre este tema, comunicarse con el Departamento de Derecho Internacional de la OEA – Secretaría Técnica del Comité Jurídico Interamericano al teléfono + 1 202 370 0743.

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